de resto arqueolgico a patrimonio cultural

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De resto arqueolgico a patrimonio cultural. El movimiento patrimonialista y la activacin de testimonios del pasado11

Javier Hernndez Ramrez Departamento de Antropologa Social

Universidad de Sevilla, Espaa.

1 Artculo cedido por el autor al Portal Iberoamericano de Gestin Cultural para su publicacin en el Boletn GC: Gestin Cultural N 11: Participacin Ciudadana, abril de 2005. ISSN: 1697-073X.

www.gestioncultural.org [email protected]

2

La emergencia del patrimonialismo2.

En las ltimas dcadas asistimos a un fenmeno de importante envergadura:

la proliferacin de asociaciones de defensa del patrimonio cultural por todos los

rincones del planeta, especialmente en el mundo occidental. Aunque las

dimensiones de este movimiento comienzan a ser significativas, desde las ciencias

sociales an no se ha desarrollado un anlisis sistemtico de los factores que han

originado su cristalizacin ni de las caractersticas que renen las organizaciones

patrimonialistas. En Espaa, salvo algunas aproximaciones al fenmeno realizadas

desde la antropologa social y la sociologa (Ario, 1999, 2002; Gmez Ferri, 2004;

Hernndez Mart, 2002; Hernndez Ramrez, 2003, 2004; Prats, 1997), muy pocos

estudios sobre patrimonio cultural han abordado este tema ya que la mayor parte

de las investigaciones se centran en aspectos como la gestin, la tutela, la

proteccin y la difusin de los bienes culturales o las complejas relaciones

existentes entre estos y la actividad turstica. Sin embargo, el creciente inters de la

sociedad por el patrimonio cultural, los procesos de activacin promovidos por

sectores sociales cada vez ms amplios y la materializacin de esta sensibilidad en

organizaciones ciudadanas cuya incidencia es cada da ms relevante, son

cuestiones que justifican una mayor atencin desde las ciencias sociales y la

antropologa en particular.

El surgimiento de asociaciones patrimonialistas por todas las latitudes, tanto

en el mbito urbano como en los espacios perifricos, tanto en los pases ricos como

en los pases empobrecidos, y la participacin en las mismas de amplios sectores de

la sociedad, afectando no slo a la lite intelectual sino a grupos de personas con

niveles de instruccin muy diversos, es la punta de un iceberg y la expresin

organizada de una sensibilidad que se instala progresivamente en nuestras

sociedades. Nos referimos al inters por las expresiones ms significativas de la

historia y la identidad, as como la preocupacin por la preservacin del patrimonio,

el cual se percibe amenazado. Esta sensibilidad era hace unas pocas dcadas una

2 Max Weber acu el trmino patrimonialismo para hacer referencia a formas estatales regidas por un patrn, el

cual establece relaciones de dominacin clientelar sobre sus poblaciones. Desde este marco terico la burocracia racional es un sistema de organizacin social moderno en el que se superan las formas patrimoniales. En este artculo el concepto patrimonialismo se abordar en un sentido totalmente distinto para hacer referencia a las organizaciones de defensa del Patrimonio Cultural.


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preocupacin socialmente minoritaria, casi exclusiva de determinados colectivos de

expertos profesionales (restauradores, historiadores, arquelogos, arquitectos,

antroplogos, etc.), que apenas interesaba a la ciudadana y que ocupaba un lugar

secundario en la agenda de los responsables polticos. Hoy, sin embargo, ha pasado

a ser un asunto presente en las inquietudes de los ciudadanos los cuales se

convierten, crecientemente, en celosos vigilantes del patrimonio cultural

revalorizado. Todo ello est impulsando cambios sustanciales en la gestin poltica,

pues esta perspectiva patrimonialista introduce nuevos parmetros para la

planificacin urbanstica, la proteccin medioambiental, las estrategias de desarrollo

econmico o la promocin turstica.

No sera exagerado sealar que el patrimonio cultural constituye uno de los

signos definitorios de nuestra poca. Esto puede apreciarse con una simple mirada a

nuestro entorno cotidiano. Por ejemplo, los medios de comunicacin destinan una

parte creciente de su programacin a la proyeccin de documentales, edicin de

artculos y emisin de espacios radiofnicos en los que se resaltan los valores

patrimoniales de distintos lugares de la tierra. Asimismo, en las pginas centrales

de los diarios y en las horas de mayor audiencia de las emisoras de radio y

televisin son frecuentes las intervenciones de polticos, tcnicos, representantes de

entidades vecinales y ciudadanos que opinan sobre el valor o el estado de los bienes

culturales y las polticas que deben aplicarse para conciliar la proteccin patrimonial

con el desarrollo. No es casual, por tanto, que en los programas electorales de las

fuerzas polticas aparezcan propuestas para garantizar la proteccin de los bienes

culturales. Pero el fenmeno trasciende a los medios, pues muchos aspectos de

nuestra vida cotidiana estn tambin impregnados de este inters por la memoria,

la historia y la identidad colectiva en la que se sacraliza lo antiguo y lo tradicional.

