DECLARACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD DE LA SERENA

La Serena, 12 de marzo de 2015.

Frente a los hechos ocurridos en díías anteriores, en particular, el reportaje realizado ytransmitido en la red regional de Televisioí n Nacional de Chile, con fecha 13 de febrero de2015, sobre la situacioí n que afecta a la Mina 26 de Agosto, de propiedad de nuestraUniversidad y administrada por el Departamento de Minas, cumplo con senñ alar:

1.- Antecedentes de contexto.

1.1. Con fecha 24 de septiembre de 2014, el Sr. Rubeín Labríín Figueroa, Superintendente deMinas de Companñ íía Minera San Geroí nimo, en adelante, CMSG, mediante carta, solicitoí laextensioí n del contrato de arriendo de la propiedad minera que ampara la mina denominada26 de Agosto, en adelante, la mina, contrato suscrito y firmado entre la Universidad y CMSG,con fecha 12 de octubre de 2006, por gestioí n del Departamento de Minas, el cual concluíía confecha 13 de octubre de 2014.

1.2. Con fecha 13 de noviembre de 2014, la Universidad solicitoí la realizacioí n de una auditorííacon el fin de determinar la conveniencia o no de suscribir el nuevo contrato por parte denuestra institucioí n. Entre otras materias la auditoríía debíía comprobar si se habíía dado o nocumplimiento al contrato por parte de la CMSG; si existíía un plan de cierre aprobado para lafaena y si existíían riesgos desde el punto de vista de la seguridad minera.

1.3. Con fecha 17 de diciembre de 2014, y ante los requerimientos de informacioí n de losestudiantes del CEC de la carrera de Ingenieríía de Ejecucioí n en Minas y la directiva de laFEULS, planteadas en la sesioí n N° 5 del Consejo Acadeímico extraordinario, debo informar losiguiente:

1. El vocero del CEC manifestoí que, con la Mina Escuela El Brillador no se cumple su rolacadeímico, ya que durante sus estudios en la carrera los estudiantes la visitan solo 3 a 4 vecesy por cortos periodos, sin embargo, allíí se realizan capacitaciones de colegios y de empresasprivadas que duran 3 semanas. Resaltoí que esta situacioí n se contradice con las expectativasgeneradas en los estudiantes al ingresar a la Universidad, cuando se les informa quedispondraí n para su formacioí n con una mina experimental real.

2. El Vicepresidente del CEC, se refirioí a la Mina 26 de Agosto, senñ alando que el contratode arrendamiento, que hace uso la Companñ íía San Geroí nimo, con fecha de teí rmino el 26 deoctubre de 2014, no se ha estado cumpliendo en algunos aspectos, ya que la empresaarrendataria no estaríía respetando el líímite de las 4.900 toneladas mensuales de mineral quese pueden extraer, superando lo convenido en el contrato, lo que motivoí multas a la empresapor parte de la SERNAGEOMIN, en el mes de octubre de 2011 y noviembre de 2012.

3. Agregoí que el procedimiento de control de los camiones que retiran los minerales, quehizo el Departamento de Minas, es muy deficiente, a pesar que hay un funcionario destinado aesa tarea. Toda esta situacioí n se ha desarrollado bajo el conocimiento y la administracioí n delDirector de Departamento de Minas. Asimismo, preguntoí sobre el plazo del contrato y el plande cierre de la mina, solicitando al Rector que informe sobre ello.

4. Los estudiantes manifestaron ademaí s que ellos consideran que el Director delDepartamento de Minas no se preocupa por la Mina Escuela, ya que en una reunioí n sostenidacon eí l y con el Decano para manifestar esta inquietud de que la Mina no es utilizada para lascarreras como instancia docente, les respondioí que el beneficio para los alumnos es elprestigio que la mina escuela otorga al Departamento. Los estudiantes reiteraron que estaí nsiendo perjudicados en su formacioí n, ya que la totalidad de ellos recieín conoce la mina cuandova realizar su praí ctica profesional.

Ante las denuncias formuladas, en primer lugar, el Rector de la Universidad aclaroí lo siguiente:“El Departamento de Minas gestionoí el contrato, lo administra, controla y goza de losbeneficios de eí ste. El mecanismo referido, de acuerdo a la normativa vigente, es el usado entoda la Universidad e implica que sea el Jefe de Servicio quien realiza a nombre de laUniversidad la oficializacioí n de convenios y contratos, incluso las praí cticas que realizan losestudiantes, pero las responsabilidades son personales. El caso de la Mina Escuela es unejemplo de lo mencionado, donde el Departamento de Minas ha llevado el cuidado y laadministracioí n de todas las propiedades mineras en absoluta reserva”.

