crímenes contra la comunidad de paz de san josé de ... · denunciar las políticas de exterminio...
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Crímenes contra
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
durante el Gobierno del Presidente
Juan Manuel Santos
2010
El lunes 16 de agosto de 2010, hacia las 12:00 horas, hombres con trajes de camuflado y
armas largas, identificados como integrantes de las FARC, llegaron a la vivienda de NE-
LLY VARGAS, de 32 años, en la vereda Mulatos-Cabecera, la sacaron de su casa y se la
llevaron a un lugar distante unos diez minutos, donde la asesinaron. Tanto los padres de
Nelly como sus primos son miembros de la Comunidad de Paz. Ella deja tres niños huér-
fanos de 12, 7 y 2 años, a los cuales la Comunidad les brindará espacios de supervivencia y
acogida.
El martes 17 de agosto de 2010, en horas de la mañana, el CORONEL GERMÁN ROJAS,
comandante del Batallón Voltígeros, de la Brigada XVII, le atribuyó a la Comunidad de
Paz la responsabilidad por los hechos registrados, afirmando que, al no permitir la presen-
cia de la fuerza pública, la Comunidad era responsable de esos hechos. Ya antes había di-
cho que Álvaro Montoya había sido asesinado al frente del asentamiento de San Josesito;
luego dijo que el hecho había ocurrido a 50 metros del mismo y que la ausencia de tropa
en el lugar fue lo que lo hizo posible. Olvida el Coronel Rojas que sus tropas constante-
mente patrullan esa zona y tienen un puesto de control a poca distancia de donde ocurrió
el hecho y olvida también que la presencia de la tropa en las veredas de la zona ha causa-
do numerosos asesinatos y otros centenares de crímenes contra la vida y la libertad.
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El día martes 17 de agosto de 2010, la Plenaria de la Cámara de Representantes votó por
mayoría el ARCHIVO del expediente 1712 de su Comisión de Acusaciones, en el cual se
investigaba al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez por Injuria y Calumnia contra la Comuni-
dad de Paz. La bancada del Polo Democrático Alternativo, en la misma plenaria, dejó
constancia de su repudio a dicha decisión, pues el archivo fue votado sin que se hubiera
dado investigación alguna de los delitos denunciados, a la vez que anunció que el expe-
diente será remitido, debidamente certificado por la Secretaría del Congreso, a la Corte
Penal Internacional. El ex Presidente Uribe había incurrido en injuria y calumnia contra la
Comunidad en dos intervenciones públicas, la primera el 27 de mayo de 2004 y la segunda
y más grave el 20 de marzo de 2005. En esta última acusó a la Comunidad de Paz de “obs-
truir la justicia; de rechazar la fuerza pública; de prohibir el comercio de artículos lícitos; de coartar
la libertad de los ciudadanos residentes en la comunidad y de auxiliar, a través de sus líderes, patro-
cinadores y defensores, a las FARC “. Para formular tales acusaciones se valió de testigos fal-
sos que le preparó la Brigada XVII, como lo ha hecho infinidad de veces, y además tergi-
versó perversamente acciones positivas de la Comunidad que miraban a salvaguardar
valores esenciales de la Constitución Nacional, tales como denunciar la corrupción y po-
dredumbre de la justicia que es el fundamento de la impunidad de centenares de crímenes
de lesa humanidad; repudiar la connivencia de la fuerza pública con los paramilitares y su
responsabilidad en multitud de crímenes de lesa humanidad; concertar con los comercian-
tes la no venta de licor, con el fin de evitar que los conflictos concluyeran en desenlaces
fatales; establecer controles voluntarios y libres para que se aplicaran de manera eficaz los
principios de una Comunidad de Paz. La Brigada XVII le hizo asumir, además, las decla-
raciones falsas, obtenidas bajo torturas, chantajes, amenazas y sobornos, de falsos desmo-
vilizados cooptados para destruir la Comunidad de Paz. La Comunidad acudió entonces a
la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, único ente constitucional
que puede investigar al Jefe del Estado, y en ello la apoyó y avaló el Procurador General
de la Nación. Cuando el 30 de abril de 2008, la Comisión ordenó el archivo del expediente,
la Comunidad apeló tal decisión y el 3 de diciembre de 2008 se le comunicó que la Comi-
sión de Acusaciones aceptaba el recurso de apelación “para ante la Plenaria de la Cámara”.
Desde el comienzo sirvió de fundamento jurídico en esta acusación la Sentencia T-1191 de
2004 de la Corte Constitucional, la cual demuestra con extraordinaria claridad que al Pre-
sidente le está vedado hacer ese tipo de afirmaciones públicas y que por ello debe respon-
der penalmente, disciplinariamente, políticamente y ante organismos internacionales. Si
bien el Presidente Uribe se abstuvo desde entonces de repetir las calumnias, se valió de
otros funcionarios y medios de comunicación masivos para que su iniciada campaña de
difamación tuviera continuidad. Así, el Vicepresidente Francisco Santos, los diarios antio-
queños El Colombiano y El Mundo, las emisoras radiales de Urabá y del Ejército, colum-
nistas de su confianza, ex militares y ex ministros suyos se convirtieron en repetidores de
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sus calumnias. Las tropas oficiales han invocado siempre lo esencial de esas calumnias
para justificar sus masacres, ejecuciones, desapariciones, torturas, desplazamientos, bom-
bardeos indiscriminados, abusos sexuales, saqueos, pillajes, asaltos a mano armada, ame-
nazas y anuncios de exterminio de la Comunidad.
La decisión de la Plenaria de la Cámara de Representantes el 17 de agosto produce perple-
jidad, pues muestra que este nuevo Congreso continúa por la vía de la corrupción y de la
impunidad. La podredumbre de nuestras instituciones queda patentada a plena luz. Al
igual que la bancada del Polo Democrático Alternativo, la Comunidad presentó también el
caso ante la Corte Penal Internacional, pues queda demostrada la falta de voluntad del
Estado colombiano para hacer justicia.
El sábado 18 de septiembre de 2010 a las 10:00 horas, miembros del Ejército entraron al
caserío de La Resbalosa, de la Comunidad de Paz, y allí comenzaron a tomar fotos a la
gente y a los animales de la comunidad, afirmando que las vacas que estaban allí y que
pertenecen a gente de la comunidad, eran de la guerrilla; que esa comunidad era una h.p.
comunidad guerrillera y que no descansarían hasta acabar con esa h.p. comunidad y con
esos h.p. líderes guerrilleros; además, con marcada prepotencia se ufanaban de que eran
inmunes ante la justicia y ponían como ejemplo lo ocurrido en la investigación sobre la
masacre del 21 de febrero de 2005 (absolución a los militares que participaron en la masa-
cre, emitida el 4 de agosto de 2010).
El miércoles 22 de septiembre de 2010, hacia las 8:00 horas, fue abordado un miembro de
la Comunidad de Paz en el municipio de Dabeiba, por el paramilitar conocido como Be-
rardo Tuberquia, quien le manifestó que hacía parte de las “Águilas Negras” (paramilita-
res) que hacen presencia en Córdoba y Urabá; le preguntó por varios miembros de la Co-
munidad de Paz y le dijo que tenían una lista larga de integrantes de la Comunidad de Paz
para asesinar y que la lista la encabezaban varios líderes, acompañantes y miembros de la
Comunidad, al igual que otra gente del corregimiento de San José de Apartado.
El viernes 29 de octubre de 2010, hacia las 10:00 horas, miembros del Ejército Nacional
detuvieron en Mulatos al joven de trece años DEIVISON OSORNO, a quien sometieron a
golpizas mientras le exigían que dijera dónde estaba la guerrilla, advirtiéndole que si no se
los decía, lo iban a asesinar. Después de torturarlo por espacio de hora y media, lo dejaron
ir, advirtiéndole que si denunciaba lo ocurrido, tendría que atenerse a las consecuencias.
El martes 2 de noviembre de 2010 miembros de la Policía Nacional visitaron siete veces
un centro educativo de Bosa (Bogotá, D. C.) donde se encontraban hospedados los inte-
grantes de la Comunidad de Paz que participaban en una peregrinación a Bogotá para
denunciar las políticas de exterminio a que viene siendo sometida la Comunidad, en com-
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pañía de sesenta acompañantes internacionales; los policías calificaron a los peregrinos
que se hospedaban allí de “guerrilleros”, y a los acompañantes internacionales de “redes
de apoyo internacional a la guerrilla”.
El viernes 5 de noviembre de 2010, hacia las 8:00 horas, grupos paramilitares incursiona-
ron en el asentamiento de Alto Joaquín, de la Comunidad de Paz, y le dijeron a varias per-
sonas que necesitaban la lista de la gente de la comunidad, especialmente la de los líderes,
para poder controlar la comunidad.
El lunes 15 de noviembre de 2010, hacia las 6:00 horas, hombres encapuchados fueron a la
casa del coordinador de la Comunidad de Paz en Alto Joaquín, WALTER CERPA, y dije-
ron que lo estaban buscando. El día anterior hacia las 16:00 horas, hombres del Ejército que
se encontraban cerca de la casa de Walter, también fueron a preguntar por él.
El sábado 4 de diciembre de 2010, hacia las 10:00 horas, algunos paramilitares abordaron
a un integrante de la Comunidad de Paz en el centro de Apartadó y le dijeron que Aníbal
Durango era “un guerrillero”; que en su casa-tienda la guerrilla guarda sus cosas y que
ellos iban a actuar contra él y “contra esa h. p. comunidad guerrillera”. Don Aníbal Durango
es miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y se ha identificado siempre con
los principios de la Comunidad que impiden colaborar con cualquier actor armado. A la
Comunidad le consta la honestidad a toda prueba de Don Aníbal y le asiste la plena con-
vicción de que está siendo víctima de un plan de exterminio al estilo de los ya numerosí-
simos que han sido tramados por los paramilitares en colaboración con miembros de la
Fuerza Pública contra campesinos inocentes. A miembros de una organización internacio-
nal, altos oficiales de la Brigada XVII les dieron exactamente la misma versión de los pa-
ramilitares e incluso les hicieron escuchar una grabación en la que supuestamente un gue-
rrillero le pedía a otra persona que le dejara un encargo en la tienda de Don Aníbal, graba-
ción que tenía todas las características de un montaje, al utilizar un lenguaje excesivamente
abierto con claras intenciones de señalar a la víctima. Esto revela una vez más la estrecha
coordinación entre la Brigada XVII y los grupos paramilitares, y al mismo tiempo revela la
usurpación de funciones judiciales por dicha unidad militar, además de un manejo absolu-
tamente ilegal y burdo de supuestas “pruebas” judiciales.
El sábado 11 de diciembre de 2010, hacia las 8:00 horas, en un retén de la Policía en Carta-
gena de Indias, fue abordado ARLEY TUBERQUIA, integrante de la Comunidad de Paz, y
sometido a un interrogatorio. Cuando los agentes supieron que Arley era miembro de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, se ensañaron en insultos, afrentas y amena-
zas contra él. Cuando él les exigió respeto, ellos respondieron que podían hacer lo que les
diera la gana con él, como darle golpes y patadas hasta que quisieran. Él les advirtió que la
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Comunidad de Paz tenía medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, pero ellos se pusieron aún más energúmenos, afirmando que ellos eran la ley y
no respetaban ningún organismo por importante que fuera. Luego de tenerlo sometido a
insultos y amenazas durante un tiempo, lo dejaron continuar su camino.
En las últimas semanas de diciembre de 2010 y primeras de enero de 2011, se presentaron
frecuentes empadronamientos ilegales. En uno de ellos, los policías que realizaban la ac-
ción ilegal en el retén policial instalado en el barrio El Mangolo, acción violatoria de las
directrices trazadas por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1024/02, robaron además
la fotocopia de la cédula que fue entregada por un miembro del Consejo Interno de la Co-
munidad. Frente a los reclamos que se les hicieron, el Coronel Director del Departamento
de Policía Urabá se presentó en el sitio y ofreció como solución pagarle a la víctima una
nueva fotocopia, sin comprender que lo que la Comunidad de Paz busca evitar en esos
casos es la repetición de hechos en los cuales la fuerza pública maneje datos y fotografías
de miembros de la Comunidad para preparar atentados, en el desarrollo de sus estrechas
relaciones coordinadas con los grupos paramilitares.
2011
El domingo 30 de enero de 2011, en la vereda Playa Larga de San José de Apartadó, conti-
gua a la vereda La Esperanza donde hay un asentamiento de la Comunidad de Paz, nue-
vamente un grupo paramilitar manifestó a una familia que “esa comunidad era una h.p, co-
munidad guerrillera y que no descansarían hasta acabarla”.
El miércoles 2 de febrero de 2011, hacia las 19:00 horas, en el lugar llamado Bocas de la
Sucia, a 15 minutos del caserío de San José, fue asesinado en su casa WILLIAM DE JESÚS
DAVID HERNÁNDEZ, de 58 años. Un hombre vestido de traje oscuro llegó y le disparó,
asesinándolo en su casa. Sus vecinos escucharon el tiro hacia las 19.00 horas. La comuni-
dad, en solidaridad con su familia, acudió el 3 de febrero al lugar para verificar lo sucedi-
do y comunicarlo a la Defensoría del Pueblo.
El mismo miércoles 2 de febrero de 2011, hacia las 5:00 horas de la madrugada, dos hom-
bres armados, con trajes oscuros y en una moto, fueron a la casa de un familiar de EDUAR
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LANCHERO, acompañante de la Comunidad, en la ciudad de Barranquilla; allí golpearon
la puerta y decían que necesitaban a ese h.p. de Eduar. Después de estar como cinco mi-
nutos gritando lo mismo y de golpear fuertemente la puerta, se marcharon.
El domingo 6 de febrero de 2011, hacia las 11:00 horas, un grupo de 20 paramilitares con
armas largas y uniformes de camuflado, llegaron a los limites de las veredas Alto Joaquín
(integrante de la Comunidad de Paz) y Murmullo Alto (vereda limítrofe), donde convoca-
ron a una reunión a los pobladores y mostraron una lista con varios nombres de miembros
de la Comunidad de Paz a quienes dijeron que iban a asesinar. En dicha lista se encuen-
tran varios coordinadores de asentamientos de la Comunidad, acompañantes, miembros
del Consejo Interno y otros integrantes de la Comunidad. Afirmaron, además, que el tra-
bajo agrícola que desarrolla la Comunidad de Paz es para la guerrilla y que la orden que
tienen es “acabar esa h.p. comunidad guerrillera”.
Entre los días lunes 14 y jueves 17 de febrero de 2011, en horas de la mañana, avionetas
realizaron fumigaciones de Glifosato en cultivos de pan coger, agua y tierras de la Comu-
nidad de Paz en la zona de Alto Joaquín. En la Comunidad de Paz ningún miembro ha
tenido ni tiene cultivos de coca, pues es un principio de ese proceso no permitir la partici-
pación de los integrantes de la Comunidad de Paz en cultivos de coca. Por eso la Comuni-
dad rechaza estas fumigaciones que dañan la naturaleza y destruyen el medio ambiente
con daños irreparables y perjudican enormemente la vida y la economía de familias que
siempre se han abstenido de participar en dichos cultivos.
Desde el martes 1° de marzo de 2011, se han venido presentando combates diarios entre el
Ejército y la Guerrilla en diversas veredas de la zona. En Mulatos los combates han colo-
cado en gran zozobra a las familias que habitan allí, entre quienes se cuentan varias que
son integrantes de la Comunidad de Paz.
El miércoles 2 de marzo de 2011, hacia las 8:00 horas, mas de 20 paramilitares hicieron
presencia en las veredas Guineo y Arenas Bajas, portando armas largas y uniformes de
camuflado con insignias que decían “Autodefensas”. Los paramilitares decían en cada
casa de las dos veredas que la gente podía trabajar tranquila; que no iban a hacer nada;
que su único objetivo era acabar con esa h.p. Comunidad de Paz; que se pusieran a sem-
brar coca, pero que el que se metiera a la Comunidad sería asesinado, como les iba a ocu-
rrir a esos h. p. guerrilleros de la Comunidad de Paz. Los paramilitares se pasean abierta y
descaradamente por la zona, con la complacencia de la fuerza pública acantonada en sus
bases de Nuevo Antioquia y Batata, ubicadas a corta distancia de las bases militares.
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El sábado 12 de marzo de 2011, a las 4:00 horas, fueron vistos por miembros de la Comu-
nidad varios paramilitares que subieron a San José en tres motos, vestidos con trajes oscu-
ros y portando armas. En el caserío de San José hicieron un recorrido dejando amenazas
verbales contra varios pobladores de la zona, después de lo cual regresaron a Apartadó.
El lunes 14 de marzo de 2011, hacia las 15:00 horas, el paramilitar ROBINSON GÓMEZ,
acompañado por DIDIER BORJA ÚSUGA, ingresó a la hacienda de San Josesito, asenta-
miento central de la Comunidad de Paz, y ambos se acercaron a la vivienda de JESÚS
EMILIO TUBERQUIA, Representante Legal de la Comunidad, donde preguntaron a la
familia por su paradero. Cuando les respondieron que no se encontraba, preguntaron
cuándo llegaría, y al no obtener respuesta se fueron. Durante 10 minutos más recorrieron
el asentamiento preguntando por otras personas de la Comunidad y luego se regresaron al
casco urbano de san José. ROBINSON GÓMEZ había llegado al corregimiento haciéndose
pasar por comprador de ganado a crédito, lo que llevó a muchos campesinos a venderle
ganado por cuotas que nunca les canceló. Dicho personaje había planeado un atentado
contra el poblador WILMER TUBERQUIA en compañía de otros paramilitares, situación
que se puso en conocimiento oportuno de la Defensoría del Pueblo en el pasado mes de
febrero. A pesar de las múltiples amenazas que Robinson Gómez profirió contra poblado-
res del corregimiento de San José, en nombre de estructuras paramilitares, las instituciones
del Estado, conocedoras del caso, no hicieron nada; por el contrario, el miércoles 16 de
marzo de 2011, hacia las 21:00 horas, ROBINSON GÓMEZ fue recogido en un camión del
Ejército y escoltado hasta la Brigada XVII, en compañía de su familia, para protegerlo. Ya
protegido en la Brigada XVII, sus vínculos con el ex guerrillero de las FARC alias “SA-
MIR” (ó “Dafnis Daniel Sierra Martínez”), quien desde la Brigada ha proferido numerosas
calumnias contra la Comunidad de Paz sin ser procesado penalmente, como tampoco lo ha
sido por sus más de 30 asesinatos en la zona, se hicieron explícitos, pues el viernes 18 de
marzo de 2011, alias “SAMIR” se comunicó con varias personas que habitan en el caserío
de san José y les comentó que ROBINSON GÓMEZ se encontraba con él en la Brigada
XVII y que estaban planeando acciones contra los pobladores del corregimiento de San
José y contra los integrantes de la Comunidad de Paz (uno de esos atentados sería, muy
probablemente, en el que ejecutaron a Bernardo Ríos, el 22 de marzo). Cuando la Defenso-
ría del Pueblo solicitó a la Brigada XVII informaciones sobre el paradero del Señor Robin-
son Gómez, respondieron que no sabían nada de él.
Los días lunes 14 y martes 15 de marzo de 2011, en horas de la mañana, miembros del
Ejército hicieron presencia en las entradas del asentamiento de San Josesito, hacienda pri-
vada de la Comunidad de Paz, realizando requisas contra integrantes de la Comunidad
sin ninguna razón, aduciendo que era “para proteger a la Comunidad”.
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El martes 15 de marzo de 2011, en horas de la mañana, los medios de comunicación de la
región divulgaron una falsa noticia de origen militar, según la cual, dentro de la Comuni-
dad de Paz la guerrilla de las FARC habría asesinado a un soldado. La noticia no tenía
ningún fundamento pero con ello el Ejército buscaba estigmatizar aún más, ante la opinión
pública, a la Comunidad de Paz, así como ocultar las verdaderas circunstancias del hecho.
El martes 22 de marzo de 2011, a las 18:20 horas, una moto con dos paramilitares armados
siguieron un vehículo de servicio público que se desplazaba entre Apartadó y San José, en
el cual viajaba JESÚS EMILIO TUBERQUIA, Representante Legal de la Comunidad de
Paz. Los paramilitares se acercaron varias veces al vehículo, lo observaron y comprobaron
que iba acompañado de gente de organizaciones internacionales; entonces se detuvieron
en el sitio conocido como Tierra Amarilla, a poca distancia del retén ordinario de la Poli-
cía. En dicho lugar esperaron a BERNARDO RÍOS LONDOÑO, quien se había encontrado
minutos antes con Jesús Emilio en la Terminal de Transporte de Apartadó y se disponía a
subir en bicicleta hasta la hacienda de San Josesito, de la Comunidad de Paz. Los paramili-
tares lo detuvieron en Tierra Amarilla y lo asesinaron hacia las 18:30 horas. Se encontraba
a cinco minutos un retén del Ejército y otros dos retenes de la fuerza pública estaban acti-
vos en esa carretera. BERNARDO tenía 27 años. Perteneció a la Comunidad de Paz por
varios años pero últimamente se había ido a la zona de La Miranda en búsqueda de traba-
jo al jornaleo, dejando a toda su familia en la hacienda de san Josesito, integrada a tiempo
pleno en la Comunidad de Paz. Esta semana había estado en San Josesito compartiendo
con su familia y en esa noche había conseguido algo en Apártadó para cenar con toda su
familia. La Comunidad reclamó su cadáver pero las instituciones oficiales pusieron todas
las trabas posibles para entregarlo. Fue sepultado en la Comunidad de Paz. La Defensoría
del Pueblo desactivó sus teléfonos para no responder a los llamados de la Comunidad que
pedía acompañamiento de algún ente del Estado en tan dolorosos y repulsivos trámites.
El miércoles 23 de marzo de 2011, 30 paramilitares en uniformes de camuflaje y con armas
largas incursionaron en la vereda La Resbalosa, asentamiento de la Comunidad de Paz,
donde abordaron a un miembro de la Comunidad y le dijeron que “esa h.p. comunidad gue-
rrillera tenía que abandonar la zona o de lo contrario continuarían con los asesinatos; que tenían
planeada, junto con la fuerza pública, una limpieza de la zona y el exterminio de la Comunidad de
Paz”.
El miércoles 30 de marzo de 2011, en horas de la mañana, el Comandante de Policía de
Urabá, Coronel JAIME ÁVILA RAMÍREZ, se expresó por las emisoras radiales de la re-
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gión, afirmando que Bernardo Ríos Londoño, ejecutado el martes 22, era integrante de un
grupo armado; que los órganos judiciales están esclareciendo esto, y que la Comunidad de
Paz no tenía razón en sus protestas al acusar al Estado por este crimen. Simultáneamente
se supo que Ejército y Policía habían ido en búsqueda apresurada de reconocidos paramili-
tares para que rindieran declaraciones en la Fiscalía y acusaran a Bernardo de haber sido
guerrillero. Tal comportamiento no extrañó en absoluto a la Comunidad, puesto que lo ha
vivido multitud de veces. Las instituciones oficiales han utilizado siempre el poder judicial
para justificar los crímenes, ya sea estigmatizando previamente a las víctimas, ya sea des-
pués de haberlas eliminado. Para ello se han servido siempre de los mismos mecanismos.
Los Coroneles Néstor Iván Duque y Germán Rojas Díaz, en sus largos períodos como co-
mandantes de los batallones Bejarano Muñoz y Voltígeros, fueron conformando un grupo
de supuestos “desmovilizados de las FARC” (algunos no lo eran) con el fin de demandar
de ellos servicios múltiples en la destrucción de la Comunidad de Paz. Todos ellos fueron
involucrados progresivamente en numerosos crímenes y presentados en las fiscalías y juz-
gados como “testigos” para acusar a muchos campesinos de delitos que no habían cometi-
do. Los fiscales y jueces recibieron los falsos testimonios omitiendo todos los requisitos
previstos en el Código de Procedimiento Penal para evaluar y aceptar pruebas, y actuaron
como un simple apéndice del poder ejecutivo en la región. La fuerza pública utilizó, ade-
más, como piezas probatorias, informes de inteligencia y “órdenes de batalla”, piezas que
explícitamente está prohibido considerarlas con valor probatorio, así como falsas denun-
cias confeccionadas por los mismos militares y firmadas sin leerlas por falsos desmovili-
zados o por presos llevados ilegalmente a la Brigada XVII y sometidos a torturas, chantajes
o sobornos, todo lo cual está minuciosamente documentado en el libro “Fusil o Toga, Toga y
Fusil”. La calumnia oficial, avalada desde los más altos niveles del Estado, ha sido una de
las armas con que se ha pretendido exterminar a la Comunidad de Paz. Dicha Comunidad
no ha cesado de exigir que la Presidencia de la República rectifique las viles e infames ca-
lumnias que en su contra profirió el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez el 20 de marzo de
2005, con miras a legitimar por anticipado masacres, desplazamientos, montajes judiciales,
bombardeos contra poblaciones indefensas, torturas y toda clase de crímenes contra los
integrantes de la Comunidad. Últimamente le ha manifestado repetidas veces al Presiden-
te Santos que tiene derecho al buen nombre y a no ser difamados de manera tan vil. Sin
embargo, aún el Presidente Santos permanece solidario en el crimen de su antecesor. Hoy
se repite el ritual de la estigmatización al tratar de convertir a Bernardo, luego de su ejecu-
ción, en un “delincuente”. Y el Estado no ha tenido vergüenza de recurrir a los mismos
métodos sucios, que comienzan por la usurpación del poder judicial por el poder ejecuti-
vo, pues es la fuerza pública la que está aportando sus falsos testigos, como lo ha hecho
siempre, con tal de estigmatizar al máximo el proceso de la Comunidad de Paz.
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El viernes 1° de abril de 2011, a las 5:30 horas aproximadamente, se registraron combates
entre paramilitares y guerrilleros en la vereda Arenas Altas, asentamiento de la Comuni-
dad de Paz. Según testigos del sector, varios paramilitares murieron en el enfrentamiento.
Los integrantes de la Comunidad de Paz y otros pobladores de la zona, muy afectados por
el terror, acudieron a la Defensoría del Pueblo para que gestionara una protección de la
población civil que estaba en medio del combate, pero la encargada de la Defensoría des-
activó su teléfono. El sábado 2 de abril, un helicóptero militar sobrevoló la zona prote-
giendo a un grupo más grande de paramilitares, en número aproximado de 25, quienes
entraron a mirar los cadáveres de sus compañeros, aunque no los recogieron. El primer
grupo de paramilitares que ingresó a la vereda, en número aproximado de 7, había pasado
en la mañana del día anterior por las viviendas de Arenas Altas amenazando a los inte-
grantes de la Comunidad de Paz. A pesar de que en ese momento había presencia de fuer-
za pública en la vereda, no hizo nada para enfrentar a los paramilitares ni para proteger a
los integrantes de la Comunidad de Paz. Dos cadáveres de paramilitares quedaron expues-
tos cerca de Arenas Altas, después del 2 de abril, pero ninguna autoridad quiso atender el
llamado de la Comunidad para ir a hacer los levantamientos legales.
El domingo 3 de abril de 2011, el ex guerrillero alias “Samir”, domiciliado ilegalmente
desde noviembre de 2008 en la Brigada XVII, hizo varias llamadas telefónicas a pobladores
del caserío de San José, invitándolos a trabajar como informantes del Ejército si no querían
ser ejecutados o judicializados. Dicho desertor de las FARC fue nombrado por el ex Presi-
dente Álvaro Uribe como “Gestor de Paz”, pero desde su desmovilización ha proferido
numerosas calumnias contra la Comunidad de Paz y contra muchos de sus integrantes,
contribuyendo a un plan de difamación de la Comunidad llevado adelante desde hace
años por la Brigada XVII, en el intento de justificar numerosos crímenes de lesa humani-
dad que los militares han perpetrado en la zona.
Entre el domingo 3 de abril y el miércoles 6 de abril de 2011, aparecieron letreros escritos
en tablas junto a viviendas o clavados en árboles, en la vereda Mulatos, en los cuales se
leen mensajes de los paramilitares, bajo la sigla “AUC” (Autodefensas Unidas de Colom-
bia), que dicen: “Venimos a matar”. Miembros de la Comunidad han descubierto, además,
rastros de tropas que atraviesan por la zona pero no se dejan ver.
El lunes 4 de abril de 2011, a las 8:00 horas, los paramilitares convocaron a una reunión a
los pobladores de la vereda MURMULLO, limítrofe con el asentamiento de Alto Joaquín,
de la Comunidad de Paz, en la cual les manifestaron que los trabajos que ellos (los parami-
litares) le impongan a la población, los tienen que realizar; el que no lo haga, la primera
vez tendrá que pagar una multa de $ 50.000,oo (cincuenta mil pesos) y la segunda vez será
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ejecutado. Les advirtieron, además, que colocarán paramilitares armados, en trajes civiles
y con radios de comunicación, en todas las veredas, con el fin de vigilar las actuaciones de
cada persona, y que nadie podrá pertenecer a la Comunidad de Paz, pues el que se vincule
a ella será ejecutado, como lo van a ser sus actuales integrantes, pues ya tienen una lista de
ellos para empezar a matar. También dijeron que cualquier persona extraña que ingrese a
la zona, será ejecutada. Al terminar la reunión, obligaron a los pobladores a realizar traba-
jos de arreglo de caminos, para lo cual los distribuyeron y les asignaron tareas concretas.
Dicho contingente paramilitar tiene su base en la vereda BATATA, del municipio de Tie-
rralta, donde son protegidos por la fuerza pública, al igual que en el corregimiento de
Nuevo Antioquia, en el municipio de Turbo, colindante con varios asentamientos de la
Comunidad de Paz.
El mismo lunes 4 de abril de 2011, cuando dos integrantes de la Comunidad de Paz del
asentamiento de La Unión, HUBER AREIZA Y ALCIDES ÚSUGA, se dirigían a la vereda
La Esperanza a realizar algunos trabajos, al atravesar la vereda Las Nieves fueron deteni-
dos ilegalmente por militares, quienes quisieron obligarlos a descender de sus bestias y a
mostrar todas las provisiones alimenticias que llevaban. Ellos se negaron a hacerlo y en-
tonces los militares llamaron a dos encapuchados y los dejaron solos con ellos. Los dos
paramilitares agredieron a los integrantes de la Comunidad, los tumbaron de las bestias,
rompieron el mercado y lo regaron por el piso, les colocaron machetes en el cuello advir-
tiéndoles que si los volvían a ver los degollaban, y luego de una prolongada tortura los
dejaron continuar su camino.
El martes 5 de abril de 2011, hacia las 21:00 horas, en una finca cercana al asentamiento
central de la Comunidad de Paz, San Josesito, colindante también con el caserío de San
José, varios hombres encapuchados abordaron al Señor JESÚS LÓPEZ, administrador de
dicha finca, quien no era integrante de la Comunidad de Paz, y lo asesinaron a macheta-
zos. La víctima regresaba de un culto de su Iglesia Pentecostal en el caserío de San José.
Como no murió inmediatamente, integrantes de la Comunidad de Paz trataron de auxi-
liarlo, pero pocos minutos después falleció. La fuerza pública presente en el caserío, a po-
cos pasos del escenario del crimen, no hizo nada para auxiliarlo ni para trasladarlo a un
centro asistencial.
El lunes 11 de abril de 2011, la Comunidad de Paz decidió ir a recoger los restos de dos
paramilitares que habían quedado insepultos en la vereda Arenas Bajas, luego de los com-
bates que se presentaron el viernes 1° de abril entre la guerrilla y los paramilitares. La
Comunidad le había insistido a la Defensoría del Pueblo que se tramitara el levantamiento
de los cuerpos por parte de las autoridades competentes, solicitud que no fue atendida.
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Según la misma Defensoría, el Ejército hizo operativos en la zona y afirmó que la Comuni-
dad estaba mintiendo, pues, según los militares, no se había dado ningún combate y no
había cadáveres en la zona ni tampoco existen grupos paramilitares. Sin embargo, los po-
bladores de la zona habían observado cómo el pasado 2 de abril un grupo de 25 paramili-
tares ingresó a la zona a inspeccionar los cadáveres de sus compañeros pero no los reco-
gieron, mientras un helicóptero militar los protegía desde el aire. La Comunidad está ya
muy acostumbrada a escuchar falsedades por parte del Ejército y de otras instituciones del
Estado, por lo cual no se extraña de esta manera de mentir y ocultar la cruda realidad de
los hechos. Mucha gente que no conoce a la Comunidad se preguntó cómo era posible que
estos paramilitares que amenazaron tantas veces a los integrantes de la Comunidad; que
los conminaron muchas veces a abandonar sus tierras y que participaron en multitud de
crímenes contra ellos en compañía de la fuerza pública, fueran ahora tratados de manera
humanitaria por sus mismas víctimas, hasta ir a recoger sus restos y a sepultarlos con un
mínimo de dignidad. Dentro de los criterios del Sistema de Muerte e Inhumanidad que
nos envuelve, esto no se entiende. En la sociedad colombiana impera, más bien, el princi-
pio de “ojo por ojo y diente por diente”. Los Presidentes de la República incitan en sus discur-
sos a la venganza contra la insurgencia, con lenguajes de barbarie que causan escalofrío.
Pero la Comunidad de Paz no comparte esos principios ni ese lenguaje. Su lucha por la
justicia es completamente ajena y contraria a todo sentimiento de venganza. Se exige justi-
cia; se le dice NO a los actores armados; se les exige respeto; no se cede a sus exigencias;
no se retrocede ante sus amenazas y sus actos de barbarie. Ellos ciertamente generan en la
Comunidad miedo e intenso dolor con sus actuaciones criminales, pero lo que nunca han
logrado ni podrán lograr es generar odio en los integrantes de la Comunidad de Paz.
