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Cursos de Verano de la Universidad de Burgos.” Éxodos: Migraciones y refugiados” 3 al 6 de

julio de 2017. Burgos

“LA POLÍTICA MIGRATORIA DE LA UNIÓN EUROPEA Y SU IMPACTO EN LAS POLÍTICAS DE

COOPERACIÓN”

Maite Serrano

Directora de la Coordinadora de ONGD-España

“La humanidad está en crisis y no hay otra

manera de salir de la crisis que mediante la

solidaridad entre los seres humanos”

Zigmun Bauman

1. SITUANDO LA MIGRACION EN SU CONTEXTO

En la actualidad el mundo se enfrenta al mayor reto migratorio desde la Segunda

Guerra Mundial. Más de 65 millones de personas (todas juntas formarían el vigésimo

país más poblado de la tierra) se han visto obligadas a salir de sus casas y se

encuentran a la deriva, convirtiéndose en la expresión más cruda y explícita de la

crisis de un modelo que es insostenible desde todos los puntos de vista: social,

ecológico y, sobre todo, humano.

Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad. Los desplazamientos

de grupos humanos de unas zonas a otras han sido constantes desde la remota

prehistoria. Nomadismos, invasiones, peregrinajes, expediciones comerciales,

colonizaciones han ido configurando el mundo a lo largo de la Historia. Pero es solo

recientemente cuando se ha inaugurado una época donde las migraciones masivas

son una constante como consecuencia de un modelo de desarrollo que cada vez

genera más personas “superfluas”, excedentes del sistema, junto con personas

perseguidas por sus creencias religiosas, sus ideas políticas, su identidad sexual, o

como consecuencia de guerras o conflictos.

Lo que estamos observando desde 2015 es un aumento del número de personas

desplazadas que llegan a Europa (más de un millón de personas en ese año). Lo

nuevo pues es que llegan a Europa en un número importante, pero todavía muy

minoritario si lo comparamos con el total de personas desplazadas y refugiadas en el

mundo que permanecen en su mayoría en las zonas próximas a los lugares de huída,

como veremos más adelante.

El incremento brusco de personas que se ven obligadas a salir de sus casas en busca

de lugares seguros se empieza a producir a partir de 2012 como consecuencia de la

2

profunda desestabilización de la región de Oriente Próximo y Medio “a raíz de las mal

calculadas, temerariamente cortas de miras y, reconozcámoslo, frustradas aventuras

políticas y militares de las potencias occidentales en la zona”1. La guerra civil en Siria

es la principal causa, pero este aumento se debe también a la situación de una

desestabilizada Libia y otros conflictos en la región, como los de Irak y Yemen, la

República Democrática del Congo, Sudan del Sur y Sudán.

Conflictos todos ellos que son en parte consecuencia de la intervención militar de

EEUU en Oriente Medio (con el apoyo del gobierno español y britanico, no lo

olvidemos) antes y despues del 11 de septiembre de 2001, e intensificada con

interveciones sucesivas en las cuales han participado otros países como Rusia y

Francia, cada uno con sus propios objetivos.

Pero, como bien explica Balibar2 las raíces del conflicto se encuentran en la rivalidad

feroz entre Estados que aspiran a la hegemonía regional: Irán, Arabia Saudí, Turquía,

Egipto, y en cierto modo Israel (hasta ahora la única potencia nuclear en la zona). “La

guerra precipita todas las cuentas no saldadas de la colonización y del imperio:

minorías oprimidas, fronteras trazadas arbitrariamente, recursos minerales

expropiados, zonas de influencia objeto de disputa, gigantescos contratos de

abastecimiento de armamento… Lo peor, quizás, es que se reactiva el "odio teológico"

milenario: las escisiones del Islam, el choque entre las religiones monoteístas y sus

sustitutos seculares”.

Estamos ante una realidad, la de las migraciones, que puede variar en su

intensidad, pero que no va a remitir mientras no se den cambios profundos en el

mundo contemporáneo, y parece que es algo que no va a suceder a corto plazo.

Complejo y persistente, es un fenómeno que por mucho que desde los gobiernos de

los países europeos y desde la propia Comisión Europea se empecinen, no va a

resolverse levantando más muros, más altos, con más concertinas. En España

tenemos un refrán que viene muy al caso. “No se puede poner puertas al campo”.

Otra imagen muy ilustrativa de la quimera de la política migratoria de la UE es la que

recoge Bauman, citando a Robert Winder3, “podemos plantar nuestra silla en la orilla

tantas veces como nos plazca y gritarles a las olas que llegan a la orilla, que el mar no

va a escucharnos, ni a retirarse de allí”.

La segunda reflexión que quiero introducir tiene que ver con el marco jurídico que

debería guiar la política migratoria de la Unión Europea y sus Estados Miembros en

materia de migración y refugio. Dar una respuesta a la demanda de asilo y refugio

de las personas que huyen de la guerra y la persecución no es una opción voluntaria,

humanitaria o altruista. Ni siquiera es solo una cuestión ética o moral. Es una

obligación marcada por acuerdos internacionales que han sido suscritos por los

Estados Miembros y recogidos y desarrollados en las normativas europeas y

nacionales.

El asilo es un derecho internacionalmente reconocido desde 1948, con la aprobación

de la Declaración Universal de Derechos Humanos que, en su artículo 14, recoge el

1 Zigmun Bauman, Extraños llamando a la puerta, Paidos, 2016

2 https://blogs.mediapart.fr/ebalibar/blog/181115/dans-la-guerre

3 Robert Winder, Bloody Foeringners: The story of Immigration to Britain, Abacus, 2013, pág . xiii

3

derecho de todas las personas en situación de persecución, a buscar asilo, y a

disfrutar de él, en cualquier país. Tres años después se aprueba la Convención de

Ginebra del 28 de julio de 1951 sobre el estatuto del refugiado para dar protección a

millones de refugiados tras la II Guerra Mundial. Y el 21 de enero de 1967 se completa

su desarrollo con el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados aprobado en Nueva

York. Ambos protocolos han sido suscritos por más de 140 países.

España reconoce el derecho de asilo en el artículo 13.4 de la Carta Magna. La Ley

de Asilo 12/2009 de 30 de octubre regula el derecho de asilo y la protección

subsidiaria. Sin embargo, 8 años después, todavía no se ha elaborado el desarrollo

reglamentario que facilitaría y agilizaría su implementación. La Comisión Española de

Ayuda al Refugiado (CEAR) lleva años denunciando esta situación irregular que es

reflejo de la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos para poner en marcha

una política de asilo ágil y efectiva.

En el ámbito europeo el Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de febrero de

1992, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconocen el derecho de

asilo como un derecho fundamental que se desarrolla en diversas directivas de

acogida y de procedimiento, las últimas aprobadas en 2013.