Se observa, por ejemplo, la generalizacin de una esttica historicista en la que se

aprecian las antigedades y las simulaciones del pasado, tales como la arquitectura

que reproduce estilos locales pretritos; tambin es una costumbre actual muy

extendida la aficin al coleccionismo de objetos antiguos, e incluso de artculos

modernos que se han transformado en obsoletos pues han perdido su valor de uso;

asimismo, se ampla la prctica de decorar las viviendas y los establecimientos


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comerciales con utensilios o fotografas que rememoran un tiempo anterior; y crece

el turismo cultural en el que los visitantes ansan consumir monumentos, ciudades

histricas, culturas exticas (o mejor dicho exotizadas) o emplazamientos mticos

que rememoran acontecimientos o la vida de personalidades ilustres. Todos estos

ejemplos, y otros muchos que podran apuntarse, indican que vivimos un tiempo de

atraccin por el pasado y lo singular. En este contexto, tambin despiertan una

mayor atencin y preocupacin los bienes patrimoniales, sobre todo aquellos que

tienen un contenido simblico muy relevante para la poblacin local y cuya

continuidad se percibe amenazada. Todo ello refleja que el patrimonio no es

considerado hoy, en modo alguno, un tema irrelevante. En este escenario brota el

asociacionismo de defensa del patrimonio cultural al cual dedicaremos las pginas

siguientes.

En el artculo se analizar el papel del movimiento patrimonialista sevillano en

la activacin patrimonial de unos restos arqueolgicos hallados en la plaza de la

Encarnacin, situada en pleno centro histrico de la ciudad, as como los conflictos

sociales y polticos derivados del proceso de patrimonializacin. En el texto se

tratar de demostrar que los procesos de activacin del patrimonio cultural inciden

en el modelo de ciudad y que el papel de las organizaciones patrimonialistas es, en

este sentido, decisivo. Los restos arqueolgicos encontrados en la Plaza de la

Encarnacin suscitan un enconado debate en la ciudad, porque del valor de los

mismos depender la realizacin de un complejo comercial y un aparcamiento. La

consideracin por parte de las entidades patrimonialistas de que los restos tienen

valor patrimonial y de que la preservacin de los mismos es incompatible con la

construccin de las instalaciones comerciales genera una dinmica de conflicto

social con sectores partidarios de la materializacin del proyecto.

El patrimonio cultural como ncleo de conflictos sociales.

En las ltimas dcadas, la construccin de equipamientos e infraestructuras

en los cascos antiguos de las ciudades histricas suele ser una importante fuente de

conflictos sociales. De forma creciente las intervenciones -especialmente aquellas de

mayor envergadura o que suponen una transformacin significativa del entorno


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urbano- no pasan desapercibidas, sino que generan intensos debates sobre su

idoneidad o inconveniencia. Puede observarse que, al poco de proyectarse o

iniciarse las obras, surgen detractores y partidarios de las mismas: unos muestran

su rechazo argumentando que las nuevas estructuras ocasionarn efectos negativos

sobre la calidad de vida y las condiciones de existencia, pues transformarn de

modo irreversible el medio urbano hacindolo irreconocible; otros, por el contrario,

se manifiestan esperanzados y convencidos de que estas operaciones urbansticas

son necesarias para fomentar el desarrollo econmico y social de sectores concretos

en particular y, por extensin, de la ciudadana en general, al revitalizar la vida

social y comercial en los centros histricos.

Los que apuestan por este tipo de proyectos conciben la oposicin a las obras

como una amenaza al crecimiento y al desarrollo por lo que, en ocasiones,

reaccionan recurriendo a asociaciones empresariales y vecinales para que les

apoyen e incluso creando otras nuevas. Los opositores refutan los argumentos

anteriores sealando que los nuevos equipamientos o infraestructuras agravarn

an ms los problemas existentes en los cascos histricos, tales como el deterioro

ambiental (congestin del trfico rodado, saturacin de los usos del espacio), la

especulacin urbanstica, la expulsin de poblacin de sus lugares de residencia, la

especializacin en actividades terciarias (comercio, turismo, administracin...), as

como la crisis de la sociabilidad y de los modos de vida tradicionales. Cuando el

rechazo a los proyectos adquiere mayor envergadura se materializa en una

oposicin formal que adopta una estructura concreta como organizacin vecinal,

asociacin de consumidores o agrupacin ecologista producindose, a veces, la

convergencia de estos tres tipos de organizaciones en un movimiento heterogneo

ms o menos articulado.

