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CRISIS EN EXPANSIÓN

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ISSN 1657-0987Nº 223 / diciembre 2019

[email protected]á, Colombia

La situación del Inpec es solo uno de los problemas que enfrenta el Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia, que desde hace varios años requiere de una reforma estructural. En esta edición, académicos de varias universidades del país analizan la necesidad de crear una nueva política criminal, el manejo de los derechos humanos en prisión, la ausencia de políticas para la reinserción social de quienes han cumplido su pena, la salud mental y la alimentación penitenciaria, entre otros temas.

diciembre 2019 | 2 Periódico – N.º 223 – Universidad Nacional de Colombia

Especial Cárceles

palabras clave: política criminal, sistema penitenciario y carcelario, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Inpec. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

El fracaso de la política criminal y la crisis penitenciariaMiguel Ángel laMadrid luengas, doctor en Derecho Penal, investigador de la Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal “Luis Carlos Pérez” (POLCRYMED)Universidad Nacional de Colombia

Un hacinamiento en las cárceles del país que supera el 52 % evidencia que la utilización de la prisión como herramienta intimidatoria no funciona. Tal enfoque niega la realidad palpable de la limitación del Estado para afrontar el delito dándole la espalda a la urgente necesidad de generar cambios estructurales en el sistema penal colombiano.

En Colombia la política criminal y penitenciaria es utilizada para aumentar los índices de popularidad del gobierno de turno. Prueba de ello son los proyectos de acto legislativo para introducir la cadena perpetua, aun en contra de las recomendaciones de estudiosos del tema.

La última solución de fondo con respecto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se dio en 2011. Ese año se consideró que existían fallas relacionadas tanto con el hacinamiento car-celario y la violación sistemática de los derechos de las personas privadas de la libertad como con el mantenimiento de los centros de reclusión, todo ello bajo la permanente sombra de la corrupción y la ineficiencia.

En ese momento, sin que existiera un diagnóstico claro sobre cómo proceder, y aprovechando que el gobierno de Juan Manuel Santos fusionó a través de

la Ley 1444 los Ministerios del In-terior, y de Justicia y del Derecho, se dieron las facultades necesarias para crear entidades públicas. Así nació la Unidad de Servicios Peni-tenciarios y Carcelarios (Uspec), con autonomía para gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios y la infraestructura, y además brindar el apoyo logístico y administrativo de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Inpec.

Ocho años después, el sistema carcelario sigue empeorando, a pesar de que la Corte Constitucio-nal ha declarado en tres ocasiones más –1998, 2013 y 2015– el estado de cosas inconstitucional en el

sistema penitenciario y carcelario por la violación masiva y sistemática de los derechos fundamenta-les de los reclusos. Vale la pena anotar que la Corte también usó esta figura en 2005, en el caso del des-plazamiento forzado en el país, el cual supera los 7 millones de personas.

Este panorama desalentador evidencia el fracaso de la política criminal y penitenciaria del Estado, absolutamente incapaz de hacerle frente al fenómeno criminal que no es otra cosa que el conjunto de tres realidades: la del delito, la del delincuente y la de la delincuencia. Al respecto, es necesario tener claro que cuando se enfrenta a una situación de conflicto social, el Estado tiene la obligación de escoger la política más adecuada, de entre todas las opciones posibles (educativas, sociales, asistenciales, crimi-nales, etc.), para aplicarla.

Si de dichas políticas opta por la criminal, debe sustentarla mediante los principios de necesidad de la intervención y de proporcionalidad en su uso, con el fin de establecer mecanismos eficaces, pero sobre todo eficientes, para evitar tanto el delito como su reiteración. Además, debe generar instrumentos para su tratamiento efectivo y para el desarrollo

del sistema penal en términos de respuesta al de-lito, calidad y desarrollo de la administración de justicia, todo ello amparado en el respeto de los derechos humanos.

prisión no funciona como herramienta intimidatoria

En Colombia la política criminal y penitenciaria está muy lejos hoy de cumplir con el proceso antes men-cionado, y, por el contrario, es utilizada para aumentar los índices de popularidad del gobierno de turno. Prueba de ello son los proyectos de acto legislativo para introducir la cadena perpetua, aun en contra de las recomendaciones de estudiosos del tema.

Buscando aceptación popular, y con la idea de invocar los sentimientos de una sociedad temerosa, se presentan políticas criminales cada vez más re-presivas, con el propósito de recuperar la confianza pública a través de un mensaje de “mano dura”, con la que se pretende demostrar el poder soberano del Estado que implementa acciones inmediatas; lastimosamente se trata de anuncios que se realizan sin ningún tipo de estudio sobre su factibilidad, y sin negociación alguna.

Resultado de las medidas populistas son los pro-blemas crónicos de hacinamiento carcelario y la in-tensificación en la imposición de penas de privación de la libertad que han supuesto que la población carcelaria haya pasado de 45.064 internos en 1999, a 75.992 en 2009 y a 191.540 en la actualidad. Se valora así, más que las investigaciones sobre el fenómeno delincuencial, la reacción de la opinión pública, y se tiene más en cuenta el clamor popular de necesidad de amparo y de protección a la sociedad victimizada. Lo anterior queda en evidencia cuando se observa que:• Cinco de los diez académicos miembros de la

Comisión Asesora de Política Criminal del Go-bierno renunciaron aduciendo que no se dan las condiciones para cumplir con su objetivo, y que a la administración central no le interesa el trabajo de la Comisión. Esta se creó en 2014 para asesorar al Gobierno en la implementación de la política criminal y revisar la situación del sistema penitenciario y carcelario, entre otras funciones.

• Desde su puesta en marcha en 2014, la Comi-sión de Seguimiento a las Condiciones de Re-clusión del Sistema Penitenciario y Carcelario no ha emitido un solo documento relativo a sus funciones: evaluar la normatividad peni-tenciaria, examinar el trato que se da en los establecimientos, verificar la prestación del servicio de salud y asesorar al Consejo Supe-

rior de Política Criminal y demás autoridades penitenciarias.

• A pesar de que en enero de 2019 se presentó un plan de transformación y humanización del sistema carcelario en Colombia, cuyo primer frente de trabajo, de los seis propuestos, era la racionalización del ingreso al sistema peniten-ciario y carcelario –es decir que la privación de la libertad sea una excepción–, durante lo que va corrido del año se presenta un hacinamiento del 52,58 % en las cárceles del país.

• En materia penal, todas las leyes promulgadas por el legislativo en los últimos años contem-plan la creación de nuevos delitos o el aumento de penas privativas de la libertad. Por ejem-plo, desde julio de 2018 se han introducido cinco leyes penales: la Ley 1908, sobre grupos delictivos organizados y grupos armados or-ganizados, que crea delitos y aumenta penas; la Ley 1915, en relación con derechos de autor, que aumenta la pena; la Ley 1928, que aprueba el “Convenio sobre la ciberdelincuencia” y recomienda la creación de nuevos delitos re-lativos a la ciberdelincuecia; la Ley 1944, que creó como delitos autónomos el abigeato y el abigeato agravado; y la Ley 1959, que aumenta la pena en el delito de violencia intrafamiliar.

A pesar de que se ha constatado que el encar-celamiento es ineficaz, cada vez se percibe más la necesidad apremiante de acudir a la prisión como herramienta intimidatoria que “sí funciona”. No se hace énfasis en la rehabilitación y resocialización, sino en el aislamiento y el castigo; en excluir al infractor de la sociedad, para que las personas se sientan seguras.

Tal enfoque niega la realidad palpable de la limi-tación estatal para hacerle frente al delito dándole la espalda a la necesidad acuciante de generar cambios estructurales en el sistema penal. Mientras el haci-namiento se siga considerando casi exclusivamente como una falta de cupos carcelarios y no como un problema de orientación del funcionamiento del sistema penal, ningún presupuesto va a ser suficien-te para descongestionar las cárceles; y mientras la política criminal se desarrolle de manera irreflexiva, orientada a las consecuencias del acto delictivo, dejando de lado sus causas, va a ser imposible solucionar el problema del sistema penitenciario y carcelario en el país.

Foto: El Tiempo.

Uno de los resultados de las medidas populistas son los problemas crónicos de hacinamiento carcelario y la intensificación en la imposición de penas.


Especial Cárceles

Suprimir el Inpec no sería suficienteJuan david Posada segura, docente, Facultad de Derecho y Ciencias PolíticasUniversidad de Antioquia

Antes de desaparecer una institución para darle paso a otra, el Estado debería ocuparse de cuestiones tan relevantes como tener funcionarios administrativos y directivos de carrera, y fortalecer un organismo de control disciplinario interno.

El escape de la excongresista y prófuga de la justicia Aída Merlano el 1 de octubre del presente año, y la serie de sucesos que pusieron en evidencia la impli-cación de varios funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), han motivado de nuevo el anuncio de una propuesta de reforma al sistema carcelario, que incluya la eliminación de este organismo.

A las medidas contempladas por el Gobierno, como la desaparición de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) –encargada del manejo de los recursos para que el sistema pe-nitenciario y carcelario colombiano opere– o que la custodia de los 134 penales del Inpec quede a cargo del Ministerio de Defensa, se suma el anuncio de algunos congresistas, que han afirmado que están preparando un proyecto para suprimir el Inpec, el cual será presentado próximamente en el Congreso de la República.

Es obvio que el Inpec tiene abundantes señala-mientos por corrupción y violación de derechos humanos (evidenciados muy especialmente en las sentencias de la Corte Constitucional referidas al estado de cosas inconstitucional en las prisiones), por lo que el anuncio de su eventual supresión ha tenido gran aceptación en los medios de comunica-ción y en las redes sociales. Sin embargo, tal situación motiva plantear varios elementos para la reflexión.

Si en Colombia se respetaran las normas y reco-mendaciones internacionales en materia de derechos

palabras clave: Inpec, sindicatos, corrupción. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.coLa infraestructura del Inpec está conformada por 134 establecimientos instalados en 121 municipios del país.

Foto: MinJusticia.

humanos, bastaría con citar los “Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas”, norma aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) en su 131 periodo ordinario de sesiones, realizado en marzo de 2008, a instancia de la Rela-toría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. Específicamente, sería suficiente con revisar el Principio xx:

[…] Como regla general, se prohibirá que miem-bros de la Policía o de las Fuerzas Armadas ejerzan funciones de custodia directa en los establecimientos de las personas privadas de libertad, con la excepción de las instalaciones policiales o militares.

No obstante, como se sabe que la existencia de dicha norma seguramente no será suficiente para que la propuesta desaparezca, es útil hacer un brevísimo recuento de la penitenciaría nacional.

En 1915 se creó la primera Dirección General de Prisiones, adscrita al entonces Ministerio de Gobier-no; sin embargo, por las denuncias de corrupción surgió la idea de desaparecer esta institución y en su reemplazo crear la División General de Prisiones, creada en 1940 con los mismos funcionarios y dife-rente logo en sus uniformes.

Ante las nuevas acusaciones por corrupción surgió la novedosa idea de desaparecer dicha institución y de crear en 1964 la Dirección General de Prisiones, adscrita al Ministerio de Justicia, con los mismos funcionarios y diferente logo en sus uniformes. Sin embargo, fruto de las denuncias de corrupción, en su reemplazo se crea el Inpec en 1992, con los mismos funcionarios y diferente el logo en sus uniformes.

Y ahora, como resultado de las denuncias de corrup-ción y la huida de Aída Merlano, surge la propuesta de suprimir el Inpec y crear la Dirección Penitenciaria y Carcelaria (Dipec), adscrita a la Policía Nacional y por tanto al Ministerio de Defensa, con los mismos funcionarios, a los que esta vez se les cambiará el color de sus uniformes. Esta afirmación surge del hecho de que resultaría muy costoso pensar en indemnizar a los 14.628 empleados actuales para

iniciar con un cuerpo absolutamente nuevo y sin conocimiento de la realidad penitenciaria.

Teniendo en cuenta tal argumento, no resulta-ría útil hacer un esfuerzo tan grande solo para ha-cer cambios de uniformes mientras las personas que los porten sigan siendo las mismas, a menos que la finalidad sea otra, como por ejemplo desaparecer los sindicatos.

deficiencias no implican solo a los funcionarios

El único efecto que se hace visible ante el cierre del Inpec es la desaparición de sus 82 sindicatos, lo que constituye una minimización de la democracia. Si bien es cierto que se pueden atribuir abusos en el desempeño de sus actividades, no hay que perder de vista que algunas de las garantías a los dere-chos de las personas privadas de la libertad –en especial las derivadas al evitar el incremento de la sobrepoblación y el hacinamiento penitenciario, en grandes establecimientos como La Modelo de Bogotá y Bellavista de Medellín– han sido un logro de algunas de estas organizaciones.

Es pertinente plantear que el Inpec presenta fallas referidas al personal (por ejemplo corrupción para el ingreso de elementos prohibidos, omisión de control frente al poder de los “caciques”, cobro de dineros a los privados de la libertad para ser clasificados en las fases de tratamiento, o para asignar una actividad de redención de pena, etc.), que tienen profundas implicaciones en el mal funcionamiento del sistema; aunque se traten de situaciones aisladas podrían ser investigadas y sancionadas.

Por el contrario, las principales deficiencias se refie-ren a la ausencia de una carrera penitenciaria para el nivel directivo, con el fin de que los procesos tengan continuidad; a la enorme presencia de provisionali-dad en los cargos del nivel administrativo; a la falta de funcionarios en las actividades administrativas y de tratamiento penitenciario que son suplidas con los funcionarios del cuerpo de custodia y vigi-lancia, a pesar de que su formación y vinculación al aparato estatal fue para la seguridad; y a la falta de periodicidad o continuidad en la contratación de los funcionarios del sector salud y en general de los funcionarios de los equipos interdisciplinarios, entre otras. La solución de estos problemas debería ser la verdadera preocupación a la hora de pretender solucionar los problemas penitenciarios referidos al personal.

Antes de desaparecer una institución para dar paso a otra, el Estado debería ocuparse de cuestiones tan relevantes como el fortalecimiento de un organismo de control disciplinario interno; de los controles disciplinarios externos por parte de la Procuraduría General de la Nación; del aparato judicial peniten-ciario, por ejemplo trascendiendo la mera figura del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad como funcionario que trabaja en “colaboración” con el Inpec, para dar paso a la figura del juez de vigilancia penitenciaria, como verdadera autoridad con poder judicial frente a todo el sistema.

Nada en ese cambio planteado se avizora más ga-rantista, más enfocado al cumplimiento del fin reso-cializador asignado a la pena, o más afín a la llegada del Estado de derecho a las prisiones, por lo que resulta innecesario, impertinente y posiblemente dañino para el país.


Especial Cárceles

palabras clave: resocialización, derechos humanos, hacinamiento, cárceles. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Derechos humanos en la prisión: más allá del hacinamientooMar Huertas díaz*, docente, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y SocialesUniversidad Nacional de Colombia

Si en Colombia se pretende superar el estado de cosas inconstitucional en las cárceles, resulta impostergable la participación conjunta y solidaria tanto de las autoridades como de la sociedad civil, con el propósito de rescatar estos sitios del abandono y la indiferencia, y de que los individuos puedan desarrollar sus capacidades y realizar actividades que les permitan alcanzar su resocialización.

En Colombia existe una grave crisis en materia de salvaguarda y garantía de los derechos de las personas de diversos sectores sociales, incluyendo a aquellas privadas de la libertad, a quienes no se les ofrecen las condiciones mínimas para llevar a cabo una correcta resocialización.

Hace más de dos décadas la Corte Constitucional se pronunció con respecto a la grave crisis en el sistema penitenciario y carcelario de Colombia. Esto tuvo lugar en la sentencia t-153-98, proferida a raíz del gran número de acciones de tutela promovidas por personas priva-das de la libertad en las cárceles La Modelo de Bogotá y Bellavista de Medellín, quienes denunciaron la violación reiterada de sus derechos fundamentales y exigieron la garantía jurisdiccional.

De manera general reclamaron la ausencia de un trata-miento penitenciario orientado hacia la resocialización, y además denunciaron las condiciones infrahumanas de reclusión. Entre los derechos vulnerados se estimaron el derecho a la igualdad, a la privacidad y a la salud; al sufrir un trato diferenciado, la existencia de un espa-cio inadecuado para la visita conyugal y sobre todo la deficiente atención médica en los centros de reclusión.

un problema que persiste

Al llegar a este punto conviene preguntarse: ¿cuál fue la respuesta de las autoridades del Estado ante los reclamos? Sorprendentemente, ni el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ni los directivos de las cárceles, ni el Ministerio de Justicia y del Derecho negaron la grave crisis que se denunciaba. Por el contrario, a partir de las manifestaciones de dichas autoridades se corroboró la existencia de un hacinamiento generalizado en los centros de reclusión; por citar un ejemplo, en la cárcel Bellavista de Medellín cerca de 180 internos se encon-traban en áreas cuya capacidad era para 40 personas, es decir, que había un sobrecupo del 350 %, además de otros graves problemas de infraestructura, situaciones que demandaban una inmediata actuación coordinada entre instituciones y servidores públicos.