El derecho de asilo consiste en el derecho que asiste a toda persona a buscar

protección fuera de su país de origen o de residencia habitual y disfrutar de ella en

caso de huir de un conflicto que pone su vida en peligro y tener fundados temores

de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o

pertenencia a un determinado grupo social. La persecución por motivos de género,

incluida aquella motivada por la preferencia sexual y la identidad de género, están

incluidas en las causas de persecución que reconoce este derecho.

La convención de Ginebra define, en los términos descritos en el párrafo anterior,

quien es una persona refugiada, y establece el principio de no devolución, que

prohíbe a los Estados expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país

en el que su vida o su libertad se encuentran amenazadas o en el que pueda sufrir

tortura, tratos inhumanos o vulneración de sus derechos humanos fundamentales.

La Unión Europea y los Estados Miembros, incluida España, a pesar de la legislación

vigente que exigiría disponer de los medios necesarios para acoger e integrar en

nuestras sociedades a las personas que llegan huyendo de la guerra, ha optado por

enrocarse dentro del muro y por librar una guerra en la frontera, en la que los muertos

se cuentan por miles. En los últimos 15 años hay documentadas más de 25.000

personas muertas en el Mediterráneo, a las que habría que añadir los cientos de

muertes, seguramente miles, sin documentar, tanto en el Mediterráneo, como en el

desierto.

DATOS

El informe anual de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)4, publicado en junio de 2017, recoge un nuevo record en la cifra de personas que se ha visto obligadas a salir de sus casas a causa de conflictos, violencia o persecución. Al

4 ACNUR 2016: Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2016.

4

finalizar 2016, había 65,6 millones de personas desplazadas, la cifra más alta desde la II Guerra Mundial, y cuya curva ascendente no cesa de crecer desde 2012, coincidiendo con el estallido de la Guerra en Siria, el recrudecimiento de conflictos existentes (Afganistán, Irak, Sudan del Sur…) y la aparición de otros nuevos (Yemen).

Grafico 1: Tendencia del desplazamiento global y proporción de desplazados 1997-2016

Fuente: ACHNUR 2016: Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2016.

Del total de personas desplazadas, 22,5 millones eran refugiadas (17,2 millones bajo el mandato de ACNUR y 5,3 millones de refugiadas palestinas registradas por el UNRWA), 40,3 personas desplazadas internamente y 2,8 solicitantes de asilo.

La principal novedad en 2016 es el aumento del retorno de personas refugiadas en comparación con años anteriores. Durante 2016, regresaron a sus países de origen 552.200 refugiadas, a pesar de que a menudo regresan en condiciones que distan de ser las ideales. Esta cifra duplica con creces la del año anterior, retornando la mayoría a Afganistán (384.000).

5

Si centramos el análisis en las personas refugiadas, observamos que más de la mitad de ellas (el 55%) proceden de tres países: Republica Árabe de Siria (5,5 millones), Afganistán (2,5 millones), Sudán del Sur (1,4 millones). Mención especial merece la situación de Sudán del Sur que solo en 2016 aumento su población refugiada en un 85% a causa de la guerra, siendo la mayoría menores de edad. Grafico 2 principales países de salida

Fuente: ACHNUR 2016: Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2016.

En 2016 el número de nuevas solicitudes de asilo siguió siendo elevado, alcanzando la cifra de 2 millones. Con 722.400 solicitudes, Alemania fue el mayor receptor del mundo de nuevas solicitudes individuales, seguida de Estados Unidos (262.000), Italia (123.000) y Turquía (78.600). En 2016, ACNUR propuso a los Estados a 162.600 refugiados para su reasentamiento (acogida voluntaria por parte de un tercer país a las personas más vulnerables según los criterios ACNUR ). Según las estadísticas gubernamentales, durante 2016, 37 países admitieron para su reasentamiento a 189.300 refugiados, cifra que incluye a los reasentados con la asistencia de ACNUR. Es interesante señalar que fue Estados Unidos quien aceptó al mayor número (96.900), mientras que la vieja Europa, que tan solo se comprometió a reasentar a 22.504 personas entre septiembre de 2015 y septiembre de 2017, a 12 de mayo de 2017, había reasentado a 16.163 personas5. Los países con menos recursos son los que acogen la mayoría de la población refugiada Los principales países de asilo fueron Turquía, Pakistán y Líbano. Por tercer año consecutivo, Turquía albergaba al mayor número de refugiados en el mundo, con 2,9 millones de personas. Le sigue Pakistán 1,4 millones; Líbano 1 millón; R. Islámica de Irán 979.400; Uganda 940.800Etiopía 791.600 y; Jordania 685.200.

5 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1302_es.htm

6

El caso de Uganda debería ser referente para las políticas en materia de refugio. La legislación vigente en este país establece un marco legal que permite a las personas refugiadas trabajar y les reconoce la libertad de movimiento. El modelo de reasentamiento establecido por Uganda les permite vivir en espacios que no son campamentos y otorga acceso a tierras para la producción de alimentos6. El ranking de los países que mayor número de personas refugiadas acogen varía si lo ponemos en relación con su población nacional. El Líbano se sitúa en primer lugar con 1 refugiado por cada 6 habitantes. Le sigue Jordania con una persona refugiada por cada 11. En tercer lugar se encuentra Turquía (1 por cada 28). Es decir que en un país como Líbano, que ocupa el puesto 76 en el Índice de Desarrollo Humano, cerca del 20% de la población es refugiada, un porcentaje que aumenta al 25%, una persona de cada cuatro, si incorporamos las refugiadas sin registrar por ACNUR. Son porcentajes importantes comparados con el esfuerzo realizado por la UE cuya población refugiada es el 0,2%.

Grafico 3: Principales países de acogida

Fuente: ACHNUR 2016: Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2016.

Lo que dicen los datos es que el 60% de las migraciones se producen entre países con niveles de renta similares; es decir, países con un desarrollo bajo. De hecho, el 86% de las personas que cuentan con algún tipo de protección internacional reconocida reside en países empobrecidos. De los 10 países que acogen al mayor número de refugiados en comparación con el tamaño de su economía nacional, 8 estaban en África. Países como Camerún, Chad, Etiopía, Kenia, la República Democrática del Congo, Sudán y Uganda- albergan a 4,9 millones de personas refugiados; una cifra que supone el 28% del total mundial. Como países de ingresos bajos, afrontan graves barreras estructurales para el desarrollo económico y social, y por tanto son los que tienen menos recursos para responder a las necesidades de quienes buscan refugio A pesar de ello, garantizan la acogida. En contraste, los seis países más ricos del planeta acogen tan solo al 9% de la población refugiada. Europa, por su parte, acoge una minoría del total de personas desplazadas; una pequeña parte de la punta de un iceberg enorme.