Desde finales de la dcada de los ochenta, este tipo de conflictos sobre el

modelo de ciudad histrica adquiere una mayor complejidad en los casos en los que

las transformaciones urbansticas inciden directamente en bienes culturales

monumentales o en restos arqueolgicos. En estas situaciones, al debate sobre las

consecuencias ambientales y sociales de los proyectos se suma un nuevo y crucial

elemento: el patrimonial; y un nuevo actor social: las entidades patrimonialistas, las


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cuales se oponen a las intervenciones por entender que afectan negativamente a la

conservacin de elementos materiales que, segn su criterio, cuentan con un

incalculable valor simblico. El fenmeno cobra una dimensin social ms amplia,

compleja y plural cuando estos grupos se alan estratgicamente con otros

colectivos vecinales, profesionales y ecologistas con los que confluyen creando un

activo movimiento que interviene en diversos frentes (sociales, vecinales,

ambientales, patrimoniales). Como reaccin a estos procesos, los sectores

partidarios de los proyectos urbansticos suelen negar o minimizar el valor de los

bienes y, en todo caso, considerar que su relevancia es muy inferior a los beneficios

que se derivaran de las infraestructuras, por lo que la preservacin no justificara

de ningn modo la paralizacin de las obras.

Este conflicto sobre el modelo de ciudad es caracterstico de la poca

contempornea. El debate que surge hoy con respecto al patrimonio cultural

contrasta con el relativamente escaso rechazo social que, durante etapas pasadas

no muy lejanas en el tiempo, ocasionaron las profundas intervenciones urbansticas

realizadas en las ciudades espaolas. Concretamente en Sevilla muchas de las

operaciones llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XX supusieron una

profunda agresin a la ciudad histrica y a su patrimonio, lo que se tradujo en la

desaparicin de gran parte del trazado histrico de calles y plazas y su sustitucin

por amplias avenidas, la ruina y demolicin de monumentos, la prdida definitiva de

importantes yacimientos arqueolgicos y la crisis de muchas formas tradicionales de

vivir la ciudad. A pesar de ello, la oposicin a las obras fue muy tmida y circunscrita

casi siempre a sectores acadmicos y profesionales concretos.

Podramos apuntar algunas causas explicativas del exiguo rechazo que

despertaba la eliminacin de testimonios significativos de la cultura y de la historia.

No hay duda de que la represin poltica a cualquier tipo de protesta y

especialmente a las operaciones inmobiliarias especulativas es un factor explicativo

importante, sobre todo si tenemos presente que las grandes obras constituyeron

una sustanciosa fuente de acumulacin de capital durante el franquismo; tampoco

habra que obviar la situacin socioeconmica general y la existencia de otras

necesidades consideradas ms precisas por el conjunto de la sociedad (vivienda,


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servicios, equipamientos), ni el nivel de formacin medio de la poblacin. Y, por

supuesto, no podemos ignorar la presencia de una ideologa desarrollista, difundida

con vigor por el rgimen poltico desde la dcada de los sesenta, que se instalaba

cmodamente en una sociedad en la que prevaleca una confianza acrtica en el

progreso. Ambas concepciones ideolgicas -desarrollismo y fe en el progreso-

estaban plenamente asentadas en el interior de la sociedad neutralizando cualquier

desarrollo de una sensibilidad contraria a la desaparicin del patrimonio y capaz de

movilizar a la poblacin, tal como hoy ocurre. Desde estas premisas, el pasado no

poda concebirse como un freno al progreso, por lo que la eliminacin de

determinados testimonios histricos no debera suponer un gran problema si a costa

de ello se avanzaba en la senda de un futuro mejor.

Hoy la situacin ha cambiado. En nuestra sociedad asistimos a la crisis de

muchos valores bien asentados en la modernidad. La confianza en el futuro, la

ciencia y la tecnologa, propia de la modernidad, es sustituida por una creciente

inseguridad colectiva ante las posibles consecuencias negativas e imprevistas que

pueden derivarse de una mala aplicacin de los conocimientos cientficos y

tecnolgicos. Esta sociedad del riesgo (Beck, U. 2002) es tambin una sociedad

globalizada en la que las comunidades locales, como mbitos preferentes de la

reproduccin cultural, pierden centralidad cediendo terreno a otros medios que se

configuran como los nuevos productores de informacin y cultura. Frente a ello,

como reaccin, se extienden sentimientos localistas, crece la aoranza por el

pasado y preocupa la prdida de la cultura y, consecuentemente, de los testimonios

ms significativos de la comunidad simblica. Todas estas transformaciones nos

ayudan a comprender el elevado inters social que ha adquirido el patrimonio

cultural, as como el desarrollo del patrimonialismo.

En la actualidad, el epicentro del debate entre los distintos sectores e

intereses enfrentados sobre el modelo de ciudad bascula cada vez ms en el valor

que se otorga a los bienes y las medidas para preservarlos. En ocasiones es de tal

relevancia esta discusin que las cuestiones ambientales y sociales quedan

relegadas a un plano secundario, adquiriendo la determinacin del valor de los

objetos y los criterios de conservacin un protagonismo social y poltico que hasta


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ahora nunca haban alcanzado. Como vemos, no es sta una cuestin marginal o

especializada, de inters exclusivo de los expertos en historia, esttica y patrimonio,

as como de las instancias del poder, tal como histricamente ha sido, sino un

asunto prioritario que est presente en muchos foros (mediticos, polticos,

sociales) porque afecta directamente a la planificacin urbanstica y al modelo de

ciudad.