Creen que la dignidad de cualquier ser humano está por encima de las guerras y por ello
la opción de la Comunidad ha sido la de recoger los restos; sepultarlos y/o entregárselos a
sus familiares. Al caminar en búsqueda de estos restos exponiendo con ello sus propias
vidas, sólo quisieron mostrar que la Vida sólo tiene su plenitud y expresión en la realiza-
ción de los ideales de justicia, contraponiéndose a los sembradores de la muerte, quienes
sólo generan dolor y muerte con sus armas, aunque nunca logran asesinar la resistencia
civil, esa que construye y le da sentido a un mundo libre de opresiones, de impunidad y
de injusticia. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares, quienes manifestaron su
gratitud y pudieron experimentar la deshumanización de un Estado que miente y juega de
manera tan repugnante con el dolor de las familias, luego de haber destruido la conciencia
de aquellos a quienes vincularon y entrenaron en los más horrendos crímenes del parami-
litarismo.
En la semana del 11 al 15 de abril de 2011, se repitieron las llamadas telefónicas del deser-
tor de las FARC alias “SAMIR”, ilegalmente domiciliado en la Brigada XVII desde no-
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viembre de 2008, y del paramilitar ROBINSON GÓMEZ, protegido también en la misma
Brigada desde hace unos días, al menos a ocho pobladores del caserío de San José, en las
cuales eran conminados a colaborar con el Ejército en calidad de informantes, si no que-
rían ser judicializados o ejecutados. A dos de dichos pobladores les advirtieron que ya no
tenían salvación, pues ya estaban condenados a muerte. Si bien este tipo de amenazas, de
utilización de procedimientos paramilitares y de prácticas de terror, han sido constantes
desde hace muchos años por esta misma Brigada, esto confirma la continuidad de prácti-
cas de terrorismo de Estado en un momento en que el mismo Jefe de Estado difunde ver-
siones falsas en otros países sobre la vigencia de un Estado de Derecho, y más grave aún,
cuando uno de los actores de estas prácticas de terror, ostenta la distinción de “Gestor de
Paz” que el ex Presidente Uribe le otorgó.
El miércoles 13 de abril de 2011, a las 10:00 horas, cuando uno de los líderes de la Comu-
nidad de Paz llegó al puerto de Frasquillo, sobre la represa de Urrá, con insumos agrícolas
para los cultivos de la Comunidad, miembros del Ejército le impidieron pasar, exigiéndole
un permiso especial de la UMATA y requiriendo de él una serie de datos personales, cuya
exigencia está prohibida por la Corte Constitucional porque constituyen una forma de
empadronamiento ilegal. Al ser contactada por teléfono la Defensora Regional del Pueblo
de Urabá, aprobó que los militares exigieran los datos que la Corte Constitucional prohíbe
requerir.
El viernes 15 de abril de 2011, hacia las 18 horas, tres hombres armados llegaron a la casa
de ALCIDES SUCERQUIA TUBERQUIA, de 39 años, ubicada en el caserío de San José a
muy pocos metros del puesto de Policía, y mientras hablaba por teléfono le dispararon en
la cabeza causándole la muerte en forma inmediata. Algunas personas vecinas creen que
los victimarios eran integrantes de las FARC, pero aún no hay claridad sobre la autoría del
crimen. La Comunidad, a petición de su familia, recogió el cadáver y le hizo la velación y
el entierro en su asentamiento de San Josesito. Los miembros de la Policía presentes en el
caserío de San José en ese momento, se mostraron indiferentes y se negaron a prestar cual-
quier colaboración para recoger el cadáver o facilitar las diligencias legales. Una funeraria,
a petición de la Defensoría del Pueblo, trasladó el cuerpo a Apartadó para un irregular
levantamiento y le cobró una gruesa suma de dinero a la Comunidad para entregar luego
el cadáver. Alcides dejó cuatro niños pequeños de seis y cuatro años los mayores, y dos
gemelos de ocho meses.
El lunes 18 de abril de 2011, a las 14:00 horas, el Ejército se enfrentó con un grupo de gue-
rrilla, dejando en medio del cruce de fuego a seis integrantes de la Comunidad de Paz del
asentamiento de Mulatos, quienes en ese momento trabajaban en una de las parcelas de
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cultivo de la Comunidad. Ellos lograron correr y salir con vida del cruce de fuegos. Una
vez terminado el enfrentamiento, los militares detuvieron arbitrariamente a cuatro campe-
sinos que viven en cercanías de la Comunidad y los tuvieron privados de su libertad du-
rante tres horas; les dijeron que eran guerrilleros y afirmaron que la Comunidad de Paz
posee cultivos de coca. Cuando los detenidos respondieron que ellos sabían que eso era
falso, pues la Comunidad expulsa a quienes participan en el cultivo de coca, los militares
insistieron en que la Comunidad de Paz es cultivadora de coca y guerrillera; les prohibie-
ron, además, que contaran lo ocurrido a miembros de la Comunidad, pues si eso ocurría,
se tendrían que arrepentir.
El miércoles 20 de abril de 2011 hacia las 17:00 horas, en la vereda Arenas Altas, EMIL-
SEN GÓEZ, integrante de la Comunidad de Paz, fue llamada a su celular por un hombre
que se identificó como paramilitar, quien le dijo que ella era informante de la guerrilla y
responsable del ataque que tuvieron el 1° de abril donde murieron dos paramilitares. Le
anunciaron que la van a asesinar y que en cualquier momento subirán a matarla. Ella ha
tenido que desplazarse debido a la grave situación de riesgo para su vida y la de sus hijos.
El viernes 21 de abril de 2011, hacia las 14:00 horas, miembros del Ejército que hacían pre-
sencia en la vereda Caracolí, sobre la carretera que conduce de Apartadó a San José, filma-
ron a miembros de la Comunidad cuando se realizaba el Vía Crucis del Viernes Santo. Un
oficial de apellido GONZÁLEZ fue visto filmando por ciento cincuenta personas que par-
ticipaban en la ceremonia religiosa. Cuando la gente lo abordó y le exigió mostrar las ile-
gales filmaciones y borrarlas, él negó, en forma atrevida, que estuviera filmando. En un
momento, el oficial ofreció mostrar la cámara para que fuera examinada, pero luego se
negó a ello. En todos estos años ha sido rutinario el que la fuerza pública niegue haber
cometido los crímenes que ha cometido, pero esta vez el oficial GONZÁLEZ lo hizo ante
numerosos testigos que acababan de observar su comportamiento. Junto a él estaba otro
hombre en traje civil, quien también filmó y todo muestra que estaba integrado a la inteli-
gencia militar.
El sábado 22 de abril de 2011, hacia las 11:00 horas, un bloque de paramilitares llegó a los
límites entre las veredas Murmullo y Alto Joaquín, ésta última integrante de la Comuni-
dad de Paz, en el municipio de Tierralta. Allí han hecho permanencia constante ejerciendo
un control asfixiante sobre la población civil, de todo lo cual ha estado informado minu-
ciosamente el Señor Presidente Santos, sus Ministros y altos funcionarios de su Gobierno,
quienes han avalado con sus omisiones dicha presencia y accionar paramilitares. En la
última semana, el grupo ilegal ha reiterado sus anuncios de exterminio de la Comunidad
de Paz y de sus líderes y han obligado a las poblaciones sometidas por ellos a realizar tra-
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bajos bajo su control. Además están colocando vigilantes de su organización en cada asen-
tamiento.
En la última semana de abril de 2011, continuaron las llamadas amenazantes del paramili-
tar ROBINSON GÓMEZ, quien fuera protegido por la Brigada XVII el pasado 20 de marzo
y llevado a vivir en sus instalaciones, cuando ya las deudas que tenía con numerosos po-
bladores del caserío de San José, calculadas en 60 millones, habían creado un ambiente de
hostilidad hacia él en forma creciente. Muchos pobladores del caserío de San José, quienes
no pertenecen a la Comunidad de Paz, han acudido a ella para que les ayude a denunciar
la enorme corrupción que afecta a la fuerza pública y al Estado en general, al proteger a un
delincuente de esa categoría, a quien además acusan de haberse robado el dinero de un
Premio que la empresa PILSEN le entregó al corregimiento, calculado en 40 millones. El
paramilitar Robinson Gómez, para acallar a muchos de sus deudores, ha decidido acusar-
los de ser colaboradores de la guerrilla para intimidarlos e impedir que le sigan exigiendo
el pago de sus deudas, para lo cual ha contado con el apoyo del Ejército y de algunos
miembros de la Fiscalía, ya muy acostumbrados a este tipo de montajes. Es de anotar,
también, que dicho paramilitar, con el apoyo de algunos líderes comunales de San José y
de la fuerza pública, había violado las cerraduras del inmueble La Bodega, de la Comuni-
dad de Paz, y había montado allí un negocio de carnicería, pisoteando todos los principios
de las Naciones Unidas sobre los bienes de los desplazados.
El lunes 25 de abril de 2011, a las 17:30 horas, al sitio llamado Caracolí, sobre la carretera
que de Apartadó conduce a San José, donde hace tiempo opera un retén del Ejército, llega-
ron dos motocicletas con dos hombres armados en cada una de ellas, se identificaron como
paramilitares y les pidieron a los allí presentes información sobre las personas que estaban
en una lista, quienes serían asesinadas próximamente. Al leer públicamente la lista, ésta
incluía a miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, acompañantes de la
misma y personas muy conocidas en el caserío de San José o en veredas del entorno. Se-
gún se informó a la Comunidad, en la lista estaban incluidos JESÚS EMILIO TUBERQUIA,
Representante Legal de la Comunidad de Paz; EDUAR LANCHERO, acompañante de la
misma; RIGOBERTO GARCÍA, poblador y comerciante del caserío de San José, y ELKIN
MONTOYA Y RAMON GUERRA, pobladores de la zona rural. No es la primera vez que
Jesús Emilio y Eduar son amenazados; ya han escapado a múltiples atentados y esto se
sabe con detalles en la Presidencia de la República, en varios Ministerios y en los organis-
mos de control del Estado, como también saben que quienes han intentado asesinarlos son
agentes directos e indirectos del Estado cuyos nombres los tienen en sus manos desde hace
mucho tiempo y han desoído los clamores de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos y de otros organismos internacionales para que se proteja a estas víctimas. Es muy
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significativo que el sitio donde se leyó la lista de quienes van a ser asesinados, sea un
puesto de control del Ejército, aunque esto sólo reconfirma una vez más la estrecha unidad
de acción entre militares y paramilitares que ha operado en los últimos 14 años. Es tam-
bién muy significativo el hecho de que poco antes de llegar allí los paramilitares, los mili-
tares requisaron arbitrariamente al Representante Legal de la Comunidad, Jesús Emilio
Tuberquia, quien subía con acompañantes internacionales. Los militares no dieron ningu-
na explicación coherente sobre dicha requisa que se evidenciaba como un nuevo hostiga-
miento arbitrario, y se enfurecieron cuando se les hizo ver que su presencia allí y sus re-
quisas no constituían ninguna protección para la población, toda vez que en los últimos
días han asesinado a varias personas en la carretera, en hechos que revelan complicidad de
la fuerza pública, dejando la sensación de que los criminales tienen libertad de desplaza-
mientos sin ser molestados, mientras la población civil honesta y los integrantes de la Co-
munidad de Paz son estigmatizados con la sospecha o presunción de ilegalidad que todas
estas requisas deshonrosas implican como afrenta y humillación.
El martes 26 de abril de 2011, a las 7:00 horas, en la vereda Murmullo, del municipio de
Tierralta, aledaña al asentamiento de ALTO JOAQUÍN que es integrante de la Comunidad
de Paz, los paramilitares que tienen una enorme base tolerada y apoyada por la fuerza
pública en el corregimiento de BATATA, reunieron a la población y nuevamente les anun-
ciaron que van a exterminar la Comunidad de Paz.
El mismo martes 26 de abril de 2011, en horas de la mañana, varios medios masivos de
comunicación transmitieron una intervención del paramilitar ROBINSON GÓMEZ, quien
desde el pasado 20 de marzo es protegido por el Ejército en la Brigada XVII y aliado allí
con alias “SAMIR”, desertor de la FARC y protegido también ilegalmente por el Ejército
en la Brigada desde noviembre de 2008, para atacar y difamar de múltiples formas a la
Comunidad de Paz. En su intervención, Robinson Gómez les anunció a sus acreedores, a
quienes durante mucho tiempo les había comprado ganado sin pagarles, que finalmente
les va a pagar con el producto de la venta de una finca que se propone vender. Dicha finca
es de la Comunidad de Paz y en ella la Comunidad ha ejercido dominio y posesión desde
hace catorce años. En 1997 era un terreno abandonado y la Alcaldía de entonces, en pre-
sencia de representantes de la Iglesia local, la entregó a los numerosos desplazados con los
cuales se conformó la Comunidad de Paz.
El mismo martes 26 de abril de 2011, desde las 14:00 hasta las 15:00 horas, se dieron com-
bates armados entre militares y guerrilleros en la vereda Bellavista del Corregimiento de
San José. Hace ya tiempo que se repiten combates armados en zonas donde hay viviendas
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de población civil, dejando a ésta en medio del fuego cruzado, lo cual constituye una fla-
grante infracción del Derecho Internacional Humanitario.
El miércoles 27 de abril de 2011, hacia las 11:00 horas, tropas del Ejército Nacional le des-
truyeron una hectárea de arroz a ARSENIO DÍAZ, en la vereda Mulatos-Cabecera. De
igual forma están utilizando su finca como helipuerto, sin pedirle autorización, destru-
yendo así otras cosechas que son bienes de supervivencia de su familia, en abierta infrac-
ción al Derecho Internacional Humanitario.
El viernes 29 de abril de 2011, hacia las 6:30 horas, fue asesinado en la vereda Mulatos/
Cabecera el joven MANUEL DE JESUS MORA, de 18 años. Se encontraba en su casa,
cuando los vecinos escucharon tiros de fusil y al acercarse a inspeccionar lo encontraron
muerto de dos tiros de arma larga. Manuel había aparecido en las listas de personas en la
mira que los paramilitares habían leído el 25 de abril en la vereda Caracolí, lugar habitual
de presencia del Ejército. También el día anterior se había presentado en su casa, hacia las
8:00 horas, un hombre encapuchado quien se alejó momentos después sin decir nada. De
igual forma, miembros del Ejército Nacional habían preguntado esa semana por él y en el
momento del asesinato se encontraban acampando a unos 100 metros de la casa de Ma-
nuel. La comunidad ayudó a la madre de Manuel a llevarlo a su casa y velarlo allí, donde
fue sepultado el mismo sábado 29 de abril.
El mismo viernes 29 de abril y el domingo 1° de mayo de 2011, en horas de la mañana, se
presentaron combates en las veredas Arenas y Bellavista, causando gran terror en la po-
blación civil que habita en esos asentamientos. También en la carretera que conduce de
Apartadó a San José se escuchó un gran estruendo y los medios de comunicación informa-
ron que se trataba de una bomba contra un camión del Ejército. Esto evidencia una vez
más la agudización del conflicto y a nadie se le oculta que la presencia enorme de tropas y
la construcción de un búnker para la Policía en medio de la población civil, en contra de lo
ordenado por la Corte Constitucional, sumado a la presencia de al menos seis enormes
bases paramilitares en la zona, atrae también a otros actores armados y pone en alto riesgo
la vida y la integridad de toda la población civil del entorno.
El domingo 1° de mayo de 2011, hacia las 8:00 horas, fue detenido por miembros del Ejér-
cito, en la vereda Arenas Altas, ELIÉCER GUZMÁN, integrante de la Comunidad de Paz y
en otro tiempo miembro del Consejo Interno. Los militares lo insultaron; le dijeron que era
un guerrillero y que esa h. p. comunidad de paz era guerrillera. Luego de someterlo a
afrentas, le dijeron que donde lo volvieran a ver lo matarían.
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El lunes 2 de mayo de 2011, hacia las 16:00 horas, cuatro miembros de la Comunidad de
Paz fueron empadronados por tropas del Ejército en el sitio conocido como Chontalito,
entre San Josesito y Mulatos, en flagrante violación de lo preceptuado por la Corte Consti-
tucional. Allí les tomaron fotos y los colocaron frente a un encapuchado a quien los milita-
res le preguntaban por cada uno y él respondía haciendo con la cabeza signos negativos,
luego de lo cual los dejaron en libertad.
El jueves 5 de mayo de 2011, hacia las 10:00 horas, los paramilitares que hacen presencia
allí sin que el Gobierno haya querido mover un dedo para desterrarlos o someterlos a la
ley, reunieron a los pobladores de la vereda MURMULLO, de Tierralta, Córdoba, aledaña
a varios asentamientos de la Comunidad de Paz. El paramilitar que dice llamarse JAIRO
BRAVO llevó a dicha reunión una lista en la cual incluía a varios miembros de la Comuni-
dad de Paz. Según él, si la gente señalada no abandona la zona, habrá una masacre. Afir-
maron que no van a permitir que la Comunidad de Paz se mantenga en la zona.
El sábado 7 de mayo de 2011, hacia las 9:00 horas, un paramilitar en Tierralta se acercó a
un miembro de la Comunidad de Paz y le dijo que debía abandonar la zona porque ellos
están preparando una masacre contra la Comunidad; que se lo advertía para que no mu-
riera tanta gente; que la misma empresa de la represa de Urrá había pagado ya un dinero
para que expulsaran a la gente y tenían que cumplirle.
El domingo 8 de mayo de 2011 se desplazaron de la vereda Alto Joaquín y de otras vere-
das cercanas, cinco familias que no pertenecen a la Comunidad de Paz, presionadas por las
amenazas que están haciendo de manera persistente los paramilitares de realizar una ma-
sacre. Otras familias de la zona también están buscando cómo salir.
El miércoles 11 de mayo de 2011, a las 16:00 horas, en el sitio conocido como La Antena, a
quince minutos del asentamiento de San Josesito, fue ejecutado JOHN KENNEDY HIGUI-
TA RAMÍREZ, como acto final de una persecución de varios años perpetrada por milita-
res, policías, paramilitares y fiscales. En 2006 le hicieron el primer montaje por “rebelión”
y lo tuvieron que dejar en libertad a los 6 meses por inconsistencia del proceso y carencia
de pruebas. Violando el principio de “non bis in idem” (no dos veces en lo mismo), la Fiscal
51 de Medellín, Fabiola Mejía Muñetón, volvió a ordenar su captura en abril de 2007, esta
vez por una afirmación sin prueba alguna hecha por un paramilitar pagado y como evi-
dente castigo por haber denunciado al Estado ante la Corte Penal Internacional, en com-
pañía de otras víctimas, luego de aparecer en una lista de personas para matar, exhibida
por el paramilitar Elkin Tuberquia Tuberquia, quien trabajaba al servicio del Coronel Nés-
tor Iván Duque López, entonces Comandante del Batallón Bejarano Muñoz, de la Brigada
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XVII. Sólo cuando un abogado anunció que demandaría a la Fiscal por su conducta antiju-
rídica, ella lo dejó en libertad tres días después. En septiembre de 2010, la Fiscalía volvió a
violar el principio “non bis in idem” y lo citó nuevamente a indagatoria, siendo conducido
antes a la Brigada (contra lo ordenado por al Corte Constitucional) y a un hospital. Esta
vez se apoyaron en las falsas e insostenibles denuncias de una “desmovilizada” consegui-
da por la Brigada XVII, apodada “Gisela”. En esta última ocasión los cuatro sindicados, en
varios de los cuales se estaba violando nuevamente el principio “non bis in idem”, sospe-
charon algo demasiado perverso y pidieron acompañamiento a la Defensoría del Pueblo,
la cual se los negó. Al salir de las indagatorias ya de noche, varios de ellos tuvieron que
regresar a pie al corregimiento de San José y fueron atacados a bala desde la oscuridad al
pasar por el tradicional nido del paramilitarismo conocido como “Tierra Amarilla”. Las
sospechas sobre este atentado se dirigen necesariamente hacia la articulación entre la Bri-
gada XVII y la Fiscalía, con omisión culpable de la Defensoría. John Kennedy se escapó esa
noche por buscar otras formas más discretas de regresar a su finca, pues el día anterior a
dicha indagatoria, unos soldados con otros hombres sospechosos que andaban “buscando
trabajo”, armaron una balacera junto a su casa. De allí en adelante, los miembros del Ejér-
cito lo señalaron muchas veces ante pobladores de la zona como supuesto “guerrillero” y
por eso él temía que lo iban a asesinar. Además, los dos últimos personajes que la Brigada
XVII ha cooptado para acusar a quien ellos quieran, como pago de prebendas y proteccio-
nes: alias “Samir” (desertor de las FARC) y Robinson Gómez (paramilitar también prote-
gido por la Brigada), lo habían amenazado recientemente. Meses antes, también había re-
cibido amenazas de muerte de la guerrilla. Todo esto le hizo sospechar que las institucio-
nes del Estado y sus aliados paramilitares estaban buscando intensamente su muerte y así
se lo expresó a varios miembros de la Comunidad de Paz y a una Comisión Nacional que
visitó recientemente la Comunidad de Paz. Su muerte es, pues, una muerte anunciada y
largamente planificada. John Kennedy fue asesinado en la tarde del miércoles 11 de mayo
cuando salió de su casa a reunirse con algunos vecinos para jugar fútbol. En el camino lo
asesinaron pero nadie conocido presenció el momento mismo del asesinato. El mismo día
encontraron su cuerpo sin vida y con claras huellas de tortura. Aunque no era integrante
de la Comunidad de Paz, su familia pidió que se le enterrara en la Comunidad. Él había
acudido muchas veces a la Comunidad de Paz para compartirle sus angustias y temores y
cuando apareció en la lista de condenados a muerte, se le solicitó a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos que le exigiera al Gobierno respetar su vida y las de los demás que
figuraban en la lista. Todo muestra, nuevamente, que se trata de un Crimen de Estado. La
misma insensibilidad del Gobierno ante todas las peticiones elevadas en los últimos meses
y semanas, evidencia un apoyo tácito al plan de exterminio que avanza imperturbable.
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El miércoles 1 de junio de 2011, hacia las 17:00 horas, en el barrio Alfonso López fue dete-
nido por dos hombres el vehículo de servicio público que se dirigía de Apartadó hacia San
José, se presentaron como autodefensas, estaban en una moto y portaban armas cortas,
tomaron fotos a la gente que venía en el carro, entre los pasajeros se encontraban dos
miembros de la Comunidad de Paz. Luego de ello le dijeron al conductor del carro que
siguiera ·
El jueves 26 de mayo de 2011, hacia las 6:00 horas, en la vereda Caracolí, fue asesinado
RAMÓN FRANCO VAQUERO. Tres hombres vestidos de uniformes camuflados y con
armas largas llegaron a su casa, lo llamaron a la puerta, y cuando salió lo asesinaron. Su
casa se encuentra a 200 metros del retén permanente del Ejército.
El miércoles 8 de junio de 2011, entre las 10 y 11 horas, alias “Samir” llamó a varias per-
sonas de la Comunidad de Paz diciéndoles que trabajaran para él. Decía que era delegado
de la Brigada para esos trabajos que buscaban destruir la Comunidad; que además, siendo
gente de la Comunidad, iban a brindarle información cercana, pues el objetivo es acabar
con esa Comunidad. También manifestó que existían personas que ya trabajaban con él
brindándole información; decía conocer todos los movimientos y lo que se decía en la co-
munidad. Las personas le dieron su negativa y le colgaron.
El viernes 10 de junio de 2011, hacia las 17 horas, paramilitares provenientes de Batata
hicieron presencia en la vereda Murmullo; allí dijeron que estaban muy atentos a todo y
que iban a evitar que la Comunidad de Paz siguiera en la zona; que esperaban que bajara
la presión y “comenzarían a actuar contra esa h.p comunidad guerrillera”. Dijeron que el
otro problema era que la gente era sapa y comentaban lo que ellos hacían; por ello estaba
prohibido hablar con gente de la Comunidad de Paz.
El jueves 16 de junio de 2011, hacia las 13:00 horas, en el sitio conocido como La Platanera,
sobre la vía que de Apartadó conduce a San José, fue detenido por dos hombres armados
que se identificaron como paramilitares el vehículo de servicio público que bajaba de San
José a Apartadó y obligaron a descender del mismo a JORGE PESTANA BELLO y a JA-
VIER TORRES. Luego los hicieron entrar a la platanera y allí asesinaron a JORGE, a 100
metros del retén de la Policía. Luego subieron a JAVIER en un carro y lo llevaron a una
vivienda rural en el municipio de Carepa, pasando por retenes del Ejército y de la Policía
sin ser inspeccionados. En esa casa lo desnudaron y lo sometieron a diversas formas de
tortura mientras lo interrogaban. Le preguntaban por un hermano suyo y por otras perso-
nas a quienes tenían en una lista para matar. Permaneció desnudo y bajo torturas desde el
16 hasta el 19 de junio, cuando lo dejaron libre hacia las 15:00 horas, advirtiéndole que si
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abría la boca para denunciar lo ocurrido, lo matarían a él y a su familia. El domingo 19,
hacia las 11:00 horas, un paramilitar en moto y armado llegó a la vereda Caracolí, donde
hay un retén del Ejército, buscó a la familia de Javier y les comunicó que ellos, los parami-
litares, tenían en su poder a Javier y para que le creyeran, los comunicó con él por celular,
pues aún se hallaba en su poder. Les dijo que para salvar a Javier debían revelar el parade-
ro de otras personas que necesitaban; que, además, debían comunicarle a las personas que
están en las listas de gente para asesinar, listas que ellos han leído públicamente en las
últimas semanas, que pronto van a correr la misma suerte de Jorge Pestana, y que no los
van a matar en Caracolí con el fin de no involucrar al Ejército, sino en otros lugares. Luego
el paramilitar se fue en su moto sin ser requisado en ningún puesto de control del Ejército
ni de la Policía.
El lunes 20 de junio de 2011, hacia las 10:00 horas, tropas del Ejército ingresaron al asen-
tamiento de la Comunidad de Paz en la vereda de La Resbalosa. Le dijeron a ABELARDO
BERRÍO que tenía que venderles lo que ellos dijeran y colaborarles en lo que ellos pidie-
ran; de lo contrario tendría que abandonar el territorio, pues lo iban a detener como “sos-
pechoso por estar en esa vereda”. Abelardo les respondió que los miembros de la Comu-
nidad de Paz no pueden colaborar con ningún actor armado y que esa vereda es su vereda
y allí está su vivienda y por lo tanto él tiene que estar allí, como integrante de la Comuni-
dad de Paz que es. Los militares le dijeron entonces que no podía denunciar lo ocurrido.
Luego le robaron varias gallinas.
El martes 21 de junio de 2011, hacia las 11:00 horas, el asentamiento de LAS CLARAS,
integrante de la Comunidad de Paz, quedó en medio de un combate entre el Ejército y la
Guerrilla. GONZALO TORRES, quien se encontraba trabajando allí, corrió para escapar al
fuego cruzado. Luego, cuando bajaba hacia San José, le reclamó al Ejército por haber dis-
parado indiscriminadamente, pues si no hubiera corrido –les dijo- lo habrían matado, a lo
cual los militares le respondieron que realmente la idea era matarlo, pues ahora la guerri-
lla anda de civil y tienen que dispararle a cualquiera.
El jueves 23 de junio de 2011, hacia las 11:00 horas, La Señora FÉLIX MARÍA VILLA fue
obligada a bajarse del vehículo de servicio público en que se desplazaba de Apartadó a
San José, a la altura del sitio Tierra Amarilla, por dos hombres encapuchados que se movi-
lizaban en moto y armados. Luego obligaron al conductor a seguir y a ella la dejaron y se
la llevaron a la vereda Los Mandarinos, donde existe una base paramilitar, y la tuvieron
amarrada en una casa hasta el día 24 a las 17:00 horas. Primero le dijeron que la iban a ma-
tar porque tenía SIDA, lo que ella negó rotundamente. Luego le dijeron que la iban a matar
porque era guerrillera pero que antes tenía que decirles dónde encontrar a varias personas
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que tenían en una lista para matar, personas que ella no conocía. Luego le dijeron que la
iban a dejar libre pero tendría que abandonar la zona en un plazo de cinco días. Cuando la
dejaron libre, como era ya tarde, se fue a casa de unos familiares en el barrio Policarpa de
Apartadó; allí llegaron nuevamente los paramilitares y le repitieron que estaba condenada
al destierro o la muerte porque era una guerrillera, a lo cual ella les respondió que sólo
vivía para su esposo y sus hijos, dedicada a trabajar. Luego pudo llegar al asentamiento de
la Comunidad de Paz.
El lunes 25 de julio de 2011, hacia las 18:00 horas, dos paramilitares en trajes civiles y con
armas cortas llegaron a una finca situada a diez minutos de Tierra Amarilla, sitio ubicado
en la carretera de Apartadó a San José, donde fuerza pública y paramilitares han perpetra-
do numerosos crímenes. Allí estaba trabajando con su máquina de aserrar madera EDI-
SON VALDEZ HIGUITA, de 38 años, siendo asesinado de dos tiros en la cabeza por los
dos paramilitares. Luego de asesinarlo lo dejaron tirado, llevándose también la máquina
de aserrar. La comunidad pidió inmediatamente la intervención de la Defensoría del Pue-
blo para exigirle a los organismos de control perseguir a los culpables, proteger a los so-
brevivientes y auxiliar a la familia de la víctima, pero la Defensora respondió de manera
agresiva, reprochándole a la Comunidad de Paz que se entrometiera en casos que no eran
de su incumbencia ya que no tocaban a ninguno de sus miembros. La Comunidad siempre
ha reivindicado su derecho a la solidaridad y ha rechazado y censurado la indiferencia y el
aislamiento que esta sociedad quiere imponer como rasgo cultural dominante, lo que faci-
lita la violación de los derechos humanos y la destrucción de todo proyecto comunitario y
humanitario. Dada su historia de comunidad victimizada a gran escala y la solidaridad
que ha encontrado en grupos humanos del país y del mundo que le han ayudado a sobre-
vivir, la gente que la rodea acude a ella cuando es sometida a afrentas y horrores. Tiene
pleno derecho a ayudarles así como otros les han ayudado a ellos. Es en extremo lamenta-
ble que sea justamente la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, ente diseñado en la Constitución
para coordinar la solidaridad con las víctimas, la que quiera censurar a la Comunidad de
Paz por ser solidaria y se niegue a cumplir su deber frente a las víctimas.
El domingo 31 de julio de 2011, hacia las 19:00 horas, hombres armados abordaron a un
miembro de la Comunidad de Paz en el camino de San Josesito a la Unión, intentando pri-
varlo de su libertad y someterlo quién sabe a cuántas afrentas. Afortunadamente él salió
corriendo y logró escapar.
El lunes 1° de agosto de 2011 a las 9:00 horas los paramilitares reunieron a las familias de
la vereda Unión-Carepa, vestidos de camuflados y portando armas largas. Les dijeron que
ya tienen identificadas y localizadas las personas a quienes próximamente van a asesinar;
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que va a ejercer en adelante un control estricto de toda la población; que ya todo lo tienen
coordinado con la fuerza pública y que si alguien no acepta esto abandone el territorio.
El miércoles 3 de agosto a las 11:00 horas los paramilitares reunieron a las familias de la
vereda Alto Bonito y les dijeron que tienen una lista de personas de cada vereda para ase-
sinar próximamente y que continuarán controlando la zona y asesinando gente.
El 25 de agosto de 2011 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó emitió el sen-
tido del fallo condenatorio contra 4 jóvenes campesinos de San José de Apartadó, que si
bien no han pertenecido a la Comunidad de Paz, pertenecen a su entorno geográfico y
social. La primera vez que los citaron a la Fiscalía, el 22 de septiembre de 2010, varios de
ellos estaban amenazados de muerte y le pidieron acompañamiento a la Defensoría del
Pueblo, la cual les negó toda protección y al regresar de la audiencia los atacaron a bala en
el camino y uno de ellos, ALONSO VALLE GUERRA, quedó herido. Las amenazas se
multiplicaron contra ellos y el 11 de mayo de 2011 fue asesinado otro de los acusados,
JHON KENNEDY HIGUITA RAMÍREZ. Un poco antes, el 22 de marzo, había sido asesi-
nado BERNARDO RÍOS LONDOÑO y ahora se ha descubierto que estaba vinculado al
mismo proceso, el cual había sido objeto de una ruptura de unidad procesal. Otro de los
imputados, JORGE LUIS HIGUITA TUBERQUIA, había recibido amenazas de muerte por
vía telefónica, de personas que están albergadas en la Brigada XVII. El otro imputado, JO-
SÉ ALBEIRO DAVID GRACIANO, había escapado con vida el 22 de septiembre de 2010 al
lograr esconderse en el bosque sin ser alcanzado por los disparos. Se descubre, pues, una
articulación entre fusil y toga, que deja nuevamente al descubierto la fusión entre los apa-
ratos judicial y militar/paramilitar del Estado en estrategias criminales. Pero el proceso
mismo, desarrollado dentro del modelo acusatorio de justicia oral, conducido por la FIS-
CAL 117 Delegada Seccional de Apartadó, MELBA JUDITH ARIZA BARÓN y el Juez 2°
Penal de Apartadó, ANTONIO MARÍA MARTÍNEZ MONTERO, reveló nuevamente to-
das las irregularidades judiciales que se han venido denunciando desde hace muchos
años. No hubo ni separación ni independencia de poderes ni imparcialidad alguna. La
Fiscal y el Juez se sometieron absolutamente a los dictados y aportes espurios de la Briga-
da XVII, la cual confeccionó todas las falsas pruebas. Los acusados no fueron escuchados
ni los pobladores de sus veredas que testimoniaron su condición de agricultores dedicados
al jornaleo diario, fueron tenidos en cuenta para nada. Al contrario, la Fiscal ARIZA BA-
RÓN defendió la tesis según la cual, el hecho de dedicarse a trabajos legales y normales es
lo que más los identifica como milicianos y por eso las actividades normales y legales de
los imputados eran una confirmación de su culpabilidad en el delito de “rebelión”. Los
testigos de cargo todos fueron conseguidos en la Brigada XVII: cuatro desmovilizados; el
jefe de inteligencia del Batallón Voltígeros, SARGENTO MANUEL VICENTE SEVERI-
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CHE, y un detective del CTI –HENRY MAURICIO VÁSQUEZ, quien buscó todas las
pruebas en la misma Brigada XVII mediante “entrevistas” a los mismos desmovilizados.