6 http://mundonegro.es/el-oasis-africano-para-los-refugiados-se-llama-uganda

7

Lejos de los discursos que hablan de avalanchas e invasiones, poco más de un millón

de personas ha llegado a Europa desde mediados de 2015, huyendo de guerras, del

hambre o del los estragos producidos por el cambio climático, una cifra que representa

apenas el 0,2% de la población de 500 millones que puebla la UE. Europa tiene

capacidades logísticas, económicas y políticas suficientes para acoger a la población

necesitada de protección internacional, de lo que carece es de la voluntad política

necesaria para poner los medios y los instrumentos para acoger en primer término e

integrar después a estas personas.

Si echamos la vista atrás, comprobamos que hubo un tiempo en el que Europa sí supo estar a la altura. En los años 90, cuando miles de personas huyeron de la guerra en los Balcanes los países europeos acogieron a más de 2,5 millones de personas desplazadas y refugiadas sin que ello supusiera el colapso de la UE ¿Por qué entonces fue posible y ahora –con una Europa con más recursos- no lo es? El Mediterráneo: la fosa común más grande del mundo

Durante 2016, 7.872 personas perdieron su vida en rutas marítimas. 5.098 de ellas (65%) en el Mediterráneo mientras intentaban alcanzar las costas europeas procedente de Libia, Egipto, Túnez y Marruecos 7. Es la cifra más alta registrada hasta ahora, pero todavía más preocupante es que si la comparamos con el número de llegadas observamos que mientras en 2015, llegaron a las costas europeas más de 1 millón de personas y se registraron 3.784 personas fallecidas, en 2016 las llegadas se redujeron a menos de la mitad, pero las muertes aumentaron un 34%, como consecuencia directa del cierre de la ruta de los Balcanes y, por ende, la reactivación de la ruta del mediterráneo central, mucho más larga insegura y peligrosa. Como dice Carlos Berzosa en la presentación del informe anual de CEAR8, estas cifras “revelan la dimensión de una tragedia inaceptable, porque es evitable, e interpela a los gobiernos europeos a imprimir un giro copernicano a su política de asilo y a abrir vías legales y seguras para la protección internacional”. En lo que va del año 2017 han perdido la vida más de 1800 personas oficialmente, solo en el Mediterráneo.

2. LAS MIGRACIONES FORZOSAS VISTAS DESDE EL MARCO DE LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y DEL NUEVO CONSENSO EUROPEO PARA EL DESARROLLO

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015, por NNUU, junto con los Acuerdos de Addis Abeba para la financiación para el desarrollo, y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, conforman el marco global de referencia en materia de desarrollo sostenible para los próximos 15 años. Se trata de un marco político que, respecto a los acuerdos precedentes (como los ODM), supone un avance importante en tanto por la incorporación de la dimensión medioambiental como parte consustancial del desarrollo como por el enfoque sistémico que profundiza en la complejidad y multisectorialidad de los problemas relacionados con el desarrollo y por lo tanto de sus soluciones. Y es aquí, en la implementación de las políticas que debe dar respuesta a los grandes desafíos, incluido el que se deriva de las migraciones forzosas, donde se marcará la diferencia entre una agenda realmente

7 https://www.iom.int/

8 CEAR: Informe 2017 personas refugiadas en España y en Europa. https://www.cear.es/publicaciones-

elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/

8

transformadora o un lavado de imagen para seguir haciendo más de lo mismo, aunque esto último sea una opción que condena al fracaso a la humanidad. Esta Agenda comprende 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas

orientadas a reducir la pobreza y asegurar el desarrollo sostenible “sin dejar a nadie

atrás”. Así, entre sus metas, contempla facilitar una migración y movilidad seguras,

regulares y responsables de las personas, garantizando el pleno respeto de los

derechos humanos y el trato humano a las personas migrantes, independientemente

de su estatus migratorio. Es la primera vez que la migración pasa a formar parte del

ámbito principal de políticas de desarrollo mundial. En concreto la migración es

referenciada en relación con los siguientes desafíos: (i) La situación de los

trabajadores migrantes que se recoge en el Objetivo 8 sobre el crecimiento

económico y el trabajo decente, (ii) el tema de la trata de personas es mencionado en

varios de los objetivos, por ejemplo el Objetivo 16 para promover sociedades pacíficas

e inclusivas, y (iii) la situación migratoria específicamente, es mencionada como factor

de desagregación en el seguimiento y evaluación del Objetivo 17. Por último, entre

todas las metas, la meta 10.7 de los ODS contiene la referencia específica a la

migración en la Agenda 2030, en los siguientes términos: “Facilitar la migración y la

movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras

cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”9.

El grupo de trabajo sobre la Agenda 2030 de Futuro en Común10valora la importancia

de que la Agenda reconozca la contribución de la migración internacional al

crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible. Subraya, sin embargo, que este

reconocimiento se realiza desde una visión restringida, “que no parte de un enfoque de

derechos humanos y que no aborda realmente las causas de las migraciones forzadas

de millones de personas en todo el mundo. Es decir, la Agenda no vincula la cuestión

de la movilidad humana con los problemas de desarrollo, la explotación de los

recursos naturales, el acaparamiento de tierras y de agua o los conflictos bélicos,

cuando son precisamente la pobreza, el cambio climático o las desigualdades las que

generan la necesidad de la migración. Las migraciones deberían constituir un objetivo

singular por su relevancia y permanencia en el tiempo, dada la transversalidad de

causas: desastres naturales, económicos, ambientales o sociales.” Es precisamente

esta visión limitada, carente de enfoque de derechos, la que explica que las únicas

metas de la Agenda ODS en relación a las migraciones estén redactadas en clave de

control de migraciones y migraciones ordenadas.

“Tampoco aborda la realidad de las personas refugiadas y desplazadas desde la

necesidad de incidir con los Estados en el cumplimiento de los derechos humanos y

del Derecho Internacional Humanitario, en cuanto a la obligatoriedad de protección,

cumplimiento del derecho de asilo y de una acogida digna”. Esta es una seria

limitación de la Agenda ODS cuya interpretación e implementación debería, por tanto,

vincularse estrechamente con el marco global de derechos humanos existente (Carta

Universal de Derechos Humanos, Convención de Ginebra y su Protocolo, Convención

9http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/agenda_2030_desarrollo_sostenible_cooperaci

on_espanola_12_ago_2015_es.pdf 10

Futuro en Común es un espacio intersectorial, formado por una diversidad de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la justicia global desde diferentes perspectivas (feministas, ecologistas, de acción social, de desarrollo, sindicalistas…). www.futuroencomun.net

9

de NNUU sobre los trabajadores migrantes,…), para garantizar un abordaje de las

migraciones consistente con los derechos humanos y coherente con la complejidad del

fenómeno.