Qu hacer con el patrimonio: cmo preservarlo, restaurarlo o protegerlo;

cmo incorporar aportaciones e innovaciones del presente en los cascos histricos y

en los propios monumentos y edificios histricos; qu destino les damos a los restos

arqueolgicos hallados (destruirlos, desmontarlos, musealizarlos, mantenerlos in

situ); cmo salvaguardamos los valores tradicionales de las fiestas ante la

afluencia turstica... Todas estas cuestiones han superado los lmites acadmicos de

la arqueologa, la arquitectura, la historia del arte o la antropologa social para

convertirse en asuntos que interesan a la colectividad y sobre los que surgen

debates en los que distintos agentes sociales intervienen con propuestas muchas

veces encontradas. Los asuntos planteados muestran que la definicin, el uso y el

destino del patrimonio constituyen hoy problemas, slo aparentemente tcnicos,

sobre los que existe una creciente sensibilidad social y pluralidad de opiniones e

intereses que estn relacionados con el modelo de ciudad al que se aspira. La

paradoja de este fenmeno caracterstico de la sociedad actual es que el debate

sobre el proyecto de ciudad del futuro gira en torno a testimonios materiales que

proceden del pasado.

El escenario y los hechos.

En los ltimos decenios la presin urbanstica se ha intensificado en el casco

histrico de Sevilla. La construccin no se limita a nuevas edificaciones y

equipamientos, sino que ocupa intensivamente el espacio fsico tanto en altura y

superficie como en el subsuelo. El sector inmobiliario orienta cada vez ms sus

actuaciones hacia la construccin de stanos de varias plantas para actividades

comerciales y ldicas, pero sobre todo para aparcamientos rotatorios. La

construccin y gestin de estos equipamientos se ha convertido en un rentable


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negocio dada la carencia de plazas de estacionamiento y la persistencia, e incluso

acentuacin de un modelo de organizacin urbano que prima el uso del vehculo

particular en centros histricos ya congestionados. La voraz actividad del sector

constructor est suponiendo, adems, una nueva etapa en la destruccin de

vestigios del pasado, fundamentalmente de restos arqueolgicos cuya permanencia

es difcilmente compatible con los nuevos usos3. El caso que presentamos ilustra los

conflictos urbanos que pueden suscitar hoy este tipo de proyectos y el hecho de que

es muy difcil conjugar los intereses de promotores inmobiliarios y comerciantes con

las posiciones de ecologistas, consumidores y patrimonialistas, entre otros.

La plaza de la Encarnacin es un amplio solar que ocupa una superficie de

casi 7.000 metros cuadrados. Tras la Alameda de Hrcules es el espacio libre y

pblico ms grande del centro histrico de Sevilla. Su centralidad, dimensiones y

carcter pblico hacen que cualquier proyecto sea motivo de atencin y debate

ciudadano y poltico, mxime cuando por su ubicacin es un lugar muy apetecible a

los intereses del capital privado. Hasta 1973 la plaza funcion como mercado de

abastos tradicional, pero en este ao los comerciantes adjudicatarios de los

establecimientos llamados puestos- fueron trasladados a un emplazamiento

cercano en el que an siguen y en cuya fachada puede leerse un letrero en el que

reza: Mercado de la Encarnacin. Provisional. 1973. La placa, que genera sorpresa

y estupefaccin, no ha sido retirada por los comerciantes en un gesto que expresa

su indignacin y protesta ante la negligencia de las autoridades locales responsables

de la construccin del mercado municipal. Desde hace ms de treinta aos, el

espacio de la plaza ha sido un enorme baldo sin uso en pleno centro de la ciudad

histrica o incluso un aparcamiento en superficie, lo cual generado de fuerte

polmica y descontento.

3 En la actualidad, la construccin de aparcamientos subterrneos en la ciudad de Sevilla genera gran polmica. Por

ejemplo, las obras en las inmediaciones de los Jardines Cristina, donde se han hallado fragmentos de la calzada romana a Gades, as como restos humanos, de residencias y de actividades industriales tambin de poca romana, han sido muy criticadas por las asociaciones patrimonialistas conservacionistas. En otras ciudades se han producido situaciones similares. En Crdoba la construccin de la nueva estacin del tren de Alta Velocidad supuso la destruccin del yacimiento romano de Cercadilla formado por un palacio del siglo III y principios del IV perteneciente al emperador Maximiano Hercleo (Boletn, n 9 Asociacin de Profesores para la Difusin y Proteccin del Patrimonio Ben Baso); en Barcelona las obras para los Juegos Olmpicos de 1992 ocasionaron la destruccin de los restos de la Ciudadela erigida por Felipe V a principios del siglo XVIII y del poblado Ibrico de la montaa de Montjuich; y en Tarragona, una bas lica paleocristiana se preserva in situ en el stano de un gran centro comercial (Munilla Cabrillana, G. 1999).