De éstos, el único que hizo acusaciones contra los sindicados fue alias “SAMIR”, pero no
tuvo cómo sustentarlas ante el sentido común, pues dejó en claro que ellos no habían per-
tenecido a su estructura (Frente 5° de las FARC); que los había conocido hacía muchos
años sólo en un curso de preparación; que se había enterado de la deserción de todos ellos
hacía mucho tiempo, pero que había oído decir que el actual comandante guerrillero de la
zona, alias “Darlinson”, había recogido a los antiguos milicianos para volverlos a vincular.
Dos de los imputados habían sido encarcelados hace varios años por la misma acusación y
cuando salieron en libertad, alias “SAMIR” ya había desertado y estaba recluido en la Bri-
gada, lo que no le permitía conocer la situación de la guerrilla en la zona en los últimos
años, a no ser por comentarios interesados de los militares, acostumbrados por décadas al
“falso positivo judicial”. Sin embargo, el Juez MARTÍNEZ MONTERO acogió como total-
mente creíble e incuestionable el chisme que supuestamente le habían llevado a “Samir”
en la Brigada, y apoyado en ese chisme, y en la “Orden de Batalla” contra las FARC, ela-
borada por el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, cuyos chantajes contra campesinos de la
zona han sido conocidos y denunciados ampliamente, sustentó el fallo condenatorio. Salta
a la vista que todo lo que la Constitución contempla como debido proceso (Art. 29), así
como los principios rectores del Código de Procedimiento Penal, fueron desconocidos y
pisoteados por la Fiscal ARIZA BARÓN y por el Juez MARTINEZ MONTERO: descono-
cieron la independencia de poderes, los principios de legalidad y tipicidad, las normas
para acusar y condenar, los criterios de idoneidad de los testimonios, la imparcialidad y el
respeto a los argumentos de descargo. Todo fue desconocido, pero este proceso revela, una
vez más, que los funcionarios judiciales en Urabá son sólo acólitos de la estructura militar;
que ésta sigue empecinada en construir falsos positivos judiciales, manipulando a los
desmovilizados y construyendo falsos testimonios, y que la fusión de “toga y fusil” sigue
totalmente vigente.
En el mes de septiembre de 2011 fue particularmente intenso el accionar de las bases pa-
ramilitares ubicadas en cercanías del territorio de la Comunidad de Paz:
Actividades de las BASES PARAMILITARES de la zona en septiembre de 2011:
La base paramilitar ubicada en la vereda Mano Cuello, del corregimiento de El Dos, en
el municipio de Turbo, pero colindante con las veredas de la Comunidad de Paz. Allí más
de doscientos paramilitares se despliegan por diversos lugares donde regulan toda la en-
trada de gente a las veredas, hacen empadronamientos, compran coca, entran armas y
munición, profieren amenazas, detienen a personas quienes luego desaparecen o son eje-
25
cutadas, reúnen a la gente de allí y les dicen que ellos son la ley y los que controlan todo;
que quien no les obedezca será ejecutado. Uno de los últimos episodios de este accionar
fue la reunión del 23 de septiembre de 2011 en horas de la mañana, en la cual los parami-
litares expusieron todas estas condiciones a los pobladores.
La base paramilitar de Nuevo Antioquia, donde más de cien paramilitares andan de ca-
muflado y/o de civiles, armados, recorriendo las veredas hasta Playa Larga. Allí hacen
empadronamientos de cada finca de las diversas veredas; cobran impuestos a la madera y
a los diversos productos que se sacan; realizan reuniones con la gente diciendo lo mismo
sobre su control y sobre el sometimiento de la gente. Uno de los últimos episodios fue el
empadronamiento realizado el pasado 21 de septiembre (2011) en la vereda Playa Larga.
La base paramilitar de Piedras Blancas, donde se encuentran más de cien paramilitares.
Allí hacen patrullajes en las veredas donde se encuentra la Comunidad de Paz, profirien-
do amenazas; anunciando el inminente exterminio de la Comunidad y controlando la ali-
mentación, el movimiento de las personas e imponiendo sus reglas de juego. Uno de tan-
tos hechos cometidos han sido las amenazas proferidas el sábado 17 de septiembre de
2011 a las 10:00 horas, en las veredas La Cristalina y Carepa, donde le dijeron a la gente
que iban a desaparecer a varias personas pues no cumplían las reglas que ellos imponían.
La base paramilitar de Batata: allí han construido una edificación grande para albergar a
más de 300 paramilitares que se movilizan por la zona controlando las veredas; empadro-
nando a la gente; haciendo retenes permanentes y requisas de los pobladores; controlando
todo lo que hacen y producen las familias. Uno de los últimos episodios ocurrió los días 24
y 25 de septiembre de 2011, cuando instalaron un reten permanente todo el día, donde
requisaban a la gente y pedían documentos, afirmando que a quien no conocieran y a
quienes no les obedecieran los iban a asesinar.
La base paramilitar de Los Mandarinos: allí más de cincuenta paramilitares hacen control
permanente de la gente cuando llegan los carros de servicio público, esto es diariamente,
haciendo requisas y empadronamientos.
El miércoles 12 de octubre de 2011, hacia las 19 horas, en la vereda La Resbalosa un avión
disparó ráfagas contra las viviendas de miembros de la Comunidad de Paz. Dos ráfagas
cayeron en el patio de la casa de un integrante del Consejo Interno de la Comunidad y esto
llevó a que las familias tuvieran que salir apresuradamente en la noche a refugiarse en
otros sitios, para escapar al bombardeo indiscriminado que estaba perpetrando el Ejército,
como crimen de guerra.
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El sábado 15 de octubre de 2011, hacia las 9 horas, paramilitares realizaron retenes en la
entrada de la vereda Batata, aledaña a varios asentamientos de la Comunidad de Paz; hi-
cieron empadronamientos ilegales y le dijeron a los pobladores que a quien no conozcan ni
trabaje con ellos, lo van a matar.
El domingo 16 de octubre de 2011, hacia las 15 horas, en la vereda La Esperanza, adscrita
a la Comunidad de Paz, paramilitares de Nuevo Antioquia abordaron a un grupo de jó-
venes que jugaban; les dijeron que eran guerrilleros y auxiliadores de la guerrilla; los ame-
nazaron y los conminaron a trabajar con ellos si quieren permanecer en la zona.
Entre las semanas del 10 al 23 de octubre de 2011, se realizaron diariamente fumigaciones
indiscriminadas en las veredas La Resbalosa, Alto Joaquín y Puerto Nuevo, asentamientos
de la Comunidad de Paz, dañando cultivos de pan coger, matando por intoxicación a ani-
males y dejando en grave riesgo la vida de la gente, pues dichos venenos han contaminado
las aguas, obligando a la gente a tener que buscar en otras veredas los mínimos recursos
para su supervivencia.
El domingo 30 de octubre de 2011, hacia las 16:00 horas, se presentaron combates entre los
paramilitares y la guerrilla en las veredas La Esperanza y El Porvenir, poniendo a la po-
blación civil en medio del fuego. Tres familias lograron huir de en medio del combate y
salvar sus vidas. Es evidente que los paramilitares, quienes continúan actuando en estre-
cha unidad de acción con el Ejército, buscan siempre poner como escudo a la población
civil, lo que constituye un crimen de guerra.
El jueves 3 de noviembre de 2011, hacia las 14:00 horas, un avión del Ejército bombardeó
el lugar donde la Comunidad se encontraba en trabajo comunitario en la vereda La Resba-
losa. Los integrantes de la Comunidad se vieron obligados a abandonar el trabajo y a huir
para protegerse de las bombas. Esto constituye, con toda evidencia, un bombardeo indis-
criminado contra la población civil, tipificado en el Derecho Internacional Humanitario
como CRIMEN DE GUERRA.
El domingo 6 de noviembre de 2011, hacia las 10:00 horas, fue ejecutado por hombres ar-
mados en la vereda El Guineo, el poblador FRANCISCO RESTREPO, persona cercana a la
Comunidad de Paz, quien le vendía el cacao a la Comunidad.
El martes 8 de Noviembre de 2011, hacia las 19:00 horas, 200 paramilitares llegaron a la
vereda Playa Larga, ubicada entre Nuevo Antioquia y la Esperanza, esta última pertene-
ciente a la Comunidad de Paz y a 40 minutos de la vereda Playa Larga, allí, amenazaron a
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los pobladores y anunciaron que van a subir a las veredas de la Comunidad de Paz, que ya
tienen preparada una masacre contra la Comunidad.
El lunes 14 de noviembre de 2011, hacia las 18:00 horas, 30 paramilitares llegaron a la ve-
reda La Esperanza con armas largas y en trajes civiles, penetraron en las viviendas, entre
ellas las de familias de la Comunidad de Paz. Nuevamente repitieron su mensaje: los que
no se sometan a ellos y trabajen con ellos, tendrán que irse o morirse, Van a actuar en ade-
lante de manera más contundente.
El viernes 18 de noviembre de 2011, hacia las 16:00 horas, los paramilitares ingresaron de
nuevo a la vereda La Esperanza, esta vez con trajes de camuflado y armas largas. Afirma-
ron que comenzarían a actuar más contundentemente.
El sábado 19 y el domingo 20 de noviembre de 2011, durante todo el día los paramilitares
hicieron presencia en los caminos aledaños a las veredas La Esperanza, Rodoxalí y El Por-
venir. Instalaron retenes y se robaron los alimentos que la gente transportaba, afirmando
que está prohibido llevar alimentos a las casas; que han decretado un bloqueo de alimen-
tos y que el que incumpla estas disposiciones será asesinado.
El lunes 28 de noviembre de 2011, cerca de 200 paramilitares han llegado a la vereda La
Esperanza donde han retenido a la gente por varias horas teniéndolos encerrados en el
centro de salud, manteniéndolos incomunicados. Allí, según ellos, están revisando los an-
tecedentes de cada uno. De igual forma han dicho que van a quedarse allí como los que
mandan y tener control de todo. Además han dicho que han comprado varias fincas en
Playa Larga y que la orden es que la finca que necesiten, se les venda, quieran o no. Ya han
comprado tres grandes fincas donde tendrán sus bases en Playa Larga y afirman que lo
mismo harán en todas las veredas.
El martes 6 de diciembre de 2011, hacia las 20:30 horas fue Incinerado por hombres arma-
dos un autobús de servicio público en la vía entre Apartadó y San José.
El domingo 11 de diciembre de 2011, hacia las 20:00 horas en el corregimiento de San José
una persona encapuchada portando arma corta ingresó a un pequeño negocio administra-
do por el señor Jorge Mario Higuita, el hombre armado le disparó en repetidas ocasiones,
pero este logró huir ileso. Cabe señalar que en este caserío hace presencia permanente po-
licías y militares.
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Entre los días 13 y 16 de diciembre de 2011 en las veredas los Mandarinos y Aguas Frías,
fueron asesinadas tres personas, entre ellas una menor de edad, los asesinos portaban ar-
mas largas y camuflados. Estos hechos han generado desplazamiento de algunas familias.
En esa área existe una base paramilitar de la cual hemos dejado constancias.
El jueves 15 de diciembre de 2011, a las 05:00 horas, salieron de la base de Piedras Blancas
(municipio de Carepa) doce paramilitares vestidos con camiseta oscura, pantalón de su-
dadera y armas largas, atravesaron durante el día por las veredas de Belencito, Cristali-
na/Carepa, Miramar, la Miranda donde retuvieron a un poblador durante 20 minutos, allí
lo amenazaron y le prohibieron hablar sobre lo sucedido, después continuaron al resguar-
do indígena de Las Playas, llegando a Caracolí, vereda ubicada en la carretera entre Apar-
tadó y san José hacia las 18:00 horas. Allí se encontraba el Ejército, en un retén militar habi-
tualmente ubicado en ese sitio. Los paramilitares departieron amigablemente con los mili-
tares y se quedaron allí.
En las últimas semanas de 2011 estuvo circulando por redes de Internet un video que
lleva por título “los hijos de la comunidad de paz”, cuyo propósito de difamar y estigmatizar
a la Comunidad de Paz es evidente. Para ello se sirve de multitud de falsedades y monta-
jes. Para lograr sus objetivos, coloca como miembros de la Comunidad de Paz a numerosas
personas que no pertenecen ni han pertenecido a la Comunidad. La información biográfica
de numerosas personas es totalmente falsa. Está lleno de montajes fotográficos que se sabe
han sido confeccionados en la Brigada XVII y presentados sin los más mínimos requisitos
legales en varios procesos judiciales, negándose la Brigada y los jueces a cualquier inspec-
ción técnica, pues han afirmado que los han extraído de computadores incautados a líde-
res guerrilleros asesinados, pero sin someterlos a los controles que exige la ley, lo que deja
totalmente abierta la posibilidad del montaje fotográfico. Su contenido, sus propósitos, su
lenguaje, sus insumos y sus técnicas no dejan duda alguna de que su autor es la Brigada
XVII del Ejército, entidad que ha conducido durante más de 15 años una ensañada perse-
cución contra la Comunidad de Paz y contra la población campesina de su entorno, va-
liéndose de los procedimientos más sucios y criminales. Este es un crimen más que pre-
tende justificar otra multitud de crímenes.
2012
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El control social, político y económico del paramilitarismo se hizo más evidente que nun-
ca. Fue decretado por los paramilitares, a partir de la media noche del día miércoles 4 de
enero de 2012 un paro armado. Evidentemente este paro se hizo efectivo, pues todas las
actividades fueron paralizadas: comercio, transporte, etc. Este bloqueo no solo fue efectivo
en Urabá sino en varias partes de Antioquia y otros departamentos como Córdoba, Chocó,
Magdalena y Sucre. En la zona de URABÁ se cerraron las terminales de transportes, el
transporte terrestre, aéreo, y fluvial, los bancos, las empresas públicas de energía y comu-
nicaciones, el comercio, entre otras. Es evidente el alcance del paramilitarismo; su accionar
que tantas y tantas veces es negado por las diversas instancias del Estado, pero tal vez lo
peor es cómo un Estado se muestra como OBSERVADOR, cuando ha sido cómplice de lo
que ha sucedido y sigue sucediendo. Nunca ha sido extraño comprobar cómo los paramili-
tares patrullan con el apoyo de la fuerza pública; cómo las instancias de control sólo los
dejan obrar a pesar de que este accionar de muerte ha dejado miles y miles de muertos.
Constancias y más constancias ante todas las instituciones del Estado y ante todas las Altas
Cortes nacionales e internacionales, para intentar que cesen todas las hostilidades en con-
tra de la Comunidad de Paz y la población civil, siendo un registro del avance paramilitar
el que hoy nuevamente se muestra en total descaro. En las últimas constancias la Comuni-
dad de Paz había denunciado la difícil situación que se había venido presentando y el te-
mor de que se puedan cometer masacres o muertes selectivas. Se ha dejado constancias
ante la Defensoría del Pueblo y allí manifiestan no poder hacer nada más que lo que se
puede desde el escritorio. La Defensoría Nacional ante estos graves hechos sólo responde
que no está enterada de lo que pasa. No es raro, pues es su respuesta acostumbrada.
Mientras el paramilitarismo mostró su control ilegal en los últimos días, los empadrona-
mientos de la policía y de los militares entre Apartado y San José se siguieron presentan-
do. Muchas veces dichas listas quedan en manos de los paramilitares. Además ha habido
amenazas a miembros de la Comunidad en dichos retenes, como la ocurrida el 27 de di-
ciembre de 2011, en que la fuerza pública decía que debían acabar la Comunidad de Paz
porque es un estorbo o que sus miembros se vayan para Cuba o Venezuela porque son
una porquería y dejar abandonada su tierra: frases textuales.
El miércoles 11 de enero de 2012, a cinco minutos del caserío de San José de Apartadó, a
las 17:45 horas, fue ejecutado el campesino GUSTAVO GUZMÁN URREGO. Los tiros fue-
ron escuchados claramente desde el asentamiento de San Josesito, sede principal de la
Comunidad de Paz, por lo cual miembros de la Comunidad verificaron rápidamente la
información y se comunicaron con la Defensoría del Pueblo para solicitarle que diligencia-
ra el levantamiento del cadáver. La Defensoría reportó el hecho a la fuerza pública y se le
respondió que “no sabían nada de lo ocurrido”, a pesar de la intensa presencia militar y
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policial en el caserío. El cuerpo de Gustavo duró más de 20 horas en el lugar de su ejecu-
ción, como ha ocurrido en otros numerosos casos y como una muestra más de humillación
a la víctima y de desconocimiento de su dignidad humana. La fuerza pública alegaba que
no encontraban el cadáver, mientras éste yacía a la vista de todo el mundo.
Entre los días sábado 14 y miércoles 18 de enero de 2012, grupos de paramilitares con
uniformes de camuflado y armas largas, provenientes de la base paramilitar de Nuevo
Antioquia, que ha gozado de protección oficial durante más de 15 años, incursionaron
nuevamente en las veredas La Esperanza (de la Comunidad de Paz) y El Porvenir. En am-
bos sitios visitaron las casas de los campesinos y anunciaron que va a asesinar a más gente
y que tienen que exterminar la Comunidad de Paz, pues es para ellos, actualmente, el úni-
co estorbo que encuentran en la zona. Afirmaron, además, que sus acciones están siendo
coordinadas con la fuerza pública a fin de patrullar conjuntamente las veredas y que los
campesinos que se nieguen a trabajar con ellos como informantes tendrán que abandonar
las zonas o asumir las consecuencias. Dijeron también que actualmente hay en el área unos
500 paramilitares pero que muy pronto serán más, pues se están reforzando.
El martes 17 de enero de 2012, a las 17:00 horas, cuatro personas fueron detenidas arbitra-
ria e ilegalmente por la fuerza pública, en el caserío de San José de Apartadó, y acusadas
sin fundamento alguno de haber participado en la ejecución de Gustavo Guzmán el 11 de
enero. La Comunidad le solicitó a la Defensoría del Pueblo que verificara los motivos y la
legalidad de dichas detenciones, pero la Defensoría no dio respuesta alguna. Después de
algunas horas los detenidos fueron dejados en libertad, lo que evidencia aún más la arbi-
trariedad e ilegalidad de los procedimientos que se están utilizando contra el campesinado
de la zona.
El viernes 20 de enero de 2012, otro grupo de paramilitares salió de la vereda Playa Larga,
de la finca La Marina –propiedad de los paramilitares- aproximadamente a las 8:00 horas,
y subió hasta la vereda La Esperanza ubicándose por un tiempo en los predios de la Co-
munidad de Paz. Allí profirieron nuevas amenazas contra la Comunidad, anunciando su
exterminio, y luego continuaron su recorrido. Ese mismo día otro grupo paramilitar hizo
presencia en la vereda El Porvenir.
Desde el martes 24 al viernes 27 de enero de 2012, los paramilitares hicieron presencia en
las veredas El Porvenir y La Esperanza, desde allí realizaron patrullajes a los alrededores
colocando retenes en los caminos, así mismo a los campesinos que requisan les dicen que
tienen que apoyarlos, que van a asesinar a quien no esté con ellos, y a esa h.p comunidad
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la van acabar, de igual forma han dicho que se van a llevar el ganado que tienen los cam-
pesinos, que eso ya no les pertenece.
El día sábado 28 de enero de 2012, hacia las 10:00 horas, los paramilitares hicieron dispa-
ros en la vereda El Porvenir. Todo el cúmulo de amenazas y hechos ha generado que seis
familias de dicha vereda se hayan desplazado y se siguen programando varios desplaza-
mientos ante la toma de las veredas por parte de los paramilitares. Hacia las 10:30 horas
ese mismo día, los paramilitares privaron de su libertad al Señor CRISTÓBAL MEZA, sa-
cándolo de su parcela de trabajo entre La Esperanza y El Porvenir, le tomaron fotografías,
dispararon ametralladoras junto a su cuerpo, le repitieron que los que no trabajen con ellos
tendrán que atenerse a las consecuencias y le anunciaron un control progresivo de la zona
para consolidar el dominio paramilitar.
El mismo sábado 28 de enero de 2012, el Ejército entró al caserío de la vereda Mulatos, de
la Comunidad de Paz, y allí profirió, como siempre, amenazas. Dijeron que la comunidad
era guerrillera y que la iban a acabar. El Ejército, a menos de una hora de distancia de los
paramilitares, ha estado profiriendo las mismas amenazas y cuando se denuncia a los pa-
ramilitares dice “no ver nada”.
El martes 31 de enero de 2012, entre las veredas Miramar y La Cristalina se movilizaron
tropas del Ejército, dentro de dicha tropa se vieron cuatro encapuchados, además dentro
del Ejército se encontraba alias “Muela de gallo”, desmovilizado de la guerrilla y quién
iba amenazando a campesinos y mandando mensajes a todos los campesinos de que el
área debe ser desalojada para facilitar la explotación de carbón.
El jueves 2 de febrero de 2012, hacia las 11 horas, miembros del Ejército dañaron una
plantación de maíz en la vereda Mulatos, de la Comunidad de Paz, dejando totalmente
destruida la plantación y causando graves problemas en el sustento de varias familias.
El Sábado 4 de Febrero de 2012, hacia las 12:15 horas, la Comunidad de Paz sufrió un
nuevo atentado, esta vez contra el Representante Legal de la Comunidad de Paz JESÚS
EMILIO TUBERQUIA. Él caminaba por Apartadó junto a la plaza de mercado y fue abor-
dado por dos paramilitares los cuales portaban armas cortas y se movilizaban en motoci-
cleta; sin mediar palabras le dispararon, pero afortunadamente pudo salir ileso al correr.
Estos hechos ocurrieron a tan solo 100 metros de un control de la Policía por donde pasa-
ron los dos paramilitares sin ser detenidos.
El martes 7 de febrero de 2012, a las 16:30 horas, en la vereda La Cristalina, un grupo de
policías quienes al parecer perseguían a guerrilleros, disparó indiscriminadamente contra
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las casas de la población civil. Dos granadas que lanzaron cayeron a 50 metros de la vi-
vienda de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y su familia, quienes
se encontraban en la vivienda en el momento. Cabe recordar que allí mismo fue asesinada
por miembros del Ejército, en 2003, su hija de tan solo tres años de edad.
El viernes 10 de febrero de 2012, entre las veredas La Hoz y Mulatos fue detenido el
campesino ARGEMIRO VELÁSQUEZ por un grupo de militares, quienes se presentaron
como “jaguares adscritos la Brigada XI de Montería”. El campesino se dirigía hacia San
José de Apartadó transportando maíz, allí lo insultaron y le bajaron las cargas, lo amena-
zaron y le manifestaron que agradeciera que se había encontrado con ellos, pues con los
paramilitares las cosas eran distintas.
El mismo viernes 10 de febrero de 2012, tropas del Ejército que se encontraban en el sitio
conocido como Chontalito y El Barro, cerca de la vereda Mulatos, hicieron algunos dispa-
ros con las armas de dotación. Después de ello, el campesino HÉCTOR EMILIO GUERRA,
quien se desplazaba desde Cabecera de Mulatos hacia su vivienda, fue abordado y reteni-
do por los uniformados quienes se encontraban en El Barro; después de someterlo a un
largo interrogatorio y de señalarlo de guerrillero, los uniformados le retuvieron sus docu-
mentos de identidad, supuestamente como “medida de seguridad” para investigar sus
antecedentes debido a que era considerado como “sospechoso”. Después de varias horas
lo dejaron en libertad, quedándose ellos con los documentos. Ese mismo día, un grupo de
militares allanaron sin ninguna orden judicial la vivienda de la señora MYRIAM TUBER-
QUIA, ubicada en el sitio El Barro. Una hija de ella que se encontraba en la vivienda fue
insultada, amenazada y obligada a salir de la casa mientras realizaban el registro ilegal.
Horas más tarde tres campesinos que transitaban por ese lugar fueron abordados y reteni-
dos por los militares, los cuales los insultaron y los señalaron de “guerrilleros”, dejándolos
horas después en libertad.
El domingo 19 de febrero de 2012, hacia las 11:00 horas, tropas del Ejército ubicadas en El
Barro abordaron a campesinos que se movilizaban por la zona a quienes les preguntaron
por lo que hacía la Comunidad de Paz, ya que según ellos, la Comunidad es una comuni-
dad de guerrilla interna que tienen que exterminar.
El día lunes 20 de febrero de 2012, hacia las 12:30 horas, un grupo de militares adscritos a
la Brigada XVII combatió con un grupo guerrillero que se encontraba en la vereda Arenas
Bajas, del corregimiento de San José. En esos hechos resultó muerto un guerrillero y la
joven civil MARLOBE DAVID SÁNCHEZ, de 21 años de edad, madre de familia quien
tenía una niña de 22 meses la cual quedó huérfana. Marlobe residía con su familia en una
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casa ubicada en la vereda la Unión y ese día había salido de su casa en la mañana rumbo a
Apartadó, según le comentó a su madre antes de salir. La joven tenía problemas de motri-
cidad desde su nacimiento y caminaba con dificultad, pues un lado de su cuerpo (brazo y
pierna) no se había desarrollado normalmente. El Ejército alegó que, una vez herida, le
prestó los primeros auxilios, pero el hecho fue que llegó muerta al hospital. En el sitio fue
encontrado el pantalón jean que ella vestía ese día, cortado en pedazos con tijeras. La in-
formación que la Brigada entregó a los medios y fue difundida por éstos, presentaba a
Marlobe como “guerrillera muerta en combate”, reproduciendo así toda la tramoya del FAL-
SO POSITIVO, a pesar de que el Gobierno asegura que ha erradicado ese método criminal.
Incluso existen dudas sobre las verdaderas circunstancias de la muerte del guerrillero, ya
que al parecer fue baleado por la espalda y no propiamente en actitud bélica.
Este mismo lunes 20 de febrero de 2012, hacia las 15:00 horas, miembros de la Comunidad
de Paz se desplazaban en compañía de una delegación internacional procedentes de varios
países hacia la vereda Mulatos, con el fin de participar en los actos conmemorativos de la
masacre del 21 de febrero de 2005. Por petición del campesino Héctor Emilio Guerra Tu-
berquia a quien los militares le habían retenido ilegalmente sus documentos de identidad
el día 10 de febrero, la delegación se acercó a un grupo de militares que se encontraban en
el sitio El Barro, para solicitarles la devolución de los documentos del señor Héctor Emilio.
Los militares manifestaron reconocer el error de retener los documentos, sin embargo
afirmaban que “lo hacían por seguridad”. Después de varios minutos de espera, llegó el
Capitán a cargo de la tropa, enfurecido contra la Comunidad y no se quiso identificar co-
mo tenía que hacerlo por ley; afirmaba que él hacía lo que quería y le hizo tomar fotogra-
fías, en forma ilegal, a los que estaban allí de la Comunidad. Después de varios minutos
hicieron entrega al señor Héctor Emilio de los documentos de identidad. El Capitán se
negó a discutir con la delegación allí presente y le dio la espalda cuando le recordaron que
si estaban allí era para conmemorar la horrenda masacre que el Ejército había perpetrado
siete años antes, en las veredas Mulatos y la Resbalosa, en unión con paramilitares. Enfu-
recido porque la memoria aún estaba viva, se retiró de la escena.
El día jueves 23 de febrero de 2012, un paramilitar en traje de civil y con arma corta, quien
se movilizaba en motocicleta, entró al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda
Las Claras, allí preguntó por el paradero de algunos líderes de la Comunidad de Paz quie-
nes no se encontraban en el momento, después de esto el paramilitar se fue hacia la vereda
La Osa, lugar donde hacen una fuerte presencia permanente.
En el mes de marzo de 2012 los líderes del paramilitarismo que controlan las zonas y ve-
redas cercanas al corregimiento de Nuevo Antioquia, se reunieron con los alcaldes de
34
Apartadó y de Turbo para acordar formas de impulso y agilización de una carretera que
penetre por varias veredas, con el fin de facilitar el acceso de maquinarias y personal que
explotará las minas de carbón existentes en la región, por parte de empresas multinaciona-
les. Los paramilitares ofrecieron poner al servicio de dicho proyecto sus propios buldóce-
res, con la condición de que se justifiquen como aporte de “finqueros” de la región a dicho
proyecto.
En las últimas semanas de marzo de 2012 los paramilitares volvieron a controlar estricta-
mente la alimentación de los campesinos de la región. Para pasar alimentos desde Nuevo
Antioquia a las veredas vecinas, exigen un permiso previo de los paramilitares de Nuevo
Antioquia, los cuales actúan bajo la protección del Ejército y de la Policía. La única tienda
existente en la vereda La Esperanza fue cerrada por ellos, y cuando su propietario consi-
guió un nuevo surtido, sometiéndose incluso a la obtención de permisos de los líderes pa-
ramilitares de Nuevo Antioquia, los paramilitares asentados en la zona le pusieron obs-
táculos al paso de los alimentos.
El viernes 30 de marzo de 2012, se presentó un combate entre los paramilitares presentes
en las cercanías de Nuevo Antioquia y la guerrilla. Antes y después de dicho combate hu-
bo reuniones de comandantes paramilitares de alto nivel en la zona, mientras la población
de la región fue percibiendo un aumento progresivo de escuadrones paramilitares en la
zona, llegando, según algunos cálculos, hasta el millar de combatientes, lo que no puede
pasar desapercibido para la fuerza pública presente en la zona. La vereda más afectada, en
la cual al parecer se han establecido los campamentos centrales es la de PLAYA LARGA,
en especial la finca LA MARINA donde parece estar establecido su cuartel general. Los
comandantes más vistos en la zona son: alias “BETO”, coordinador de tropas; alias “FA-
BIO”, comandante político; alias “TIERRA” y alias “OTONIEL” O DAIRO ÚSUGA, al pa-
recer el hombre de más poder en dicha estructura.
El domingo 1 de abril de 2012 a las 21:00 horas, en el sitio Caracolí, sobre la carretera que
conduce de Apartadó a San José, fue ejecutado Don LUIS FELIPE SALAMANCA JIMÉ-
NEZ, de 39 años, agricultor muy conocido y apreciado en la zona. Un hombre con traje
civil le disparó con arma corta en presencia de su esposa y de sus hijos mientras departía
en el estadero allí ubicado. Durante todo ese día se había suprimido la habitual presencia
del Ejército en el sitio y en la misma carretera. Ninguna autoridad policial ni judicial quiso
hacer el levantamiento del cadáver, por lo cual su familia lo transportó hasta el hospital de
Apartadó. En días posteriores la familia del occiso recibió nuevas amenazas. Don Luis
Felipe no era miembro de la Comunidad de Paz pero era uno de sus colaboradores en la
comercialización de productos agrícolas. Se había enfrentado varias veces a las tropas que
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ocupaban su finca sin permiso y causaban destrozos, desplazándose él hasta la Brigada a
protestar y exigir reparaciones. El estadero de Caracolí, donde ocurrió el crimen, ha sido
escenario de numerosos crímenes en el pasado y de retenes militares casi permanentes a la
vez que de una presencia concomitante de paramilitares quienes departen amistosamente
con los militares a la vista de todo el mundo.
El domingo 8 de abril de 2012 a las 13:00 horas, un escuadrón paramilitar, con brazaletes
de las AUC, llegó a una vivienda de la vereda El Porvenir, rodearon la casa, tomaron los
teléfonos celulares de sus pobladores y detuvieron a OSCAR MARIO GRACIANO CAR-
DONA, ARGEMIRA CARDONA, MARLOIDY CELADA con su hijo de un año de vida
JEFERSON GRACIANO y quien además estaba embarazada. Luego de requisar la vivien-
da y la finca todos ellos fueron llevados a un sitio de PLAYA LARGA donde llegaron altos
comandantes del paramilitarismo para interrogarlos. En la noche fueron dejados en liber-
tad, pero por el alto riesgo no pudieron regresar a su hogar hasta el día siguiente. Los pa-
ramilitares se robaron el teléfono celular de uno de los detenidos. No era la primera vez
que dicha familia sufría la agresión de los grupos armados del Estado y del ParaEstado; en
el pasado varios miembros de esa familia fueron masacrados. Como de costumbre, la De-
fensora del Pueblo de Urabá desconectó sus teléfonos para no afrontar el problema. Cuan-
do ya las víctimas habían regresado a su vivienda, la Defensora comunicó que la Brigada
17 le había informado que ya estaban libres, lo cual evidencia nuevamente la estrecha
coordinación entre la Brigada 17 y los paramilitares.
