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a4 Opinin EL COMERCIO viernes 9 de diciembre del 2011

EDITORIAL

El esfuerzo gubernamental por hacer cumplir la ley contra la minera informal que, como hemos dicho,

deforesta, contamina con mercurio ros y afluentes, genera informalidad econmica y descomposicin social y

moral debe incluir la formalizacin de esta actividad. Es en Madre de Dios donde posiblemente este flagelo es

ms grave, pero otras zonas del pas no estn libres. EDITORIAL DE EL COMERCIO / 9 DE NOVIEMBRE DEL 2011

HUMOR PROFANO PorMolinaFILOSOFEMAS

Tres personas han agitadoa la poblacin cajamar-quina: el presidente re-

gional Gregorio Santos, el ex sa-cerdote Marco Arana y WilfredoSaavedra, presidente del Frentede Defensa Ambiental, acompa-ados por autoridades locales. Elmotivo de esta agitacin ha sidoel proyecto Conga propuesto porla minera Yanacocha, que consis-te en lo siguiente: hay cuatro la-gunas en Cajamarca, pero el oroest en el fondo de una de ellas,la ms importante. La nica ma-nera de explotarla es trasvasar elagua de las lagunas a un reservo-rio que contendra las aguas y lasdistribuira de acuerdo con las

necesidades de la poblacin. Laventaja de este procedimiento esque podra proporcionar agua enpoca de secano.

Pero las personas menciona-das se oponen furiosamente aeste proyecto. Mediante arengasy amenazas se han declarado enhuelga indefinida, paralizaronlas actividades cotidianas de laciudad de Cajamarca. El comer-cio estuvo inerme, las escuelas no

funcionaron y no podan ingresara la ciudad muchos productos ne-cesarios para la vida diaria.

Ante esta situacin, el Gobier-no entabl dilogo con los diri-

gentes y el propio presidente delConsejo de Ministros, SalomnLerner Ghitis, acompaado pordiversos ministros, entre ellosel del Ambiente, fue a Cajamar-ca a dialogar con los dirigentes.

Las conversaciones entre Lernery los representantes del puebloduraron 8 horas. Los segundos

se haban comprometido a depo-ner sus medidas de fuerza, peroal momento de firmar el acuerdoalegaron que deban consultarlopreviamente con sus bases.

La situacin se torn insopor-table. El presidente de la Rep-blica declar el domingo pasadoel estado de emergencia durantesesenta das en las provincias deCajamarca, Celendn, Hualgayocy Contumaz. De inmediato ces

el desorden y el caos que habanimperado en la regin durantems de dos semanas.

El presidente ha actuado conmucha prudencia. Desde que seiniciaron los disturbios en Caja-marca quiso arreglar las cosas demanera pacfica. Por eso decidique fuera el propio presidente delConsejo de Ministros, acompaa-do por una gran comitiva, a tratarde lograr un acuerdo pacfico con

los revoltosos. Y ya hemos vistolo que sucedi. Por esta razn, elprimer mandatario decidi de-clarar el estado de emergencia.

Ahora la situacin ha cambia-do por completo en Cajamarca.Los colegios han comenzado afuncionar, con los negocios hapasado lo mismo y ya las cosasque faltaban para el sustento delos habitantes estn llegando a laciudad.

Lo que est sucediendo mues-tra el total desorden que habanprovocado los agitadores. Es muyposible y me atrevera a afirmarque es seguro que la mayora dela poblacin no estaba de acuer-do con lo que hacan los agitado-

res. Posiblemente no vean consimpata el proyecto Conga, pe-ro no pensaban arreglar las cosasmediante huelgas y bloqueo decarreteras.

Quiero expresar enfticamen-te que el presente artculo no espara defender el proyecto Con-ga. Todava hay mucho pan porrebanar. Hay que hacer mayoresestudios al respecto, lo que toma-r bastante tiempo. Pero, enton-ces, cmo hacer para expresar laoposicin de la poblacin al pro-yecto. Lo lgico me parece es quela oposicin se hubiera comuni-cado con el Gobierno, enviandouna comisin encabezada porlas autoridades de Cajamarcapara expresarle su oposicin alproyecto. Si se hubiera procedi-do de este modo, se podra haberevitado el revuelo producido porlos agitadores. Desgraciadamen-te, lo que sucede es que los agita-dores estn azuzando a las per-sonas con el nico fin de causardao a la democracia. Felizmen-te, debido a las medidas del Go-bierno, la sangre no lleg al ro.