Casi dos años después de la aprobación de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la

Unión Europea ha aprobado el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo11 , que

contiene la visión compartida y el marco político general de la cooperación europea

para el desarrollo hasta 2030. Por primera vez se aplica en su integridad a todas las

instituciones de cooperación de la Unión Europea y sirve de inspiración para la política

de cooperación de todos sus Estados miembros, que se comprometen a colaborar de

forma más estrecha.

La renovación del Consenso (el anterior fue aprobado en 2005) se planteó como

objetivo la alineación con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París y con la intención de

reforzar el liderazgo de la UE en la promoción del desarrollo sostenible, “la reducción

de la pobreza y su erradicación a largo plazo, como uno de los objetivos clave de la

política europea para el desarrollo 12 . Un objetivo que, de cumplirse, sin duda

contribuiría de manera inequívoca a la desaparición de la mayoría de las causas de la

migración forzosa en el planeta.

Sin embargo, tal y como señalan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

europeas el Consenso viene a reforzar una dirección política (que ya está presente de

hecho en la Cooperación al Desarrollo europea) que va en el sentido contrario a la

apuesta de la Agenda de Desarrollo Sostenible, reduciendo la defensa de ésta a mera

retórica. La política de cooperación se ve instrumentalizada de manera progresiva en

favor del control de los movimientos migratorios, de la securitización y de la promoción

del sector privado. De una manera casi obsesiva, el control de la migración en Europa

se sitúa en el centro de la política de cooperación al desarrollo, y la seguridad y las

operaciones militares se enmarcan como opciones legítimas de ésta última13.

El análisis del texto deja claro que la ayuda al desarrollo sirve primero a Europa,

renunciando a la oportunidad de utilizar la cooperación como palanca para la

transformación que se necesita, incluida la lucha contras las causas profundas de la

migración y el desplazamiento forzoso, y optando por utilizarla como una herramienta

para el control de la migración, incluso para financiar las fuerzas policiales y militares

en terceros países. Así queda recogido en el párrafo 40: “La UE y sus Estados

miembros adoptarán un enfoque más coordinado, holístico y estructurado de la

migración, maximizando las sinergias y aplicando el apalancamiento necesario

utilizando todas las políticas e instrumentos pertinentes de la UE, incluido el desarrollo

y el comercio”.

11

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/19-european-consensus-on-development/ 12

Artículo 208 del Tratado de la Unión Europea 13

En el consenso se afirma que “En el contexto de la cooperación al desarrollo, la UE y sus Estados miembros también pueden comprometerse con los agentes de seguridad para reforzar su capacidad de garantizar los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el logro de sociedades pacíficas e integradoras" (párrafo 49), lo que supone un serio retroceso respecto al consenso de 2005 al proponer soluciones basadas en la seguridad que abarcaba desde la educación militar hasta actividades de lucha contra el terrorismo http://csopartnership.org/cpde-statement-on-eu-consensus/

10

3. LA MIGRACIÓN (O COMO FRENAR SU LLEGADA A EUROPA) EN EL CENTRO DE LA POLÍTICA EUROPEA.

La acogida y la integración de las personas refugiadas es un desafío de complejo que

requiere no solo de recursos económicos sino también de principios claros y de una

clara voluntad política para hacer frente a las dificultades en términos de acogida e

integración, máxime teniendo en cuenta la emergencia de respuestas xenófobas y

racistas a lo largo de toda Europa. Más difícil aún es abordar las causas, muchas de

ellas con raíces históricas profundas, que están detrás de la migración forzosa y que

exigen un cambio de timón en las relaciones internacionales, donde los refugiados

dejen de ser moneda de cambio y la construcción de la paz, el desarrollo sostenible de

los pueblos y la extensión del disfrute de los derechos humanos sean la norma.

Europa debe hacer frente a la realidad, asumir su responsabilidad internacional, y no

esconderse detrás de muros como ha hecho hasta ahora

Sin embargo, la realidad es bien distinta. La actual política europea de migración y

asilo está sustentada sobre la lógica de la seguridad desde una perspectiva

eurocéntrica muy limitada, basada en la exclusión del territorio europeo de las

personas migrantes, externalizando las fronteras, delegando la gestión de la

migración a países terceros y promoviendo las devoluciones, en muchos casos

forzosas y en condiciones que no garantizan protección para personas necesitadas.

Es decir, Europa criminaliza a las víctimas y persigue a quién debería proteger.

Para la implementación de estas políticas además la UE no duda en utilizar todos los

recursos a su alcance, incluida la política de cooperación al desarrollo cuyo fin

declarado es la erradicación de la pobreza y, en ningún caso, el control de fronteras,

como acabamos de ver. La instrumentalización de la Cooperación al Desarrollo en

función de la agenda migratoria se nutre de varios mecanismos directos e indirectos:

uso de fondos de AOD para apoyar las políticas de control migratorio en los países de

origen, incluidos los gastos militares; la condicionalidad de la concesión de ayuda al

comportamiento del país en materia migratoria (control de fronteras y readmisión de

nacionales o personas en tránsito) y el desvío de fondos de AOD para cubrir los

gastos de los refugiados en los países donantes. En definitiva, los fondos destinados

a promover una vida mejor a las personas se destinan a reprimir su derecho al

movimiento y, sobre todo, su derecho a la huída de conflictos en los que Europa tiene

responsabilidad (por acción u omisión).

Externalizando fronteras

El acuerdo UE-Turquía de 2016, los sucesivos acuerdos con Afganistán, Egipto,

Eritrea y Sudán del Sur y el “plan África” suponen un salto cualitativo en el proceso de

externalización de fronteras, que profundiza la dirección de las políticas migratorias

iniciada hace décadas por la Unión Europea, más preocupada por mantener el

problema de los desplazamientos humanos lejos de las fronteras del viejo continente

que de generar las condiciones para que nadie se vea obligado a huir de sus casas.

De alguna manera, como sostiene el informe del Grupo Parlamentario Europeo

“Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica” en el informe “Externalización

11

de Fronteras: Impunidad y Excepción en la Diplomacia del Euro”, el andamiaje de las

políticas de cierre de fronteras es la otra cara de la moneda de la creación del espacio

Único Europeo.”Para asegurarle a algunas personas ese derecho de movilidad sin

fronteras interiores había que negarles el derecho de entrada a quienes no

pertenecían a dicho club, …Endurecer las condiciones de entrada y permanencia para

nacionales de terceros países, recortar el derecho al asilo, reformar las leyes sobre

extranjerías, levantar muros con concertinas, mejorar los sistemas de vigilancia,

militarizar las fronteras y las rutas de acceso, firmar acuerdos bilaterales con países de

origen y transito de los flujos migratorios”.