Con respecto a las praí cticas estudiantiles en la mina, el Rector manifestoí que estaí nrelacionadas con los programas y planes de estudio, por lo tanto es una materia que dependede la Escuela, el Departamento de Minas y la Facultad de Ingenieríía, por lo cual solicitoí alDecano considerar lo expuesto por los estudiantes.

La Asesora Juríídica de la Universidad se refirioí al contrato con la Companñ íía Minera. “Arequerimientos del Departamento de Minas, el primer contrato se firmoí en 1999 y loscontratos posteriores fueron copias del mismo y se volvioí a firmar el anñ o 2006 por el anteriorRector y es el contrato que actualmente nos rige. Aclaroí ademaí s que, a requerimiento delcitado Departamento, la actual rectoríía ha firmado solamente una extensioí n de plazo delcontrato. Reiteroí ademaí s que, por normativa de la Universidad, los contratos se realizan apropuesta y ejecucioí n de la unidad correspondiente, en este caso, el Departamento de Minas”.

Finalmente, el Rector enfatizoí que, desde el punto de vista administrativo y legal, se hanseguido todas las acciones exigidas por la normativa, ademaí s de otras en post de asegurar latransparencia e independencia del proceso sobre la base de antecedentes concretos quefueron entregados a la autoridad en la carta de una acadeímica del Departamento, con fechareciente. Por lo tanto, informoí que se tomaron las siguientes acciones:

• Realizacioí n de una auditoríía financiera, respecto al contrato de la mina, a cargo delContralor de la Universidad.

• Contratacioí n de un asesor externo, experto en temas mineros que actualmente estaíhaciendo una consultoríía completa, con el apoyo de especialistas en materia legales- mineras,traíídos desde Santiago, a objeto de procurar un proceso lo maí s independiente posible.

• Realizacioí n de un sumario en curso, que acoge la solicitud de la acadeímica sobreirregularidades planteadas por ella, a cargo de la Fiscalíía de la Universidad.

1.4. Paralelamente, el Departamento de Minas convocoí un Comiteí de Crisis, presidido por elDr. Jorge Oyarzuí n M., para aclarar la situacioí n.

1.5. Por su parte, la Vicerrectora Econoí mica, la Asesora Juríídica, el Consultor Externo y el Dr.Oyarzuí n M. representando al Departamento como especialista y coordinador del teírmino decontrato y operaciones de cierre, y del profesor Waldo Valencia C., encargado de lasinspecciones teí cnicas, han estado trabajando desde diciembre del anñ o 2014 para que elteírmino de contrato y el cierre de la mina se efectuí e de acuerdo a la normativa, resguardandoademaí s los intereses de la Universidad.

2.- Frente a lo anterior el Rector manifiesta:

2.1. Su preocupacioí n por la escasa voluntad del Director del Departamento de Minas porresolver los problemas y dar las explicaciones correspondientes a los estudiantes y a lacomunidad universitaria; porque son hechos que nunca debieron ocurrir, ya que significa ungrave perjuicio a la imagen de nuestra Institucioí n que díía a díía construimos con esfuerzo ydedicacioí n funcionarios, estudiantes y acadeímicos.

2.2. Por todo lo expuesto, es que la Universidad de La Serena , presentará en los próximosdías una denuncia penal en el Ministerio Público, dando a conocer los antecedentes con losque cuenta a fin que el oí rgano persecutor investigue todos los hechos denunciados yesclarezca si estos son o no constitutivos de delito, como seríían la deficiencia y supervisioí n enel control, perjuicio a la institucioí n, facturas canceladas con otro item y veracidad de lasdenuncias formuladas.

2.3. Al mismo tiempo, cumplo con recordar que todas los funcionarios puí blicos que laboran ennuestra Casa de Estudios Superiores y tienen mayores antecedentes sobre los hechossenñ alados, tienen la obligacioí n de hacer la denuncia correspondiente ante los Tribunales deJusticia.

2.4. De comprobarse la existencia de ilegalidades y/o ilíícitos, las personas involucradasdeberaí n responder ante la Justicia por su calidad de funcionarios puí blicos.

Dr. Nibaldo Avilés PizarroRector