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“DEMOCRATIZACIÓN EN NICARAGUA: PARTIDOS POLÍTICOS Y ELECCIONES NACIONALES 2006”

Primera Edición Julio, 2007 86 Páginas 1000 Ejemplares © Instituto para el Desarrollo y la Democracia Km. 9 1/2 carretera a Masaya, Managua, Nicaragua E-mail: [email protected] www.ipade.org.ni www.observatorionacional.org.ni

Mauricio Zúñiga García Director Ejecutivo de IPADE

Adfell Vega Sub Director

Emma Lucía Díaz Gerente del Consorcio: Observatorio Nacional de la Democracia y la Gobernabilidad (IPADE-CINCO-CDC)

Jorge Navas Morales Coordinador del Equipo por IPADE

Autor: Msc. Lorenzo Romeo

Equipo del proyecto: Juan Carlos Santa Cruz C.Aida Mayorga Rocha.Ana Verónica Ortiz.Martha Verónica Rocha.Mijali Lau Cuadra.Carolina García Prudente

Aura Carolina Torres.

Marlon Navarrete.

Publicación bajo el cuidado de: Eleonora Rivera Navas

Diseño Enrique Arana Canelo

Fotografías Rubén Fariña Internet El Nuevo Diario

Introducción 7

I. Democracia y representación política 11

1. Breve acercamiento al concepto de democracia 11

2. Democracia y representación política 22

3. Partidos políticos y democracia 25

II. Los partidos políticos desde la opinión de militantes de base y ciudadanos/as 35

1. Opiniones y percepciones sobre los partidos políticos 35

2. Representación política y democracia: la disonancia entre lo social y lo institucional. 42

III. Los partidos vistos desde dentro 47

1. Fortalezas, debilidades y retos 47

1.1 Criterios para medir la institucionalidad desde los partidos. 47

1.2 Criterios para medir el nivel y la calidad de la democratización 50

1.3 Principales debilidades que inciden en los procesos de institucionalización y democratización de los partidos. 51

1.4 Retos de los partidos políticos 53

INDICE

Inte

rnet

2. La campaña electoral según los partidos 54

2.1 La percepción contradictoria de las características generales de la campaña. 54

2.2 La valoración de la campaña electoral 56

2.3 Retos y lecciones de la campaña 60

IV. Los partidos y la campaña: la mirada desde fuera 65

V. A modo de conclusión: retos para el debate y la futuras investigaciones 69

1. El circulo virtuoso de la democratización interna de la institucionalización del sistema de partido y de la gobernabilidad democrática. 69

2. El círculo virtuoso del sistema representativo, es decir, el fortalecimiento del sistema de partido, del Estado de Derecho y de la capacidad ciudadana para construir agenda pública. 72

3. Superar la ruptura sandinismo/antisandinismo, condición previa del fortalecimiento del sistema representativo y de la cultura democrática. 74

Referencias Bibliográficas 81

Glosario 84

“Democratización en Nicaragua: Partidos Políticos y Elecciones Nacionales 2006” 5

Instituto para el Desarrollo y la Democracia

Presentación

Nicaragua ha transitado hacia la democracia desde los años Ochenta. Este proceso democrático ha buscado desarrollarse a través de diversos gobiernos en los últimos veinticinco años*, en una dinámica relacionada con el establecimiento y avance de una institucionalidad y cultura política democrática.

La naturaleza democrática de la institucionalidad y la cultura política está íntimamente vinculada al establecimiento y efectivo funcionamiento de un Estado de Derecho -que comprende la independencia y balance de poderes y el estricto apego a la ley-, con la plena vigencia de las libertades políticas y los derechos individuales, al respeto pleno de los derechos y solución de los problemas existentes en el campo social y de la economía, a una participación ciudadana efectiva, consciente e informada, al acceso igualitario de la población a la justicia, al respeto a los derechos particulares de los grupos étnicos del país y al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Estos diversos campos han sido, al mismo tiempo, un eje central del trabajo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), que durante dos años desarrolló el Proyecto “Monitoreo e Incidencia sobre el Proceso de Transición Democrática y Gobernabilidad en Nicaragua” -con el apoyo del Programa de Derechos Humanos y Democratización en Nicaragua (PRODENI)-, en procura de contribuir a mejorar el funcionamiento de la institucionalidad democrática y la participación de la ciudadanía nicaragüense, ejes fundamentales de un sistema democrático que garantice el desarrollo humano con crecimiento económico y equidad social en Nicaragua.

En esta transición y consolidación de la democracia en Nicaragua, los Partidos Políticos devienen en un actor fundamental, en tanto constituyen el cauce principal a través del cual la ciudadanía se vincula directamente con las autoridades del Estado, canaliza sus demandas al sistema político y selecciona a sus representantes por medio del voto libre y directo. Paradójicamente, pareciera ser que son los partidos políticos -en tanto que actores privilegiados- los que detienen y distorsionan el sistema democrático que la sociedad demanda se fortalezca. Un acuerdo de lo anterior, son los llamados Acuerdos de Gobernabilidad, fi rmados entre el FSLN y el PLC en el año 2000, que debilitaron las instituciones al partidarizarlas y someterlas al vaivén de coyunturas políticas y pugnas por el poder, deviniendo en una precaria división de poderes y una frágil institucionalidad.

En la búsqueda de mejorar las capacidades de observación de la democracia y la gobernabilidad en Nicaragua, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) y el Centro de Derechos Constitucionales (CDC) han aunado esfuerzos, experticias y recursos desde el año 2006 para impulsar el “Observatorio Nacional de la Democracia y la Gobernabilidad”, con el objetivo de “Contribuir a la consolidación del proceso democrático nicaragüense y el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad, promoviendo la participación ciudadana y el ejercicio de incidencia política con equidad de género y plena vigencia de los Derechos Humanos”.

* Ver Estudio “Democratización en Nicaragua (1979 – 2004). IPADE, 2007.

“Observatorio Nacional de la Democracia y la Gobernabilidad”6


Como parte de este esfuerzo, el IPADE asumió el desafío de realizar un estudio en el curso del reciente proceso de elecciones nacionales de 2006 para analizar el papel y comportamiento de los Partidos Políticos, actores llamados a contribuir efectivamente a la consolidación de este proceso democrático. Algunas de los interrogantes que buscó responder este estudio fueron:

¿Es la práctica política de los diversos Partidos Políticos participantes en la contienda electoral consistente con las necesidades de fortalecimiento de la democracia en Nicaragua?

¿Practican los Partidos Políticos una cultura política democrática a lo interno de ellos mismo en un contexto de elecciones?

Con este esfuerzo abordamos y reflexionamos, desde un ángulo novedoso, el aporte real y efectivo que brindan los partidos políticos a la consolidación del proceso y gobernabilidad democrática en Nicaragua.

Nuestro agradecimiento para el MSc. Lorenzo Romeo, por su labor en el presente estudio, así como a la Embajada Real de Dinamarca y la Embajada de Suecia y sus respectivos gobiernos, por el decidido respaldo que posibilitó la obtención esta investigación.

De igual forma, nuestro agradecimiento al Equipo de Investigación de IPADE, por su apoyo a la elaboración del presente estudio a través de sus observaciones y sugerencias, que permitieron mejorar el esfuerzo que hoy les entregamos.

Mauricio ZúñigaDirector Ejecutivo

IPADE



INTRODUCCIÓNLos comicios electorales se han venido configurando, de manera paulatina, como uno de los indicadores más positivos de la estabilidad del sistema poliárquico en América Latina: es indudable que desde 1978 hasta la fecha, es decir desde el inicio de la transición democrática, la institucionalización de las elecciones es un hecho reconocido en el mundo académico y aceptado por la mayoría de la población.

La valoración positiva de este hecho se ratifica en este último ciclo de comicios –entre finales de 2005 y finales de 2006- donde se han realizado exitosamente procesos electorales en Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Paradójicamente, a la vez que se consolida un mecanismo central del régimen democrático, se observa una crisis de credibilidad y de confianza hacia las instituciones políticas fundamentales: el ejecutivo, el legislativo y los partidos políticos.

En este contexto, los partidos políticos han sido quizá el objeto privilegiado de las críticas y lo cierto es que, a nivel general, uno de los temas recientemente analizado en el continente latinoamericano es la dificultad de los partidos políticos para procesar y agregar las demandas ciudadanas y representar intereses generales1 .

Este dato, identificable en las estadísticas generales del latinobarómetro, se repite igualmente en Nicaragua y se confirma en diferentes encuestas de carácter nacional.

En el Segundo Sondeo realizado por IPADE en el 2005, el 63.5% de la población encuestada sostiene que los partidos políticos no representan sus intereses y sólo el 16.4% reconoce su participación en algún partido político.

La conducta electoral de la población, sin embargo, resulta contradictoria con las apreciaciones registradas en las encuestas. En efecto, hasta el año 2002 se observaban datos que más bien confirman un nivel notable de vinculación de los partidos con el electorado: nos referimos a un alto porcentaje de apoyo a los partidos grandes, conjuntamente con un índice de volatilidad electoral por debajo del promedio latinoamericano2.

Las elecciones del 2006 se celebran en este escenario donde coexiste la decepción y la esperanza, al finalizar la agonía del gobierno de Bolaños y en el medio de una inesperada coyuntura que parece apuntar a un nuevo ciclo de la política en América Latina.

1 Quisiéramos dejar claro desde el inicio que la llamada crisis de los partidos políticos remite a profundas transformaciones que no son objeto de este informe. Históricamente, los partidos políticos han tratado de integrar las tres dimensiones de la política moderna relativas a la representación de intereses, a la formación de identidades y a la reproducción de los cuadros profesionales o burocráticos (Garretón 2004). Actualmente, las dos primeras dimensiones han sido profundamente cuestionadas por los cambios que se pueden resumir con el concepto de globalización y, por lo tanto, la dimensión donde los partidos aparecen más “visibles” es la última, lo cual, desde luego, contribuye al deterioro de su imagen.

2 La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. PNUD, Buenos Aires, 2004. Pág. 81. Ver también: La democracia en América Latina. Compendio estadístico, PNUD, 2004. Primera parte: Indicadores de desarrollo de la democracia.



El análisis de los comicios del 2006 que presentamos en este informe se centra en el papel que los partidos políticos han desempeñado en el desarrollo de algunas de las funciones que contribuyen a la consolidación del proceso democrático.

La consolidación de la democracia podría definirse como un proceso en el que se transforman los acuerdos accidentales, las normas prudenciales y las soluciones fortuitas que han surgido durante la transición, con objeto de lograr relaciones de cooperación y competitividad que han demostrado ser más confiables, que se practican con regularidad y son aceptadas voluntariamente por individuos o colectividades, es decir, por los políticos y ciudadanos que participan en un gobierno democrático3 . Al afianzarse este régimen “se institucionalizará la incertidumbre respecto de ciertos papeles y aspectos políticos, pero también se asegurará a las y los ciudadanos que la pugna por el poder y/o la influencia será justa y habrá de circunscribirse en una gama de resultados predecibles”4.

En este sentido, el reto de lograr niveles satisfactorios de seguridad electoral es sumamente importante para la consolidación de la democracia que representa uno de los retos más complejos que se agrava en un clima de altas expectativas sociales (que caracterizan sociedades hondamente empobrecidas y desiguales como la nuestra) y de desconfianza hacia los gobiernos y las instituciones5.

A lo largo de la década de los 90 se han desarrollado múltiples estudios sobre los procesos de consolidación democrática y han sido criticados muchos de los indicadores (señalados en la nota a píe) que, si bien pueden servir de criterios guías en el análisis empírico, padecen, sin embargo, de una alta dosis de ambigüedad, que ha sido criticada por politólogos de prestigio6. En este sentido, se han considerado variables que apuntan a las prácticas de particularismo generalizado en las instituciones y partidos (fronteras borrosas entre lo privado y lo público, familismo, clientelismo etc.), a la débil rendición de cuentas, a las brechas entre las reglas formales y la manera como funcionan realmente las instituciones y los partidos, al contexto que facilita el ejercicio real de los derechos ciudadanos.

En este trabajo, resumimos las opiniones de representantes de partidos políticos, analistas, militantes y ciudadanos/as, sobre el papel de los partidos y la campaña electoral.

El procesamiento y análisis del material ha preservado la lógica interna del discurso de las y los entrevistados, ordenando la información de tal manera que las apreciaciones y opiniones puedan “trabajarse” teóricamente, es decir, se ha pretendido identificar algunas líneas de investigación a partir del discurso de las personas entrevistadas.

3 Schmitter, Philippe C. Consolidación de la democracia y representación de grupos sociales. Cuadernos de Ciencias Sociales. FLACSO, Costa Rica, 1995. Pág. 9.

4 Ibídem. Pág.105 De manera sintética, los indicadores del proceso de consolidación democrática son: 1) la alternancia en el poder entre antiguos rivales; 2) respaldo y

estabilidad continuos y generalizados durante las épocas de dificultades económicas extremas; c) derrota exitosa y castigo de grupos rebeldes situados estratégicamente; d) estabilidad del régimen frente a una reestructuración radical del sistema de partidos; e) la ausencia de un partido o movimiento social antisistema que sea políticamente significativo.

6 Para una útil revisión crítica de las teorías de la consolidación, véase Guillermo O’ Donnel: Ilusiones sobre la consolidación, en Nueva Sociedad № 144. Caracas, Julio-Agosto 1996.



El cuerpo central del estudio está conformado por tres partes. La primera (capítulo 2), ordena las opiniones de miembros de partidos y personas que se autodefinen como “sociedad civil”; este acápite se limita a las apreciaciones alrededor de las organizaciones partidarias, tratando de averiguar cómo se concibe el funcionamiento y el papel de los partidos. La segunda parte (capítulo 3), examina las opiniones de “profesionales” de la política, es decir, representantes de partidos políticos. En este acápite se contempla tanto el análisis de los partidos como la valoración de la campaña; en este último punto, se consideran también las opiniones de los militantes de base. Finalmente, una última parte (capítulo 4) resume brevemente las valoraciones de analistas políticos. El trabajo de campo está precedido por una breve introducción teórica y finaliza con unas conclusiones de las cuales, así se espera, quizás puedan surgir algunas líneas de trabajo futuro sobre partidos políticos, un tema que, no dudamos, puede abrir valiosos caminos en la comprensión del sistema y de la vida política del país.

Se procesa la información resultante de las entrevistas dirigidas a veintisiete personas entre militantes, simpatizantes de partidos y representantes de organismos de la sociedad civil. Asimismo, se analizan los resultados de las reflexiones individuales y grupales realizadas por los y las participantes de dos cursos de liderazgo juvenil promovido por el PNUD.

La información lograda ha sido profundizada a través de entrevistas dirigidas a quince representantes de partidos y analistas políticos. El diputado René Herrera; la diputada Martha McCoy; la diputada Yamilet Bonilla; el diputado Edwin Castro; el master Rodolfo Castillo (funcionario del FSLN); el licenciado Carlos Fonseca (FSLN); la licenciada Azucena Ferrey (Alianza Nicaragua Triunfa); el señor Edén Pastora (candidato de AC); el licenciado Jorge Rubio (AC); la licenciada Mónica Baltodano (candidata MRS); el master Luis Carrion (MRS); la licenciada Dora María Tellez (MRS); el doctor Luis Humberto Guzman (analista político); el doctor Alejandro Serrano Caldera (analista político); el doctor Arturo Cruz (analista político).

A todos ellos y a los y las jóvenes de los cursos de liderazgo juvenil del PNUD, que hicieron posible este informe, van nuestros más sinceros agradecimientos.

Dr. Mauricio Zúñiga GarcíaDirector Ejecutivo

IPADE



1. BREVE ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE DEMOCRACIA

La dificultad de una definición (aparentemente) sencilla

A lo largo de las últimas tres décadas, el termino “democracia” se ha venido afirmando de manera casi universal en el mundo académico y político, independientemente de las polémicas y discrepancias de opiniones que se han multiplicado a raíz de los procesos de transición y, sobre todo, por la dificultad de establecer criterios empíricamente y teóricamente válidos acerca de la “consolidación” del proceso democrático. De todas formas, lo cierto es que esta aprobación generalizada ha llevado a una difusión del término democracia y es conveniente, por lo tanto, insistir en algunas temáticas clave del debate contemporáneo.

Por lo general, “democracia” se define a partir de su significado etimológico; en este caso, nos encontramos ante una palabra compuesta (demos + kratos) que remite a dos tipologías de conceptos: un concepto –poder- de tipo relacional y otro –pueblo- de tipo convencional7.

El significado preciso de la expresión “poder del pueblo” indica las relaciones de potestad que se establecen entre las y los ciudadanos. Y puesto que el poder (por lo menos el poder institucionalizado) es un elemento constitutivo de la función de gobierno, el significado literal de “democracia” se refiere a la idea de las relaciones de poder que se dan entre las y los ciudadanos con respecto al gobierno del sistema político al que pertenecen.

Tolo lo anterior, se podía resumir desde el inicio en una sola línea, reafirmando la significación etimológica del término democracia.

Sin embargo, es preciso especificar dentro de cuales límites, con qué modalidades, mediante cuales procedimientos y reglas, a través de qué instituciones el pueblo deberá gobernar. ¿Hasta que punto la idea de soberanía popular “aguanta” la posibilidad de la separación, aunque sea temporal y funcional, entre titularidad y ejercicio del poder? En efecto, el pueblo puede ejercer las actividades de legislación y de gobierno de manera directa o indirecta, a través de representantes o también en forma mixta, en parte directa y en parte indirecta. ¿Cuales de las tres modalidades nos señala el término “democracia”? El análisis etimológico no dice nada al respecto; en rigor, tiene un gran valor por su definición “en negativo” de la democracia, sólo dice lo que no es: no es un gobierno autocrático u oligárquico donde el poder no lo ejercen los ciudadanos. Igualmente, la definición etimológica no dice nada con respecto a lo que la democracia es o debería de ser en su triple aspecto: Institucional – Funcional – Procedimental.

7 En efecto, el término “pueblo”, en el sentido político-jurídico (es decir, descartando tanto su significación como sinónimo de “sectores populares”, como su interpretación en términos de “totalidad orgánica” de cultura, costumbres etc., que trasciende los individuos), es el resultado de una adscripción selec-tiva operada con respecto a una parte de la población a la que le vienen atribuidos deberes y derechos que derivan de su pertenencia a una comunidad política, es decir, de su ciudadanía activa. A lo largo de la historia, los factores discriminante, con respecto al disfrute de los derechos de ciudadanía, han sido varios: factores inherentes al género (que han excluido a las mujeres), a la clase social, al grado de educación, a la raza.

DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA I



Ventajas y malentendidos de la concepción procedimental de la democracia.

En el intento de responder a la complejidad de la definición de democracia, en la teoría política contemporánea ha prevalecido la tendencia a considerarla como un método, es decir, no un fin en sí, sino un conjunto de normas y procedimientos (reglas del juego) que disciplinan y regulan los procesos de toma de decisión en contextos caracterizados por sufragio universal y máxima inclusión posible.

Los científicos políticos más citados del pensamiento contemporáneo (Shumpeter, Kelsen, Bobbio, Sartori), comparten -con las debidas e importantes diferencias- tal concepción procedimental de la democracia8.

Esta tendencia que ha prevalecido en la teoría política, no responde únicamente a un intento de escamotear la complejidad semántica del término: hay algo más profundo que responde a la nueva realidad moderna de los países occidentales.

Hablamos de una característica de la “modernidad” ampliamente estudiada e intrínsecamente vinculada con la “sociedad de los individuos” que el desarrollo del capitalismo presupone: nos referimos a la co- existencia de múltiples visiones del mundo, del llamado pluralismo ético que cuestiona un concepto central de la teoría política clásica, es decir, la idea de “bien común”. Tratando de interpretar, desde el pensamiento liberal, la nueva realidad del “relativismo ético” consustancial a la modernidad, Kelsen define la democracia como método (en términos “formales” y no “sustanciales”) para referirse a los procedimientos que permiten establecer:

a) Quien debe gobernarb) Cómo deben ser creadas las normas

La democracia, por lo tanto, no se refiere al qué debe ser establecido por las normas; es decir, no puede predeterminar los fines del orden social.

Tales conclusiones, desde luego, no tardaron en demostrar sus debilidades.

En efecto, en la definición de democracia siempre está presente una referencia a principios básicos que constituyen su fundamento axiológico. Para definir la democracia como método o conjunto de procedimientos, es necesario precisar previamente cual es el fin (el valor) a conseguir mediante este método. Esta referencia de valor es un elemento interno, necesario, constitutivo de toda teoría de la democracia.

Evidentemente, los procedimientos no son neutros9 : o incorporan directamente valores o condicionan su elección y, por lo tanto, los contenidos de las políticas, participando así en la definición profunda del sistema social.

8 Véase, en particular: Bobbio, N.: El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económic Santa Fe de Bogotá, 1992. Sartori, G. Teoría de la Democracia I. El debate contemporáneo. Alianza, Madrid, 1988. Schumpeter, J. A.: Capitalismo, socialismo y democracia. Barcelona: Ediciones Folio, Barcelona, 1984. Kelsen, H.: Esencia y valor de la democracia. Ed. Guadarrama. Madrid, 1997.

9 Existen, por ejemplo, procedimientos finalizados al conseguimiento de un ejecutivo estable y otros orientados a reflejar cuidadosamente la sociedad o ampliar el consenso democrático. Hay procedimientos que se contentan con llegar a decisiones mayoritarias y otros más exigentes que, por ejemplo, vinculan los órganos electivos al respeto de las normas constitucionales para la tutela de determinados derechos. Asimismo, podemos diferenciar entre procedimientos indiferentes a la participación y otros que la promueven, estimulando los ciudadanos-electores a organizarse para tutela de manera más eficaz sus intereses y convicciones; y otros aún que hacen más complicado el ejercicio de la participación.



A propósito, Sartori ha reiterado la necesidad de hacer referencia al marco integral de las condiciones ambientales dentro de las cuales el mecanismo democrático y representativo se sitúa, es decir, al universo de los valores y de las condiciones estructurales que hacen posible la consolidación y el desarrollo de los regimenes democráticos. Ya desde finales de 1970, Sartori había señalado esos elementos “extraprocedimentales”, aludiendo a los retos más complejos del desarrollo de la democracia, inherentes a la esfera de las “costumbre”, es decir, del ethos compartido. Con otras palabras, el desarrollo histórico de un país va a la par con la acumulación de valores, es decir, incorpora elementos “invisibles”: principios morales, tradiciones religiosas, lleva consigo, reglas no escritas, hábitos sociales etc. Es en el contexto de esta reflexión que Sartori introduce en el ámbito semántico de la ciencia política el concepto de capital axiológico, (casi quince años antes de que Putnam formulara la noción de capital social) como factor explicativo de larga duración del rendimiento de las democracias.

Lejos de todo reduccionismo culturalista, el problema remite a uno de los nudos centrales de los procesos de transición democrática: el problema de “anclar” la sociedad a las nuevas instituciones y reglas del juego que aún no se perciben de manera generalizada como legítimas. El concepto de capital axiológico remite, en fin, al núcleo profundo de la reflexión sobre la calidad de la democracia que se puede resumir en la metáfora de círculos concéntricos: es cierto que el primer círculo -la democracia electoral- constituye el umbral indispensable para que pueda haber democracia, pero también es cierto que su debida “envoltura” -representada por los demás círculos- además de garantizar la cualidad de la democracia como régimen político, garantiza también las condiciones del desarrollo de la democracia como forma de organización social.

La democracia como régimen y como forma de organización social

En el Informe sobre democracia en América Latina10, se diferencia, con razón, entre la democracia como régimen político –donde se registra el mayor avance por parte de los países latinoamericanos- y democracia como forma de organización social.

La vigencia de un régimen democrático implica determinada relación entre el Estado de Derecho y la sociedad civil, que descansa en una concepción del ser humano concebido con “agente” activo portador de derechos fundamentales cuyo ejercicio se vincula directamente al desarrollo histórico de la ciudadanía.

El análisis del régimen democrático de determinada sociedad, por lo tanto, tiene que tomar en cuenta la especificidad histórica en que se desarrolla y consolida tanto el Estado como la sociedad civil y la ciudadanía.

El desarrollo del Estado de Derecho entraña importantes atribuciones que afianzan los procesos de democratización del régimen político, dependiendo de la calidad y el nivel de desempeño de sus diferentes dimensiones, esto es, dependiendo de la eficiencia, eficacia y credibilidad de sus funciones como sistema burocrático-administrativo, sistema legal y “locus” de identidad colectiva, es decir, espacio social de pertenencia e identidad que resulta de las peculiaridades de los procesos de integración nacional.

10 PNUD: La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. PNUD, Buenos Aires, 2004. Las notas que siguen a lo largo de este apartado hacen referencia a dicho informe.



El avance de la sociedad civil es fundamental para constatar el desarrollo de la dimensión societaria que garantiza la fortaleza y la legitimidad del vínculo individuo-Estado: la existencia de espacios públicos y autónomos, el arraigo de organizaciones sociales y prácticas asociacionistas, la capacidad de movilización cívica, la capacidad de construir agenda pública etc., todo ello alude a la consistencia del piso societario en el cual se construye la democracia.

Finalmente, e intrínsecamente vinculado a lo anterior, el desarrollo de la ciudadanía garantiza la evolución de una fi gura jurídica que remite a un estatus adscriptivo (de pertenencia a un Estado nacional) hacia una praxis orientada al ejercicio de derechos: en este sentido, en relación con el régimen político, el ejercicio de los derechos políticos es uno de los factores más importantes para garantizar la vitalidad de un régimen democrático.

El régimen democrático, en efecto es aquel en el cual el acceso a las principales posiciones gubernamentales (con excepción del poder judicial, fuerzas armadas y bancos centrales), se determina mediante elecciones limpias.

El concepto de elecciones limpias implica elecciones que sean transparentes, competitivas, libres, igualitarias, decisivas e inclusivas. Así mismo, un poder o tribunal electoral imparcial.

Es importante insistir en las características de las elecciones en régimen democrático:

Las elecciones libres están institucionalizadas. Los actores dan por descontado que las elecciones limpias continuarán siendo realizadas en el futuro.

Las elecciones están rodeadas de las libertades políticas”. Algunas de las más relevantes son: las de expresión, asociación y acceso a información de carácter pluralista.

Rubén Fariñas



Las elecciones deben ser inclusivas: todos las y los adultos que satisfacen el criterio de nacionalidad tienen derecho de participar en dichas elecciones.