Efectivamente, mediante la externalización de fronteras la UE busca frenar la llegada

de inmigrantes y refugiados a suelo Europeo a través de la subcontratación del control

migratorio a terceros países, creando una zona de freno previa, donde no rige la

legislación comunitaria. Con ello se consigue un doble efecto. Por un lado se

invisibiliza a las personas migrantes, si no llegan a nuestras fronteras no son noticia,

no existen, lo que rebaja el interés de la opinión pública sobre las políticas de

migración y asilo y con ello se naturaliza la vulneración del derecho de asilo y otros

derechos fundamentales. O como dice la periodista Olga Rodríguez de una forma más

cruda, pero no por ello menos cierta “la Unión Europea cierra los caminos más

seguros y externaliza fronteras para que la gente muera cada vez más lejos de

nuestras conciencias”14 . El cierre de fronteras deriva en la apertura de nuevas rutas

más largas y peligrosas y consecuentemente en el aumento del negocio para las

mafias. Por otro lado, la cesión de la gestión migratoria a terceros países con serias

dudas en su comportamiento en relación con el respeto de los derechos humanos,

supone una dejación de la responsabilidad de la UE que con estos acuerdos pretende

que la obligación de respetar y proteger los derechos humanos fundamentales acaba

en sus límites fronterizos.

Para entender la evolución de dichas políticas podemos remontarnos a 2011 con la

aprobación por parte de la Comisión Europea del “Enfoque Global de la Migración y

Movilidad”, uno de cuyos ejes de trabajo era el diálogo regional y bilateral entre países

de destino, tránsito y origen. Este acuerdo marca un cambio sustancial en la política

de externalización de fronteras, en la medida en que por primera vez se pasa de

incentivar la puesta en marcha de medidas favorables “bien vistas” por la UE a

penalizar a los países que no pongan en marcha dichas medidas. Para ello comienza

a utilizarse todos los instrumentos disponibles como la cooperación al desarrollo, los

acuerdos comerciales y las facilidades para la exportación hacia la UE o la supuesta

liberalización de los visados.

Si miramos a nuestro propio país, España se configura como un ejemplo

paradigmático del modelo de gestión migratoria europeo, prácticamente desde su

incorporación a la Unión Europea15. Primero con la aprobación de la Ley de Extranjería

en 1985, apenas unos días después de la firma del Tratado de Adhesión de España a

la CE. Entonces comienza a hablase por primera vez de personas en situación

irregular, pero es en la década de los 90 cuando se comienzan a gestarse las políticas

basadas en la securitización. En 1992, se firma el primer acuerdo entre el Reino de

14

http://www.eldiario.es/zonacritica/Premio-Princesa-Asturias-llama-concordia_6_656944317.html 15

http://www.eldiario.es/desalambre/Comite-Derechos-Humanos-ONU-Espana_0_407009495.html

12

España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la

readmisión de extranjeros que entran ilegalmente. En 1995, se colocó en Ceuta la

primera alambrada, para continuar en 1998 con la construcción en Melilla de 12

kilómetros de dos vallas paralelas de 6 metros con alambres de púas, recientemente

reforzados con concertinas. Como contrapartida por asumir el papel de gendarme de

la Frontera Marruecos recibe1.640 millones de euros, entre 1995 y 2006, del programa

MEDA de la UE para la cooperación con terceros países del Mediterráneo. Un

programa que fue seguido por nuevas ayudas a partir de 2007, procedentes del

Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), sustituto del anterior

programa. Desde el Estado español también se pagaba la factura de la frontera,

utilizando en muchas ocasiones la cooperación al desarrollo. En esos años hay

constancia de proyectos financiados por la Agencia Española de Cooperación al

Desarrollo (AECID) o por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en los que de un monto de 40 millones,

38 iban destinados a la compra de vehículos, radares, centros de análisis e datos y

unidades móviles en la detección de los movimientos de fronteras16.

Las estrategias contra la movilidad se fueron sofisticando incorporando nuevas

tácticas como las “devoluciones en caliente”, que el gobierno de España a pretendido

legalizar mediante una disposición adicional de la Ley 4/2015 de protección de la

seguridad ciudadana (más conocida como la Ley mordaza) o las detenciones masivas

de migrantes subsaharianos en Marruecos (y su posterior traslado al desierto). Los

movimientos migratorios no desaparecieron, como no van a desparecieron ahora,

simplemente se desplazaron hacia rutas más peligrosas, alimentando de paso a las

mafias. Esto es tan evidente, que incluso hay informes de NNUU que llaman la

atención al Estado español por estas prácticas17.

El segundo paralelismo con la actual estrategia europea lo encontramos en el

lanzamiento por parte del gobierno español del Plan África, cuyo objetivo declarado

era el desarrollo del continente africano, pero sin ocultar los intereses geoestratégicos

y económicos. Como parte del Plan África el Estado español firmó hasta 12 acuerdos

con diferentes países de África Occidental, entre los que destacan los Acuerdos Marco

de Cooperación Migratoria y Readmisión. Unos acuerdos que por primera vez incluían

la repatriación de migrantes que sin ser nacionales de los países firmantes, hubiesen

transitado por él. Permitían también incursiones puntuales de patrulleras de FRONTEX

en sus aguas territoriales. La cooperación al desarrollo aparecía como contrapartida,

junto con la condonación de la deuda externa o la mejora en las relaciones políticas y

comerciales.

Similares características se observan en el “Tratado de Amistad, Sociedad y

Cooperación” firmado en Bengasi en 2008 por Silvio Berlusconi y el coronel Gadafi,

que se ha reeditado en febrero de 2017, en formato de memorándum, suponiendo de

hecho la vuelta al tratado de 2008. Todo ello a pesar de que Libia está sumida en un

caos absoluto desde el derrocamiento de Gadafi en 2011, y es de dominio público la

16

GUE/NLG, 2017: Dossier Externalización de fronteras. Impunidad y excepción en la diplomacia del Euro. 17

http://www.eldiario.es/desalambre/Comite-Derechos-Humanos-ONU-Espana_0_407009495.html

13

existencia de secuestros, trata de personas y de violación generalizada de todos los

derechos humanos.

Con todos estos antecedentes, el acuerdo Unión Europea-Turquía supone otra vuelta

de tuerca al derecho internacional y a los derechos humanos. Es un acuerdo en el que

básicamente se utiliza a las personas refugiadas como moneda de cambio para dar

respuesta a intereses económicos y geoestratégicos por encima de la protección que

legalmente tanto la UE como Turquía están obligadas a garantizar. Con este acuerdo

Turquía se compromete a “aceptar el retorno rápido de todos los migrantes que no

precisen protección internacional y que hayan pasado de Turquía a Grecia, y en

aceptar a todos los migrantes irregulares interceptados en aguas turcas”18 a cambio de

6.000 millones de euros y de la promesa avanzar en los procesos de liberalización de

visados y en las negociaciones de adhesión del país otomano a la UE. El acuerdo fue

llevado a cabo a pesar de que Turquía no es un país seguro para las personas

refugiadas y a pesar de los testimonios de organizaciones de derechos humanos que

aseguran que las autoridades turcas han devuelto a miles de personas a Siria19.