El lunes 9 de abril de 2012 se produjo un nuevo combate entre los paramilitares y la gue-
rrilla en las veredas Caraballo y Caraballito, jurisdicción de Turbo en cercanía de otras
veredas de San José de Apartadó, sin respetar la presencia de la población civil en dichas
comunidades.
El martes 10 de abril de 2012, el despacho del Procurador General de la Nación remitió a
la Comunidad de Paz el Auto Inhibitorio proferido el 12 de octubre de 2011 por el jefe del
Ministerio Público ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO, en respuesta a la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República (OFI11-000643113/JMSC-33020), de donde se le
remitió, al parecer en consulta, la petición que se le hizo al Presidente de no remitir a otros
despachos del Estado las peticiones de que el Presidente actuara de acuerdo a sus obliga-
ciones constitucionales y tomara medidas administrativas que pusieran fin a las cadenas
horrendas de crímenes de agentes del Estado contra la Comunidad de Paz. El Procurador
Ordóñez se inhibe incluso de asumir investigaciones disciplinarias, pues considera los
derechos de petición de la Comunidad como escritos “cuyo contenido material no ofrece ga-
rantía ni certeza de veracidad y objetividad para desplegar la potestad disciplinaria del Estado (…)
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quejas presentadas en forma ambigua y difusa [a las cuales] ni siquiera se anexa prueba sumaria”.
No le extraña a la Comunidad que para el Procurador Ordóñez sus constancias, siempre
referidas a hechos concretos verificables, con fechas, sitios, víctimas y circunstancias preci-
sas y con victimarios fáciles de identificar para quien tenga facultades investigativas, sean
apreciadas como “ambiguas”, “difusas” y “carentes de veracidad y objetividad”, y que atribuya
la carga de la prueba a las víctimas que no tienen facultades investigativas y sufren la
amenaza permanente de las retaliaciones de los victimarios, quienes manejan listas enor-
mes de gente que debe ser asesinada, mientras gozan de la tolerancia y protección de todas
las instituciones oficiales. Ya el país conoce de sobra el sesgo ideológico del Procurador
Ordóñez Maldonado, especialmente pronunciado cuando se trata de investigar o sancio-
nar a miembros de la fuerza pública, verdadera niña de sus ojos, disfrazando sus inhibito-
rios de argumentos legales insostenibles. Ello explica que la Comunidad de Paz haya deja-
do de recurrir desde hace varios años a la Procuraduría, al comprobar la ineficacia total de
sus procesos disciplinarios (todos “archivados” sin investigación alguna), sin contar el
respaldo dado a los procuradores de la zona, quienes llegaron a extremos de complicidad
increíbles, limpiándole la hoja de vida a altos oficiales del Ejército que practicaron torturas
y otros crímenes, ocultando sus responsabilidades con declaraciones remuneradas de sus
mismas víctimas.
El miércoles 11 de abril de 2012 a las 18:40 horas, en el caserío antiguo de San José de
Apartadó, fue asesinado REINALDO TUBERQUIA, comerciante del lugar. Un hombre
armado, en traje civil, se acercó a su casa y le disparó en la cabeza con arma corta. Reinado
no era integrante de la Comunidad de Paz pero era poblador civil de la zona. Su cadáver
fue levantado oficialmente por autoridades de Apartadó hacia las 22:00 horas. Lo primero
que llama la atención es el hecho de que se produzca un crimen de estos en un caserío tan
pequeño donde patrullan todo el día numerosos agentes del Ejército y de la Policía y don-
de toda esta fuerza pública ha construido numerosas redes de informantes y cooperantes.
Desde el 1° de abril de 2005, el Presidente Uribe le ordenó a la Policía tomarse ese pequeño
espacio, antes ocupado por la Comunidad de Paz (la cual se desplazó inmediatamente de
allí), con el fin de desconocer con toda la arrogancia posible el primer principio estructu-
rante de una comunidad de paz, como es la decisión de no convivir con actores armados ni
permitir el paso de armas o la colaboración logística o informativa a personas o estructuras
armadas, dentro de los espacios de vida y trabajo de la Comunidad. Para ello el Gobierno
ha tenido que violar de manera persistente las directrices dadas por la Corte Constitucio-
nal en su Sentencia T- 1206 /01, sobre la ubicación de los puestos de policía, y en general,
sobre la prohibición de crear formas de violencia sobreviniente que afecten a la población
civil. Pero, además, la fuerza pública estableció en el caserío de San José, desde su ocupa-
ción, una intensa presencia paramilitar coordinada por alias “Lalo”, en cuyo estableci-
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miento comercial departían cotidianamente militares y policías. Mediante todo este accio-
nar, el Gobierno volvió a hacer del caserío un campo intenso de combate y de muerte, al
atraer a otros actores armados para enfrentarse en medio de la población civil, poniendo a
ésta como escudo. Fuera de tan perversa política espacial, el Gobierno ha implementado
simultáneamente una diabólica política sobre la población, bajo el eslogan: “quien no está
conmigo, está contra mí”. Una gran multitud de pobladores de la zona figuran en álbumes
de la Brigada XVII, con fotografías e información exhaustiva, y sus nombres aparecen re-
currentemente en los documentos que la Brigada suministra a los aparatos judiciales bajo
los rótulos de “informes de inteligencia” u “órdenes de batalla”, elementos todos que la
ley prohíbe considerar como pruebas judiciales pero que el corrupto aparato judicial de
Urabá siempre los acepta como pruebas plenas sin ninguna reticencia. La forma como se
confeccionan esos archivos donde tantos pobladores figuran como insurgentes o milicia-
nos, es el interrogatorio manipulado (vía intimidación, tortura o soborno) a personas ile-
galmente privadas de la libertad en instalaciones de la Brigada. Como ha ocurrido infini-
dad de veces, al hacerle saber a un campesino que se tienen ”testigos” contra él para judi-
cializarlo, tratan de quebrar su voluntad para vincularlo a la guerra desde el polo del Es-
tado, convirtiéndolo en informante o en cooperante. Sólo bajo esta perversa política estatal
se puede entender la tragedia personal que terminó destruyendo la vida de REINALDO
TUBERQUIA. Primero, la fuerza pública logró que uno de sus detenidos, JORGE ELIÉCER
PALACIO, sin libertad alguna para rendir testimonios, denunciara a Reinaldo como cola-
borador de la guerrilla al enviarle remeses desde su tienda. Esto lo afirmó dentro del Rad:
1.029.235, cuaderno 1, folio 90, en su “declaración” rendida el 26 de enero de 2007. Si bien
Jorge Eliécer confiesa, más adelante dentro del mismo expediente (Cuaderno 6, fol. 130)
que recibió dinero para dar esas “declaraciones”, el nombre de Reinaldo seguiría figuran-
do en la “lista negra” de la fuerza pública y organismos de inteligencia de Urabá, como
materia prima de chantajes para aplicar el principio de involucramiento forzado, en uno u
otro lado de la guerra. Al circular los primeros rumores sobre la muerte de Reinaldo, se
dice que posiblemente lo mató la guerrilla por haber aceptado ser informante del Ejército.
Frente a estas tragedias dolorosas en que la destrucción de vidas humanas continúa sin fin,
la Comunidad de Paz reafirma su posición de no involucramiento en la guerra. El Estado y
sus brazos paramilitares siguen estigmatizando como “guerrilleros” a quienes no aceptan
trabajar con ellos.
Durante la tercera semana de abril de 2012, otros hechos complicaron aún más la coyun-
tura: la población campesina de la zona fue percibiendo una presencia creciente de para-
militares que recorrían la zona y se refugiaban en varias haciendas aledañas a Nuevo An-
tioquia. Se dieron nuevos enfrentamientos entre paramilitares y guerrillas que sembraron
nuevamente pánico en la población campesina y produjeron nuevos desplazamientos for-
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zados. Una noche de esa semana, los militares le retuvieron ilegalmente sus documentos
de identidad al joven JOSÉ RENÉ HIGUITA HIGUITA, en el caserío de San José, y dos
días después dichos documentos fueron encontrados en la calle.
El viernes 11 de mayo de 2012, un grupo de paramilitares llegó a la casa del joven OSCAR
MARIO GRACIANO, en la vereda El Porvenir, del corregimiento de San José de Aparta-
dó. Según le dijeron a su familia, al no encontrarlo en el momento, llevaban orden de ase-
sinarlo y anunciaron, además, que tenían una lista más amplia de personas para asesinar.
Este hecho obligó a que algunos miembros de la familia se desplazaran de la vereda por
temor a que se cumplieran las amenazas. Cabe recordar que varios miembros de esta fami-
lia ya habían sido detenidos ilegalmente, pocas semanas antes, por los mismos paramilita-
res, y conducidos a la vereda Playa Larga. A raíz de las denuncias públicas que entonces
se hicieron, hubo alguna presencia esporádica de la fuerza pública en las veredas El Por-
venir, la Esperanza y Playa Larga, pero la misma sólo sirvió para proteger a los paramilita-
res y para blindar su accionar criminal.
En la segunda semana de mayo de 2012, un soldado que había terminado de prestar su
servicio militar en la zona de Nuevo Antioquia, buscó a miembros del Consejo Interno de
la Comunidad para compartirles su preocupación, sustentada en su propia experiencia, de
que los operativos del Ejército estuvieran ya sistemáticamente realizados en compañía de
grupos paramilitares, en una proporción de 50% militares y 50% paramilitares. Por su-
puesto, el ex soldado pidió reserva de su nombre. Sus relatos coinciden con afirmaciones
de militares que patrullaban por esos mismos días en la vereda Mulatos y con la percep-
ción directa de los pobladores de las veredas cercanas a Nuevo Antioquia, que en los últi-
mos meses han visto contingentes de varios centenares de paramilitares que se desplazan
por la zona sin preocupación alguna por el control del Ejército.
El domingo 13 de mayo de 2012, hacia las 20 horas, JOHN FREDDY ÚSUGA, miembro de
la Comunidad de Paz, quien se dirigía de San Josecito a la vereda La Unión, entrando de
paso al casco urbano de San José a comprar algunos alimentos, luego de subir éstos a la
bestia los militares lo obligaron a bajar nuevamente los alimentos para requisarlos. Él se
negó a dejarse requisar porque al momento de la compra los militares estaban presentes.
En medio de la discusión con los militares, uno de ellos disparó el arma de dotación a los
pies de John Freddy.
El domingo 27 de mayo de 2012, hacia las 10:00 horas, llegaron dos paramilitares al casco
urbano de San José en un taxi, allí entraron a un establecimiento público, bebieron licor y
luego de dos horas sacaron sus armas, las colocaron sobre una mesa y dijeron ante los allí
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presentes que asesinarían a personas de la zona, pues tenían lista en mano y habían coor-
dinado todo con la fuerza pública. En esta ocasión los sujetos confesaron haber participado
en varias ocasiones en incursiones y masacres contra la Comunidad de Paz en años ante-
riores, y afirmaron que ellos asumían, a partir de la fecha, el control del corregimiento de
san José de Apartadó, tal como lo hacen en Nuevo Antioquia. Algunas personas del case-
río, atemorizadas por lo que estaban viendo y oyendo, dieron aviso a la fuerza pública, la
cual hizo presencia en el establecimiento y sometió a requisa a los paramilitares, encon-
trándoles las armas cortas que habían exhibido y una tula con armas largas, uniformes de
camuflado y botas. Después de esto, militares y policías fueron vistos departiendo amiga-
blemente con los dos paramilitares en un pequeño restaurante de la localidad. Al fin, los
paramilitares fueron puestos en libertad y enviados de regreso a Apartadó en el mismo
taxi en que habían llegado.
El lunes 28 de mayo de 2012, hacia las 11:00 horas, subieron de nuevo al caserío de San
José, en un taxi de servicio público, los dos paramilitares que habían sido vistos el día an-
terior bajo la protección de la fuerza pública, recorrieron el caserío en varias ocasiones y se
encontraron nuevamente con la fuerza pública acantonada allí en ese casco urbano. Des-
pués de esto, regresaron de nuevo a Apartadó sin que la fuerza pública hiciera nada. Los
días martes 29 y miércoles 30 de mayo, subieron al mismo caserío cuatro paramilitares
motorizados quienes estuvieron allí por varias horas sin que fueran retenidos por la fuerza
pública.
El viernes 1 de Junio de 2012, fue visto por los campesinos un grupo paramilitar de 20
personas fuertemente armadas en el corregimiento de Piedras Blancas, al parecer proce-
dentes del Chocó, quienes recorrieron las veredas Belencito, Unión-Carepa, Miramar, Cris-
talina, La Linda y luego el caserío de San José de Apartado el sábado 2 de Junio, donde
fueron recogidos por los militares y transportados en un camión hacia el corregimiento de
Nuevo Antioquia (Turbo), donde existe una muy antigua y enorme base paramilitar.
El miércoles 4 de junio de 2012, un grupo de paramilitares que patrullaban cerca al asen-
tamiento de San Josecito, abordaron a un miembro de la Comunidad de Paz con un álbum
de fotos de personas de la zona; allí le preguntaron si era de la Comunidad de Paz y si en
ella había muchos milicianos; dijeron que ellos tenían información de que la Comunidad
era una manada de guerrilleros y milicianos.
El martes 5 de junio de 2012, la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de An-
tioquia, mediante Acta No. 38 aprobada en la fecha, confirmó parcialmente la sentencia
absolutoria emitida por la Jueza Segunda del Circuito Especializado de Antioquia, CATA-
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LINA RENDÓN HENAO, el 4 de agosto de 2010, en favor de 10 militares que habían par-
ticipado en la horrenda masacre de las veredas Mulatos y La Resbalosa, el 21 de febrero de
2005, en la cual fueron asesinados con extremos grados de sevicia 4 menores de edad y 4
adultos, entre ellos el líder histórico de la Comunidad de Paz, Luis Eduardo Guerra. La
Magistrada YAMIL CYLENIA MARTÍNEZ RUIZ, quien hizo sala con los magistrados
EDILBERTO ANTONIO ARENAS CORREA y NANCY ÁVILA DE MIRANDA, modificó
en parte la sentencia de primera instancia y condenó a 34 años de prisión a 4 de los milita-
res implicados –dos tenientes, un subteniente y un sargento- quienes comandaban algunas
de las compañías o pelotones participantes en el crimen, pero absolvió a los más altos ofi-
ciales del Batallón Vélez, alegando que no estaba plenamente probado su conocimiento y
asentimiento a la actuación conjunta con los paramilitares, así como a los soldados que no
tenían mando, supuestamente por no poder oponerse al crimen. Tanto la Jueza como la
Magistrada seleccionaron arbitrariamente los testimonios que quisieron tener en cuenta y
desecharon los no quisieron, sin atender a lo que la lógica más elemental de los hechos
mismos evidenciaba. La Magistrada corrigió la aberrante postura de la Jueza, quien había
sostenido que exigirle a los militares enfrentarse con los paramilitares, ya fuera detenién-
dolos, ya atacándolos militarmente, equivalía a exigirles poner en riesgo sus vidas median-
te actos heroicos que no son exigibles. En contra de estos conceptos, la Magistrada sostuvo
que la sola decisión de actuar conjuntamente con grupos de por sí dedicados al crimen,
constituye una aceptación anticipada de coparticipación en los crímenes. Sin embargo, la
sentencia de segunda instancia exonera a los comandantes del Batallón Vélez, a pesar de
estar probada la coordinación a alto nivel con las estructuras paramilitares de la zona y la
inclusión de elementos paramilitares en el operativo, seleccionados y enviados desde la
Brigada XVII. El manejo selectivo y amañado del testimonio, que constituye el más genera-
lizado “talón de Aquiles” del putrefacto sistema judicial colombiano, brilla escandalosa-
mente en este proceso, al igual que la aceptación del ardid que combina documentos escri-
tos legalmente impecables con órdenes y comunicaciones verbales y clandestinas que ga-
rantizan la efectividad impune de los actos criminales. Tanto las Jueza como la Magistrada
se negaron a involucrar a quienes tenían el control operacional al más alto nivel, como los
generales Fandiño y Zapata, quienes se alternaron por esos días en la comandancia de la
Brigada 17; el General Mario Montoya, Comandante de División, quien ordenó incluir a
los paramilitares bajo la fachada de “guías”; el Coronel Néstor Iván Duque, quien según el
testimonio de sus mismos compañeros de armas fue el hombre clave en la operación cri-
minal, tanto por delegación explícita como por ser el mejor conocedor de la zona; el Gene-
ral Carlos Alberto Ospina, quien junto con el Ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe y el
Vicepresidente Francisco Santos, hicieron los más grandes esfuerzos por encubrir la masa-
cre, buscando testigos falsos para atribuírsela a las FARC, utilizando incluso dineros de
reconocidos narco-paramilitares. Por otra parte, la sentencia rehúsa considerar siquiera la
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existencia de estructuras criminales que actúan con personal intercambiable pero donde
siempre hay un poder decisorio detrás que lleva adelante las estrategias criminales, única
doctrina que hace justicia a las políticas sistemáticas que han refinado multitud de recur-
sos para ocultar responsabilidades. Esta sentencia ingresa, pues, en la galería de los mo-
numentos más atrevidos a la impunidad. Por ello fue apelada en casación ante la Corte
Suprema y remitida a la Corte Penal Internacional, como un testimonio más entre millares,
que evidencian que el Estado colombiano no quiere hacer justicia frente a los centenares de
crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la Comunidad de Paz.
El miércoles 13 de Junio de 2012, un grupo de 200 paramilitares llegó a la vereda El Por-
venir, amanecieron allí, y luego se distribuyeron entre las veredas El Porvenir y La Espe-
ranza. Campesinos de estas veredas habían visto aterrizar helicópteros que llevan provi-
siones a los paramilitares. Este grupo paramilitar permaneció varios días acantonado en la
vereda La Esperanza donde fue visto por observadores internacionales en el momento en
que abordaron a un miembro de la Comunidad de Paz, quien se encontraba participando
de una actividad familiar. Allí le preguntaron sobre las actividades de la Comunidad y de
los acompañantes internacionales. En tono burlón los paramilitares decían que si la Co-
munidad iba a denunciar ante la Brigada militar y ante el General de la Brigada la presen-
cia de ellos allí en la Esperanza, para tratar de expulsarlos de la zona, que no se equivoca-
ran, ya que ellos tienen todo coordinado con la fuerza pública para quedarse en la zona y
les estarían viendo la cara constantemente a los pobladores. También preguntaron por los
límites de la zona humanitaria de la Comunidad de Paz y que por qué no está cercada con
alambre, como la de Cacarica en el Chocó. Este día, varios campesinos de la zona fueron
fotografiados ilegalmente por los paramilitares, entre ellos, el joven John Jairo Cardona
Graciano. Dentro de este grupo paramilitar han sido reconocidos algunos paramilitares
que son de la zona, como alias “Tribilín”, alias “Chibirico”, alias “Majute”, alias “Tierra”,
alias “Fabio”, desmovilizados de las FARC, los cuales estuvieron domiciliados en la Briga-
da XVII y ahora aparecen integrados a las tropas paramilitares.
Entre el 13 y el 16 de junio de 2012 se dieron varios enfrentamientos entre la fuerza públi-
ca y la guerrilla, entre ellos un hostigamiento guerrillero contra la base militar de San José
el día miércoles 13 de junio de 2012. Dicha base y la de la policía están en medio de la
población civil, desacatando las prescripciones de la Corte Constitucional en su Sentencia
T-1206/01 al poner en alto riesgo el derecho a la vida, a la integridad y a la propiedad de
los pobladores civiles y acarreando sobre ellos formas de violencia sobrevinientes. Se die-
ron también enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros el día sábado 16 de junio
de 2012 en la vereda La Cristalina del corregimiento de San José, según información de
campesinos residentes de la vereda. Si se tiene en cuenta toda la protección y unidad de
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acción entre militares y paramilitares que se denuncia en los párrafos anteriores y que se
ha denunciado sin interrupción durante los últimos 15 años, se configura el mismo desaca-
to a la sentencia citada de la Corte Constitucional.
El viernes 15 de junio de 2012, cuando un miembro del Consejo y acompañantes interna-
cionales llegaron al asentamiento de La Esperanza, de la Comunidad de Paz, encontraron
varios grupos de paramilitares que se dirigían al centro de salud y al campo deportivo,
unos en traje civil, otros en camuflado o semicamuflado. En la cancha, un paramilitar pre-
guntó a los voluntarios internacionales de dónde venían. Una voluntaria les pidió identifi-
carse y ellos dijeron que eran del Quinto Frente de las FARC, sin embargo tenían brazale-
tes con la sigla AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Era evidente que estaban
mintiendo. Los voluntarios explicaron que no podían hablar con grupos ilegales. Luego un
integrante de la Comunidad de Paz comentó que los paramilitares lo habían interrogado
sobre su relación con los internacionales y sobre la misma Comunidad. Por sus respuestas
precisas, los paramilitares le dijeron que él parecía un líder de la comunidad y que “segui-
rían mirando su cara”, lo que significaba que le harían seguimientos y lo tendrían en la
mira.
El sábado 16 de junio de 2002, los paramilitares estuvieron en la cancha de la vereda La
Esperanza en la mañana y en la tarde. Uno de los pobladores de la zona, quien no pertene-
ce a la Comunidad, comentó que había encontrado junto a su casa a 15 paramilitares y un
vecino le pudo advertir a tiempo que lo buscaban a él por su nombre pero no lo conocían y
que era mejor que se alejara, como en efecto lo hizo, pues los paramilitares pasaron toda la
noche junto a su casa esperándolo.
El domingo 17 de junio de 2012 acompañantes internacionales que hacían presencia en la
vereda La Esperanza, en el asentamiento de la Comunidad de Paz, pudieron comprobar en
directo el paso, en diferentes horas del día, de al menos 4 grupos de paramilitares en di-
rección a Playa Larga, con mulas cargadas con provisiones para un gran campamento.
Uno de los grupos era de 40 personas, los demás entre 13 y 15; iban unos en trajes civiles y
otros en camuflados y con armas. Pobladores del caserío Nuevo Antioquia, del municipio
de Turbo, informaron que el día siguiente, lunes 18 de junio, otro grupo de paramilitares
salió de ese poblado con otra recua de mulas cargadas con alimentos y municiones con
destino a los campamentos que los paramilitares han instalado en las veredas El Porvenir
y La Esperanza, atravesando por Playa Larga. En La Esperanza se les vio tomando fotogra-
fías a todos los pobladores.
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El lunes 18 de junio de 2012 se comenzó a apreciar un enorme incremento de presencia
paramilitar en las veredas El Porvenir y La Esperanza. Según los cálculos de los poblado-
res, el número de paramilitares puede ascender a 400. En la vereda La Esperanza se ha
asentado un grupo de 100 de ellos, quienes acamparon en los terrenos de la Comunidad
de Paz desde el 13 de junio. Desde allí salieron 3 paramilitares hacia la casa de un miem-
bro de la Comunidad en búsqueda de un campesino de la zona para asesinarlo. No se da
su nombre porque lo buscan para matarlo en cualquier parte. El 17 de junio lo estuvieron
buscando en otras viviendas y luego lo esperaron durante varias horas en su propia vi-
vienda, conminando a los vecinos a que no fueran a denunciar la presencia paramilitar. En
el área se encontraban acompañantes internacionales quienes tuvieron conocimiento de
todos estos hechos.
El martes 19 de junio de 2012, acompañantes internacionales observaron la llegada de dos
grupos de paramilitares a La Esperanza, uno de 5, otro de 10.
El miércoles 20 de junio de 2012, hacia las 16:30 horas, un grupo paramilitar ocupó la fin-
ca de la familia Graciano en la vereda El Porvenir. Al llegar a la casa de Don FABIO GRA-
CIANO, preguntaron por las personas que unas semanas antes ellos habían raptado y lle-
vado hasta la vereda de Playa Larga. Al no encontrarlas allí, insultaron a Don Fabio y lo
amenazaron conminándolo a desplazarse, afirmando que, si no lo hacía, en la próxima
visita serían asesinados él y su familia.
El sábado 23 de junio de 2012, en horas de la mañana, fue visto un grupo de paramilitares
que transitaba por el camino que de la vereda La Esperanza conduce a la vereda Playa
Larga. Una hora después fue visto un grupo de militares que venía de Nuevo Antioquia,
pasó por la vereda Playa Larga y llegó a la vereda La Esperanza. Es, pues, evidente, que
militares y paramilitares comparten ese territorio de manera coordinada, como se ha com-
probado en el pasado multitud de veces.
El miércoles 27 de junio de 2012 la Comunidad de Paz había convocado a los campesinos
de los alrededores de La Esperanza a una reunión, con el fin de analizar la grave situación
de control paramilitar de la zona que se viene viviendo allí. A las 18:00 horas, cuando se
desarrollaba dicha reunión, se presentó un grupo de militares y convocó a los campesinos
a otra reunión, estando a 10 minutos de dos campamentos paramilitares sin que los milita-
res los atacaran. El SUPERINTENDENTE GARCÍA, quien se presentó como miembro del
Batallón Vélez de la Brigada XVII en su puesto de mando de Nuevo Antioquia, expuso allí
el plan del Ejército para involucrar al campesinado de la zona en el conflicto, utilizándolos
como informantes. Les anunció que realizarán un censo poblacional para controlar a toda
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la población de la zona; que buscan una integración estrecha entre el Ejército y la pobla-
ción civil, organizando partidos de fútbol conjuntos y brigadas de salud; que van a involu-
crar a todo el campesinado en labores de inteligencia, colocando puestos fijos para el mo-
nitoreo de la zona; que las informaciones suministradas por los campesinos se comple-
mentarán con las suministradas por aviones de inteligencia y la que entreguen las tropas
que recorren la zona; que van a coordinar con los campesinos la comercialización de sus
productos agrícolas tales como el maíz, el cacao, el aguacate, el fríjol y el arroz, entre otros,
para lo cual pidió colaboración en la construcción de la carretera que viene de Nuevo An-
tioquia y que pasará por Playa Larga y La Esperanza, proyecto en el cual están ya empe-
ñados los alcaldes de Apartadó y Turbo, con grandes aportes de los paramilitares, como ya
se sabe de acuerdo a reuniones y propuestas que han sido denunciadas. En su exposición
ante los campesinos, el SUPERINTENDENTE GARCÍA afirmó que es un hecho que las
veredas La Esperanza, El Porvenir, Playa Larga, Caraballo y el corregimiento de Nuevo
Antioquia, están hoy día controladas por la estructura paramilitar AUTODEFENSAS
GAITANISTAS DE COLOMBIA – AGC- y que las demás veredas del corregimiento de
San José de Apartadó están controladas por la guerrilla. Quedó, pues, revelado y recono-
cido un plan militar de involucramiento de la población civil en el conflicto, abierta y fla-
grantemente anticonstitucional, con mecanismos vedados por la Corte Constitucional co-
mo los empadronamientos, con la militarización abusiva de las actividades productivas y
sociales y con el reconocimiento de la unidad de acción entre militares y paramilitares.
El mismo miércoles 27 de junio de 2012, campesinos de las veredas Caraballo, El Congo y
Arcua, aledañas al corregimiento de San José de Apartadó, se acercaron a miembros de la
Comunidad de Paz para manifestarles su preocupación por la presencia de grupos para-
militares en la zona, los cuales lanzan graves amenazas contra la población. Se han multi-
plicado las violaciones a los derechos humanos y los campesinos son generalmente acusa-
dos falsamente de ser colaboradores de la guerrilla. Según los pobladores, los paramilita-
res les han robado a muchos sus documentos de identidad. También afirmaron que algu-
nos paramilitares que han muerto en la zona en combates con la guerrilla, han sido presen-
tados por los medios de comunicación y por la fuerza pública como campesinos asesina-
dos por la guerrilla. Denunciaron además, que se están produciendo muchos desplaza-
mientos forzados a causa de estos hechos.
El mismo miércoles 27 de junio de 2012 falleció en la ciudad de Barranquilla, luego de
varios meses de soportar un cáncer de los más agresivos, el acompañante de la Comuni-
dad de Paz EDUAR JOSÉ LANCHERO JIMÉNEZ. Como integrante de los equipos misio-
neros de la Comisión de Justicia y Paz, Eduar inició un acompañamiento a la Comunidad
de Paz desde su inicio en marzo de 1997, decidiendo luego comprometerse con esta Co-
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munidad acompañándola en todo su trágico caminar y convirtiéndose en uno más de sus
integrantes, demostrando una generosidad a toda prueba para compartir con esa pobla-
ción terriblemente victimizada todas sus penalidades, en desplazamientos, amenazas,
agresiones, estigmatizaciones, calumnias y montajes, ayudándoles a recoger sus centena-
res de muertos, llorándolos con ellos y dignificando sus sepulturas y su memoria, ayu-
dándoles a resistir sin dejarse destruir por la magnitud descomunal de las agresiones y
buscando con ellos formas de subsistencia alternativas en armonía con la naturaleza y con
la dignidad humana. Con su muerte terminó una de las persecuciones más ensañadas del
Estado y del ParaEstado contra una persona indefensa, de profundos principios éticos y
cristianos, que sólo quiso servir a las víctimas con una generosidad a toda prueba y con un
amor excepcional por los desprotegidos. La horrenda cronología de la persecución del
Estado contra él, al menos en los episodios más manifiestos, quedó registrada en al menos
25 episodios documentados de intentos de asesinarlo.
El jueves 28 de junio de 2012, hacia las 11:30 horas, cuando miembros del Consejo Interno
de la Comunidad de Paz, con acompañantes internacionales y observadores de organis-
mos intergubernamentales de Naciones Unidas, se desplazaron de la vereda La Esperanza
a la vereda El Porvenir, con el fin de verificar las condiciones de seguridad de familias que
antes habían sido secuestradas y amenazadas por los paramilitares, se percataron de que
habían sido seguidos por 50 hombres fuertemente armados con armas de uso privativo del
Ejército Nacional, quienes se identificaron ante los observadores internacionales como
“Fuerzas Gaitanistas de Colombia” y en su presencia amenazaron de muerte al campesino
FABIO GRACIANO, obligándolo a desplazarse. El hecho fue presenciado por integrantes
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-, quienes se
encontraban en la zona realizando un monitoreo sobre prevención al desplazamiento for-
zado. Al visitar otras viviendas, los funcionarios de ACNUR pudieron comprobar otros
casos de desplazamiento forzado en la zona a causa del accionar conjunto militar / parami-
litar y de la desprotección total por parte de los demás órganos del Estado frente a ese ac-
cionar conjunto. La Comunidad de Paz ha expresado su deseo de que ACNUR, en sus ins-
tancias nacionales e internacionales, cumpla con sus objetivos fundacionales de contrarres-
tar y prevenir el desplazamiento forzado y de proteger a la población victimizada por ese
crimen.
El mismo jueves 28 de junio de 2012, un paramilitar se acercó a una vivienda campesina
en la vereda La Esperanza, afirmando que estaba “extraviado” en la zona y se mantuvo
allí durante medio día. Los campesinos le pidieron retirarse de su parcela, pues por allí no
se permite circulación de armas según los principios de la Comunidad y le sugirieron diri-
girse a una tropa militar que estaba acantonada a 15 minutos de allí. El paramilitar res-
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pondió que ciertamente ellos (los militares) eran sus patrones, pero que él no tenía en el
momento orden de acercarse a ellos.
En la primera semana de julio de 2012 comenzó un desplazamiento de familias de la zona
de La Esperanza, El Porvenir y Playa Larga, a causa de las amenazas de muerte de los pa-
ramilitares que se identifican con la sigla AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia).
Estos grupos manifiestan que ya todo está coordinado con el eEército, en sus brigadas
XVII y XI para ellos asumir el control del área. Afirman que a veces habrá presencia militar
pero no para combatirlos a ellos; que la población tendrá que acostumbrarse a ver sus ca-
ras permanentemente en la zona. Dicen que los campesinos son guerrilleros o milicianos y
que pronto habrá matanzas. Piden que no se le haga saber estas cosas a la Comunidad de
Paz, la cual se la pasa denunciando todo a nivel internacional y eso perjudica a las institu-
ciones del Estado.
El miércoles 4 de julio de 2012, hacia las 17:00 horas, fue incinerada la vivienda de
REINALDO AREIZA en la vereda La Esperanza, por paramilitares que constantemente se
movilizan entre Nuevo Antioquia, Playa Larga, La Esperanza y El Porvenir, con pleno
respaldo y protección de la fuerza pública. Cabe recordar que Reinaldo había sido someti-
do a chantajes infames por el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, Comandante del Batallón
Voltígeros de la Brigada XVII, para que le ayudara a destruir la Comunidad de Paz si no
quería que le iniciaran un montaje judicial con falsos testigos. Este nuevo atentado eviden-
cia la coordinación entre Ejército y paramilitares.
El viernes 6 de julio de 2012, tres paramilitares que bajaban del lugar donde fue incinera-
da la vivienda de Reinaldo Areiza, fueron vistos cuando se dirigían de allí hacia Playa
Larga, lugar donde funciona el cuartel principal de los paramilitares en la zona. En esos
días había fuerte presencia militar en Playa larga y La Esperanza y a pesar de ello los pa-
ramilitares se movilizaron sin obstáculo alguno.
El sábado 7 de julio de 2012, dos paramilitares llegaron al casco urbano de San José de
Apartadó y preguntaron a los pobladores por el paradero de REINALDO AREIZA. Al no
obtener informaciones sobre él, afirmaron que ellos le habían quemado su vivienda el 4 de
julio y que lo habían hecho gracias a la estrecha colaboración de la fuerza pública.