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Durante todo este periodo, los adjudicatarios de puestos han promovido la

construccin del mercado. A principios de los noventa, la cooperativa de

comerciantes obtuvo la concesin administrativa para ejecutar y gestionar un nuevo

mercado y centro comercial en la plaza. Sin embargo, algunos problemas legales y

urbansticos, pero sobre todo la constatacin de que el proyecto era inviable

econmicamente, frenaron unas obras que se haban limitado a las obligadas

prospecciones arqueolgicas4. Las obras introdujeron un nuevo factor en la

problemtica: el hallazgo de restos romanos a ms de seis metros de profundidad,

lo que despert el inters de expertos, patrimonialistas y ciudadanos, y la sospecha

de que en el subsuelo podran encontrarse ms elementos de valor histrico.

A pesar del fracaso del proyecto los comerciantes no desistieron en su

empeo de recuperar el mercado, presionando a la administracin municipal para

poner fin a esta situacin de permanente interinidad a travs de declaraciones

pblicas a los medios de comunicacin en las que no faltaron amenazas de

movilizacin. Como resultado de las presiones, a finales de 2000 el gobierno

municipal de coalicin formado por socialistas y andalucistas (PSOE-PA), nacido de

las elecciones locales de 1999, autoriz la licitacin mediante concurso pblico de

las obras de ejecucin de un mercado, zona comercial y aparcamiento subterrneo

rotatorio en la plaza5. Los comerciantes, tras ms de treinta aos demandando la

construccin del mercado, vieron en el nuevo proyecto la ltima opcin para que se

materializara su sueo. Sin embargo, cuando todo pareca resolverse

favorablemente para sus intereses se encontraron con la oposicin de distintos

colectivos (ecologistas, entidades de consumidores y asociaciones de vecinos), que

contaban con una capacidad de movilizacin desconocida hasta entonces, as como

con un inesperado actor social: el movimiento patrimonialista, opuesto a las

intervenciones en el subsuelo por el posible deterioro de los restos arqueolgicos.

La realizacin del proyecto exiga una nueva investigacin arqueolgica que

determinara si en el subsuelo se hallaban restos de valor. Por ello, desde que fue

4 Las leyes estatal y autonmica de Patrimonio Histrico ordenan que la construccin de edificios y equipamientos

en Conjuntos Histricos debe ir precedida de prospecciones arqueolgicas. En 1990 el Conjunto Histrico de Sevilla, una amplia superficie de 783,5 hectreas, fue declarado Bien de Inters Cultural (Real Decreto 1339/1990 de 2 de noviembre).


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formalizada la concesin, se lleva a cabo una importante excavacin arqueolgica

en la plaza. La expectacin ante los restos que se van descubriendo es

extraordinaria, alimentando un intenso debate social sobre el carcter de los

vestigios, los cuales constituyen para unos piezas de indudable valor patrimonial y

para otros simples testimonios del pasado sin valor patrimonial6. El pulso existente

entre los sectores favorables y los detractores del proyecto ocupa un lugar central

en la vida de la ciudad, alcanzando amplia resonancia en los medios de

comunicacin locales.

En una primera etapa el conflicto propici la alianza de distintos grupos de

inters y colectivos sociales, as como la formacin de frentes antagonistas. Los

partidarios del complejo constituan un bloque integrado por la propia unin de

empresas adjudicataria de las obras, comerciantes del mercado y del entorno,

empresarios de la ciudad y algunos colectivos vecinales minoritarios, que

encontraban en el Partido Andalucista (PA) su principal aliado poltico. Esta

formacin control durante la legislatura 1999-03 las Delegaciones de Urbanismo y

de Obras Pblicas liderando el proyecto de la Encarnacin. Por su parte, el sector

opositor lo integraban entidades ecologistas, vecinales, patrimonialistas, de

consumidores y expertos profesionales (arquitectos, urbanistas y arquelogos,

sobre todo) procedentes de la Universidad y, en algunos casos, con experiencia en

cargos pblicos. Los apoyos polticos de este bloque eran ms dbiles. Slo les

respaldaba explcitamente la coalicin Izquierda Unida (IU), grupo municipal

minoritario en el ayuntamiento, lo que les obligaba a utilizar estratgicamente en su