Implican el derecho positivo de participación, es decir, incluyen el derecho de participar en el Estado y el gobierno: a ser elegido y a ocupar cargos en la burocracia estatal:

Ahora bien, la democracia como forma de organización de la sociedad descansa en un régimen político pero no se agota en él: debe edificarse sobre un conjunto de dimensiones que garanticen su funcionamiento como sistema que regula y actúa sobre las desigualdades y conflictos sociales para permitir la expansión de la ciudadanía civil, política y social.

Por lo tanto, para analizar la democracia en un sentido amplio, además de la dimensión procedimental que caracteriza el núcleo del régimen político, es preciso profundizar en los siguientes ámbitos:

1. El ámbito del Estado en las dimensiones relativas a:

1.1 La vigencia Estado de Derecho, lo cual implica:a. Independencia de los poderes.b. La existencia de un sistema legal democrático:

i. Que defiende las libertades políticas.ii. Que defiende las libertades civiles.iii. Que establece un sistema de responsabilidad y rendición de cuentas para los agente

públicos y privados.c. Sometimiento de la acción del Estado a las leyes y normas emanadas democráticamente.

1.2 La soberanía interior del Estado

Es otro aspecto básico para garantizar que el acceso al poder del Estado sea efectivo. Implica el monopolio del uso efectivo de la fuerza: impartir justicia; normar las conductas; procurarse los medios necesarios para conseguir los fines; ejecutar las políticas públicas.

1.3 La soberanía externa

La democracia implica una cierta manera de interrelación con los otros Estados soberanos de manera que los objetivos planteados por la sociedad no estén alterados por imposiciones de otros poderes fuera del territorio que no sean la consecuencia de delegaciones libres de soberanía a órganos multilaterales.

2. El ámbito de los derechos individuales, en particular aquellos que se refieren a la libertad de la persona: de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derecho a la justicia.

3. El ámbito de la democracia como forma de organizar el poder de la sociedad, lo cual implica que las relaciones de poder deben estar enmarcadas en el ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales. Lo sustantivo de una democracia es que el poder -sea público o privado- esté organizado de tal forma que no sólo no vulnere los derechos sin que sea un instrumento central para su expansión. Se trata de un aspecto fundamental para renovar constantemente la legitimidad del Estado.



4. El ámbito de la gobernabilidad democrática.

Para ello, la organización del poder debe:

a. Ser valorada favorablemente por las mayorías para la expansión de sus derechos ciudadanos.

b. Generar legitimidad de las instituciones.c. Sobre tales bases, debe ser posible estabilizar las expectativas de la ciudadanía con respecto

al funcionamiento de la democracia.d. Todo lo anterior se traduce en sustentabilidad, es decir, capacidad de regenerar el poder del

Estado y el gobierno.

5. El ámbito que se refiere a la pertinencia de una agenda pública

La capacidad del sistema político para resolver los problemas mediante el debate público se relaciona íntimamente con la capacidad de la sociedad para discutir las cuestiones cruciales relativas a los derechos ciudadanos. Ello implica:

Mecanismos adecuados de articulación de demandas de parte de los partidos políticos. Que este mecanismo sea visto como eficaz y transparente por la ciudadanía. Que los medios de comunicación capten y transmiten de manera transparente las demandas

y problemas. Que el debate público involucre a la ciudadanía y aporte soluciones efectivas a los

problemas.

Se puede concluir afirmando que el concepto de democracia procedimental, al tener la ventaja de delimitar el campo de acción de la democracia como método, también ha dado lugar al malentendido de considerar el proceso democrático como mero cumplimiento de reglas formales, sin considerar que la importancia imprescindible de los procedimientos correctos también está en función de lograr los fines y valores que deberían definir el proyecto de sociedad deseable y posible.

Por lo tanto, en el ámbito de la teoría política, el debate actual no se da tanto en términos de “democracia formal” versus “democracia sustancial” sino que, dentro de una concepción fundamentalmente procedimental de la democracia, se distinguen las teorías que se sitúan en una dimensión predominantemente empírico-descriptiva11 (es el caso de los autores antes mencionados) y las teorías que parten de un enfoque netamente normativo: es el caso de Rousseau y, contemporáneo a nosotros, de Habermas.

El retorno del debate orientado a los modelos normativos: la democracia deliberativa

Convencido de que en el marco de una explicación empírica es imposible que los ciudadanos encuentren las razones suficientes para sentirse vinculados a las reglas democráticas, Habermas remarca la necesidad de retomar el sentido genuinamente normativo del concepto de democracia12.

11 En el sentido de que su objetivo consiste en identificar y sistematizar teóricamente los rasgos específicos de las democracias liberales realmente existentes, sin pretender proponer modelos ideales a realizar.

12 Habermas J.: Facticidad y Validez.. Trotta. Madrid, 1998. Véase Cap. VII “Política deliberativa: Un concepto procedimental de democracia”.



Para lograr este objetivo, Habermas asume algunos elementos de la doctrina liberal, en particular la concepción del Estado de Derecho y otros de la tradición comunitarista-republicana, que resalta la importancia de la “formación política de la opinión y de la voluntad de los ciudadanos”. El resultado de esta original combinación teórica se puede sintetizar así: el procedimiento democrático es un procedimiento ideal de consulta y deliberación que produce presuntamente resultados razonables y equitativos porque se basa en la validez de la acción comunicativa orientada al entendimiento, cuyas reglas y formas determinan el contenido argumentativo de la socialización13.

Con otras palabras, Habermas supone un modelo ideal de democracia en el cual el proceso de toma de decisiones está determinado por una compleja trama de comunicaciones generada por el encuentro entre opinión pública, elecciones electorales, procesos legislativos e implementaciones administrativas. Es decir: el eje del proceso de toma de decisiones es constituido por el “poder comunicativo” que nace de la interacción que se crea entre una formación de la voluntad institucionalizada como Estado de derecho y las “esferas públicas culturalmente movilizadas”, que descansa en el asociacionismo de la sociedad civil”14.

De tal forma, la sociedad civil es el ámbito donde asociaciones, organizaciones y movimientos identifican, manifiestan y articulan necesidades que luego traducen en demandas políticas que vienen trasmitidas a los centros institucionales designados a seleccionar los inputs y a convertirlos en respuestas. De tal manera, la “esfera pública informal”, alias la sociedad civil, debería llegar a “programar” el ejercicio del poder político, es decir, influir en las elecciones de la “esfera pública de los cuerpos parlamentarios”.

El elemento novedoso consiste en que, según Habermas, los éxitos de los procesos decisionales no dependen de la recíproca capacidad de presión de las diversas fuerzas en campo, sino de la capacidad de la razón comunicativa de garantizar, presuntamente resultados equitativos y razonables.

La teoría normativa que Habermas propone se inscribe, como una versión actualizada, en la corriente doctrinal de la llamada “democracia participativa”, que remonta a Marx, y que con C. Pateman, C. B. MacPherson y P. Bachrach ha mantenido alto el nivel de la critica a la tradición liberal y elitista de la democracia. Es un modelo que pretende invertir la relación elites - masas, para sustraer a las elites el poder de iniciativa y restituirlo al demos defraudado, mediante la descentralización de los ámbitos de decisión y, por consiguiente, el aumento y potenciación de los canales de participación.

El debate sobre la viabilidad de este modelo conocido como democracia deliberativa15 ha generado y sigue generando estudios teóricos y también experimentos prácticos, es decir, formas de institucionalización de los procesos deliberativos, sobre todo en los ámbitos locales.

Sin pretender profundizar en el tema, es preciso señalar que el voto y la deliberación representan dos mecanismos alternativos para enfrentar el mismo problema, es decir: ¿cómo conciliar preferencias individuales (contrastantes) en el marco de elecciones colectivas?

13 Ibídem. Véase también: Habermas, J.: Conciencia moral y acción comunicativa. Ed. Península. Barcelona, 1985.

14 Ibídem. A través de éste tejido asociativo que representa el núcleo de la sociedad civil se institucionalizan los discursos que surgen desde el mundo de la vida alrededor de problemas de interés general. En este sentido, la sociedad civil viene a ser como la infraestructura del espacio público. De tal forma, las asociaciones, organizaciones y movimientos que conforman la sociedad civil recogen “la resonancia” de los problemas sociales que repercuten en la vida privada y elevándole “el volumen o voz”, la transmiten al espacio de la opinión pública-política. Para este debate, véase págg. 379-446.

15 En el núcleo de la democracia deliberativa se pueden identificar tres aspectos fundamentales: a) el convencimiento racional presente en la deliberación hace posible que el sujeto revise y cuestione su posición inicial; b) la deliberación se propone el objetivo de llegar a un consenso motivado racionalmente y c) el fortalecimiento del espíritu cívico que permite afirmar una visión de interés general, en contraposición al cinismo de las prácticas políticas tradiciona-les. Además de los textos de Habermas, ver: Elster, J. (ed.). La democracia deliberativa. Gedisa. Barcelona, 2001.



Sin embargo, el modo en que se responde al problema -así como las bases normativas subyacentes- es fundamentalmente diferente. En efecto, el voto y la deliberación reflejan dos ideas de democracia: por un lado, la concepción liberal como agregación de preferencias individuales; por otro, la concepción deliberativa como proceso de discusión abierta que conduce a un juicio consensuado.

En la primera perspectiva (véase en particular Schumpeter), existe un cuerpo electoral que sobre la base de las diversas preferencias de los diferentes sectores sociales, expresa una demanda ante la cual los empresarios políticos (los partidos) responden con un abanico de ofertas destinadas a tener diferentes niveles de éxito. El objetivo de la democracia consiste entonces en agregar las preferencias individuales, situadas todas en el mismo plan, a través de una elección colectiva la más eficiente y equitativa posible. El éxito de este proceso, si la agregación funciona de manera adecuada, refleja el compromiso ideal entre intereses predeterminados e ineludiblemente opuestos. Cada individuo es portador de preferencias ya definidas con respecto a determinada cuestión y su objetivo consiste en votar la propuesta que más se acerca a sus demandas. También la segunda perspectiva -la deliberativa- parte de la premisa que las preferencias políticas son normalmente divergentes y que el propósito de las instituciones democráticas debe ser el de resolver este conflicto. Sin embargo, con respecto a la concepción anterior que descansa en la “fuerza de los números”, en este enfoque se subraya el papel del diálogo, finalizado a la búsqueda del consenso. La idea habermasiana de “razón comunicativa” sugiere, en efecto, la imagen de un proceso deliberativo común, donde las conclusiones se logran a través de un intercambio de razones en pro y contra, en un contexto libre de coerción16.

Por lo tanto, si la perspectiva de agregación de intereses subraya la importancia de dar el justo peso a las diferentes preferencias individuales, la perspectiva deliberativa reconoce la capacidad de los individuos para que puedan convencerse por argumentaciones racionales y de renunciar a intereses particularistas a la luz de intereses colectivos.

Independientemente de la valoración de las críticas de Habermas a la democracia liberal, no se puede negar que el autor, y otros que sostienen la idea de democracia deliberativa, captan una deficiencia crucial en el debate sobre democracia: la eliminación del problema de la autonomía (desde Kelsen y Schumpeter hasta Sartori y Bobbio) en la teoría política contemporánea.

En sentido literal, la autonomía, es la capacidad de darse leyes a uno mismo, de autolegislar, remite, por lo tanto al núcleo primordial del concepto de democracia basado en la idea de autogobierno.

Renunciar al concepto de autonomía significa, por lo tanto, privarse de la posibilidad de conferir sentido a la dinámica de las democracias reales. En efecto, si se prescinde de la noción de autonomía, se corta el nexo que vincula las preferencias libremente expresadas por los ciudadanos al desempeño de los gobernantes y se rompe también el hilo lógico que une la libertad-poder de seleccionar la clase dirigente al derecho-poder de tomar decisiones sobre y para los demás. Si esto sucede, el proceso democrático corre el riesgo de quedar en el vacío.

16 Es en este proceso deliberativo que se construye el “poder comunicativo” que brota de las interacciones entre la formación de la voluntad institucionalizada en términos de Estado de derecho, y los espacios públicos movilizados desde el mundo de la vida, que tienen su base en las asociaciones de una sociedad civil que guarda la misma distancia respecto del Estado que de la Economía. Habermas J.: Facticidad y Validez.. Trotta. Madrid, 1998. Pág. 378.



Los resultados de nuestra reflexión, que por razones de espacio tenemos que resumir a modo de conclusión, nos llevan a afirmar que a pesar de la variedad de definiciones es posible aislar un núcleo común mínimo de naturaleza procedimental donde la noción de democracia (que es preciso diferenciar de las teorías de la democracia), remite mera y simplemente al autogobierno, es decir, a una situación en que el poder pertenece al pueblo como conjunto de ciudadanos/as.

Más allá de la mera definición etimológica, tenemos aquí:

a. La idea de autodeterminación, de autonomía política.b. La idea de un poder de decisión que prescinde del contenido de las decisiones (es decir, el

cómo decidir, diferente de qué cosa).c. La idea de la igual distribución de tal poder entre los individuos que pertenecen a la

comunidad (es decir, quien decide, diferente del cómo y de qué).

La democracia se puede definir así como poder del Demos para tomar decisiones políticas generales sobre un terreno de igualdad entre quienes están incluidos.

Ahora bien: ¿Cómo es posible rescatar a idea clásica de autonomía “traduciéndola” en el contexto contemporáneo de las democracias representativas?

Una propuesta para definir el núcleo conceptual y operativo de la democracia

Dos son las cuestiones clave que quisiéramos abstraer del debate sobre democracia, para intentar resumir brevemente las conclusiones de nuestra reflexión: una remite a la noción de responsiveness17, la otra se refiere al concepto de “intensidad ciudadana”18.

La accountability19, se vincula directamente a la intensidad ciudadana: dado que el poder reside en el pueblo, éste debe conocer cómo el gobierno desempeña la voluntad popular democrática para estar en condiciones de decidir libremente sobre la renovación o revocación de la confianza inicialmente otorgada. La rendición de cuentas es así una característica intrínseca a la representación política; su efectividad20, sin embargo, descansa en la capacidad ciudadana y, desde luego, del flujo de información de retorno transmitido a lo largo de la legislatura y del grado de transparencia de los aparatos del Estado y de sus procedimientos de actuación.

La tesis que aquí sostenemos es que la noción de responsiveness, se puede considerar como “sucedánea” funcional del concepto ético-político de autonomía en un contexto moderno de democracia representativa, en el sentido de que el grado de democracia será tanto mayor cuanto menor es la distancia entre las demandas y las respuestas, o, lo que es lo mismo, habrá más democracia si habrá mayor “encuentro” entre las decisiones de los gobernantes y las preferencias de los ciudadanos.

Aunque se trata de una noción compleja en el plano analítico y empírico, sin embargo existen indicadores que se pueden considerar propios de la responsiveness.

17 La noción de responsiveness, es decir de la “sensibilidad” y “receptividad” de la clase dirigente para dar respuesta a las demandas de la sociedad, es actualmente uno de los temas de mayor relevancia en el debate sobre la calidad de la democracia.

18 O` Donnel: Notas sobre la democracia en América Latina. En: La democracia en América Latina. El debate conceptual sobre la democracia. PNUD. Buenos Aires, 2004.

19 La noción de accountability se traduce tanto en términos de “rendición de cuentas” como de “responsabilidad”. 20 Es decir, la conexión real entre los resultados alcanzados por los representantes y las sanciones que los ciudadanos les pueden imponer si no están

satisfechos con su actuación.



En primer lugar, el objeto de la responsiveness no puede ser otro que las demandas políticas explícitamente formuladas y articuladas por la ciudadanía (aunque sea a través de partidos, asociaciones, movimientos), y no las necesidades latentes o supuestas por un Estado guardián paternalista.

En segundo lugar, esta noción se refiere también a las expectativas (de parte de las y los ciudadanos) relacionadas con el papel de los representantes y, en este sentido, remite al concepto de responsabilidad, que cristaliza no sólo en la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía de las acciones realizadas, sino también en una actitud de “lealtad” con respecto a las instituciones.

En tercer lugar, la responsiveness democrática no puede quedarse en el estado inicial de la identificación de los problemas, sino que debe traducirse en la implementación de políticas públicas. Este último aspecto, remite a modelos de acción orientados a la consecución del interés general21, que, lejos de ser un anacronismo, es la base estructural y funcional de la democracia . En efecto, sin un proyecto de interés general a proponer a los electores, el proceso de legitimación, y con ello la relación que establece la obligación política, serían carentes de fundamento. En las democracias, debería constituir, en una primera fase, el objeto del pacto entre electores y candidatos, y, en una segunda, el objeto de las prestaciones de la clase política con responsabilidad de gobierno.

En este sentido, lo que caracteriza sustantivamente la democracia no es sólo la inviolabilidad de los derechos políticos, la libertad positiva, que descansa sobre el presupuesto de la libertad negativa22. Democracia supone también responsiveness, o sea el grado en que vienen identificadas, elegidas e implementadas como políticas públicas, las alternativas mayoritariamente preferidas por los ciudadanos.

La responsiveness es así una regla del juego: que concierne tanto el como hacer (prescribe a los gobernantes a actuar de acuerdo con su papel), y también el qué cosa hacer: seleccionar como políticas públicas aquellas alternativas mayoritariamente preferidas por los ciudadanos.

En este sentido, la noción de responsiveness se puede considerar como una idea innovadora del contenido axiológico de la democracia, en el sentido de que puede subsumir el núcleo de la democracia mínima que descansa en el principio de la libertad-poder de selección de la clase dirigente. Se convierte, de tal forma, en el único elemento que confiere sentido al momento electoral, en cuanto conecta las preferencias de los electores a las responsabilidades de los electos y, por lo tanto, estructura la relación entre gobernantes y gobernados sobre bases racionales, que descansan en la razonable previsión de la respuesta.

Otro aspecto cardinal del proceso democrático remite al concepto de ciudadanía, eje alrededor del cual se estructura el círculo virtuoso articulado en la fase de la autorización a gobernar, en la fase de la responsiveness de los gobernantes y, finalmente, en la fase del consenso consecuente.

21 No es casual, que recientemente ha vuelto en el escenario del debate de la filosofía política el problema del bien común: es decir, ha regresado la pregunta sobre los prerrequisitos morales de los procesos políticos y sobre los recursos socio-morales de los cuales las instituciones deben disponer para funcionar con cierto nivel de rendimiento. Vuelve el problema que alude a la necesidad de contar con un punto de referencia normativo para el desarrollo democrático de la acción social.

22 Los derechos civiles (libertad personal, de pensamiento, de religión, de reunión, libertad económica) son un claro ejemplo de libertad negativa, en el sentido de que obligan al Estado a una actitud de no impedimento, a una abstención; por el contrario, los derechos políticos (libertad de asociación en los partidos, derechos electorales) son un ejemplo de libertad positiva, vinculada a la formación del Estado democrático-representativo, en el sentido de que implican la libertad de los y las ciudadanas para participar activamente en la determinación del Estado.



La combinación de las nociones de responsiveness y de “ciudadanía de alta intensidad”, capaz de exigir accontability a los representantes, nos permite pensar en un modelo normativo de democracia que rescate la idea de interés general, rescatándola de la retórica y de la mistifi cación.

En el marco de este modelo, el régimen democrático se concibe siempre como un conjunto de procedimientos a través de los cuales la mayoría de los y las ciudadanas, mediante las elecciones, selecciona una minoría y la autoriza para tomar decisiones colectivas vinculadas a la propuesta de interés general que corresponde a la voluntad expresada en las urnas.

Deberíamos preguntarnos entonces cuales son las condiciones que permiten a los individuos ejercer efectivamente los derechos-poderes inherentes al papel de ciudadano/a.

Cuando tratamos de responder a esta pregunta, casi forzosamente la atención se dirige a las insufi ciencias y limitaciones de las instituciones democráticas, incluyendo, desde luego el sistema de partidos.

Sin restarle importancia al défi cit de democracia de las instituciones concretas del régimen político, olvidamos, sin embargo, que la democracia realmente existente, la que Dahl llama poliarquía, concepto retomado operativamente en el Informe del PNUD del 2004 sobre democracia en América Latina, remite a una forma de democracia diferente con respecto al modelo ideal de democracia liberal al cual, paradójicamente, hacemos referencia a la hora de valorar la democracia real.

En efecto, la matriz cultural de la poliarquía es la doctrina del pluralismo social, donde el protagonista es el grupo organizado (partidos, sindicatos, organizaciones profesionales, asociaciones sociales, etc.) que sustituye al individuo en el plano social y al ciudadano en el plano político.

El segundo elemento de la doctrina remite a la dinámica del proceso de toma de decisiones, que descansa en la negociación entre los grupos que interactúan entre sí y con el gobierno. El “interés general” aparece aquí como una categoría residual, un resultado a posteriori de la negociación producto de los intercambios entre grupos y del automatismo del mercado político.



En este marco, los procesos de toma de decisión acontecen por lo general en un ámbito extraparlamentario, y se basan en la representación funcional orientada a conseguir cuotas de los recursos públicos para satisfacer intereses sectoriales y corporativos. El parlamento se convierte, a menudo, en el ámbito que ratifica decisiones tomadas en otra sede.

En estas breves líneas, se puede evidenciar claramente la distancia entre este modelo y el modelo clásico de la democracia liberal, un modelo fundamentado en la preeminencia del individuo-ciudadano y caracterizado por procesos de elaboración de políticas (policy making) que giran alrededor de los órganos electivos, en particular el parlamento, ámbito “natural” de la soberanía popular.

Esta distancia se refleja, en términos prácticos, en el hecho de que entre los dos modelos no existe una combinación simbiótica sino una suerte de yuxtaposición: con otras palabras, la democracia realmente existente está caracterizada por la existencia de dos circuitos decisionales paralelos. El primero, de tipo electoral, basado en la actividad competitiva de los partidos políticos, se dirige a la selección de la clase política. El segundo, basado en la negociación, descansa en las capacidades de intercambio y de presión reciproca de los grupos y produce decisiones que, en lugar de “agregar intereses” tiende a sectorializarlos y fragmentarlos23. La conciencia de este riesgo ha estimulado el debate alrededor de las diferentes formas de gobernabilidad (governance) en las distintas esferas de lo local, lo nacional y lo global.

Este breve comentario es suficiente para evidenciar la importancia que actualmente tiene el debate sobre el concepto de “autonomía” arriba mencionado, concepto que es el fundamento de la ciudadanía activa, que descansa en la idea del individuo que, en su condición de “agente”, participa en la cosa pública.

El reto de las democracias contemporáneas es ampliar y profundizar los procesos de participación ciudadana, también en el ámbito político: los experimentos de democracia deliberativa apuntan son un claro ejemplo de ello. Aún así, de todas formas, los sistemas de representación política siguen siendo el mecanismo principal que garantiza el ejercicio de la ciudadanía política. Vale la pena, por lo tanto, detenerse concisamente en este aspecto.

2. DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

En general, la línea de desarrollo de la democracia en los regimenes representativos se puede buscar en dos direcciones:

a) En la gradual ampliación del derecho de voto; b) En la multiplicación de los órganos representativos.

Es a través de estas dos vías que el proceso de democratización (entendido como cumplimiento cada vez más pleno del principio de soberanía popular) se inserta en la estructura del Estado de Derecho.

23 Dahl, R. A.: Politica e virtù. La teoria democratica nel nuevo secolo. Laterza, Roma-Bari. 2001. Vèase comentario de Sergio Fabbrini, pág. XV.



En la experiencia política occidental moderna, el elemento fundamental de garantía de la representación política está dado por las elecciones de los organismos parlamentarios: en este sentido, las elecciones libres y competitivas desempeñan las funciones fundamentales de movilización del consenso y de legitimación; asimismo, el papel de los representantes está íntimamente relacionado al de los partidos24.

El núcleo fundamental de la representación está en la “responsabilidad” periódica a que están sujetos los actores políticos en competencia; con otras palabras, los partidos están llamados a responder, a rendir cuentas de sus acciones entre aquellos que tienen el poder de designación.

Las condiciones que favorecen el fortalecimiento de las bases institucionales de la representación están directamente ligadas a los procesos (de doble vía) de comunicación entre gobernantes y gobernados25.

A continuación se pretende reflexionar sobre el concepto de la representación política considerando que para superar las deficiencia de la representación es preciso saber identificar la dimensiones analíticas de la misma.

Naturaleza multidimensional de la representación política

La definición rigurosa y a la vez clara de representación nos remite a un proceso basado en diferentes relaciones intercomunicativas entre la sociedad y el Estado, es decir, en la transmisión de la ‘voz’ de los ciudadanos a la esfera pública (Porras Nadales, 1994). La representación política implica de tal forma una relación entre demandas y resultados que “conecta” a la ciudadanía y los políticos en dos ámbitos fundamentales: el de la responsiveness y el de accountability.

El ámbito de la responsiveness no se limita a la simple receptividad para captar las demandas y proponer las políticas públicas correspondientes, sino que supone el seguimiento, por parte de los representantes de los mensajes electorales que ellos mismos presentaron.

La noción de accountability, que también se traduce como responsabilidad, se refiere a la relación entre resultados y sanciones, es decir, la relación que indica la posibilidad de los ciudadanos de juzgar la acción desarrollada por sus representantes, por lo general a través de las elecciones.

El estudio de Pitkin sobre El concepto de la representación política se considera, hasta la fecha, como el mayor esfuerzo de sistematización de la teoría de la representación alrededor de cinco dimensiones distintas del mismo concepto26:

24 Además de la elección a intervalos regulares de los gobernantes por parte de los gobernados, otros tres principios definitorios han caracterizado a la democracia representativa desde su instauración: la toma de decisiones de los gobernantes conserva un grado de independencia respecto de los deseos de los gobernados; los representados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control de los representantes, y las decisiones se alcanzan tras un proceso de discusión. A estos elementos pueden añadirse otros tales como la división del gobierno en órganos separados que se con-trolan recíprocamente, y la limitación del mismo en cuanto a lo que puede hacer por una Constitución. Véase: Morlino, L.: “Las democracias”. En: Pasquino G. Et Al.: Manual de Ciencia Política. Alianza. Madrid, 1993.

25 En este sentido, desempeñan un papel clave el alto grado de publicidad en los asuntos públicos, la comprensibilidad de los mismos para la ciudadanía y el conocimiento de parte de la clase política de las actitudes y opiniones de la población, factores que indudablemente tendrán una mayor o menor efectivi-dad dependiendo del tipo de élites y cultura política capáz de garantizar un espacio público relativamente autónomo y vigoroso.

