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25-09-2010

Cuando la solidaridad pasa a ser negocioMagali ThillDiagonalJunto a la implementación de la Responsabilidad Social empresarial, la rentabilidad económica ha pasado a ser un criterio de los programas de cooperación con el Sur.

La mercantilización de la cooperación al desarrollo se ha asentado en los valores emanados de loque llamamos la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), un concepto acuñado por lacomunidad internacional en 1999 en el seno del polémico Foro Económico Mundial de Davos. A lavez, se lanzaba la iniciativa Pacto Mundial con el fin declarado de promover la adopción por lasempresas de políticas económicas y socialmente responsables y de garantizar la canalización derecursos privados para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desde entonces, lasorganizaciones sociales no han cesado de señalar la ineficiencia del Pacto Mundial para reducir las violaciones de derechos laborales, sociales y ambientales cometidas por las empresastransnacionales. También denuncian que este paradigma "onusiano" de la RSC ha servido decoartada a la comunidad internacional para no desarrollar un sistema normativo vinculante queacabe con la impunidad del sector empresarial.

Quizás el resultado más perverso del Pacto Mundial es que ha facilitado que las corporacionesganaran un peso sin precedente en el diseño de las políticas de cooperación al desarrollo deNaciones Unidas, con una intencionalidad no disimulada de emular a los gobiernos recalcitrantesa adoptar los postulados neoliberales de apertura de mercados y privatización de servicios. Tanestratégica es esta cruzada que, para presidir la Fundación Pacto Mundial, se apuntó al expresidente del grupo Shell, una transnacional cuyas prácticas en Nigeria y otros lugares distan mucho de ser ejemplos de buena praxis.

Fundación Carolina, en España

En octubre de 2000, la cooperación española se dotó del instrumento institucional que más hahecho en los últimos años por difundir y promover la RSC. El gobierno de Aznar creó la FundaciónCarolina con la misión explícita de promover las relaciones culturales y la cooperación, principalmente con la comunidad iberoamericana. Como reza su página web, la Fundación Carolina es una institución "única en el sistema de cooperación al desarrollo, por la participación conjunta de actores públicos y privados". Tanto es así que en su patronato, al lado de la directorade la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y los ministros Salgado ySebastián, guardan asiento los presidentes de Telefónica, el Banco Santander, Repsol YPF, BBVAo Aguas de Barcelona, empresas que han sido acusadas por el Tribunal Permanente de losPueblos de violar los derechos laborales, sociales y medioambientales de comunidades enterasen América Latina, además de limitar la soberanía de los gobiernos de este continente.

El apoyo público a empresas

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La RSC y las alianzas público-privadas constituyen una poderosa arma para la internacionalización de las empresas españolas. Así lo entendieron éstas cuando crearon sus fundaciones asociadas, através de las cuales ejecutan proyectos de cooperación al desarrollo que no dejan de serelementos de negociación muy eficaces para acallar las protestas de comunidades afectadas,ganarse la confianza de las autoridades de las regiones donde actúan y realizar con ello unabarata campaña de publicidad y un rápido lavado de imagen. En algunos casos, la contradicción es tal que estas fundaciones reciben para ello dinero público de Ayuda Oficial al Desarrollo.

Si bien el III Plan Director de la cooperación española sitúa a las empresas entre los agentes delsistema de la cooperación al desarrollo, no nos engañemos: el objetivo social de las empresastransnacionales no es -ni será nunca- la reducción de la pobreza ni la eliminación de lasdesigualdades en el mundo, sino una mejor cotización en bolsa y la generación de más beneficiospara sus accionistas.

En este contexto de creciente legitimación del sector empresarial por los representantesgubernamentales tropezamos con una frecuencia creciente con declaraciones que equiparan lacooperación al desarrollo con una actividad económica cualquiera. Se establece como criteriopara su mantenimiento la rentabilidad económica financiera de los programas de cooperación conel Sur. De este discurso dominante dictado por el sector empresarial se hace eco el propiocomisario de Desarrollo de la UE, Piebalgs, cuando dice que cada euro concedido en concepto deayuda al desarrollo deberá devolver por lo menos diez euros o más en inversiones.

http://www.diagonalperiodico.net/Cuando-la-solidaridad-pasa-a-ser.html

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