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Luis Arriaga Valenzuela*

La lucha contra la impunidad en loscrmenes de Estado ha sido una de laspreocupaciones centrales del movi-miento de derechos humanos en Am-rica Latina. La aeja demanda porconquistar justicia, verdad y reparacinen los casos de graves violaciones alos derechos humanos ha estado pre-sente en casi todos los pases de laregin que, habiendo estado inmersosen un contexto de violencia o limita-cin de las libertades civiles, han tran-sitado a un escenario de aparenteausencia de violencia.

Crmenes de Estado y derechoshumanos en Mxico

La lucha contra la impunidad en los crmenes de Estado ha sido una de laspreocupaciones centrales del movimiento de derechos humanos en Amrica Lati-na. La aeja demanda por conquistar justicia, verdad y reparacin en los casos degraves violaciones a los derechos humanos, ha estado presente en casi todos lospases de la regin latinoamericana que, habiendo estado inmersos en un contextode violencia o limitacin de las libertades civiles, han transitado a un escenario deaparente ausencia de violencia. Este artculo aborda el tema de los pendientes delpasado frente a los crmenes de Estado cometidos durante las dcadas de los aossesenta, setenta y ochenta; las vctimas, sus familiares y las organizaciones de dere-chos humanos han mantenido, por aos, esas legtimas exigencias: justicia, verdad yreparacin.

Aunque en diversos pases han sidoproducidas importantes experienciaspara cumplir los requisitos de verdad,justicia y reparacin, no existe una fr-mula nica aplicable en los distintos con-textos. En la mayora de los casos haexistido tensin entre el grado de im-punidad que una sociedad est dispues-ta a otorgar y la urgencia de alcanzaracuerdos que permitan la superacin dela violencia. En la prctica el nivel de im-punidad es muy elevado (Irlanda delNorte, Sudn, Uganda, Sierra Leona,Camboya, etctera) debido a que losEstados suelen ser muy reacios a reco-nocer sus responsabilidades.

Mxico no ha sido, en este tema,excepcin. Frente a los crmenes de Es-tado cometidos durante las dcadas de

los aos sesenta, setenta y ochenta, lasvctimas, sus familiares y las organiza-ciones de derechos humanos han man-tenido, por aos, esas legtimasexigencias: justicia, verdad y reparacin.

En nuestro pas, cabe recordar, laescena poltica de la segunda mitad delsiglo XX estuvo marcada por la hege-mona de un partido de Estado. Bajoese rgimen, caracterizado por el au-toritarismo y la opacidad, la disidenciapoltica fue criminalizada y persegui-da. Desde mediados de los sesenta laviolencia estatal fue en ascenso hastaculminar con la aplicacin de un vir-tual estado de excepcin en contrade quienes, en ese momento, fueronconsiderados enemigos del Estado yque amenazaban la seguridad nacional:

* Director del Centro de Derechos Huma-nos Miguel Agustn Pro Jurez, A.C..

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campesinos, estudiantes, luchadores sociales independien-tes o integrantes de movimientos insurgentes.

Desapariciones forzadas, torturas y ejecucionesextrajudiciales fueron cometidas sistemticamente. De lasmasacres de estudiantes en 1968 y 1971, al perodo deno-minado Guerra Sucia, qued trazada una lnea de conti-nuidad definida por las violaciones a los derechos humanosy la impunidad; se es, sin duda, el saldo determinante deljuicio que hoy pesa sobre los gobiernos de Gustavo DazOrdaz, Luis Echeverra lvarez y Jos Lpez Portillo. Lasmedidas de represin aplicadas para disolver a los movi-mientos de oposicin incluyeron la reclusin en crcelesclandestinas, injerencia del Ejrcito y actuacin de la extin-ta Direccin Federal de Seguridad (DFS). Durante dichoperiodo persisti un patrn constante de violaciones dederechos humanos: tortura, desapariciones, ejecucionesextrajudiciales. Los gobiernos pristas que precedieron aLpez Portillo guardaron silencio, pese a constantes recla-mos de vctimas y familiares.