El martes 24 de julio de 2012, hacia las 15:00 horas, tropas del Ejército Nacional que des-
embarcaron de helicópteros en la vereda Las Nieves de san José de Apartadó, detuvieron
ilegalmente a GILDARDO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad
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de Paz y al joven trabajador MAURICIO DAVID, quien no es miembro de la Comunidad
de Paz pero es poblador civil de la zona; ambos se dirigían de San Josecito hacia la Aldea
de Paz de Mulatos. Los militares los separaron, los ultrajaron e insultaron, les vaciaron en
el camino sus morrales y provisiones y les reiteraron el propósito del Ejército de extermi-
nar la Comunidad de Paz para lo cual todo lo tienen coordinado con los paramilitares. A
pesar de haberles pedido a los militares que se identificaran, no lo hicieron y ocultaron sus
distintivos y sus nombres que, por ley, deben llevar visibles.
El sábado 28 y el domingo 29 de julio de 2012, en horas de la mañana, fueron vistos por
varios pobladores dos encapuchados que portaban armas, en el sitio Tierra Amarilla, sobre
la carretera que de Apartadó conduce a San José, lugar en que militares y paramilitares
han perpetrado numerosos crímenes.
El lunes 30 de julio de 2012, hacia las 9:00 horas, dos paramilitares motorizados llegaron
hasta la puerta del asentamiento de San Josecito; uno de ellos permaneció afuera, en la
moto, y el otro ingresó al caserío. Al ser abordado por miembros de la Comunidad para
exigirle que se retirara, reaccionó con insultos y amenazas. Luego se regresaron a Aparta-
dó. Este mismo día, a las 16:15 horas, GERMÁN GRACIANO, miembro del Consejo In-
terno de la Comunidad de Paz, recibió una llamada desde el celular 3146601697, de al-
guien que se identificó como “desmovilizado de la guerrilla y hoy paramilitar alias Gua-
chipín”, quien dijo trabajar para la Brigada XVII junto con otros paramilitares que mencio-
nó, tales como “alias Chibirico”, “alias Tribilín”, “alias Tierra”, “alias Fabio”, “alias el Loco
Daniel”, “alias Beto”, “alias Guajiro”, “alias Samir” (a quien la Brigada protege en sus ins-
talaciones desde diciembre de 2008). Alias “Guachipín”, en su llamada, amenazó de muer-
te a Germán, a su familia y al Consejo Interno de la Comunidad de Paz, afirmando que
muy pronto empezarán a ejecutarlos. Le dijo que fueran consiguiendo los cofres mortuo-
rios, pues “con ellos no se juega”. Le recordó numerosos hechos de asesinatos que ellos le
han causado durante muchos años a la Comunidad de Paz y reiteró que todo el plan está
coordinado con la Brigada XVII.
El martes 31 de julio de 2012, hacia las 13:20 horas, GERMÁN GRACIANO, miembro del
Consejo Interno de la Comunidad de Paz, recibió una nueva llamada del celular
3146601697, esta vez de alguien que se identificó con el alias de “Guajiro” y como “co-
mandante de un bloque, en Urabá, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC”.
En su llamada, “alias Guajiro” afirmó que la llamada del día anterior se había hecho por
orden suya y exigió que la Comunidad tiene que colaborar con ellos, como lo están ha-
ciendo las empresas bananeras, los ganaderos y el comercio en general de Urabá, pagán-
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doles impuestos; que de lo contrario, la Comunidad será exterminada por completo y sus
líderes y demás integrantes asesinados, si no se someten a ellos.
El martes 7 de agosto de 2012 tropas del Ejército asaltaron a un grupo insurgente que se
encontraban de paso transitorio por una finca en la vereda La Resbalosa quedando muerto
en la acción, según el reporte de los medios locales, un guerrillero. Luego los militares se
acercaron a la casa y procedieron a incinerar la vivienda con sus pertenencias, la cual per-
tenecía al Señor Rubén Oquendo quien al momento de los hechos no se encontraba allí.
El martes 14 de agosto de 2012, tropas del Ejército acantonadas en la vereda La Unión,
robaron varias herramientas de trabajo agrícola de la vivienda del Señor RAMIRO RUE-
DA, miembro de la Comunidad de Paz.
El miércoles 15 de agosto de 2012, tropas del ejército que se encontraban en el paraje de
Chontalito detuvieron por más de 1 hora a JULIO CÉSAR GUISAO, miembro del Consejo
Interno de nuestra Comunidad de Paz, y a su hermano ESTEBAN GUISAO, miembro
también de la Comunidad de Paz, los obligaron a vaciar sus pertenencias, los sometieron a
empadronamiento ilegal, les retuvieron sus celulares privados, los amenazaron y sometie-
ron a insultos y vejaciones.
El sábado 18 de agosto de 2012, hacia las 08:00 horas, tropas del Ejército que se encontra-
ban entre las veredas La Unión y Las Nieves, abordaron a CARLOS ALBERTO TUBER-
QUIA, miembro de la Comunidad de Paz, lo quisieron obligar a empadronarse pero él se
resistió demostrando la ilegalidad del procedimiento, siendo entonces sometido a insultos
y amenazas y le advirtieron que la Comunidad de Paz será exterminada y que para ello
todo está coordinado con los paramilitares. El mismo día, a las 15:00 horas, en la vereda
Las Nieves fue abordado por las tropas el Señor CONRADO DAVID, miembro también de
la Comunidad, al cual quisieron también obligar a empadronarse, frente a lo cual opuso
resistencia demostrando la ilegalidad del procedimiento, siendo entonces insultado y ad-
vertido del próximo exterminio de la Comunidad de Paz, pues, según le manifestaron, la
Comunidad es un estorbo para sus planes en la zona.
El martes 28 de agosto de 2012, hacia las 13:00 horas, se notó un extraño seguimiento, en la
ciudad de Apartadó por personas de civil, al miembro del Consejo Interno GERMÁN
GRACIANO, ya antes amenazado vía telefónica por jefes paramilitares. Hacia las 15:00
horas, mientras se encontraba en un establecimiento público y acompañado por una orga-
nización internacional, Germán fue abordado por miembros de la policía motorizados
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quienes le pidieron documentos de identidad, supuestamente para “verificación de ante-
cedentes”, obligándolo luego a acompañarlos hasta el comando de la policía, hasta donde
llegó una persona de civil quien exigía saber su nombre y apellidos. Allí, le insistieron en
firmar un documento de buen trato, al que Germán se negó debido a la persecución por
militares y paramilitares contra él y su familia, los cuales han asesinado a varios miembros
familiares, luego de 30 minutos fue dejado en libertad pero la coincidencia de amenazas
paramilitares con el hostigamiento de la Policía deja nuevas evidencias sobre la continui-
dad del accionar conjunto entre policía y paramilitares en la ciudad.
El miércoles 29 de agosto de 2012, hacia las 09:45 horas, en un retén de la policía, instalado
en el sitio La Cabaña de Apartadó, empadronaron ilegalmente a los ocupantes de un
vehículo de servicio público que se dirigía hacia Apartadó, en el cual se movilizaban dos
miembros del Consejo Interno: MARÍA BERTILDA QUINTERO y JESÚS EMILIO TU-
BERQUIA. El policía que realizaba el empadronamiento se escondió detrás de otro vehícu-
lo para no ser visto. Simultáneamente tomaron numerosas fotografías a los ocupantes,
hecho absolutamente ilegal pero que reviste mayor gravedad al comprobarse la continui-
dad de la acción coordinada entre fuerza pública y paramilitares.
El jueves 30 de Agosto de 2012, en la vereda La Unión, un grupo de trabajo de la Comu-
nidad se dirigía a un terreno preparado para la siembra de cultivos agrícolas, se encontra-
ron con tropas militares quienes impidieron la realización de la siembra.
El viernes 31 de agosto de 2012, se presentaron combates entre las veredas Miramar del
corregimiento de San José y la vereda Caracolí del Corregimiento de Piedras Blancas, los
cuales se prolongaron entre las 09:00 y las 13:00 horas. Según los pobladores de la zona, el
enfrentamiento se dio entre un grupo guerrillero y paramilitares presentes en la zona, de
la base paramilitar de Piedras Blancas (municipio de Carepa) muy cerca a la Brigada XVII
del Ejército, muchas veces denunciadas. Dado que en dichas veredas hay fuerte presencia
de la fuerza pública, la presencia paramilitar delata nuevamente su connivencia con la
fuerza pública.
El día 5 de septiembre de 2012, hacia las 17:40 horas fue interceptado por la Policía en el
sitio conocido como el Mangolo, en Apartadó, un carro de servicio público el cual transi-
taba entre Apartadó y San José, donde viajaba Jesús Emilio Tuberquia, miembro del Con-
sejo Interno y Representante Legal de la Comunidad de Paz. Allí fueron empadronados
ilegalmente por la policía todos los ocupantes del vehículo. Este mismo día campesinos del
corregimiento de Piedras Blancas le informaron a miembros del Consejo Interno que hacia
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las 8:00 horas había salido un grupo de unos 60 paramilitares los cuales manifestaron que
realizarían un recorrido por las veredas del corregimiento de San José de Apartadó y que
llevaban una lista de personas para asesinar, ya que habían sufrido daño en los combates
contra la guerrilla el día 31 de Agosto, donde perdieron equipos y munición y además les
hirieron personal, según ellos, esto lo pagarían muy caro los campesinos de la zona y esa
hp Comunidad de Paz que debe ser exterminada lo más pronto posible.
El día 6 de septiembre de 2012, hacia las 0:30 horas, cuatro paramilitares que vestían
prendas militares y portando armas cortas interceptaron el vehículo de servicio público
que cubría la ruta entre la Ciudad de Medellín y el municipio de Apartadó, entre las po-
blaciones de Santa fe de Antioquia y Cañasgordas donde viajaba Arley Tuberquia miem-
bro de la Comunidad de Paz y Coordinador del proyecto Educativo de la Comunidad. Ya
en el vehículo le apuntaban con sus armas y tratándole con insultos le enviaron un mensa-
je a los líderes de la Comunidad de Paz, especialmente a Germán Graciano y a Jesús Emi-
lio Tuberquia a quienes tienen para asesinar, pues según ellos, ya conocen sus rutas y
movimientos y en cualquier momento los van a matar. Después procedieron a requisarlo
y se llevaron sus documentos de identidad, soportes de transportes y viáticos al igual que
una memoria USB con información sobre la Comunidad de Paz. Estos hechos se dan a po-
cos metros de un puesto de control de la policía.
El Jueves 13 de septiembre de 2012, hacia las 21:00 horas y por espacio de 45 minutos, se
presentaron combates entre la fuerza pública y la guerrilla en el caserío de San José, centro
urbano del corregimiento, quedando tres viviendas civiles del caserío de San José impac-
tadas por proyectiles disparados por soldados desde la base militar. Nadie pudo entender
por qué los militares, si fueron atacados por guerrilleros que estaban junto al río, sin em-
bargo dispararon contra los techos de las viviendas de la población civil. En uno de los
casos, los proyectiles penetraron por el techo de una habitación donde duermen varias
niñas, quienes en ese momento no estaban en sus camas, pero de haber estado allí, hubie-
ran muerto o quedado gravemente heridas. Los pobladores de San José han manifestado
su temor por los hechos ya que de manera cada vez más frecuente sus propias vidas están
siendo sometidas a altos riesgos, debido al desacato del gobierno a las sentencias de la
Corte Constitucional que exigen no colocar las bases militares ni policiales, menos en zo-
nas de conflicto, en medio de la población civil.
El lunes 17 de septiembre de 2012, hacia las 14.20 horas, fue asesinada FABIOLA PEREA
PEREA, profesora de la vereda Bellavista del corregimiento de San José de Apartadó. Dos
hombres en trajes civiles y portando armas ultimaron a la maestra. Su cuerpo sin vida fue
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trasladado por campesinos de la zona hasta el casco urbano de San José. En los días si-
guientes los medios de comunicación locales difundieron la noticia sin alusión alguna a los
responsables. El gobierno municipal decretó tres días de luto y ordenó suspender las cla-
ses en las veredas del corregimiento de San José hasta nueva orden, argumentando que no
hay seguridad en la región para los maestros. Los comentarios de los pobladores de la zo-
na apuntan a una presunta acción de la guerrilla, la cual habría buscado castigar una su-
puesta labor de informante del ejército que estaría ejerciendo dicha docente, al tomar per-
manentemente fotografías a campesinos a quienes calificaba como milicianos y entregárse-
las al Ejército. Los mismos comentarios aluden a una presión persistente ejercida por la
Alcaldía de Apartadó sobre los docentes rurales, con la asesoría del desertor de las FARC
alias “Samir” (domiciliado desde 2008 en la Brigada XVII), para que ejerzan el papel de
informantes, convocándolos frecuentemente a reuniones para revisar las situación de las
zonas rurales y ejerciendo presión o represalias contra los docentes que se niegan a cum-
plir con ese papel que no les corresponde y más bien pone en alto riesgo sus vidas. La
Comunidad no comparte las acciones de muerte de parte de ninguno de los actores arma-
dos, por el contrario se solidariza con los familiares y amigos de las víctimas. Al mismo
tiempo rechaza los intentos de vincular a la población civil, y particularmente a los docen-
tes, al conflicto, forzándola a ejercer labores de inteligencia. Cabe recordar que este hecho
hace parte de toda la lista de muertes que se han venido registrando desde que la fuerza
pública ingresó al corregimiento de San José de Apartado.
El miércoles 19 de septiembre de 2012, cuatro campesinos de la vereda Miramar del co-
rregimiento de San José fueron detenidos ilegalmente por tropas del Ejército Nacional y
después de ser sometidos a interrogatorios fueron puestos en libertad. Con toda evidencia
se violó allí la ley, pues no existía ninguna orden de captura de autoridad competente y la
privación arbitraria de la libertad, cuando se ejerce fuera de la ley y como práctica sistemá-
tica, constituye además violación de los tratados internacionales y crimen de lesa humani-
dad cuando se hace en forma sistemática.
El jueves 27 de septiembre de 2012, a las 11.10 horas y por espacio de 1 hora, nuevamente
se registraron combates entre la guerrilla y efectivos de la base militar y del puesto de po-
licía de San José de Apartadó. Las maestras que ese día iniciaban nuevamente las clases
después de una suspensión de clases ordenada en días anteriores por el gobierno munici-
pal, al quedar en medio del fuego cruzado se vieron forzadas a abandonar el plantel, junto
con los niños, para salvar sus vidas. Nuevamente se coloca en riesgo a la población civil,
en este caso a los niños y niñas de un plantel educativo. En numerosas ocasiones la Comu-
nidad de Paz le ha solicitado al Presidente de la República acatar la Sentencia T-1206 de
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2001 de la Corte Constitucional, en la cual se establecen criterios que impiden ubicar pues-
tos de policía, y con mayor razón bases militares, en espacios de la población civil, en es-
pecial en zonas de conflicto. Con toda evidencia, el Estado se hace responsable de estos
atentados contra la población civil y de las infracciones allí implicadas al Derecho Interna-
cional Humanitario.
El miércoles 3 de Octubre de 2012, por espacio de una hora varios uniformados de la Base
militar de San José, se ubicaron frente al asentamiento de la Comunidad de Paz en San
Josecito, pese a que miembros de la comunidad les solicitaron se retiraran del sitio ellos
alegaron diciendo que no se retirarían porque estaban cumpliendo órdenes de sus supe-
riores.
El jueves 4 de Octubre de 2012, a las 19:50 horas, por espacio de 50 minutos nuevamente
se presentaron combates entre la guerrilla y efectivos de la base militar instalada en San
José de Apartadó. Según habitantes del casco urbano del corregimiento, los militares dis-
paraban desbordadamente para todos los lados, resultando gravemente herido el civil
ALBERTO ARIZA HUACA de 32 años, padre de dos niños y habitante de San José. A pe-
sar de no pertenecer a la Comunidad de Paz, fue trasladado a San Josecito y desde allí
acompañado por miembros de la Comunidad hasta el hospital de Apartadó como un ges-
to de solidaridad con la población civil víctima. Con toda evidencia, el Estado es respon-
sable de estos atentados contra la población civil.
El jueves 4 de octubre de 2012, hacia las 7:00 horas, alias “Samir”, desde su domicilio en la
Brigada XVII donde se han confeccionado todas sus mentiras, calumnias y suciedades,
pronunciándose a través de emisoras locales como “Antena Estéreo” y la emisora del Ejér-
cito en la Brigada XVII, manifestó su alegría por la muerte de EDUAR LANCHERO, a
quien nuevamente calumnió calificándolo como “ideólogo de las FARC”, acusando nue-
vamente a la Comunidad de trabajar en coordinación con las FARC, hasta llegar a decir
que los comunicados públicos de la Comunidad de Paz son “orientados por las FARC”.
Allí mismo afirmó que él mantiene informantes en la zona y en la Comunidad, que lo po-
nen al tanto de todo lo que ocurre, y le hizo un llamado a la Comunidad para que corrija
su camino, ya que Eduar no está presente. Es cosa sabida y probada hasta la saciedad, que
cualquier denuncia por calumnia, injuria o falsedad contra alias “Samir”, es tiempo perdi-
do, pues la protección del Estado a este criminal ha sido manifiesta, explícita, tozuda y
contumaz. No importa que el gobierno sea acusado de emitir mentiras altamente dañinas
para la honra de las personas y radicalmente violatorias de los derechos humanos por
emisoras que pertenecen a instituciones del Estado. Lo sabemos de sobra: la justicia no
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hará absolutamente nada para investigar ni sancionar a los responsables ni a sus cadenas
de mando.
En la constancia anterior, del 5 de octubre de 2012 la Comunidad había denunciado el tiro-
teo que se presentó en el caserío de San José el jueves 4 de octubre de 2012 hacia las 19:50
horas por espacio de 50 minutos, tiroteo en el cual resultó herido en su propia casa el civil
ALBERTO ARIZA, de 32 años y padre de dos niños. El viernes 5 de octubre de 2012, du-
rante todo el día, los medios locales estuvieron dando la noticia de un supuesto combate
entre el ejército y la guerrilla, señalando al civil herido como “guerrillero”. Luego de inves-
tigar el hecho analizando las trayectorias de los proyectiles y de interrogar a muchos po-
bladores del caserío, la Comunidad no alberga ninguna duda de que los proyectiles venían
de la base militar y estaban dirigidos contra las viviendas de los pobladores. Todos los
testigos afirman que los militares disparaban desaforadamente en todas direcciones y que,
como era de noche, las balas se veían avanzar, luminosas e incandescentes, en clara prove-
niencia de la base militar. Además nadie pudo ver a ningún guerrillero disparando y por
ello se pone en duda la versión de un supuesto ataque de la guerrilla a la base militar. Se
desmintió como dato absolutamente falso el que desde alguna vivienda hubieran salido
disparos y como algo mucho más falso aún, el que la víctima fuera un guerrillero o tuviera
armas, como de manera infame lo dio a entender el comandante del puesto militar, cuando
ingresó a su casa y le pidió a la familia de Alberto que “le entregara el uniforme de guerri-
llero que él usaba”. Él era a todas luces un civil, padre de familia, integrante de una con-
gregación cristiana del lugar y trabajador en la obra que actualmente se adelanta en la ca-
rretera, cuyos compañeros y directivos realizaron un cese de trabajo al día siguiente en
protesta por el vil atentado del Ejército contra él. Con toda evidencia, el proyectil que hirió
a Alberto provenía de la base militar, pues impactó la pared de la vivienda desde esa di-
rección y en la misma dirección atravesó una escoba que estaba junto a la puerta y por
último el cuerpo de Alberto, quien se disponía a abrir la puerta luego de escuchar el llanto
de unos niños en medio de la balacera.
Este mismo día, el delegado de la Defensoría del Pueblo SAID CHÁVEZ se trasladó al
caserío de San José y se reunió con un grupo de pobladores ante quienes hizo una defensa
del Ejército, exonerándolo de toda responsabilidad en el crimen, sin haber estado presente
y desatendiendo todos los testimonios presenciales. Dicho “defensor” visitó la vivienda de
la víctima donde hizo interpretaciones completamente ilógicas sobre la trayectoria de los
proyectiles. Los pobladores se burlaron de su falta de cordura y le preguntaron si era de-
fensor del pueblo o defensor de los militares.
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El sábado 6 de octubre, varios habitantes del casco urbano de San José se acercaron a
miembros de la Comunidad de Paz para comentarles que otras casas del caserío habían
sido impactadas por los disparos de los militares y policías desde sus respectivas bases.
Esta información se comprobó y se encontró que había cinco viviendas averiadas, además
de la escuela de San José, la cual tiene varios impactos. Este mismo día, el equipo de co-
municación de la Comunidad de Paz se acercó a fotografiar las casas averiadas por los
disparos, pero los uniformados que allí se encontraban se opusieron a que los miembros
de la Comunidad registraran fotográficamente los daños, aduciendo que ellos no poseían
carnés de periodistas, por lo que les prohibieron rotundamente fotografiar el lugar, ame-
nazándolos de detención y de decomiso de sus cámaras. Así el crimen quedaba completa-
do con el encubrimiento, la obstrucción de la verdad y el ocultamiento de pruebas, lo que
confirma la conciencia de culpa. Todo esto alcanzó niveles extraordinarios de descaro,
cuando los mismos militares intimidaron a los pobladores prohibiéndoles que afirmaran
que las heridas de Alberto habían sido causadas por el Ejército y presionándolos a que
afirmaran en cambio que ellas habían sido causadas por la guerrilla, mientras nadie había
visto a ningún guerrillero esa noche. Sobra todo comentario.
El viernes 5 de octubre de 2012, a las 8:30 horas, un testigo que se encontraba en la Emba-
jada de Chile, en Bogotá, escuchó a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo cuando le
respondía a un conocido suyo allí presente, quien le había preguntado sobre la situación
de la Comunidad de Paz luego de algunas condenas a militares por la masacre de febrero
de 2005. La funcionaria afirmó que la Comunidad sólo se interesa por el dinero y que por
ello había llevado el caso a la Corte Penal Internacional para buscar indemnizaciones
grandes, pues las reparaciones que da Acción Social le parecen demasiado exiguas. Ya
hace un tiempo que la Comunidad rompió relaciones con la Defensoría porque comprobó
que la corrupción la había invadido y que ya no defendía a nadie sino su propia burocra-
cia. Llegar a niveles tan bajos y sucios de mentira, cuando precisamente la Comunidad ha
rechazado las reparaciones administrativas porque convierten a las víctimas en mercancías
sin importar su dignidad y su memoria, es propio sólo de funcionarios sin ética alguna.
Por los mismos días se informó que el “Defensor Comunitario” de San José de Apartadó,
quien nunca ha defendido a miembros de la Comunidad de Paz cuando son víctimas de
graves violaciones de sus derechos, ahora está empeñado en una campaña de sabotaje a la
Comunidad, con el propósito de impedir que se cumplan estrictamente los reglamentos y
principios definidos en su Reglamento. Está tratando de convencer a algunas personas que
se han retirado voluntariamente de la Comunidad de Paz porque les resultaban onerosas
algunas normas y trabajos comunitarios, de que permanezcan en los espacios de la Comu-
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nidad y no se retiren de allí para él poder penetrar en esos espacios con programas del
Estado que subviertan la economía y organización comunitaria. Sobra todo comentario
ante estrategias tan sucias.
El viernes 12 de octubre de 2012, a las 19:00 horas, miembros de la fuerza pública fuerte-
mente armados ingresaron sin orden judicial alguna a la vivienda del Señor JORGE BE-
DOYA, habitante del casco urbano de San José de Apartadó, sometiendo la vivienda a un
allanamiento ilegal. Luego procedieron a amenazarlo, acusándolo de hacer comentarios
contra la fuerza pública luego de la balacera del 4 de octubre en la cual su vecino, Alberto
Ariza, fue gravemente herido por un proyectil proveniente de la base militar.
El lunes 15 de octubre de 2012, en horas de la madrugada, falleció en el hospital de Apar-
tadó el Señor ALBERTO ARIZA HUACA, de 32 años, quien había sido herido el pasado 4
de octubre cuando, estando en su casa y al disponerse a abrir la puerta luego de sentir el
llanto de unos niños durante el tiroteo, una bala penetró en su cuerpo y le destrozó órga-
nos vitales. Llevado al hospital por miembros de la Comunidad de Paz, quienes lo recogie-
ron herido y lo acogieron primero en San Josesito, su salud se fue deteriorando hasta falle-
cer quince días después. Entre tanto había sido acusado por los militares y policías acanto-
nados en el caserío, incluso por las emisoras radiales, de ser “guerrillero”, acusación que
indignó a toda la población que lo conocía como padre de familia, integrante de una con-
gregación cristiana y trabajador en la obra que se adelanta actualmente en la carretera. Su
muerte constituye a todas luces un crimen de guerra e infracción grave al Derecho Inter-
nacional Humanitario, pues el Ejército disparó esa noche contra las viviendas civiles, pu-
diendo ser apreciadas por muchos pobladores las balas que provenían, luminosas e incan-
descentes, desde la base militar, penetrando en varias viviendas y en la escuela. Esta es
una consecuencia más de la intransigencia del Gobierno, el cual se ha negado a acatar las
prescripciones de la Corte Constitucional, la cual prohíbe ubicar puestos de policía y bases
militares, en zonas de conflicto, en medio de la población civil. No hay duda alguna de
que al mismo Presidente Santos, a quien tantas veces se le ha suplicado que acate las Sen-
tencias de la Corte, le cabe responsabilidad de primer orden por esta muerte. La Comuni-
dad de Paz, enterada de la muerte de Alberto, organizó una marcha hasta Apartadó, desde
donde acompañaron a pie el cadáver de Alberto hasta San José.
El sábado 1 de diciembre de 2012, un grupo de paramilitares subieron a la vereda El Por-
venir, allí se acercaron a los campesinos preguntando por varias personas residentes de la
vereda pero que al momento no se encontraban ya que por ser fin de semana habían sali-
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do. Los amenazaron dejándoles un mensaje que era mejor que no volvieran a la zona si no
querían morir.
El domingo 2 de diciembre de 2012, hacia las 6.00 horas, otro grupo de paramilitares
acampó en la finca de la Comunidad de Paz que está ubicada en la vereda La Esperanza,
allí se mantuvieron durante todo el día. Nuevamente desde allí han proferido amenazas
contra la comunidad argumentando que esa hp de comunidad es un estorbo en la zona y
obstaculiza el proyecto militar y paramilitar que ellos tienen planeado para esa región.
El miércoles 5 de diciembre de 2012, salieron desplazadas dos familias de la vereda La
Esperanza, aunque las familias no hacían parte a la Comunidad de Paz, de igual forma es
población campesina. Desde varias semanas antes los paramilitares venían haciendo pre-
sencia constante en la vereda con amenaza a la población civil.
El domingo 9 de diciembre de 2012, nuevamente fueron vistos por campesinos un grupo
de paramilitares que patrullaban en La Esperanza, diciendo a varios campesinos que te-
nían una lista de personas para asesinar y que tarde o temprano les darían papaya, que
ellos seguirían por esas áreas, allí procedieron a fotografiar a toda persona que pasaba.
El domingo 16 de diciembre de 2012, un grupo de paramilitares que desde hacía varios
días se encontraban acampados en el paraje de Caraballo, en inmediaciones a la vereda
Arenas Altas, donde el miércoles 14 de noviembre de 2012 había habido combates entre
paramilitares y guerrilla, realizaron disparos y ametrallamientos generando de esta forma
intimidación y zozobra contra la población civil de los entornos, sin que la fuerza pública
presente hiciera nada para proteger a la población civil.
El sábado 29 de diciembre de 2012, entre las 18 y 19 horas, en dos ocasiones aterrizaron
dos helicópteros militares en la finca de la Comunidad en la vereda La Esperanza, allí
desembarcaron tropas militares y acamparon en los predios de la zona humanitaria de la
comunidad, dañando las cercas y los alambrados.
2013
El domingo 6 de enero de 2013, hacia las 19.50 horas y por espacio de 1 hora se escucharon
disparos, ametrallamientos y detonaciones efectuados desde la base militar ubicada en el
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casco urbano de San José. Nuevamente se genera temor y zozobra con estos actos contra la
población indefensa del caserío, pues temen que se repitan hechos como el ocurrido el
pasado 4 de octubre de 2012 cuando fue asesinado el civil Alberto Ariza Huaca por las
metrallas de los militares. Según informaciones de campesinos son combates originados
por los mismos militares para confundir y atemorizar a la población civil hechos por los
mismos militares.
El viernes 11 de enero de 2013, hacia las 9.25 horas, Blanca Torres integrante de la Comu-
nidad de Paz y esposa de Germán Graciano miembro del Consejo Interno, recibió una lla-
mada del celular número 3113422998 de un sujeto quien se identificó con el nombre de
Santiago Giraldo coordinador de Desmovilizados de la Oficina de Bogotá; la llamó por su
nombre y le dijo que le colaborara que ellos sabían que ella le podía ayudar suministrando
información de los líderes de la Comunidad. Que había dinero para eso, que le ayudara,
que ellos le colaboraban con dinero. Ya en días pasados se habían denunciado las actua-
ciones de un oficial de la Brigada XVII quien había ofrecido dinero a personas de la zona
para dar informaciones sobre los movimientos de los líderes de la Comunidad de Paz.
El viernes 11 y sábado 12 de enero de 2013, una avioneta fumigó los terrenos de la vereda
La Resbalosa y posteriormente los de la vereda Mulatos donde además se encuentra un
asentamiento de la Comunidad, como efectos de la fumigación se empezaron a morir los
cultivos de pan coger que las familias tenían sembrados, especialmente de fríjol, arroz y
yuca.
El jueves 17 de enero de 2013, en horas de la tarde, una avioneta sobrevoló el asentamien-
to de la Comunidad de Paz en la vereda La Resbalosa y procedió a fumigar los cultivos
que sirven para supervivencia de la Comunidad, como los de fríjol, maíz, arroz y el cacao
orgánico que han estado cultivando en esa zona y que ha sido certificado como cultivo
orgánico para la pequeña comercialización que les sustenta.
El mismo jueves 17 de enero de 2013, un grupo de paramilitares fuertemente armado in-
gresó a la vereda El Manso del municipio de Tierralta, Córdoba, sitio aledaño a algunos
asentamientos de la Comunidad de Paz, y allí, con lista en mano, procedieron a privar de
su libertad a varios civiles. Según informaciones procedentes de los campesinos de la zona,
6 personas fueron detenidas desaparecidas sin que luego dieran cuenta de su paradero. El
mismo día, un campesino de la zona, de nombre CLIMACO PITALÚA, fue golpeado por
los paramilitares.
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El lunes 21 de enero de 2013, hacia las 15:00 horas, en la vereda Rodoxaly, de San José de
Apartadó, un campesino de nombre ISMAEL ÁNGEL MOLINA CORREA de aproxima-
damente 69 años, pisó un artefacto explosivo mientras se encontraba realizando labores
agrícolas en su finca, hecho que le costó la vida. Según informes de los campesinos de la
zona, un grupo de paramilitares había estado realizando operativos y patrullajes en la zo-
na.
El martes 22 de enero de 2013, hacia las 2:00 horas, se escucharon disparos en la base mili-
tar instalada en el caserío de San José de Apartadó. Más tarde los medios de información
hablaron de un combate entre la guerrilla y la fuerza pública. Antecedentes de las últimas
semanas y meses mostraban que el Ejército disparaba sin que hubiese presencia de la in-
surgencia, con otros fines. La presencia de puestos de la Policía y del Ejército en medio de
la población civil contradice numerosas normas de la Corte Constitucional, particularmen-
te en zonas de conflicto como lo es el casco urbano de San José, el cual, justamente desde
su militarización extrema a partir de abril de 2005, ha atraído a las fuerzas beligerantes e
incentivado los enfrentamientos armados cobrando numerosas víctimas en la población
civil.
El viernes 25 de enero de 2013, hacia las 21:00 horas, un contingente de paramilitares in-
gresó a la vereda La Cristalina donde amenazaron e insultaron a varias familias, incluyen-
do a varios niños. Entre los paramilitares que llegaron se encontraban los hermanos AL-
BEIRO y LUBÍN CARDONA BORJA, oriundos de esa zona y quienes se habían entregado
al Ejército en 2005, participando en una masacre de 6 jóvenes que dormían, en diciembre
de 2005, por lo cual el Ejército les pagó 4 millones de pesos por cada vida destruida; desde
entonces se movilizan con tropas del Ejército y en esta ocasión recordaron que hacía un
año exactamente, en enero de 2012, habían estado allí mismo con las tropas oficiales. La
presencia de estos y de otros civiles entre las tropas del Ejército oficial, revelan la persis-
tencia del paramilitarismo en la región, pues se trata de civiles ilegalmente reclutados y
domiciliados en establecimientos militares para realizar operativos armados absolutamen-
te ilegales. Dichos agentes ilegales del Estado privaron de su libertad y agredieron con
violencia ese día, allí en La Cristalina, a WILLIAM CARDONA y a ALFREDIZ RIVAS
BORJA. Este último había sufrido montajes judiciales y graves agresiones por parte de
agentes del Estado y la mayoría de los miembros de su familia habían sido asesinados por
agentes del Estado.
El sábado 26 de enero de 2013, hacia la 1:00 de la madrugada, el grupo paramilitar que
había llegado a la vereda La Cristalina el día anterior, ingresó a la vivienda de un miembro
del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Le preguntaron si todavía la Comunidad de
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Paz estaba en el asentamiento de San Josesito y exigían se les dieran los nombres de los
líderes de la Zona Humanitaria de La Cristalina. Según informaciones de campesinos a
escasos 20 minutos se encontraban las tropas del Ejército nacional.