26 Véase: Cotta, M.: Parlamento y representación. En: En: Pasquino G. Et Al.: Manual de Ciencia Política. Alianza. Madrid, 1993.



a. La representación como autorización: en las democracias contemporáneas, las elecciones representan el mecanismo central de concesión de autoridad de los votantes a los electos.

b. La representación como representatividad: es decir, relativa a las características del representante, a su capacidad de ser “espejo” de los representados. En este sentido, las instituciones representativas deberían elegirse de tal forma que su composición corresponda con cierta exactitud a la de toda la nación para que puedan reflejar de este modo la variedad de intereses existentes. Desde esta perspectiva, la representación proporcional es la que mejor garantiza que la composición del legislativo responda realmente a las particularidades de los diferentes grupos sociales.

c. La representación como receptividad (responsiveness): La dimensión de la ‘sensibilidad’ es una característica fundamental del sistema democrático y se vincula directamente con la naturaleza de representación política: si las y los ciudadanos han delegado en los representantes la capacidad de tomar decisiones políticas y de elaborar las políticas públicas que les van a afectar, el sistema político debe asegurar un grado razonable de respuesta de los gobernantes frente a los gobernados27. La receptividad o responsiveness se instrumenta a través de las señales que emiten los ciudadanos, lo cual significa contar con niveles altos de intensidad ciudadana; asimismo, para contar con una constante condición de capacidad de respuesta (responsiveness), es preciso que existan mecanismos institucionales de recepción de demandas28.

d. La representación como rendición de cuentas o responsabilidad (accountability29): De acuerdo con la teoría de la responsabilidad, el representante ha de responder de su actuación, es decir, debe rendir cuentas ante quien representa. De esta manera, los ciudadanos no son agentes pasivos, sino que sólo han delegado la capacidad de actuar por ellos por un tiempo limitado, tras el cual evalúan la forma cómo se ha desarrollado tal delegación. Las elecciones son de nuevo el mecanismo del que disponen los ciudadanos para controlar a los políticos. La finalidad de que los políticos rindan cuentas es hacerles actuar de una determinada manera: que sean ‘sensibles’ a las necesidades y demandas de los electores.

e. La representación simbólica o legitimidad. La dimensión simbólica de la representación se asocia comúnmente a la función integradora del gobierno, en general, y de la representación, en particular. Consiste en la legitimación del sistema político, aspecto vital para la ejecución de los mandatos, ya que, finalmente, su efectividad depende de que sean creídos y motiven el reconocimiento y el juicio afirmativo de los ciudadanos. Desde el punto de vista individual, la relación entre el individuo y el sistema político puede definirse en términos de actitudes políticas (interés por la política, conciencia cívica, identidades políticas con los partidos políticos, etc.) que reflejan un conjunto de sentimientos afectivos hacia el sistema político y aseguran la legitimidad de los gobiernos democráticos.

Ahora bien, la materialización en la esfera pública de cada una de estas dimensiones corre a cargo de los partidos políticos en cuanto agentes de intermediación entre las instituciones políticas y los ciudadanos. No en vano la representación política se realiza a través de los partidos. Por lo tanto, cualquier crítica a la representación política no es neutra para los partidos, antes al contrario, afecta directamente a los roles que han venido desarrollando hasta el presente y a la interacción de los mismos con la sociedad.

27 Sartori, G.: Elementos de teoría política. Alianza Universidad. Madrid, 1992. Pág. 237. 28 Cotta, M. : Parlamento y representación. 29 La noción de accountability política conlleva tres dimensiones básicas: la información que los políticos deben ofrecer a sus representados, por lo tanto, la

transparencia proporcionada por los electos; en segundo lugar, la obligación de los primeros de explicar los motivos de sus acciones y, en último lugar, la capacidad de imponer sanciones por parte de los segundos.



En seguida, analizaremos brevemente el papel de los partidos políticos en el proceso de consolidación de la democracia.

3. PARTIDOS POLÍTICOS Y DEMOCRACIA

Democracia y partidos: dos conceptos indisociables

La representación política se realiza concretamente mediante los partidos, que funcionan como agentes de intermediación entre las instituciones políticas y la ciudadanía. Consecuentemente, las funciones y los roles que los partidos desempeñan se articulan con las diferentes dimensiones de la representación.

La importancia de los partidos en las sociedades modernas se vincula directamente con la evolución de la misma idea y forma de la democracia, es decir, con la idea de que la única forma de democracia compatible con el Estado de Derecho (es decir, con el Estado que reconoce y garantiza algunos derechos fundamentales), es la democracia representativa, donde la tarea de hacer las leyes concierne no a todo el pueblo reunido en asamblea, sino a un cuerpo restringido de representantes elegidos por aquellos ciudadanos/as a quienes se les reconozcan los derechos políticos30.

Definición y origen de los partidos políticos

En términos generales, los partidos son representaciones estables y estructuradas orientadas a la conquista y ejercicio del poder político31. De manera más analítica, son organizaciones que cumplen con cuatro funciones específicas: la definición de objetivos (ideologías y estrategias); la articulación y agregación de los intereses en demandas políticas; la movilización y la socialización de las y los ciudadanos; el reclutamiento de las élites y la formación de los gobiernos32.

Como organizaciones estables que desempeñan principalmente funciones de agregación de intereses, los partidos políticos representan un fenómeno histórico relativamente reciente, diferenciándose de las estructuras políticas preexistentes similares (clientelas, facciones, sectas).

La génesis de los partidos en el mundo occidental se entrelaza con la génesis del Estado moderno y, en particular, con las guerras de religión que se desataron en Europa en el siglo XVI y XVII y que por primera vez atribuyeron una connotación ideológica a las “partes” en lucha; de tal forma, las diferentes agregaciones se hicieron portadoras de una concepción del mundo y de las relaciones entre los individuos, que condicionó también la formación de los alineamientos políticos, tal como sucedió durante la guerra civil inglesa.

Después de las revoluciones en Inglaterra, Francia y América del norte -que derribaron el monopolio monárquico de la soberanía y crearon nuevas formas constitucionales- los nacientes partidos políticos adquirieron una función central en la formación de la voluntad nacional. En suma, desde finales del siglo XVIII los partidos han tenido una importancia cada vez mayor, convirtiéndose en un elemento central de la historia política y de las transformaciones de las sociedades contemporáneas.30 Bobbio, N. El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica. Santa Fe de Bogotá, 1992.31 Alcántara define el partido político como “el grupo de individuos que, compartiendo ciertos principios programáticos y asumiendo una estructura

organizativa mínima, vincula a la sociedad y al régimen político de acuerdo con las reglas de éste, para obtener posiciones de poder o influencia mediante elecciones”. Alcántara, Manuel. Partidos Políticos. ¿Instituciones o maquinarias ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos. ICPS. Barcelona, 2004. Pág. 30.

32 Beyme, K. von: Los partidos políticos en las democracias occidentales, Centro de Investigaciones



Si el desarrollo de los partidos políticos en occidentes atraviesa el siglo XIX, la refl exión teórica y metodológica sobre su funcionamiento y organización es aún más reciente: en efecto, es durante la primera mitad de 1900 que encontramos las obras clásicas que aún se siguen comentando33.

En el caso de América Latina, por la misma matriz autoritaria y populista de los regimenes políticos, hasta la década de 1970 las publicaciones sobre partidos eran sobre todo estudios de carácter histórico, carentes de perspectivas teóricas y comparativas34.

En este sentido, las investigaciones que se han impulsado recientemente en la región han enfrentado retos relevantes, considerando también que la historia peculiar del desarrollo de los sistemas políticos latinoamericanos ha hecho difícil la aplicación de las tipologías arriba mencionadas, pensadas de acuerdo con la realidad de los países europeos y angloparlantes.

Alcántara hace notar como la misma clasifi cación de los partidos populistas bajo el modelo de del partido atrápalo-todo, si bien captaba algunos rasgos de los organizaciones populistas, no lograba adecuadamente su origen. Con razón, a nuestro juicio, el autor sitúa esos partidos “a caballo entre los partidos de masas y los partidos de cuadros (...) por cuanto que movilizaban a un gran número de personas como los primeros, pero poseían un control centralizado sobre los segundos”35.

33 Clásicos son los análisis de M. Weber sobre Parlamento y gobierno, que presenta un primer esbozo de clasifi cación de partidos basado en la variable organizativa; el enfoque del “mercado político” propuesto por J. A. Schumpeter; los estudios de M. Ostrogorski (citado en Bartolini S.: Partidos y sistemas de partidos) sobre el partido de notables; el examen de R. Michels sobre la tipología de los partidos de clasesrepresentados por la socialdemocracia alemana. Inmediatamente después de la segunda guerra, tenemos el exordio de un nuevo ciclo de estudios inaugurado por M. Duverger, che plantea un sistema clasifi catorio de naturaleza estructural. Para Weber, Schumpeter, Michels y Duverger ver referencias bibliográfi cas.

34 Alcántara, Manuel. Partidos Políticos. ¿Instituciones o maquinarias ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos. ICPS. Barcelona, 2004. Pág. 14

35 Ibid. Pág. 15

El Nuevo DiarioEl Nuevo Diario



36 Panebianco, A.: Modelos de partido. Organización y poder en los partidos políticos. Alianza. Madrid, 1990. 37 Alcántara, M.: Partidos Políticos. ¿Instituciones o maquinarias ideológicas? Pág. 18

El despertar de la atención hacia los aspectos organizativos de los partidos latinoamericanos, coincidió con la nueva oleada -en el ámbito internacional- de estudios realizados por prestigiosos autores que plantearon la posibilidad de analizar el partido como un sistema en sí mismo.

Además de los aportes de Panebianco36, han tenido un impacto significativo en América Latina los estudios realizados por Katz y Mair quienes han abordado el análisis de los partidos desde tres perspectivas: como organización de miembros voluntarios, como organización de gobierno y como organización burocrática37.

Como señala Alcántara, en la base del renovado auge de las investigaciones sobre los partidos políticos, está el reconocimiento del papel medular de los partidos en el desarrollo y consolidación de la democracia.

Tipologías y evolución de los partidos políticos.

La secuencia de las tipologías delinea una evolución que refleja la historia de las sociedades europeas y norteamericana. Una primera categoría viene representada por el partido de notables, identificado por M. Ostrogorski como una organización informal e individual, expresión de la hegemonía de los terratenientes y de la burguesía, partidos característicos de la primera mitad del siglo XIX en Europa.

Una forma sucesiva la constituyen los partidos maquinas o de opinión, de base tendencialmente masiva, dirigidos, según diría Weber, por “empresarios políticos” capaces de controlar complejos aparatos de consenso y típicos de la segunda mitad de siglo XIX en EEUU e Inglaterra.

Otra categoría es conformada por los partidos de clase y los partidos confesionales de finales de 1800, expresión de grupos en lucha por el reconocimiento de los derechos políticos y sociales, cuyo prototipo es el partido socialdemócrata alemán estudiado por R. Michels.

En estas organizaciones, definidas también de “integración social” (S. Neumann), cuyos rasgos se plasman en el partido leninista, se encuentran los aspectos que luego serán trasmitidos a los partidos de masas de 1900: fuerte connotación ideológica, estructura burocrática y jerarquizada, disciplina de los militantes, control de los diputados. Con esta forma-partido, que alcanza su mayor expresión en el partido-Estado, los partidos políticos se erigen definitivamente a protagonistas de la movilización política y de la nacionalización de las masas, convirtiéndose en órganos constitucionales y en organizaciones interclasistas, basadas en una tendencial autonomización de la sociedad civil.

Más recientemente, la reflexión histórica y teórica ha intentado integrar la historia de los partidos en el escenario más amplio de la modernización de las sociedades contemporáneas.

La corriente más conocida y meritoria es representada por S. Rokkan. Según este autor, los alineamientos partidarios reflejan las “fracturas” (cleavages) provocadas en la sociedad por el desarrollo del Estado moderno y la industria: entre “centro y periferia”, “Estado e Iglesia”, “urbano y rural”, “capital y trabajo”.



El análisis de las modalidades de estructuración y politización de las “rupturas sociales” (cleavages) propuesta por Rokkan y Lipset ha sido considerado como una clave eficaz para interpretar las dinámicas políticas38. Sin embargo, en este enfoque, la variable sociológica (la fractura o el conflicto) prevalece sobre la variable política (la oferta partidaria); en este sentido, y con razón, Sartori ha tratado de evidenciar -en el análisis de la formación de los partidos- las variables eminentemente políticas, en particular, la capacidad autónoma de los partidos para arraigarse socialmente y el efecto político de los sistemas electorales.

Con lo anterior -y pensando en la experiencia europea- el autor no pretende negar que las identidades partidarias se vinculen a líneas de fracturas (cleavages) inherentes a momentos específicos de la historia nacional. Pero, aún así, los partidos no han sido simples administradores del conflicto, es decir, no han vivido de la “renta” que ha justificado su nacimiento. Por el contrario, han logrado organizar la sociedad local, han fortalecido el marco constitucional democrático, han implementado modalidades específicas de regulación del desarrollo, han contribuido a la ampliación y cohesión de las redes de confianza, etc.

Con ello se quiere recordar que los fenómenos políticos pueden ser -y ciertamente son- el resultado de múltiples factores: la historia del país, su cultura política, los vínculos institucionales, las decisiones de las élites, el éxito o fracaso de los movimientos colectivos, el contexto internacional. Pero aún así, las instituciones políticas “cuentan”: mediante su actuación pueden realizar, de una u otra manera, funciones de socialización política, reforzar sentimientos de pertenencia y opiniones favorables a los procesos democráticos, etc.

Actualmente, en particular en América Latina, se observa un renacimiento de los análisis sobre los aspectos organizativos.

La centralidad que ha venido adquiriendo el factor organizativo, conjuntamente con la tendencia “electorera” de los partidos y su poderosa presencia en la esferas de vida pública, han reavivado la vieja polémica en contra del “gobierno de los partidos”, que se ha traducido en la crítica a la llamada partidocracia39.

En fin, en las últimas décadas hemos asistido a un conjunto de transformaciones del viejo modelo del partido de masas que ha originado nuevos modelos: los más investigados han sido el modelo de partido “atrápalo todo” y el “partido-cartel”.

Ahora bien, desde la conformación del “partido de masas”, las organizaciones partidarias han desempeñado importantes funciones que vale la pena recordar brevemente.

38 Lipset, Seymour Martin y Rokkan, Stein: “Estructura de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales”. En Battle, Albert ed.: Diez Textos Básicos de Ciencia Política. Ariel Ciencia Política. Barcelona, 1992. Véase también: Biorcio, Roberto: Sociologia Politica. Partiti, movimenti sociali e partecipazione. Il Mulino, Bologna, 2003. Pág. 77.

39 O. Kirchheimer ha sido el primero en identificar la tendencia a la reducción de las distancia ideológica entre los partidos, la afirmación en su interior de los lideres sobre los afiliados, su predominante transformación en maquinarias electorales dominadas por lideres parlamentarios, el debilitamiento de las referencias a las tradicionales canteras sociales que justificaban su existencia. Citado en Bartolini S.: Partidos y sistemas de partidos.



Las funciones sociales e institucionales de los partidos

A través de los partidos se “trasmite” la demanda política de la sociedad y la ciudadanía participa en el proceso de formación de las decisiones políticas: estas son las dos funciones principales de los partidos, es decir, “las actividades de los partidos que producen consecuencias más o menos relevantes en el sistema político y social”40.

En términos un poco más analíticos, se pueden diferenciar algunas funciones sociales e institucionales que los partidos han venido desempeñando en los sistemas democráticos.

Entre las funciones sociales se pueden destacar la socialización política, la movilización de la opinión pública, la representación de intereses y la legitimación del sistema político.

En la actualidad –y a nivel general- estas funciones sufren una profunda crisis que se vincula directamente con los profundos cambios sociales que cuestionan el rol que tradicionalmente los partidos han pretendido asumir.

Loa “crisis de la política”, el surgimiento de nuevos movimientos sociales, la irrupción de los medios de comunicación masivos, especialmente la televisión, han afectado directamente el papel de los partidos en los procesos de socialización política y movilización de la opinión pública, que se ha contraído enormemente en estas últimas décadas.

Asimismo, la necesidad de representar intereses muy variados y a menudo contradictorios, conjuntamente con los procesos de globalización que limitan el alcance de la política nacional como factor de cambio, inciden también en la representación de intereses.

40 Bobbio, N., Matteucci, N. y Pasquino G.: Diccionario de política. 7ª edición. Siglo XXI Editores. México, D. F., 1994.

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Finalmente, la función de legitimadores del sistema político está cruzada por la tensión entre el papel de los partidos en la conformación de los órganos y aparatos del Estado y su papel como instituciones democráticas que deben promover, garantizar y respectar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Esta última función tiende así un puente con el papel que los partidos desempeñan dentro del sistema político.

El reclutamiento y selección de élites, la organización de las elecciones y la formación y composición de los principales órganos del Estado, son funciones institucionales de los partidos que atienden más a la organización política que a la social. Son funciones indispensables para la integración de los órganos del Estado y, por tanto, para la existencia de la organización estatal y del Estado de derecho. El reclutamiento y selección de élites, las organizaciones de las elecciones y la formación y composición de los principales órganos del Estado, son funciones institucionales de los partidos que atienden más a la organización política que a la social. Son funciones indispensables para la integración de los órganos del Estado y, por tanto para la existencia de la organización estatal y del Estado de derecho.

Las funciones institucionales de los partidos representan uno de los aspectos más complejos de las investigaciones recientes sobre el tema 41. En efecto, aunque los partidos vengan cuestionados por el desempeño de sus funciones sociales, sin embargo su papel es indispensable desde el punto de vista sistémico. Cualquier sociedad necesita contar con un grupo dirigente que se encargue de las cosas públicas, necesita organizar elecciones y necesita confirmar los poderes públicos del Estado.

La tensión entre las funciones sociales y las funciones institucionales de los partidos -y por lo tanto el reto de responder a las exigencias de integración social y sistémica- nos lleva, necesariamente al debate sobre institucionalización y democratización de los partidos políticos.

Institucionalización y democratización de los partidos políticos

El nivel de institucionalización es una dimensión fundamental para entender los sistemas partidistas y la dinámica de su evolución y funcionamiento

Sartori identificó dos dimensiones particularmente importantes de los sistemas de partidos42: el número de partidos relevantes y la polarización ideológica, pero no incluyó el nivel de institucionalización. La razón no fue la poca importancia que el politólogo atribuyera a este aspecto, sino su diferenciación entre sistemas de partidos consolidados y no consolidados: éstos últimos, sencillamente, no constituyen un sistema de partido. En efecto, si un sistema de partidos es el conjunto de partidos que interactúan por vías pautadas y conocidas, la ausencia de patrones estables y previsibles no permite hablar de sistema.

En este informe, sin profundizar en las explicaciones teóricas, se considera que esta división dicotómica (entre sistemas consolidados y no sistema) no es adecuada y mucho menos pertinente a la realidad centroamericana.

41 Véase Beyme, K. Von: Los partidos políticos en las democracias occidentales, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1986.

42 Sartori, G.: Partidos y sistemas de partidos. Alianza Universidad. Madrid, 1980.



A partir de cierto umbral, el análisis de la institucionalización debería situarse no en una dicotomía sino en un continuum para poder proceder a la comparación que debería darse, en primer lugar, en el plano regional; esto es, el análisis debería centrarse en los procesos de institucionalización que se dan en contextos diferentes de los países considerados desarrollados.

El umbral está dado desde el momento que exista cierta continuidad en los partidos y cierto nivel de competición entre ellos. Es a partir de este punto que se pueden medir los procesos de institucionalización, considerando variables básicas como: a) la estabilidad de las pautas de competición entre partidos; su arraigo en la sociedad, que no sólo limita la volatilidad sino permite fortalecer el primer aspecto, es decir, la regularidad en la competitividad electoral; b) la legitimidad que los actores políticos otorgan a los partidos (es decir, el reconocimiento -aunque sea crítico- de los partidos como parte indispensable del funcionamiento de una sociedad democrática); c) el funcionamiento del partido que debe responder a su propia dinámica y no a la voluntad de un grupo de liderazgo interno43.

El debate sobre la institucionalización de los partidos se enlaza con las exigencias de democracia interna de los partidos. El tema de la democracia interna ha vuelto a tener un peso en el debate actual. Una de las razones del despertar de este interés va buscada en la crisis de participación activa en la vida partidaria y en el lento declive de adhesión a los partidos. Ante esta crisis, los mecanismos buscados para conseguir mayor legitimidad son variados; el más común se encuentra en la democratización de los procedimientos para seleccionar los líderes.

La literatura sobre partidos políticos presenta enfoques diferentes al respecto. Como es sabido, según Robert Michels la democracia dentro de los partidos no es posible. Para el autor, la “ley férrea” de la oligarquía concibe el partido como instrumento de mantenimiento y ampliación del poder de algunos miembros sobre otros, un sistema de producción de desigualdades dentro de la organización del partido44.

Todavía en la actualidad, autores como Sartori afirman que la democracia no debe de buscarse dentro de los partidos sino entre los partidos porque el consenso electoral implica satisfacer las demandas de los electores y no de los militantes45.

La literatura sobre partidos destaca el problema del cambio organizativo que ha repercutido negativamente en los procedimientos democráticos dentro de los partidos en las últimas décadas. En particular, con el declive de los partidos de masas y la aparición de los partidos “atrápalo todo” se impone la necesidad de abrir los confines organizativos e ideológicos a sectores más amplios del electorado.

La prioridad dada al electorado y la presencia de grupos de intereses hace que la membresía (membership) pierda paulatinamente su rol crucial desempeñado en el partido de masas y su poder cara a cara con la clase dirigente (leadership) se debilita. Según esta perspectiva, los partidos han experimentado un proceso de creciente centralización del poder organizativo a costas del papel desempeñado por las bases.

43 Diego Achard et Al.: Un desafío a la democracia. Los partidos políticos en Centroamérica, Panamá y Republica Dominicana. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Organización de Estados Americanos (OEA); Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). San José, Costa Rica, 2004. Pág. 31.

44 Michels, R. Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Amorrortu. Buenos Aires, 1983.

45 Véase: Sartori, G.: Ingeniería Institucional comparada: una investigación de estructuras, incentivos y resultados. Fondo de Cultura Económica. México, 1994.



En suma, la necesidad de responder a los imperativos de la efi ciencia electoral y conseguir nuevos recursos mediante la penetración en el aparato estatal y mediante acuerdos entre élites políticas, son considerados factores que han afectado vida democrática dentro de los partidos.

Resumiendo, las argumentaciones a favor de la democracia interna son básicamente de tres tipos: a) participativo, señalando la importancia que las y los ciudadanos intervengan en las decisiones que los conciernen, lo que implica también un proceso de aprendizaje que desde el ámbito “micro” de la organización partidaria puede incidir en el ámbito macro de la nación; b) representativo, concibiendo los partidos como ámbitos de debate donde se forman y se consolidad las preferencias de los ciudadanos y los militantes; c) competitivo, sosteniendo que la democracia dentro de los partidos puede prevenir los embates oligopóligos entre élites políticas.

Actualmente, para revitalizar la democracia interna, en los partidos de los países latinoamericanos se están impulsando o por lo menos discutiendo, procedimientos de democracia directa para elegir los programas y las modalidades de reclutamiento: es un proceso que responde a la necesidad de una relegitimación de los partidos como estructuras democráticas, transparentes y respondientes a las demandas de la ciudadanía.

Partidos políticos y democracia en Nicaragua

En Nicaragua los partidos tienen su fundamento jurídico e institucional en la Constitución Política, la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral.

La Constitución señala al Poder Electoral como el encargado de otorgar, cancelar y suspender la personalidad jurídica de los partidos políticos46 y, en este sentido, la Ley Electoral establece las normas que determinan tanto la constitución como la cancelación o suspensión del estatus de partido político47.

Bajo este trasfondo legal e institucional, en Nicaragua se ha venido conformando un sistema de partidos caracterizado por una estructura de competencia bipolar (caracterizadas por los bloques sandinistas/antisandinistas) y por un modelo bipartidista que se consolida a partir de las reformas del 2000 votadas por el FSLN y el PLC y que llevaron a una nueva Ley Electoral.

46 Véase Cáp. VI de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Art. 168 hasta 174. 47 Véase Ley Electoral N. 331, Art. 10, Atribuciones del Poder Electoral.

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De acuerdo al marco legal, el sistema electoral nicaragüense aplica la formula mayoritaria de doble vuelta de umbral y distancia48, es decir, un mecanismo donde “la elección de Presidente y Vicepresidente pasa a ser por mayoría relativa de al menos el 40%, salvo en el caso de aquellos que habiendo obtenido un mínimo del 35%, superen a los candidatos que quedaron en segundo lugar en un 5% de votos”49.

Si tomamos como referencia los cambios que se producen a partir de 1990, los dos principales partidos que han marcado la historia del país en los últimos años -el FSLN y el PLC- se clasifican dentro del grupo de partidos en los que se produjo un fuerte cambio (o refundación, en el caso del PLC) paralelo al proceso de transición50. En su dimensión organizativa, tanto el FSLN como el PLC han sido considerado como partidos que poseen una estructura continua (es decir, una estructura permanente, con un elevado nivel de vida partidaria) y un buen nivel de infraestructura y burocracia local51. Es posible que la percepción de una vida partidaria activa influya también en el hecho de que los afiliados de ambos partidos reconocen la presencia de un grado considerable de democracia interna52.

Los dos partidos, sin embargo, remiten a tipologías diferentes: mientras que el FSLN se sitúa entre los “partidos de militantes” o de afiliación, es decir un tipo de partido que prioriza mantener una afiliación numerosa, el PLC ha sido clasificado como “partido de electores”, esto es, un partido que centra su esfuerzo en el rendimiento electoral53.

En Nicaragua, los partidos enfrentan inmensos retos que responden a las exigencia de su propio fortalecimiento y al contexto por el que ha venido transitando la misma construcción del sistema democrático, un contexto que el Informe del PNUD del 2004 caracteriza como “el triangulo de la democracia, la pobreza y la desigualdad”.

En la historia de Nicaragua, sin embargo, las grandes rupturas (cleavages) políticas han absorbido a otras de carácter socioeconómico que (sin dejar de ser contenidos programáticos de las fuerzas políticas) han sido, en cierta medida, supeditadas a los primeras.