Despus de dcadas de lucha contra el olvido, la cadadel PRI en el ao 2000 permiti pensar que el primer go-bierno de alternancia podra realizar investigaciones seriassobre estos hechos, sancionar a los responsables, repararel dao integralmente a las vctimas sobrevivientes y fami-liares, y tomar medidas de no repeticin. La necesidad dehacer frente al pasado para avanzar hacia un rgimen de-mocrtico alentaba esta expectativa; para ser efectiva, latransicin mexicana deba incorporar en su agenda la ren-dicin de cuentas en relacin con los crmenes del pasado.

La expectativa era vlida: la defensa del derecho a laverdad, del derecho a la justicia y del derecho a la repara-cin integral resulta particularmente relevante en contex-tos de cambio de rgimen poltico. En tales situacionesjusticia y verdad suelen ser vistas desde el prisma de lajusticia de transicin1. Esta perspectiva enfatiza la necesi-dad de considerar y crear los complejos procesos median-

te los cuales se afronta el pasado para garantizar justicia,verdad y reparacin, a la vez que son generadas las condi-ciones para lograr transformaciones de orden social y po-ltico propias de la normalizacin democrtica.

Vicente Fox pareca consciente de ello. Durante sucampaa presidencial aluda al tema y en su discurso detoma de posesin se refiri a l explcitamente:

Ninguna relacin con el pasado es saludable si no estfincada en la verdad. Sin sustituir a las instancias deprocuracin e imparticin de justicia, me propongo abrirlo que ha permanecido cerrado en episodios sensiblesde nuestra historia reciente e investigar lo que no hasido resuelto, mediante una instancia que atienda los re-clamos por la verdad de la mayora de los mexicanos [...].No habr piadoso olvido para quienes delinquieron; tam-poco habr tolerancia para quienes pretendan continuarcon privilegios hoy inaceptables [...]2.

El operativizar estas palabras a los hechos tard enocurrir y, cuando lo hizo, su intento result desafortuna-do. En 2001 el gobierno de Fox cre la Fiscala Especialpara la atencin de hechos probablemente constitutivos dedelitos federales cometidos directa o indirectamente por servi-dores pblicos en contra de personas vinculadas con movi-mientos sociales y polticos del pasado, conocida por sussiglas como Femospp. Dicha instancia fue la respuesta ins-titucional al legado de ejecuciones extrajudiciales, desapa-riciones forzadas, actos de tortura y mltiples violacionesa derechos humanos ocurridas en el contexto de repre-sin contra la disidencia poltica en los aos sesenta, se-tenta y ochenta.

La creacin de la Femospp se dio tras mltiples deba-tes en torno a la conveniencia de conformar una Comisinde la Verdad. Quienes desde la sociedad civil impulsabanesta propuesta anticipaban que una agencia del ministeriopblico difcilmente podra ser un mecanismo idneo. Des-de el inicio, organizaciones de defensa y promocin de losderechos humanos como el Centro Prodh sealamos algu-nas de sus limitaciones, entre otras: a) el nombramiento deun fiscal que careca de reconocimiento entre los actoresinvolucrados en el tema; b) la adscripcin de la Femospp ala Procuradura General de la Repblica (PGR), dirigida enese entonces por un militar en activo, el general Rafael

1 La justicia de transicin se refiere al desarrollo, el anlisis y la apli-cacin prctica de estrategias para confrontar experiencias histricas deviolaciones sistemticas a derechos humanos, con el fin de alcanzar jus-ticia integral y sentar las bases para un futuro ms democrtico. La de-nominacin justicia de transicin o transicional no supone una sola manerade llevar a cabo este proceso, se trata de una categora til para agrupardistintas experiencias similares. Vase Memoria del Seminario internacionalComisiones de verdad: tortura, reparacin y prevencin, y del Foro Pblico deComisiones de la Verdad: perspectivas y alcances, editado conjuntamentepor la Comisin de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Asocia-cin para la Prevencin de la Tortura (Suiza), la Corporacin de Promo-cin y Defensa de los Derechos del Pueblo (Chile) y el Centro Prodh,Mxico, 2003.