Son varias las entidades que han interpuesto denuncias ante organismos

internacionales contra este acuerdo basadas en que no hay garantías de que se

respete el principio de no devolución, ni existen dispositivos de salvaguardia que

aseguren la existencia de mecanismos de protección, cumplimiento de la ley y

respeto de los derechos humanos. Una de estas denuncias fue interpuesta por CEAR

con el apoyo de más de 30 organizaciones ante la Defensora del Pueblo Europeo,

Emily O´Reilly, denunciando la ausencia de un informe de impacto en los derechos

humanos del acuerdo antes de su firma, extremo que ha sido confirmado y reprobado

por la Defensora del Pueblo en su respuesta a la reclamación.

Pero lo más sorprendente y menos conocido es que tal acuerdo nunca se ha

formalizado, ni firmado. No existe ningún documento oficial, salvo una nota de prensa

emitida después del Consejo Europeo20. De esta manera “la UE sentó un precedente

peligroso al regular materias relacionadas con los derechos fundamentales mediante

un documento que tiene la forma de comunicado de prensa”.21

Este tipo de acuerdos se justifican aludiendo a la lucha contra las mafias, como si la

existencia de las mafias estuviera en el origen de los flujos migratorios. El efecto de

este tipo de acuerdos, en la práctica, es precisamente el contrario. Cuantas más

barreras se interponen a la posibilidad de cruzar una frontera en búsqueda de asilo,

más aumenta el volumen de negocio para unas mafias sin escrúpulos, incrementando

el riesgo para las personas refugiadas - especialmente para las mujeres y niñas- de

sufrir violencia, trata de personas, secuestros, y más precarias son las condiciones en

las cuales emprende las travesías, con aumento exponencial en el riesgo para su vida.

El cierre de la ruta de los Balcanes ha empujado a las personas a la ruta del

18

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 19

https://www.amnesty.org/es/press-releases/2016/04/turkey-illegal-mass-returns-of-syrian-refugees-expose-fatal-flaws-in-eu-turkey-deal/ 20

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 21

CEAR: Informe 2017 personas refugiadas en España y en Europa. https://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/ Pg 44.

14

Mediterráneo central, mucho más larga y peligrosa, como lo demuestra el aumento del

número de fallecidos desde la aprobación del acuerdo UE-Turquía. Las políticas

europeas obligan a pagar 8.000 euros y a arriesgar sus vidas para llegar a Europa a

personas que podrían coger un avión22.

Otra consecuencia directa del Acuerdo UE-Turquía ha sido que más de 60.000

personas se han quedado varadas en Grecia en centros de detención en condiciones

inhumanas, situación especialmente preocupante en el caso de las mujeres y niñas

que se ven expuestas a situaciones de violencia sexual y todo tipo de

discriminaciones, comenzando por la falta de infraestructuras que tengan en cuenta

las necesidades específicas de las mujeres o la ausencia de servicios específicos de

salud sexual y reproductiva en los campos de refugiados.

En junio de 2016 el Consejo Europeo presenta la Agenda Europea de las Migraciones

centrada en los Nuevos Marco de Asociación de la UE con Terceros Países (New

Partnership Agreement) puestos al servicio de la estrategia de externalización de

fronteras, y respaldada por el refuerzo de FRONTEX (Agencia Europea de la Guardia

de Fronteras y Costas), cuyo papel en la militarización y securitización de la agenda

migratoria es clave. Claro ejemplo de este refuerzo es el incremento de su

presupuesto que ha pasado de 6 millones de euros en 2005, a 330 millones en 2017.

Es precisamente en los presupuestos donde se concretan las prioridades políticas de

los Estados. En el caso de la UE es muy significativo que entre 2007 y 2013 haya

gastado 2.000 millones en seguridad fronteriza y 700 millones en protección de

refugiados y solicitantes de asilo.

La Nuevos Marco de Asociación país proponen invertir 8.000 millones de euros

adicionales priorizando países como Líbano, Jordania, Libia o Egipto, e incluyendo

otros como Sudan o Eritrea. A cambio de estas inversiones los países se

comprometen a aceptar la repatriación de migrantes y a controlar de manera efectiva

las rutas migratorias que atraviesan sus países. Todo ello en países que distan mucho

de poder ser considerados países seguros, muchos de ellos simplemente regímenes

autoritarios donde se practican violaciones de los derechos humanos.

La red Europea de ONG de Desarrollo, CONCORD califica así este instrumento: “El

Nuevo Marco de Asociación de la UE con terceros países se ha convertido en el

instrumentos de política migratoria más reciente de la UE. Inspirado en el acuerdo UE-

Turquía, se inició en 2016. A través de un acuerdo marco de Asociación se espera que

países como Etiopía, Níger y Malí implementen políticas migratorias de la UE con un

foco especial en la readmisión de sus ciudadanos y, potencialmente, de aquellos que

hayan atravesado su territorio. Concretamente esto significa que los refugiados

somalíes o eritreos podrían ser deportados a Etiopía y, desde allí, a sus países de

origen, donde podrían encontrar la prisión o la muerte. El acuerdo incluye también un

amplio apoyo a la gestión de fronteras con pocas garantías de respeto de los derechos

22

CEAR: Informe 2017. La realidad de las personas refugiadas en España y en Europa. https://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/ pg.99

15

humanos. Los países que cooperen serán recompensados, utilizando la ayuda como

incentivo. Los que no lo ganga tendrán que afrontar las consecuencias” 23.

Se consolida así la práctica de utilizar la cooperación al desarrollo como una

herramienta de chantaje para exigir a los países la colaboración en la estrategia de

externalizar las fronteras de la UE, poniendo en un muy segundo lugar lo que debería

ser el objetivo fundamental de la Ayuda: la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

La instrumentalización de la cooperación llega incluso a la utilización de los fondos de

Ayuda para cubrir gastos militares y de la policía, inversiones en equipamiento,

contribuyendo de paso al negocio de algunas empresas especializadas 24 . Como

hemos visto, al hablar del Consenso Europeo del Desarrollo, es una práctica que,

lamentablemente, ha sido formalmente respaldada al incorporar en el texto del

Consenso la recomendación de utilizar todos los recursos existentes, incluida la

Cooperación Internacional como instrumento al servicio de la agenda de la migración.