beneficio las contradicciones de los socios de gobierno municipal, as como a

presionar a la administracin autonmica especialmente a las Consejeras de

Cultura y de Medio Ambiente, para que se cumpliera la legislacin y los acuerdos

5 La Unin Temporal de Empresas (UTE) Martn Casillas, S.L. y Ficon, S.A fue seleccionada por la Mesa de Contratacin. 6 Es indudable el valor cientfico de los restos hallados hasta ahora, los cuales estn contribuyendo a desvelar algunas cuestiones importantes de la historia de la ciudad. Otro asunto ms complejo ser determinar si cuentan con valor patrimonial. Gracias a las excavaciones, sabemos que el solar ha sido sucesivamente ocupado desde la antigedad. La secuencia estratigrfica y los restos hallados (villas, mosaicos y un templo paleocristiano del Bajo Imperio) sealan que se trataba de un espacio perifrico de Hspalis, la Sevilla romana. Tambin se han encontrado restos de casas, hornos y patios correspondientes a los siglos XII y XIII, los cuales confirman que La Encarnacin se situaba en un lugar cntrico y poblado de Isbiliya, la Sevilla almohade. Otros hallazgos de pocas posteriores muestran que la ocupacin del asentamiento fue permanente, variando la intensidad segn las pocas, hasta que en 1591 fuera construido el convento de la Encarnacin.


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suscritos por las administraciones en materia de Trfico, Patrimonio y

sostenibilidad7.

El gobierno municipal surgido de las elecciones locales de 2003 y formado por

la coalicin PSOE-IU inaugur una nueva fase en el conflicto. Los responsables

polticos paralizaron el primer proyecto y promovieron un concurso de ideas que

gan el prestigioso arquitecto alemn Jrgen Mayer cuyo proyecto, denominado

Metropol Parasol, supone un tratamiento menos agresivo hacia los restos

arqueolgicos. Si bien la propuesta patrimonialista de convertir el espacio en un

yacimiento arqueolgico accesible a los vecinos y visitantes no ha sido plenamente

asumida, pues el proyecto de Mayer contempla la ejecucin de una zona comercial

cuyas dimensiones dependern de los resultados definitivos de las excavaciones, el

nuevo gobierno ha admitido parte de las tesis patrimonialistas. Sin embargo, el

conflicto no se ha resuelto. Las autoridades municipales plantean que las obras

exigirn el desmantelamiento de una porcin del recinto, lo que supondr el

traslado de algunos restos al museo arqueolgico provincial siempre y cuando as lo

determinen los arquelogos. Por su parte, las entidades patrimonialistas no estn

conformes con la nueva propuesta argumentando que, de acuerdo con la Ley de

Patrimonio Histrico, los restos deben mantenerse in situ, por lo que cualquier

traslado se interpreta como una profanacin. Como se ve, el asunto se presenta

como una cuestin tcnica que deben resolver los expertos, pero la polmica

trasciende con creces el mbito acadmico y profesional para convertirse en un

asunto de gran repercusin social en el que dan su voz e intervienen distintos

sectores y grupos de la sociedad sevillana.

7 La ejecucin de un aparcamiento rotatorio en el centro histrico de la ciudad contradeca los presupuestos

medioambientales que el propio Consistorio defenda. En 1999 el ayuntamiento suscribi el protocolo de pertenencia al grupo de ciudades en pro de la sostenibilidad ambiental. Del mismo modo, el aparcamiento supone la vulneracin de planes, acuerdos y compromisos aprobados por el Consistorio como el Plan Integral de Ordenacin Vial (PIOV), el Pacto por la Movilidad, la Carta Alborg y el Avance del Plan General de Ordenacin Urbana.


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Mientras se busca una solucin al conflicto prosiguen las excavaciones

arqueolgicas en el solar ante la atenta mirada de ciudadanos, periodistas,

patrimonialistas, etc., que se asoman al recinto para comprobar cmo avanzan las

obras. Los arquelogos realizan su trabajo sometidos a una importante presin

social y meditica comprobando cmo el ms mnimo resto hallado es rpidamente

elevado a la categora de patrimonio por parte de los grupos patrimonialistas o es

denostado como piedras sin valor por los colectivos partidarios del proyecto. Los

responsables polticos quieren hacer recaer la decisin en los arquelogos, es decir,

que estos determinen si los descubrimientos constituyen patrimonio cultural o si

slo son vestigios cuyo valor radica en que aportan informacin cientfica sobre el

pasado de la ciudad. As, como siempre se ha hecho, los polticos delegan en los

expertos la decisin, aunque ellos tienen la ltima palabra; no obstante, la fuerte

presin social para preservar y patrimonializar los restos constituye un fenmeno

que hay que saber administrar de acuerdo con una nueva sensibilidad que poco a

poco se instala en la sociedad.

Caracterizacin de las entidades patrimonialistas involucradas en el

conflicto.

Las asociaciones de defensa del patrimonio son muy heterogneas en cuanto

a la composicin social de sus miembros, el nivel de organizacin, la ideologa que

subyace a las reivindicaciones y los objetivos finales perseguidos (Hernndez,

2004). Las entidades que actan en la Encarnacin podran ser denominadas

conservacionistas o de resistencia porque centran su actuacin en la defensa del

patrimonio arqueolgico, histrico, artstico y monumental frente al proceso de

deterioro del mismo, exigiendo sobre todo a la administracin- su conservacin.