De tal forma el punto de ruptura (cleavage) “somocismo-antisomocismo”, fue el eje que dividió la sociedad entre una minoría y una mayoría que participó en el derrocamiento de la dictadura; esta división predominó sobre las demás fracturas de la sociedad inherentes a las desigualdades de clase, étnicas etc.

A lo largo de la década del Gobierno revolucionario del FSLN, el otro gran punto de ruptura (cleavage) se definió por el enfrentamiento “revolución-contrarrevolución”, caracterizado por los conflictos nuevos y la politización de los viejos.

48 En Martinez, Rafael (ed.). La elección presidencial mediante doble vuela en Latinoamérica. ICPS, Barcelona, 2004. Pág. 52349 La Gaceta, 24 de enero del 2000. Véase también Ley Electoral, Art. 3.50 Alcántara, Manuel. Partidos Políticos. ¿Instituciones o maquinarias ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos políticos

latinoamericanos. ICPS. Barcelona, 2004. Pág. 8151 Ibid. Pág. 18552 Ibíd. Pág. 19953 Ibid. Pág. 189-190



Finalmente, el cleavage “sandinismo-antisandinismo” en los últimos años ha sido el que ha predominado hasta la fecha, tratando también de “actualizarse” a la luz de la nueva coyuntura caracterizada por gobiernos que han tratado de legitimar la ideología neoliberal que irrumpía de manera poderosa conjuntamente con las políticas de estabilización y ajuste.

Por lo que se refiere a la participación electoral, los porcentajes calculados sobre la base del promedio 1990-2002, indican que el 85,8% de los potenciales votantes están inscritos en los registros electorales (versus un promedio latinoamericano calculado en el mismo período de 89,3%), el 77,9% vota (versus el 62,7% latinoamericano) y el 73,7 por ciento emite un voto válido, distanciándose notablemente del 56,1% del promedio latinoamericano54.

A pesar de que en las últimas elecciones se ha registrado un leve descenso (79,42% en el 2001 vs. 78% en el 2006), no se puede hablar de una tendencia a la baja en materia de participación electoral. Por el contrario, la participación en estas elecciones ha tenido efectos muy positivos en la imagen de la democracia y sus instituciones, imagen que viene corroborada por algunos indicadores de democracia electoral (IDE) que miden la calidad de las elecciones.

En efecto, por lo que se refiere al indicador relativo a las elecciones limpias, a lo largo de los tres comicios anteriores (1990, 1996 y 2001), Nicaragua se ha mantenido con un valor de 2, que denota falta de irregularidades significativas en el proceso electoral, por ejemplo, irregularidades técnicas que pueden tener un sesgo significativo55.

Con respecto al indicador de “elecciones libre”, Nicaragua se ha mantenido constantemente en el valor de 4, que indica condiciones esencialmente irrestrictas para la postulación de candidatos y la formación de partidos56.

Asimismo, con respecto al indicador que mide las elecciones como medio de acceso a cargos públicos, Nicaragua ha permanecido constantemente en el valor 4, indicando que todos los cargos públicos se completan a través de elecciones y que ninguno de los ocupantes de estos cargos políticos principales es removido de su cargo a menos que su remoción o reemplazo esté estrictamente basado en fundamentos constitucionales57.

Un indicador que se puede considerar negativo se relaciona con la valoración del grado de barreras para la entrada de nuevos actores en la competencia y cierto desarrollo de la normativa y práctica de democracia interna, donde Nicaragua pertenece al grupo de países en los cuales la selección de candidatos está altamente centralizada en las manos de las élites partidarias.

Ahora bien, a pesar de los indicadores positivos de participación electoral y transparencia de los comicios, la actitud del electorado, sin embargo, no deja de tener aspectos contradictorios.

En Nicaragua sólo el 30% considera que las elecciones son limpias, un porcentaje que muestra una baja del 22% al 11% en los dos años de 2005-200658. Aún así, con respecto a la eficacia del voto (es decir, su efectividad para cambiar las cosas), Nicaragua tiene el 69%, muy por encima del promedio general que es del 57%59.

54 Informe Latinobarómetro 2006.55 PNUD: La democracia en América Latina. Compendio estadístico, PNUD, 200456 Ibid.57 Ibíd. 58 Informe Latinobarómetro 2006.59 Ibíd.



LOS PARTIDOS POLÍTICOS DESDE LA OPINIÓN DE MILITANTES DE BASE Y CIUDADANOS/AS

60 Incluyendo: cobertura territorial, normativa interna, identidad y disciplina (“obediencia”, según algunos, que viene considerada la base para optar a cargos partidarios) .

61 “Estos elementos son los que se ponen en prueba y se miden durante los procesos electorales ... (donde) las estructuras directivas se apoyan más que en ningún otro momento en sus electores”.

Los factores que más infl uyen en el funcionamiento de las estructuras partidarias y los cambios que se perciben durante los procesos electorales.

El liderazgo de los cuadros dirigentes, la consistencia organizativa60, y la capacidad de movilización son considerados como los factores clave que garantizan el funcionamiento de los partidos, su cohesión y su capacidad para conseguir espacios de poder en las estructuras del Estado y en los gobiernos municipales.

Los dos componentes centrales del partido -organización y líderes- se activan y se hacen más visibles durante los procesos electorales61 a través del despliegue de los militantes y la movilización de las bases alrededor de los comités de campaña.

En las diferentes opiniones se entremezclan tanto las experiencias directas de quienes militan o han militado en partidos, como la percepción de quienes se pronuncian desde fuera. En ambos casos, se puede notar la preeminencia de los factores organizacionales y de liderazgo (en términos de cuadros de dirección) que garantizan el vínculo con las estructuras estatales del poder político, mientras que, durante las campañas, se activa la relación directa con la sociedad.

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Por esta razón, los comicios representan, para muchas personas, el único momento de contacto personal con los partidos, que en tales circunstancias se presentan con una actitud más “incluyente”, más dispuesta a la “comunicación”, entendiendo con ello no sólo una mayor cercanía sino también una disposición a escuchar las demandas y aceptar las críticas.

La valoración de este proceso es ambivalente: se acredita la significación cívica que tiene esta experiencia y a la vez se recalca su carácter ilusorio:62 “se vive un momento en que pareciera existe más fluidez y comunicación efectiva que sin lugar a duda no pasa nunca del activismo, no hay protagonismo real”.

Ahora bien, ¿cómo se percibe la “institucionalidad” del funcionamiento de los partidos?

En el siguiente apartado abordaremos brevemente la apreciación de los cambios realizados en este sentido.

Cambios implementados para fortalecer la institucionalidad de los partidos

Por lo general, se sostiene que los partidos han implementado procesos de cambio para fortalecer sus niveles de institucionalización, aunque se consideran insuficientes y además poco visibles por el sentimiento de animosidad que se ha creado en amplios sectores de la ciudadanía.

Los cambios para afianzar la institucionalidad de los partidos vienen identificados (por las personas entrevistadas) a través de diferentes indicadores que se mencionan con distintos énfasis y que se pueden resumir en los siguientes: a) el “fortalecimiento de los lideres”, con mayor apertura y competencia, especialmente en los ámbitos locales; b) el respeto a los estatutos, por ejemplo mediante la “implementación de procesos de consultas” (para elegir candidatos y para involucrar y escuchar la opinión de las bases); c) la “integración (en los programas) de medidas que favorezcan a sectores mayoritarios”; d) la “apertura de alianza con otras fuerzas políticas y organizaciones”.

Se puede observar que en el concepto de “institucionalización” se destacan tanto los aspectos internos que favorecen la vida democrática, como los aspectos relativos a la apertura social y política de los partidos, en particular, la inclusión de demandas sociales y el diálogo con otras fuerzas para establecer alianzas.

Sin embargo, resalta también con insistencia la opinión que los partidos políticos conciben los procesos de institucionalización de manera instrumental, esto es, “como recursos de los partidos para legitimar acciones y decisiones que finalmente se toman desde arriba (para) hacer ver que es necesario realizar maniobras políticas, negociaciones u acuerdos”.

La alusión al carácter instrumental de los procesos de institucionalización se vincula, en el discurso de las y los entrevistados, con la idea de que la institucionalización no garantiza por sí misma la democratización interna y no impide que se reproduzcan las prácticas autoritarias y los “ejes verticales de liderazgo” que no permiten elevar los niveles y la calidad de la institucionalidad de los partidos políticos. Esta opinión, que subraya la íntima conexión entre ambos procesos, no obstante, no subestima la importancia de los procedimientos internos que garantizan los aspectos formales del funcionamiento de los partidos.

En efecto, “si las normativas internas de los partidos se llevaran correctamente a la práctica a como se plantean, tendrían un mayor impacto en la democratización de estos partidos... (y para las bases) les permitiría más credibilidad y apropiación de lo que se promueve y promulga”.



El problema de fondo, al parecer, apunta a la importancia de la democratización de los partidos políticos. Veamos que se entiende con este término.

Que se entiende por democratización del Partido.

Quizás puede resultar conveniente reproducir literalmente las expresiones que más se repiten en las diferentes opiniones; de tal manera, los signifi cados de “democratización” apuntan a los siguientes principios:

Mayor participación en las estructuras partidarias. Las consultas deben ser “activas y permanentes” y la participación debe ser “incidente”, es decir, se reclama mayor participación en la toma de decisiones y en los procesos de elección63, incluyendo las primarias para la selección de candidatos / as.

Como consecuencia, se debe tener la “garantía de que todos y todas son escuchados”, y que es “la base del mismo partido quien tiene la ultima palabra”.

Para ello debe existir un “pensamiento independiente de las y los miembros del partido y que sea tomado en cuenta”. En este sentido, es importante la “promoción de la discusión interna”.

La posibilidad de poder realizar “cambios de liderazgo si es necesario” y la existencia de “oportunidades para asumir posiciones dirigenciales” para permitir el “proceso constante de renovación del equipo de conducción”.

63 Y que se realicen “con procedimiento claros que le den representatividad, legitimidad y fortalecimiento a la organización”.

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Existencia de procesos sistemáticos de rendición de cuentas de las distintas actividades que realiza el partido.

Mejor “calidad y nivel de comunicación dentro de los partidos y entre las estructuras partidarias y la sociedad”, aspecto, este último, que se enlaza con la “apertura de negociación con otros movimientos sociales o políticos”.

En la argumentación de los diferentes énfasis que se expresan con respecto al tema, se revelan dos aspectos significativos.

Salta a la vista que los procesos de democratización de los partidos se consideran no sólo como una necesidad para ampliar y vigorizar la dinámica interna, sino como una oportunidad para elevar los niveles de representación política efectiva, afianzando los vínculos y la comunicación con la sociedad y, específicamente, con sus grupos y movimientos organizados.

Ciertamente, los procesos de democratización de los partidos son inherentes a la misma concepción de democracia vista no sólo como factor de orden social sino también de cambio.

En este sentido, “si se conciben los partidos como instrumentos de cambio social, entonces sería inútil promulgar cambios sociales a través de la democracia donde (la legitimidad de) las decisiones que tome el gobierno reside en el pueblo, y dentro de los procesos de dirección del partido no se toma en cuanta a sus miembros”

En fin, la democratización interna de los partidos y su naturaleza incluyente y abierta se considera como uno de los factores más importantes para potenciar el papel de los partidos en la sociedad.

Ahora bien, si la democratización interna es muy relevante en términos de Representatividad, Legitimidad y Fortalecimiento interno, ¿Qué tan relevante es en la práctica de los partidos y de sus dirigentes?

Interés de los partidos para profundizar la democracia interna

Con respecto a este punto, las opiniones se diferencian entre quienes afirman que existe un interés de los partidos para impulsar procesos de democratización y un grupo más reducido que niega la voluntad política de los lideres para promover cambios.

Revisemos brevemente la primera posición.

El interés de los partidos para impulsar cambios se explica tanto en términos programáticos como en función de una necesidad imprescindible de adaptación.

Lo programático se relaciona con el mismo origen del partido y posee un matiz ideológico más o menos fuerte: la vocación democrática de la Revolución en el caso del FSLN; los principios democrático- liberales en el caso del PLC y, para las personas afines a la alianza MRS y ALN cobra también importancia el origen “anticaudillista” y “antipactista”.

Las argumentaciones en términos de necesidad de adaptación son ciertamente más relevantes en tanto tratan de captar aspectos más específicos de la problemática.

En este sentido, se considera que los partidos están interesados en fortalecer los procesos de democratización sobre todo en lo que se refiere a: i) las características del liderazgo (en una acepción



amplia que abarca desde los dirigentes nacionales hasta los lideres locales); ii) los procedimientos internos (de consulta, consenso, capacitación) para ampliar la participación de los sectores que los integran; iii) los procesos de alianzas con otras fuerzas políticas y sociales.

De lo contrario, al no realizarse tales procesos, se supone que en la situación actual del país “un partido político no podría seguir manteniéndose cohesionado, tomando en cuenta las realidades y los intereses diversos que existen”.

Sin embargo, si bien se reconoce la voluntad de los partidos para llevar a cabo medidas de democratización, aunque sea por razones instrumentales o de adaptación, la vida partidaria interna se concibe de manera opaca y problemática: “en los partidos actuales el acceso a los líderes no es fluido en períodos no electorales, un partido de grandes dimensiones donde los cargos directivos ya están repartidos, se encuentra lleno de recelos y de dirigentes que buscan siempre detentar el poder que ostentan, volviéndose cúpulas directivas excluyentes hacia sus mismas bases”.

En este sentimiento de escepticismo hacia el alcance real de los procesos de democratización, también influye la percepción de que las Comisiones de ética y en general las instancias de fiscalización internas son “órganos (que) sirven como una forma de hacer prevalecer el poder del caudillo”64.

Por lo tanto, no se niegan ciertos avances en la democratización interna, sin embargo se identifica su debilidad en el hecho de que a menudo los cambios han sido concebidos de manera instrumental, es decir, en términos de respuesta adaptativa y no en función de replantear la práctica política en aras de fortalecer los procesos de democratización de la sociedad.65 En este sentido, se observa que “en la realidad estamos aún lejos de la verdadera democratización de los partidos políticos” y esta opinión se convierte en desencanto cuando se constata que no existe voluntad política para impulsar procesos internos de cambio.66

No obstante, sería equivocado deducir de lo anterior un escenario de total desaliento; en efecto, el escepticismo que se divisa en las opiniones generales, se matiza cuando analizamos más de cerca los criterios a través de los cuales las personas entrevistadas miden la democratización de los partidos y reconocen, en los procesos concretos, avances importantes.

Los principales criterios para medir la democracia interna de los partidos.

Los criterios que prevalecen en las opiniones sobre democracia interna abarcan fundamentalmente seis momentos de la vida partidaria:

Los mecanismos que rigen la designación de candidatos a cargos públicos y de dirección: a pesar de la polémica alrededor de las primarias y de otras deficiencias67, este momento se valora como un ejercicio importante de democracia por quienes lo han practicado durante el proceso electoral. La importancia estriba no sólo en consolidar el vínculo entre las bases y las estructuras partidarias, es decir, en elevar la legitimidad, sino también en abrir procesos de renovación de los cuadros dirigentes68.

64 “Si un partido desde sus entrañas comienza a promover este proceso de normativas legales y éticas, no tendríamos tantas menciones de corrupción y manipulación legal”.

65 “Fomentan la democracia dando espacios de participación a las bases... para luego apoderarse de ella y amparar en ella todas sus actuaciones”. 66 “El tema de la democratización del partido, no es de mucho interés para los caudillos, por que eso significaría la perdida de cuotas de poder, ser escruta-

dos, examinados, etc...”67 La más graves que se mencionan son dos: “haber sido excluyentes” y la práctica del “amiguismo y el dedazo”. 68 “Porque si el partido crece (en este aspecto) yo crezco,...teniendo el derecho de poder proponerme, si así lo desease, como candidato... lo que hace ver

la democracia”.



Los procesos que se siguen para defi nir los principales contenidos de los programas. En este ámbito se separan las posturas programáticas de los partidos (que se perciben restringidas a los grupos dirigentes) de los contenidos relativos a los programas electorales, donde el proceso de consulta por lo general se considera amplio y concurrido, aunque a veces las decisiones sobre la base de la información recogida las toman sólo los dirigentes y a menudo prevalecen “criterios políticos”.69 Uno de los elementos que sobresalen en esas inquietudes apunta a la necesidad de profundizar en los mecanismos democráticos de toma de decisiones, buscando también otras modalidades para lograr el consenso sin limitarse necesariamente al principio de mayoría, lo cual, desde luego, no signifi ca aminorar su importancia.70 Finalmente, se señala que no existen formas para “monitorear” la efi cacia de los mecanismos ampliados de toma de decisiones implementadas por los partidos, lo que sería importante para “medir” los alcances reales de la participación interna.

La comunicación interna y entre las estructuras partidarias y la sociedad en general. En esta esfera de la interacción y comunicación (y haciendo referencia al FSLN y al PLC), cabe señalar las diferencias de percepciones entre el ámbito local y nacional: “existe fl uidez en el nivel dirigencial del municipio... pero con respecto al nivel nacional la fl uidez no existe porque predomina una alta burocracia, haciendo muy limitada la relación entre la base del partido y su nivel dirigencial nacional”. La mayor comunicación en el ámbito municipal se constata en varias ocasiones y va más allá de la relación entre dirigentes y bases, cruzando la sociedad en su conjunto. Las sugerencias en este sentido insisten en la importancia de profundizar la efi cacia de las estrategias de comunicación: “el conocimiento y la información es el poder que los partidos políticos deben de otorgar a sus partidarios para que ellos mismos sirvan como fuente de propagación...”

69 En el sentido de que “la información es manipulada a benefi cio político de la dirigencia, que no tiene los mismos intereses que los pobladores, logrando así perpetuarse en los cargos directivos del partido.

70 Se trata de una refl exión sumamente actual, que se vincula con los debates sobre el carácter argumentativo y deliberativo de la democracia promovido por varios autores, entre ellos, Habermas.

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Apertura de los partidos hacia otros grupos sociales y políticos. En este marco se diferencian dos aspectos que se valoran de distinta forma.

i) Por un lado se constata un logro que se define como “el mayor paso para la búsqueda de la democracia”: se refiere a la política de alianzas, percibida como una señal alentadora de apertura de los partidos71 que, al profundizarse, podría significar una retroalimentación real entre sociedad y partidos y un enriquecimiento esencial para la modernización efectiva de estos últimos.

ii) Por otro lado, en lo que se refiere a la inclusión de las mujeres y la juventud las opiniones son más críticas: a pesar de que durante el proceso electoral se ha notado una amplia presencia de jóvenes, “sin embargo (la juventud y las mujeres), sólo son vistos como forma de rellenar espacios y no como factores que pueden incidir en un cambio dentro del mismo partido”. En particular, se subraya la dificultad para acceder a cargos de dirección72. Una propuesta para mejorar estas deficiencias apunta a la necesidad de fomentar el diálogo y el debate con las y los líderes vinculados a los diferentes movimientos y considerar las agendas sectoriales que estos proponen.

Los procesos de capacitación se consideran otro factor indispensable para lograr la democratización interna de los partidos y deberían dirigirse “absolutamente a todos, desde las bases hasta los puestos más altos. La mayoría de los programas hasta el momento se han limitado a la temática electoral, por lo que se sugiere la necesidad de incluir contenidos “más integrales”73 orientados a elevar la formación política y la capacidad organizacional de las y los miembros.

Mecanismos de información y rendición de cuenta. En el caso en que las opiniones se refieren al marco específicamente político, relativo a la “rendición de cuenta” acerca de las decisiones y actuaciones del partido, se manifiesta la insuficiencia de las actividades que se realizan con este propósito, consideradas muy “informativas”, poco abiertas a las críticas y, a veces, “unilaterales”74. En el aspecto propiamente financiero, se evidencia aún más la debilidad de la cultura de rendición de cuenta, lo que se vincula también con el hecho de que “los militantes no aportan de forma continua o sistematizada las cuotas que se establecen en la normativa”. En fin, este tema en su conjunto se presenta como uno de los más complejos, considerando también que en las opiniones de las y los entrevistados resaltan dos puntos que remiten a una doble obligación de los partidos: ante sus miembros y ante el Estado. En efecto, por un lado se insiste tanto en la transparencia del “momento” de la “rendición de cuenta” (en el sentido amplio, que incluye la actuación política) como en la posibilidad real de que las bases puedan intervenir de manera activa e informada en este proceso; por otro, se subraya la necesidad de una reforma del marco institucional y legal que vinculan los partidos con el Estado, en particular, con el Poder Electoral.

71 Se refiere a la “apertura a trabajar en alianzas o con participación y apoyo de grupos y movimientos que, por lo general, traen una riqueza para las ideologías que estos partidos ofertan... paso que promete una futura apertura a las bases para poder influir más en las decisiones y acciones de los dirigentes en el partido.

72 Se reconoce el avance en materia de reconocimiento e inclusión política (como un “logro de la misma sociedad civil”); pero, más allá del discurso “público”, en los partidos persiste la práctica “que se ha desarrollado con mucha fuerza del clientelismo político”.

73 En este sentido se mencionan diferentes temáticas que van desde el liderazgo político y el fortalecimiento de las capacidades de organización y pl-anificación , hasta los aspectos más doctrinales inherentes a las corrientes políticas y éticas, necesarias no sólo para fortalecer la identidad de cada partido, sino también el reconocimiento y el respecto de los otros (partidos).

74 “Informan sólo lo que les conviene”...



Concluyendo, se señala la urgencia de potenciar los procesos de democratización interna cuya debilidad es considerada una de las causas de que “las nuevas generaciones no consideren de importancia pertenecer a una estructura de estos partidos políticos”.

Ahora bien, el análisis más detenido de los señalamientos sobre la insuficiente democratización y apertura de los partidos, nos indica un nivel de complejidad que va más allá de las percepciones de una práctica política contaminada por las conductas censurables de unas élites atrincherada tras de mezquinos intereses personales.

2. REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA: LA DISONANCIA ENTRE LO SOCIAL Y LO INSTITUCIONAL.

Cuando lo institucional se vacía de contenidos sociales.

La visión crítica de los procesos de democratización y apertura de los partidos no se limita a la mera valoración de su dinámica interna y remite a uno de los aspectos más complejos –y quizás el más significativo- del debate sobre la crisis de los partidos, esto es, el tema de la representación política.

En las opiniones sobre los partidos políticos se percibe, en algunos casos de manera bastante clara, el papel a menudo contradictorio que estos desempeñan con respecto al sistema político por un lado y, por otro, con respecto a la sociedad.

La percepción de este “doble papel” donde se manifiesta la disonancia entre lo institucional y lo social, se evidencia en la apreciación negativa de la “representación política”. Al parecer, la debilidad de la representación política se refleja precisamente en la dificultad de conjugar el papel de “integración sistémica” de los partidos políticos, relativo a su función que desempeñan como elemento del sistema político, con el papel de “integración social” orientado a la agregación y articulación de intereses. Si esto es así, el núcleo de la política, según los propios entrevistados, reside precisamente en la conexión entre lo institucional y lo social.

Veamos las palabras de un entrevistado donde se formula claramente esta percepción:

“Por una parte, (los partidos) han desempeñado un rol positivo, porque la existencia de ellos permite que haya democracia. Si no existieran los partidos no hubieran elecciones y sin elecciones no hay democracia....así que los partidos contribuyen al mantenimiento de una paz y un orden social. Pero también los partidos “han desempeñado un mal papel dentro del proceso (...) en primer lugar porque lo que existe es una democracia participativa y no una democracia representativa. Nos gusta participar en las elecciones y de esta manera pacífica premiar, castigar, quitar o poner en el poder a determinadas personas o partido. Pero no existe una democracia representativa, en el sentido de que no sentimos ni creemos realmente que los partidos representen o se identifiquen con las necesidades de la mayoría de los nicaragüenses”.

Independientemente del uso que se hace de los conceptos de democracia “participativa” y “representativa”, se confirma en esas palabras la disociación entre lo institucional y lo social: en efecto, si bien se reconoce la importancia “sistémica” de los partidos como organizaciones políticas que hacen posible el funcionamiento de un régimen democrático, sin embargo, se reprueba su papel en lo que concierne la representación de los intereses y necesidades sociales de la ciudadanía. Otro aspecto significativo que resalta en esas palabras, evidencia como el hecho de no sentirse representado repercute negativamente en la (sub)valoración de la participación política, es decir, de la efectividad del ejercicio de los derechos políticos.



Creemos que en este sentido se captan las raíces profundas de la significación del mismo concepto de política: la política no es sólo pólis, noción que remite a la idea de orden, de una comunidad institucionalmente regulada por ciertos valores y normas políticas; política también es pólemos, es decir, refleja también las tensiones y los conflictos propios de una sociedad, mucho más si esta sociedad se caracteriza por profundas desigualdades sociales. Por esta razón, la política democrática representa la capacidad de traducir en “orden institucionalizado”, legal y legítimo, las contradicciones que surgen de los intereses divergentes de la sociedad.

En las opiniones que hemos recogido se destacan ambas dimensiones como necesarias y, en cierto sentido, complementarias. Sin embargo, un grupo recalca el déficit de los partidos para garantizar la institucionalidad democrática del orden social, insistiendo por lo tanto en la necesidad de reformas dirigidas al sistema electoral, mientras que otro grupo enfatiza en la deuda y los compromisos incumplidos de los partidos ante la sociedad. Al parecer, y considerando la imposibilidad de generalizaciones que presenta el presente informe, estas últimas son las opiniones que prevalecen entre las personas entrevistadas.

Cuando la legalidad se vacía de los principios de legitimidad y justicia.

Otra marcada manifestación del divorcio entre lo institucional y lo social se evidencia en la incongruencia entre legalidad y legitimidad; en este caso, aun reconociendo la importancia de las instituciones para el funcionamiento del sistema, estas pierden su reconocimiento que las legitima socialmente.

Según las palabras de un entrevistado: “La ley se utiliza para formalizar sueldos y pensiones que ofenden el sentido común y la ética democrática.... se utiliza vulgarmente para violar el espíritu de la justicia...es un instrumento que facilita el ordenamiento de un estado de cosas que carece de legitimidad”.

Para profundizar un poco en este aspecto, conviene seguir con la argumentación del entrevistado: “La eficacia de la democracia (....) depende de la existencia previa de un consenso social mínimo con relación al papel del Estado y de las relaciones entre éste, el mercado y la sociedad. A su vez, la legitimidad de este consenso depende de su capacidad de integrar, con justicia, los intereses y las aspiraciones de los diferentes sectores de la sociedad”.