2 Discurso de toma de posesin del Presidente Constitucional deMxico, Vicente Fox Quesada, 1 de diciembre de 2000, portal de internetde la Presidencia de la Repblica, ltima consulta en mayo de 2005.

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Macedo de la Concha, quien a la postre sera vinculado conpersonajes implicados en la represin de la dcada de lossetentas; c) la ambigedad de su mandato; d) el escaso ypoco calificado empleo del derecho internacional de losderechos humanos en sus investigaciones y sus argumen-taciones; e) la falta de capacitacin del personal; y f) la au-sencia de una estructura interdisciplinaria apropiada parainvestigar crmenes ocurridos varias dcadas atrs.

An a pesar de sus limitaciones, la Femospp era la ni-ca va abierta por el Estado para dar cauce a la veteranademanda de justicia. De ah que algunas vctimas, familiaresy organizaciones decidiramos acudir a esa instancia paradocumentar los alcances de su eficacia. El Centro Prodhasumi, en estrecha colaboracin con familiares de vcti-mas, la defensa de algunos casos graves de violaciones delos derechos humanos cometidas en el pasado. A continua-cin describo algunos de ellos:

1. Alicia de los Ros. Perteneca a la extinta Liga Comunista23 de septiembre. Fue detenida el 5 de enero de 1978en la colonia Nueva Vallejo, en la ciudad de Mxico poragentes de la Divisin de Investigacin para la Preven-cin de la Delincuencia, despus de un enfrentamientoa tiros en el que resultaron ultimadas tres personas ycuatro fueron detenidas (incluyendo a Alicia de los Ros).Se presume que iba herida. Aunque hubo testigos de sudetencin, todas las corporaciones policiales afirman queno saben de su paradero. En un informe sobre el pro-grama de presuntos desaparecidos, la Comisin Nacio-nal de Derechos Humanos (CNDH) seala que obtuvoun documento dirigido al entonces Director Federalde Seguridad, que carece de nombre y firma del emisor(fechado el 1 de febrero de 1978), en donde se le in-forma de patrullajes efectuados por miembros de la DFSy de la Brigada Especial, en uno de los cuales fue deteni-da Alicia de los Ros. Otros documentos contienen pis-tas sobre su detencin.En la recomendacin 26/2001, la CNDH concluye que laextinta DFS y la Brigada Especial conculcaron a la seo-ra Alicia de los Ros Merino el derecho a la seguridadjurdica, as como los derechos a la libertad personal y auna defensa adecuada. El 26 de junio de 2002, la familiade los Ros Merino, el Comit de Madres de PresosPolticos y Desaparecidos de Chihuahua y el CentroProdh presentamos una denuncia de hechos ante larecin creada Fiscala Especializada. A la fecha no existeningn avance en las investigaciones. Sigue sin conocer-se el paradero de Alicia de los Ros.