La prepotencia anteel Estado de derechoFranciscoMir QuesadaCantuariasDirector general

Los agitadoresestn azuzando a laspersonas con el nicofin de causar dao a lademocracia

ILUSTRACIN. VCTOR AGUILAR

LA DECLARACIN UNIVERSAL DE LOS DD.HH.

Despus de la SegundaGuerra Mundial, la co-munidad internacional

se comprometi a no permitirnunca ms atrocidades. Los lde-res del mundo decidieron com-plementar la Carta de las Nacio-nes Unidas con un conjunto deprincipios para garantizar losderechos de todas las personas.As, el 10 de diciembre de 1948,se aprob la Declaracin Univer-sal de los Derechos Humanos.

Por primera vez, se recono-cieron y garantizaron a todas laspersonas sin importar raza, re-ligin, gnero, edad o cualquierotra caracterstica sus dere-chos. La funcin histrica de ladeclaracin fue universalizarestos principios, rescatar el va-lor trascendental de la dignidadhumana y prohibir de maneraabsoluta el racismo, la discrimi-nacin, la violencia, la exclusiny la tortura.

En el aniversario 63 de su

aprobacin y sus vitales referen-cias ticas todava no han sidoincorporadas ntegramente enla conciencia y la cultura de to-dos los sectores de la sociedad.Por ello, debemos encaminarnuestros esfuerzos para que estadeclaracin constituya el idealcomn de las naciones y de los pe-ruanos y peruanas en particular.

Se debe reconocer que losDD.HH. todava no se respetande forma completa e integral. Lapobreza de miles de peruanos esuna violacin de numerosos de-rechos bsicos. Por ello, es nece-sario que el Estado traduzca enpolticas pblicas claras la plenavigencia de los principales, co-mo son la salud y la educacin.La promocin y acceso al trabajodecente debe constituir una prio-ridad en un enfoque de inclusinsocial. La atencin de las pobla-ciones ms excluidas y vulnera-bles tiene que ser una prioridaddel Estado. La poltica de segu-ridad ciudadana, el cuidado delmedio ambiente y los programasde prevencin de conflictos de-

ben focalizar su labor en evitar la

prdida de ms vidas humanas.El ejercicio de la libertad de ex-presin debe garantizar una fis-calizacin y transparencia de to-da la actividad del Estado.

Tenemos el deber de intensifi-car la defensa de cada uno de losderechos, as como prevenir, de-tener y reparar cualquier vulne-racin. Debemos fortalecer nues-tra jurisdiccin ordinaria y cons-titucional como guardianes delrespeto y garanta de los DD.HH.Como seal Fernando Savater(1998), la gran revolucin pol-tica del siglo XXI ser, sin ningu-na duda, el proyecto de extenderde forma efectiva los derechoshumanos a todas las personas.Algo se ha hecho, queda muchotodava mucho por hacer. Pero sifracasamos, lo que nos espera noes una civilizacin diferente, sinouna barbarie tecnificada, consu-mista, reforzada por la nefastasupersticin que los humanos te-nemos que dedicarnos a cultivarnuestras diferencias insolubles yno a proteger institucionalmentenuestra humanidad comn.

La detencin del ex eme-rretista y presidente delFrente Ambiental de Ca-

jamarca, Wilfredo Saavedra, du-rante 9 horas, no se entiende. Sino haba orden del juez, pues setrat de una detencin arbitraria,aunque el doctor Anbal Quirogaargumenta que esa detencinera legal dentro de una interpre-tacin lata de la flagrancia, con-siderando todos los delitos queinvolucr el desarrollo de la para-

lizacin en Cajamarca. Es decir,quiz fue detenido para indagarsobre su participacin en hechoscomo los bloqueos o los ataquesa las instalaciones de Conga o amedios de comunicacin, etc. Nolo sabemos. Pero en la medida enque Saavedra fue uno de los doslderes notorios de las moviliza-ciones, es claro que debi habersido acusado directamente porautora mediata en esos delitos.Eso no ha ocurrido hasta ahora.

Lo cierto es que el Gobiernodebe ser especialmente escrupu-loso en este tema, pues si la justi-ficacin ltima de la declaratoriadel estado de emergencia en Ca-jamarca fue el restablecimientodel Estado de derecho en esa re-gin, vulnerado por la dictaduraimpuesta por las minoras radica-les que afectaba los derechos a lalibertad de expresin, al trnsito,al transporte, a las transacciones,a la educacin, etc., no cabe que

al mismo tiempo el Gobiernorealice una accin que pueda sercuestionada por transgresora delEstado de derecho.