Estas organizaciones llevan a cabo una perseverante labor de vigilancia de todo lo

que ocurre en la ciudad en relacin con el patrimonio (acciones ilcitas,

restauraciones, excavaciones, catalogaciones, etc.), al tiempo que impulsan la

conciencia del valor del patrimonio histrico entre la poblacin. No obstante,

adolecen de una visin restringida del patrimonio, pues en su concepcin ste

abarca slo bienes materiales que renen los atributos de antigedad, esttica y


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excepcionalidad. Por ello centran sus demandas casi exclusivamente en la denuncia

del deterioro de bienes concretos que contienen dichos valores. A su mbito de

intervencin escapan casi siempre otros elementos abundantes, tradicionales e

intangibles. Nos referimos a aquellos bienes que forman parte del patrimonio

etnolgico y que tienen que ver con modos de vida, lugares y actividades

(Hernndez, 2003).

En el conflicto de la Plaza de la Encarnacin destacan tres entidades

patrimonialistas que se oponen al proyecto: Asociacin para la Defensa del

Patrimonio, ADEPA; Asociacin Demetrio de los Ros para la Defensa del Patrimonio;

y Asociacin de Profeso res para la Difusin y Proteccin del Patrimonio Histrico,

Ben Baso8. Las tres entidades han coincidido en su rechazo al proyecto y

puntualmente han llevado a cabo acciones conjuntas alindose con ecologistas,

asociaciones vecinales y de consumidores, construyendo as un frente muy activo.

Sus acciones son muy diversas: conferencias y mesas redondas, manifestaciones,

cortes de trfico, campaas de recogidas de firmas y solicitudes a las autoridades

competentes desde las locales hasta la propia Unin Europea- para que se cumpla

la normativa sobre medio ambiente y patrimonio.

Con respecto a los restos arqueolgicos, las entidades conservacionistas

defienden un punto de vista que podramos definir como sacralizador. Segn este

presupuesto ideolgico, que sintetiza una visin de la historia y una propuesta

concreta de ciudad, los vestigios materiales del pasado revelan la continuidad y la

particularidad de la sociedad o comunidad local; son elementos nicos y

amenazados que deben preservarse. De acuerdo con este criterio, los restos

arqueolgicos susceptibles de ser patrimonializados son abundantes. Aunque sin

duda existe una actitud bienintencionada en esta posicin, si se aplicara este

radicalismo patrimonialista se producira en la prctica una asimilacin entre pasado

y patrimonio, lo que generara una especie de inflacin patrimonial por la que

cualquier objeto antiguo elevara su valor transformndose en patrimonio histrico.

8 Existen algunas diferencias entre ellas, sobre todo por el mbito de actuacin, aunque tambin en el estilo o

talante. ADEPA centra ms su actuacin en la denuncia urbanstica, por ejemplo, el rechazo a los remontes de los edificios de nueva construccin que alteran la estructura paisajstica de los centros histricos; Demetrio de los Ros en la proteccin de monumentos y edificios histricos; y Ben Baso en la difusin del valor del patrimonio entre sus socios y la ciudadana en general organizando jornadas, excursiones, encuentros y cursos de formacin.


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En el caso concreto de la Plaza de la Encarnacin, los restos hallados y por

hallar gozan ya de partida de un gran valor para los conservacionistas, que afirman

literalmente que stos son un patrimonio de la colectividad. Ello justifica de sobra

la paralizacin definitiva del proyecto del centro comercial, al que consideran un

atentado gravsimo al paisaje urbano (dirigente de ADEPA, ABC, 5 de marzo de

2005). Pero esta misma argumentacin les lleva a ser tambin muy crticos con los

arquelogos. Frente a la visin tcnica y cientfica de estos especialistas, para los

que cualquier resto hallado es inicialmente un dato, una fuente material que puede

servir para profundizar en el conocimiento de la historia; para los conservacionistas,

los restos hallados constituyen bienes que cuentan con un valor incalculable, porque

son la herencia del pasado y una muestra de la identidad histrica de la comunidad

que se encuentra -o se percibe- amenazada en un mundo de cambios que tiende a

la homogeneizacin cultural.