En consecuencia, la Corte Constitucional advirtió la existencia del “estado de cosas inconstitucional”, el cual se ha venido reiterando a lo largo de las sentencias t-256/00, t-025/04, t-388-13, t-815-13, t-861/13, t-195/15, t-762-15, t-182/17, t-193/17, t-162/18 y t-267/18, y que al día de hoy implica las siguientes situaciones:

1. La vulneración de varios derechos fundamenta-les como la salud, la educación y la alimentación, entre otros, que afectan a un amplio número de personas.

2. La omisión prolongada del cumplimiento de las obligaciones de respeto –conductas de abs-

tención– y garantía –conductas de acción– por parte de las autoridades estatales.

3. La adopción de prácticas inconstitucionales; es decir, que atenten contra los derechos fun-damentales reconocidos en la Constitución.

4. La expedición de medidas legislativas, ad-ministrativas o presupuestales tendientes a evitar la vulneración de derechos. Así mis-mo la creación de normas que propendan al adecuado desarrollo del sistema carcelario o penitenciario, la óptima supervisión de las autoridades administrativas y la rendición de informes periódicos objetivos, y la asignación presupuestal acorde con las necesidades de este sistema.

5. La existencia de un problema cuya solución implique la intervención de varias entidades, no solo administrativas (Inpec) sino también autoridades legislativas (Congreso) y judiciales (Corte Constitucional).

6. La congestión judicial en el supuesto de la justiciabilidad de derechos vía acción de tutela, es decir que el propio poder judicial experi-mente una sobrecarga por el elevado número de acciones de tutela que coinciden en exigir la protección de los mismos derechos.

Cabe señalar que pese a todos los esfuerzos dirigidos a la protección de los derechos de la población sujeta a reclusión, aún faltan muchas acciones por emprender. Se han alcanzado importantes logros en el rediseño y la implementación de una política criminal –al realizarse una revisión y promoción de los medios alternativos a la solución de conflictos, los acuerdos reparatorios en el proceso penal, entre otros–, pero el problema persiste y requiere de una mayor participación de todos los sec-tores sociales, además de una correcta optimización de los recursos materiales y económicos.

estrategias contra la corrupción

Desde que se cuestionó la problemática estructural de los centros de reclusión, lamentablemente las condiciones siguen siendo infrahumanas: no hay lugares suficientes para llevar a cabo el tratamiento de resocialización, es decir, la transformación de la propia persona para que pueda desenvolverse socialmente respetando las nor-mas. Tampoco se cuenta con aspectos tan básicos como

sanitarios dignos ni áreas adecuadas para actividades tan cotidianas como comer o descansar.

No se debe olvidar que en estos centros la corrupción se encuentra anidada, pues se ha denunciado y corro-borado la existencia de negocios que se lucran con las necesidades básicas de las personas –como el acceso a medicinas y alimentos, entre otros–, y predominan la vio-lencia, la arbitrariedad y los abusos, absurdamente lejos de la consolidación de un proyecto de resocialización.

Valdría la pena que las autoridades encargadas de hacer efectivos los tratamientos penitenciarios se propongan como eje de actuación desterrar –o al menos reducir considerablemente– la corrupción institucionalizada que impera dentro de las cárceles. Así mismo resultaría pertinente concesionar a particulares ciertos servicios básicos de manera fiscalizada, para arrebatarles el negocio a las bandas criminales, por citar tan solo un ejemplo de dicho eje rector.

Sumado a lo anterior, las autoridades penitenciarias deben poner a disposición de los centros de reclusión el personal suficiente de seguridad y custodia, de trabajo social y médico para hacerle frente a las principales exigencias de garantizar las necesidades de los internos, pues su deficiencia facilita el autogobierno por parte de los criminales.

En el informe estadístico de septiembre de 2019, el Inpec precisó que en el ámbito nacional existen 191.540 presos. Este informe proporciona un acercamiento cuan-titativo de la población que diariamente enfrenta una violación generalizada de sus derechos fundamentales, la mayoría desde hace décadas.

Si el país pretende superar el estado de cosas inconsti-tucional en las cárceles, es impostergable la participación conjunta y solidaria tanto de las autoridades como de la sociedad civil, para rescatar estos sitios del abandono y la indiferencia. Es imprescindible corregir estas acciones, pues no se puede perder de vista que nadie está exento de vivir un proceso penal privado de la libertad, ya sea justa o injustamente.

* Director del grupo de investigación Escuela de Derecho Penal nullum crimen sine lege, de la unal, reconocido y clasificado por Colciencias en categoría a1 (2018).

Vigilanciaelectrónica

Ubicacióndomiciliaria

Establecimientos de reclusióndel orden nacional

2,6 %32,3 %

65,1%2,6 %

32,3 %

65,1%

Población reclusa a cargo del Inpec, y sus modalidades de custodia*

*Porcentaje con respecto al total de la población a cargo de la entidad a septiembre de 2019.

5.019personas

61.881personas

124.640personas


Especial Cárceles

palabras clave: hacinamiento, prisión preventiva, reinserción social. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Cárceles, expansión de los umbrales de la muerte en ColombiagerMÁn Parra gallego, abogado especialista en Derecho Administrativo, Universidad Nacional de Colombia Jei alanis Bello, socióloga y estudiante del Doctorado en Educación de la Universidad de São Paulo (Brasil)

Sin los suficientes recursos humanos y financieros para satisfacer sus crecientes demandas –el presupuesto tanto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como de la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelario (Uspec) es de 2 billones de pesos–, la construcción de cárceles simplemente expandiría un sistema de reproducción de enfermedad, muerte, e incapacitación.

Retomando al filósofo camerunés Achille Mbembe, la necropolítica es una categoría útil para abordar “espacios de muerte” como los generados por las masacres, tomas sangrientas, secuestros masivos, feminicidios, despojos, desapariciones y desplaza-miento forzado, entre otros. La cárcel en Colombia, como un lugar donde los derechos son suspendidos y los cuerpos de las personas presas son expuestos a enfermedad, sufrimiento, abandono y asesinato, permite trazar una lectura de esta institución como otra expresión de la necropolítica que opera en el país.

En la sentencia t-762 de 2015 la Corte Consti-tucional indica que la política criminal es una de las principales causas del hacinamiento carcelario –las estadísticas del Inpec muestran que a septiem-bre del presente año el total de reclusos asciende a 191.540, pero la capacidad real que tiene el sistema penitenciario es de 80.236 cupos–. Además, la cali-fica como reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad.

En tal sentido, vale la pena reafirmar la importancia de algunas de las órdenes de la Corte encaminadas a reducir el hacinamiento, como la aplicación por parte de las instituciones con iniciativa legislativa, del estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos; la adecuación a criterios empíricos sólidos que permitan reducir la criminalidad y que no solo respondan a las demandas de la opinión pública; y una investiga-ción empírica sobre mínimos y máximos de la pena orientados a la resocialización.

La pensadora feminista negra, Angela Davis, su-giere que no es suficiente que se reduzca el número de personas privadas de la libertad, sino hacer una movilización social fuerte que exija justicia social y el desmantelamiento de las desigualdades de clase, género y raza que hacen que unos cuerpos vayan a prisión y otros tengan el privilegio de permanecer en libertad. Pensar en otras formas de justicia implica oponerse a la selectividad penal que, como se ha evidenciado, afecta de manera desproporcionada a personas tanto de clases populares como negras y de sectores lgbti.

racionalización de la detención domiciliaria

En Colombia unas 62.000 personas se encuentran procesadas bajo detención domiciliaria o detención intramural; según datos del Inpec, un 17 % estaría en esta situación por más de tres años. Es fundamental insistir en la aplicación de los estándares interna-cionales según los cuales la prisión preventiva no se puede aplicar solo con base en la gravedad de la conducta investigada. En diversos informes y

La falta de actividades con enfoque educativo y laboral impide que las personas puedan prepararse para su vida en libertad, redimir parte de su pena e integrarse a la sociedad.

Foto: archivo Unimedios.

sentencias, la Comisión Interamericana de Dere-chos Humanos (cidh) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) han establecido que la prohibición legal de medidas alternativas a la prisión preventiva, basadas en la peligrosidad del presunto delito, es arbitraria y viola la presunción de inocencia y el principio de legalidad.

Es clave que los funcionarios determinen si el imputado representa riesgos concretos y reales de fuga u obstrucción a la justicia (amenazas, actos contra la vida e integridad de testigos, víctimas, funcionarios judiciales, destrucción o alteración de evidencia física o elementos materiales probato-rios). En este sentido, es esencial asesorar a jueces y fiscales de manera objetiva sobre estos riesgos, monitorear las medidas alternativas y asegurar la comparecencia del imputado a las diligencias judi-ciales, como lo señala la cidh en el informe Medidas para prevenir la prisión preventiva, publicado en 2017.

Por otro lado, la medida no debería tener una du-ración prolongada, de modo que se convierta en una pena anticipada. En otras palabras, las personas deberían poder defenderse en libertad, teniendo en cuenta las desventajas de los procesados con medida intramural para preparar adecuadamente su defensa y desligarse del estigma de la privación de la libertad, que puede afectar la percepción de jueces y fiscales, y en consecuencia la resolución de su situación jurídica. Igualmente es importante difundir a la ciudadanía los altos costos económicos y sociales que representa aplicar medidas privativas de la libertad en comparación con otras alternativas.

actividades con enfoque de inserción social y económica

El hacinamiento afecta el principio de la resociali-zación que, según el Código Penitenciario y Carce-lario (Ley 65 de 1993), “es preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad”, es decir que la misión encomendada a las institu-ciones penitenciarias no es otra que la de conseguir la recuperación social del sentenciado. La falta de actividades con enfoque educativo y laboral impide que las personas se preparen para su vida en libertad, redimir parte de su pena e integrarse a la sociedad.

Para atenuar dicho problema, sin recurrir a la excarcelación inmediata, la Corte idh fijó una regla

de cómputo para la prisión preventiva y la condena en condiciones de hacinamiento, precariedad de las condiciones de detención y falta de actividades. En relación con un establecimiento penitenciario en Brasil, cuya capacidad fue doblemente superada, la Corte ordenó un descuento de dos días por cada día de efectiva privación de libertad en condiciones degradantes. Esta regla representa un avance en la cuantificación de dolor adicional al propio de la prisión preventiva o la pena que se está ejecutan-do. Este desarrollo jurisprudencial es relevante para Colombia teniendo en cuenta la situación de hacinamiento crítico en diferentes centros peni-tenciarios del país.

Por su parte, en la Sentencia 498 de 2019, la Cor-te Constitucional establece que se debe garantizar la continuidad de los procesos educativos y otras actividades con enfoque de resocialización, aunque sean imperativos los traslados y reubicaciones en el sistema penitenciario.

Tanto esas medidas como la justicia restaurati-va, las sanciones no carcelarias y los mecanismos de vigilancia electrónica podrían reducir signifi-cativamente la población privada de la libertad. Otra manera de descongestionar el sistema pueden ser las excarcelaciones humanitarias por enfermedad crónica, terminal, o discapacidad, cuando la detención empeora el estado de salud y no se brinda atención equivalente a la familiar, comunitaria, o red externa de servicios de salud.

Resolver el hacinamiento carcelario requiere del compromiso del sistema penitenciario, pero tam-bién de otros actores como el legislador y la justicia, pues la responsabilidad de implementar políticas públicas no se reduce a la construcción de cárceles, sino a la intervención de factores criminógenos y la prevención. Una sociedad con más cárceles no es una sociedad más segura, lo es una en la que se renuncia a la tramitación del conflicto por otras vías posibles y efectivas.


Especial Cárceles

palabras clave: pospenado, resocialización, exclusión social, política pública. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

En Colombia no existe una política pública de atención a los pospenadosedna Carolina CaMelo salCedo, estudiante del Doctorado en Derecho, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales,Universidad Nacional de Colombiaadriana roMero sÁnCHez, docente, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales,Universidad Nacional de Colombia

Para quien ha sido condenado, el regreso a la libertad y a su entorno social es un desafío. Hasta ahora la intervención del Estado se reduce a programas y proyectos aislados, desarticulados y generalmente desconocidos.

Desde una visión integral, el castigo –como resultado y consecuencia de la política criminal– se debe entender ligado con aquello que una sociedad considera necesario castigar (política penal) y la forma como las instituciones afrontan el crimen (política judicial penal y prevención del crimen). En dicha reflexión, sin embargo, el regreso a la libertad de quien ha sido condenado ha pasado inadvertido. En términos de política pública criminal, este no es un descuido menor.

Por una parte, cuando las personas salen de la cárcel se pone a prueba si el castigo ha cumplido con el objetivo de transformar al condenado. Un sistema de tratamiento penitenciario debe contemplar me-canismos de seguimiento que permitan comprender los efectos que el cumplimiento de la pena ha tenido sobre el recluso, y así determinar el impacto de los efectos de la prisión (en sentido negativo) y los re-sultados del tratamiento penitenciario (en sentido positivo). También se pone a prueba la utilidad de la justicia penal.

Por otra parte, el regreso de la persona penada a su entorno social es un desafío de reintegración. Esto pone en cuestión la posibilidad de que el Es-tado enfrente el delito a través de mecanismos de prevención terciaria (resocialización y reintegración) como reintegración comunitaria, empleabilidad, emprendimiento, formación para el trabajo y aten-ción psicosocial, con el fin de que no se reincida en la misma conducta o en otras, en la mayoría de las ocasiones, más gravosas.

política pública, gobiernos y normatividad

En Colombia no existe una política pública de aten-ción a la población pospenada por delitos comunes. La intervención estatal se reduce a programas y pro-yectos desarticulados y generalmente desconocidos, como el programa “Delinquir No Paga”. El trabajo de maestría “Política pública de reconocimiento del pospenado en el sistema penitenciario”, adelantado en 2016 por Edna Carolina Camelo, muestra que cuando los pospenados salen en libertad afrontan la ruptura y transformación de sus relaciones per-sonales y familiares; por ejemplo, sus matrimonios o relaciones de pareja terminan mientras están en prisión; pasan a ser desempleados después de ha-ber sido económicamente activos; no siguen con su formación educativa; cambian de estrato –los pospenados abordados pertenecían al estrato 3 o a uno inferior, y este disminuyó al salir de prisión–; y el aprendizaje de las técnicas de todo tipo de delitos por la convivencia diaria con otros reclusos aumen-ta el riesgo de reincidencia. Además sus familias, muchas veces desestructuradas, resultan apoyando a las personas liberadas y proporcionándoles los medios para adelantar su proceso de reintegración en la sociedad.

El Gobierno de Juan Manuel Santos permitió un lento proceso de recomprensión de la política pública frente al crimen, en particular por la inci-

dencia de la Corte Constitucional y de instancias como la Comisión Ase-sora de Política Criminal. Este “nuevo enfoque” establece que la política criminal debe comprender la preven-ción, la definición de aquello que se desea castigar (el inicio del proceso de criminalización), su atención por las instancias judiciales, y el regreso a la sociedad de la persona que cum-plió una pena como consecuencia de haber cometido este agravio.

Un buen ejemplo de lo anterior es el Conpes 3828 de 2015, “Política Penitenciaria y Carcelaria”, que aun-que terminó siendo un documento meramente retórico en el abordaje de una visión integral de la política criminal, logró enmarcar las decisio-nes sobre prisiones en su contexto de la atención pospenitenciaria en la agenda pública.

Esta no fue la primera vez que el Gobierno nacional formuló linea-mientos pospenitenciarios. Durante el periodo presidencial de Ernesto Samper se enunciaron directrices fundamentadas en el principio de resocialización como objetivo defi-nido por la Constitución de 1991 y del bloque de constitucionalidad. Tales pautas estaban pensadas desde el Plan de Desarrollo “El Salto Social, 1994-1998” y respondían a un mo-delo estatal socialdemócrata, que por deslegitimación política no se pudo consolidar, pero que sí permitió pensar otras alternativas de política criminal. Más allá de su asociación tradicional con el cumplimiento de una pena intramural, se resaltó la necesidad de atarla al “conflicto so-cial y la realidad de violencia interna que existía”.