De esas palabras se desprenden tres contenidos centrales de lo que se considera como “legitimidad”, relativas a las ideas de consenso, justicia e integración social. Dicho de otra forma, se puede hablar de legitimidad cuando se logran integrar de manera consensuada y justa, los diferentes intereses y aspiraciones de los sectores sociales. Evidentemente, salta a la vista el papel que los partidos deberían desempeñar en la mediación y agregación de tales intereses.

Profundizando un poco más, se puede concluir que la legitimidad, como condición imprescindible de la política democrática, se vincula directamente a la justicia como contenido central de la ética democrática.

Otra conclusión muy importante que se puede desprender de las consideraciones anteriores remite a los “elementos no contractuales del contrato” 75 (es decir, los valores y normas implícitos que se comparten y que subyacen a las reglas del juego escritas del contrato): en este sentido, la democracia electoral se puede considerar metafóricamente como un pacto o contrato entre la ciudadanía y la élite

75 Según el sociólogo francés È. Durkheim quien acuña esta expresión.



seleccionada para gobernar; sin embargo, para que este pacto funcione debe existir un consenso previo alrededor de los principios básicos y de los compromisos y obligaciones sociales indispensables para enfrentar los profundos conflictos de una sociedad muy desigual y muy poco integrada.

En efecto, según las palabras del mismo entrevistado, el consenso social se expresa “en la manera en que cada país institucionaliza la forma concreta de administrar las tensiones y contradicciones que son parte de la relación entre capitalismo y democracia”.

Se vienen definiendo así los elementos centrales de las opiniones analizadas que podemos delimitar alrededor de tres grandes ejes.

El primer eje remite al núcleo de la problemática que estamos tratando y que las y los entrevistados definen en términos de “bien común”, “intereses generales”, etc.

La búsqueda del “intereses generales” es un tema recurrente con respecto al cumplimiento de la función clave de los partidos políticos, es decir, la función de agregación e intermediación de intereses.

En este sentido, se plantea un doble reto: por un lado, lograr “que prevalezcan los intereses del partido y no los personales” y, por otro, fortalecer la relación entre partidos y sociedad para buscar compromisos y consensos que permitan “gobernar” los diferentes intereses corporativos de los actores sociales (entendidos como grupos organizados) sin que ello implique un (mayor) agravio de la situación de privación que sufre la mayoría de la población.

A la luz de este planteamiento se aclara el alcance que adquieren conjuntamente dos de los temas antes mencionado: la democratización interna y la “búsqueda de alianzas con otros partidos, grupos y movimientos con intereses comunes” para enfrentar los grandes desafíos y demandas sociales. Es en este contexto que cobra particular relevancia el señalamiento que “priorizar los intereses generales” no implica “renunciar al propio perfil ideológico-político” y que, por el contrario, la pérdida de identidad al igual que la intolerancia son factores perjudiciales para cumplir con el parel de intermediar intereses.

La dificultad para pensar y actuar en términos de intereses generales no se percibe sólo como un problema de los partidos, sino como un aspecto más profundo de la cultura política y se valora quizás como el reto más complejo de la democracia.76

En este contexto, una condición considerada indispensable “para facilitar el desempeño de las funciones sociales de los partidos”, es la existencia de un Estado democrático con cierto nivel de legitimidad y eficiencia como. Viceversa, la persistencia de un marco y una cultura institucional donde prevalece el particularismo77, la exacerbación de las rivalidades políticas y la centralización del poder, conjuntamente con la ineficiencia y la “incapacidad gerencial”, tiende a reproducir las condiciones del círculo vicioso que “retroalimenta” la crisis de la representatividad de los partidos políticos.

Quisiéramos concluir esta parte tratando de responder tentativamente a la pregunta que se insinuó con anterioridad: ¿Cómo superar el círculo vicioso arriba mencionado fortaleciendo el papel de los partidos en la profundización de la democracia?

76 La principal debilidad de la democracia no se encuentra en su función de “medio par elegir a quienes nos gobiernan, sino en su papel de garantizar la libertad, el progreso y la justicia. ..(en este sentido) en Nicaragua no contamos totalmente con esta democracia, debido a que cuando buscamos llegar a lo anterior (libertad, justicia, progreso) tratamos de imponer nuestros intereses y no los de la mayoría”.

77 En el aspecto de la debilidad institucional, también se mencionan otras circunstancias que repercuten negativamente en el conjunto del sistema político, como la “falta de transparencia y de rendición de cuenta de los funcionarios y los escándalos de corrupción provocados por funcionarios públicos que militan o son dirigentes de partidos”.



Creemos que uno de los aspectos meritorios de las opiniones que hemos intentado resumir consiste en que, buscando una respuesta a esta pregunta, se presenta a la vez una concepción de democracia muy pertinente para profundizar en el tema de la representación política.

Democracia y representación política

En la idea de democracia que se divisa en los diferentes puntos de vista, afloran las principales dimensiones que atraviesan la problemática de la representación.

Creemos no equivocarnos si afirmamos que las dimensiones más importantes son las que se pueden resumir en las nociones de responsiveness y accountability.

Si la definición de los “intereses generales” en términos de política y de políticas no puede ser un punto de partida definido a priori, sino el resultado de un proceso de consenso, es decir, de solución institucional (y posiblemente argumentada) de conflictos entre intereses, entonces una condición indispensable de este proceso descansa en la capacidad de los representantes de actuar de manera responsive, es decir, siendo receptivos a los intereses y demandas de la ciudadanía.

En este aspecto se enmarca el alcance que en las opiniones analizadas tienen los diferentes procesos y mecanismos de participación ciudadana: cabildos, elaboración de agendas, espacios de consulta etc., son considerados también momentos de incidir en esta premisa básica que consiste en desarrollar la “receptividad” de las y los dirigentes políticos, condición indispensable para que pueda hablarse de representación.

Ahora bien, en el segundo aspecto imprescindible de la democracia, que resumimos con la noción de accountability , se sitúa otro requisito que se reitera en las visiones críticas de los partidos: la exigencia de que los dirigentes sean responsables. Ello explica el énfasis que se pone en las insuficiencias de los momentos de rendición de cuenta, y no sólo, como decíamos arriba, en lo que refiere a su transparencia, sino también en la casi imposibilidad de contar con mecanismos tanto de control como de sanción para castigar los incumplimientos, que debería ser un proceso participativo intrínseco y no complementario a la representación política.

Es muy significativo que ante el reto de exigir mayor responsabilidad, la problemática regrese al papel de la ciudadanía: es la “intensidad ciudadana”, en efecto, lo que hace factible exigir una práctica de responsabilidad y rendición de cuenta de la clase política.

Ahora bien, igualmente significativo es observar que con respecto a este objetivo del fortalecimiento de la ciudadanía, considerado central, los argumentos fundamentales no giran directamente alrededor de los partidos, sino que remiten a dos grandes problemáticas:

a) El fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Ampliar y profundizar la ciudadanía implica fortalecer el Estado Social de Derecho, apuntando hacia una redefinición de las relaciones entre Estado, sociedad y mercado.

El fortalecimiento del entramado institucional que debería sustentar el desarrollo de la democracia no se concibe como un simple problema de “ingeniería”: implica “promover un nuevo modelo de relaciones entre Estado y Sociedad y una nueva estrategia de desarrollo local para lograr la integración social y territorial de nuestro desarticulado país”



Aunque el reto de una profunda reforma política para consolidar la institucionalidad del país no se puede realizar únicamente desde el Estado, se reconoce la trascendencia de su papel, sobre todo, para “desarrollar la vida de las poblaciones y regiones abandonadas de Nicaragua”. De lo contrario, “la soberanía nicaragüense es sólo una ficción”.

El desarrollo del papel social y político del Estado, desde luego, supone la profundización de la democracia, superando una “forma de gestión democrática de carácter limitado” donde “son unos pocos los que deciden por muchos (…) y los ciudadanos solamente participan en el momento de designar a las personas que los representarán”.

b) La necesidad de dinamizar y profundizar la concepción y el ejercicio de la democracia.

La institucionalización del régimen democrático es una tarea imprescindible para los partidos políticos; sin embargo, también es preciso contemplar formas de democracia directa, contempladas constitucionalmente. No obstante, esta forma de democracia directa “representa un desafío para el país, ... por la falta de voluntad política de las fuerzas mayoritarias que controlan el aparato estatal ...”.

En este sentido, se reconoce que hasta el momento es “en la sociedad civil donde se observa un mayor ejercicio de esta práctica democrática”, y es preciso ampliar y profundizar su práctica en los ámbitos directamente vinculados con las decisiones políticas. Fomentar tales prácticas de participación directa no sólo es indispensable para desarrollar el tejido cívico de la sociedad, sino para fortalecer las características de responsiveness y accountability arriba mencionadas y evitar que “a la postre quien queda representado es el partido político que los colocó (a los representantes) en el cargo, mientras que los ciudadanos solamente se limitan a observar todo lo que acontece...”



1. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y LOS RETOS

1.1 Criterios para medir la institucionalidad desde los partidos

En el siguiente apartado se resumen tres de los criterios básicos desde los cuales las y los entrevistados (funcionarios, candidatos y militantes) conciben la institucionalización de los partidos.

La naturaleza estatutaria del partido.

Lo normativo no se refiere únicamente a los contenidos de los estatutos, sino también a la existencia de estructuras “vivas” y descentralizadas que garanticen la regeneración del entramado partidario mediante un amplio tejido de instancias capaces de enriquecer y afianzar la vida del partido.

Esto último se vincula directamente con la concepción misma de la institucionalidad que debe basarse –según la opinión de un candidato de AC- en el consenso y por lo tanto en el carácter colectivo de las decisiones en las que deben participar el conjunto de las diferentes instancias del partido.

Según los representantes del FSLN, el eje más importante de la fortaleza institucional del partido se refiere al funcionamiento interno: por un lado las características de la regulación estatutaria; por otro, los procesos recientes de apertura y modernización moldeados por la idea de unidad en la diversidad. En este sentido, se destacan las transformaciones significativas que se han producido en el partido a partir de 1990 y que han significado tanto un ensanchamiento de los mecanismos de participación interna, como un mejoramiento de los procesos de elección de las diferentes instancias municipales, departamentales y nacionales79. No obstante, diferentes personas entrevistadas señalan críticamente que los partidos políticos en Nicaragua adolecen de procesos de renovación de su liderazgo central.

Finalmente, con respecto a los comicios, vale la pena señalar que las y los jóvenes militantes de base reconocen críticamente las limitaciones y deficiencias de los procesos de elección de los candidatos; aún así, para quienes han participado en los ámbitos locales, esta experiencia es considera muy importante a la hora de valorar el proceso en su conjunto y se reiteran las palabras “competitivas”, “libres”, “igualitarias”, “decisivas”.

LOS PARTIDOS VISTOS DESDE DENTRO

78 Por ejemplo, se valora muy positivamente que la elección de los cuadros de dirección del partido descanse en las decisiones de las asambleas y que estas realicen dos secciones anuales en las cuales se llevan a cabo procesos de información, rendición de cuentas, evaluación etc.

III



La capacitación permanente y la formación de liderazgo.

Para garantizar la efectividad y calidad de la naturaleza colectiva de la vida partidaria es preciso desarrollar sistemáticamente la capacitación en las diversas esferas y, en particular, consolidar la formación del liderazgo. La calidad del liderazgo es un atributo necesario que realza el talante de los partidos, aunque “no se puede considerar como garantía de la institucionalidad del mismo”, según afi rma un candidato de AC.

Las bases ideológicas, programáticas y organizativas del partido como fuente de institucionalización propia de los partidos políticos.

En este aspecto se recalca la necesidad de analizar los procesos de institucionalización de los partidos desde los propios partidos, es decir, sin apelar a modelos ideales que no corresponden a la naturaleza y funciones de los mismos.

Esta última observación, está llena de implicaciones que remiten a una visión crítica que vale la pena revisar brevemente.

Profundizando en la problemática de la institucionalización....

La problemática de la institucionalización de los partidos políticos nos lleva a un análisis más detenido y crítico que surge de los propios entrevistados.

En las diferentes opiniones recogidas, se manifi esta que el proceso de la institucionalización de los partidos políticos no es un mero problema de procedimientos y mecanismos, sino que remite directamente a la concepción acerca de lo que es un partido político.



Esto último, según un representante del PLC, significa que es preciso diferenciar el partido político de otras formas de organización social para poder, luego, analizar los procesos de institucionalización desde los propios partidos, y desde el contexto de la misma cultura política sobre cuyas bases descansa la peculiaridad del proceso. En este sentido, un partido no es una organización de gerencia política ni es una simple organización civil: tiene sus propias especificidades de liderazgo y sus propias reglas del juego íntimamente entrelazadas con la naturaleza social y cultural de sus bases sociales.

La vida interna de un partido descansa en un proceso continuo de discusión, de contenidos, de procedimientos; no se resuelve en la simple gestión de la política. La misma presencia de liderazgos fuertes es una expresión de cierta institucionalización de los partidos que desde luego sigue normas y mecanismos internos, sin los cuales sería imposible reproducir liderazgos.

En este sentido, el mismo caudillismo no se explica por si mismo, pues el estilo de un partido no deviene desde su interior, sino desde la sociedad. Por lo tanto, habría que preguntarse: ¿Qué mecanismos sociales favorecen este comportamiento? ¿Cómo transformarlos desde dentro?

En el marco de tales consideraciones, también se destaca la crítica a ciertas corrientes de pensamientos que apuntan a un modelo de institucionalización que parece tener como objetivo el debilitamiento de los partidos fuertes y la promoción de partidos de “gerencia social”.

Analizar el actual escenario político (de la campaña electoral) en términos de deficiencias de institucionalización y democratización de los partidos, sería una lectura reducida y distorsionada. Por ejemplo, llevaría a interpretar el surgimiento de nuevas fuerzas políticas únicamente como resultado de una dinámica de exclusión79 o cierre de espacios, sin considerar la dinámica de apertura de nuevos espacios de pluralismo que se están dando en el país. Es decir, el actual escenario político se ha enriquecido con nuevas opciones que surgen tanto por lógica de exclusión de la disidencia que tienen a lo interno las fuerzas políticas, como por la propia dinámica de renovación del sistema político en su conjunto que vive toda sociedad , con lo cual se pluraliza.

De igual forma, las críticas que a menudo se formulan desde algunos organismos que se definen de la sociedad civil y que presentan a los partidos como cúpulas cerradas, no reconocen que los partidos tienen sus propias bases sociales involucradas en la vida partidaria.

...y en las responsabilidades de los partidos políticos

De todas formas, se reconoce unánimemente que los partidos son también responsables de los problemas de representación y de las críticas que en este sentido se les han dirigido.

En primer lugar, como afirma un representante del FSLN, se admite que los partidos se han estancado en una lógica y una forma tradicional de hacer política, al mismo tiempo que los movimientos sociales avanzaban en la búsqueda de caminos alternativos y trataban de responder a las nuevas sensibilidades que han venido emergiendo en diferentes sectores sociales.

En segundo lugar, el Estado Social de Derecho, suponiendo desde luego su funcionamiento y su vigencia, remite a un concepto de ciudadanía activa que obliga los partidos políticos a replantearse una concepción y una práctica de la democracia que incluya formas de participación más directa que potencien los aportes de la ciudadanía y a la vez se retroalimenten de ella.

79 Asimismo, la no elección de determinados candidatos responde a razones políticas que no se pueden leer sólo en términos de deficiencias de institucional-ización y democracia interna.



Por parte del MRS, se subraya la contradicción entre la constitución formal de los partidos políticos y su constitución material, es decir, entre el sustento estatutario que debería regir la vida de los partidos y los contenidos reales de sus prácticas; en este marco, se sitúa la ausencia de fiscalización del Estado que garantice los derechos de la militancia.

Se pueden especificar cinco puntos básicos en este aspecto: a) Debilidad de democracia interna; b) Incumplimiento de estatutos; c) Ausencia de mecanismos de supervisión por parte de la ciudadanía; d) Escaso sentido de derechos por parte de la militancia; e) ausencia de formación política.

Asimismo, se constata que la debilidad institucional de los partidos tiene profundas raíces en la cultura política que define a la gran mayoría del electorado.

En este sentido, una representante de la Alianza Nicaragua Triunfa observa que en muchos sectores de la sociedad, la elección del partido está determinada por el peso de la tradición y no por una conciencia ciudadana informada de las leyes y la constitución.

La preeminencia de este factor de inercia ciudadana donde predomina la adhesión rutinaria y el voto disciplinado es una arma de doble filo: por un lado garantiza la estabilidad del voto, pero por otro repercute negativamente en el papel de intermediación de los partidos y adormece su compromiso de responder debidamente a los intereses y aspiraciones de los y las representadas.

Esta referencia, desde luego, no se esgrime como un elemento de “determinismo cultural” en defensa de los partidos; por el contrario, remite a su responsabilidad por no ejercer un papel activo en la transformación de la cultura política de sus propias bases.

En este sentido, los representantes del MRS son quienes expresan las opiniones más críticas sobres los partidos FSLN y PLC que se tildan por su conformismo a una cultura reaccionaria y por la ausencia de debate, lo cual paraliza su capacidad para actuar como motores de cambio de la cultura política.

Lo anterior refuerza la tendencia de los grandes partidos a convertirse en maquinarias electorales que representan intereses de pequeña y poderosos grupos, renunciando a ser “interlocutores cotidianos” de la ciudadanía, al tiempo que facilita la perpetuación de esta cultura política y obstaculiza la renovación de sus líderes.

1.2 Criterios para medir el nivel y la calidad de la democratización

La democratización se valora a través de criterios que apuntan tanto a los procedimientos como a las pautas de conducta o actitudes ante la sociedad. Señalamos en seguida los principales, recordando que en este caso, como en el punto anterior, se mencionan criterios ideales con respecto a los cuales los partidos consideran tener mayor o menor fortaleza.

Mecanismos de consulta para definir programas.

En el caso del FSLN, se insiste en la importancia del proceso de apertura que se consolida en la transición de 1990-1994 donde comienza un proceso de afiliación masivo que reduce sensiblemente la diferencia de status entre la condición de afiliados y la de militantes. En este contexto, se profundizan los mecanismos de consulta, de elección, y descentralización de las estructuras partidarias, ratificando la voluntad de que las asambleas sean verdaderas instancias de toma de decisión.



La diversidad de los sectores representados, que contribuye a la elaboración de contenidos programáticos más plurales y representativos de los múltiples intereses sociales.

La representación de jóvenes y mujeres en las estructuras partidarias. No todos los partidos establecen en los estatutos cuotas de representación, pero independientemente de ello, se reconoce el avance que se ha tenido en este sentido. Esta opinión generalizada confirma, en el caso de las mujeres, una tendencia real; en efecto, por lo que se refiere a la representación electoral las mujeres han incrementado su nivel de participación y ya en el año 2002 tenían un promedio del 20,7% por encima del promedio latinoamericano del 15,5%.

La sensibilidad social y política. Este aspecto se considera un logro pero a la vez un objetivo que hace falta afianzar. Integrando ambos aspectos, se pueden destacar dos énfasis: uno se resume en la sensibilidad y la actitud solidaria de los dirigentes políticos y los gobernantes ante los problemas de la desigualdad y la pobreza que sufren las mayorías; el otro apunta a la voluntad política claramente definida en términos programáticos de justicia social.

La existencia de diferentes matices ideológicas. Por ejemplo, en el caso del PLC se menciona la presencia real de un abanico de posiciones alrededor del eje izquierda/derecha.

La existencia de una política de formación y capacitación. Como veremos en seguida, este último es uno de los aspectos de mayor debilidad.

1.3 Principales debilidades que inciden en los procesos de institucionalización y democratización de los partidos.

El papel de la formación política

Según un candidato del PLC, las deficiencias en los procesos de formación y capacitación refleja un profundo desinterés y menosprecio de los dirigentes de los partidos en general ante el desarrollo intelectual y el papel que el debate teórico puede desempeñar en la vida partidaria, lo que se refleja en el contenido limitado de los programas de capacitación.

Esta limitación, directamente vinculada con una cultura y con una concepción de la política reducida a ejercicio del poder, repercute negativamente no sólo en las perspectivas estratégicas de los partidos y en la (auto) comprensión de su papel, sino también en el círculo vicioso que se evidencia en los procesos de democratización e institucionalización.

En efecto, por un lado los procesos de democratización de los partidos se alimentan de una serie de contenidos universalizantes (democracia, derechos, empoderamiento, etc.) que provienen del discurso público que se irradia desde diferentes esferas de la sociedad (medios de comunicación, organismos no gubernamentales, movimientos sociales, etc.); pero, por otro lado, la vida interna de los partidos sigue pautas de conducta particularistas y rutinarias que no permiten “procesar” críticamente esos contenidos a la luz de la propia práctica y de los propios supuestos ideológicos y doctrinarios de cada partido. Y no los “procesan” sencillamente porque los partidos carecen de debate interno y de estrategias de formación.

El resultado de ello se refleja en dos aspectos particularmente negativos: a) una imagen “esquizofrénica” de los partidos, que genera una actitud de rechazo particularmente en la juventud que, como se ha demostrado en varios estudios, opta por aquellas prácticas políticas que reducen el divorcio entre lo



dicho y lo hecho; b) un tipo de militante poco preparado para enfrentar intelectualmente y de forma creativa los retos inherentes a los profundos cambios que ha sufrido la sociedad.

Lo anterior genera consecuencias negativas en la esfera de la institucionalización que difícilmente se pueden superar de manera automática.

En efecto, en ausencia de un sistema de formación política, el reclutamiento de nuevos miembros no garantiza por si sólo que las nuevas generaciones políticas dejen de reproducir las pautas de la cultura política que –independientemente de que se condenen públicamente- en la práctica son las que marcan el perfil real de la institucionalidad de un partido. En tales circunstancias, difícilmente los partidos pueden desempeñar activamente un papel activo de cambio social.

Representatividad y proyección de los partidos políticos

Las expectativas de la población rebasan la capacidad de respuesta de los partidos y ello se debe a dos factores:

En primer lugar, los profundos cambios que han afectado el papel transformador de las instituciones políticas, incluyendo a los partidos que, a su vez, no han estado a la altura de “leer” el alcance real de tales cambios y los desafíos que ello implica en términos de representación política.

En este sentido, un factor que debilita la representatividad de los partidos se identifica en la dinámica negativa generada por las políticas neoliberales que han mermado la centralidad de los partidos como medio para responder a las demandas sociales.

En segundo lugar, se menciona el mismo estancamiento de la vida partidaria –en el ámbito interno y de la relación con la sociedad. En este sentido, se observa – según una candidata del PLC- la tendencia que “el funcionamiento de los partidos se limita a las campañas”.

El deterioro de la capacidad de los partidos y el Estado para intervenir en la sociedad desde su función de representación política se ha conjugado también con otros dos factores perjudiciales: a) la escasa capacidad de la sociedad civil para proponer políticas públicas y dialogar con los partidos; b) la ausencia de un debate real donde la sociedad civil y los partidos encuentren un consenso sobre qué tipo de sociedad y de Estado se quiere construir.

La fuerzas emergentes como ALN que se consideran con una amplia proyección que puede convertirlos en partidos nacionales fuertes, reconocen la debilidad inherente a su propia constitución y las dificultades para asumir las tareas de dirección por carecer de suficientes cuadros que tengan larga experiencia de vida partidaria.

En el caso del PLC, por la situación interna y los ataques múltiples ha habido una tendencia defensiva al cierre y se reconoce la urgencia de su renovación y apertura.

Los procesos de rendición de cuenta

Las opiniones de los militantes más vinculados a las bases del PLC y del FSLN también recalcan algunas deficiencias en los procesos de rendición de cuentas. En efecto, aunque se realicen anualmente convenciones, no se entregan informes para rendir cuenta de los avances, las dificultades, los incumplimientos, etc., y, de tal forma, poder desarrollar una cultura de auto-aprendizaje de los partidos basada en su propia capacidad para autoevaluarse.



1.4 Retos de los partidos políticos

A la luz de las consideraciones anteriores, veamos ahora cuales son los retos que se consideran prioritarios.

a. Afianzar el rol de intermediación entre sociedad y Estado es, sin duda alguna, el reto más importante indicado por los mismos representantes de los partidos y señalado con diferentes matices: fortalecer la identidad y la presencia política como alternativa de izquierda (MRS); recuperar la dimensión de instancias portadoras de proyectos sociales y conjuntamente ampliar el ejercicio más directo y participativo de la democracia (FSLN); construir las estructuras partidarias (ALN); modernizar el partido “abriéndolo” y fortaleciendo su compromiso con los sectores populares y medios (PLC).

Ahora bien, independientemente de las diversas valoraciones, la mayor apuesta apunta a la vigencia de un alto grado de madurez y voluntad política para poder enmarcar los retos específicos de las diferentes fuerzas políticas en el marco más amplio del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, buscando respuestas que rebasen los problemas coyunturales de cada partido.

De lo contrario, si los partidos no logran vincular la necesidad de afianzar su democracia interna con la urgencia de fortalecer el tejido institucional del sistema político, sus respuestas serán necesariamente de corto alcance.

Además, lo anterior (es decir, las respuestas de corto alcance) puede verse reforzado por la percepción de que en Nicaragua, aparentemente, no se divisa un crisis de partidos tan evidente como en otros países del Continente. En efecto, tal como afirma una representante de MRS, “la gente cree en los partidos aunque los critiquen”.

b. Desarrollar estrategias necesarias para avanzar en un contexto de globalización económica, recobrando el papel de la política como portadora de proyectos sociales y, de tal forma, recuperar la confianza de las bases y de la sociedad cumpliendo con estrategias dirigidas a subsanar las grandes desigualdades sociales y la pobreza. Este es un punto alrededor del cual coinciden los principios del liberalismo social con los principios de justicia de los sectores sandinistas.

El PLC subraya la necesidad de vincular el proceso de modernización del partido con el compromiso social expresado en el punto anterior y de tal forma, “abrir” el partido y ensanchar sus bases80 .

c. La “apertura” del partido es otro reto que se une íntimamente a la necesidad de “reavivar la vida política interna del partido y la actividad de sus miembros”, según expresa una candidata del PLC; con otras palabras, representantes del FSLN y MRS apuntan a la misma idea, es decir, el retorno de la política en el debate interno del partido.