El miércoles 30 de enero de 2013, hacia las 15: 40 horas y por espacio de 40 minutos, se
presentó nuevamente un combate en el centro urbano de San José de Apartadó. Al parecer
fue un combate entre tropas del Ejército allí acantonadas y alguna unidad de combatientes
de las FARC, quedando en medio del fuego cruzado cuatro civiles, entre ellos un miembro
de la Comunidad de Paz quien en ese momento transitaba por allí. Tanto los militares co-
mo los policías presentes en el caserío disparaban indiscriminadamente en todas direccio-
nes, colocando así en alto riesgo la seguridad de los pobladores y de las transeúntes. La
vivienda de un miembro de la Comunidad de Paz, en la cual se encontraban en ese mo-
mento niños y adultos, fue impactada por un proyectil proveniente de la base militar,
viéndose obligados los moradores a buscar refugios. Una vez más se comprueba que los
criterios emitidos repetidas veces por la Corte Constitucional sobre la ubicación de las ba-
ses militares y puestos de policía, exigiendo que en zonas como ésta nunca se ubiquen en
medio de la población civil, son criterios muy acertados que el Gobierno no ha querido
acatar, por lo cual se hace responsable de todas las tragedias que su desobediencia a la
Corte está causando.
El jueves 31 de enero de 2013, un reconocido paramilitar se acercó a un miembro de la
Comunidad de Paz, quien en ese momento se encontraba en Apartadó, y le preguntó por
los miembros del Consejo Interno de la Comunidad, a la vez que insistió en que le sumi-
nistrara el número del celular de GERMÁN GRACIANO, miembro del Consejo Interno.
Desde muchos meses antes y a través de múltiples episodios de persecución, Germán se
ha convertido en blanco de paramilitares y militares quienes ya muy frecuentemente inda-
gan por su paradero, sus rutas, su teléfono y las maneras de ubicarlo.
El viernes 1° de febrero de 2013, en horas de la mañana, un grupo de paramilitares llegó a
la vivienda de una familia de la Comunidad de Paz, la cual está ubicada en la vereda Are-
nas Bajas, en un sitio conocido como “La Máquina”, y les advirtieron que los civiles tienen
que acostumbrarse a verlos constantemente en la zona, pues tienen todo ya planeado con
la Fuerza Pública para controlar ese territorio. Estos hechos se dan a pesar de que se ha-
bían visto allí mismo, durante los días anteriores, operativos militares de la Brigada Móvil
No. 24. Es, pues, evidente la complicidad, unidad de acción, cooperación y coordinación
entre el Ejército Nacional y los grupos paramilitares.
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El sábado 2 de febrero de 2013, hacia las 9: 30 horas, una patrulla militar, al parecer de la
Brigada Móvil No. 24, llegó a la vivienda de la Señora NOLFA SÁNCHEZ, en la vereda
Arenas Bajas, exactamente en el punto conocido como La Máquina, y detuvieron por más
de 30 minutos al niño JUAN PABLO ÚSUGA, de 14 años, a quien amenazaron e insulta-
ron.
El domingo 3 de febrero de 2013, hacia las 12: 30 horas, en el punto conocido como Caño
Seco, del corregimiento de San José, se presentó un nuevo combate, al parecer entre la
fuerza pública y guerrilleros de las FARC, quedando un militar muerto según informacio-
nes de los campesinos allí residentes. La multiplicación de patrullas militares y paramilita-
res que hacen presencia en el corregimiento han vuelto a convertir la zona en campo inten-
so de enfrentamientos armados, sin consideración alguna por una población que ha sufri-
do ya numerosas veces el desplazamiento, el despojo, el terror, la pérdida de todas sus
pertenencias, la estigmatización y numerosas formas de persecución y desconocimiento de
sus derechos.
El viernes 8 de febrero de 2013, hacia las 20:30 horas, se presentó un enfrentamiento ar-
mado en el centro urbano de San José. Nuevamente la población civil fue colocada como
escudo por los actores armados, gracias a que el Gobierno se ha negado tozudamente a
acatar las normas emitidas por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1206/01 que
prohíbe instalar puestos de policía o bases militares en medio de la población civil.
El domingo 10 de febrero de 2013, hacia las 7:25 horas, nuevamente se escucharon dispa-
ros y detonaciones de explosivos en los alrededores del centro urbano de San José de
Apartadó, causando terror en sus pobladores.
Los días lunes 11 al sábado 16 de febrero de 2013, según informaciones de campesinos
que lo presenciaron, varios camiones transportaron a paramilitares procedentes del de-
partamento del Chocó quienes ingresaron a las bases de Piedras Blancas, Zunguito-
carretera y Nuevo Antioquia, atravesando por sitios donde constantemente existen retenes
militares y de policía sin que éstos los detuvieran.
El jueves 14 de febrero de 2013, hacia las 9:30 horas, se presentó un combate entre los mili-
tares acantonados en la base militar de San José y guerrilleros de las FARC. Según infor-
maciones de los medios locales, dos militares resultaron heridos. Este mismo día, hacia las
12:35 horas, dos helicópteros sobrevolaron el área, mientras uno recogía los heridos el otro
ametrallaba la zona dejando caer sobre varias viviendas de civiles vainillas de gran tama-
ño, calibre P50. Varios campesinos han manifestado la preocupación por estos hechos los
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cuales ponen en riesgo sus vidas. Mientras tanto soldados del Ejército Nacional se han
acercado a las viviendas de varios campesinos preguntando si no tienen pesar de los ni-
ños, lo cual se entiende como una amenaza por parte de la fuerza pública hacia el campe-
sinado.
El lunes 18 de febrero de 2013, hacia las 10; 30 horas, un grupo de paramilitares fuerte-
mente armados ingresaron a la vivienda de un miembro de la Comunidad de Paz en la
vereda Arenas Bajas, manifestando que van a ir desplazando al campesinado de la zona al
igual que a las familias de la Comunidad; que ya tienen todo coordinado con la fuerza
pública para ello. Este mismo día se presentó un tiroteo en el filo del sitio conocido como
El Barro, en la vereda Mulatos.
El martes 19 de febrero de 2013, hacia las 3:00 horas de la madrugada, un grupo paramili-
tar entró a una vivienda ubicada en la vereda la Miramar del corregimiento de San José,
allí tumbaron la puerta de la casa a patadas, destruyeron la vajilla de cocina, dañaron
prendas de vestir de la familia y amenazaron de muerte a la niña ROSALBA GONZÁLEZ,
de 14 años, por espacio de hora y media, colocándole un cordón y una navaja en la nuca,
obligándola a desplazarse de la región y anunciándole que si la volvían a ver por allí, la
matarían. Allí, nuevamente profirieron amenazas contra la Comunidad de Paz, afirmando
que esa HP de Comunidad de Paz es una manada de guerrilleros a quienes van a extermi-
nar y mostrando una lista de personas del corregimiento a quienes tienen que asesinar.
Este mismo día el grupo paramilitar se dirigió a la base de Piedras Blancas; al regreso se
llevaron al reconocido campesino de apodo “CHILAPO” a quien torturaron destruyéndo-
lo parte de su nariz con un alicate con el cual lo obligaron a caminar, además de recibir
varios garrotazos en la cabeza; después de las torturas lo obligaron a cavar su propia se-
pultura. Algunos civiles que se enteraron de la intención de asesinarlo intercedieron por el
campesino logrando que minutos más tarde los paramilitares lo dejaran en libertad a la
altura de la vereda Caracolí del corregimiento de Piedras Blancas del municipio de Care-
pa.
El jueves 21 de febrero de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia en cabeceras de
la vereda La Esperanza, exactamente en el punto conocido como “los Arteaga”. Venían de
la base paramilitar de Nuevo Antioquia y recorrieron las veredas de Playa Larga, El Por-
venir y La Esperanza, ésta última donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz.
El viernes 22 de febrero de 2013, hacia las 10:30 horas, se registraron enfrentamientos al
parecer entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC en el corregimiento
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de Los Mandarinos. Según informaciones de los campesinos, dos soldados resultaron
muertos.
El sábado 23 de febrero de 2013, hacia las 10:00 horas, en la vereda La Esperanza, un gru-
po paramilitar ingresó a la vivienda del campesino CRISTÓBAL MEZA, a quien amenaza-
ron junto con su familia y le advirtieron que era mejor que se fuera de la zona, que no lo
querían ver más por allí. Ese mismo día este mismo grupo paramilitar entró a varias vi-
viendas de la vereda El Porvenir, aledaña a la vereda La Esperanza, y se llevaron los ali-
mentos de las casas. En ese grupo iba el reconocido paramilitar alias “PANELO” quien
reside en Nuevo Antioquia con la aquiescencia de todas las autoridades.
El mismo sábado 23 de febrero de 2013, a las 20:30 horas, un miembro de la Comunidad
de Paz recibió una llamada por parte de un sujeto que no se identificó, para advertir que
estaban planeado una masacre contra la Comunidad de Paz; que el objetivo eran los líde-
res y que cuidaran a los niños, que no los dejaran en la calle, pues de lo contrario correrían
la misma suerte y serían asesinados. La llamada la hicieron, según lo afirmaron, desde la
vereda Miramar, lugar donde habían estado presentes los paramilitares en los últimos días
en estrecho compartir con tropas del Ejército.
El domingo 24 de febrero de 2013, hacia las 15:50 horas, un grupo paramilitar llegó a la
vereda La Esperanza, a la finca de propiedad de la Comunidad de Paz, preguntando por
los líderes de la Comunidad de Paz. La presencia de los paramilitares, tanto en la vereda
El Porvenir como en la vereda La Esperanza, ha colocado en situación de confinamiento a
tres familias, dos de ellas de la Comunidad de Paz, a quienes les tienen prohibido salir de
sus casas. Los mandos militares contactados a nivel nacional por otras instituciones del
mismo Estado, aseguran que en la zona “no hay presencia alguna de paramilitares”. Es la res-
puesta rutinaria con que la Brigada XVII, desde el General Rito Alejo del Río, en 1997, ha
respondido a toda denuncia.
El lunes 25 de febrero de 2013, hacia las 7:00 horas una comisión humanitaria de la Co-
munidad de Paz se desplazó a las veredas El Porvenir y La Esperanza, con el fin de prote-
ger a las familias retenidas y amenazadas por los paramilitares. A raíz de las graves ame-
nazas e incursiones paramilitares en asentamientos de la Comunidad de Paz en las últimas
semanas, fue conformada dicha COMISIÓN HUMANITARIA que se desplazó, con acom-
pañamiento internacional, a la vereda La Esperanza y zonas aledañas, donde varias fami-
lias permanecían confinadas por los paramilitares y sometidas al ultimátum de siempre: si
no trabajan con ellos, deben abandonar la zona o morir. El 25 y 26 de febrero la Comisión
Humanitaria estuvo en La Esperanza. Los militares se enteraron de su presencia con anti-
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cipación y adoptaron la estrategia de ordenar a los paramilitares esconderse y alejarse del
camino por donde se desplazaba la Comisión para no ser vistos. Los militares hicieron
presencia en la vereda La Esperanza el día 26, y lo hicieron de una manera irrespetuosa,
ingresando sin permiso a una propiedad privada. Se identificaron como integrantes de la
Brigada Móvil No. 24. Los pobladores de la zona le manifestaron a la Comisión que los
paramilitares se movilizan con brazaletes marcados con la sigla “AGC” (Autodefensas
Gaitanistas de Colombia), el nuevo nombre que han adoptado. Es claro que han ido com-
prando fincas en la vereda de Playa Larga y aledañas, como la finca La Marina donde fun-
ciona una gran base paramilitar y es clara también su incidencia en el proyecto de carrete-
ra entre Nuevo Antioquia y La Esperanza, para el cual han aportado mucha maquinaria.
Para los campesinos está también clara la estrategia paramilitar, manifestada en discursos
y conversaciones, de avanzar en el control territorial de todo el corregimiento de San José
de Apartadó. En esto coinciden con aquellos que han estado ocupando las veredas Arenas
Bajas (sector de La Máquina) y Miramar en los últimos meses. Lo más preocupante y lo
que constituye la clave fundamental de su presencia y accionar en la zona, es la complici-
dad de la fuerza pública. Los mismos paramilitares se lo confiesan a los campesinos con
intención de disuadirlos de toda resistencia a su dominación: el respaldo de la fuerza pú-
blica es total y por ello oponerse a la estrategia es “enterrarse el cuchillo”: o les toca des-
plazarse o morir. Le explican a los campesinos que la fuerza pública está realizando opera-
ciones de fachada al repartir volantes en los que se afirma estar persiguiendo a alias “Tei-
lo”, a alias “Otoniel”, a alias “Fabio” (responsable político), a alias “Beto”, entre otros; que
la misma población civil puede comprobar que no se dan enfrentamientos entre militares y
paramilitares a pesar de que estos últimos hacen presencia en la zona en grupos enormes y
muy cerca de donde patrullan los militares. Por esto los paramilitares se muestran seguros
ante los campesinos y afirman que no saldrán de la zona aunque el mismo Presidente San-
tos vaya y se los ordene. Su seguridad se apoya, además, en la estrategia global a la cual
dicen servir: adueñarse de la zona para ponerla al servicio de empresas mineras nacionales
e internacionales, como lo han hecho en otras regiones del país. Entre las estrategias de
desplazamiento siempre se ha contado la fumigación de los cultivos de pancoger, con el
fin de destruir las fuentes precarias de alimentación del campesino y envenenar sus aguas
para obligarlo a abandonar la zona. Esta estrategia la han estado aplicando en las veredas
Mulatos, La Resbalosa y las Nieves. La Comunidad tomó registros fotográficos los días 21
y 26 de febrero de este año, en los cuales se comprueba la gravedad de los daños causados
por las fumigaciones indiscriminadas de la Policía Antinarcóticos. En la vereda La Resba-
losa fumigaron la fuente de agua de la cual se sirve la Comunidad de Paz.
El miércoles 6 de marzo de 2013, miembros de la Policía y del Ejército llegaron a la vereda
La Cristalina y allanaron sin orden judicial alguna y de manera brutal la vivienda de AL-
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FREDIS RIVAS BORJA, quien ya había sido víctima de un montaje judicial, de privación
injusta de su libertad y cuya familia fue casi exterminada al ser asesinados su padre y sus
hermanos por miembros del Ejército y de los grupos paramilitares, informaciones que re-
posan en la Presidencia de la República, en las instituciones judiciales locales y regionales,
en todas las altas Cortes y en organismos internacionales. Ese mismo día, La presencia del
Ejército en los espacios de vivienda y educación de la población civil, provocó un combate
que puso en alto riesgo a los civiles, junto a la escuela de La Cristalina, donde, según in-
formaciones de pobladores de la zona, un soldado perdió la vida.
El jueves 7 de marzo de 2013, hacia las 10:00 horas, un integrante de la Comunidad de Paz
recibió una llamada telefónica en la cual se preguntaba por la ubicación de GERMÁN
GRACIANO y de REINALDO AREIZA. Germán es actualmente el Representante legal de
la Comunidad y en los últimos meses ha sido sometido a persistentes amenazas de muer-
te. El desconocido que hizo la llamada advertía que ya tienen un plan para asesinarlo en la
misma zona en el momento en que dé ocasión.
El viernes 8 de marzo de 2013, hacia las 11:00 horas, en la vereda la Hoz del corregimiento
de San José, se presentó un intercambio de disparos entre militares que patrullaban la zona
y paramilitares. Según informaciones de los campesinos, 9 paramilitares perdieron la vida
y un número indeterminado de ellos quedaron heridos. Los militares manifestaron que
había sido “un error” entre ellos, ya que iban persiguiendo era a la guerrilla; que lamenta-
ban lo sucedido y que por eso no habían recogido los cuerpos de los paramilitares muertos
ni el armamento que estos portaban. Después de esto, los paramilitares reclutaron a un
grupo de civiles del casco urbano de Nuevo Antioquia a quienes obligaron a recoger los
cuerpos de los paramilitares muertos, los cuales fueron trasladados al municipio de Turbo.
Según informaciones de los medios locales, entre los muertos se encontraba alias “BETO”,
líder paramilitar de la zona.
El lunes 11 de marzo de 2013, hacia las 7:30 horas, dos amigos internacionales que venían
de visita a la Comunidad de Paz, mientras se trasladaban en taxi desde el aeropuerto de
Carepa hacia el asentamiento principal de la Comunidad en San Josesito, fueron intercep-
tados por la Policía. Los agentes detuvieron el vehículo para ser requisado al igual que los
ocupantes. Los uniformados sometieron a los visitantes a interrogatorios. Cuando los visi-
tantes les manifestaron que se dirigían hacia la Comunidad de Paz, los uniformados cues-
tionaron el que ellos vinieran a la Comunidad, advirtiéndoles que esa Comunidad de Paz
era muy peligrosa, que no fueran allí.
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El viernes 15 de marzo de 2013, a las 9:40 horas y por espacio de 20 minutos se registró un
nuevo enfrentamiento en el casco urbano de San José. Nuevamente se puso en peligro la
vida de los civiles. En el colegio se encontraban los niños en clases, los cuales quedaron en
medio del fuego cruzado. El Gobierno sigue desacatando de manera contumaz las normas
de la Corte Constitucional en su Sentencia T-1206/01, que prohíbe establecer puestos de
policía y bases militares en medio de la población civil. Si se quisiera proteger a la pobla-
ción civil, misión de la fuerza pública, no pondrían sus bases allí para que los civiles mue-
ran en el fuego cruzado.
El miércoles 27 de marzo de 2013, en horas de la tarde, pasó por la vereda Belencito un
grupo paramilitar procedente de la Base paramilitar de Piedras Blancas, municipio de Ca-
repa donde funciona la Brigada XVII. Entre los paramilitares venían los reconocidos AL-
BEIRO CARDONA BORJA y LUBÍN CARDONA BORJA, nativos de la zona y quienes han
trabajado al menos 8 años como paramilitares adjuntos a la Brigada XVII, a la cual se vin-
cularon luego de perpetrar una masacre en compañía de los militares el 26 de diciembre de
2005, siendo remunerados por cada uno de los jóvenes asesinados mientras dormían. Los
paramilitares llegaron hasta la vereda Miramar, del corregimiento de San José. Cabe re-
cordar que en esta última ha habido una fuerte presencia militar desde hace varios días y
allí y en las veredas aledañas se ha visto a los paramilitares patrullar en coordinación con
los militares.
El viernes 29 de marzo de 2013, los paramilitares LEIDER OSORIO DAVID alias “TRIBI-
LIN” y JOSÉ ADELMO OSORNO alias “PANELO”, quienes se encontraban en el casco
urbano de Nuevo Antioquia, les mostraron a varios civiles de la región un álbum fotográ-
fico, manifestando que las fotos fueron suministradas por los militares en los puestos de
registro y control de la zona. Allí estaban incluidas las fotografías de GERMAN GRACAI-
NO y de JESUS EMILIO TUBERQUIA, miembros del Consejo Interno de nuestra Comuni-
dad, ambos reiteradas veces amenazados de muerte por los paramilitares y víctimas de
numerosas agresiones; también había allí fotos de otros pobladores de la región. Allí mis-
mo se veía la fotografía del cadáver del supuesto comandante guerrillero JACOBO
ARANGO, “dado de baja” recientemente por la fuerza pública. Los paramilitares les de-
cían a los pobladores que así mismo (como el guerrillero muerto) iban a quedar los miem-
bros de la Comunidad de Paz. Estas amenazas coinciden con las declaraciones y señala-
mientos realizados por el actual Coronel LUIS MIGUEL GÓMEZ QUINTERO de la Briga-
da XVII y por el General HERNÁN GIRALDO Comandante de la Séptima División, quie-
nes ha expresado que la Comunidad de Paz “está inconforme” por la muerte de dicho
guerrillero, lo que lo ha llevado a calificar a los miembros de la Comunidad como “sinver-
güenzas y alcahuetes”. La Comunidad reafirma que jamás ha festejado la muerte de nin-
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gún ser humano, sea del bando que sea, y que condena de manera enérgica el morboso
placer que siempre manifiesta la fuerza pública ante la destrucción de seres humanos que
no son de su simpatía. Tal actitud revela patologías anti-humanas dignas del más enérgico
y universal repudio, las que explican desviaciones psíquicas y éticas de hondas raíces que
los llevan a pisotear la dignidad elemental de los ciudadanos cuya vida y derechos debe-
rían proteger, lo cual les queda imposible al estar formados en tal carencia de principios
éticos elementales.
El lunes 1 de abril de 2013, hacia las 13:00 horas, JULIO GUISAO, miembro del Consejo
Interno de la Comunidad de Paz y quien se encontraba en Apartadó, fue interceptado por
la Policía, señalándolo los agentes como “sospechoso”. Después de varios minutos de inte-
rrogatorio lo dejaron libre.
El jueves 4 de abril de 2013, hacia las 7:00 horas, se presentó un enfrentamiento entre tro-
pas del Ejército y guerrilleros de las FARC, en la finca de la Señora Matilde Florez, exac-
tamente en el sitio conocido como La Sucia, en el corregimiento de San José. Según infor-
maciones de campesinos, un militar perdió la vida, de igual manera resultó muerto un
caballo de la familia de la Señora Matilde, el cual fue impactado en el cruce de disparos.
El mismo jueves 4 de abril de 2013, hacía las 9:00 horas, GERMAN GRACIANO, Repre-
sentante Legal de la Comunidad de Paz, y JULIO GUISAO, ambos miembros del Consejo
Interno de la Comunidad de Paz, quienes se encontraban en Apartadó en el sitio Plaza del
Río, fueron abordados por agentes de la Policía Nacional, quienes los sometieron a requi-
sas e interrogatorios, manifestándoles que eran “sospechosos”, por lo cual les llevarían al
Comando de Policía a interrogarlos. Minutos después llegaron acompañantes internacio-
nales quienes mediaron por ellos y los dejaron libres.
El viernes 5 de abril de 2013, militares efectivos de la base militar de San José, invadieron
la casa centro de formación de la Comunidad de Paz en San José colocando una gran carte-
lera del Ejército Nacional en dicho Centro, así mismo han invadido varias propiedades de
la comunidad en varios lugares, como en las veredas Arenas, Mulatos y La Resbalosa,
donde han destruido reservas forestales, nacederos de agua, causando de esa manera gran
daño a la fauna y a la biodiversidad construyendo helipuertos y campamentos militares.
El mismo viernes 5 de abril de 2013, hacia las 13:00 horas, en la vereda La HOZ se escuchó
una detonación muy fuerte; minutos más tarde un helicóptero de la fuerza pública aterrizó
en el lugar. Este mismo día los militares retuvieron ilegalmente a varias personas de la
zona señalándolas de ser auxiliadoras de la guerrilla.
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Entre los días Viernes 5 y Sábado 6 de abril de 2013, tropas del Ejército hicieron presencia
en los sitios de trabajo de las familias que habitan en san Josesito, lugar de la Comunidad
de Paz, allí permanecieron durante estos dos días, impidiendo las labores agrícolas de las
familias de la Comunidad, además de pisotear los principios y de irrumpir en una pro-
piedad privada protegida en la Constitución Política de Colombia. Cuando los miembros
de la Comunidad acudieron a los uniformados para pedirles que se retiraran, un soldado,
quien no quiso identificarse alegando que “esto era muy delicado”, pero en su prenda de
vestir se observaba el apellido “PEREZ”. Respondió diciendo que estaba allí por órdenes
de sus superiores.
El sábado 6 de abril de 2013, hacia las 18:30 horas, miembros de la Comunidad de Paz que
se dirigían desde san Josesito hacia la vereda La Unión, entre los cuales iba GERMAN
GRACIANO, Representante Legal de la Comunidad, fueron retenidos por los militares
entre san Josecito y San José. Los militares los insultaron y después de varios minutos los
pusieron en libertad al momento en que un grupo de la Comunidad se disponía a rescatar-
los.
El mismo sábado 6 de abril de 2013, hacia las 18:30 horas, en el paraje de La Sucia del co-
rregimiento de San José, fue asesinado el campesino AGUSTIN MORA SUCERQUIA de 22
años de edad, por desconocidos que sin mediar palabras acabaron con su vida. Es necesa-
rio mencionar que en aquel mismo lugar la fuerza pública hacía presencia ese día y donde
el jueves 4 de abril de 2013 se habían presentado combates, este mismo día y en horas de la
tarde a la salida de San José hacia el paraje de La Sucia, y en la salida hacia Apartadó, los
militares de la base militar de San José tenían retenes ilegales donde controlaban a todos
los transeúntes. El cuerpo de la víctima quedó a la intemperie por más de 15 horas sin que
ninguna autoridad competente hiciera presencia en el lugar, por lo que la familia de la
víctima acudió a la Comunidad de Paz para que se les acompañara en el traslado del cuer-
po y darle cristiana sepultura.
El martes 9 de abril de 2013, hacia las 16:45 horas, el Ejército Nacional asesinó alevemente
al joven CARLOS ANDRÉS TORRES BORJA de aproximadamente 20 años de edad, a po-
cos metros del paraje de Caracolí del corregimiento de San José, donde hay presencia per-
manente de la fuerza pública. Militares adscritos a la Brigada XVII de Carepa le dispararon
cuando iba a regresar a su finca en su caballo. Torres Borja era un humilde campesino
quien vivía en la vereda la Miranda del corregimiento de San José y se dedicaba a la agri-
cultura; ese día él había bajado a Caracolí a vender algunos productos agrícolas. Los mili-
tares le propinaron varios disparos en la cabeza con arma larga, dejándolo inmediatamen-
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te muerto. A pesar de que él no era miembro de la Comunidad de Paz, sí era cercano y
suministraba productos agrícolas a la Comunidad y además era familiar de miembros de
la Comunidad. Torres deja a su compañera con tan solo cinco meses de embarazo. Estas
acciones ya habían sido anunciadas por militares y paramilitares en la región, quienes ha-
bían venido amenazando constantemente a los campesinos y miembros de la Comunidad
que no se sometieran a sus pretensiones. Por petición de familiares de la víctima, la Co-
munidad acompañó la recuperación del cuerpo en la morgue y el traslado a la zona, y se
dio el espacio para sepultarlo en la Comunidad.
El mismo martes 9 de abril de 2013, hacia las 16:50 y por espacio de 20 minutos se presen-
tó un combate entre la fuerza pública y las FARC, en la vereda Arenas Altas, donde milita-
res hacían presencia desde hacía varios días con campamentos y helipuertos en predios de
la Comunidad y donde varias familias de la Comunidad habían sido interrumpidas en sus
labores en el cultivo de cacao y siembras de cultivos de pan coger. Estos hechos sucedieron
dentro del despliegue militar de la Brigada XVII en el corregimiento de San José, la cual
convocó a una “jornada cívico militar” el día sábado 6 de abril de 2013, en el casco urbano
del corregimiento de San José, con el ánimo de tapar la realidad de lo que venía sucedien-
do en la zona y de lo cual la Comunidad de Paz venía dejando constancias.
El viernes 12 de abril de 2013, hacia las 17:00 horas, se presentó un nuevo combate en la
vereda La Linda del corregimiento de San José de Apartadó, entre tropas del Ejército Na-
cional y guerrilleros de las FARC. Este cruce de disparos se mantuvo por cerca de una ho-
ra, colocando en grave riesgo a la población civil del entorno
El sábado 13 de abril de 2013, hacia las 5:10 horas, un grupo de aproximadamente 40 pa-
ramilitares llegó a la vivienda de un miembro de la Comunidad de Paz en la vereda Are-
nas Bajas donde acamparon durante varias horas. Cerca de este lugar se encontraban tro-
pas del Ejército Nacional, las cuales protegían a los paramilitares en sus movimientos.
El martes 16 de abril de 2013, hacia las 14:00 horas, en la vereda Arenas Altas, junto al
asentamiento de la Comunidad de Paz, fue retenido por tropas del Ejército adscritas a la
Brigada Móvil No. 24, JHON FREDY ÚSUGA, miembro de la Comunidad de Paz y coor-
dinador en la vereda Arenas Altas. Los militares lo insultaron y lo maltrataron verbalmen-
te acusándolo de ser guerrillero. Cuando John Fredy les pidió a los uniformados identifi-
carse, ellos se opusieron, en abierta violación de la ley, alegando que no podían dar esa
información porque la Comunidad de Paz los denunciaba. Con los militares se encontra-
ban algunos encapuchados, presumiblemente paramilitares, cuya identidad querían ocul-
tar. Los uniformados manifestaron en forma airada su inconformidad por la muerte del
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paramilitar Dairo de Jesús Rodríguez alias “LALO”, quien había sido asesinado por las
FARC en el casco urbano de San José el 23 de noviembre de 2009; según los militares, ellos
eran muy amigos de alias “Lalo” y departían continuamente en la casa de dicho paramili-
tar.
El mismo martes 16 de abril de 2013, hacia las 17:20 horas, fue retenido por la misma tropa
y en el mismo lugar el campesino EDUARDO BORJA CASTAÑEDA quien se trasladaba
de San José a la vereda Arenas Altas. Los militares lo golpearon a patadas y lo insultaron.
Si bien el Señor Borja no es miembro de la Comunidad de Paz, sí es parte de la población
civil de la zona.
El jueves 18 de abril de 2013, funcionarios del CTI o Cuerpo Técnico de Investigaciones de
la Fiscalía de Apartadó, le manifestaron a una persona cercana a la Comunidad de Paz que
“la Comunidad de Paz, especialmente san Josecito, es la sede principal de la guerrilla”. Estas mis-
mas declaraciones calumniosas e irresponsables se repitieron por parte de los servidores
públicos el viernes 19 de abril de 2013.
El viernes 19 de abril de 2013, en horas de la mañana, en la vereda la Linda del Corregi-
miento de San José, fue retenido ilegalmente por tropas del ejército, por espacio de 4 horas,
el campesino WILLIAN CARDONA. Durante la retención fue sometido a chantajes y
amenazas, señalándolo de ser colaborador de la guerrilla. De igual forma los militares, a
través de su propio celular, lo obligaron a hablar con alias SAMIR, un desmovilizado de
las FARC quien desde 2008 se haya ilegalmente domiciliado en la Brigada XVII y se ha
prestado para todo tipo de calumnias y montajes sin ser procesado por las decenas de ase-
sinatos de campesinos de la zona ordenados por él. También se movilizaba con dicha tro-
pa el paramilitar LUIS ÁNGEL CEBALLOS, ampliamente conocido por haber vivido en la
zona, quien había hecho presencia, encapuchado y en compañía de otros paramilitares, en
la vereda Miramar, el día 19 de febrero de este mismo año. WILLIAN CARDONA ya ha-
bía sido agredido con violencia por parte de agentes ilegales del Estado el pasado 25 de
enero de 2013, cuando un grupo paramilitar lo privó de la libertad y lo sometió a ultrajes
en la vereda La Cristalina.
El domingo 21 de abril de 2013, tropas del Ejército oficial irrumpieron en la propiedad
privada de la Comunidad de Paz, en la Aldea de Paz ubicada en la vereda Mulatos, donde
se estacionaron acampando junto a las viviendas de las familias de la Comunidad; inclusi-
ve varios de ellos ingresaron en la noche a la escuelita de la comunidad en la misma Aldea
de Paz, realizando espionajes. La presencia de los militares junto a las viviendas de las
familias de la Comunidad ha impedido las labores agrícolas de las familias allí y ha colo-
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cado en riesgo a la población civil, pisoteando además los principios básicos de la Comu-
nidad de Paz de no permitir paso de armas por los espacios de vida y de trabajo de las
familias de la Comunidad. Este mismo día allí mismo fue retenido DIEGO CEVALLOS,
miembro de la Comunidad de Paz y sometido a chantajes e insultos; lo obligaron a vaciar
en el piso las cosas que él llevaba, ya que a esa hora él regresaba de San Josecito a la Aldea
de Paz en Mulatos.
Entre el 19 y el 27 de abril de 2013 el campesino WILLIAM CARDONA estuvo recibiendo
constantes llamadas telefónicas de militares, quienes querían siempre controlar su parade-
ro y lo conminaban a que no se moviera de su casa, pues de lo contrario no respondían por
su vida. Cuando, agotado con este chantaje permanente, botó su simcard, los militares
continuaron llamando a su esposa y siguieron presionando a su hijo de 11 años para que
se convirtiera en informante del Ejército. William había sido detenido por paramilitares en
la vereda La Linda en enero de este año y el 19 de abril fue ilegalmente detenido por los
militares y sometido a ultrajes y chantajes durante varias horas e incluso se le obligó a co-
municarse con el ex guerrillero alias SAMIR, domiciliado ilegalmente en la Brigada XVII
desde hace varios años y manipulado por el Ejército para inventar calumnias permanentes
contra la Comunidad de Paz.
El martes 23 de abril de 2013, en la vivienda de Hernán Rodríguez, en la vereda La Linda,
del corregimiento de San José, un campesino fue detenido ilegal y arbitrariamente por tro-
pas del Ejército y amenazado de ser subido a un helicóptero y procesado como guerrillero
si no colaboraba con los militares. Lo acusaron de que en su finca cocinaban alimentos
para la guerrilla porque allí habían encontrado plumas de gallina y, según los militares,
“sólo la guerrilla come gallinas”.