Dicha política dejó una sede desti-nada a la población pospenada –usada hoy con ese propósito– con el pro-yecto que se estableció en julio de 2015, denomina-do Casa Libertad, convenio entre el Ministerio de Interior y Justicia, Inpec, Colsubsidio y la entonces Fundación Teatro Interno que presta servicios de capacitación, orientación laboral, educación, apoyo psicosocial y asesoría jurídica. Este ha sido el primer proyecto piloto liderado por el Estado, con una ubi-cación limitada, recursos reducidos, personal con poca capacitación y poco conocimiento del tema y con una intervención tercerizada a organizaciones de la sociedad civil y del sector solidario.

Para ilustrar el reto que representa la atención a la población pospenada, es importante anotar que un promedio de 30.000 personas salen en libertad cada año, pero a diciembre de 2018, es decir, en tres años y medio, Casa Libertad había atendido solo a 1.411 personas –según el Sexto Informe Semestral presentado en junio de 2019 por el Gobierno nacional a la Corte Constitucional, en el seguimiento al “estado de cosas inconstitucional”–, es decir que no ha atendido ni siquiera al 2% de la población pospenada del país.

perspectivas en la administración duque

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Iván Duque establece que la propuesta de política criminal planteada por el Consejo Superior de Política Criminal requiere presupuesto y planes de acción específi-cos para la población pospenada, con articulación

empresarial, atención de los derechos básicos fundamentales cuando culminan su pena privativa de la libertad y ampliación del proyecto Casa Libertad para instituirlo en otras ciudades como Bucaramanga o Medellín. Por ahora se puede decir que las cifras de atención de Casa Libertad hacen impensable su ampliación a otras ciudades sin una inversión estructural en la materia.

También se deben analizar los intereses económicos y políticos tras estas propuestas y si existe una voluntad política real de implementar el acompañamiento pospenitenciario en Colombia; o si se constituye en una mera búsqueda de cumplimiento de estándares internaciona-les como aval de otras políticas más perjudiciales o la privatización de los centros de reclusión, sin que medie un interés social sino uno financiero, como ha sido documentado en distintos países (en particular Estados Unidos), en donde los derechos y los presos se convierten en mercancías, sin que esto repercuta en términos de calidad y efi-ciencia, como hemos visto con la privatización de nuestros sistemas de salud o de seguridad social.

No hay que perder de vista las posibilidades que el Acuerdo Final de Paz trae para repensar el carácter vindicativo de la política criminal. Es la oportunidad de pensar en una política criminal restaurativa que permita afrontar conflictos sociales de distinta índole y resolverlos de manera alternativa, y que esa respuesta proporcione herramientas de reconstrucción de tejido social y de reparación eficaz a las víctimas y a la sociedad en general.

Ilustración: Andrés Bernal.


Especial Cárceles

Suicidio y otros problemas de salud mental en las cárcelesever José lóPez Cantero, integrante del Grupo de Investigación "Procesos y métodos en psicología social y psicología jurídica"Universidad Nacional de Colombia

No existe voluntad política para priorizar las necesidades de atención en salud mental de la población reclusa, la cual, además, es cada vez más precaria; de hecho, en varios establecimientos existe solo 1 psicólogo por cada 1.000 reclusos, lo que hace prácticamente imposible prevenir situaciones como el suicidio.

Con el lema “Aunemos esfuerzos para prevenir el suicidio”, la Organización Mundial de la Salud (oms) conmemoró el pasado 10 octubre el Día Mundial de la Salud Mental. Con dicho mensaje el orga-nismo internacional pretendió llamar la atención sobre una problemática mundial que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años y que cobra cerca de 800.000 vidas al año, es decir que cada 40 segundos una persona se quita la vida en algún lugar del planeta.

En Colombia, según el Estudio Nacional de Salud Mental, se estima que 4 de cada 10 colombianos entre los 18 y los 65 años sufre o sufrirá de un trastorno mental. Considerando que se trata de un problema provocado por varios factores o causas, las cifras evidencian la realidad de un Estado con diversos temas de salud mental sin atender.

Las cárceles del país no son ajenas a dicha reali-dad, y, por el contrario, al ser un reflejo de lo que la sociedad colombiana está viviendo, la salud mental de las personas privadas de la libertad también es la evidencia de una situación crítica.

En 2016, el “Estudio de prevalencia de enfer-medades crónicas no transmisibles en el sistema penitenciario y carcelario colombiano”, realizado entre la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y la Escuela de Salud Pública de Harvard, evidenció que la incidencia de depresión en los internos de la cárcel La Modelo era del 24 %, un dato preocupante si se tiene en cuenta que según la Encuesta Nacional de Salud Mental el 4,7 % de los colombianos padece este trastorno, que, como lo ha manifestado la oms, es uno de los factores más relacionados con la conducta suicida.

En el documento “Prevención del suicidio en cárceles y prisiones”, dicho organismo señala que

palabras clave: salud mental, depresión, suicidio, cárceles. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.coEl hacinamiento en las cárceles tiene una incidencia directa sobre la salud mental de las personas privadas de la libertad.

“los detenidos en espera de juicio tienen una tasa de intentos suicidas de aproximadamente 7,5 ve-ces, y los presos sentenciados tienen una tasa casi seis veces más alta que la de los hombres fuera de prisión en la población general”.

tristeza, ansiedad, depresión, efectos psicológicos de la prisión

La privación de la libertad representa un cambio drástico que deriva en una ruptura o alteración del proyecto de vida y demanda de la persona unos recursos psicológicos y sociales sólidos que favorezcan su adaptación al medio penitenciario.

En diversas investigaciones se ha intentado com-prender y explicar los procesos que afrontan los reclusos en su adaptación, y las afectaciones de-rivadas de esta, y han coincidido en que, según el tiempo de privación de la libertad transcurrido, las personas pueden experimentar efectos de prisio-nalización diferentes.

La prisionalización es una manifestación del efecto psicológico que padecen los internos, causado por el largo periodo de permanencia en una institución penitenciaria. Esta condición influye tanto en su modo de vida –denominado “subcultura carce-laria”– como en sus formas de adaptación a las normas formales e informales que se desarrollan en las cárceles.

La mayor carga emocional se encuentra entre los primeros meses y los últimos seis meses de estancia en prisión. En la primera etapa la persona está asi-milando el proceso, su proyecto de vida se ha visto afectado, se ha separado de su red de apoyo y llega a un entorno nuevo, lo cual supone una demanda emocional alta que lleva a experimentar tristeza, ansiedad, depresión, incertidumbre e incluso a la ideación suicida como una forma de escape a la situación.

La última etapa de la privación de la libertad puede estar marcada por los temores propios del cambio que llegará a sus vidas, pues regresar a la libertad obliga a pensar en qué va a hacer, e implica un nuevo proceso de adaptación que se cree no será fácil y se relaciona con la manera como se manejará una serie de temores sobre el ejercicio de la ciudadanía.

Sin embargo, las diversas manifestaciones de problemas en materia de salud mental se expresan durante toda la estancia en prisión y se pueden exacerbar por factores como el hacinamiento, la incertidumbre, el miedo a ser atacado, las precarias condiciones de salud, la violencia, y la falta tanto de autonomía como de privacidad, de actividades

ocupacionales, y de apoyo social percibido, además de la deficiente comunicación con el entorno familiar.

Diversos estudios estiman que un 68 % de la pobla-ción privada de la libertad presenta alguna necesidad de atención en salud mental, siendo el alcoholismo (54 %), la depresión (23 %) y la ansiedad (22 %) los estados de salud mental con mayor prevalencia.

un psicólogo por cada 1.000 reclusos

En 2017, el Laboratorio de Psicología Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia (unal) presentó el “Informe nacional de prisiones”, desarrollado en el marco del contrato interadministrativo 490 suscrito con el Ministerio de Justicia y del Derecho. En él se pueden evaluar como críticos diversos indicadores que tienen una incidencia directa sobre la salud mental de las personas privadas de la libertad.

Por ejemplo, el hacinamiento registrado ese año fue del 47 % –hoy supera el 52 %–, sobrepasando en algunos establecimientos el 100 %, y al calcular por número de camas (espacio físico destinado para poner un colchón), el de reclusos lo supera en un 66 %; la tasa de suicidios pasó de 9,05 en 2016 a 10,34 en 2017, mientras la de ho-micidio pasó de 25,63 en 2016 a 27,58 en 2017; el tiempo promedio de permanencia en celda fue estimado en 9 horas, y el de aislamiento en 28 días.

Si se revisan los indicadores de atención en salud, solo el 12 % de los internos tuvo examen de ingreso, y el porcentaje de reclusos que habían recibido aten-ción primaria en salud fue del 25,7 %, en la cárcel de Riohacha solo el 14 %.

Con respecto a la salud, según la Ley 1709 de 2014 las personas privadas de la libertad deben tener acceso a todos los servicios del sistema general de salud sin discriminación por su condición jurídica, con garantía de recibir acciones basadas en el respeto de la dignidad humana, de prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de todas las patologías físicas y mentales.

Aunque dicha ley (que reformó el Código Peniten-ciario) estableció que con la dirección y coordinación del Ministerio de Salud y Protección Social comenza-rían a funcionar centros de reclusión para personas que –según el juez y previo dictamen de Medicina Legal– sean inimputables por trastorno mental per-manente o transitorio, y además que en ningún caso estos establecimientos podrán quedar dentro de las cárceles o penitenciarías, la realidad es que esto no se ha puesto en marcha.

Los cerca de 120 cupos que existen en las unidades de salud mental no son suficientes para atender estas necesidades y los esfuerzos en mitigación también se

ven desbordados, pues existe un psicólogo por cada 1.000 reclusos.

En síntesis, la situación de sa-lud mental en los establecimien-tos penitenciarios y carcelarios colombianos es preocupante, y la capacidad instalada para res-ponder a las necesidades de las personas con enfermedad mental es cada vez más precaria, no existe una voluntad política de atención para esta población, lo cual se refuerza socialmente por una ten-dencia punitiva que segrega a la persona por su conducta punible.

Foto: Carlos Capela/El Tiempo.


Especial Cárceles

Alimentación penitenciaria: entre la higiene y los derechosJHon Jairo BeJarano ronCanCio, docente, Facultad de MedicinaUniversidad Nacional de Colombia

Con un presupuesto que supera los 300.000 millones de pesos anuales, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) contrata la provisión de alimentos con empresas privadas, razón por la que permanece en la lupa de organismos de control como la Contraloría General de la República, que desde hace varios años viene denunciando irregularidades. La alimentación penitenciaria también juega un papel importante en la resocialización de los reclusos.

El amparo a los derechos de las personas privadas de la libertad está determinado desde 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Interna-cional de Derechos Civiles y Políticos y en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por Naciones Unidas. Así mismo, el Comité Internacio-nal de la Cruz Roja recomienda que “las condiciones de detención integren el grado de respeto de la integridad física y mental de los detenidos, y que las condiciones materiales del alojamiento y la alimentación consideren la higiene”.

Según la Ley 1709 de 2014, el Instituto Nacional Pe-nitenciario y Carcelario (Inpec) –encargado de vigilar y atender a la población privada de la libertad– y la Uspec –que garantiza los derechos humanos de los reclusos– son los encargados de proveerles la dotación de elementos y equipos de trabajo, sanidad, didácticos, deportivos, de recreación y vestuario, y también la asistencia y atención médica necesaria, los medicamentos y tratamientos.

Con un presupuesto que supera los 300.000 millones de pesos, la Uspec suministra los alimentos en tres tiempos de comida al día, durante todo el año. La alimentación penitenciaria se contrata con empresas privadas después de un proceso de licitación pública, y la Unidad tiene el deber de hacer seguimiento –con una intervención contratada– al cumplimiento del contrato, acciones por las que permanece en la lupa de organismos de control como la Contraloría General de la República.

En enero de 2018 la Contraloría descubrió posibles sobrecostos en cuantía de 36.442.756 pesos, en las co-misiones que fueron pactadas entre la Uspec y la Bolsa Mercantil de Colombia, además de incumplimiento en requisitos esenciales en asuntos contractuales, lo que motivó el traslado de hallazgos a la Fiscalía General de la Nación. En 2016, un informe de este organismo de control también identificó sobrecostos, alimentos pre-parados sin asepsia, porciones de comida cuyo gramaje no corresponde a lo contratado, cocinas con roedores, comidas frías o que se entregan con retrasos de horas; y en 2013 envió a las autoridades carcelarias un con-trol de advertencia tras haber detectado que se seguía contratando esencialmente a los mismos empresarios, a pesar de que en ese momento varios de ellos habían sido sancionados por incumplimientos en los contratos.

Aunque las afectaciones por el uso irregular de los recursos públicos es relevante, no se puede perder de vista que como derecho fundamental todo recluso debe recibir una alimentación de buena calidad, bien prepa-rada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud, y entregada en las horas determinadas por la administración; a su vez deberá

palabras clave: alimentación penitenciaria, enfermedades transmitidas por alimentos. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.

Es importante recordar que las condiciones de vida en una prisión constituyen uno de los factores primor-diales para determinar el sentimiento de autoestima y dignidad de los internos, incluso así lo ha indicado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones. La ca-lidad de los alimentos que reciben y el lugar en que se sirven; las prendas de vestir que se les permite llevar, y el acceso a instalaciones sanitarias son elementos que influyen enormemente en su sensación de bienestar y en su proceso de resocialización.

lenta evolución

Por la diversidad de la población carcelaria, se cuenta con diferentes programas de atención, por ejemplo las reclusas embarazadas, lactantes y con hijos menores en la cárcel (hasta los tres años de edad), reciben aseso-ramiento sobre su cuidado y dieta supervisada por un profesional de la salud; se suministra gratuitamente la alimentación requerida y se estimula la lactancia ma-terna; también se atienden las necesidades médicas de las reclusas que hayan dado a luz recientemente y cuyos bebés no se encuentren con ellas en la prisión.

Con respecto al régimen alimentario, cuando resulta necesario, y solo por razones de salud, el médico establece una dieta terapéutica que suministra la empresa contra-tista de alimentación, y según este criterio, si el interno así lo decide, puede traer su alimentación desde afuera del establecimiento penitenciario, siempre y cuando se cumplan con las condiciones de seguridad e higiene.

De igual manera, la Corte Constitucional ha concedido un goce efectivo de derechos a las personas privadas de la libertad, relacionado tanto con enfermedades agudas y crónicas como con adaptación de la dieta por convic-ciones religiosas y culturales –para este último caso, una ración ajustada a la región de procedencia– llamadas “dietas diferenciales”. Para que estas se hayan dado, los internos accionantes han interpuesto tutelas para garantizar el favorecimiento de dichas condiciones de seguridad alimentaria y nutricional.

La verificación del cumplimiento de estos programas y peticiones está a cargo de un comité de seguimiento al servicio de alimentación, el cual verifica el gramaje, las minutas planificadas, la presentación y demás factores en los que se pueda confirmar una alimentación segura y balanceada. Estas condiciones técnicas están determina-das como obligatorias en los pliegos de condiciones del

proceso de contratación del servicio y son supervisadas por la interventoría que también se contrata para tal fin.

óptima infraestructura mitiga riesgos de eta

Aunque lentamente, la política penitenciaria ha profe-sionalizado el servicio de alimentación en cuanto a la infraestructura sanitaria para cumplir con las normas y el derecho humanitario, cambios que han favorecido un entorno propicio para el consumo de alimentos durante la estancia en el lugar que se cumple la condena.

Además, dicha infraestructura mitiga el riesgo de brote de enfermedades transmitidas por alimentos (eta), que en general son agudas y comunes en espacios de hacina-miento, como ocurre hoy. Sin embargo en la población cautiva el riesgo de brote se puede incrementar por no tener prácticas de higiene antes de manipular los alimen-tos. Cuando esto ocurre, la alimentación pierde toda su garantía como beneficio y se desprestigia lo público, y a la vez los objetivos del proceso de rehabilitación. Por eso se debe disponer de servicios sanitarios suficientes y jabón para el lavado de las manos.

Si se asume la alimentación penitenciaria como un proceso de rehabilitación y se es consecuente con la oportunidad que tienen algunos internos de formar parte de la preparación de la comida, se debe estimular aún más en la población interna este tipo de actividad económica para su reinserción laboral. De hecho algunos establecimientos penitenciarios tienen programas en panadería y pastelería; horticultura urbana y periurba-na, y granjas autosostenibles, por mencionar algunos ejemplos; de estos productos se beneficia el operador de suministro de alimentación, que los compra para su producción.

Por otra parte, es relevante no perder de vista la tran-sición demográfica, es decir el envejecimiento de la población, y de la manera en que los internos tendrán la oportunidad de una reinserción al ámbito laboral, de por sí excluyente.