Lo que no quiere decir queno se deba actuar contra los res-ponsables de la violacin de esosderechos y de la comisin de losdelitos arriba mencionados. Entodo este asunto ha habido de-masiadas conductas al margende la legalidad, comenzando porel desacato abierto del presiden-

te regional contra decisiones que

son competencia del GobiernoCentral. Aqu est en cuestin launidad del Estado Peruano, queest experimentando un procesode disgregacin y feudalizacincreciente, que solo conduce a laanarqua y a la perpetuacin delsubdesarrollo.

Restablecer el principio deautoridad es, entonces, indis-pensable si queremos ser via-bles como nacin. Para ello sedebe comenzar por acabar conla impunidad. Los responsablesde los bloqueos y dems delitosdeben ser acusados y sanciona-

dos, con todo el peso de la ley,

dentro del debido proceso. Pe-ro no basta con eso. El Gobiernonecesita convencer. Y para esotiene todos los argumentos a sufavor, pues oponerse a Congaes, en ltima instancia, aten-tar contra el progreso de lospueblos. Pero necesita tenercapacidad de propuesta y con-quistar autoridad en los propiostemas ambientales, frente a lainversin minera. La poblacindebe sentir en el presidente yen el Gobierno a un aliado. Nodebera ser tan difcil, habiendobuena fe y propuestas.

Instrumento para la inclusin

Sancionar y convencer

EduardoVega Luna

Defensordel Pueblo (e)

Jaime de Althaus Guarderas

rincndelautor Los responsables de los bloqueos y dems delitos deben ser acusados y sancionados,dentro de la ley. Pero no basta con eso. El Gobierno necesita convencer

En una medida absurda y pernicio-sa, el Gobierno acaba de autori-zar que los mineros informales re-anuden sus labores de extraccin

en Madre de Dios, lo que sin duda afectarel equilibrio ambiental y seguir contami-nando ros y suelos, sobre todo en la reser-va de Tambopat a.

Tal decisin se tom luego de que los dir i-gentes de la Federacin Minera de Madre deDios (Fedemin) amenazaran con continuar lahuelga que acataban desde el 5 de noviembre.Es decir, se termina cediendo ante una medidade presin, lo que adems de afectar el principiode autoridad, implica serios riesgos para la sos-tenibilidad ambiental de la zona.

Lo que la poblacin de Madre de Dios y la

ciudadana en general se preguntan es: Cu-

les son los nuevos parmetros, si existen, queguiarn el ordenamiento minero en Madre deDios? Cmo se har para diferenciar a los mi-neros informales de los ilegales, que en la prcti-ca son lo mismo? Cmo se formalizar, en quplazos y con qu requisitos? Qu autoridadesexigirn los permisos y vigilarn el cumplimien-to de las nuevas normas? Cmo se actuar conlos mineros ilegales que han destruido grandesextensiones con el uso de mercurio?

Debe recordarse que el caso de Madre deDios, quiz el ms grave, no es el nico de mine-ra ilegal altamente contaminante. Por lo mis-mo, habr que pensar en el negativo precedenteque se est sentando, ms aun si no se han expli-cado, de modo integral, las directrices guber-namentales para abordar la minera informal y

cuidar el medio ambiente.

Nuevamente el Poder Judicial se en-tromete en la marcha de la ciudad.Acaba de admitir una accin de am-paro presentada por un grupo de

comerciantes de una galera, que incluso care-cen de certificado de seguridad, y contravienenla ley, ponen en riesgo sus propias vidas y las desus eventuales clientes.

Subrayamos que no se trata de un error, sinode un acto premeditado y sospechoso, que debeser explicado a la ciudadana.

No es la primera vez que algunos magis-trados negligentes mal utilizan esta accin degaranta constitucional, para alentar la impu-nidad, interferir en los fueros edilicios y desco-nocer sanciones justificadas y urgentes dirigi-das a resguardar el orden y la seguridad de los

vecinos.

Y como el desorden genera desorden, en lu-gar de buscar el dilogo, los comerciantes blo-quearon algunas rutas del Metropolitano paraprotestar contra la medida. Posteriormente, seapresuraron a mostrar que haban atendido lasobservaciones municipales, con la colocacinde extintores y retirando los bultos que obs-truan espacios comunes.

Sin embargo, lo que se ha transgredido eneste caso es el principio de autoridad, sin pensaren las consecuencias. Hemos olvidado acaso loque ocurri en el incendio de Mesa Redonda?

El Poder Judicial no puede hacer tabla rasade las 13 razones que llevaron a la comuna a or-denar el cierre del local por un mes. Al igual quelos comerciantes, tambin ha desafiado la auto-ridad que dice defender, lo que afecta el orden y

la institucionalidad democrtica.

Contaminacin en Madre deDios: absurdas contramarchas

Poder Judicial versusMunicipalidad de Lima