Ampliar y profundizar la proyección de los partidos implica desarrollar el nivel y la calidad de la representación de los sectores sociales e impulsar programas de capacitación dirigidos a fortalecer el liderazgo tanto en la esfera de la dirección del partido (profesionalización de cuadros) como en los ámbitos del desarrollo de las capacidades de los lideres comunitarios.

80 Ante la tendencia al cierre, el reto es “abrir el partido, proceder con elecciones internas, revisar los estatutos y promover una mayor inserción de la po-blación, logrando integrar sectores juveniles y mujeres”.



Este argumento se relaciona también con la necesidad de profundizar el vínculo con las organizaciones sociales, tanto aquellas que están en el ámbito de influencia de los partidos, como aquellas vinculadas a temas de la agenda social considerados prioritarios.

El punto clave para lograr el propósito de la “apertura”, al parecer, descansa en el desafío de volver a plantear el papel de la formación política81 como un eje del desarrollo de los partidos y de sus vínculos con las organizaciones y movimientos de la sociedad civil.

d. La democratización interna de los partidos.

La democracia interna, finalmente, aparece como la condición indispensable para que los partidos puedan soportar el peso de las dinámicas generadas por los desafíos señalados.

Para las fuerzas emergentes, el reto apunta a su fortalecimiento como partido; en el caso específico de ALN, se plantea la prioridad de consolidar las funciones de dirección y gerencia del partido, construyendo el liderazgo político del cual necesariamente carece una formación nueva.

Al parecer, el reto central de la democratización consiste -según una representante de ALN- en que los partidos “se han venido vaciando” de la “dinámica social” que se da más en el marco del parlamento y no en la vida de los partidos, lo que disminuye su alcance estratégico en la sociedad. Por ello, se insiste en la necesidad de “desarrollar la vida orgánica del partido” y sus vínculos con la sociedad civil.

2. LA CAMPAÑA ELECTORAL SEGÚN LOS PARTIDOS

2.1 La percepción contradictoria de las características generales de la campaña

En la valoración de la campaña electoral prevalece una percepción general que apunta a cierta continuidad del “ambiente” electoral, es decir, del contexto social y político en que se ha enmarcado el proceso electoral.

Además de los ritmos determinados por el calendario electoral, los “movimientos” que de una y otra forma han podido incidir en la marcha de la campaña se perciben desde los sucesos internos al partido o alianza82 y no como variaciones de las circunstancias externas.

Las etapas de la campaña han implicado diferentes momentos de movilización de las fuerzas políticas que se pueden resumir principalmente en dos: una dirigida más hacia dentro, abarcando elecciones y formación de comisiones; otra marcada por el trabajo territorial y las movilización visible de la fuerza política y numérica de las alianzas.

81 Hablamos de replantear el papel de la formación política conscientes de que aún no está claro –o por lo menos no hemos logrado esclarecerlo mediante las entrevistas- en qué debería consistir y cómo debería llevarse a cabo. El único indicador cierto apunta al carácter amplio de los procesos formativos, que se refieren no sólo a los contenidos, sino a la cobertura que debería incluir desde los lideres y militantes de base hasta los cuadros dirigente y los diputados. Otro aspecto de la amplitud, es que se concibe no exclusivamente para “profesionales” de la política, sino para un público más amplio que abarca representantes de la sociedad civil. Al parecer, está potencialmente incluida la idea de la formación como proceso de creación de un espacio público de debate y deliberación dentro y entre las fuerzas políticas y sociales.

82 Por ejemplo, las disputas internas al PLC o la muerte de H. Lewite en el caso de la Alianza MRS.



Es en esta segunda etapa que se perfila la estrategia de comunicación y proyección de los partidos, donde se destaca la influencia de la figura del candidato, es decir, la autoridad del liderazgo, y el recurso a la potencia mediática de la televisión.

Para las alianzas emergentes, las etapas de la campaña han sido diferentes: en efecto, la primera fase ha consistido en una toma de posición como fuerzas políticas que deciden participar, presentándose como alternativa política (incluso en contra de los mismos instrumentos electorales y superando el síndrome de la inhibición, según palabras de representantes del MRS). Una segunda etapa ha sido canalizada al fortalecimiento organizativo y, finalmente, la tercera ha sido precisamente la etapa de la campaña, que para las fuerzas emergentes ha implicado la tarea de construir estructuras para trabajar a lo largo del territorio nacional.

En el caso específico de la Alianza MRS las etapas se caracterizan también desde una óptica política donde la muerte de Henry Lewites separa en dos la línea de demarcación entre un “antes” y un “después”.

La campaña se valora de manera contradictoria, es decir, se connotan con signos diferentes algunas de sus características más significativas, en particular, las que se refieren a la percepción de los factores de continuidad y/o ruptura que se han evidenciado en el proceso electoral.

Evidentemente, hay que relativizar el sentido valorativo de las apreciaciones expresadas.

En efecto, algunas de las opiniones ampliamente compartidas no dejan de ser simples “constataciones”, aunque, en contextos más amplios puedan asumir una connotación de valor.

Por ejemplo, se comparte ampliamente la idea de que en la campaña “han prevalecido los elementos emocionales”. La valoración negativa del hecho no se origina a partir del mismo hecho o de su comparación con algún modelo ideal de racionalidad que debería predominar, sino de las consecuencias perjudiciales de su interrelación y retroalimentación con otros hechos.

Uno de ellos, es la “poca exigencia de debate público debido a que el capital político de los partidos es reducido”.

Sin embargo, la pobreza del debate promovido por los partidos se retroalimenta por las bajas expectativas de las bases ante los contenidos argumentativos de los discursos y decisiones de los partidos políticos.

Ambos elementos, a su vez, se combinan negativamente con otro aspecto, esto es, el peso que siguen teniendo las personas, como líderes o figuras destacadas, que a menudo se proyectan por encima de la misma estructura partidaria, como en el caso de la recién formada ALN.

Esos ejemplos de simbiosis negativas bastan para entender porqué a menudo las y los entrevistados insisten no sólo en el déficit de los partidos políticos ante los retos del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, sino también en la “la necesidad de “trasladar los retos a la sociedad: mientras no haya fortalecimiento de la ciudadanía, tampoco se tomará en cuenta la opinión pública”.

En seguida trataremos de resumir los principales tópicos de la campaña que han sido abordados durante las entrevistas y que proporcionan algunos criterios de valoración que permiten diferenciar entre los aspectos de continuidad y las señales de cambio con respecto a los comicios anteriores.



2.2 La valoración de la campaña electoral

El marco sociopolítico

1. La campaña se ha caracterizado por la “ausencia de agresividad social” y la disminución de la polarización, que se ha evidenciado en un clima pacífico y “despejado” de intolerancia y sucesos violentos.

Sobre este punto existe un consenso general, que comparten tanto los dirigentes como los miembros de las bases de los partidos.

2. La campaña ha motivado la participación ciudadana: antes y durante la campaña se ha observado un aumento de la participación ciudadana y de su rol de fiscalización y denuncia.

Este aspecto viene valorado muy positivamente, en particular por parte del MRS y ALN. La alianza MRS destaca como factor novedoso la activación de sectores que se han movilizado fuera de la lógica y los canales de los partidos: se han dado nuevos fenómenos emergentes que nacen alrededor del rechazo del pacto, e involucran movimientos sociales y también grupos no organizados de sectores medios e intelectuales, principalmente jóvenes. En este sentido, la emergencia de la juventud se considera el elemento más novedoso.

3. El tercer elemento positivo apunta precisamente al reconocimiento de la mayor participación de la juventud y esta es una apreciación completamente compartida por las y los mismos jóvenes.

Ello se interpreta como una manifestación de creciente incorporación a la vida política de sectores de la ciudadanía con cierto nivel educativo y con una nueva visión de la política no como un recurso instrumental sino como proyecto para volver a plantear el reto del modelo de convivencia social y política al que se aspira.

4. Es preciso diferenciar entre la apreciación positiva de la participación ciudadana en general (véase punto 2) y la valoración del papel de la sociedad civil organizada, que en algunos casos resulta contradictoria y en otros abiertamente negativa. De manera esquemática se pueden diferenciar tres enfoques:

a. Un reconocimiento muy general del papel de la sociedad civil en su función de control de poder político. En realidad, cuando se traduce concretamente el término sociedad civil en el contexto de los comicios, resulta que se hace referencia a organismos que han desempeñado un papel activo en el proceso de seguimiento y supervisión del proceso electoral, en particular IPADE.

b. Un actitud más prudente que señala las limitaciones y la leve incidencia en la campaña electoral por parte de los organismos que se auto identifican como sociedad civil. En este sentido, se señala el poco aporte al debate político.

c. Una visión abiertamente crítica que al señalar la diversidad de la composición y propósitos de la sociedad civil, diferencia entre organismos que, según afirma un representante del PLC, nacen a partir de la exigencia de “responder a funciones de intermediación necesarias para amortiguar los efectos de la transición y el desmantelamiento del



Estado sandinista” y otras organizaciones que se arrogan funciones de representación política y se caracterizan por una marcada finalidad dirigida en contra de los partidos y los liderazgos fuertes.

En este último caso, las críticas dirigidas a los partidos, concretamente al FSLN y al PLC no tienen necesariamente una finalidad constructiva, pues responden a intereses políticos prefijados que de antemano perjudican la posibilidad de dialogo y alianzas. Según algunos representantes del PLC, la movilización hostil de actores como los medios, algunos sectores de la empresa privada y el propio gobierno ha creado un contexto desfavorable para su proyección electoral.

5. En suma, si quisiéramos especificar el punto anterior señalando los actores que “en negativo” han intervenido en el proceso electoral, podemos resumir se la siguiente manera:

a. Tanto los movimientos sociales como los grupos organizados de la sociedad civil han tenido un peso poco relevante en la campaña electoral y se han caracterizado por su fragmentación y politización.83 Aún así, según un funcionario del FSLN, algunos de estos movimientos que se han caracterizado por su persistencia, concretamente el Movimiento por Nicaragua, han tenido un peso poco significativo en su intento de evitar la victoria del frente.

b. Los medios se han evidenciado como el actor más fuerte de la campaña electoral, pero su papel se considera en buena medida negativo, lo que ha perjudicado su función educativa e informativa. En esta valoración se destacan dos elementos:

i) La “partidización” de los medios, en el mejor de los casos su “inclinación muy directa hacia una u otra fuerza política”.

ii) El vínculo entre algunos medios y sectores de la oligarquía, lo cual “partidariza” el papel de los medios, independientemente de que respondan de manera directa a un partido.

Precisamente por la capacidad de la oligarquía de permanecer en espacios de poder sin necesitar de un partido propio, explica los ataques violentos a los partidos políticos que provienen no sólo por representantes económicos y sociales de la oligarquía, sino por medios de la comunicación escritas y televisada que, de hecho, actúan reemplazando el papel de un partido y reproducen la hegemonía cultural de la oligarquía. (CF).

c. Otros actores institucional cuyo protagonismo se considera como una influencia negativa en la dinámica de campaña es la Iglesia. Si bien se menciona específicamente la Iglesia católica -en la persona del Cardenal Obando- también se incluyen otras denominaciones.

d. Finalmente, siempre en el ámbito de los juicios negativos, destaca la “influencia extranjera”. Aunque en algunos casos se incluye tanto a EEUU como a Venezuela, ciertamente es al primero a quien se dirigen las críticas más severas de intervencionismo indebido.

6. Un aspecto que -con una connotación negativa- remite a un elemento de continuidad, es el fuerte peso que sigue teniendo la figura del líder, como el factor que motiva por “quien” votar a favor o en contra. En este sentido, se subraya, por ejemplo, el alcance del “factor Daniel” como eje del discurso antifrente; o, por ejemplo, las posibles consecuencias de la muerte de Herty Lewites en el caso de la alianza MRS.

83 Según una representante del MRS, “los movimientos sociales se alinearon con las distintas fuerzas políticas que participaron en el proceso electoral”.



7. En la misma línea de “continuidad” con la cultura política y estrechamente vinculado a la influencia del liderazgo personal, se subraya también el peso que aún desempeña el “voto tradicional”. Si esto se vincula con la “poca altura” del discurso de los partidos (según AC) y el peso predominante de los lideres mencionado en el punto anterior, se puede concluir que “no hubo confrontación político-ideológica, sino enfrentamiento entre personas”, tal como afirma una representante de Alianza Nicaragua Triunfa.

El marco de los partidos y alianzas

8. La lógica de las alianzas se valora de manera distinta; no obstante, prevalecen las apreciaciones positivas y en algunos casos neutrales, pero no negativas.

Según representantes del FSLN, la política de alianzas y el lema de un gobierno de Unidad Nacional no han sido recursos coyunturales en función de la campaña, sino el resultado de una estrategia que inicia en el 2001. Esta estrategia basada en el concepto y la práctica de la pluralidad, según los entrevistados, ha sido el factor que explica el éxito de las elecciones municipales.

Desde la perspectiva de representantes del MRS, por el contrario, en la estrategia del FSLN prevaleció la lógica electoral y la alianza con personas y no con fuerzas políticas. Con otras palabras las alianzas se consideran como un factor de “imagen” y no como cambio de estrategia política.

De todas formas, se confirma la idea de que tanto las alianzas han sido una expresión del clima social de mayor pluralismo y tolerancia que, además, han contribuido a generar el ambiente pacífico en el que se ha desarrollado la campaña.

9. El nuevo escenario “cuadripartido” generado por el surgimiento de dos nuevas fuerzas políticas es un factor que rompe con el bipartidismo y pluraliza el sistema de partidos.

Este hecho considerado trascendente84 permite, además, reformular consensos y pactos en condiciones de pluralidad. En esta línea de juicio positivo, algunos añaden que este nuevo escenario ha sido también propicio para crear condiciones saludables para romper con la polaridad sandinismo-antisandinismo.

10. Aunque se admite que la campaña se haya desarrollado en un clima pacífico en lo social, se sostiene que los partidos políticos han mantenido un ambiente de confrontación y polarización que se advirtió sobre todo en la fase final de la campaña.

La “permanencia de un ambiente de confrontación”, según palabras de un candidato del FSLN es reiterada por entrevistados de varios partidos y se vincula con los aspectos “sucios” de la competencia política.

La mayoría de las personas entrevistadas concuerda que –con excepción del FSLN- la “visión conflictiva de la política ha predominado en el discurso de todos los partidos políticos y en sus ofertas electorales”, según un joven militante del PLC.

84 “Por primera vez en Nicaragua se rompe con el bipartidismo”. Esta frase se repite casi textualmente por representantes de ALN, AC, PLC, Alianza Nicaragua Triunfa y MRS.



El clima de polarización, además, parece haber creado una “sensación de riesgo” que supuestamente no se notó en las campañas anteriores y que, según representantes del MRS, pudo haber afectado a las fuerzas menores.

11. Como consecuencia del punto anterior y del papel poco autónomo de algunos sectores de la sociedad civil, en la campaña prevaleció la lógica del “Votar en contra de...” es decir, predominó la estrategia orientada a la esfera pre-racional del temor y la ansiedad del “retorno del pasado”. En este sentido, las “alusiones al fraude”, según un candidato de AC, se enmarcan en tal lógica. Aunque se valora que esta estrategia no haya tenido los efectos esperados, los representantes del FSLN y del PLC recalcan la su influencia nociva amplificada por los medios de comunicación y la embajada norteamericana.

El marco institucional y legal

12. Mientras que el PLC y el FSLN reconocen la plena legitimidad del marco institucional y legal en el que se han desarrollado los comicios, las fuerzas emergentes de ALN y MRS señalan las deficiencias del Sistema Electoral, tanto en el aspecto político –en el sentido de ser expresión de lo que se define “pacto”, como en el aspecto técnico, por las desigualdades que supone en perjuicio de las fuerzas menores.

Siempre las fuerzas emergentes, insisten en la necesidad de reformar la ley electoral que es producto del pasado y favorece a los partidos más grandes. Asimismo, se subraya la necesidad de abordar el tema de la cedulación, separándolo del Consejo Electoral.

La valoración del contexto institucional no deja de ser contradictoria, puesto que a menudo se entremezcla con la valoración sobre la transparencia del proceso. En este caso, los juicios se cruzan entre quienes consideran que las anomalías (por ejemplo, en la cedulación) y algunas debilidades legales, se dieron en la fase previa de la campaña y, “no han perjudicado la transparencia del proceso electoral (candidata del PLC) y quienes afirman que “se dieron circunstancias anómalas –hechos de violación del reglamento de ética- que sí afectaron la transparencia del proceso” (candidata de ALN).

13. El poco control sobre los recursos, su origen y su uso es el último aspecto considerado en términos negativos y señalado por el MRS y AC.

El problema del financiamiento se menciona por parte de las alianzas menores no sólo por ser un factor de competencia desleal, sino por la influencia que pueden ejercer grupos e intereses organizados que refuerzan unos partidos en menoscabo de otros, lo que se agrava en ausencia de mecanismos adecuados y efectivos de control.

Factores que inciden en el rendimiento electoral

El aspecto que más resalta es el alcance de la capacidad organizativa del partido: para el PLC y el FSLN es considerado un pivote de su fuerza electoral, mientras que para las fuerzas emergentes se divisa como debilidad que puede perjudicar los resultados.

De tal forma, la capacidad organizativa y los recursos son, al parecer, los factores que más inciden en el rendimiento electoral, mientras que los programas y los contenidos de las propuestas electorales tienen un peso menor.



Asimismo, se considera que tuvo una gran influencia el factor de “inercia electoral” cuya fuente está en la lealtad al partido y a su liderazgo, lo que todavía parece ser el punto fuerte de la conducta electoral de amplios sectores de la población.

El factor “lealtad” no necesariamente es considerado en términos negativos: por ejemplo, un candidato del PLC recalca la importancia de la identificación socioeconómica: por ejemplo, el peso que el partido tiene en determinados sectores medios y bajos, lo que podríamos definir una suerte de identificación de “clases” y de discurso.

Sobre esta base, los criterios de agregación política y representación se montan en criterios previos de “identificación primaria”, es decir, criterios basados en tejidos relacionales que presumen compartir intereses y discursos comunes, incluyendo en la noción de discurso no sólo lo ideológico y programáticos, sino también el sustrato cultural..

Algunos dirigentes del Frente subrayan también el “origen” del partido como factor importante no necesariamente del rendimiento electoral, pero si del mantenimiento del “voto duro”85. El origen, desde luego, remite a la identidad con el discurso ideológico y programático y, más allá de ello, con vínculos vivenciales fuertes.

En términos programáticos e ideológicos las fuerzas emergentes coinciden en dos aspectos que se consideran ejes de fuerza: a) un elemento de continuidad que se refiere a la identidad ideal con las dos grandes corrientes predominantes (el liberalismo y el sandinismo); b) un elemento de ruptura, que apunta al cambio y descansa en eje antipactista.

2.3 Retos y lecciones de la campaña

Después de haber presentado los argumentos y las valoraciones alrededor de la campaña electoral, podemos ahora deducir algunos de los desafíos más significativos que rebasan desde luego el ámbito de la vida partidaria y nos implican directamente como ciudadanos y ciudadanas.

Fortalecer la representatividad política

La necesidad de renovación de los partidos pasa por su fortalecimiento democrático lo que exige enfrentar simultáneamente el doble reto de a) consolidar la institucionalización y democratización interna y b) ampliar y profundizar su papel de representación política. Reto nada fácil, considerando que si el primer punto depende en buena medida, aunque no por completo, de la voluntad de los partidos, el segundo remite a un conjunto de variables y cambios que escapan del control de las fuerzas políticas.

Obviando las reflexiones inherentes a las transformaciones que se han venido dando en las últimas décadas y que cuestionan el papel de la representación política, nos centraremos en tres aspectos medulares señalados por las personas entrevistadas.

85 “Con respecto a los demás partidos, la ventaja del frente ha sido su identidad, basada en su origen y programa”. Funcionario del FSLN.



El primero apunta a la “necesidad de que los “indecisos” dejen de ser objeto de mercadeo político en función del voto útil y asuman un papel y una identidad político-ideológica” según palabras de una entrevistada de la Alianza Nicaragua Triunfa, aunque la idea se reitera en los discursos de otras candidatos.

La importancia de este punto se destaca en la doble vía del fortalecimiento de la representación de los partidos y, a la vez, del desarrollo la ciudadanía política, es decir, lograr que el voto sea una expresión del cierta autonomía de la persona que sabe, de manera informada, decidir por fuerza política que mejor responde a sus intereses y proyectos.

Si el punto anterior se refiere a los “individuos”, el segundo aspecto remite los grupos organizados. En este sentido, sería propicio que “las fuerzas sociales que representan grupos de intereses constituidos y organizados, encontraran su propia forma de expresión política en uno u otro partido”, según expresa un dirigente del PLC.

De tal forma, estarían defendiendo sus propios intereses y proyectos y, a la vez, estarían consolidando la institucionalidad del sistema representativo. Como subraya un militante del FSLN, el fortalecimiento de las instituciones democráticas no pasa por la politización de las fuerzas gremiales y mediáticas (“representando” intereses políticos de fuerzas sociales), sino por el fortalecimiento de un sistema de partidos cuya legitimidad descansa en el reconocimiento que sus propias bases y la sociedad en general les brindan por su capacidad real de intermediación y agregación de intereses y no en el discurso en contra de otras fuerzas políticas sino.

El tercer aspecto ha tenido menor relieve, pero consideramos oportuno señalarlo.

Se vincula al problema de la identidad político-ideológica, que se conecta a la representatividad, aunque muy pocos entrevistados lo han señalado.

Concretamente, es reconocido por representantes de la Alianza MRS, que mencionan la debilidad de la izquierda y la exigencia de un replanteamiento político y ético de su discurso y su papel en la sociedad.

Asimismo, representantes de AC notan la debilidad del discurso de la derecha, incluyendo el recurso propagandístico de “identificar sus intereses con la democracia”.

Concluyendo, se apela a fortaleza de la sociedad organizada y a los sectores más conscientes de los partidos políticos para enfrentar la diversificación y fragmentación de intereses.

Ampliar la concepción y la práctica de la participación democrática.

Aún suponiendo un avance sustancial en el sistema de partidos, es preciso reconocer que los grandes desafíos de la construcción de la democracia en Nicaragua, obligan a pensar en la necesidad de impulsar formas más directa de participación social que no suponen una sustitución de los partidos, sino más bien el fortalecimiento de una ciudadanía activa que desde su capacidad para exigir “accountability”, contribuya a la consolidación democrática del entramado institucional del Estado.

Ambas cosas, la presencia de una “intensidad ciudadana” capaz de intervenir en la construcción de la agenda nacional y de un Estado legítimo y eficiente, representan dos condiciones básicas para que las premisas procedimentales de un régimen democrático electoral se conviertan en premisas sustantivas para el funcionamiento de la democracia como forma de organización social.



O, si queremos decirla en la terminología del Informe del PNUD sobre la democracia en América Latina, para transitar de una democracia electoral a una democracia ciudadana basada en la densidad cívica de la sociedad civil.

El reto de la sociedad civil: construir ciudadanía activa.

Un desafío de gran trascendencia, por lo tanto, apunta al fortalecimiento del papel de la sociedad civil, fomentando su capacidad para: a) contribuir a los planes de desarrollo en los diferentes ámbitos; b) intervenir en la construcción de valores de solidaridad y responsabilidad; c) promover la participación y el debate para crear una agenda nacional de amplio consenso.

En este sentido, una candidata del MRS, señala que la experiencia de las “alianzas” debería ser una enseñanza a extenderse tanto en el ámbito del parlamento, entre fuerzas afines, como en la misma esfera de la nación, buscando acuerdos de gobernabilidad con las fuerzas sociales.

Ahora bien, la sociedad civil –según una candidata del FSLN- hay que entenderla “no únicamente como los actores y organizaciones visibles, sino como conjunto de la ciudadanía y sus prácticas de participación...”

En este sentido, una sociedad civil fuerte supone “construir una ciudadanía crítica”, cuya importancia se subraya en diferentes sentidos, entre los cuales destacan dos:

a) Uno se refiere a la incidencia que la ciudadanía activa puede tener en los procesos de democratización de los propios partidos, contribuyendo al cambio de los estilos basados en el autoritarismo y el patrimonialismo.

b) El segundo remite a la influencia que el ejercicio activo de la ciudadanía tiene en las transformaciones de actitudes consideradas perjudiciales para el desarrollo de una cultura democrática. Precisamente, se pone en primer plano el tema de la responsabilidad, en particular de la responsabilidad política que si bien depende de los actores políticos, sin embargo descansa en la fuerza y la capacidad ciudadana para exigirlo.

El cambio de la Cultura política y la superación del eje de polarización “Sandinismo-Antisandinismo”.

El problema de la responsabilidad política, es uno de los principales ejes en una cultura política donde “casi nadie responde pero también pocos demandan”; en efecto, la calidad de la política en Nicaragua no cambia “si los ciudadanos no exigen un cambio”.

Asimismo, sin una ciudadanía informada y capaz de ejercer sus derechos ciudadanos, difícilmente se puede salir de aquellos “elementos emocionales y mágicos” (según una candidata del MRS) que representan la base de un imaginario colectivo que retroalimenta las pautas culturales reaccionarias de los partidos políticos.

Podríamos seguir en esta línea de señalar los aspectos considerados “negativos” de la cultura política, pero sería poco provechoso y superficial. Lo importante de esas argumentaciones apunta más bien a los caminos para producir cambios, especialmente en dos direcciones:



a) La necesidad de “ampliar los espacios públicos de debate y participación ciudadana”, elevando el debate alrededor de la “cosa pública”.

b) La necesidad de superar la lógica hasta hoy predominante, basada en la polarización sandinismo- antisandinismo.

En este último aspecto, se resalta la gran oportunidad que pueden significar los comicios recién pasados.

El reto no es solamente “aprender a convivir fuera de la confrontación” y promover mayores niveles de tolerancia: la lección más importante de este proceso electoral es que finalmente se viene superando la lógica de suma cero y la lógica de “borrones y cuentas nuevas” que ha prevalecido hasta la fecha.

La importancia de “superar capítulos ya agotados”, según palabras de un candidato del PLC, es decir, de superar la polarización, representa la base para promover una nueva cultura política que permita “buscar consensos alrededor de los problemas sociales” y reconocer los verdaderos conflictos sociales (y sus soluciones institucionales) al margen del enfrentamiento apriorístico “frente-antifrente”.

En este sentido, el mayor aporte a la democracia a partir de estas elecciones, sería acabar con esta separación.

Ahora bien, la construcción de una cultura política democrática no es un proceso espontáneo pero tampoco impuesto: implica es gran desafío de la formación política y la educación ciudadana.