En síntesis, aunque la alimentación se supla de manera adecuada, los ambientes penitenciarios se deben repensar como espacios que promuevan intervenciones sanitarias colectivas que apunten a una rehabilitación integral.

Según la Cruz Roja Internacional, la alimentación y la higiene son aspectos que los centros de reclusión deben respetar para garantizar la integridad física y mental de los detenidos.

Foto: El Tiempo.


director: Fredy Chaparro S.

coordinación editorial: Blanca Nelly Mendivelso Rodríguez • coordinación periodística: Diana Manrique Horta

corrección de estilo: Liliana Ortiz Fonseca • diagramación: Ricardo González Angulo • impresión: ceet, Casa Editorial El Tiempo

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30 días en la Universidad

investigación & creación

Palmira. La Superintendencia de Industria y Comercio le otorgó patente de invención a un equipo de laboratorio que mide la humedad ideal de los suelos cultivables, ayudando a reducir su degradación.

Manizales. El prototipo de un bus híbrido que consume 33 % menos combustible que un bus convencional, y que disminuye entre un 30 y 40 % las emisiones de CO2, recorrerá Buenos Aires desde 2020.

Bogotá. Ensayo con ratas de-muestra que el estrés agudo po-dría afectar la memoria espacial.

Bogotá. Reporte de una paciente en Cúcuta permitió asociar el zika con Guillain-Barré, mielitis y encefalitis.

Manizales. Sistema eléctrico controlado por una App automatiza silla de ruedas mecánica.

Bogotá. Equipo único en el país registra perturbaciones en la red eléctrica por rayos.

Bogotá. “go, gusto y olfato” se llama la salsa saborizante elaborada a partir de residuos de la industria pesquera para estimular el consumo de concentrado en mascotas.

Manizales. Ingenieros demues-tran que del raquis o tusa de la pal-ma de aceite se produce energía.

Bogotá. La borra, o cuncho de café, es el principal ingrediente de Bellafé, una crema exfoliante natural con las mismas características de calidad de otros productos cosméticos.

Bogotá. Polímeros biocompatibles que se pueden usar en procesos de impresión 3d, permitirían fabricar implantes para personas con deformación o ausencia del pabellón auricular (microtia).

Palmira. Las prácticas tradicionales en los resguardos Toez Caloto y Toez Páez contribuyen a conservar la diversidad genética de las gallinas criollas, principal fuente de proteína de las comunidades locales.

Bogotá. Una tapia, o muro, elaborada con residuos de demolición, cortes de terreno y excavaciones, y con capacidad para ventilar e iluminar ciertas construcciones, recibe registro de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Medellín. Galletas elaboradas con almidón de yuca tienen menos grasa, y son sabrosas.

Medellín. La Superintendencia de Industria y Comercio le otorgó protección al diseño industrial de un bloque de construcción elaborado con tierra comprimida, que le da volumen y movimiento a las edificaciones.

Manizales. Con video en Lengua de Señas Colombiana (lsc) y gps diseñan una App que le ayuda a las personas sordas a conocer detalles de los lugares turísticos de Manizales.

Palmira. Thanos, órtesis que permite capacidad de agarre de la mano.

Bogotá. Automatizan sistema acuapónico para cultivar lechuga y tilapia roja.

Bogotá. Brazo robotizado a partir de algoritmos y plataformas de libre acceso, crea y esculpe figuras en 3D. Se podría utilizar en pintura, soldadura y desplazamiento de objetos.

Medellín. Diseñan software que, integrado a un microscopio, detecta patógenos en el agua.

Bogotá. La App alga-Gases Arteriales les facilita a los estudiantes de Medicina el aprendizaje de la gasometría arterial, prueba que se realiza en los servicios de urgencias para valorar la función respiratoria de los pacientes.

Palmira. Sellante biológico que previene mastitis en vacas recibe patente.

LaUNALcuenta


Política & Sociedad

palabras clave: inseguridad, San Andrés, narcotráfico. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

San Andrés: Inseguridad y violencia en el paraísoraúl roMÁn roMero, profesor, Universidad Nacional de Colombia Sede CaribeFranCisCo Javier Maza Ávila, profesor, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Cartagena

Tras aplicar una encuesta en 17 barrios o sectores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se evidenció que el narcotráfico, el hurto, los actos vandálicos y los ciberdelitos son algunos de los factores que están provocando que los habitantes no se sientan seguros en el Archipiélago y que se profundice la desconfianza hacia las instituciones que deben garantizar el orden, la seguridad y la justicia.

En América Latina la seguridad es un tema importante para la mayoría de los Gobiernos. En ese contexto, desde hace décadas Colombia ocupa uno de los primeros lugares de inseguridad por sus elevadas tasas de criminalidad, que obedecen a los altos niveles de delito organizado.

Desde 2007, como consecuencia de varios factores –entre ellos la actuación de grupos guerrilleros en el comercio de drogas y el sometimiento de los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc)–, se pro-dujo un enfrentamiento entre los nuevos líderes por el control directo sobre zonas y rutas para el trasporte y la comercialización de drogas, que sometió, además de las diversas zonas portuarias en el Pacífico y la región Caribe continental colombiana, al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a dinámicas violentas por el monopolio de las rutas.

Tal situación derivó en un cambio importante en materia de seguridad para la Isla, que se convirtió en un escenario de conflictos entre diferentes bandas criminales y actores locales vinculados a las actividades del comercio de estupefacientes. Esta situación condujo a asesinatos selectivos, sicariato, conformación de nuevas bandas criminales y reorganización de algunos reductos locales vinculados al narcotráfico.

Como una manera de contribuir a la comprensión de este fenómeno de inseguridad, el Centro de Pensamiento del Gran Caribe, de la Universidad Nacional de Colombia (unal)*, realizó en mayo de 2018 un análisis sobre la percepción de seguridad que tienen los habitantes del Archipiélago.

temor a que la inseguridad se incremente

La metodología consistió en aplicar el cuestionario “Per-cepción de seguridad entre habitantes de San Andrés Islas” –conformado por 36 preguntas agrupadas en tres categorías– a una muestra de 394 viviendas, distribuidas en 17 barrios (o sectores), en el cual se asumió un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 4,95 %. El 45,18 % de los encuestados son adultos jóvenes (entre los 18 y los 34 años) y el 40,1 % adultos medios (entre 35 y 64 años).

Los resultados arrojaron que el 80,96 % de la muestra considera que la Isla es insegura, y su sensación de inse-guridad es alta (46,08 %); esta es mayor que la reportada por el dane en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana de 2017, cuyo resultado fue del 31,5 %.

De igual manera, aunque la percepción de segu-ridad está más asociada con hechos vinculados al narcotráfico –considerados por la sociedad como de-tonantes de violencia y crimen–, prevalecen los hur-tos comunes (19,8 %), seguidos del atraco (16,3 %), el robo a viviendas (11,5 %) y a vehículos (10,7 %).

Según el estudio de la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina publicado en 2018, los hurtos se consideran un delito importante que im-pacta en la tranquilidad de la población de las Islas y que afecta en gran medida a los turistas, quienes desisten de En el Archipiélago existe poco optimismo sobre la mejora de las condiciones de delincuencia.

poner el denuncio correspondiente, por el tiempo que les toma hacerlo.

En cuanto a los delitos económicos, el más frecuente es la suplantación de identidad vía telefónica para so-licitar dinero (10,4 %), o recibir algún tipo de amenaza (9,14 %), que aunque no es una cifra muy representativa, sí implica la necesidad de tomar las medidas para evitar su incremento.

Aunque en términos generales los actos vandálicos no son representativos en la Isla, cuando ocurren gene-ran afectaciones a los vehículos (8,2 %), o a las viviendas (6,4 %). En cuanto a los delitos cibernéticos, estos son mucho menos frecuentes y están asociados con acoso y hostigamiento (4,8 %), suplantación de identidad en redes sociales (4,6 %), estafas por internet (4,6 %) o amenazas por internet (4,1 %).

Los resultados asociados con la de-lincuencia, el vandalismo y los ciber-delitos, entre otros, han contribuido a aumentar la percepción de inseguridad de los habitantes tanto en la Isla en ge-neral como de su barrio en particular. De hecho, el 68,78 % de los encuestados indicó que la delincuencia ha aumentado en el Archipiélago, aunque consideran que en su barrio no ha sido de la misma magnitud (35,79 %).

La sensación de inseguridad también ha incidido en su percepción sobre el futuro, pues el 40,1 % de los habitantes cree que será víctima de un delito en los próximos 12 meses, pensa-miento que es mayor entre los habitantes de Sarie Bay (80 %), San Luis (66,7 %) y Campo Hermoso (65 %).

desconfianza en las instituciones del estado

El aumento de la inseguridad en San Andrés ha llevado a que más del 58 % de los encuestados manifestaran des-confianza en las entidades; la percepción más negativa (o de nulo aporte) la tienen los jueces (44,2 %), seguida por la Gobernación (35 %) y la Fiscalía (33,2 %).

En cuanto la efectividad del desempeño de las institu-ciones, los resultados también son desfavorables para los jueces, y por ende para el sistema judicial (38,6 %), la Fiscalía (30,5 %) y la Gobernación (30,2 %), pues casi un tercio de la población está en desacuerdo con su efectividad.

Se encontró que el 60,91 % de la población siente que la Policía Nacional no los protege, mientras que el 62,05

% indicó que es poco o nada la sensación de protección por parte de las Fuerzas Armadas.

incertidumbre y miedo

Ante los hechos asociados con la delincuencia que ha sufrido el Archipiélago en los últimos años, existe poco optimismo de mejora. El 34 % de la población considera que la delincuencia aumentará en los próximos meses, mientras el 38,1 % piensa que permanecerá igual. Es de resaltar que existe una asociación significativa entre la percepción sobre las condiciones futuras de la delincuencia y el barrio de residencia del encuestado. En este sentido,

quienes tienen un pensamiento más pe-simista al respecto son los habitantes de Orange Hill, Simpson Well, Tom Hooker, La Loma y La Rocosa, donde más del 53 % de la población considera que la situación de delincuencia empeorará en los próximos 12 meses.

El análisis de las percepciones que tienen los habitantes de San Andrés sobre la seguridad corrobora los efectos que vienen causando los hechos violen-tos y delictivos en la salud emocional de los habitantes de la Isla. El miedo y a veces el pánico se convirtieron en sentimientos recurrentes que desme-joran las condiciones de vida y podrían afectar la percepción externa que se tiene del Archipiélago en su conjunto,

en perjuicio de la actividad turística. El próximo gobernante tendrá que replantear los ac-

tuales esquemas de seguridad del departamento hacia unos que prioricen las acciones preventivas, además de mayores esfuerzos de las instituciones públicas encar-gadas del orden y la convivencia pacífica para lograr una mejor efectividad y eficiencia que contrarreste el crimen organizado, de modo que se pueda garantizar la confianza y tranquilidad de los isleños.

*Los resultados del trabajo de investigación se recogen en el libro Seguridad y narcotráfico en el Caribe. Hacia una política pública en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, publicado por la Editorial un.

El aumento de la inseguridad en San Andrés ha llevado a que más del 58 % de los encuestados

manifestaran desconfianza en las

entidades; la percepción más negativa (o de nulo

aporte) la tienen los jueces (44,2 %), seguida por la Gobernación (35 %) y la

Fiscalía (33,2 %).

Foto: archivo Unimedios.


Medioambiente

palabras clave: Antártida, cambio climático, variación climática. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

La Antártida no es tan fría como se piensaaleJandra ruiz lóPez, Unimedios Bogotá

La geografía del continente austral, entre otras de sus características, hace que dentro de la Antártida, masa que ocupa el polo sur geográfico del planeta y es depositaria del 80 % de su agua dulce, haya diferenciación de climas, siendo las islas del oriente más frías que las del occidente, y la parte sur más fría que la del norte.

En la plataforma del buque más grande y complejo que se ha construido en la historia de Colombia, el arc 20 de Julio de la Armada Nacional, se dispuso un laboratorio oceanográfico móvil, dos botes de guardacostas y un helicóptero Bell 412, entre otros instrumentos que 32 científicos colombianos utili-zaron en un viaje adelantado entre noviembre de 2018 y enero de 2019 –verano del hemisferio sur o austral– durante la v Expedición Científica de Colombia a la Antártica “Almirante Campos 2018-2019”, con el objetivo de profundizar en la compren-sión del cambio climático.

En el buque se encontraba la única ingeniera oceanóloga del país, la profesora Nancy Villegas Bolaños, de la Universidad Nacional de Colombia (unal), quien ha adelantado sus investigaciones en el estrecho de Gerlache, un cuerpo de agua con una extensión de 100 millas de largo, con el fin de entender los cambios en la termodinámica de las aguas que circundan las islas del continente y la teleconexión entre procesos de interacciones océano-atmósfera como El Niño Oscilación del Sur (enos), la Oscilación Atlántico Norte (oan) y la Oscilación Antártica (oaa).

Al respecto, la científica explica que el compor-tamiento de las aguas del Caribe y del Pacífico co-lombiano son diferentes, pues “las del Pacífico son menos saladas que las del Atlántico y más cálidas en la cercanía con Panamá y más frías hacia La Guajira”.

Los hallazgos obtenidos hasta el momento por la profesora Villegas durante sus dos expediciones a la Antártida servirán para crear una estación cien-tífica permanente de Colombia en territorio austral, la cual permitirá seguir generando conocimiento que dé pistas para entender el fenómeno del cambio climático. Estos forman parte del proyecto “Variabi-lidad en la termodinámica de las aguas superficiales del estrecho de Gerlache y de regiones marinas de Colombia, asociada con el calentamiento global y la teleconexión entre El Niño-Oscilación del Sur, la Oscilación Atlántico Norte y la Oscilación Antártica”, aprobado por el Programa Antártico Colombiano, de la Comisión Colombiana del Océano (cco).

reacción en cadena

Para desarrollar su investigación, la profesora Villegas y su equipo se han apoyado en estudios previos en los que se afirma, por ejemplo, que el monzón –viento estacional que se produce por el desplazamiento del cinturón ecuatorial– se activa anticipadamente en ciertas épocas en las que se intensifica la Oscilación Antártica que sucede en el polo sur, e influye en una región que se encuentra en las mismas latitudes que el Pacífico y el Caribe colombianos.

La expedicionaria señala que “debido al cambio climático el fenómeno atmosférico oaa se intensi-fica en su fase positiva (verano austral), haciendo que varíen tanto la temperatura superficial del mar

como la salinidad, las corrientes y precipitaciones de la región. Las intensificaciones hacen que un fe-nómeno detone al otro y el otro al siguiente (enos y oan), logrando que los parámetros meteorológicos y oceanográficos en las regiones objeto del proyecto empiecen a cambiar”.

Indica además que en 2014 el Panel Interguber-namental del Cambio Climático (ipcc) advirtió que la fase positiva de la oaa es la más recurrente en los últimos años, lo que hace que el sector de la Patagonia se vuelva cada vez más cálido produciendo sequías e incendios y que el continente austral se vuelva más frío, generando a su vez mayor diferenciación de climas.

en búsqueda de la evidencia

Los vientos que circulan en el continente austral hacen que la península Antártica sea la más vulne-rable al calentamiento global, por eso en esta zona del continente –en especial el occidente– es donde se han centrado las investigaciones de la profesora Villegas.

La primera vez que viajó al continente, durante la tercera expedición colombiana a la Antártica en el verano austral 2016-2017, se instaló por un mes en una estación chilena, donde llevó a cabo tomas oceanográficas y meteorológicas con el fin de identi-ficar las diferencias de clima entre las islas Doumer y Anvers, las cuales, a pesar de estar tan cerca –el recorrido entre las dos tarda unos 30 minutos en bote–, tienen valores de temperaturas y parámetros oceanográficos diferentes.

Una de las razones de este fenómeno –que es uno de los resultados del trabajo de la científica de la unal– “es que se debe a la exposición de la isla Anvers a las condiciones marinas de la región, y a la protección de la isla Doumer de las montañas rocosas que tiene a su alrededor” explica ella misma.

Durante la segunda visita adelantada en el verano austral 2018-2019, la ingeniera oceanóloga centró su atención en otras islas del continente haciendo un recorrido desde las islas Rey Jorge y Livingston, en el estrecho de Bransfield, hasta las islas Trinidad, Brabante, Anvers y Doumer, del estrecho de Gerla-

che. Durante un mes tomó datos de las condiciones marinas, la temperatura del aire y del mar, la presión atmosférica y la salinidad superficial del mar, entre otros, en cada una de las cinco estaciones dejadas en cada isla.