De los acuerdos firmados con terceros países merece la pena detenerse en el

recientemente firmado con Afganistán con el objetivo de acelerar la readmisión y el

regreso forzado de ciudadanos afganos en Europa. Un país cuya seguridad pone en

cuestión la propia Oficina de Acción Humanitaria de la UE (ECHO) que ha hecho

saltar las alarmas sobre el incremento de la inseguridad debido a las luchas entre las

fuerzas del gobierno y grupos armados y avisa en un informe que Afganistán se

encuentra en una crisis humanitaria aguda con 245.000 personas abandonando sus

hogares solo en este año25. A pesar de esto, los gobiernos europeos han presionado

para enviar más personas de vuelta sin ningún tipo de reservas.

FRACASO DE LOS PRIMEROS ACUERDOS DE VALETTA

La primera cumbre de Valetta en noviembre de 2015, incluyo entre sus acuerdos la

creación de un fondo fiduciario de emergencia de la UE para la estabilidad y para

abordar las causas profundas de la migración irregular y del desplazamiento de

personas e África. Formalmente este fondo permitiría financiar proyectos destinados a

crear oportunidades de empleo y apoyar los servicios básicos destinados a las

poblaciones locales. Se llegó a hablar de un Plan Marshall para Africa, con medidas

vinculadas a las migraciones y sin detraer recursos de la Cooperación internacional.

Sin embargo, también estos fondos se vinculan con el objetivo de “afrontar el flujo

creciente de la migración forzada” y con “la creación de capacidad de terceros países

en el ámbito de la migración y la gestión de las fronteras, así como la estabilización y

el desarrollo de estas regiones de África”

Se quería que el fondo aportado por la UE 1.800 millones fuera duplicado por los

estados miembros (cuya aportación se ha limitado a 78,2 millones). Pero además no

estamos hablando de fondos adicionales, sino que procedente de la reserva del 11

23

https://concordeurope.org/2016/12/12/no-eu-deals-keep-migrants/ 24

Algunas de las empresas europeas que forman parte del nuevo negocio en torno a la gestión de las fronteras son: Airbus, Signalis, Finmeccanica/Leonardo, Thales, Indra, Safran/Morpho,Siemens, Thermoteknix 25

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/afganistan_en.pdf

16

Fondo Europeo de Desarrollo, al que se añaden fondos de otros programas regionales

y de programas de cooperación.

Esta cumbre también fue la que, presionada por la opinión pública y mediática,

concreto el acuerdo para la reubicación y el reasentamiento de personas refugiadas

en los 28 países miembros. Tras diversas enmiendas finalmente los acuerdos

adoptados contemplaban la reubicación de 160.000 personas desde Grecia e Italia en

el resto de los estados y el reasentamiento de 22.504 refugiadas desde los

campamentos de Turquía, Jordania y Líbano fundamentalmente.

Los últimos datos de duodécimo informe de progreso sobre reasentamiento y

reubicación del 16 de mayo 26 hablan de 18.418, personas reubicadas, apenas un 11%

cuando faltan solo 4 meses para que finalice el plazo para la ejecución del

compromiso. En cuanto a los reasentamiento se ha alcanzado la cifra de 16.163

personas reasentadas en 21 países, algo más de dos tercios de lo comprometido.

En España la situación es incluso peor, no solo estamos muy lejos de alcanzar los

17.227 refugiadas que tenemos que acoger antes de septiembre de 2017 (solo han

llegado 1.304, poco más del 7%), sino que el Ministro de Asuntos Exteriores y

Cooperación, Alfonso Dastis ha declarado públicamente que no vamos a alcanzar esa

cifra porque los “refugiados desde Grecia e Italia tenían que reunir unos requisitos” y

al parecer no los cumplen. Como por arte de magia –acuerdo de Turquía mediante- y

siempre según Dastis, hay algunas causas que han provocado la reducción del

número de refugiados a reubicar como que “se han buscado la vida o no han

conseguido cumplir con las formalidades necesarias para tener derecho a la

reubicación”27. Son declaraciones que dejan patente la total ausencia de voluntad

política para hacer frente a un compromiso que, aunque insuficiente, podía marcar un

cambio de tendencia en la política europea y española de migración y asilo, tal y como

está exigiendo la ciudadanía a través de manifestaciones multitudinarias como la que

protagonizó Barcelona, en febrero de 2017, o las campañas VenidYa.org, en España o

SickOfWaiting a nivel global.

4. QUE IMPLICA CONTABILIZAR COMO AOD LOS GASTOS DE ATENCION A

REFUGIADOS En 2016 el volumen global de Ayuda al Desarrollo, según las cifras oficiales del Comité

de Ayuda al Desarrollo (CAD) ha alcanzado un record, con la cifra de 142.600 millones

de dólares, lo que supone una media del 0,32% del conjunto de los países donantes.

Es un dato alentador que se ve ensombrecido cuando observamos que buena parte de

ese incremento obedece al aumento de los fondos destinados a los refugiados en los

países donantes. Es cierto que el CAD admite desde 1988, con ciertas condiciones,

contabilizar como AOD los gastos de atención a personas refugiadas en los países

donantes durante los 12 primeros meses de estancia. Pero la tendencia de los últimos

años obliga a profundizar en una reflexión que desde las ONGD llevamos planteando

26

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VuUBrEEkCQMJ:europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1302_es.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es 27

http://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-espana-preve-tendra-reubicar-menos-refugiados-comprometidos-porque-no-todos-cumplen-requisitos-20170605201509.html

17

hace años sobre el impacto en el desarrollo de terceros países de este gasto. Desde

CONCORD hace años que se elabora un informe del seguimiento de la Ayuda al

Desarrollo de la UE en el que se detrae del cómputo oficial de la AOD, los gastos de

refugiados, junto con los de los estudiantes en nuestros países de nacionales de

países en desarrollo y los intereses de la deuda28.

En los últimos cinco años el gasto para acoger a solicitantes de asilo en los países

donantes se ha cuadruplicado, alcanzando la cifra de 13.700 millones en 2016. Es

decir que cerca de un 10% del total de la AOD se queda en nuestros países. Pero los

% y la procedencia de estos fondos varían según países. Noruega, Dinamarca,

Suecia, Reino Unido, son algunos de los países que están detrayendo parte de su

AOD para atender a refugiados en sus países. Alemania, sin embargo, que ha pasado

de destinar el 1% al 25% de su AOD para atender a las personas refugiadas, ha

incrementado sus presupuestos de cooperación, pasando del 0,52% de AOD al 0,7%

en 201629. España, que hasta ahora no tenía un gasto importante en atención a

refugiados en el país, acaba de aprobar en los PGE de 2017 una partida de 232

millones, un 702% de incremento respecto al año anterior, lo que supone un 10% del

total de la AOD, sin que se disponga de fondos adicionales30. Este dato contrasta con

el presupuesto de la AECID para Acción Humanitaria que asciende apenas a 16,5

millones de euros.