2. Familia Guzmn Cruz. Entre 1974 y 1976, en diversoslugares de Michoacn, Guerrero y el Estado de Mxicofueron detenidos Amafer, Soln Adenauer, Venustiano yArmando Guzmn Cruz, as como su padre Jos de Je-ss Guzmn Jimnez. Armando y Amafer pertenecan alextinto Movimiento Armado Revolucionario (MAR), losotros familiares desaparecidos no pertenecan a movi-miento u organizacin alguna. Amafer fue detenido el16 de julio de 1974 por agentes de la DFS en Morelia,Michoacn. Junto con otras personas detenidas, fue tras-ladado a la XXI Zona Militar y posteriormente a la DFSen la ciudad de Mxico. Armando fue detenido el 19 dejulio en su domicilio, en Ciudad Netzahualcyotl, al pa-recer por miembros de la Brigada Blanca de la DFS. El 24de julio del mismo ao fueron detenidos en Tarejero,municipio de Zacapu, Michoacn, Jos de Jess y sushijos Venustiano y Soln Adenauer; fueron trasladadosa la ciudad de Mxico. Venustiano fue liberado antes deser trasladado a la DFS y fue nuevamente detenido ydesaparecido en junio de 1976.No obstante las reiteradas gestiones para la bsquedade estas cinco personas, el Estado mexicano de manerasistemtica ha negado la informacin acerca de su pa-radero. El 29 de mayo de 2002 la familia Guzmn Cruz,la Fundacin Diego Lucero y el Centro Prodh presen-tamos una denuncia de hechos ante la Femospp. En agos-to de 2005 concluy la Averiguacin previa en la cual seacredita la desaparicin de la familia Guzmn Cruz poragentes estatales.

3. Diego Lucero. Fue detenido y presentado por agentesjudiciales ante otros compaeros, entre ellos MarcoRascn; sin embargo, su deceso fue publicado en losmedios de comunicacin con la versin de haber sidoabatido en un enfrentamiento. Incluso la entrega delcadver a su familia fue condicionada a que no se abrie-ra el fretro; familiares que lograron hacerlo, vieron cla-ras muestras de tortura en su cuerpo.Diego Lucero Martnez era un dirigente social de 28aos, padre de cuatro menores, pasante de ingeniera yreconocido lder estudiantil; apoy la toma del cuartelmilitar Maderas el 23 de septiembre de 1965. Fue eje-cutado extrajudicialmente en la ciudad de Chihuahua el16 de enero de 1972. Haba sido detenido un da antespor la polica judicial estatal y posteriormente interro-gado por agentes de la DFS. Junto con la Fundacin DiegoLucero, el Centro Prodh present denuncia judicial antela Femospp el 14 de abril de 2005. La averiguacin pre-via sigue en proceso de integracin en la Coordinacin

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General de Investigaciones de la Procuradura Generalde la Repblica.

4. Faustino Jimnez lvarez. Fue detenido el 17 de junio de2001 en su domicilio, ubicado en Tierra Colorada, mu-nicipio de Juan R. Escudero, Guerrero, por miembrosde la Polica Judicial del estado. Momentos despus,Enedina Cervantes, esposa de Faustino, y Antonieta Ji-mnez, acudieron a la comandancia de la Polica Judicialdel estado para preguntar por Faustino; le respondie-ron que no se encontraba all pues ellos no haban rea-lizado operativo alguno y responsabilizaron afuncionarios de la misma polica destacados en CiudadRenacimiento, Acapulco, Guerrero.Faustino fue acusado de haber participado en el se-cuestro de Jos Valle. Dos das antes de su detencin,Jos Valle fue rescatado por policas judiciales en unoperativo en que fueron detenidas cuatro personasrecluidas en el Centro de Readaptacin Social deAcapulco. Sin embargo, Faustino, acusado del mismodelito, no se encuentra entre los indiciados. Sus fami-liares han acudido a la Procuradura General de Justi-cia y a varias comandancias de la polica judicial, sinembargo nadie les ha informado sobre el paradero deFaustino.En los archivos fotogrficos de la Polica Judicial, EnedinaCervantes reconoci a dos de los agentes que ejecuta-ron el operativo de captura. Despus de ms de un ao,de manera incompleta la Agencia del Ministerio Pblicoejercit accin penal contra Fidel Morales y Manuel deJess Noriega por el delito de secuestro, pero no se ejer-cit accin penal en contra de otros sujetos de la mismacorporacin y otros particulares que intervinieron enlos hechos. El 29 de octubre de 2002 se dict auto deformal prisin a Fidel Morales. El 27 de enero de 2003 sedict orden de aprehensin contra Arturo y Ral Vallepor secuestro en agravio de Faustino Jimnez. Sin em-bargo estos no han sido capturados. Actualmente el casose encuentra en proceso de fondo ante la CNDH.