Por ejemplo, en esta fase de la investigación en-contró que la temperatura del aire en la isla Anvers es de 1,1 oC mientras que la de Doumer es de 6,8 oC, y que esta última presenta una humedad relativa baja en comparación la de Anvers, cuya humedad relativa es alta.

La experta señala que “con esta información so-bre las islas de la parte occidental de la península Antártica tenemos mayor claridad de cómo para-metrizar un modelo numérico con valores certeros con el que se pueda representar la distribución real de las condiciones oceanográficas encontradas en el área de estudio, las cuales muestran que: desde Bransfield hasta Gerlache hay tres diferenciaciones, una de temperaturas del mar relativamente altas, otra de bajas, y la última nuevamente de altas.

Para contrastar los datos in situ encontrados en la expedición se analizaron series mensuales entre 1979 y 2018 de temperatura del aire, precipitación, temperatura superficial del mar y fracción de hielo que cubre el sector, de cinco puntos entre el estrecho de Bransfield y el de Gerlache, y se concluyó que existen diferencias oceáno-atmosféricas locales.

Los resultados de este trabajo de investigación no solo permiten manifestarle a la cco que el oes-te de la Antártica es el sector más atrayente para la investigación científica –por su diferenciación de climas– y el más favorable para establecer una estación científica permanente de Colombia, sino que además existe una teleconexión entre los pro-cesos de interacción oceáno-atmósfera estudiados que influye en el comportamiento de las aguas del Pacífico y del Caribe colombianos.

Con su equipaje científico: un GPS, una cámara fotográfica profesional, un martillo geológico y un equipo me-teorológico del tamaño de un celular, la profesora Villegas ha analizado muestras de rocas de la Antártica.

Foto: Nancy Villegas Bolaños.


ciencia & tecnología

Patente a guacamole en polvo y otras composiciones de aguacate

La Superintendencia de Industria y Comercio le entregó patente a productos a base de esta fruta, obtenidos en la unal Sede Medellín y que se pueden utilizar como materia prima en los sectores de alimentos, cosméticos y farmacéutico. Las formulaciones que incluye la innovación son: polvo de aguacate y polvo de guacamole.

Ciencia& Tecnología

palabras clave: películas biocompuestas, oleorresina de clavo, plástico, industria de alimentos. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Con clavo de olor crean empaque biodegradableCristian aleJandro valenCia lóPez, Unimedios Palmira

Una mezcla de aceite esencial y resina obtenida del clavo de olor, que demostró tener actividad antimicrobiana y potencial para hacer empaques de alimentos, acaba de recibir patente. Esta biopelícula es parecida al vinipel y se elaboró a partir de materiales que reemplazan al plástico.

Aunque ahora los clavos de olor se adquieren en cualquier supermercado, hubo un tiempo en el que literalmente valían su peso en oro, pues las especias se valoraban tanto por su sabor como por sus poderes medicinales, mágicos y religiosos. Por ejemplo uno de sus componentes, el eugenol, pre-viene que la sangre se coagule, por lo que resulta ideal para tratar enfermedades cardiovasculares, y además se le concede beneficio como anestésico local en tratamientos odontológicos, posee flavonoides –un antiinflamatorio que ayuda a reducir los proble-mas de azúcar en la sangre– y es rico en magnesio, potasio, calcio, ácidos grasos, omega 3 y vitamina b.

Investigadoras de las universidades Nacional de Colombia (unal) y del Quindío comprobaron que el capullo seco de las flores del árbol Syzygium aromaticum tiene otro beneficio: evita la acción de microorganismos dañinos para la salud como Staphylococcus aureus y Escherichia coli –que provocan diarrea y vómito–, por lo cual podrían ser aliados potenciales en la conservación de alimentos.

Kelly Johana Figueroa López, magíster en Inge-niería Agroindustrial de la unal Sede Palmira, y las profesoras Margarita María Andrade Mahecha, de la Facultad de Ingeniería y Administración de la unal Sede Palmira y Olga Lucía Torres Vargas, de la Facul-tad de Ciencias Agroindustriales de la Universidad del Quindío, crearon un empaque biodegradable muy parecido al vinipel o papel film, en el que uno de sus componentes principales es la oleorresina extraída del clavo de olor.

La magíster explica que las oleorresinas están formadas por aceites esenciales y resinas cuyos compuestos volátiles y no volátiles extraídos de la especia fresca están altamente concentrados, por lo que son muy usadas en la industria de alimentos para potencializar el sabor, aroma y color de las for-mulaciones alimentarias.

Por ser la primera vez que una investigación en el país prueba que una película biocompuesta (conteniendo oleorresina de clavo) inhibe la acción de microorganismos que afectan los alimentos, la Superintendencia de Industria y Comercio (sic) le otorgó patente a dicha invención. La iniciativa, financiada por las universidades Nacional y del Quindío, y Colciencias, a través del proyecto “Em-paques biodegradables inteligentes y activos para la conservación de lomos de bovino”, está dirigida al sector de envolturas o embalajes flexibles para la industria alimentaria. El producto elaborado podría proteger y preservar papas fritas, frutos secos, ver-duras, frutas, cereales, galletas o carnes.

La ingeniera agroindustrial indica que las películas biocompuestas son el resultado de la unión de una

Además de servir para elaborar empaques que permitan conservar alimentos como el pan, el aceite esencial y las resinas del clavo de olor confieren características sensoriales de sabor y aroma.

serie de materiales vegetales que podrían reemplazar a los plásticos utilizados en la conservación de alimen-tos, que “generan un gran impacto ambiental, costos variables en su fabricación debido a las fluctuaciones en el precio del petróleo, y además pueden transferir sabores indeseables a los alimentos empacados”.

dando en el clavo

En una primera parte del trabajo se determinó la com-posición química y la concentración inhibitoria mínima de oleorresinas de nuez moscada, clavo y pimienta negra como agentes antimicrobianos contra cepas de S. aureus y E. coli, para incluirlos en películas de gelatina biocompuestas.

La magíster Figueroa señala que las oleorresinas inhibieron el crecimiento de los microorganismos a determinadas concentraciones. La nuez moscada presentó inhibición desde el 1 % de concentración contra E. coli y a partir del 0,5 % contra S. aureus. La pimienta negra a partir del 0,5 % para ambos mi-croorganismos, y el clavo a partir del 2 % contra E. coli y del 1 % contra S. aureus, por lo que a partir de ahí el estudio se centró en este producto. Al res-pecto, explica que en el caso de Syzygium aromaticum, “el compuesto responsable de esta inhibición fue el eugenol, que es mayoritario de la oleorresina”.

Después de obtener estos resultados, las investiga-doras incorporaron las oleorresinas en la formulación de un material biocompuesto elaborado a partir de gelatina –celulosa microcristalina y glicerol– con el fin de formar una película que sirviera como empaque para alimentos.

Los resultados arrojaron que se requiere de un 10 a 15 % de oleorresina de clavo en las películas para mantener su actividad protectora contra las bacte-

rias mencionadas. Para ello se realizó un ensayo en el que tajadas de pan se recubrieron con películas biocompuestas con oleorresinas y sin ellas (control) y se almacenaron durante nueve días.

“El pan empacado en películas control presentó crecimiento de mohos y levaduras, mientras que el pan protegido con películas biocompuestas estaba libre de estos organismos”, menciona la profesora Andrade, y agrega que se utilizó pan porque es un alimento común en la canasta familiar y porque su bajo contenido de humedad permite evaluar fácilmen-te el efecto de este tipo de materiales de empaque.

Así mismo, el empaque mostró disminución en permeabilidad al vapor de agua, debido al carác-ter hidrofóbico de la oleorresina de clavo, es decir que las sustancias que son repelidas por el agua o que no se pueden mezclar con ella, como por ejemplo el aceite. “En cuanto a las propiedades mecánicas, se demostró que la oleorresina es flexible y versátil”, apunta la profesora Torres.

La magíster Figueroa acota que otra ventaja del uso de oleorresinas en la elaboración de empaques biodegradables como el patentado es que, además de retrasar el crecimiento microbiano, confiere ca-racterísticas sensoriales a los alimentos, como sabor y aroma, proporcionando así un valor agregado, lo cual se ve traducido en un costo-beneficio para la industria alimentaria.

Foto: Jorge Barrios-Creative Commons.


ciencia y tecnología Microalgas descontaminan aguas afectadas por la minería

Investigadores del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (Irnasa) y de la Universidad Complutense de Madrid (España) descubrieron que algunas microalgas se adaptan y sobreviven en las condiciones extremas de los estanques mineros, los cuales presentan niveles elevados de uranio y otros metales pesados. Para eso, aislaron algas unicelulares del género Chlamydomonas, habituales en aguas no contaminadas, pero que, por una única mutación, que no es frecuente, también colonizan estos ambientes. Los resultados del trabajo se publicaron en la revista científica Aquatic Toxicology.

Ciencia& Tecnología

palabras clave: Marmato, minería ilegal, mercurio, descontaminación. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Planta electromagnética purifica agua contaminada por la mineríaluisa María giraldo, Unimedios Manizales

A diferencia de las plantas tradicionales, el prototipo diseñado en la Universidad Nacional de Colombia (unal) Sede Manizales trabaja con electrodos y electroimanes que atraen y aglomeran los residuos contaminantes de la actividad minera en Marmato (Caldas).

Por su ubicación loma arriba sobre la arisca ladera del cerro El Guamo, y su histórica vocación minera, a Marmato se le conoce como el “pesebre de oro de Colombia”. Sin embargo, al poseer los mayores yacimientos de este metal –más de 800 minas activas hoy–, el cuarto pueblo más antiguo de Colombia también es uno de los 59 municipios donde esta actividad genera mayor impacto ambiental.

Además, el uso incontrolado de sustancias como mercurio, plomo, cianuro y otros materiales pesa-dos, afecta la salud de sus cerca de 10.000 habitantes, la mayoría dedicados a la minería artesanal a cielo abierto, que se estima, le aporta a Caldas el 41 % de la producción de oro.

La inhalación de vapores de mercurio, además del consumo de peces infectados, constituyen las principa-les fuentes de contaminación con este metal que daña la salud humana de múltiples maneras. José Norman Salazar, director del Centro Nacional de Derecho Médico de la Personería de Caldas, explica que la exposición permanente deteriora el sistema nervioso y digestivo; otros síntomas son temblores, caída de las uñas y del pelo, pérdida de la memoria, malformaciones congé-nitas y problemas de riñón.

Según el censo minero de 2019, en menos del 3 % de las minas de Marmato hay pozos sépticos (donde se separan y procesan los residuos), en ninguna existen sistemas de ventilación adecuados, y la mayoría de los cerca de 2.900 trabajadores incumplen con el Reglamento de Higiene y Seguridad en las labores mineras a cielo abierto que forma parte del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (sg-sst) en minería. Además, como no hay escombreras o botaderos para depositar de manera ordenada los materiales o resi-duos no aprovechables, los desechos de la extracción aurífera llegan directamente a las quebradas.

En 2015, el Estudio Nacional del Agua estimó que cada año unas 205 toneladas de mercurio contaminan los ríos de Colombia. La afectación provocada por Marmato es más evidente en las quebradas Pantanos, Cascabel, Aguas Claras y Chaburquía, que desembocan en el río Marmato, su principal afluente.

Así mismo, “las áreas del municipio con mayores afectaciones ambientales corresponden a los sectores de Cien Pesos, Santa Inés, Canalón de la Iglesia y la parte alta del Cerro del Burro”, señala el profesor Julio César García Álvarez, director del Grupo de Investigación Propagación Electromagnética Aplicada (Propela) de la unal Sede Manizales.

Para intentar remediar parte del daño ecológico, el grupo Propela construyó una planta experimental de tratamiento para descontaminar el agua proveniente de la minería mediante electromagnetismo: electró-

lisis combinado con tratamiento magnético, técnica que utiliza placas metálicas ionizadas sumergidas en el líquido que se va a tratar, y allí las partículas cargadas atraen los materiales pesados hacia el electroimán.

proceso de tratamiento del agua

Daniela Ramírez Murillo, estudiante de Ingeniería Elec-trónica, explica que la extracción aurífera que se realiza en Marmato se hace a través de lixiviación, proceso en el que un disolvente líquido se pone en contacto con un sólido pulverizado, diluyendo uno de los componentes del sólido. “Aunque el cianuro se utiliza porque es el más rápido y con el mayor porcentaje de extracción, también es el más contaminante por su naturaleza tóxica”, afirma.

La limpieza que se hace con la planta diseñada tarda unos tres minutos e incluye varias fases: en la primera, el agua pasa por una red de electrodos de aluminio y hierro, energizados por un generador eléctrico. La corriente eléctrica producida hace que los metales pesados se junten en un material en suspensión de-nominado flóculo.

En el siguiente paso, los flóculos con las partículas metálicas son atraídos por el electroimán, dejando el líquido apto para las actividades de la región como el riego de cultivos o la revitalización de los ríos y quebradas.

“En otra etapa se dispone de arena y carbón activado en uno de los cuatro tanques para adelantar el proceso de purificación, con lo que se eliminan los sabores y olores que pueda contener el agua después de pasar por las fases anteriores”, explica la estudiante Ramírez.

Con la ayuda de otros integrantes del Propela, ella ha visitado la zona desde 2016 para recolectar muestras de las aguas residuales, iniciar el proceso de tratamiento en el prototipo electromagnético y analizar el resul-tado en el laboratorio para determinar la cantidad de material contaminante que queda. Después compara el agua contaminada y el líquido purificado.

planta autosostenible

El prototipo se parece a un invernadero donde se ubican los tanques para las diferentes fases de descontami-

nación; además cuenta con un sistema de bombeo de agua lluvia, que irriga la tierra de manera automática, ya que en Marmato, a pesar de la minería, todavía se cultiva café, plátano y caña panelera.

El profesor García destaca que la miniplanta cuenta con autonomía eléctrica: “funciona con energía solar; nosotros diseñamos los paneles solares con la potencia necesaria para poner en funcionamiento tanto la bomba eléctrica como el sistema de potabilización del agua y otros complementos como las bombillas led y los computadores que se encuentran en el sitio. La planta, fabricada en policarbonato, tiene mayor resistencia y su estructura metálica le da mayor estabilidad”.

El funcionamiento del sistema de tratamiento del agua contaminada y el tiempo en el cual se puede obtener agua potable depende de la aplicación de la corriente eléctrica y del grado de contaminación.

Al respecto, el docente explica que el prototipo dise-ñado consta de un generador de energía que suministra alrededor de 30 voltios, con ajuste de corriente eléctrica. Con la corriente proporcionada, en 3 a 5 minutos el sis-tema deja el líquido en los niveles de calidad indicados para ser usado, por ejemplo, en el riego de cultivos.

“El generador provee energía suficiente para alimen-tar la planta de tratamiento y la bomba de irrigación”, puntualiza.

Los investigadores afirman que el propósito es que los marmateños usen el prototipo, y después, si con-sideran que realmente es eficiente, con el apoyo de la Alcaldía se puedan instalar plantas más grandes que purifiquen el agua a mayor escala.

Foto: Jhon Jairo Bonilla/El Tiempo

La actividad minera en Marmato genera un importante daño ambiental y afecta la salud de sus habitantes.


Desarrollorural

Marengo, laboratorio a cielo abiertoMaría luzdary ayala v., Unimedios Bogotá

Ubicado a solo 14 km del centro de Bogotá, y con una extensión de 97 hectáreas, el Centro Agropecuario Marengo se consolida como un laboratorio natural en el que cada semestre se apoya y fortalece la formación de los futuros zootecnistas, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios o ingenieros agrícolas, entre otros profesionales.

El hato lechero con que cuenta hoy la UNAL

surte más de 1.000 litros diarios a la compañía

Alpina, lo que muestra la calidad del producto que obtienen los estudiantes.

Todos los días, muy a las siete de la mañana, un bus de la Universidad Nacional de Colombia (unal) sale del campus con diferentes grupos de estudiantes para llevarlos a la que se podría considerar como el aula a cielo abierto más grande de la Institución en la Sabana de Bogotá.

En una extensión de 97 hectáreas, distribuidas en 17 lotes, está el Centro Agropecuario Maren-go (cam) donde la naturaleza se encarga de afian-zar lo aprendido en las aulas: un clavel marchito, una planta de uchuva que florece, el destete de una cría de cerdos, un galpón de codornices que ponen huevos enriquecidos con omega 3, el primer or-deño de 80 vacas –desde las 4:30 de la mañana–, el rescate de un ovejo que salta la cerca para montar a las hembras en celo, y el humo que aplica María Alejandra López, estudiante de dé-cimo semestre, en los panales de abejas para engañarlas y evitar que piquen a los visitantes. Son todas clases que los estudiantes sortean en sus actividades en esta granja experimental.