La consecuencia de este desvío de fondos de cooperación a atención a refugiados en

nuestros países para la eficacia y la credibilidad de la ayuda es grave. Por un lado los

países receptores de ayuda están viendo como cada vez reciben menos fondos,

mientras que los países donantes engordan ficticiamente las cifras de ayuda al

contabilizar un gasto que, en el mejor de los casos, contribuye a nuestro propio

desarrollo. De continuar esta tendencia, puede llegar a darse la paradoja de que

Europa se convierta en el primer receptor de Ayuda Oficial al Desarrollo, ya que los

fondos permanecerían en nuestros países a costa de reducir el importe de la ayuda

que realmente se destina a promover el desarrollo sostenible y el bienestar de los

países con menos recursos 31.

5. DESAFIOS DE LA POLITICA EUROPEA DE MIGRACIONES La migración tiene múltiples y complejas razones que van desde la búsqueda de mejores oportunidades de vida y educación, a la reunificación familiar, pasando por las situaciones de conflicto, violación de los derechos humanos, cambio climático, pobreza y desempleo…. Cualquier cooperación para gestionar la migración debe tener en consideración esta realizad compleja e intersectorial y asegurar que los beneficios de la migración se maximizan y los riesgos se minimizan.

28

https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2016/10/CONCORD_AidWatch_Report_2016_web.pdf 29

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/05/actualidad/1496691606_043417.html 30

https://coordinadoraongd.org/2017/04/pge-2017-la-aod-se-estanca-se-aleja-la-lucha-la-pobreza/ 31

http://elpais.com/elpais/2017/01/24/3500_millones/1485263375_115037.html

18

Desde las OSC se formula la siguiente propuesta32: En el contexto actual, la realidad de las políticas migratorias a escala global y especialmente en Europa está dejando a millones de personas migrantes y refugiadas en una extrema situación de desprotección y vulneración de derechos. La respuesta política de la UE, basada en la externalización de fronteras y en el control de flujos migratorios por encima de las vidas humanas, está sumiendo a Europa en una grave crisis de derechos. Las organizaciones firmantes de este documento queremos hacer un llamamiento común a la acción política ante esta realidad. Nuestra mirada es plural y complementaria pero hunde sus raíces en la convicción de que cualquier propuesta política que quiera hacer frente al desafío y la oportunidad de la movilidad humana tiene que cumplir, al menos, con estos cinco ejes. 1. Impulsar políticas internacionales y europeas que garanticen el debido

cumplimiento de los derechos de las personas refugiadas y migrantes

Cumplir y, si es necesario, ampliar los compromisos adoptados de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas.

Garantizar que la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) no supone una rebaja de los estándares internacionales de derechos humanos.

Rechazar la firma de tratados con países que no respeten los derechos humanos y el derecho internacional, y dejar sin efecto aquellos que estén en vigor y no cumplan con este requisito.

Suprimir la exigencia de visados de tránsito a personas que proceden de países en conflicto. Asegurar que la política de cooperación al desarrollo se centra exclusivamente en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no puede estar condicionada al control de fronteras y, en ningún caso, desviarse a otros fines.

Cumplir rigurosamente con el Tratado de Comercio de Armas; fomentar la cultura de paz y el diálogo para la resolución de los conflictos.

2. Mejorar el sistema de acogida para asegurar condiciones adecuadas de recepción de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos

Dotar de flexibilidad y sostenibilidad el sistema de acogida español.

Adoptar e implementar un Plan Integral de Acogida e Inclusión para personas refugiadas, coordinado con todas las administraciones públicas y la sociedad civil. Este plan debe evitar la exposición a cualquier forma de violencia a mujeres, niños y niñas.

Impulsar políticas públicas que favorezcan la convivencia y que combatan los discursos y actos xenófobos y racistas.

Garantizar el acceso a una educación de calidad para niñas y niños refugiados, solicitantes de asilo, y migrantes.

Garantizar el acceso universal de todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo al Sistema Nacional de Salud, con especial hincapié en las personas migrantes en situación administrativa irregular.

3. Garantizar vías de acceso legales y seguras

Facilitar la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de España en el exterior.

Flexibilizar los requisitos de reagrupación y extensión familiar.

32

Este apartado recoge el manifiesto https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2017/06/Documento-Final_SinSalidas.pdf, firmado por Accem, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Cáritas, CEAR, Coordinadora de ONGD, Red Acoge, Cepaim, Oxfam Intermon y Ayuda en Acción

19

Asegurar la concesión de visados humanitarios.

Facilitar la concesión de visados de estudios.

Cumplir y aumentar el compromiso de reasentamiento.

Impulsar la creación de corredores humanitarios para facilitar la evacuación.

Establecer mecanismos de prevención de Violencia de Género y trata de personas.

4. Garantizar el respeto de los derechos humanos y el acceso a la protección internacional en frontera sur

Poner fin a las devoluciones ilegales y derogar la disposición final primera de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), que pretende dar cobertura legal a las devoluciones de las personas que llegan a Ceuta y Melilla sin acceso a procedimiento alguno y sin garantizar, por lo tanto, una correcta identificación de las personas necesitadas de protección internacional

Garantizar investigaciones eficaces, exhaustivas e imparciales; mecanismos de investigación; y el acceso de las víctimas de violaciones de derechos humanos a verdad, justicia y reparación.

Garantizar al acceso al procedimiento de protección internacional de todas las personas que lleguen a las costas e identificar a las personas con necesidades especiales al objeto de garantizar un tratamiento adecuado, recursos específicos de acogida que respondan a sus necesidades y que en ningún caso se acuerde su ingreso en centros de internamiento de extranjeros.

5. Proteger a las personas refugiadas y migrantes, especialmente a aquellas en situación de especial vulnerabilidad

Los Estados deben comprometerse con una política global humanitaria, para ello deben adoptar medidas específicas que garanticen los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en situación de mayor vulnerabilidad, tales como menores, mujeres que viajan solas y embarazadas, personas mayores, personas LGBTI, personas con diversidad funcional, minorías étnicas y religiosas, entre otras.

Contemplar el enfoque de género en el procedimiento de asilo y en las medidas adoptadas en materia de migración y asilo.

Garantizar políticas específicas para la infancia y que el interés superior de los niños y niñas sea la consideración primordial en todas las decisiones que les afectan en los ámbitos de la extranjería y el asilo.

Garantizar el acceso a trabajo formal y decente para las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en igualdad de condiciones que los hombres.

Financiar y apoyar el acceso a servicios integrales de salud con especial atención a mujeres y niñas, mediante un trabajo conjunto de gobiernos, donantes y agencias humanitarias