Los arquelogos sostienen que slo algunos bienes alcanzan la categora de

patrimonio. Segn su planteamiento, cuando aparece un resto que alcanza este alto

valor se entra en una nueva etapa, la de la conservacin, en la que intervienen

otros especialistas tales como los restauradores o los muselogos. Sin embargo,

aquellos vestigios que, segn su criterio, carecen de dicha valoracin, deben ser

documentados histrica, estratigrfica y planimtricamente y luego, si se estima

que en el subsuelo existen restos ms antiguos, pueden ser eliminados para

avanzar en la excavacin. Esta metodologa escandaliza a los conservacionistas que

establecen la equivalencia Resto = Patrimonio, al estimar que la antigedad es un

criterio vlido para patrimonializar los hallazgos. La accin destructiva que supone

aplicar una metodologa arqueolgica que prima la documentacin histrica sobre la

preservacin, es muy criticada por los conservacionistas, los cuales proponen otro

modelo de excavacin muy selectivo: la realizacin de prospecciones sectoriales

escalonadas en las que se sacrifiquen al mnimo los restos y que renuncie a su

objetivo cientfico de continuar profundizando nuevas etapas en la excavacin

cuando esto suponga la eliminacin de zonas completas; es lo que denominan una

arqueologa sostenible. En este sentido, as se manifestaba un lder de la asociacin

Ben Baso: Los restos arqueolgicos sacados a la luz tienen ya valor sobrado como


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para no desaparecerslo una prospeccin para obtener informacin y rescatar

elementos fsicos de la Sevilla romana justificara, e incluso esto con dudas, levantar

lo existente....

Desde esta concepcin sacralizadora del pasado, los restos son vestigios

nicos que merecen el mximo mimo y cuidado, por lo que su eliminacin e incluso

su traslado se consideran una profanacin de la historia. Este ltimo aspecto es muy

interesante. Los conservacionistas son muy crticos con el desmonte y la

musealizacin de los restos porque, segn dicen, ello implica la descontextualizacin

de los mismos, lo que califican como una agresin intolerable contra la historia.

Segn esta visin, el patrimonio es intocable, por lo que exigen la inmovilizacin de

los vestigios arqueolgicos en el mismo lugar donde fueron hallados. Lo contrario

supondra desenterrarlos del lugar donde han permanecido durante siglos,

agazapados, esperando ser descubiertos. De esta manera se produce una curiosa

metfora contempornea: los restos hallados en el subsuelo son percibidos como la

raz de la sociedad. Desmontarlos supondra arrancar las races, es decir,

desarraigar a la sociedad de sus vnculos ms profundos, a los que se aferra para

seguir existiendo como comunidad particular y diferenciada en un contexto de

uniformizacin global.

Ms all de una valoracin de esta interpretacin del patrimonio, estimamos

que la accin de estas entidades tiene un aspecto sumamente positivo al fomentar

el inters y la reflexin de la ciudadana sobre su historia y sobre el urbanismo

posible en los centros histricos. En este sentido, contribuyen a formar sujetos

reflexivos, impulsan un nuevo modelo de ciudad y proponen la participacin

ciudadana en las decisiones sobre aspectos anteriormente circunscritos al dominio

de los expertos arquelogos, urbanistas y arquitectos. Los conservacionistas

entienden que la historia y el patrimonio han estado secuestrados y que hoy, con la

democratizacin de la sociedad y el desarrollo de una conciencia cvica, comienza a

consolidarse lo que consideran un derecho fundamental: el derecho a la memoria.

Por esta razn, no slo se oponen a que los restos sean eliminados, enterrados o

desmontados, sino que adems rechazan que la excavacin no pueda ser visitada,


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lo que interpretan como una actuacin antidemocrtica9. De acuerdo con estos

presupuestos organizaron la campaa: Queremos ver, queremos saber, de amplia

repercusin social, en la que se denunciaba lo que denominan una arqueologa de

urgencia que, por estar al servicio de los intereses empresariales, es ocultada a los

ciudadanos que son sus legtimos depositarios. En este sentido, la participacin

ciudadana tiene una doble finalidad: en primer lugar la propia difusin del valor de

los restos; y, en segundo lugar, establecer un control ciudadano sobre las

actividades en el yacimiento.

Todo este conjunto de ideas y acciones se acompaa de una alternativa al

proyecto de moderno centro comercial: la creacin de un Parque Arqueolgico, el

cual se concibe como una opcin mucho ms razonable que la musealizacin y la

descontextualizacin de los restos, que integrara el patrimonio arqueolgico en la

ciudad. Es sta una apuesta en la que se plantea un doble uso del patrimonio

cultural: acercar la historia a la poblacin para reafirmar la identidad social

amenazada y construir una ciudad histrica en la que sea compatible el pasado con

el futuro. La propuesta abre una nueva va con posibles consecuencias posibles que

quizs no hayan sido suficientemente valoradas por los conservacionistas, como la

mercantilizacin y trivializacin del patrimonio arqueolgico al servicio de la

actividad turstica.

9 Para reforzar este argumento se apoyan en la Carta Internacional para la Gestin del Patrimonio arqueolgico,

adoptada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en 1990, cuyo artculo sptimo indica expresamente: La promocin al gran pblico del patrimonio arqueolgico es un medio esencial para promocionar ste y dar a conocer los orgenes y el desarrollo de las sociedades modernas.


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de resto arqueolgico a patrimonio cultural

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