El caso de Faustino Jimnez, como muchos otros, poneal descubierto que el tema de los desaparecidos no slocorresponde a los aos 70 u 80.

En cada uno de los casos los familiares haban sosteni-do por aos la exigencia de justicia; en cada uno de ellos,tambin, haba prevalecido la impunidad.

A partir de que fueron presentadas las denuncias co-rrespondientes, la coadyuvancia se ejerci activamente ante

la autoridad ministerial. No obstante, los meses y los aostranscurrieron sin que hubiera avances sustantivos. Lo mis-mo ocurri con la gran mayora de los casos investigadospor la Femospp; excepcin hecha de las masacres estu-diantiles de 1968 y 1971.

Si bien los denunciantes anticipbamos las limitacionesde la Femospp, pocos imaginbamos que hacia el final delsexenio los resultados seran tan magros. Sergio Aguayoafirm, respecto de la actuacin de la Fiscala, que la Femospphaba servido para decretar una amnista de facto3 endetrimento de los derechos, individuales y colectivos, a lajusticia y a la verdad. Los nmeros parecen darle la razn:de acuerdo con la prensa, la Femospp habra ejercido ac-cin penal slo en cuatro casos, dejando pendientes y sinninguna resolucin ministerial ms de 550.

Pero la responsabilidad por este incumplimiento no esatribuible nicamente a la Femospp. Otros actores con res-ponsabilidad en el tema tampoco estuvieron a la altura: eltitular del Ejecutivo fue dubitativo cuando, frente a la posi-bilidad de llevar a la justicia a los criminales del rgimenprista, omiti realizar las adecuaciones normativas necesa-rias para propiciar procesos acordes al derecho interna-cional de los derechos humanos; por su parte, el PoderJudicial aplic criterios sospechosamente formalistas cuan-do se le sometieron casos relacionados con la impunidaden crmenes del pasado; finalmente, el Ejrcito opt pornegarse al escrutinio ciudadano y mantuvo su tradicionalhermetismo.

El saldo de la Femospp dist de ser positivo. Diversasorganizaciones de familiares, de vctimas y de derechoshumanos as lo evidenciamos en el balance titulado Com-promisos quebrantados, justicia aplazada4. En este documentoconcluimos afirmando que la obligacin del Estado mexica-no de garantizar justicia, verdad y reparaciones persista, yque para ser satisfecha eran precisas acciones concretas porparte de cada uno de los poderes. Entre stas sealamos lanecesidad de conservar una Fiscala Especial para la investi-gacin de estos delitos previa evaluacin y perfeccionamien-to de lo realizado hasta entonces por la Femospp y lacreacin de una comisin de esclarecimiento histrico ca-paz de sentar las bases para el reconocimiento pblico dela responsabilidad del Estado por las violaciones a los dere-chos humanos cometidas en el pasado.

3 Aguayo, Sergio y Trevio Rangel, Javier, Ni verdad, ni justicia, RevistaProceso, Noviembre 12 de 2005.

4 Puede consultarse en .

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En contraposicin a las recomendaciones, a finales denoviembre de 2006, el entonces Procurador General de laRepblica, Daniel Cabeza de Vaca, emiti un acuerdo por elque la Fiscala fue desaparecida. No import para ello queexistieran averiguaciones previas y procesos penales encurso, ni que el derecho colectivo a la verdad, justicia yreparacin estuviesen incumplidos. Llegado su turno, elgobierno encabezado por Felipe Caldern eligi perpetuarla impunidad y restar importancia al tema: el cierre de laFemospp fue refrendado por el nuevo Procurador, Eduar-do Medina Mora, en marzo de 2007.

Desde entonces el trabajo desarrollado por la Femosppqued bajo la direccin de la Coordinacin General deInvestigaciones de la PGR, responsable entre otras tareas deinvestigar delitos patrimoniales, sin que haya una posturadel gobierno acorde a la relevancia del tema. Dicho desdnda una idea del compromiso de este gobierno con el com-bate a la impunidad.