En este gigantesco laboratorio natural, ubicado a 14 km del centro de Bogotá en la vía que conduce a Mosquera, no hay que esperar al profesor sino actuar según lo aprendido: hacer riegos en los invernaderos en la cantidad y forma requeridas; aplicar biocontroladores para espantar los insectos de las flores; atender el parto de 8 y hasta 10 chanchitos de una cerda, así este se precipite a la una de la madrugada; perse-guir al ovejo y encerrarlo en su corral para evitar una preñez no programada; ordeñar siguiendo los protocolos sanitarios adecuados; manejar las plagas que atacan los cultivos y seguir engañando a las abejas para avanzar en un proyecto que propicia la producción de reinas.

Es el trabajo de campo que fortalece la formación de los futuros zootecnistas, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios o ingenieros agrícolas, entre otros profesionales, quienes cuentan con un lugar El sector pecuario es el que genera más ingresos por producción en Marengo.

En Marengo todas las áreas productivas son objeto de investigaciones y de tesis de pregrado y posgrado.

de residencia y dos aulas donde los profesores les dan instrucciones y monitorean su trabajo.

Cada semestre llegan a Marengo unos 25.000 estu-diantes; algunos se instalan hasta por tres meses para completar el proceso que implica la experimentación de nuevas dietas para gallinas –ya sea las de patio, de piso o de jaula–, el ordeño y la alimentación de las vacas, el seguimiento a un cultivo orgánico de hortalizas o la producción de espárragos. Todo esto hace que el cam apoye la formación de profesionales del área agrícola que tienen alta acogida en el sector. Allí se les ve en el día vestidos de overol, con gorra o sombrero y botas pantaneras, caminando o en bicicleta.

Aunque la mayoría son estudiantes de la unal, también llegan de otras universidades, como Isabella Díaz, zootecnista de La Salle, o Adriana Jiménez, de la Universidad Francisco de Paula Santander (Norte de Santander), quien está desarrollando una estrategia alimenticia para mejorar la condición corporal de los ovejos y la ciclicidad estral o de celo en busca de una preñez más eficiente, por lo que valoran la experiencia en Marengo: “siempre aprendemos algo nuevo”, destaca Isabella. Todos los días marcan las ovejas que no han sido montadas para tener un con-trol sobre la condición reproductiva de las “gordis”, como las llama cariñosamente Adriana. Después dedican unos minutos a alimentar con biberón a una cría de ovejos.

a clases, de día o de noche

En Marengo la intensidad de las clases no se cuenta por horas, porque en cualquier momento, así sea de madrugada, hay que entrar en acción. Es lo que le ha ocurrido más de una vez a Nelson Sarmiento, un dedicado zootecnista que cuida cerca de 500 cerdos

y produce lechones para la venta.“Al comienzo fue muy duro, las

madrugadas, los partos difíciles, la muerte de un lechoncito o de una cerda, esto afecta mucho”, dice mientras presenta su cronograma de trabajo, el cual incluye mostrar la tecnificación y los protocolos que aplican para mantener una granja competitiva en la que todos los días se buscan nuevas alterna-tivas de alimentación y de levante

de las crías. Es lo que Yony Fajardo, el coordinador agrícola, llama “el día a día del agricultor”, en el que no falta la varada de un tractor, una enfermedad, un apagón o un corte inesperado de agua.

Como conocedor del predio palmo a palmo, Yony se encarga de mostrarles a los visitantes los frentes de estudio y producción, primero en la maqueta, donde se aprecia la forma alargada del terreno y las tierras colindantes (el centro Tibaitatá del ica y el sena de Mosquera), y luego en un recorrido presencial,.

Yony ama su trabajo, que va desde revisar la disponibilidad de agua para los animales y los cul-tivos hasta decidir sobre cortar un árbol que genera riesgos para las redes eléctricas y para las personas. Su sueño es ver realizado el Biocampus, que con-

templa un proyecto trazado por la Vicerrectoría de Sede desde 2016 y que avisora esta granja como un gran centro experimental, de investigación y desarrollo tecnológico, de la universidad pública más reconocida del país.

En ese sentido, el profesor Augusto Ramírez Go-doy, director del Centro, menciona algunas de las obras en ejecución: la ampliación de la residencia para los estudiantes, que será entregada en 2020; la renovación de la planta de tratamiento de agua y de las baterías sanitarias; y, en un futuro, la renova-ción del restaurante y la cafetería. Además prevé el montaje de un laboratorio bioclimático, en el que se replican y evalúan diferentes climas para diferentes cultivos, cuyo proyecto fue presentado a Colciencias.

Ello se ha logrado con aportes que suman 2.210 millones de pesos, pero la gran apuesta es el proyecto integral, que permita “fortalecer la investigación científica de frontera y apalancar decididamente la transferencia de conocimiento, buscando mejorar el crecimiento del sector agropecuario como aporte sustancial al desarrollo territorial y la construcción de paz”.

Jaime Cárdenas, coordinador pecuario, es otro enamorado de la misión que cumple Marengo como herramienta de estudio y de producción. Destaca con orgullo que el hato lechero con que cuenta hoy la

Fotos: Luis Palacios - Unimedios.


palabras clave: Centro Agropecuario Marengo, desarrollo rural, ganadería, medicina veterinaria, zootecnia. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Hacia el Bio-Campus

Con una inversión proyectada de 32.688 millones en su fase I, el Bio-Campus Marengo se presenta como un espacio valioso para generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y técnico para la nueva ruralidad colombiana y las ciencias de la vida.

El Bio-Campus parte de los conceptos de resiliencia ambiental y sostenibilidad, los cuales se reflejarán en su arquitectura, gestión, producción académica y agropecuaria, permitiendo generar una oferta de valor única y diferenciada alrededor de servicios de conocimiento y tecnología como:

• Nuevos programas de transferencia con el modelo de extensión.

• Nuevos y consolidados programas académicos. • Generación de modelos de gestión y producción. • Desarrollo de productos con sello de origen. • Servicios a la comunidad. • Ecoturismo.

Se han adelantado convenios e investigaciones con entidades como Colciencias, la Gobernación de Cundinamarca y gremios de la producción.

unal surte más de 1.000 litros diarios a la compañía Alpina, lo que muestra la calidad del producto que obtienen los estudiantes en dos turnos: uno hacia las 4:30 de la mañana y otro a la 1:30 de la tarde, cuando ingresan al área de ordeño mecanizado.

Esta sección también tiene un tanque refrigerador de leche al cual se le adaptó un sistema de eficiencia energética para aprovechar el calor que produce y generar la energía requerida para calentar el agua con la que se lava el equipo de ordeño.

Uno de los retos a los que se enfrentan los en-cargados de este hato es la producción requerida de forrajes, para asegurar el crecimiento adecuado de los terneros y la producción lechera de las vacas. En la actualidad la granja cuenta con alrededor de 40 hectáreas de pasto kikuyo, que resultan pocas para suplir la alimentación de las reses.

La enseñanza con el ganado no se reduce a la producción lechera, sino que también se trabaja en inseminación artificial con el propósito de alcanzar cada vez mejores ejemplares, en otro proceso de aprendizaje para los futuros zootecnistas.

En cuanto al ganado ovino, se espera ampliar la producción actual, que es de 296 ejemplares distri-buidos en 44 potreros en un área de 24 hectáreas, y sobre todo mostrar las cualidades de sabor y terneza de esta carne. “No es lo mismo la carne de un cor-dero de 8 o más años, que es la que suelen vender en los asaderos que se encuentran en ciertas vías, que la de uno de 9 meses”, asegura Isabella, una de las estudiantes que trabaja en estos procesos productivos.

En Marengo cada dos meses se sacrifican alrededor de 20 corderos, cuya carne se empaca al vacío y se vende en la tienda del cam ubicada en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (icta), en la unal Sede Bogotá.

La proyección en este campo es sacrificar un promedio de 200 ovejos al año, comenta Walter Gutiérrez, zootecnista de la unal asignado como coordinador técnico y ad-ministrativo del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Extensión Ovino (cidteo), el cual cuenta con uno de los la-boratorios computarizados para análisis de semen más moderno del país: el ivos ii-Ca-za, en el cual se apoyan los estudiantes de maestrías y doctorados para llevar a cabo sus investigaciones.

diversidad agraria

Dentro de la producción pecuaria también sobresale la cría de gallinas y codornices, que además de la producción de huevos permite una amplia línea de investigación dirigida por la profesora Liliana Lucía Betancourt, quien una vez a la semana se dirige al Centro junto con sus estudiantes para avanzar en aprendizaje y proyectos de investigación.

En la tienda del cam, además de la carne de cordero, se aprecia buena parte de su producción: huevos de gallina y de codorniz, astromelias y claveles, espárragos, acelgas, mazorcas, cebolla, coles… toda una huerta cultivada por los estudiantes, profesores y el equipo de personas a cargo de esta aula, desde donde ingenieros eléctricos y agrícolas también trabajan en la instalación de paneles solares, de sistemas de riego y de inverna-deros de alta tecnología.

En la actualidad Marengo tiene alianzas con otras universidades del país y del exterior y con entidades como Agrosavia y la Gobernación de Cundinamar-ca; así mismo se han adelantado investigaciones con organizaciones como Fedepapa, Asocolflores, Asohofrucol y la Asociación de Productores de Ga-nado Ovino.

Para funcionarios como Jaime Cárdenas, lo ideal sería que Marengo se constituyera en un Instituto de la unal, de manera que tenga mayor autonomía en el manejo de sus recursos y se le abran posibilida-des de realizar alianzas directas con organizaciones investigativas, universidades y empresas, lo que lo fortalecería más como laboratorio de análisis y producción agropecuaria.

El Centro Agrope-cuario Marengo se creó en 1967 con el

propósito de soportar los procesos de

formación en las áreas pecuaria y agrícola.


desarrollo rural

Aprovechar hasta la cáscara

A partir de la cáscara o epicarpio de la gulupa, investigadores de la Universidad Jorge Tadeo Lozano obtuvieron un extracto rico en antocianinas, pigmentos comúnmente encontrados en flores y frutos de plantas, que tienen capacidad antioxidante y que se han popularizado por su potencial uso terapéutico en el tratamiento de enfermedades coronarias, diabetes tipo 2, e incluso cáncer metastásico óseo.

En las gulupas nativas está la clave para exportar frutas de élite

Desarrollorural

María aleJandra lóPez Plazas, Unimedios Bogotá

Son más resistentes a hongos como Fusarium sp., que produce marchitez en las hojas y pudrición del cuello de la planta; absorben más carbono –lo que las hace más productivas– y tienen una gran capacidad para tolerar el anegamiento o la sequía. Con estos atributos el país podrá contar con programas de mejoramiento genético que permitan potenciar la exportación de esta fruta promisoria.

La gulupa, ancestro del maracuyá y prima de la cholupa, es uno de los frutos exóticos más apetecidos en este mo-mento en Europa y Canadá, por eso es considerada como la estrella de la exportación colombiana –la tercera más vendida–, y aunque Antioquia es el mayor productor, su cultivo va ganando terreno en el país.

Uno de los aspectos que hace a la gulupa atractiva para los fruticultores es el económico, pues se estima que alcanza una rentabilidad de 39 millones de pesos por hectárea durante tres años de producción, debido al buen precio del que goza en el mercado en este momento, con un promedio de 4.200 pesos por kilogramo para el fruto con calidad de exportación.

Sin embargo no todo es color de rosa para los productores de Passiflora edulis sims –también conocida como maracu-yá morado, pasionaria, parchita o fruta de la pasión–, ya que, debido a las enfermedades que la acechan, en vez de aumentarse las áreas de siembra, estas se han reducido a tal punto que ya es mayor la demanda que la oferta para la exportación.

En 2017, datos de Agronet mostraron que en Cundina-marca se redujeron en un 86 % las áreas sembradas con gulupa, debido a la alta incidencia del hongo Fusarium sp., que produce clorosis, marchitez en las hojas, pudrición del cuello de la planta y virosis como la roña, que genera lesiones verrugosas en los frutos, o la “mancha de aceite”, cuya incidencia es mayor en época de lluvias y afecta es-pecialmente a las hojas. Durante esos años la producción no se recuperó y los agricultores optaron por reemplazarla con frijol para aprovechar el montaje por el que crecen las plantas trepadoras, pero no contaron con que esta legumi-nosa también resultó atacada por el patógeno, por lo que las pérdidas fueron mayores.

“Los agricultores estaban sufriendo las consecuencias de la falta de diversidad genética de la gulupa en Colombia, ya que en los años noventa, cuando se empezó a producir, se hizo con muy pocos viveros de plantas, lo cual produ-jo cultivos muy parecidos u homogéneos que se fueron seleccionando por rendimiento y calidad de los frutos, lo que estrechó aún más la base genética”, explica Nohra Rodríguez Castillo, doctora en Ciencias - Biología de la Universidad Nacional de Colombia (unal).

En la búsqueda de material con mejores características para hacerle frente a plagas y enfermedades, la investiga-dora identificó la diversidad genética de la gulupa en el país. Para ello evaluó semillas de tres diferentes fuentes: el banco de germoplasma de la Corporación Colombiana

palabras clave: gulupa, Passiflora edulis sims, mejoramiento genético. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

de Investigación Agropecua-ria (Agrosavia), de donde tomó 14 muestras o accesiones; las plantas cultivadas en diferentes departamentos de Colombia, con 8 muestras, y las plan-tas de poblaciones nativas en 11 departamentos de Colom-bia: Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Huila, Cauca, Quindío, Risaralda, Tolima, Santander, Nariño y Putumayo, con 34 muestras.

La investigadora señala que las plantas de poblaciones nati-vas se colectaron de huertas no asociadas con cultivos comer-ciales y bordes de carreteras en zonas donde no hay cultivo, las cuales son muy importantes porque han estado expuestas a factores ambientales diversos y la presión de selección ha fa-vorecido en ellas la expresión de genes para su adaptación y pueden llegar a ser de interés.

la solución está en las plantas nativas

La evaluación de las muestras se hizo en dos ambientes contrastantes climáticamente, con los que se pretendía encontrar los materiales que respondieran mejor a mayor y menor altitud: Pasca (Cundinamarca), a 1.800 msnm y Susacón (Boyacá), a 2.500 msnm.

La investigadora realizó diversos procesos ecofisio-lógicos, es decir que revisó tanto el entorno del cultivo como las características y funciones propias de la planta; aplicó metodologías avanzadas como la genotipificación por secuenciación (gbs, por sus siglas en inglés), con la que analizó regiones del genoma de la gulupa para definir si en efecto eran variedades silvestres o escapes de zonas de cultivos, y utilizó procedimientos convencionales a partir de la descripción de la forma de los frutos (morfológicas) y de los cultivos (agronómicas). Su trabajo contó con la dirección de los profesores Luz Marina Melgarejo, del Departamento de Biología de la unal, y Matthew Blair, de la Universidad de Tennessee (Estados Unidos).

En el proceso se encontraron plantas que producen más frutos que otras, gulupas de mayor y menor tamaño, más o menos dulces o ácidas, o con sabores más parecidos a la curuba o al maracuyá, y con menos ramas, lo que podría significar menos mano de obra destinada a la poda, proceso necesario para evitar que proliferen hongos.

“Desde la ecofisiología identificamos materiales que tienen una mejor tasa fotosintética, es decir que frente a la luz responden haciendo más fotosíntesis, lo cual es positivo porque hace que el carbono se fije más e incre-menta la productividad de la planta”, menciona la doctora Rodríguez, quien destaca las eficientes tasas de transpira-ción o potencial hídrico, variables que se relacionan con la respuesta de las plantas frente a la sequía.

semillas listas para ser mejoradas

Dos características que puede estar relacionadas con la diversidad genética de la gulupa son el color de la semilla –negra y marrón– y su forma –ovalada o semiovalada–.

Además se encontró que en la región de los Andes Central estas son más grandes, por lo que allí se concentran los cultivos a los cuales se les realizan labores de manejo, a diferencia de más pequeñas, que corresponden a las accesiones nativas y algunas de las custodiadas.

La experta indica que “el tamaño de las semillas está directamente correlacionado con el tamaño de los frutos: a mayor tamaño del fruto, mayor es la semilla. En un cultivo esto se explica por la mayor disponibilidad de nutrientes, suministrados de manera oportuna según sus necesidades”.

