Crisis o vaco legal?A partir de la denuncia sobre el financiamiento irregular de varias colectividades polticas, se ha desencadenado una crisis cuyas consecuencias son imprevisibles. Es un hecho indiscutible que las organizaciones partidistas y los procesos electorales requieren de cuantiosos recursos para subsistir y tener xito. Agrguese a lo anterior el hecho de que el subsidio que proporciona el Estado es insuficiente, razn por la cual todos ellos deben recurrir a aportes privados muy superiores a los permitidos en la ley. Igualmente negativo es destinar medios econmicos fiscales, dando preferencia a los partidos establecidos y con representacin parlamentaria. En cierta medida ello acusa la intencin de congelar el espectro poltico y generar una barrera insuperable que obstruya la aparicin de nuevas corrientes en el futuro. As las cosas, la solucin al problema del financiamiento de la poltica no pasa por recargar el erario nacional. Ella debe provenir del sector privado y constituir una manifestacin de adhesin a planteamientos y proposiciones programticas.Nuestra legislacin, como sucede frecuentemente, se desentendi de lo que se vive en la sociedad civil e ignor una premisa fundamental: los vacos legales -adicionando a estos las leyes desvinculadas de la realidad- se llenan irremediablemente pasando por encima de prohibiciones e instructivos. La legislacin que se elabora en un "limbo ideal" no tiene aplicacin. Si lo duda, recuerde cmo se sustituy entre nosotros el divorcio vincular durante muchos aos o qu ocurri con la normativa que sancionaba como delito la compraventa de moneda extranjera. Lo mismo ocurre en este caso. Las empresas y las personas han utilizado medios para cooperar econmicamente con los partidos polticos y las candidaturas, eludiendo la tributacin y los lmites impuestos en la ley, en el entendido de que no era este un medio para defraudar ni enriquecerse con recursos ajenos.Qu mueve a una persona a apoyar econmicamente a los actores polticos? Por cierto, la respuesta tiene muchos matices (son casi infinitas las razones que explican el fenmeno). Muy probablemente, la mayora estimar que prima el afn de ganar influencia y apoyo de las futuras autoridades. Muy distinta sera la situacin si los aportes econmicos que hacen los particulares a la actividad poltica estuvieran bien regulados, en el supuesto de que ellos se permitieran sin grandes restricciones, pero se conociera su origen, legitimidad y cuanta, y mediara un sistema de control efectivo sobre el cumplimiento de la normativa legal.En consecuencia, lo que sucede no es ms que el efecto inevitable de la falta de una legislacin realista, adecuada y justa que ordene esta delicada materia y que impida incentivar el engao y la simulacin. No quiero decir que todo lo ocurrido hasta hoy deba justificarse, pero tampoco es razonable execrar y lapidar a los transgresores como si se tratara de los peores delincuentes, incluso antes de una eventual condena. Una vez ms se explota la veta "moralista" de quienes persiguen beneficios polticos indebidos. Para algunos dirigentes parece haber llegado la hora de cobrar dividendos a costa de la honra y prestigio de sus adversarios.Quienquiera que lea las disposiciones de la Ley N 19.884 "Sobre Transparencia, Lmite y Control del Gasto Electoral" llegar a la conclusin de que se trata de un texto elaborado para un escenario ideal, pletrico de ingenuidades, cuyo cumplimiento resulta imposible controlar, y que apunta a evitar el influjo de grupos y sectores econmicamente poderosos. Una vez ms quedan de manifiesto las debilidades de la potestad legislativa y la distancia que separa un silln parlamentario de una vereda urbana.A todos aquellos que advierten la necesidad de corregir la legislacin vigente y sustituirla por un estatuto moderno que pueda ser supervisado por una autoridad independiente, se les atribuye el propsito de exculpar a quienes se hallan actualmente formalizados. Se confunden, de este modo, dos cuestiones distintas: lo contingente con lo permanente. Sin embargo, me adelanto a sealar que lo que se pretende castigar fue una conducta generalizada o, al menos, desplegada por numerosas empresas y personas. En este contexto, no parece justo dejar caer todo el peso de la ley a un pequeo grupo vctima de delaciones y venganzas. Admito que salir al encuentro de este problema requiere de grandeza y entereza moral y, lamentablemente, no es esto lo que ms abunda entre nosotros.Pablo Rodrguez Grez