La actitud gubernamental, pese a todo, no ha socavadola organizacin de las vctimas y organizaciones de dere-chos humanos que mantienen sus exigencias. Durante elsexenio calderonista, adems, se ha verificado dolorosamen-te la necesidad de emprender acciones tendentes a la erra-dicacin definitiva de crmenes atroces como la desaparicinforzada: como en el pasado, hoy se denuncia pblica y legal-mente la desaparicin de integrantes de organizacionespolticas armadas. Es claro, pues, que la investigacin y elprocesamiento de tales violaciones a los derechos huma-nos es un asunto de actualidad.

En este panorama, algunos signos alimentan la espe-ranza: recientemente, la Comisin Interamericana de De-rechos Humanos someti a la jurisdiccin de la CorteInteramericana el caso de Rosendo Radilla, lder campesi-no de Guerrero desaparecido por el Estado en los aossetenta. Su caso, acompaado por la Comisin Mexicanade Defensa y Promocin de los Derechos Humanos A.C.,es emblemtico de la represin orquestada durante la Gue-rra Sucia, particularmente en el estado de Guerrero. Serla primera vez que el Estado mexicano afronte ante la Cor-te su responsabilidad por crmenes cometidos durante elrgimen prista.

Hacia el futuro, las consecuencias del proceso seguidoante la Corte Interamericana, los avances de la defensa antelas instancias nacionales y, sobre todo, la organizacin co-lectiva de vctimas, familiares y organizaciones, sern decisi-vos para mantener la memoria y evitar que la exigencia dejusticia se desdibuje.

Frente al silencio y el desdn gubernamentales debeinsistirse en la necesidad de alcanzar verdad, justicia y repa-racin; por otra parte el gobierno est obligado a tratarcon este pasado si realmente quiere evitar que asuntos tandolorosos se repitan. Para cumplir sus obligaciones en ma-teria de derechos humanos, el Estado mexicano debe adop-tar las medidas necesarias para investigar, impedirviolaciones, garantizar el acceso a la justicia efectiva y pro-porcionar recursos para la reparacin.

Mientras este pasado no sea abordado, las vctimas ysus familiares no tendrn un lugar para sus voces, para suira y para sus experiencias. La bsqueda y el reconocimien-to de la verdad son el nico camino para evitar la amnesiacolectiva que daa al cuerpo poltico, pero es tambin unailusin, porque un pasado no resuelto:

ofrece oxgeno a la impunidad y contribuye a generarnuevas violaciones masivas a los derechos humanos, conlo que se hace inocultable que esos crmenes, lejos deser cosa del pasado, como lo sugiere el mutis oficial, sonde aquellas cuestiones del presente que inciden definiti-vamente para orientar el pas hacia un futuro democrti-co o uno autoritario5.

En el Centro Prodh estamos convencidos de que enello se juega una parte importante de la consolidacin de-mocrtica en Mxico. Justicia, verdad y reparacin son in-dispensables para superar el legado de un pasado violentoy autoritario. Ante ello, partir de la voz de las vctimas y susfamiliares se vuelve una prioridad:

no hemos sido vencidos, no han podido callarnos, segui-mos vivos, a pesar de todo lo que nos han hecho. Losdesaparecidos deben ser presentados. Hay una deudaenorme que nunca podr pagar el gobierno6

Volver hoy y siempre al pasado y recuperar las histo-rias de represin y sufrimiento, lejos de constituir un ejer-cicio estril, son expresin de una opcin firme por lasvctimas, realizada con la confianza de que su memoria nospermitir poner un alto a la infamia.

5 Miguel Sarre, en el Prlogo al Informe del Centro Prodh: Hacia2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco en torno a los derechoshumanos, Mxico, 2008.

6 Luis Hernndez Navarro. En sentido contrario. La Jornada Ediciones.2008.

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