El papel de la formación política

Este desafío que ha sido señalado reiteradamente por las y los representantes de las diferentes fuerzas políticas, va en dos direcciones.

Una apunta al problema de cómo abordar hoy la formación político- ideológica de los cuadros del partido. Si los partidos quieren volver a desempeñar un papel transformador en su función de puente entre sociedad civil y Estado, “es preciso que retomen el cometido de la formación política”.

La formación política puede contribuir también para replantear el problema de la “identidad” de las fuerzas de derecha y de izquierda, tal como se mencionaba a propósito del fortalecimiento de la representatividad política.

Otra se orienta a la formación ciudadana y recalca la necesidad de priorizar la juventud y vincularse a la “educación en un sentido integral”, intentando responder a un reto fundamental: cómo promover una nueva generación política.

Fortalecer el Estado Social de derecho

El fortalecimiento del Estado tiene un doble alcance.

En primer lugar, el Estado debe responder a la promesa incumplida del desarrollo social, tarea de enorme magnitud si consideramos la ausencia de estrategias efectivas, debido no sólo a la incapacidad de las clases dirigentes sino también a las serias limitaciones que la reconversión del patrón de desarrollo significa para Nicaragua.



En este sentido, el nuevo escenario de pluralismo y de alianzas puede ser un “buen comienzo” para unificar consensos de largo plazo alrededor de los contenidos de la política gubernamental orientados al desarrollo social, “asumiendo como un reto nacional la lucha en contra de la pobreza”.

Por lo tanto, sobre la base de los compromisos adquiridos en aras de luchar en contra de las desigualdades sociales y la pobreza, se subraya el reto de garantizar el carácter estratégico de las políticas públicas y superar así la debilidad y el inmediatismo que repercuten negativamente en el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua.

En segundo lugar, el Estado debe afianzar el carácter democrático de su arquitectura institucional: profundizar en los procesos de institucionalización, garantizar la independencia de los poderes del Estado y profundizar en su modernización, en particular en el poder judicial.

Debatir el marco institucional y jurídico del régimen electoral

Este último aspecto ha sido planteado por las alianzas emergentes liberal y de renovación sandinista, presentando dos desafíos: a) revisar su diseño, que está concebido de tal forma que fortalece los partidos más grandes; b) reforzar la confiabilidad del CSE, garantizando su despartidización.

En este contexto, se contempló también la necesidad de revisar la problemática del financiamiento y contemplar la posibilidad de poner límites a las contribuciones.



En este breve capitulo resumiremos las opiniones de analistas políticos que han seguido de cerca el proceso electoral.

Debilidades y desafíos de los partidos

El diagnóstico sobre el estado de los partidos parte de la premisa que algunas de las profundas contradicciones y debilidades que se han evidenciado en la campaña tienen profunda raíces en la historia y la cultura política de Nicaragua.

En la actualidad, la debilidad de los partidos se acentúa por las consecuencias negativas de una dinámica recesiva y defensiva, resultado de políticas neoliberales que tienden a agigantar el distanciamiento entre política y sociedad, cuestionando el mismo papel de la representación política y del Estado.

Como consecuencia, se profundiza la difi cultad de los partidos para convertirse en fuerzas políticas que representen intereses sociales y propuestas de sociedad; difi cultad que se acrecienta por la misma debilidad de la sociedad civil como conjunto de fuerzas propositivas de políticas públicas y de cambio social. La debilidad de la sociedad civil, en este caso, es una expresión de la “baja densidad ciudadana”.

LOS PARTIDOS Y LA CAMPAÑA: LA MIRADA DESDE FUERA IV

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En este contexto de poca movilidad social y política, que al parecer tiende a cambiar y dinamizarse, el sistema de partidos se ha caracterizado por la persistencia de “distorsiones morfológicas” que se pueden así resumir:

La presencia de dos partidos fuertes con una preponderante tradición premoderna. En este sentido, en Nicaragua ha existido hasta ahora un “bipartidismo de hecho”

La tendencia a un “hipercontrol por parte del caudillo”; es decir, la presencia de un liderazgo autoritario respaldado por la propia cultura política del partido.

Un sentimiento de inseguridad ciudadana con respecto a los principios y al funcionamiento del régimen democrático, lo que se traduce en la búsqueda de liderazgos fuertes y en el preeminencia de lo que O´ Donnel define “democracia delegativa”, que reproduce el circulo vicioso del liderazgo autoritario.

Ausencia o poca capacidad de renovación hacia dentro y las repercusiones negativa que esto implica hacia fuera, por ejemplo, la reproducción de modelos de patrimonialismo y la opacidad de lo público.

La inconsistencia de nuevas formaciones, en términos de propuestas y programas, lo cual entraña la tendencia a su posible disolución.

La tendencia de un caudillismo embrionario hasta en las fuerzas emergentes, debido a que la estructura viene sustituida por la figura del líder.

En tales circunstancias, la profundización de los procesos de democratización se vincula al fortalecimiento de la sociedad política y a la necesidad de hacer frente a la fragmentación y heterogeneidad de los intereses sociales.

El tema de la democratización y la institucionalización de los partidos no se puede abordar al margen de la cultura cívica que representa la base social y normativa que legitima la vigencia del familismo, del liderazgo carismático y de la personalización de la cosa pública. En este sentido se afirma que “los ritmos de la democratización son sociales”.

El este contexto, el papel de las nuevas fuerzas es contradictorio: por un lado se pueden interpretar como un factor de fragmentación, pero por otro representan la “salida” para un voto independiente que no se identifica con las opciones del PLC y del FSLN.

Valoraciones de la campaña electoral

En términos generales el proceso electoral del 2006 se valora positivamente.

Se subraya tanto la participación ciudadana y el bajo nivel de abstencionismo registrado (con respecto a otros países de América Latina) como su legitimidad institucional: por ejemplo, el sistema electoral –a pesar de su cuestionamiento- ha gozado del reconocimiento de la sociedad y de los mismos organismos internacionales.

La división de la derecha remite a una lectura ambivalente: puede considerarse en negativo si se valora únicamente como un producto de una política autoritaria y excluyente del PLC; pero también puede leerse en positivo si se interpreta como la emergencia de una fuerza política nueva que puede asumir



un papel significativo en la representación política de sectores sociales que hasta hoy han dado su voto al PLC por su papel de “contención” del sandinismo y no por sentirse representados en términos de intereses.

El elemento valioso y novedoso del proceso electoral puede consistir en inaugurar una nueva etapa de voto “no-polarizado”, rompiendo finalmente una tradición basada en el “voto en contra”.

El otro elemento novedoso y positivo es que la presencia de cuatro fuerzas políticas puede crear nuevos escenarios en la dinámica de la Asamblea.

Sin embargo, por las debilidades arriba mencionadas, se destacan elementos negativos que se consideran responsabilidad de los partidos políticos.

En particular, se señala la carencia de debate y de propuestas y programas consistentes, lo que se puede resumir en tres aspectos:

la debilidad estratégica de los programas, por no estar cimentados en un proyecto integral de nación.

Su falta de sustento en lo que se refiere al cómo y a la forma de llevar a cabo los contenidos programáticos propuestos.

Su tendencia a ofertar políticas sin contenidos reales, lo que en lugar de fortalecer la democracia más bien fortalece el personalismo y el caudillismo.

Esto último, remite a otra valoración negativa, relativa al predominio de la figura del líder que ha predominado sobre las mismas exigencias de la calidad del debate electoral.

Este elemento de debilidad de la campaña no ha sido equilibrado por la intervención propositiva y enriquecedora de la sociedad civil y los medios de comunicación que en muchos casos han desempeñado un papel poco crítico y muy propagandístico..

Estas circunstancias en su conjunto, es decir considerando tanto la conducta de los partidos que de la sociedad civil, no ha creado condiciones favorables para superar la tendencia tradicional de los comicios donde prevalecen los factores de tipo emocional.

Otro elemento de continuidad (que en si mismo no es negativo) se evidencia en la estrategia que apunta a conservar el “voto duro” como base de predicción de posibles avances. Sin embargo, el uso del “voto duro” tiene implicaciones más profundas y de carácter contradictorio. En efecto, el llamado “voto duro” es el que se vincula directamente con las “fracturas” que marcaron el surgimiento histórico de un partido y remiten no sólo a la peculiaridad de determinados conflictos socio-políticos, sino a la misma forma de interpretarlos y superarlos.

Mantener un voto duro cuando la naturaleza originaria de tales “fracturas” ha cambiado obliga necesariamente a una “actualización” de las mismas a la luz de un nuevo discurso público de carácter más universalizante que apela a los valores comunes de la democracia. Lo que se trata de decir, es que si los partidos políticos no tienen la capacidad de responder a los desafíos de una nueva cultura política sin por ello desvirtuar su legado e ideario originarios, tendrán que enfrentarse a contracciones inevitables que, en el mejor de los casos les dificultarán la posibilidad de ensanchar sus bases.



En las conclusiones trataremos de abordar el análisis de lo que quizás representa la principal apuesta de la “capacidad de reinventare” de los partidos políticos.

Retos y lecciones de la campaña

El proceso electoral ha creado condiciones para superar la polarización política y crear un nuevo contexto de pluralismo político real.

También se reconoce que un “problema de fondo de la democracia” que es preciso superar se refiere a la “no aceptación del FSLN en el juego democrático”. En este sentido, se estarían creando nuevas condiciones históricas para que los conflictos y las fracturas sociopolíticas dejes de giran alrededor del eje “sandinismo-anti sandinismo” y se reordenen buscando otras coordenadas pertinentes a la nueva realidad del país.

Si se logra superar la polarización se puede presentar una oportunidad para “normalizar” el sistema político nicaragüense.

A la vez, un clima de estabilidad y gobernabilidad democrática, puede ser una oportunidad para “gobernar las coordinadas del ciclo económico con las coordenadas del ciclo político”, en un nuevo contexto que, aparentemente, apunta hacia la posibilidad de un cambio.

En efecto, nuevas oportunidades se vislumbran en el nuevo escenario histórico que se está presentando en el Continente americano y que pueden significar una ocasión favorable para enfrentar los desafíos de la consolidación de la democracia, en particular, el desafío de conciliar la urgencia de las políticas sociales con las condicionalidades de los Organismos Multilaterales.

El reto, por lo tanto, es lograr que las potencialidades que se divisan en el proceso electoral prevalezcan y logren imponerse sobre los elementos de continuidad que se han caracterizado por la oscilación de las políticas de partidos en dependencia de la coyuntura y de la necesidad de crear alianzas parlamentarias.

Un reto de corto y mediano plazo consiste en transformar las Alianzas emergentes en partidos políticos y fortalecer los partidos políticos ya afianzados, señalando que el descrédito de los partidos no puede ser sustituido por la sociedad civil.

La consolidación de los partidos debe acompañarse por el desarrollo de la sociedad civil y de la ciudadanía en su rol de exigir “receptividad” y “responsabilidad” a las fuerzas políticas y, asimismo, en su papel de crear “espacios públicos” de identidad, debate y propuestas.

En el mediano y largo plazo es preciso recuperar la unidad de legalidad y legitimidad, como un aspecto clave de la gobernabilidad democrática y del cambio de cultura política. Para ello se necesita un cambio de liderazgo que esté “convencido” del carácter no instrumental de la legalidad. Dar un contenido sustantivo al respeto de la ley (respetando las reglas de juego) va a la par con la toma de conciencia de la importancia de la institucionalidad como marco imprescindible de convivencia civil.



¿Cómo se vienen transformado los partidos políticos en Nicaragua, qué sistema de partidos tiende a prevalecer, cómo cambian sus relaciones con el sistema político y con la sociedad civil? El encuentro cotidiano con la política doméstica –no siempre grato- y el juicio crítico sobre los partidos, no puede obviar la urgencia de emprender una investigación seria e imparcial sobre las características y tendencias de nuestro sistema representativo.

Esperamos que las preguntas que este trabajo deja abiertas sirvan de estímulo para responder al desafío de profundizar en el estudio de esta realidad sumamente compleja que son los partidos políticos.

A continuación, trataremos de resumir los principales temas que además de recoger algunos de los planteamientos más significativos implícitos en los discursos de las y los entrevistados se pueden traducir en importantes eje de debate y de investigación.

1. El circulo virtuoso de la democratización interna, de la institucionalización del sistema de partido y de la gobernabilidad democrática.

Si consideramos las tres principales características de los sistemas de partidos que repercuten en la gobernabilidad democrática86, esto es, el nivel de institucionalización, el grado de fragmentación y el grado de polarización, el sistema de partidos en Nicaragua se caracteriza por un nivel intermedio de institucionalización87 y un nivel de polarización entre alto y moderado; sin embargo, tanto la institucionalización medio-alta como el bajo índice de fragmentación pueden ser factores que neutralizan los riesgos implícitos un sistema polarizado.88

El ambiente cívico y pacífico de los comicios del 2006, además, parece confirmar que la polarización, si bien se mantiene como criterio electoral que orienta el “voto útil” anti sandinista y se sigue percibiendo entre la población como una expresión visible del conflicto entre élites, sin embargo ha perdido su peso como factor de movilización y conflicto social. Inclusive, para muchas de las personas entrevistadas, sobre todo jóvenes, la polarización sandinismo/antisandinismo se valora como algo perjudicial que desalienta la participación ciudadana y reproduce patrones no democráticos de cultura política.

A MODO DE CONCLUSIÓN: RETOS PARA EL DEBATE Y LA FUTURAS

INVESTIGACIONES

86 J. Mark Payne et Al. La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina. Publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Washington, D.C., 2006. Pág. 165

87 Los índices de institucionalización, medidos en un rango de 1 (bajo) a tres (alto) muestran una variación apreciable entre el informe “Un desafío para la democracia, los partidos políticos en Centroamérica, Panamá y Republica Dominicana” donde el índice de Nicaragua es de 2,50, y el informe “La política importa” donde el índice desciende a 2,06.

88 Diego Achard et Al.: Un desafío a la democracia. Los partidos políticos en Centroamérica, Panamá y Republica Dominicana. Publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). San José, Costa Rica, 2004. Pág. 43.

V



De tal forma, obviando los posibles efectos de la fragmentación89 y atenuando el peso de la polarización, nos atreveríamos en afirmar que la dimensión de la institucionalización es la que presenta mayores debilidades y riesgos para la gobernabilidad democrática.

La institucionalización del sistema de partidos se mide por cuatro variables: a) la estabilidad de la competencia entre partidos; b) la existencia de partidos que tengan raíces más o menos estables en la sociedad; c) la aceptación de partidos y elecciones como instituciones legítimas que determinan quien gobierna, y d) la existencia de organizaciones partidarias con reglas y estructuras razonablemente estables.

Por lo que se refiere a la estabilidad en las pautas de competición entre partidos, las entrevistas revelan indudablemente una interiorización del proceso competitivo como el mecanismo que representa el eje del régimen político90.

Asimismo, se reconoce el arraigo que los partidos políticos tienen en la sociedad, esto es, se manifiesta una notable madurez en términos de tolerancia y respeto ante posiciones y elecciones políticas diversas aceptando la legitimidad que los partidos pueden tener ante sus afiliados pero cuestionando su legitimidad ante la sociedad en general, cuestionamiento que se relaciona básicamente con dos aspectos: la valoración de la gestión gubernamental que los partidos han realizado en hecho en el pasado y la imagen de estructuras manipuladas por liderazgos autoritarios que los partidos transmiten.

Este último aspecto remite directamente a la valoración de otro indicador de la institucionalización: la organización.

La variable organizacional se mide de acuerdo con la fortaleza y cobertura territorial de las estructuras partidarias. En las entrevistas, sin embargo, esta dimensión se vincula también con los niveles democracia de la vida organizativa. Aquí es donde más se manifiesta la divergencia entre las opiniones de afiliados o simpatizante de ALN, del MRS y de quienes se consideran de la sociedad civil y los afiliados del FSLN y el PLC.

De todas formas, es preciso destacar que también de parte del FSLN y del PLC se reconocen críticamente las debilidades internas, pero se interpretan no tanto en términos de ausencia o deficiencia de institucionalidad, sino como necesidad de fortalecer los procesos de democracia interna.

Efectivamente, como se pudo observar a lo largo del informe, prevalecen las opiniones que vinculan estrechamente los procesos de institucionalización de los partidos políticos con el desarrollo de la democracia interna: mecanismos de consulta, de elección, de debate etc.

89 Estamos conscientes de que los comicios del 2006 inauguran un nuevo escenario que todavía es poco previsible y habría que observar tanto la evolu-ción de los procesos internos al PLC y ALN, como la nueva dinámica de formación de coaliciones de gobierno, problema particularmente complejo en un régimen presidencias multipartidista.

90 La percepción de las personas entrevistadas identifica un aspecto importante para la consolidación de la democracia, es decir, la “expectativa” que las elecciones son y seguirán siendo el canal que regula la elección de las autoridades políticas; en el marco de la ciencia política, la estabilidad del es-quema de competencia se refiere a la capacidad de los partidos para mantener determinados niveles de apoyo electoral (entre una elección y otra) y se mide con el índice de volatilidad, es decir, el trasvase de votos de un partido a los otros en las distintas elecciones). En Nicaragua, el nivel de volatilidad hasta las elecciones del 2001 se considera bajo (Ver: Un desafío a la democracia, Pág. 32)



Finalmente, los resultados del informe parecen respaldar los análisis cuantitativos realizados por diferentes organismos: de las cuatro variables mencionadas la que registra el índice más bajo se refiere a la legitimidad91, esto es, atañe la dimensión que incide negativamente en la representatividad de los partidos políticos y en su capacidad para canalizar y articular las demandas políticas de la sociedad civil.

El desgaste de la legitimidad del sistema de partidos es particularmente nocivo en un régimen presidencial, donde la gobernabilidad democrática está directamente vinculada con el amplio respaldo que el ejecutivo debería recibir tanto por la población como del parlamento.

La débil legitimidad del sistema de partidos, nos remite por lo tanto al problema de la democratización de los partidos, y es precisamente en este sentido que apunta la lógica de la mayoría de las personas entrevistadas cuando vinculan directamente el tema de la institucionalización con el de la democratización.

El problema de la democratización es particularmente complejo y remite a la doble naturaleza de los partidos como instituciones que son a la vez de carácter privado y público; en este sentido, “si la organización interna de los partidos (…) podría pertenecer a la esfera privada, la designación de candidatos para cargos políticos pertenece por naturaleza al ámbito público y es allí donde es mayor la exigencia de transparencia y participación”92.

En las últimas dos décadas se ha avanzado bastante en este último aspecto y los partidos políticos en América Latina se encuentran más supeditados al derecho público, aunque las formas de regulación difieran según los distintos países. En el caso de Nicaragua, la Constitución y la ley electoral no determinan la manera en que los partidos deben seleccionar a sus autoridades93.

En las entrevistas se destacan ambas “caras” de los partidos: por un lado, quienes subrayan el carácter “privado” de las organizaciones partidarias, señalan tanto el compromiso que los partidos deben tener con sus bases electorales como la necesidad de ampliar su “representatividad social” en términos de identificación con los intereses de las mayorías; por otro, aquellos que subrayan la función de gobierno que los partidos deben cumplir insisten en la dimensión pública de los mismos y en la necesidad de garantizar mayores regulaciones por parte del Estado.

De tal forma, entre las opiniones analizadas, se pueden identificar perspectivas diferentes entre quienes subrayan la función social de los partidos, especialmente su papel de representación de intereses, y quienes destacan su función institucional en la conformación de los órganos del Estado y, por lo tanto, enfatizan esencialmente en dos aspectos: a) en la necesidad de contar con procedimientos democráticos internos que garanticen el proceso de reclutamiento de los gobernantes y b) en la necesidad de fortalecer la institucionalidad de los poderes públicos.

91 El Informe “Un desafío para la democracia, los partidos políticos en Centroamérica, Panamá y Republica Dominicana” mide esta variable a través de los índices de confianza en los partidos y de legitimidad del proceso electoral; sumando ambos índices el promedio de Nicaragua es de 1,96. El informe “La política importa” mide esta variable a través de tres indicadores: a) el grado de confianza en los partidos políticos (donde el porcentaje de la población que confía en los partidos políticos en el periodo 1996-2004 es del 18,2%); b) la percepción sobre la integridad del proceso electoral (donde la media de la población que en período 1996-2000 percibe las elecciones como limpias es el 56,77%); c) la percepción sobre la importancia de los partidos políticos para el progreso del país (donde el porcentaje registrado en 2003 de la población que considera a los partidos políticos indispensables para el progreso del país es del 39,1%).

92 La Política Importa, pág. 197-19893 En el caso de Costa Rica, Uruguay y Venezuela el proceso de selección de candidatos se encuentra regulado por la Constitución, mientras que en Argen-

tina, Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay está regulado por la legislación. Ver La Política Importa, Pág. 201



En fin, lo anterior apunta a la vinculación entre sistema de partidos, Estado de Derecho e “intensidad ciudadana”, evidenciando así que el fortalecimiento del Estado democrático entraña la consolidación del papel de los partidos como vehículos de representación política y, a la vez, como instrumentos de desarrollo de los derechos ciudadanos.

2. El círculo virtuoso del sistema representativo, es decir, el fortalecimiento del sistema de partido, del Estado de Derecho y de la capacidad ciudadana para construir agenda pública.

Concordamos con Edelberto Torres-Rivas que la crisis de la democracia en América Latina es esencialmente crisis del Estado democrático94.

En América Central, la democracia política convive con un Estado de Derecho limitado y con serios problemas económicos y sociales que dificultan drásticamente la expansión de la ciudadanía en sus dimensiones civiles, sociales, económicas y culturales.

A diferencia de las experiencias de crisis que han sufrido países como Perú, Colombia, y Guatemala, donde el desorden fue tan violento que sacudió los cimientos del Estado de Derecho, Nicaragua se ha caracterizado por una crisis que ha afectado la gobernabilidad, cuyas consecuencias no han amenazado directamente al Estado pero lo han debilitado.

Un Estado democrático, para ser durable, necesita legitimarse ante la población y una de las vías de legitimación es la acción de los actores centrales del sistema político que son los partidos. Los partidos, además de legitimarse con la legitimidad del sistema, deben producir legitimidad del sistema y de ellos mismos ante la sociedad.

Para ello, los partidos políticos deberían priorizar dos temas centrales de su agenda, tal como afirma L. H. Guzmán: el tema de la desigualdad y el tema del fortalecimiento de las instituciones,95comenzando, desde luego, por el fortalecimiento institucional de los partidos mismos.

Las deficiencias de la institucionalización del sistema de partidos y las debilidades del Estado de derecho producen un círculo vicioso que además de afectar la legitimidad del sistema representativo96 repercute negativamente en la cultura y conducta electoral.

Los modelos más conocidos de explicación del comportamiento electoral coinciden, desde diferentes perspectivas, en conceder un papel central al factor programático e ideológico, como eje que explica el vínculo racional del votante con el partido y la estabilidad del mismo, razón por la cual el “voto ideológico” se ha considerado como un factor importante para la institucionalización de los partidos.

Sin embargo, el análisis basado únicamente en el factor programático e ideológico es evidentemente insuficiente: sin descartar la importancia de este factor que por lo general se mide según el esquema clásico derecha-izquierda, también es preciso considerar procesos muy vinculados al contexto social y, desde luego, a la cultura política.

94 Torres-Rivas, E.: La crisis de la democracia en Latinoamérica. Revista Dialogo, N. 43, septiembre 2005. Guatemala.95 L. H. Guzmán: La representación política en Nicaragua. Fundación Nueva Generación, Managua, 2004. Pág. 63.96 En efecto, los partidos políticos hacen posible la resolución de tres problemas básicos para todo régimen democrático: la

constitución del gobierno, las relaciones entre ciudadanía y Estado y la canalización de las demandas sociales y formas de resolución de los conflictos.



Por ejemplo, en un contexto donde tradicionalmente los partidos políticos han desempeñado una función de “Estado”, perpetuándose como gobiernos por varias generaciones, como durante la dictadura somocista, es probable que se afiance una cultura donde la gente tienda a valorar más el desempeño del gobierno que de los partidos. La otra cara de la moneda es que la debilidad de los gobiernos, y en términos más amplios de los regimenes democráticos, se convierte en factor de descrédito de los partidos, en particular de los partidos dominantes.

Asimismo, cuando no existen mecanismos democráticos para garantizar “bienes públicos”, no debe extrañar que las y los votantes confíen más en los mecanismos clientelares con los partidos para garantizar sus intereses privados.

Evidentemente, la crisis de representatividad, donde se mezclan las herencias del pasado con las debilidades presentes de la transición democrática,97”no se resuelve con puras reformas legales, sino que supone que la sociedad misma reconozca sus propios problemas y encuentra sus soluciones”98; esto es, supone una ciudadanía capaz de construir su propia agenda.

Ahora bien, sin menoscabar la importancia de las diferentes formas de participación política desde la sociedad civil y a pesar de las deficiencias constitutivas señaladas99 no se puede negar la importancia que los partidos políticos han desempeñado en el desarrollo del sistema democrático. Si los procesos de democratización social implican la inclusión de más sectores marginados –sus demandas y formas de ver el mundo-, entonces los partidos han sido vehículos imprescindibles de movilización e integración social.

El FSLN, en este sentido, ha sido un partido que indudablemente ha desempeñado un papel clave en el proceso de inclusión de los sectores populares en la palestra política; asimismo, el PLC ha logrado aglutinar amplios sectores sociales de signo contrario al sandinismo.

Los partidos siguen siendo hoy una fuente importante de identidad, sin embargo, a luz del proceso electoral del 2006, deberíamos preguntarnos si se vislumbran algunas tendencias que apuntan a posibles cambios en la conducta electoral.

El voto no es simplemente un mecanismo procedimental para elegir al nuevo gobierno, sino que expresa la reafirmación del individuo en cuanto ciudadano, su propia visión del mundo y pertenencia a una determinada colectividad.

Desde el punto de vista político, los factores que condicionan el voto son la competitividad y el carácter de la oferta electoral, la orientación político-ideológica de los ciudadanos, el rol de los partidos políticos y los medios de comunicación como agentes de la movilización electoral, la eficacia política.

¿Cuales son los factores que prevalecen en las valoraciones de las personas entrevistadas?

97 Edelberto Torres- Rivas usa el término de “implantación” democrática para referirse al papel de la dimensión externa en los procesos de transición en América Central. Ver: Los caminos hacia la democracia política en América Central. En “Un desafío a la democracia. Los partidos políticos en Centroaméri-ca, Panamá y Republica Dominicana”. Pág. 152.