Las semillas nativas reunidas han pasado a formar par-te de la colección de trabajo del programa de Biología, del grupo “Fisiología del estrés y biodiversidad en plantas y microorganismos” de la unal y del banco de germoplasma de Agrosavia. Gracias a esto el país cuenta hoy con una base genética más diversa de la gulupa.

El aporte de la investigadora Rodríguez despertó el interés de la Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico de las Pasifloras de Colombia (cepass), entidad que trabaja por aumentar la competitividad y la productividad de las pasifloras en el Huila y el resto del país, y que en 2020 desarrollará un programa de mejoramiento genético en el que estos materiales nativos jugarán un papel importante.

En cuanto a la profundización en el conocimiento de la gulupa, la profesora Melgarejo menciona que “se están adelantando estudios sobre el déficit hídrico en algunos de los materiales que mostraron alta diversidad genética en comparación con los que se están sembrando en el país: queremos identificar plantas que se comporten bien ante eventos climáticos extremos”.

Se trata de mejoras son necesarias para continuar ex-pandiendo el cultivo de esta fruta tan promisoria, que en regiones del Cauca podría convertirse en la aliada idónea para sustituir cultivos de coca.

En Colombia la gulupa es considerada como un producto agrícola promisorio, especialmente para su exportación.

Foto: archivo particular.


Una mejor alimentación

Dejar que el animal se alimente de una fracción de potrero en un tiempo determinado (pastoreo en franjas), ofrece mejores resultados que dejarlo en grandes extensiones de terreno. Es decir, una rotación del

pastoreo permitirá tener una mejor calidad de los pastos,

para recibir un mayor número animales que se alimenten de él.

No castrarEn las fincas donde

no se realizaba la práctica de la

castración los animales crecían

más rápido y producían más

carne por sus mayores niveles de

testosterona.

Escoger bien el animal

Las fincas eficientes trabajaban con animales del tipo Indicus y Taurus, especializados en la producción de carne, mientras que en las ganaderías ineficientes prevalecían aquellos

de tipo Taurus, que no han sido seleccionados

genéticamente para producir carne.

Claves para incrementar la eficiencia en el hato ganadero

Si los pequeños y medianos ganaderos de Cundinamarca tienen en cuenta las siguientes estrategias en sus fincas, podrían aumentar la producción de carne.

Fotos: Diana González.

palabras clave: carne, Cundinamarca, trópico alto, ganadería. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Ganadería más eficiente proveería carne de primera a consumidores bogotanos

María aleJandra lóPez, Unimedios Bogotá

Optimizar el uso de recursos como la tierra útil disponible, la mano de obra, el consumo de suplementos y el manejo adecuado de las pasturas, permitiría que pequeños y media-nos ganaderos de Cundinamarca produzcan hasta un 18 % más carne que en la actualidad.

A pesar de algunas tendencias de consumo en contra de las “carnes rojas”, esta sigue siendo la proteína más consumida en el mundo. Datos de la Organi-zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao) muestran que entre los años sesenta y 2017 su producción pasó de 70 a 330 mi-llones de toneladas, y que mientras el consumo per cápita en 1970 era de 26 kg, en los últimos años ha sido cercano a los 40 kg, incrementos que se explican por el aumento de la población mundial.

En Colombia la ganadería es una actividad esen-cial del sector agropecuario; a ella se dedican más de 500.000 familias; en 2017 representó el 1,4 del pib nacional; genera alrededor de 800.000 empleos directos; y se estima que cada colombiano consume alrededor de 18,2 kg de carne al año. Estos y otros aspectos han hecho que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) tenga como propósito que en 2032 el país se ubique entre los 10 productores y 5 exportadores de carne en el mundo; en este mo-mento ocupa el puesto 11 en producción de carne y el 12 de leche.

Aunque tradicionalmente las regiones con mayor participación ganadera son el Caribe y los Llanos Orientales, según Fedegán en 2015 Cundinamarca ocupó el sexto lugar con una producción de 25.000 toneladas de carne. Una explicación para dicho pro-tagonismo radica en su vecindad con Bogotá, con la cual conforma el motor y núcleo de la economía en Colombia, pues representa cerca del 30 % del pib.

Diana Michelle González Marino, magíster en Pro-ducción Animal de la Universidad Nacional de Co-lombia (unal), señala que la actividad ganadera que se realiza en las regiones frías o de trópico alto, como la de Cundinamarca, se caracteriza por la producción de leche, pero con respecto a la producción de carne afronta un reto importante asociado con una mayor demanda de la capital del país, “lo cual significa, desde el punto de vista de su sostenibilidad, minimizar los impactos ambientales sobre la microrregión, mientras se mantiene su viabilidad económica”.

Como parte del proyecto “Tipificación de carne bovina en sistemas de producción de trópico alto con enfoque de calidad total”, inmerso en las iniciativas del Corredor Tecnológico Agroindustrial Bogotá-Cun-dinamarca, del cual forma parte la unal, la magíster identificó la manera como las fincas ganaderas pue-den ser más eficientes en la producción de carne.

óptima gestión, el ejemplo a seguir

Además de elaborar un diagnóstico de eficiencia, la investigación tenía como objetivo identificar las fincas que servirían como referentes, a través del benchmarking, herramienta de gestión usada en merca-deo que toma como referencia las mejores prácticas de otras empresas –competidoras directas o de otro sector–, para adaptarlas a la propia empresa, en este caso a fincas productoras de carne.

Para recolectar la información, la magíster realizó 147 encuestas en fincas de Cundinamarca; los datos obtenidos sirvieron para evaluar la eficiencia me-

diante un análisis envolvente de datos, técnica de medición que permitió conocer, a diferentes escalas de producción, la mejor combinación de los recursos disponibles para conseguir la máxima obtención de carne, expresada como los kilogramos de peso en pie producido en las fincas en un año.

Los recursos disponibles o variables de entrada fueron factores como la disponibilidad de tierra en hectáreas, la mano de obra en unidades de trabajo anual, el consumo de suplementos en nutrientes digestibles totales y el consumo de forraje en kilogra-mos de materia seca. Además se planteó el análisis orientado a minimizar las emisiones de metano, con el fin de reducir los impactos ambientales de la producción de carne.

Aunque se estimó que el espacio óptimo de producción eran 11,1 hectáreas de pastos y una carga ganadera media de 1,75 unidades animales por hectárea (ua/ha), se identificó que un 49 % de las fincas analizadas opera por debajo de esta escala (2,42 ha y 0,47 ua/ha en promedio). “Para estas, su eficiencia alcanzaba solo un 82 %, lo que se traduce en la oportunidad para aumentar la producción de carne en un 18 %”, destaca la investigadora.

En ese sentido, aunque incrementar el número de hectáreas en el corto plazo es complejo, la recomen-dación es mejorar otros aspectos, como la calidad de los pastos –principal fuente de alimento de los animales–; rotar los potreros empleando pastoreo en franjas; realizar una mejor fertilización; hacer un control eficiente de las malezas y reducir la edad de pastoreo de 90 a 45 días, con el fin de obtener forrajes de mejor calidad, es decir más joven y con menos contenido de fibra.

“De esta manera se incrementará la intensifi-cación de los sistemas aumentando el número de animales que se pueden tener por unidad de área”, agrega la investigadora. Dicha gestión también ayudaría a reducir hasta en un 33 % las emisiones de metano porque el forraje será más digestible, el animal comería más y ganaría más peso sin desperdiciar energía en el proceso de fermentación que se da en el rumen.

Con respecto a la localización de las fincas, se halló que los municipios de Cajicá, Granada, Nemocón, Tabio, Sutatausa y Ubaque presentaron una eficiencia del 100 % en la producción de carne, mientras que las fincas de Gachancipá, Chipaque, Sibaté, Sumapaz, Ubalá, Manta y Villapinzón mostraron los menores índices de eficiencia. Esto puede estar relacionado con la mayor distancia geográfica que hay entre los municipios y Bogotá, y con las condiciones de infraestructura vial que se presentan, ya que esto dificulta el acceso a insumos, tales como recursos alimenticios alternativos, mano de obra calificada y prestación de servicios de asistencia técnica y ca-pacitación, lo que resulta en una limitada capacidad de gestión para la innovación en dicho sistema de producción.

Para el profesor Germán Afanador, de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la unal, la investigación adelantada por la magíster Gon-zález les ofrece la oportunidad a los ganaderos del trópico alto de producir carne de manera eficiente para abastecer el mercado de Bo-gotá y la Sabana, ecorregión asociada con la cuenca alta y media del río Bogotá, con relaciones cercanas con 114 municipios de Cundinamarca.

carne de tierras frías, producto de calidad

Aunque Cundinamarca todavía afronta retos para liderar la producción de carne, el potencial de la ganadería de las regiones frías radica en que sus territorios están ubicados en la microrregión de

Desarrollorural

altiplanicies y laderas frías con una altura superior a los 1.800 msnm, geografía que aporta a la calidad de la carne bovina, por ejemplo a su terneza.

Según estudios realizados en el Instituto de Ciencia y Tec-nología de Alimentos (icta) de la unal, las zonas de ladera y sabana en el trópico alto cuentan con condiciones ideales para producir diferentes cortes de carne de excelente calidad, entre los que destaca el paletero. El colágeno presente en este corte se solubiliza al momento de la cocción, con lo cual se pierde la dureza comúnmente asociada con su apariencia fibrosa.

La magíster González destaca que otras investigaciones han evidenciado que la carne obtenida a partir de animales criados en zonas altas mejora mediante mecanismos asociados con un aumento de la actividad cardiopulmonar –como una respuesta a la baja saturación de oxígeno y a las condiciones de frío por parte de los animales–, lo cual significa una ventaja para los pequeños y medianos ganaderos de la región, aunque el mayor beneficiado será el consumidor de la capital del país.


Ciudad & Territorio

palabras clave: Cementerio Central, bioarqueología, mortalidad infantil. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Los niños del Cementerio CentralaleJandra ruiz lóPez, Unimedios Bogotá

Enfermedades gastrointestinales, desnutrición y estrés fueron algunas de las causas de muerte de los menores que vivieron durante el siglo xix y hasta mediados del xx en una Bogotá que empezaba a erigirse como urbe. El análisis de sus restos óseos, encontrados en el entonces considerado como el “cementerio de los pobres”, revela la precariedad en la que vivía la población infantil en esa época.

En 1836 la apertura del Cementerio Central de Bogotá transformó las costumbres funerarias de las élites capitalinas, cuyas familias preferían ser enterradas en iglesias. Aunque fue lento aceptar la idea de un cementerio para “todos”, en medio de la creciente urbe, pronto se dio una jerarquización.

En el Globo a de esta necrópolis, catalogado como Patrimonio Cultural de la Nación, se enterraban en bóvedas o mausoleos a expre-sidentes, escritores o personalidades, y a los niños de las familias de la élite. En el Globo b, conocido como el “cementerio de los pobres”, las inhumaciones eran en el suelo, en fosas comunes o tumbas sencillas, reutilizadas y económicas, donde se enterraba al “cualquiera”.

A mediados del siglo xx, con la inauguración de los parques cementerios en las afueras de la ciudad, el Cementerio Central se

Foto: Laura Tatiana Coy.

Restos óseos de un niño de nueve años, enterrado en el “cementerio de los pobres”.

reconfiguró: aunque se conservaron los panteones y sepulcros monumentales, el Globo b se convir-tió en depósito de basuras, escombros, desechos hospitalarios y hasta de restos de fetos, y fue quedando en el olvido.

Entrado el nuevo milenio, con las reformas arqui-tectónicas sobre el “área de los pobres” se construye-ron el actual Centro de Memoria Paz y Reconciliación, las galerías y el Parque Renacimiento. Las obras implicaron la excavación arqueológica funeraria más grande de Suramérica; en ella se despojaron cráneos, huesos, esqueletos y restos de tejidos de personas que murieron sin tener un apellido de abolengo.

Estos restos permanecieron guardados hasta 2015, cuando la Universidad Nacional de Colombia (unal) obtuvo la licitación para el análisis del material excavado. De los 7.103 esqueletos, la antropóloga Laura Tatiana Coy Carrera se interesó en los de 113 individuos, desde recién nacidos hasta adolescen-tes entre los 15 o 16 años. Su interés era comprender cómo vivía y de qué moría la infancia bogotana de finales del siglo xix y comienzos del xx, información “que suele estar ausente de los registros históricos”, como señala la investigadora.

el pasado de la infancia bogotana

Para la investigación se identificaron e inventariaron los huesos de cada individuo, se hizo un registro fo-tográfico y posteriormente se desinfectaron; después se elaboró un perfil biológico de los esqueletos para definir edad, sexo, y, en algunos casos, estatura. Así, se hallaron más restos de hombres que de mujeres con características campesinas o indígenas (tenden-cias mongoloides, tipo de raza asiática).

Fracturas asociadas con una muerte accidental; caries extremas resultado de una dieta ausente de proteínas y una fuerte presencia de vegetales duros; anomalías relacionadas con anemia y desnutrición; y desgaste del esmalte dental, fueron características que permitieron concluir que la niñez bogotana vivía en la precariedad.

La profesora Claudia Rojas Sepúlveda, de la Facultad de Ciencias Humanas y directora de la in-vestigación de Laura Coy, señala que el estudio con-cluyó que esta población también sufrió episodios de estrés, probablemente asociados con el trabajo infantil. “En los dientes de los individuos se observó una línea divisoria relacionada con la patología oral conocida como hipoplasia de esmalte, que impide que el diente crezca, lo cual es considerado como un indicador de estrés”.

En el siglo xix Bogotá avanzaba hacia la moder-nización, pero las guerras de Independencia y las posteriores guerras civiles lo impidieron: no hubo progreso en las vías y tampoco se contaba con un sistema de acueducto y alcantarillado, lo que generó que el agua y la leche que las personas consumían estuvieran contaminadas por desechos humanos y de animales. De ahí que muchos de los restos infantiles analizados tuvieran vestigios de muerte por enfermedades gastrointestinales.

Además el aumento demográfico que caracterizó los comienzos del siglo xx –como consecuencia del desplazamiento por la violencia– incrementó las condiciones de insalubridad, ya que a nacientes barrios como San Cristóbal no llegaban el acue-ducto ni los servicios públicos. En estos sectores primaba el hacinamiento y no había un manejo de basuras, condiciones que facilitaron la proliferación de sarampión, tifo, roséola y viruela, epidemias que cobraron la vida de niños menores de un año, pues el deficiente sistema de salud de la época no priorizaba la vacunación de infantes.

Los niños pobres o huérfanos rondaban las ca-lles trabajando como emboladores y voceadores de periódico; algunos fueron formados como mano de obra barata y enviados a batallones, a fincas para

trabajar como jornaleros, e incluso a picar piedra para la construcción de carreteras.

En ese entonces se estableció la mayoría de edad a los 14 años, momento en que las personas eran consideradas adultos menores con facultades para el trabajo. “El Libro de defunciones del Archivo Distrital de Bogotá de 1902 registra alguna profesión u oficios para niños entre los 8 y 14 años, y el estado civil; también se casaban a esa edad”, señala la magíster, quien en su estudio solo asoció una muerte con el infanticidio, es decir encontró evidencias de golpes.

el presente de la niñez

Investigaciones como la de la doctora Coy, una de las pocas realizadas en el país, permiten comprender la evolución de la idea de niñez, “por ejemplo, la edad en la que dejamos de ser considerados niños; antes, personas muy jóvenes, de 8 o 10 años, se enfrentaban a la vida adulta, algo que hoy es impensable”, afirma la profesora Rojas.

En 1977 Colombia estableció la mayoría de edad a los 18 años, y desde 1989 suscribió –con otros 195 países– la “Convención sobre los Derechos del Niño”. En esta se conformó el concepto de infancia, en el cual se establecen derechos como: identidad; salud; educación; intimidad; protección frente a la explotación sexual y el trabajo infantil; y el no involucramiento en conflictos armados.

Aunque el cumplimiento de dicho convenio ha sido foco de actuación para los Estados, en el caso colombiano todavía sus derechos siguen siendo vulnerados. Cifras del Departamento Nacional de Estadística (dane) indican que en 2018 la tasa de mortalidad infantil en Bogotá fue de 8,8 por cada 1.000 nacidos, dato asociado con las condiciones de salud y socioeconómicas en las que vive la niñez, razón por la cual en las localidades de Usme, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos y San Cristóbal se presentan los índices más altos.