El domingo 5 de mayo de 2013, en la vereda La Osa, del corregimiento de Batata (Tierral-
ta, Córdoba) fue gravemente herido por tropas del Ejército Nacional el campesino MA-
NUEL ENRIQUE MARTÍNEZ CARDONA, quien debido a la gravedad de las heridas mu-
rió el día siguiente, 6 de mayo. Aunque no hacía parte de la Comunidad de Paz, sin em-
bargo era un civil y vecino de los asentamientos de la Comunidad de Paz. Por ello la Co-
munidad se solidarizó con su familia. Es de anotar que la vereda La Osa es una de las ve-
redas aledañas a la vereda Las Claras, donde existe un asentamiento de la Comunidad de
Paz.
El martes 14 de mayo de 2013, hacia las 7:00 horas, cuando descendían del vehículo que
las había transportado del centro urbano de San José a Apartadó, fueron retenidas por dos
personajes en trajes civiles ELVIA MARÍA CATAÑO SERNA y su madre LAURA. Sus
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captores les quitaron sus documentos de identidad y se los entregaron a otros dos civiles
quienes llegaron en un taxi y se los llevaron. Luego fueron conducidas por los dos civiles
que las retuvieron hasta el Comando de la Policía de Apartadó donde las sometieron a
interrogatorios en los que se les acusaba de ser “guerrilleras de pueblo”. Dos horas des-
pués llegaron allí los civiles que les habían quitado sus documentos y se los entregaron a
la Policía. Las acusaciones las sustentaban en supuestos “informantes” que les hacían se-
guimientos en el caserío, afirmaciones sin sustento alguno y sin proceso legal alguno. Lue-
go de 5 horas las dejaron ir con la condición de que no apagaran sus celulares para poder-
las controlar permanentemente y que no salieran de San José para ninguna parte, pues de
lo contrario no respondían por sus vidas. Así funcionan los “procesos judiciales” en Ura-
bá, en los que agentes, instituciones, espacios, pruebas, procedimientos y diligencias están
fuera de la ley y contra la ley, y aún más, son acciones delictivas que las instituciones no
sólo toleran sino que avalan.
El viernes 17 de mayo de 2013, en cabeceras de la vereda La Cristalina, del corregimiento
de San José de Apartadó, fue encontrado el cuerpo sin vida del Campesino LUIS RODRÍ-
GUEZ, quien al parecer habría sido asesinado con arma de fuego el jueves 16 de mayo,
presuntamente a manos de la guerrilla, según informaciones de los campesinos, por ser
considerado informante de los militares. La Comunidad de Paz repudia enérgicamen-
te estas acciones de muerte y la utilización de la población civil como informante. La Co-
munidad se solidarizó con su familia.
El domingo 19 de mayo de 2013, hacia las 13:00 horas, tres paramilitares que se encontra-
ban en el sitio conocido como Tierra Amarilla, en la vía entre Apartadó y San José, retuvie-
ron el vehículo de servicio público que cubría la ruta San José-Apartadó y obligaron a des-
cender a todos los ocupantes del vehículo, en el cual se trasladaban miembros de la Co-
munidad de Paz, impidiendo realizar cualquier tipo de comunicación, advirtiendo que los
matarían. Al identificar al Campesino ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO, quien es familiar de
Germán Graciano, Representante Legal de la Comunidad de Paz, dijeron: “este es el que
necesitamos”. Lo amenazaron de muerte obligándolo a que los acompañara a un sitio apar-
tado, a lo cual él se resistió y después de varios minutos lo enviaron en el mismo vehículo
escoltado por dos de los paramilitares, pues le advirtieron que más adelante arreglarían
con “el patrón”. Graciano al sentirse en esta situación, aprovechó un descuido de sus capto-
res para lanzarse del vehículo y emprender la huida hasta ocultarse en un bosque, logran-
do así escapar de los asesinos. La Comunidad inmediatamente se enteró de la situación,
envió una delegación a buscarlo con acompañamiento internacional. Afortunadamente
lograron hallarlo con vida y llevarlo de regreso a su familia. Cuando la delegación bajaba,
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comprobó presencia militar intensa en la vía, a escasos cinco minutos del lugar de los he-
chos, lo que evidencia la coordinación entre la fuerza pública y los paramilitares.
Este mismo domingo 19 de mayo de 2013, a la misma hora, dos miembros del Consejo
Interno de la Comunidad que se encontraban en el aeropuerto de Carepa, fueron empa-
dronados ilegalmente por agentes de la Policía al mando del SUBINTENDENTE HER-
NÁNDEZ. Los uniformados alegaron que ellos “pueden hacer lo que les dé la gana”. Al
hacerles ver que estaban violando normas establecidas en una sentencia de la Corte Cons-
titucional, respondieron que ellos “son la autoridad y no tienen porqué cumplir ninguna
sentencia”; que si a los miembros de la Comunidad de Paz no les gustaba ese procedi-
miento, ellos se los llevarían detenidos.
El jueves 23 de mayo de 2013, hacia las 13:40 horas se registró un combate entre tropas del
Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC, en la vereda Mulatos, en el sitio conocido
como El Barro, en la finca del señor Antonio Arteaga, la cual es administrada por dos fami-
lias integrantes de la Comunidad de Paz. Allí los militares utilizaron la vivienda como
trinchera, colocando como escudos humanos a los niños y a los civiles, lo que con toda
evidencia constituye un crimen de guerra. Al pedirles que se retiraran de la vivienda, los
militares respondieron diciendo que esto era para que los mataran junto con ellos. Era,
pues, un crimen de guerra consciente, intencional y premeditado.
El sábado 25 de mayo de 2013, en horas de la mañana, en la Aldea de Paz ubicada en la
vereda Mulatos, fue retenido por tropas del Ejército Nacional, por varios minutos, el me-
nor de edad EDILBERTO TUBERQUIA, miembro de la Comunidad de Paz, quien fue tra-
tado con insultos e interrogado sobre el paradero de miembros de la Comunidad. Después
los militares lo siguieron por espacio de varios minutos.
El domingo 26 de mayo de 2013, en una reunión realizada en el área urbana de Apartadó,
los líderes del paramilitarismo anunciaron que aprovecharán un momento en el que no
haya presencia de acompañamiento internacional en la Comunidad de Paz, para realizar
una incursión armada contra la Comunidad en el asentamiento de San Josecito, añadiendo
que todo ya está planeado y coordinado con la fuerza pública y que prueba de ello es la
acción que realizaron el domingo 19 de mayo de 2013, cuando retuvieron a Eusebio Gra-
ciano, pues se habían movido sin enfrentar ninguna dificultad con la fuerza pública, lo que
hacen permanentemente.
El lunes 27 de mayo de 2013, en horas de la mañana, tropas del Ejército adscritas a la Bri-
gada Móvil No. 24, ocuparon la propiedad privada de la Comunidad de Paz en el caserío
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de la vereda La Unión durante varias horas. Ante tal situación de irrespeto, la Comunidad
delegó a varios miembros para exigirles que desocuparan los espacios privados. Este
mismo lunes 27 de mayo, hacia las 15:00 horas, se presentó un nuevo combate entre sol-
dados del ejército nacional y guerrilleros de las FARC en la vereda Las Claras, a escasos
minutos del asentamiento de la Comunidad en la Unión, junto a la vivienda de Reinaldo
Rivera.
El lunes 27 de mayo de 2013, hacia las 14:50 horas, fue empadronado ilegalmente y foto-
grafiado por agentes de la Policía en complicidad con los guardias de seguridad en el ae-
ropuerto de Carepa, JESÚS EMILIO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la
Comunidad de Paz.
El lunes 27 de mayo de 2013, hacia las 23:00 horas, en la vereda Playa Larga, en la Hacien-
da la Marina, propiedad de los paramilitares, un grupo de guerrilleros realizaron incur-
sión armada, quemaron la vivienda y se llevaron una recua de mulas y un asno pertene-
ciente a los paramilitares. Según los medios locales, alrededor de 18 familias se desplaza-
ron de la zona. La Comunidad de Paz ha puesto en conocimiento del Presidente de la Re-
pública, desde hace mucho tiempo, la presencia paramilitar en ese sitio preciso y su per-
manente ampliación de espacios en esa zona, sin que hasta el momento el alto Gobierno
haya querido hacer nada, responsabilizándose con plena evidencia de los crímenes que allí
son perpetrados. Esa propiedad y otras aledañas están bajo el dominio de alias “Otoniel”,
jefe de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC”.
El martes 28 de mayo de 2013, un grupo de reconocidos paramilitares hizo presencia en la
vereda Playa Larga, en los limites con la vereda La Esperanza, manifestando que habían
dado aviso a la fuerza pública para buscar las mulas que la guerrilla les había robado el
día anterior y para cobrarle a los campesinos de la zona todos los daños que ellos (los pa-
ramilitares) habían sufrido.
El martes 28 de mayo de 2013, hacia las 8:40 horas, fue empadronado ilegalmente y foto-
grafiado ia ARLEY TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz,
por agentes de la Policía Nacional, en el aeropuerto de Carepa. Un agente de la Policía
utilizó el celular de una de las guardias del aeropuerto y no su propio equipo de comuni-
cación, el cual tenía en sus manos, para realizar una llamada telefónica a un desconocido y
suministró los datos del miembro del Consejo Interno.
El miércoles 29 de mayo de 2013, nuevamente la Comunidad de Paz fue burlada por parte
del alto gobierno, pues el Presidente Juan Manuel Santos no quiso asistir al acto de retrac-
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tación de las calumnias proferidas contra la Comunidad de Paz, desacatando de esa mane-
ra lo ordenado por la Corte Constitucional mediante auto 164/12.
El jueves 30 de mayo de 2013, hacia las 15:00 horas, los 32 delegados de la Comunidad de
Paz que se habían desplazado a Bogotá para asistir al acto de retractación de las calumnias
que iba a realizar el Presidente Santos pero que al fin no lo hizo, a su regreso a Apartadó
fueron interceptados a la altura del sitio conocido como CASA VERDE, en el municipio de
Carepa, por una patrulla de la Policía. Allí los delegados del Ministerio del Interior, quie-
nes acompañaban en su regreso al grupo de delegados, pudieron presenciar en directo un
episodio de la persecución contra la Comunidad de Paz, pues ya habían sido sometidos a
requisas ese mismo día en dos ocasiones y sus antecedentes verificados en los aeropuertos.
Sin embargo la persecución era clara. Un agente de la Policía se acercó a un miembro de la
comunidad y le manifestó que aunque estuvieran funcionarios del Ministerio del Interior,
a ellos no les importaba detener a los miembros de la Comunidad. Era tanta la rabia del
Subintendente de la Policía allí, que no obedeció a las órdenes de su superior en Carepa de
dejar pasar a la delegación, lo que obligó a que él mismo se hiciera presente en el sitio.
El jueves 30 de mayo de 2013, hacia las 14:00 horas, tropas del Ejército Nacional que su-
puestamente iban en búsqueda y rescate de las mulas robadas a los paramilitares por la
guerrilla, sostuvieron combates con guerrilleros de las FARC quienes al parecer llevaban
los animales robados, entre las veredas La Esperanza y Mulatos. En el intercambio de dis-
paros resultó casi destruida por los impactos de las balas la vivienda del campesino
Reinaldo Cardona, quien se encontraba en ella con su familia, entre ellos varios niños, en
el momento de los hechos; simultáneamente un helicóptero del Ejército ametralló la zona y
las vainillas cayeron sobre la vivienda; allí resultó también muerto un toro y un militar
resultó gravemente herido, según los campesinos.
El viernes 31 de mayo 2013, hacia las 05:00 horas, según informaciones de los campesinos,
un helicóptero del Ejército Nacional aterrizó en la propiedad de Reinaldo Cardona, no se
sabe si a recoger heridos o muertos.
El viernes 31 de mayo de 2013, hacia las 9:00 horas, en la vereda La Miranda, pertenecien-
te al corregimiento de San José, se registró un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y
la guerrilla de las FARC, según informaciones de los habitantes de la zona. Al parecer hu-
bo heridos de ambos bandos. Horas más tarde, un helicóptero militar aterrizó en la zona.
El jueves 30 y el viernes 31 de mayo de 2013, se registró una fuerte presencia de militares
en la Aldea de Paz, asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos, ingre-
75
sando ilegalmente a la propiedad privada de la Comunidad de Paz. Es una práctica bo-
chornosa, pero la comunidad ejerció su derecho exigiendo constantemente a los militares
el respeto a los sitios de vida y de trabajo de las familias de la Comunidad.
El sábado 1 de junio de 2013, hacia las 19:30 horas, se registró un hostigamiento a la base
militar ubicada en el casco urbano de San José. El no acatamiento del gobierno y su fuerza
pública a las prescripciones de la Corte Constitucional que prohíbe ubicar las bases en
medio de la población civil, continúa poniendo en alto riesgo la vida de los pobladores de
San José.
El domingo 2 de junio de 2013, hacia las 14:00 horas, mientras un grupo de civiles se en-
contraba recreándose en la cancha de futbol, ubicada en el casco urbano de San José, junto
a la base militar, se presentó nuevamente un hostigamiento a la base militar allí ubicada,
por parte de guerrilleros de las FARC, lo que obligó a los civiles a huir apresuradamente
del lugar. Este nuevo hecho, evidencia el alto riesgo en el que se encuentra la población
civil del casco urbano del corregimiento. A pesar de esto, el gobierno nacional pretende
construir allí un colegio, donde albergarían a muchos jóvenes de la región, lo que significa
que a las instituciones no les importa el riesgo que ello representa para la población civil.
El lunes 3 de junio de 2013, hacia las 9:00 horas, en la vereda la Unión, miembros de la
Comunidad de Paz se dirigieron a tropas del Ejército que se encontraban dentro de los
espacios de trabajo de las familias, para solicitarles que se retiraran de allí, a lo cual los
militares manifestaron que ellos hacen lo que les da la gana y que nadie los va a venir a
mandar allí. Este mismo lunes 3 de junio de 2013, hacia las 17:00 horas aproximadamente,
se presentó nuevamente un hostigamiento entre el Ejército Nacional y guerrilleros de las
FARC en el sitio conocido como La Antena en el corregimiento de San José de Apartadó.
El martes 4 de junio de 2013, hacia las 15:00 horas, nuevamente dos paramilitares en trajes
civiles y portando armas cortas, siguieron al campesino ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO en
Apartadó mientras caminaba por el centro de esa ciudad, por lo que se vio obligado a
abordar un taxi para escapar de sus asesinos y refugiarse en algún sitio allí, la Comunidad
inmediatamente fue informada tuvo que ir a rescatarlo y devolverlo a la familia sano y
salvo, ante estos nuevos hechos de amenaza, la Comunidad hizo responsable al Estado
colombiano por lo que pueda sucederle a Ángel Eusebio, pues, en menos de quince días,
ha estado a punto varias veces de ser asesinado por paramilitares que actúan en abierta
complicidad con la fuerza pública.
76
Desde el sábado 1 hasta el martes 4 de junio de 2013, tropas del Ejército Nacional acam-
paron en propiedad privada de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza junto a la
vivienda de las familias allí residentes, violando el derecho a la propiedad privada consa-
grada en la Constitución de Colombia, además de pisotear los espacios de vida y trabajo
de la Comunidad de Paz. La presencia de actores armados junto a las viviendas de la po-
blación civil coloca en riesgo la vida de los civiles, muestra de ello son los últimos hechos
registrados en las últimas semanas, pues la población civil ha sido colocada como escudos
humanos y las viviendas como trincheras por parte de la fuerza pública, lo que constituye
a todas luces un crimen de guerra.
El miércoles 5 de junio de 2013, el Gobierno Nacional a través de la Directora del Progra-
ma Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, AL-
MA BIBIANA PÉREZ GÓMEZ, respondió a través de una carta fechada el 15 de mayo de
2013, a las peticiones que recientemente hiciera a favor de la Comunidad de Paz, la Comu-
nidad de Tamera, en Portugal, la cual está hermanada con la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó desde hace varios años; dicho escrito ha sido enviado a otras organiza-
ciones en el exterior por parte del Gobierno Nacional. La Directora parece desconocer o
pretende ocultar las graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pú-
blica al mostrar los supuestos “logros alcanzados en materia de seguridad por parte de la
fuerza pública en la zona”; ignora los constantes abusos de la fuerza pública contra miem-
bros de la Comunidad de Paz y contra la población del entorno y pretende silenciar los
asesinatos recientes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, como el ocurrido
el jueves 4 de octubre de 2012 en el que resultó herido de muerte por parte de agentes del
Estado el civil ALBERTO ARIZA HUACA; o el ocurrido el martes 9 de abril de 2013 en el
que, sin mediar palabra, el Ejército Nacional asesinó al campesino CARLOS ANDRÉS TO-
RRES. A todas luces se evidencia que “las instrucciones de comportamiento que debe tener
la fuerza pública frente a los miembros de la Comunidad de Paz” para lo único que han
servido es para atropellarla, como los hechos del pasado jueves 30 de mayo de 2013 en los
que se evidenció una persecución clara contra la Comunidad de Paz por parte de la Policía
Nacional, a cuyos agentes no les importó que estuvieran con la delegación de la Comuni-
dad funcionarios del Ministerio del Interior. Es de anotar que si bien es cierto que se han
dado acercamientos propiciados desde el Ministerio del Interior y las reuniones sostenidas
en el transcurso del 2013 entre éste y la Comunidad de Paz, los acuerdos para el cumpli-
miento de las órdenes contenidas en el auto 164 de 2012 proferido por la Corte Constitu-
cional no se han cumplido por parte del Gobierno, como ocurrió el miércoles 29 de mayo,
cuando el señor Presidente Santos no cumplió la promesa de presidir el acto de retracta-
ción de las calumnias presidenciales contra la Comunidad. Además, se estableció un canal
directo de comunicación entre el despacho del Programa Presidencial para los Derechos
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Humanos y el DIH de la Vicepresidencia y los líderes de la Comunidad de Paz, con el
ánimo de transmitir rápidamente las situaciones de riesgo para lograr conjurarlas a tiem-
po, pero ello no sirvió para nada. La presencia en la zona de organismos del Estado como
la Defensoría del Pueblo, con quien la Comunidad se vio forzada a romper por la inope-
rancia, sordera e ineptitud, y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y
sus entes territoriales, en la supuesta implementación de diversos programas de inversión
social dirigida a los habitantes del corregimiento de San José de Apartado en los cuales
nunca se ha incluido a los miembros de la Comunidad de Paz.
El miércoles 5 de junio de 2013, en la vereda Mulatos, junto a la Aldea de Paz de la Co-
munidad de Paz, fue retenido durante varios minutos BERNARDO SEPÚLVEDA, miem-
bro de la Comunidad de Paz, por tropas del Ejército Nacional. Los militares le manifesta-
ron que las cosas estaban calientes por los lados de San José de Apartado por culpa de esa
HP de Comunidad de Paz; que ellos se dirigían hacia San José; que se abstuvieran de lo
que tenían preparado y coordinado por otro lado.
El jueves 6 de junio de 2013; en el casco urbano de Nuevo Antioquia, los paramilitares
anunciaron que iban a ir por REINALDO AREIZA “esté donde esté”, manifestando que la
incineración de la vivienda de la haciende La Marina estaba relacionada con la vivienda
que ellos le quemaron a Reinaldo el 4 de julio de 2012 en la vereda la Esperanza.
El viernes 7 de junio de 2013, hacia las 10: 15 horas de la mañana, guerrilleros de las
FARC hostigaron la base militar y el comando de policía ubicados en el casco urbano de
San José de Apartadó por espacio de 30 minutos, uno de los salones de la escuela de San
José y en el cual se encontraban niños en clases fue afectado por un proyectil disparado
desde la base militar.
Este mismo viernes 7 de junio de 2013, hacia las 14:45 horas, en el casco urbano de San
José de Apartadó, a las afueras de una vivienda, junto al puente de la localidad, cerca a la
escuela, estalló una bomba dejando 4 soldados gravemente heridos; inmediatamente baja-
ron militares de la base a auxiliar a los heridos y al mismo tiempo amenazaron con sus
armas de dotación a varios civiles por no colaborar con la fuerza pública brindando infor-
mación, argumentando que la población civil tenía conocimiento de este atentado. La pre-
sencia del Ejército y de la Policía en medio de la población civil contradicen numerosas
normas de la Corte Constitucional en zonas de conflicto como lo es el casco urbano de San
José, el cual desde su militarización extrema a partir de abril del 2005 ha provocado nume-
rosos enfrentamientos armados cobrando cuantiosas víctimas civiles. Estos hechos afirman
una vez más lo inútil que resultan las bases militares junto a la población civil en zonas de
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conflicto, sin embargo el gobierno insiste en construir un colegio en inmediaciones de la
base militar para poner en extremo riesgo a la población infantil.
Este mismo viernes 7 de junio de 2013, en horas de la mañana, en la vereda Arenas Bajas,
perteneciente al corregimiento de San José, hizo presencia un grupo de paramilitares en la
casa de un miembro de la Comunidad de Paz; allí manifestaron que venían a “arreglar un
asunto y que a esa HP Comunidad de Paz le había llegado su hora”.
El sábado 8 de junio de 2013, en el centro urbano de San José de Apartadó, mientras reco-
rría el caserío cabalgando en su caballo, el campesino JUAN SÁNCHEZ fue amenazado;
varios militares que en ese momento hacían presencia allí, manifestaron ante varios civiles
que “ese HP estaba bueno para bajarle la cabeza de un HP rafagazo, tal como fue fusilado un HP en
Caracolí” (refiriéndose a Carlos Andrés Torres asesinado por militares el pasado lunes 9 de
abril de 2013).
El domingo 9 de junio de 2013, en la vereda Mulatos, perteneciente al corregimiento de
San José, tropas del Ejército Nacional retuvieron ilegalmente durante varios minutos al
campesino RAMÓN ISIDRO GUERRA; los militares intentaron quitarle una mula de su
propiedad aduciendo que era una de las mulas robadas a los paramilitares por la guerrilla
el pasado lunes 27 de mayo de 2013, allí los militares manifestaron que esa mula era de los
paramilitares que la guerrilla les robó y que las tropas del Ejército estaban allí para resca-
tarlas y devolvérselas nuevamente a los paramilitares. De igual forma los militares lo
amenazaron y le recordaron que la Comunidad de Paz lo había salvado en el 2011, cuando
fueron a reclamarlo el día que los militares lo retuvieron, pero que se preparara porque las
cosas habían cambiado, que ya no era igual que antes, que las cosas eran a otro precio y
que no importaba si esa HP Comunidad se metía. Horas más tarde retuvieron a otro cam-
pesino que transitaba por el lugar al cual le preguntaron por las mulas robadas y le pidie-
ron que si llegaba a tener información, que se las suministrara ya que ellos tenían que res-
catar esas mulas y devolvérselas a los paras.
El lunes 10 de junio de 2013, en la vereda La Esperanza, en el corregimiento de San José,
una tropa de paramilitares amaneció junto a la propiedad privada de la Comunidad de
Paz, allí manifestaron a algunos civiles que transitaban por el lugar que toda la operación
militar estaba coordinada con la fuerza pública para buscar las mulas que la guerrilla les
robó el pasado lunes 27 de mayo a los paramilitares y que gracias a la fuerza pública y a la
protección de ellos ya están reconstruyendo la vivienda de los paramilitares destruida por
la guerrilla.
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El martes 11 de junio de 2013, hubo una fuerte presencia de tropas del Ejército Nacional
en el sitio conocido como El Barro, en la vereda Mulatos; allí los militares han manifestado
a varios civiles que si conocen del paradero de las mulas de los paramilitares que la guerri-
lla robó el lunes 27 de mayo, que ellos, los militares, las están buscando para devolvérselas
al comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia “AGC” alias “Otoniel”.
El viernes 14 de Junio de 2013, en Nuevo Antioquia, varios reconocidos paramilitares,
quienes se encontraron con pobladores de la región, anunciaron que van a realizar una
incursión en la Comunidad de Paz, pues según los paramilitares, la Comunidad les ha
hecho mucho daño cuando denuncia internacionalmente la relación de ellos con la fuerza
pública. Dijeron que alias “SOPA” tiene la orden de sus superiores para arremeter contra
la Comunidad de Paz, que están esperando a que los acompañantes internacionales no
estén en los asentamientos de la Comunidad para cometer una masacre en coordinación
con la fuerza pública.
El sábado 15 de junio de 2013, nuevamente en Nuevo Antioquia los paramilitares anun-
ciaron que iban a perpetrar una masacre contra la Comunidad de Paz, además anunciaron
la persecución a muerte contra el campesino ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO, el cual ha
sufrido recientemente en dos ocasiones intentos de asesinato, de los cuales ha logrado es-
capar con vida.
Este mismo sábado 15 de Junio de 2013, el joven LUIS ALBEIRO CORREA BORJA, pobla-
dor del centro urbano de San José, fue retenido arbitraria e ilegalmente por los militares de
la base militar de San José, quienes lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla y de ser
culpable de la bomba que explotó el 7 de junio de 2013 en San José.
El domingo 16 de Junio de 2013, hacia las 9:30 y hasta las 11:00 horas se registró un en-
frentamiento en la vereda La Esperanza entre el Ejército Nacional y la guerrilla de las
FARC, poniendo nuevamente en alto riesgo la vida de los civiles por desacatar las pres-
cripciones de la Corte Constitucional acerca de la no ubicación de bases militares ni poli-
ciales en medio de la población civil.
El jueves 20 de junio de 2013, pobladores de las veredas Arenas Altas y La Cristalina, del
corregimiento de San José, recibieron llamadas de un sujeto quien se ha identificado con el
alias “COFLAS”, supuestamente desmovilizado de las FARC, advirtiendo que aunque él
era responsable encargado de la zona de la bomba detonada el 7 de junio de 2013, en el
casco urbano de San José, ya tenían todo el montaje para acusar a pobladores de la zona
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como responsables de los hechos, manifestando que lo tenían bajo presión de los militares,
pues tenían que mostrar resultados.
El lunes 8 de julio de 2013, hacia las 8:30 am, en la vereda La Esperanza un grupo de pa-
ramilitares ingresaron a la propiedad del campesino REINALDO CARDONA, preguntan-
do por él, quien al momento no se encontraba en la vivienda. Los paramilitares aseguraron
que se les había escapado, pues iban por él, ya que lo acusaban de ser sabedor de la pre-
sencia de la guerrilla en la zona y de ser cómplice de la muerte de militares el jueves 30 de
mayo de 2013, donde resultó casi destruida su vivienda en el enfrentamiento; de la vi-
vienda se llevaron dos simcares pertenecientes a la familia. Allí anunciaron la incursión
que tienen planeada con el Ejército contra la Comunidad de Paz. Cuando regresaban hacia
Nuevo Antioquia detuvieron a un campesino de la zona a quien insultaron y lo obligaron
a llevar carga que ellos llevaban.
Este mismo lunes 8 de julio de 2013; hacia las 15:00 horas este grupo paramilitar llegó a la
escuela y centro de Salud de la vereda la Esperanza junto al asentamiento de la Comuni-
dad allí, entre este grupo iban los reconocidos paramilitares JOSÉ ADELMO OSORNO
MEJÍA ALIAS “PANELO” y el desmovilizado de las FARC alias “MAJUTE” comandante
paramilitar, quien por mucho tiempo estuvo en la Brigada XVII del Ejército Nacional.
Este mismo lunes 8 de julio de 2013, hacia las 15:00 horas, este grupo paramilitar llegó a la
escuela y al centro de salud de la vereda La Esperanza, junto al asentamiento de la Comu-
nidad de Paz allí. Con los paramilitares iban alias “Panelo” y alias “Majute”
El sábado 13 de Julio de 2013, Tropas del Ejército que se encontraban en la vereda la
Unión, en una propiedad de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, al
exigirles que se retirasen del lugar manifestaron que ellos no están en propiedades ajenas,
que estaban “en terrenos del Estado”.
Entre los días 15 al 17 de julio de 2013, se registraron fuertes combates entre paramilitares
y guerrilleros de las FARC en la vereda la Hoz, perteneciente al corregimiento de San José,
varias familias campesinas han sido amenazadas por los paramilitares y obligadas a des-
plazarse.
El sábado 20 de julio de 2013, medios de comunicación registraron la muerte de un guerri-
llero y la captura de otro en la vereda Rodoxaly perteneciente al corregimiento de San José
de Apartadó, como resultado de combates entre el Ejército Nacional y las FARC.
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El lunes 22 de julio de 2013, hacia las 13:00 horas y por espacio de varios minutos se regis-
tró un sobrevuelo de helicópteros militares que escoltaban dos avionetas antinarcóticos,
las cuales fumigaron terrenos de las veredas Mulatos y La Resbalosa donde había cultivos
de pan coger de las familias, los que fueron afectados por la aspersión del veneno, al igual
fueron contaminadas las aguas de estas veredas; sobre el Río Mulatos se encontraron peces
muertos.
El miércoles 24 de julio de 2013, una camioneta estuvo recorriendo por espacio de varios
minutos el trayecto entre Caracolí y San Josecito.
El viernes 26 de julio de 2013, varios campesinos del corregimiento de San José se acerca-
ron a miembros de la Comunidad de Paz para manifestar que el Ejército Nacional y la Fis-
calía estaban adelantando procesos judiciales a través de montajes judiciales contra pobla-
dores de la zona a quienes pretendían judicializar como responsables de la bomba que fue
detonada el pasado 7 de junio de 2013 en el caserío de san José, donde resultaron varios
militares gravemente heridos.
El sábado 27 de julio de 2013, una familia de la vereda La Cristalina salió desplazada por
amenazas de militares quienes le hicieron saber que era mejor que se fuera de la zona o
que no respondían por su vida. En los días anteriores varios campesinos habían sido ame-
nazados por desmovilizados como alias “COFLAS”. También fue visto el reconocido pa-
ramilitar alias “GUACHIPIN” en medio de las tropas que patrullaban en el corregimiento
de San José.
El lunes 29 de julio 2013, hacia las 15:20 horas, fue abordado por agentes de la Policía Na-
cional JOHN FREDY ÚSUGA, miembro de la Comunidad de Paz y coordinador en la ve-
reda Arenas Altas, asentamiento de la Comunidad de Paz, mientras se dirigía en vehículo
de servicio público de Apartadó a San José. Al detenerse el vehículo, inmediatamente exi-
gieron los documentos de Úsuga y le ordenaron descender del automotor, anunciándole
que tenía orden de captura; miembros de la Comunidad y acompañantes internacionales
mediaron por él y después de varios minutos fue puesto en libertad, comprobándose que
lo de la orden de captura era un pretexto falso con intenciones perversas.
El jueves 1 de agosto de 2013, junto al puente de Río Grande, en la vía que del municipio
de Apartadó conduce al municipio de Turbo, dos paramilitares que se movilizaban en mo-
tocicleta asesinaron con arma de fuego al civil “NELSON CARTAGENA GARCÍA” quien
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residía en la vereda Aguas Frías del corregimiento de San José. Se ha denunciado en diver-
sas ocasiones la presencia de paramilitares que se pasean por la vereda Los Mandarinos y
en la vía central donde fue asesinado Cartagena, donde además es constante la presencia
militar que evade su responsabilidad y actúa conjuntamente y en connivencia con los pa-
ramilitares.
El lunes 5 de agosto de 2013, medios de información local registraron la noticia de la
muerte de 3 personas en la vereda la Ahuyamita, entre los corregimientos de San José y
Nuevo Antioquia, al parecer a manos de la guerrilla de las FARC, los occisos fueron iden-
tificados como “ARLENIS REYES” de 24 años de edad, “DARÍO SÁENZ” de 28 años de
edad, y “LUIS ALBERTO IBARRA” de 24 años de edad. Según campesinos de la zona, en
el lugar de los hechos se encontraron prendas de uso privado de la fuerza pública, al pare-
cer habrían sido asesinados porque eran informantes y colaboradores de los paramilitares.
Entre el martes 6 y el miércoles 7 de agosto de 2013, paramilitares hicieron presencia en
las veredas La Ahuyamita, El Limón, La Hoz, y Las Flores, anunciando un censo en todas
las veredas y conminando a los civiles a trabajar con ellos como informantes, de lo contra-
rio serían asesinados como represalia por la muerte de las tres personas el lunes 5 de agos-
to de 2013. De igual forma anunciaron un censo en las veredas Rodoxaly y La Esperanza,
en esta última existe un asentamiento de la Comunidad de Paz.
El viernes 9 de agosto de 2013; en la vereda Rodoxaly, perteneciente al corregimiento de
San José de Apartado, fue asesinado el campesino JOSÉ PACHECO por paramilitares que
llegaron a su vivienda y lo ahorcaron y luego se llevaron tres bestias propiedad de Pache-
co. José era el encargado de la trilladora de arroz de la vereda; el mensaje de los paramili-
tares es que lo habían asesinado como venganza por la muerte de tres de sus colaborado-
res el pasado lunes 5 de agosto de 2013.
Este mismo viernes 9 de agosto de 2013, en horas de la mañana, la Fiscalía ingresó al cas-
co urbano de San José de Apartadó y privó de la libertad a la señora ELVIA MARÍA CA-
TAÑO, madre de dos niños y habitante del corregimiento de San José, acusándola de ser
guerrillera; Cataño fue trasladada al centro de reclusión ubicada en el corregimiento El
Reposo, y posteriormente trasladada a un centro penitenciario y carcelario de alta seguri-
dad en Medellín, según la Fiscalía y el Ejército, porque es una persona de alta peligrosidad
para la sociedad. Se han hecho efectivas las amenazas de alias “COFLAS” del pasado 20 de
junio y quien se encuentra protegido en la Brigada XVII del Ejército y las denuncias de
varios campesinos del pasado 26 de julio, donde se advertían los montajes judiciales que
se venían preparando por el Ejército Nacional y la Fiscalía contra varios civiles de la zona.