98 L. H. Guzmán: La representación política en Nicaragua, Pág. 89. Como justamente afirma el autor, la crisis de representación no afecta únicamente a los partidos políticos, sino al conjunto de la sociedad civil.

99 L. H. Guzmán define el sistema político de Nicaragua como “sistema en formación”, donde el único partido que ha participado en todas las elecciones desde 1984 es el FSLN. Ver: La representación política en Nicaragua, Pág. 54.



Es indudable que la distribución de las fuerzas políticas mayoritarias alrededor de los dos polos “sandinismo-antisandinismo”, sigue desempeñando un papel predominante en las motivaciones para votar100: al parecer, este elemento sigue teniendo para amplios sectores de la población un peso más relevante que la misma oferta electoral en términos de programa. Sería equivocado pensar que tales motivaciones son de carácter meramente emocional; por el contrario, contienen un importante “núcleo racional” que se expresa en la posibilidad de poder afectar los resultados de las elecciones; esto se nota en particular en las razones que explican la lógica del “voto útil” que encontramos en el polo antisandinista.

Ahora bien, parece que en este último proceso electoral se ha venido bosquejando un nuevo escenario que tiende a superar la desgastada lógica “sandinismo/antisandinismo” como único criterio que define la naturaleza de la competitividad, es decir, la distribución de las fuerzas políticas y de los votos.

En efecto, en las opiniones de las y los entrevistados que reconocen alguna afiliación o simpatía partidaria, se destaca la tensión a integrar dos lógicas: la lógica de la “razón partidaria” y la “lógica de la ciudadanía”. En general, el discurso de la ciudadanía y de la democracia (derechos humanos, participación, Estado de derecho etc.) constituye el mismo denominador común matizado de diferentes maneras dependiendo de la inclinación partidaria.

Cuando en las valoraciones del proceso electoral prevalecen los criterios orientados por este “denominador”, entonces se evidencia una apreciación positiva que destaca el contexto cívico y democrático de los comicios.

Sin embargo, cuando el núcleo que marca la orientación político ideológica, es el eje sandinismo-antisandinismo, es éste último el criterio que predomina en las diferentes valoraciones (a menudo negativas) relativas al papel de los partidos y del mismo proceso electoral. En este caso, el “motivo antisandinista” (que se expresa de manera contradictoria: aceptar formalmente que el FSLN es parte del juego electoral pero deslegitimar la posibilidad de que pueda ganar la elecciones) impera sobre la razón ciudadana, lo cual implica, evidentemente, un obstáculo para el desarrollo de una cultura política democrática.

Investigar las potencialidades del nuevo escenario que se vislumbra posterior a las elecciones del 2006 puede aportar pistas significativas para identificar posibles contextos favorables para el fortalecimiento del sistema de partidos y de la democracia en Nicaragua.

3. Superar la fractura (el cleavage) sandinismo/antisandinismo, condición previa del fortalecimiento del sistema representativo y de la cultura democrática.

Para analizar la especificidad del papel de los partidos políticos en la construcción del sistema democrático y de la nueva estructura de oportunidades políticas que se genera en los procesos de transición, es necesario tomar como punto de referencia el concepto de cleavage.

Como se mencionaba en el apartado tres del primer capítulo, el desarrollo más significativo de este concepto lo encontramos en los trabajos de Seymour Lipset y Stein Rokkan101 quienes investigaron las cuatros fracturas estructurales cuyas combinaciones contribuyeron a configurar los sistemas de partidos en los países europeos.

100 Aunque los resultados de estas últimas elecciones apuntan a un escenario de apertura del sistema político hacia otras opciones.101 Ver nota N. 37. Como ya se mencionaba en el primer capítulo, la fractura “cultura dominante del centro vs. culturas periféricas” y la fractura “Estado vs.

Iglesia” fueron el producto de las revoluciones nacionales, es decir, de la construcción del Estado nación, mientras que la fractura “ciudad vs. campo” y la fractura entre “clase burguesa vs. clase obrera” fueron el producto de la revolución industrial. Es alrededor de tales cleavages que se conforman los diferentes sistemas de partidos.



En sus estudios los autores explican tanto la continuidad de las alineaciones políticas como la permanencia de los viejos partidos, demostrando que las orientaciones electorales en Europa durante las décadas de 1950-1960 eran la manifestación de una “congelación” de los antiguos cleavages y que tales divisiones habían permanecido en el tiempo a pesar del cambio de las condiciones estructurales que las habían originado.102

Con otras palabras, se explicaba la continuidad del sistema de partidos -concretamente el hecho de que los partidos de los años sesentas reflejaban las estructuras de las rupturas cleavages de los años veinte- mediante el fenómeno de la congelación de los cleavages.

De tal forma, a medida que los partidos políticos -sobre la base de una serie de conflictos sociales- se vinieron conformando entre finales del siglo XIX y principios del XX, habían logrado (construyendo redes organizativas, vigorosas y autónomas) capturar los electores dentro de sub culturas políticas y repartirse establemente los mercados electorales nacionales asegurando, a través de generaciones, las lealtades electorales de la mayoría de los ciudadanos.

En América Latina, los diferentes fracturas (cleavages) alrededor de las formas de organización territorial del Estado o de la relación entre Estado e Iglesia dieron lugar a diferentes formaciones centralista o federalistas, liberales o conservadoras y, más recientemente, el cleavage derecha/centro/izquierda, sobre cuya base también se formaron nuevos partidos.103

Más recientemente aún, el proceso de pacificación y transición democrática ha puesto énfasis en el cleavage alrededor del conflicto autoritarismo-democracia y sobre esta base se ha venido dando la modernización de los partidos viejos y la constitución de los nuevos.

Como consecuencia de la tesis de Lipset y Rokkan, los cambios de los sistemas de partidos responden a las transformaciones que se dan en la constelación de los cleavages políticamente relevantes.

Ahora bien, el hecho de que existan fracturas sociales, por profundas que sean sus raíces históricas, no define mecánicamente el sistema de partidos que tendrá uno u otro país.

Un cleavage significa una división social que separa la gente y en este sentido tiene determinada base estructural, (es decir, ciertas fracturas de tipo económico, cultural, étnico etc.); sin embargo, los grupos involucrados en tales divisiones deben tener conciencia de su identidad colectiva y debe existir, además, alguna forma de expresión organizativa del cleavage.

Una fractura social puede pasar mucho tiempo sin manifestarse en la escena política. Por ejemplo, los partidos étnicos en América Latina, dos de los cuales (Bolivia y Ecuador) han llegado al triunfo electoral, son expresión de un cleavage que había quedado latente, para luego expresarse en organización política y finalmente transformarse en partido político cuando se crean determinadas condiciones.

Es preciso, por lo tanto, preguntarse acerca de cuales factores posibilitan que determinadas fracturas o conflictos sociales sean reconocidos como importantes por las y los ciudadanos-electores, hasta asumir una expresión organizativa y convertirse en una línea de competición electoral relevante en el sistema de partidos.

102 Lo cual explica también la estabilidad del comportamiento electoral en esas décadas. 103 M. A. Garretón: “La indispensable y problemática relación entre partidos y democracia en América Latina”. En: La democracia en América Latina. Contribu-

ciones para el debate. PNUD. Buenos Aires, 2004. Pág. 83-84.



Sin menoscabar el peso estructural de las divisiones y conflictos que definen la naturaleza de los cleavages, nos parece importante reconocer el papel de la política en la definición y redefinición de las identidades sociopolíticas, polarizando o suavizando los conflictos sociales e interviniendo incluso en su transformación a través del diseño institucional y de las políticas adoptadas por los gobiernos. Con otras palabras, aunque los cleavages sean de naturaleza estructural, se construyen políticamente. Son los actores políticos quienes ponen énfasis en los diferentes issues; son los actores políticos quienes politizan algunos temas (y no otros) que pueden agudizar o suavizar conflictos existentes.

Resumiendo lo anterior: para entender las transformaciones en los sistemas de partidos, deberíamos considerar tanto los insumos socioculturales (la existencia de nuevos cleavages o la politización de los viejos) como los productos institucionales, es decir, las reglas del juego y la arquitectura institucional que establecen los marcos en los que se expresan las diferentes oportunidades para articular las demandas.

Para decirlo de otra forma, en determinadas coyunturas (dándose ciertos factores (inputs) socioculturales, la estructura de oportunidades políticas104 y la presión de los movimientos de acción colectiva hace posible la formación de nuevas fuerzas partidarias.

En la historia de Nicaragua, los grandes cleavages políticos han absorbido a otros de carácter socioeconómico que sin dejar de ser contenidos programáticos de las fuerzas políticas han sido, en cierta medida, supeditados a los primeros.

Como ya se mencionaba, el cleavage “sandinismo-antisandinismo” ha sido el que ha predominado hasta la fecha, tratando de actualizarse a la luz de los nuevos procesos ocurridos desde 1990.

Desde 1900 hasta las últimas elecciones, las campañas electorales se han caracterizado por un lado, por la actitud cívica de la población que concurría a los comicios y, por otro, por un clima de polarización entre las fuerzas políticas,105que se ha expresado en el discurso antisandinista, en el recurso a grandes movilizaciones de masas, en las acusaciones de fraude y en el paulatino desprestigio del sistema electoral.

La “fortaleza” del discurso antisandinista y su papel en la consolidación de un sistema bipartidista se demuestra con el incremento de los porcentajes que reciben las fuerzas políticas ganadoras en las elecciones presidenciales: 54,7% en 1990 (UNO); 51,03 en 1996 (Alianza Liberal); 56,2% en 2001 (PLC).

Según algunos analistas, es difícil prever la superación del bipartidismo: la polarización dificulta la posibilidad de que se conforme un sistema de partidos “más allá del cleavage sandinista/antisandinista”.106

104 La estructura de oportunidades políticas se refiere a los factores del entorno que contribuyen a la movilización de la gente. Se trata de diferentes factores: a) de carácter sistémico, relativos a la apertura del régimen político y a la existencia de nuevas reglas que favorecen la movilización social; b) de carácter temporal y espacial, inherentes a los elementos de la localización del movimiento en el ámbito nacional e internacional; c) de carácter relacional, referentes a los niveles de inestabilidad en las posiciones de las élites frente a una acción colectiva de contestación y a la presencia de aliados influyentes.

105 Hay que señalar que desde 1996 el FSLN ha adoptado en las campañas la línea la reconciliación. 106 Martí, Salvador. “Nicaragua”. En Martínez, Rafael (ed.). La elección presidencial mediante doble vuela en Latinoamérica”. ICPS, Barcelona, 2004.



Sin embargo, después de dieciséis años que nos separan de las elecciones de 1990, Nicaragua vive una realidad fuertemente contradictoria. Por un lado, persisten y en algunos casos se han agudizado las condiciones de empobrecimiento y ausencia de perspectivas de amplios sectores de la población; por otro, es indudable que a partir de los procesos de pacificación y transición se han venido produciendo significativas transformaciones político-institucionales que han incidido profundamente no sólo en la reconfiguración del sistema político, sino también en el imaginario colectivo y, posiblemente, en la misma cultura política.107.

Este último aspecto es particularmente significativo puesto que influye en la reinterpretación no sólo de la realidad social presente, sino de las rupturas y contradicciones históricas (es decir, de los cleavages) que de una u otra forma han intervenido en la constitución de los partidos políticos.

En este nuevo contexto, se pueden crear condiciones favorables para el desarrollo de nuevas identidades sociopolíticas.

No se puede ignorar que las pertenencias derivan de fuertes identidades que a menudo se han formados antes de pertenecer formalmente a un partido: esto es evidente en el caso de las bases del FSLN, donde los sentimientos de pertenencia remiten al proyecto revolucionario que se gesta durante la dictadura somocista. En menor medida también se puede afirmar lo mismo para las bases del PLC, aunque en este caso el sentimiento antisandinista haya sido un catalizador de la identidad partidaria que preexiste a la reconstrucción del partido.

En la actualidad, parece poco probable volver a editar generaciones políticas con pertenencias “fuertes”, tanto en el caso de las nuevas fuerzas emergentes como de las nuevas generaciones del FSLN y del PLC.

Sin embargo, es posible contemplar el desarrollo de nuevas identidades que sin manifestar conductas tradicionales de pertenencia e identidad partidaria, demandan formas propias de representación política.

En este sentido, las tendencias que se ha verificado en las recientes elecciones, en particular las fluctuaciones hacia ALN y, en menor medida, hacia la Alianza MRS, debe considerarse como un objeto de estudio que trasciende el escenario de la contienda electoral y la correlación de fuerza entre partidos políticos.

En efecto, el cambio de voto representa, por sí mismo, un elemento fundamental de la teoría democrática. No es casual que en la base de las definiciones procedimentales de la democracia los requisitos de imparcialidad y transparencia del proceso electoral sean cruciales no sólo por garantizar la legitimidad del régimen, sino también por fundamentar la capacidad de responsiveness de este último. En efecto, el mecanismo a través del cual el proceso electoral está en grado de señalar al sistema político la presencia de nuevos insumos, está ligado estrictamente a la presencia de una cuota de electorado dispuesto a cambiar, en determinadas circunstancias, sus propias elecciones de voto.

107 Además del reconocimiento de la democracia como el sistema normativo más adecuado para regular las relaciones sociales, los estudios de opinión revelan también la presencia de valores indispensables para el desarrollo de la democracia como régimen y forma de organización social, por ejemplo el alto índice de tolerancia política y religiosa registrado en los sectores medios de la juventud urbana. Véase: Lorenzo Romeo: Cultura juvenil en la Universidad Centro Americana. UCA. Managua 2005.



¿Donde “está” el mercado electoral? 108 Es decir: cual es el perfil sociodemográfico del electorado fluctuante? ¿Se concentra este electorado entre las y los electores más interesados, informados y participativos, o, viceversa, entre los más distantes de la vida política? Cabe también preguntarnos: ¿Se trata de un electorado fluctuante o más bien de un electorado que ya ha expresado una clara opción política? O, para decirlo con otras palabras: ¿Estamos ante un fenómeno de realineación electoral de sectores sociales, hipótesis que sería más probable en el caso en que el electorado fuese informado e interesado a la política?109

Las elecciones del 2006 parecen evidenciar la presencia de una potencialidad de cambio, por la misma característica que asume la volatilidad, en particular la movilidad del voto hacia ALN.

Si el desarrollo ulterior de esta tendencia será una realineación de las fuerzas políticas sobre la base del viejo cleavage “sandinismo/antisandinismo” o si por el contrario será el nacimiento de un mercado electoral, es decir, la creación de una área significativa de electorado que contempla la posibilidad de votar por nuevas opciones políticas depende de varios factores y sería imprudente adelantar opiniones.

Evidentemente, en este último caso nos estamos refiriendo a la posibilidad de que nuevos cleavages se conviertan en líneas divisorias sobre cuyas bases se pueden afianzar nuevas fuerzas políticas, lo cual no excluye el traslape entre nuevos y viejos cleavages. En efecto, la declinación de los cleavages tradicionales no significa, necesariamente, que ha llegado a su fin la estructuración de la política en base a las antiguas divisiones sociales: sólo abre la posibilidad para que nuevos tipos de temas (issues) sociales se transformen en cleavages políticos y puedan de tal forma favorecer la construcción de nuevas identidades sociopolíticas.

Por ejemplo, al reducirse la polarización ideológica y la relevancia de los principales temas que marcaron el conflicto político en los años pasados, los partidos tratan de generar elementos que diferencien a los electores y repoliticen a la sociedad.

En la campaña electoral, tanto las alianzas emergentes como los medios de comunicación han contribuido a influenciar la percepción pública de ciertas asuntos: el pacto, la corrupción, el caudillismo, el autoritarismo etc., han tendido tanto a orientar el voto como a crear nuevas “fisuras” o cleavages sobre cuya base fundan la legitimidad de nuevas líneas divisorias y nuevas fuerzas políticas.

Es indudable que ha habido una respuesta electoral a tales intentos, aunque habría que analizar hasta que punto en este traslape entre viejos y nuevos cleavages, lo “viejo” (es decir el discurso antisandinista) haya prevalecido sobre lo nuevo (es decir, la demanda de una nueva forma de hacer política).

108 La idea de mercado electoral -a partir de Schumpeter y siguiendo con Downs - remite a los modelos económicos de democracia basados en la teoría de la elección racional y concibe el proceso electoral como una intercambio de mercado, donde los electores maximizan las propias funciones de utilidad individual eligiendo el partido que oferta el paquete de policies optimal entre los disponibles en el mercado, sin considerar condicionamientos de otro tipo (por ejemplo, vinculados a sentimientos de pertenencia).

109 En la ciencia política, el fenómeno de las fluctuaciones vinculadas al cambio de voto se puede interpretar de dos formas diferentes. Se puede leer como un fenómeno que representa una maduración del sistema político: esto en el caso se demuestre que algunos sectores de la población, dotados de mayores recursos estructurales y cognitivos, se desligan del tradicional voto de pertenencia para acoplarse al voto de opinión, donde la elección ya no está dictada por la obligación social derivante del propio grupo de referencia, sino que deriva de una decisión libre y en parte pragmática, vinculada a las propuestas específicas de la “oferta electoral”. Además de este enfoque –que remite a la teoría económica de la democracia (ver nota anterior)- existe una destacada corriente teórica que asocia la presencia de una mayor libertad en las conductas electorales a objetivos de tipo normativo. En este sentido, una mayor movilidad del voto de los individuos y el debilitamiento de los sentimientos de identificación con un partido político, serían el producto de procesos de movilización normativa, donde los individuos con mayores niveles educativos y con mayor acceso a la información tienden a desligarse de los vínculos de pertenencia.



Una conclusión esperanzadora de esta reflexión, a manera de hipótesis, es que si estas elecciones representaran también el principio del fin de un ciclo político de polarización “sandinismo/antisandinismo”, entonces sería posible, quizás, confiar en la oportunidad de transitar de una etapa de politización basada en la lógica suma cero de la confrontación, hacia una nueva fase de “retorno de la política” en términos de construcción de ciudadanía y efectiva participación en las decisiones relativas no sólo a quien debe gobernar, sino al país que queremos construir.

El reto es fortalecer el sistema representativo más allá de la lógica sandinismo-antisandinismo que anula las diferencias y las demandas de representación política de los grupos sociales en búsqueda de su propia identidad política y los obliga a la racionalidad estéril del “voto útil” antisandinista.

Desde luego, según el discurso de las y los entrevistados, este reto remite directamente a otro gran desafío: superar la lógica histórica de los pactos de cúpulas para emprender la tarea incumplida de fortalecer pactos o arreglos institucionales de gobernabilidad y fortalecimiento democrático capaces de crear condiciones mínimas de certidumbre, es decir, el marco institucional necesario para que los actores socioeconómico y la ciudadanía puedan participar en el sistema democrático confiando en la estabilidad y continuidad de sus normas.

De lo contrario, la crisis de representación se agudiza, independientemente de que existan más fuerzas parlamentarias, y lleva a la informalización de la política, que se produce por la incapacidad tanto de los partidos “viejos” y “nuevos” para responder a diversos intereses de la sociedad.

Abrir los procesos decisionales en el interior de los partidos, es decir, transformar maquinarias altamente burocratizadas en instituciones democráticas; garantizar que los partidos estén constantemente en contacto con la voz pública promoviendo escenarios para la participación pública es, sin duda alguna, el camino inevitable para enfrentar la crisis de representación. Responde precisamente a la demanda social reiterada a lo largo del informe: la necesidad de profundizar en la democratización interna de los partidos y vincularla con el fortalecimiento de las funciones sociales e institucionales de los partidos, base imprescindible para fortalecer el sistema representativo y afianzar un “pacto institucional” de gobernabilidad democrática.

Es un camino inevitable, decíamos, pero no es de un solo carril o de una sola vía.

Otro reto quizás aún más complejo para responder al déficit democrático es la creación de una esfera pública, es decir, de una constelación de espacios comunicativos en la sociedad que permiten la circulación de informaciones, ideas y debates. Estos espacios sirven también para facilitar los vínculos entre ciudadanos y sistema político.

Actualmente observamos un movimiento donde la urgencia misma del replanteamiento del problema del “bien común” lleva a la coincidencia de la política con lo social y se identifica en la práctica de una multitud de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con asociaciones, organizaciones etc. que trabajan por el “bien” de su comunidad.

Si el concepto de política lo asociamos a la búsqueda y promoción del “bien común” (de los bienes materiales y simbólicos de los cuales depende la calidad de nuestra vida) del cuidado de nuestra “polis”, de la realización de la “voluntad general”, actualmente miles de personas hacen política sin necesariamente militar activamente en un partido: la realización de la “voluntad general” y la determinación de la política nacional se ha dado también bajo el impulso decisivo de movimientos, campañas y participación de miles de ciudadanos y ciudadanas que han contribuido a cambiar las estructuras institucionales, la legislación social y económica y las mismas directrices de los gobiernos.



Para mucha de estas organizaciones y ciudadanos se trata de reivindicar la práctica de la política en primera persona, la política del “me concierne” (I care) en contra de la delega de la política separada.

Ahora bien, es importante reivindicar el principio de la “paridad de dignidad” de ambas formas de la política: la que se ejerce mediante la representación electoral y la que se alimenta desde abajo, desde las prácticas de participación

Así como es preciso potenciar el papel de los partidos en la construcción de la democracia, igualmente importante es potenciar los instrumentos, procedimientos y espacios para fortalecer el papel y la incidencia en la vida institucional nacional y local de las formas difusas de la “política horizontal” basadas no en el poder y su gestión desde arriba, sino en la participación y la autogestión desde abajo.

Existe en realidad un amplio espacio de “política sin partidos” del cual hay que tomar acto; lo que no significa, desde luego, contraponer una inexistente e instrumental idea de sociedad civil “inmaculada” a un sistema “degenerado” de partidos. El problema no es quitar poder de un lugar (los partidos) para reasignarlo a otra parte (sociedad civil) en un juego suma cero.

El problema es crear las condiciones para liberar nuevos recursos que amplíen el espacio social y civil de la política: el objetivo es -debe ser- la construcción de una “dimensión pública” como espacio de autonomía construido desde abajo.

En este sentido, el verdadero “regreso al pasado” sería desatender estos enormes retos a favor de las nuevas temáticas y demandas de la sociedad nicaragüense para volver a proponer la vieja política de las grandes alianzas en contra de un partido.

El verdadero regreso al pasado sería desaprovechar la diversidad de opciones políticas y la riqueza de diversos sectores sociales, en favor de bloques antagónicos -cualquiera sea su lógica de acción o ideología- y mantener al país prisionero de visiones y fuerzas dicotómicas.



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GLOSARIOPoliarquía. Es un término compuesto por dos palabras de origen griego y se puede traducir literalmente como: “gobierno ejercido por muchos”.

Este término ha sido acuñado por el politólogo Robert A. Dahl con el propósito de diferenciar entre la “democracia como ideal” (en el sentido del gobierno que expresa el “poder del pueblo”) y las “democracias reales” que son más bien poliarquías o “gobiernos de muchos”, es decir gobiernos que se ejercen a través de múltiples elites que representan a diferentes actores y grupos de interés que conforman la sociedad.

El punto de partida de Dahl, por lo tanto, es que toda definición de democracia ha contenido siempre un elemento ideal, de “deber ser”, y otro real, objetivamente perceptible en términos de procedimientos, instituciones y reglas del juego. De ahí que, con el objetivo de distinguir entre ambos niveles, Dahl acuña el concepto de poliarquía para referirse exclusivamente a las democracias realmente existentes. Según esta definición la poliarquía es una forma de gobierno caracterizada por la existencia de condiciones reales para la competencia (pluralismo) y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (inclusión).

Un aspecto vital de un sistema poliárquico es su capacidad para responder en forma permanente a las preferencias de sus ciudadanos, considerados estos últimos como iguales. Para ello, las poliarquías deben cumplir con condiciones indispensables para que todos los ciudadanos tengan oportunidad de: a) expresar sus preferencias; b) expresar sus opiniones a sus conciudadanos y al gobierno, sea individualmente u organizándose para ello; c) hacer pesar sus preferencias en la conducta del gobierno, sin que se discrimine contra ellas en razón de sus contenido y origen.

Tales oportunidades necesitan ciertas garantías que el Estado de un sistema poliárquico debe refrendar: la libertad de asociación; la libertad de expresión; el derecho a votar; el derecho a ser elegido; el derecho de los candidatos a competir con el apoyo y votos de los ciudadanos; el derecho a disponer de fuentes alternativas de información; el derecho a elecciones libres y justas; la existencia de instituciones y mecanismos que hagan depender las políticas gubernamentales de los votos y preferencias de los ciudadanos.

Este conjunto de garantías envuelven a su vez dos dimensiones del proceso democrático: por una parte la existencia de un sistema de oposición y debate público y por la otra la participación del pueblo.

Una poliarquía, por lo tanto, puede ser más o menos democrática según el grado en que se acerque y cumpla con estas dimensiones, garantías y condiciones que hemos señalado.



Determinismo. El término determinismo designa la creencia de que todos los acontecimientos suceden y se relacionan entre sí de acuerdo a determinadas causas que, por lo tanto, explican el vínculo entre todos los fenómenos sociales. Según el determinismo cultural, las causas que explican el comportamiento humano y de las mismas instituciones sociales (incluyendo las instituciones políticas) deben buscarse en los factores culturales: las tradiciones, los valores, las creencias etc.

Empirismo. Teoría según la cual el conocimiento humano procede únicamente de la experiencia.

Oligopolio. Se refiere a un tipo de mercado en el cual un pequeño número de empresas dominan sobre una determinada rama de la economía, ejerciendo el control sobre el precio y acaparando la venta de un producto.

Sucedáneo. De dice de una sustancia que, por tener propiedades parecidas a otras, puede reemplazarla. Por lo general, se utiliza haciendo referencia a un sustituto de calidad inferior: por ejemplo, la malta es un cereal que se puede utilizar como sucedáneo del café.

Subsumir. Considerar o incluir algo dentro de un conjunto más amplio que lo abarca.

Círculo concéntrico. Designa un orden compuesto por subconjuntos de elementos que se integran alrededor del mismo centro. Por ejemplo, los Estados que forman parte de la Unión Europea forman un “círculo de derecho común”, pues tienen el mismo “centro” jurídico que regula tanto la vida interna de estos países como sus interrelaciones.

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