Ese mismo año, la tasa de desnutrición en me-nores de 5 años registró un aumento, al pasar del 17,1 % en 2017 al 17,6 % en 2018, y aunque no se registra como causa de muerte infantil, el hecho de que suceda en la capital del país sí representa un motivo de preocupación con respecto a la situación de esta población en el territorio. En relación con el trabajo infantil, las cifras oficiales muestran que en localidades como La Candelaria y San Cristóbal trabajan más de 76.000 niños. Y con respecto al histórico fenómeno de violencia, un informe del Centro Memoria Paz y Reconciliación estima que 16.879 menores han formado parte del conflicto ar-mado por reclutamiento, asesinato, desplazamiento y desaparición forzada.

“Niños que contrataban para arreglar y regar las flores de las tumbas en el Cementerio Central”. 1940.

foto: Fondo fotográfico Daniel Rodríguez.


Ciudad & Territorio

palabras clave: violencia urbana, Río de Janeiro, Bogotá, Maré, San Bernardo, salud pública. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Violencia urbana, el cerco de las ciudades latinoamericanasdiana gaBriela HernÁndez, Unimedios Bogotá

Reconocida como un problema social y de salud pública, la violencia urbana aumenta con la implementación de políticas estatales que excluyen a las víctimas y ocultan el desempleo y la inequidad, entre otros problemas, generando el recrudecimiento de las acciones violentas: el estudio comparativo de dos sectores –uno en Brasil y otro en Colombia– sirven como ejemplo de esta situación.

Siete mil kilómetros separan la favela La Maré, en Río de Janeiro, y el barrio San Bernando, en Bogotá. En estos dos lugares el tráfico de drogas, la presencia de bandas criminales y la inseguridad tejen las his-torias de miedo que se arrinconan en serpenteantes y estrechas calles donde la violencia es como aquel vecino que nadie quiere, pero se tolera.

Mientras en San Bernardo –ubicado entre las calles primera y sexta y la carrera décima y la avenida Cara-cas– las casas huérfanas, deterioradas y rodeadas por locales comerciales ocultan la actividad de las bandas de microtráfico, los atracos y los asesinatos, en Maré, un complejo de 16 favelas localizado cerca del Aeropuerto Internacional Antônio Carlos Jobim (o de Galeão), al norte de Río de Janeiro, carteles del narcotráfico y la fuerza pública se disputan el control del territorio provocando episodios de abuso y violencia.

En San Bernardo, con 13.000 habitantes, es difícil llevar la cuenta de los homicidios o los robos debido a las fallas en los sistemas de información, que solo ofrecen los datos de las localidades. El hecho de que el 61 % de los habitantes de Bogotá perciba mayor inseguridad en la ciudad no indica mucho sobre la situación diaria en este barrio, donde bandas ilega-les amedrentan a los habitantes, imponen fronteras invisibles e intimidan a “los sapos”.

En Maré, donde viven alrededor de 150.000 per-sonas, el abuso de poder tiene su máxima expresión en las ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas armadas, y la represión ejercida por bandas de narcotraficantes. En 2017 fueron asesinadas 6.749 personas en Río de Janeiro, lo que corresponde a una tasa de 36,7 homicidios por 100.000 habitantes; en Bogotá esta es de 12,7 por 100.000.

Tras realizar una revisión bibliográfica sobre el la violencia urbana en América Latina y discutir la temá-tica en el campo de la salud pública, recorrer puntos neurálgicos de Maré y San Bernando, y entrevistar a 46 habitantes de estas zonas, Elis Mina Seraya Borde, doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (unal), evidenció que los hostigamien-tos a los habitantes son el “reflejo de los conflictos generados por planes de desordenamiento territorial en función de los emprendimientos legales e ilegales y por la inacción del Estado”.

Según el profesor Mario Hernández, del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la unal, en los últimos 15 años la violencia urbana se ha convertido en un tema central de la agenda política y de la in-vestigación científica en América Latina. “Se trata de un fenómeno reconocido no solo como un problema social, sino cada vez más como un problema de salud pública, si se tienen en cuenta las magnitudes de la violencia directa en las grandes ciudades, los efectos en la salud mental de los habitantes, la disrupción de los lazos sociales en las áreas afectadas y los im-pactos sobre los sistemas de salud”. Sin embargo no

En en barrio bogotano de San Bernardo existe temor a la “bronxeación”, es decir a un proceso de degeneración y deterioro como consecuencia de las acciones realizadas en el Bronx.

En Maré, complejo de 16 favelas al norte de Río de Janeiro, los carteles del narcotráfico y la fuerza pública se disputan el control del territorio.

Foto: Luis Palacios /Unimedios.

Foto: Carlos Luis M. C. da Cruz-Creative Commons.

hay muchos estudios sobre las causas profundas de este problema, y menos en perspectiva comparada; de ahí el aporte de la tesis doctoral de Elis Borde.

temor a la “bronxeación” de san bernardo

Desde los años cuarenta favelas como Maré fueron cre-ciendo a medida que se incrementaba el éxodo rural hacia la ciudad como una medida de escape de las malas con-diciones de vida en el campo y atendiendo a la demanda que produjo el boom inmobiliario. Millares de agricultores convertidos en albañiles establecieron sus viviendas en laderas y pantanos; y aunque se han realizado diferentes proyectos de urbanización, la calidad de vida de las per-sonas ha mejorado poco con los años.

En las décadas de 1950-1960 la migración del campo a la ciudad fue esencial en la transformación de Bogotá. Tras los desmanes e incendios provocados con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 –hecho conocido como El Bogotazo–, las clases adineradas se trasladaron al norte de la ciudad, por lo que las viviendas del centro fueron ocupadas por desplazados por la violencia y per-sonas en búsqueda de oportunidades para vivir.

En los años ochenta, barrios como San Bernardo empeza-ron a ser invadidos por “jíbaros”, indigentes, delincuentes y prostitutas dando origen a zonas de alta peligrosidad como la Calle del Cartucho, y posteriormente al “Bronx”. Esta es una de las razones por las que en el sector existe temor a la “bronxeación”, es decir a un proceso de degeneración y deterioro como consecuencia de las acciones realizadas en dicha zona.

Desde mediados de los noventa, las políticas de segu-ridad han ido desde renovaciones urbanísticas –como la construcción del parque Tercer Milenio, estaciones de TransMilenio o el proyecto Ciudad Salud– hasta la pro-moción de la cultura ciudadana y programas como los Centros de Atención Médica a Drogadictos (Camad), las cuales han sido insuficientes.

Los residentes entrevistados no rechazan el Plan Par-cial de Renovación Urbana “San Bernardo, Tercer Mile-nio”, pero no tienen claro para quiénes se recuperará el espacio ni qué pasará con ellos: “el proyecto no ha sido socializado, simplemente se nos ha planteado la compra de los predios”, aseguran. La Alcaldía Mayor proyecta la construcción de 3.600 viviendas en las 9,3 hectáreas de terreno que abarca el sector.

intervenciones y redadas

Sobre la participación de la fuerza pública en el desman-telamiento de las “ollas” del microtráfico, la investigadora señala que “las intervenciones policivas se plantearon más desde un punto de vista urbanístico-social y menos desde una lógica de combate, como sí ocurrió en Maré”.

Es importante recordar que en 2018, el entonces presi-dente brasileño Michel Temer decretó que el Ejército se hiciera cargo de la Policía, los bomberos y los servicios de inteligencia para intervenir militarmente a Río de Janei-ro, con el objetivo de atacar el crimen organizado; la tarea rebasó los límites de sus labores, al punto de agudizar las

violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La política represiva se intensificó en la actual presidencia de Jair Bolsonaro y del gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel.

Según la experta, la represión y la acción violenta de la Policía Militar generaron un miedo casi generalizado en la población; el miedo a las fuerzas estatales marcó fundamentalmente una desilusión y una profunda desconfianza en el Estado, el cual es catalogado por algunos entrevistados como “terrorista, racista y homicida”.

En ese sentido, resalta la necesidad de abordar la dimen-sión histórico-territorial de la violencia urbana en las ciudades latinoamericanas para entender los procesos de producción y reproducción de la violencia como un problema de salud pública. Así mismo considera que se deben atender no solo los problemas de servicios elementales para vivir, sino la salud mental, a través de la intervención psicosocial, e integrar a los habitantes en la transformación de estos espacios para generar mejores condiciones de una vida digna, sin miedo y en paz.

Para el profesor Hernández, cuando se comprenden las causas profundas de un problema de salud pública de la complejidad de la violencia urbana, emergen otras soluciones, en especial aquellas que cuentan con la gente para afectar las fuerzas or-denadoras del territorio y construir salud y paz en las grandes ciudades.


Política & Sociedad

palabras clave: enfermedad mental, psiquiatría, Asilo de Locas, Bogotá, siglo xx. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

El Asilo de Locas de Bogotá: de la locura a la enfermedad mental femeninaaleJandra ruiz lóPez, Unimedios Bogotá

Durante la primera mitad del siglo xx algunas mujeres eran consideradas como “locas” si no cumplían con los deberes del hogar, la crianza de sus hijos o el cuidado de su esposo. Por esta razón, varias de ellas eran internadas en el Asilo de Locas, institución de Bogotá que pasó de ser un lugar de amparo, asistencia, cuidado y auxilio, a convertirse en un espacio donde se practicaron procedimientos como terapias de choque, insulinoterapias y lobotomías.

El Asilo de Locas funcionó por primera vez a comienzos del siglo xx cerca de la Plaza de Bolívar, en la tradicional calle de San Miguel, donde todavía funcionan algunas de las sombrererías frecuentadas por los “cachacos” de la época. Era una institución de la Beneficencia de Cundinamarca para mujeres recluidas en el Asilo de Mendigas, el Hospital San Juan de Dios, la Casa Refugio y la Casa de Locos, cuyo propósito era ofrecerles una atención diferenciada a la de los varones locos y enfocada en el cuidado de aquellas que parecieron perder la cordura.

En 1937 se traslada a Ningunaparte, una vieja casona que sirvió de polvorería en la época de la Colonia, ubicada en la calle quinta con carrera doce, donde permaneció hasta 1980, cuando las internas fueron reubicadas en el hoy conocido como Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas, ubicado en Sibaté (Cundinamarca). En este espacio imperaba el hacinamiento y la suciedad; allí llegaron mujeres campesinas o tejedoras analfabetas de bajo estrato socioeconómico, que en algunos casos eran consideradas criminales por tirar a sus hijos al río luego de parirlos solas. También ingresaron mujeres que presentaban “depresión posparto”, que en la época se asociaba con el imaginario de la locura; y otras mujeres solteras que eran abandonadas por sus familias por no cumplir con los roles sociales de matrimonio, maternidad y el papel de la mujer.

Según los informes del médico Julio Manrique, de la Universidad Nacional de Colombia (unal) y exdirector del Asilo, “durante el día las mujeres que habitaban el lugar estaban distribuidas en cuatro patios: el más grande estaba ocupado por enfermas en estado de excitación maníaca, otro por pacientes calmadas, el tercero por epilépticas e idiotas, y el cuarto por dementes reputadas incurables”.

Otros datos de aquella institución muestran que unas 750 mujeres dormían de a dos o tres en camas sencillas que eran catres de hierro, vestían batas grises sucias y desgastadas, y andaban descalzas por patios y pasillos insuficientes para la cantidad de enfermas. En 1941 la cifra de acogidas ascendió a 949, y en 1946 llegó a 2.131 mujeres, que por las malas condiciones higiénicas muchas veces morían en brazos de las hermanas de la caridad que las cuidaban. Estos aspectos, unidos al carácter domestico que adquiría la locura femenina en la época, llamó la atención de Luz Alexandra Garzón Ospina, doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la unal.

“Era la Colombia de la violencia bipartidista (liberales contra conservadores) que prevalecía en extensas áreas del Viejo Caldas, Tolima, Boyacá, Cundinamarca o Valle del Cauca, e impactaba las familias, generaba migraciones y posiblemente afectaba la salud mental de quienes la vivie-ron”, señala la investigadora, y agrega que de estas regiones provenía la mayoría de las pacientes.

En su opinión, detrás de esas mentes enfermas habitaban mujeres emotivas, que sentían y tejían afectos, que sufrían las consecuencias en sus cuerpos y se resguardaban en la

El Asilo de Locas funcionó a una cuadra de la Plaza de Bolívar, en la tradicional calle de San Miguel, donde todavía funcionan algunas sombrererías de la época.

Foto: Luis Palacios/Unimedios.

“locura” de sus compañeras para abrazarse, darse calor mutuo y entender la razón de su reclusión en el Asilo de Locas. Por eso, a partir de sus voces, se propuso revivir la cotidianidad y las prácticas asociadas con tratamientos y discursos médicos que se convirtieron en la génesis de los enfoques psiquiátricos en el país.

del cuidado a los procedimientos científicos

La reconstrucción histórica del Asilo de Locas entre 1930 y 1950 es posible gracias a los informes tanto de los médicos y síndicos a la Junta General de Beneficencia como de la Secretaría de Asistencia Social; las actas del Asilo de Locas de Bogotá; la compilación de leyes y ordenanzas de la Benefi-cencia y Asistencia Social de Cundinamarca; las resoluciones y cartas dirigidas al síndico del Asilo; y las historias clínicas encontrados en el Archivo de Bogotá.

Uno de los elementos identificados en el estudio es que las diversas denominaciones a lo largo de los años –Casa de Locas, Asilo de Locas, Manicomio de Mujeres, Frenocomio de Mujeres y Hospital Neuropsiquiátrico– correspondieron a los cambios de infraestructura, administración y servicios internos, pero especialmente al avance científico que se gestaba en su interior. “Se podría decir que la designación de Hospital Neuropsiquiátrico obedeció al ingreso pleno de los discursos y prácticas que consolidaron la psiquiatría entre 1930 y 1950”, señala la doctora Garzón.

Durante dichas décadas, el imaginario sobre el avance científico se perseguía con la aplicación de la terapéutica psiquiátrica desde cuatro tratamientos: con el uso de insu-lina y cardiazol se provocaban convulsiones en el paciente para que luego despertara calmado; el electrochoque consistía en aplicar una corriente eléctrica a través del cuero cabelludo con el mismo fin; y la lobotomía era un tratamiento quirúrgico en el cerebro que se realizaba a través del globo ocular a las mujeres que no mostraban ninguna mejoría con los otros procedimientos.

Un ejemplo de lobotomía realizada en 1942 a una mu-jer originaria de Zapatoca (Santander) encontrado en los archivos médicos del Asilo demuestra que la cura a las

enfermedades mentales estaba relacionada con lo que se consideraba debía ser el papel de la mujer. El informe dice:

por tercera vez reingresó y pasó a ser candi-data para la lobotomía prefrontal a fines de 1943, después de un tratamiento por electro-choques. Luego de la operación fue llevada por su esposo a casa, en donde se mostró descuidada enormemente en su persona y con los niños; de comportamiento pueril con un cierto grado de irresponsabilidad, en cuanto a sus deberes de esposa y de madre se refieren. Eufórica y con accesos fáciles de excitación psicomotriz, que el esposo encontró incompatibles con sus condiciones de vida, y resolvió devolverla al Asilo en donde continúa estacionaria.

de bogotá a sibaté

Mirar hacia el pasado y entender cómo se ha manejado la enfermedad mental femenina –que corresponde a lo que la historia ha ido demandando del rol de la mujer– abrió la posibilidad de entender la génesis de la psiquiatría en Colombia y de la manera en que los discursos médicos tomaron fuerza convirtiendo a la mujer en objeto de experimentación y señalamiento.

Las mujeres que estuvieron en Ningunaparte hasta 1980 luego se reubicaron en Sibaté para conformar la Colonia de Mujeres en el municipio, con el diagnóstico de “enfer-medad mental”, el cual se trata desde otras lógicas, sin terapia de choque o lobotomía, tratamientos que se usaron hasta los años cincuenta. Según datos de la Beneficiencia de Cundinamarca, este espacio alberga en la actualidad a 657 pacientes vulnerables, con discapacidad cognitiva y mental. Cada una de ellas cuenta con su propio servicio de eps a través del cual recibe tratamiento psiquiátrico. Además se les brinda terapia ocupacional, fisioterapia y terapia respiratoria.

Desde los años sesenta las enfermedades mentales se empezaron a tratar farmacéuticamente, es decir que –según un diagnóstico psiquiátrico– a los pacientes se les medica sin experimentar quirúrgicamente sobre sus cuerpos, y se deja de lado el concepto de que alguien “loco” no es dueño de sí mismo, lo que promueve una ética del cuidado que refleja cómo nuestra sociedad concibe a aquellos que por padecer enfermedades de la mente son más vulnerables.

Si bien los enfermos mentales siguen siendo estigma-tizados, no todos deben ser recluidos en instituciones psiquiátricas y pueden, según su enfermedad, llevar una vida normal y tranquila.

Foto: Dianne Witlin.

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