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Cataño había sido detenida ilegalmente el pasado martes 14 de mayo de 2013 y conducida
arbitrariamente a la estación de Policía ubicada en la ciudad de Apartadó. Así funcionan
los “procesos judiciales” en Urabá, en los que agentes, instituciones, espacios, pruebas,
procedimientos y diligencias están fuera de la ley y contra la ley, y aún más, son acciones
delictivas que las instituciones no sólo toleran sino que avalan.
El miércoles 14 de agosto de 2013, hacia las 10:00 horas un grupo de paramilitares ingre-
saron a la vereda Rodoxaly, del corregimiento de San José, y convocaron a reunión a todos
los campesinos de la zona. Allí amenazaron a los civiles y les obligaron a trabajar con ellos
como informantes y colaboradores, de lo contrario serían asesinados. Allí mismo, de nue-
vo profirieron amenazas contra la Comunidad de Paz, diciendo que van a realizar una
incursión contra la Comunidad y que además se van a tomar las veredas Mulatos y La
Resbalosa donde existen asentamientos de la Comunidad de Paz; allí mismo aprovecharon
la ocasión para censar a los campesinos, argumentando que quien no esté en la lista de los
censados será asesinado.
El jueves 15 de agosto de 2013, varias familias que habitan las veredas Mulatos y La Res-
balosa han manifestado gran temor por la amenaza de los paramilitares y anuncian des-
plazarse antes que morir. Aunque estas familias no hacen parte de la Comunidad, la posi-
ción de ésta es de no retroceder ante los asesinos, no ceder a sus amenazas y chantajes ni
un centímetro. La Comunidad va a acompañar a estas familias para que no se desplacen.
El viernes 16 de agosto de 2013, tropas militares que se encontraban en la vereda Arenas
Altas, lugar perteneciente a la Comunidad de Paz, llegaron a la vivienda de una familia y
preguntaron por el nombre y lugar de vivienda del coordinador de la vereda Arenas Bajas.
Estas acciones del Ejército Nacional son una clara evidencia del censo que vienen reali-
zando los paramilitares conjuntamente con los militares en la zona.
El martes 20 de agosto de 2013, tropas militares adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta
Nudo de Paramillo, ingresaron ilegalmente a la propiedad privada donde se encuentra un
asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Resbalosa. A pesar de que se les
exigió que se retiraran de allí, ya que están en los espacios de la Comunidad claramente
señalados con vallas, las tropas no se retiraron.
El miércoles 21 de agosto de 2013, tropas militares que se encontraban desde el martes 20
de agosto de 2013 ilegalmente en el asentamiento de la Comunidad de Paz en La Resbalo-
sa y a pesar de exigirles que se retiren de los espacios de vida y trabajo de la Comunidad,
pidieron a una familia allí que le facilitara los nombres de todas las personas que viven en
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el asentamiento y afirmaron además que no se van a ir, que ellos hacen lo que se les dé la
gana y nadie los va a mandar; de nuevo pisotearon los espacios comunitarios y ultrajaron
la dignidad y los principio de neutralidad, además de querer censar a la Comunidad y
tener esas listas que terminan en manos de los paramilitares para luego asesinar.
El miércoles 21 de agosto de 2013, en horas de la mañana, fue retenido durante 4 horas
ilegalmente por tropas del Ejército Nacional el Campesino FILINARDO QUINTERO, entre
las veredas la Unión y Arenas Altas, a 20 minutos del caserío de la Comunidad de Paz en
Arenas Altas; allí los militares lo amenazaron y lo trataron de guerrillero, anunciando que
atrás venían los paramilitares para realizar una incursión contra la Comunidad de Paz y
otros pobladores de la zona.
El viernes 23 de agosto de 2013, paramilitares de Nuevo Antioquia realizaron reuniones
con campesinos de las veredas aledañas, donde les informaban del plan que tenían coor-
dinado con el Ejército para tomarse toda la zona del corregimiento de Nuevo Antioquia y
del corregimiento de San José de Apartadó, allí manifestaron que continuarán realizando
asesinatos selectivos de pobladores de la región, pues tienen una gran lista de personas
para asesinar.
El domingo 25 de agosto de 2013, miembros de la Comunidad de Paz, acompañados de
organizaciones internacionales, se acercaron al Ejército Nacional que viene haciendo pre-
sencia ilegalmente e irrespetuosamente dentro del asentamiento de la Comunidad de Paz
en La Resbalosa desde el martes 20 de agosto de 2013, allí la Comunidad habló con un sol-
dado quien no quiso identificarse, pero que sin embargo en su uniforme se leía el apellido
“GALVIS”, manifestando que no se retirarían del lugar hasta nueva orden de sus superio-
res. Ya esta es la tercera vez que se les exige a las tropas militares desalojar los espacios de
vida y trabajo de la Comunidad de Paz.
El domingo 25 de agosto de 2013, hacia las 6:00 horas, un grupo de paramilitares hizo pre-
sencia en la vivienda de una familia en la vereda Arenas Bajas, allí anunciaron que iban
con dirección a Arenas Altas donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz.
Este mismo domingo 25 de agosto de 2013, hacia las 7:00 horas, el grupo de paramilitares
que venían realizando un recorrido desde Nuevo Antioquia, llegaron al asentamiento de
la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Altas, allí se quedaron varias horas en las casas
de la Comunidad de Paz, preguntaron con lista en mano por varias personas de la Comu-
nidad y por personas de la región, quienes no se encontraban en el lugar, luego se camu-
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flaron en el bosque en la misma vereda donde han estado pernoctando, aludiendo que
tienen toda la protección de “los Primos” que son el Ejército Nacional. En los últimos días
se han dejado constancias de la fuerte presencia paramilitar en la zona y de las amenazas
por parte del Ejército y los paramilitares contra La Comunidad de Paz.
El lunes 26 de agosto de 2013, hacia las 11:00 horas, un helicóptero militar aterrizó en la
vereda Arenas Altas, asentamiento de la Comunidad de Paz. A escasos 10 minutos de allí
se encontraba un grupo de paramilitares. Es lógico pensar que allí se estaba dando un
apoyo y coordinación logística mutua.
El martes 27 de agosto de 2013, hacia las 6:00 horas, en la vereda Las Nieves, aledaña a la
vereda la Unión donde existe un asentamiento de la Comunidad, un grupo de paramilita-
res ingresó a la vivienda del campesino JOSÉ ALBERTO MUÑOZ y se lo llevaron retenido
por casi dos horas. El grupo paramilitar lo amenazó y lo ultrajó físicamente, advirtiendo
que no fuera a denunciar estos hechos y que nadie debería saber que ellos estaban allí, ya
que se les podrían dañar los planes que llevaban. En medio de su operativo, profirieron
nuevamente amenazas contra la Comunidad de Paz, anunciando una nueva incursión. El
grupo paramilitar se retiró de la vivienda resguardándose en el bosque cercano y afirman-
do que iban a estar por allí ya que estaba todo coordinado con la fuerza pública para reali-
zar una incursión contra la Comunidad de Paz en la vereda La Unión, aledaña a ese lugar.
Hay que recordar que en el filo de Las Nieves, a escasos 10 minutos de allí, había presencia
militar desde hacía varios días.
El miércoles 28 de agosto de 2013, hacia las 11:00 horas, en la vereda La Hoz, pertenecien-
te al corregimiento de San José, se presentó un fuerte combate entre paramilitares y guerri-
lleros de las FARC, según informaciones de los campesinos, resultaron muertos varios
paramilitares.
El jueves 29 de agosto de 2013, en horas de la tarde, un grupo de paramilitares hizo pre-
sencia en la vereda La Esperanza, allí amenazaron con ejecutar a varias personas que tie-
nen en una lista para asesinar, anunciando que van a estar en la vereda constantemente
hasta dar con los de la lista.
El viernes 30 de agosto de 2013, reconocidos paramilitares en Nuevo Antioquia anuncia-
ron que iban asesinar a varias personas de la zona y que tienen en lista, pues, tienen que
vengar el daño que les ha hecho la guerrilla con las tres muertes el lunes 5 de agosto de
2013; y las muertes sufridas en el reciente combate en La Hoz, el miércoles 28 de agosto de
2013. Al menos 34 personas entre niños y adultos, de 9 familias, se han tenido que despla-
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zar de las veredas la Hoz y Rodoxaly por las amenazas de los paramilitares, y otras 14 fa-
milias de estas dos veredas están en riesgo de desplazarse por el temor a las represalias de
los paramilitares.
Este mismo viernes 30 de agosto de 2013, hacia las 10:30 horas, se presentó un hostiga-
miento a la base militar de San José de Apartado, bastante prolongado desconociéndose la
suerte de los civiles que quedaron en medio del fuego cruzado.
El sábado 31 de agosto de 2013, hacia las 14:30 horas, se registró un fuerte combate entre
tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC, en la vereda La Linda, del corre-
gimiento de San José. Según informaciones de los campesinos, hubo muertos en las filas de
los militares, de al menos tres soldados. Este mismo día, aterrizó el helicóptero en la zona
de los hechos. Posteriormente y hacia las 18:30 horas se escucharon detonaciones cerca al
lugar de los combates, al parecer los militares bombardearon indiscriminadamente una
montaña, cerca de donde acampaban los militares.
Este mismo sábado 31 de agosto de 2013, hacia las 19:00 horas, un grupo de paramilitares
que habían estado acampando en la vereda la Hoz, del corregimiento de San José, ingresa-
ron a la vivienda del joven Campesino BUENAVENTURA HOYOS HERNANDEZ, de
aproximadamente 18 años de edad, y se lo llevaron detenido obligándolo a seguirlos al
campamento de los paramilitares, los cuales se encuentran aproximadamente a 10 minutos
de distancia de una tropa del Ejército Nacional presente en la zona desde hacía varios días,
ante ello, la Comunidad hizo responsable al Gobierno Nacional por la suerte que corra
HOYOS HERNÁNDEZ.
El mismo sábado 31 de agosto de 2013, hacia las 8:00 horas y por espacio de dos horas, en
la vereda La Resbalosa, junto al asentamiento de la Comunidad de Paz, fue retenido el
campesino WALTER DAVID, por tropas de la Brigada Móvil 24. Al enterarse de que Da-
vid no era miembro de la Comunidad de Paz, le advirtieron que no fuera a hacer parte de
esa HP de Comunidad de Paz, ya que ellos estaban dolidos porque habían sido retirados
de los espacios de vida de la Comunidad de Paz por miembros de esa Comunidad. Allí
nuevamente los militares profirieron amenazas contra la Comunidad de Paz diciendo que
“la Comunidad de Paz es una ideología de la guerrilla y es la guerrilla quien la maneja”, y
advirtieron que “ojala así como los sacaron a ellos, ojalá sacaran a los paramilitares que
vienen detrás de ellos”, como insinuando que los paramilitares podrían actuar con más
brutalidad ya que no comprometen directamente la responsabilidad del Estado.
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El domingo 1 de septiembre de 2013, hacia las 2:00 horas, un grupo de militares se atrin-
cheró en la entrada al asentamiento de la Comunidad de Paz, en San Josecito, y allí se
mantuvieron hasta el amanecer.
El mismo domingo 1 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, varios campesinos de
la vereda la Hoz decidieron acudir al rescate del Joven campesino HOYOS HERNÁNDEZ,
detenido por los paramilitares desde el día anterior; al llegar a donde se encontraban los
paramilitares la respuesta fue que no lo soltarían y además amenazaron al hermano de
HOYOS HERNÁNDEZ y lo obligaron a abandonar la zona, de lo contrario no responde-
rían por su vida. Allí, los paramilitares mostraron varias fotos que tenían de varias perso-
nas de la vereda y de la zona, las cuales fueron tomadas por las tropas del Ejército Nacio-
nal y posteriormente entregadas a los paramilitares. Debido a las amenazas de los parami-
litares, las familias de la vereda la Hoz decidieron abandonar la vereda y salir desplazados
a causa de las amenazas de los paramilitares contra la población civil del entorno. Es de
anotar que los paramilitares y militares no solo han venido realizando los operativos con-
juntamente en esta vereda, sino que además se han llevado los celulares y saqueado las
viviendas y se han robado las aves de corral de los campesinos.
El mismo domingo 1 de septiembre de 2013, hacia las 18:50 horas, un grupo paramilitar
ingresó al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, en busca de
los miembros de la Comunidad de Paz, quienes no se encontraban en el momento, poste-
riormente se acercaron a los vecinos del asentamiento y preguntaron por el paradero de
las familias de la Comunidad de Paz, asegurando que continuarían junto al lugar ya que
tenían una incursión preparada contra la Comunidad de Paz y campesinos de la zona.
El martes 3 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, fue visto un grupo de paramili-
tares que se dirigían desde la vereda La Hoz hacia la vereda Sabaleta donde llevaban ama-
rrado a BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ a quien desaparecieron forzadamente.
El miércoles 4 de septiembre de 2013, un miembro de la Comunidad de Paz, mientras
caminaba realizando compras en el centro urbano de Apartadó, fue abordado por un re-
conocido paramilitar quien se le acercó y le pidió que le diera los contactos de GERMÁN
GRACIANO miembro del Consejo Interno y Representante Legal de la Comunidad de
Paz; además le ofreció dinero para que colaborara con ellos brindándole información de
cuándo Germán salía a la ciudad y de sus movimientos en la zona.
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El jueves 5 de septiembre de 2013, hacia las 10:15 horas y por espacio de dos horas se pre-
sentó un fuerte combate entre tropas del Batallón Voltígeros, adscritas a la Brigada XVII, y
guerrilleros de las FARC en la vereda Las Claras del Corregimiento de San José de Apar-
tadó, resultando un militar muerto, según las informaciones de los militares. A esa misma
hora se trasladaba la Comisión Humanitaria conformada por miembros de la Comunidad
de Paz y organizaciones internacionales, la cual quedó como blanco de la balacera, pues
varios disparos impactaron a tan solo dos metros de distancia de donde estaba el grupo de
civiles. A pesar de que la Brigada XVII del Ejército Nacional con sede en Carepa, al mando
del CORONEL MIGUEL GÓMEZ QUINTERO, tenía conocimiento de que un grupo de
civiles transitaría por aquel lugar en comisión humanitaria, no tomó medidas para que no
se colocara en peligro la vida de los civiles, por lo cual los civiles se vieron en la obligación
de permanecer acostados en el piso, a orillas del camino, al menos durante una hora y me-
dia, resguardándose de los disparos que daban en blancos cercanos y hasta tanto no se
terminara el combate.
El viernes 6 de septiembre de 2013, hacia las 13:00 horas, la comisión humanitaria de la
Comunidad de Paz que llevaba como misión acompañar a varias familias de la vereda La
Hoz, en el corregimiento de San José, que se encuentran en situación de desplazamiento
forzado, para que recuperaran parte de los enseres y animales que habían dejado abando-
nados, se encontró con un grupo de paramilitares quienes se identificaron como Autodefen-
sas Gaitanistas de Colombia (AGC). Después de varios minutos y después de que los interna-
cionales mediaran para que se retiraran del lugar, por fin la Comisión Humanitaria y las
familias pudieron recoger los pocos alimentos que aún quedaban como sobras que los pa-
ramilitares habían dejado de sus robos y saqueos a las viviendas. Testigos de ello fueron
las más de 40 personas que integraban la Comisión Humanitaria, pues luego de un reco-
rrido de nueve horas entre San Josesito y la Hoz, la Comisión tuvo en frente suyo a dicho
grupo paramilitar, sin embargo la fuerza pública durante más de 16 años dicen “no haber
encontrado nunca paramilitares en la zona” y desde los más altos mandos militares, las co-
mandancias de las divisiones, brigadas y batallones con jurisdicción en Urabá, se atreven a
negar su existencia, a encubrirlos y a protegerlos, mientras la población civil se los encuen-
tra por doquier. Este grupo paramilitar ha permanecido estos días en la vereda la Hoz y en
el mismo lugar, exactamente en la coordenada N 07.58.403 W 076.26.195 desde el lunes 26
de agosto de 2013, a tan solo 400 metros de distancia de donde había presencia militar
comprobada. De allí se llevaron al joven BUENAVENTURA HOYOS el sábado 31 de agos-
to de 2013 y a pesar de la denuncia insistente de la Comunidad de Paz sobre la presencia
paramilitar en la zona y sobre las amenazas y desplazamientos que vienen generando di-
chos paramilitares, el Gobierno no hace sino cerrar los ojos y evadir sus responsabilidades
constitucionales.
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El domingo 8 de septiembre de 2013, hacia las 11:00 horas, un grupo de hombres fuerte-
mente armados fue visto en la parte alta de la vereda La Unión, en el corregimiento de San
José, los cuales se dirigían hacia el caserío de la Comunidad de Paz en dicha vereda.
El lunes 9 de septiembre de 2013, el reconocido paramilitar alias “Tribilín”, quien hace
presencia en Nuevo Antioquia, contactó a un habitante del corregimiento de San José para
que le suministrara los nombres de los líderes de la Comunidad de Paz y sus movimientos
y contactos, advirtiéndole que había buenas recompensas en dinero para ese trabajo.
El martes 10 de septiembre de 2013, hacia las 12:20 horas y por espacio de 50 minutos fue
retenido GILDARDO TUBERQUIA, miembro de Consejo Interno de la Comunidad de
Paz, por militares de la base militar del centro urbano de San José, quienes intentaban em-
padronarlo ilegalmente. Después de varios minutos de estar retenido llegó el comandante
de la Estación de Policía de San José, AGUSTÍN BOTELLO, quien encolerizado amenazó a
Gildardo de llevarlo al Comando de Policía de Apartadó, haciendo caso omiso a lo orde-
nado por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1024/02 que prohíbe los empadrona-
mientos. Allí se le reclamó a la fuerza pública el pretender este control ilegal contra miem-
bros de la Comunidad de Paz y el campesinado de su entorno mientras en el poblado de
Nuevo Antioquia los paramilitares se movilizan a su amaño por la zona, hacen lo que
quieren y nadie los controla a pesar de la intensa presencia de la fuerza pública allí, a lo
que el oficial BOTELLO respondió enfurecido con una amenaza de judicialización por
atreverse a denunciar lo que está pasando en Nuevo Antioquia, la Hoz y Rodoxalí. Hacia
las 13:10 horas un grupo de miembros de la Comunidad de Paz se trasladó, con acompa-
ñamiento internacional, hacia el centro urbano de San José para exigir la libertad de Gil-
dardo y en ese mismo instante lo dejaron en libertad, no sin antes tratar a los miembros de
la Comunidad de Paz de “lambones” por exigir el respeto a la ley. Allí mismo los militares
intentaron impedir el paso de alimentos para los niños de la escuela comunitaria que la
Comunidad de Paz tienen en la vereda Mulatos, asentamiento de la Comunidad de Paz o
Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra.
El mismo martes 10 de septiembre de 2013, la Comunidad de Paz fue informada de que
los paramilitares continuaban en la vereda La Hoz, en el mismo lugar donde fueron en-
contrados por la Comisión Humanitaria el día viernes 7 de septiembre de 2013 y que a
pesar de las constancias radicadas, el Gobierno no ha hecho absolutamente nada para exi-
gir la entrega del joven secuestrado BUENAVENTURA HOYOS y sus secuestradores con-
tinúan allí mismo, en zona plenamente controlada por el Ejército, y aún más, siguen reci-
biendo remesas que han sido trasladadas en 15 mulas que han salido desde Nuevo Antio-
quia hacia la vereda La Hoz, saqueada y ocupada por los paramilitares con toda la compli-
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cidad del Ejército, mientras sus pobladores fueron forzadamente desplazados. Allí, han
amenazado de muerte a varias familias acusándolas de ser las responsables de la difusión
que ha tenido la presencia de los paramilitares allí.
El martes 10 de septiembre de 2013, mientras GERMÁN GRACIANO, miembro del Con-
sejo Interno de la Comunidad de Paz y su Representante Legal, transitaba por el centro
poblado de Apartadó, se percató de que un hombre en traje de civil le seguía. Después de
varios minutos le llamó por su nombre, a lo cual Germán hizo caso omiso. Esto sucedió en
presencia de acompañantes internacionales.
El miércoles 11 de septiembre de 2013, hacia las 12:00 horas, en la emisora Radio Litoral,
la cual emite sus programas desde el municipio de Turbo, Antioquia, el GOBERNADOR
DE ANTIOQUIA, SERGIO FAJARDO, el ALCALDE DE APARTADO, LUIS GONZALO
GIRALDO y el CORONEL MIGUEL GÓMEZ, COMANDANTE DE LA BRIGADA XVII
DEL EJÉRCITO NACIONAL, hicieron declaraciones públicas en las cuales negaron la pre-
sencia de los paramilitares en la región, negaron el desplazamiento forzado de familias y
negaron la desaparición forzada del Joven Buenaventura Hoyos Hernández. Afirmaron
que en la región lo que existe es la presencia de una Fuerza Pública que protege y que la Comuni-
dad de Paz es la comunidad más protegida de la región. No es la primera vez que las autorida-
des civiles regionales y locales encubren los crímenes de la fuerza pública y de sus enor-
mes brazos paramilitares en la región. A pesar de que toda esta barbarie es verdad de a pu-
ño para toda la población que la sufre y la ha sufrido de manera ininterrumpida durante
muchos años, el poder civil cierra sus ojos y sus oídos y mira para otra parte, diciendo
siempre que “todo es falso” o que ellos “no están enterados”. El mismo poder judicial ha en-
contrado como excusa para no investigar nada y para dejarle las manos libres a los crimi-
nales, decir que “las víctimas no denuncian”, pero cuando las víctimas denuncian, a las po-
cas horas sus denuncias están en manos de militares y paramilitares quienes reaccionan
anunciando las más brutales represalias: o la muerte, o el desplazamiento, o la judicializa-
ción del denunciante mediante montajes. Así se ha logrado proteger a los criminales me-
diante todo tipo de omisiones, complicidades y seguridades.
El mismo miércoles 11 de septiembre de 2013, hacia las 12:30 horas, en la vereda La Res-
balosa fue retenido por tropas del Ejército Nacional URÍAS GUISAO, miembro de la Co-
munidad de Paz. Un soldado se le acercó y lo amenazó con el fusil de dotación, y le advir-
tió que “la Comunidad de Paz no iba a durar mucho, que por un lado venían los paramilitares y
que el fuero militar les iba permitir hacer lo que quisieran”.
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Este mismo miércoles 11 de septiembre de 2013, el comandante paramilitar y sus hombres
de la base paramilitar de Piedras Blancas interrumpió una reunión que sostenían varios
campesinos que habitan en el corregimiento de Piedras Blancas preguntando si dicha
reunión era parte de la coordinación de la marcha pacífica que estaban organizando los
campesinos, pues según los paramilitares, esta información se las había suministrado la
fuerza pública y ellos querían verificar dicha información, ya que estaban coordinando
esto con la fuerza pública para impedir dicha marcha pacífica en Uraba.
El jueves 12 de septiembre de 2013, hacia las 10:20 horas, BLANCA TORRES, integrante
de la Comunidad de Paz, fue abordada mientras caminaba por el centro poblado de Apar-
tadó, por un paramilitar quien le pidió información de su esposo GERMÁN GRACIANO,
miembro del Consejo Interno y Representante Legal de la Comunidad de Paz.
El viernes 13 de septiembre de 2013, a través de la emisora ANTENA ESTÉREO con au-
diencia en toda la zona de Urabá, el CORONEL MIGUEL GÓMEZ, comandante de la Bri-
gada XVII del Ejército con sede en Carepa, manifestó que es falso lo del desplazamiento en
la zona porque no existen denuncias oficiales por parte de las víctimas ante los órganos
pertinentes. En relación a la presencia paramilitar en la zona, manifestó que no hay para-
militares ya que existe una fuerte presencia del ejército en la región; que en la región existe
es la presencia de los frentes 5º y 58 de las FARC. En relación a una marcha pacífica que se
está anunciando en Urabá a partir del lunes 16 de septiembre de 2013 por parte de los
campesinos, el oficial del ejército manifiesta que esta es organizada por la guerrilla de las
FARC. También aseveró que existen algunas organizaciones que no permiten el desarrollo
en la región como es la construcción de carreteras y la electrificación de algunas veredas.
Por último manifestó que las denuncias sobre la presencia del paramilitarismo y despla-
zamiento en la región sólo pretendían hacerle daño a la imagen y al progreso que se vive
en Urabá; que hablar de la relación entre el Ejército y el paramilitarismo en la región es
algo que se explica por odios del pasado por parte de un pequeño sector en la región. En
dicho programa un ciudadano que se identificó como miembro de un Comité de Derechos
Humanos de San José y habitante de San José, manifestó que la marcha pacífica progra-
mada para el lunes 16 es una iniciativa de los campesinos del corregimiento quienes han
tomado esa decisión con plena autonomía e hizo un llamado a los campesinos para que
quien se sienta presionado por las FARC no salga a la marcha. Tal declaración pone en
riesgo a la Comunidad de Paz y a sus miembros, ya que la Comunidad de Paz no participa
en este tipo de actividades y el no participar no significa que no sea víctima de un sistema
paramilitar avalado desde el mismo Estado.
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Este mismo viernes 13 de septiembre de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia
en la vereda Guineo Alto perteneciente al corregimiento de San José. A varios campesinos
les preguntaron por el camino que los llevaba a la vereda La Unión, donde existe un asen-
tamiento de la Comunidad de Paz.
Entre los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre de 2013, paramilitares que hacen pre-
sencia en la vereda Campamento, del corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de
Carepa, amenazaron a varios campesinos con asesinarlos e inclusive con quemar los carros
con los ocupantes si participaban en la marcha programada para el 16 de septiembre de
2013. Desde hace años la comunidad de Paz ha puesto en conocimiento del Presidente de
la República la presencia de una base paramilitar allí, pero la ausencia de toda acción co-
rrectiva evidencia la tolerancia y apoyo del alto Gobierno a esa presencia y accionar crimi-
nal.
El domingo 15 de septiembre de 2013, hacia las 8:45 horas, mientras un carro de servicio
público que cubría la ruta entre San José y Apartadó, a la altura del reconocido lugar lla-
mado TIERRA AMARILLA, verdadero nido permanente de paramilitares donde han per-
petrado innumerables crímenes, un grupo de paramilitares lo interceptó allí, varios de
ellos encapuchados, y amenazaron con asesinar a las personas que participaran de la mar-
cha programada por campesinos de la región para el lunes 16 de septiembre de 2013, en
este vehículo se transportaba un miembro de la Comunidad de Paz.
El mismo domingo 15 de septiembre de 2013, hacia las 11:10 horas y por espacio de 20
minutos, se registró un nuevo combate entre efectivos de la Estación de Policía de San José
con guerrilleros de las FARC, lo que generó pánico entre los civiles que allí se encontraban
ya que era un día en el que la gente de las diferentes veredas concurren al lugar a comprar
provisiones para su sustento. Se completan así muchísimos episodios que demuestran con
evidencia que la ubicación de ese puesto de policía en medio de la población civil, en vio-
lación flagrante de lo preceptuado por la Corte Constitucional, es un riesgo permanente y
un atentado persistente contra la vida e integridad de los pobladores, y asume el carácter
de ESCUDO, considerado como crimen de guerra en el DIH.
Este mismo domingo 15 de septiembre de 2013; en varios medios informáticos en el inter-
net se han visto publicados signos, logos, fotos y el nombre de la “Comunidad de Paz de
San José de Apartado”, donde hacen referencia a la Comisión de Derechos humanos de
San José de Apartado. Por lo cual la Comunidad informó a la opinión pública que dicha
Comisión de y para los Derechos Humanos de San José no es parte de la Comunidad de
Paz.
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El martes 17 de septiembre de 2013, un grupo de militares acampó a la entrada del asen-
tamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito. Durante la noche varios militares ingre-
saron ilegalmente al caserío, mientras las familias de la Comunidad dormían, pisoteando
de esa manera los principios y violando el derecho a la propiedad privada consagrado en
la Constitución Política de Colombia.
El miércoles 18 de septiembre de 2013, hacia las 5:00 horas, un taxi de servicio público que
cubría la ruta entre San Josecito y Apartado fue interceptado por un grupo de militares
que le salieron a la carretera y lo detuvieron, allí se trasladaban varios miembros de la
Comunidad de Paz, los cuales se dirigían a la ciudad de Apartadó.
El mismo miércoles 18 de septiembre de 2013, dos grupos de militares, uno que bajaba de
la base militar de San José y el otro que subía desde el paraje de Caracolí, se acercaron al
asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito donde permanecieron por varios
minutos; allí fue visto cómo los militares realizaban un montaje, pues, sacaban de costales
fusiles y luego tomaban fotos al frente del asentamiento y se las entregaban a un sujeto
quien se encontraba vestido con prendas militares sin insignias.
El viernes 20 de septiembre de 2013, hacia las 5:00 horas, un grupo de paramilitares ingre-
saron a la vereda Las Nieves, contigua a las veredas La Esperanza y La Unión, pertene-
cientes a la Comunidad de Paz, allí, retuvieron durante una hora a cuatro civiles, entre
ellos un miembro de la Comunidad de Paz. Durante la retención fueron fotografiados, de
igual forma amenazaron diciendo que tienen una lista de gente de la zona para asesinar,
entre ellos varios miembros “de esa HP Comunidad de Paz”, advirtiendo que ellos vienen
patrullando por esa zona desde hace varios días y que el objetivo es quedarse, pues tienen
todo coordinado con la fuerza pública para estar allí. Preguntaron también por varias per-
sonas de la región, entre ellas líderes de la Comunidad de Paz. Este grupo de paramilitares
ya había anunciado que estaría en la zona constantemente.
El mismo viernes 20 de septiembre de 2013, hacia las 18:00 horas, otro grupo de paramili-
tares ingresó ilegalmente al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Espe-
ranza, luego procedieron a llevarse detenido al campesino REINALDO CARDONA; los
paramilitares lo fotografiaron y le anunciaron que lo tenían en la lista de las personas para
asesinar, que por esta vez se la perdonaban pero que en la próxima no respondían. Nue-
vamente anunciaron que ellos van a realizar acciones concretas contra la Comunidad de
Paz que los está denunciando, pues el objetivo es tomarse toda la zona pero que la Comu-
nidad de Paz les está estorbando.
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El mismo viernes 20 de septiembre de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia en
la vereda Caño Seco, del corregimiento de San José de Apartadó, y le exigieron a varios
campesinos que se tenían que presentar ante sus jefes en los próximos días en el corregi-
miento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa, donde existe una base paramilitar
muy cercana a las instalaciones de la Brigada XVII, multitud de veces denunciada por la
Comunidad ante el Presidente Santos sin que haya hecho nada para erradicarla, con plena
consciencia de que quienes la protegen son sus mismos subordinados. Tampoco la Fiscalía
ha hecho nada para inspeccionar sus instalaciones y para procesar a los victimarios que
actúan desde ella con plena libertad. Es tan evidente su relación con la Brigada XVII, que
en esta incursión en Caño Seco actuaron los hermanos OVIDIO, LUBÍN y ALBEIRO
CARDONA BORJA, quienes se entregaron a la Brigada en diciembre de 2005 no sin prepa-
rar antes con el Ejército una horrenda masacre de 6 jóvenes mientras dormían, en la vereda
La Cristalina, crimen por el cual el Ejército les pagó varios millones por cada muerto, que-
dando desde entonces domiciliados y protegidos en la Brigada y vinculados ilegalmente a
patrullajes conjuntos militares/paramilitares en los que se practicaron torturas, amenazas,
saqueos , secuestros y montajes judiciales agenciados por la Brigada.
El domingo 22 de septiembre de 2013, hacia las 10:00 horas, miembros de la Comunidad
de Paz fueron a exigirle a un grupo de militares que han permanecido desde el 15 de sep-
tiembre de 2013 junto al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, en los es-
pacios de vida y trabajo de las familias, que se retiraran de los espacios comunitarios de las
familias a lo cual los militares respondieron que no se retirarían porque estaban cumplien-
do órdenes de sus superiores. Este grupo de militares ha dañado los cultivos de las fami-
lias de la Comunidad de Paz, como el cacao orgánico, el plátano, la caña, cultivos que son
el sustento de las familias de la Comunidad de Paz. Está comprobado que la presencia
militar junto a las viviendas de los civiles coloca en grave riesgo a la población civil.
El mismo domingo 22 de septiembre de 2013, hacia las 12:30 horas, GILDARDO TUBER-
QUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y coordinador en la vereda
Mulatos ó Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, fue retenido durante varios minutos por
una tropa de militares en el sitio conocido como Chontalito, entre San Josecito y la vereda
Mulatos; allí los militares le manifestaron que de seguro iba para San José a traer remesa,
insinuando de esta manera que es arriero de la guerrilla. Gildardo había sido retenido por
militares y policías en San José de Apartadó el martes 10 de septiembre de 2013; a pesar
de que fue retenido ilegalmente durante 1 hora y que fue puesto en libertad una vez que
un grupo de miembros de la Comunidad de Paz y acompañantes internacionales acudie-
ron al lugar para exigir su libertad, los comandantes de la Policía y del Ejército en Urabá
se atrevieron a manifestarles a organismos internacionales que no tenían información de la
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retención de Gildardo Tuberquia. Con tal infamia engañan a las organizaciones que acom-
pañan desde otras partes del mundo.
El lunes 23 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, se observó un grupo de para-
militares que pernoctó junto a las viviendas de las familias de la Comunidad de Paz en la
vereda la Esperanza, pues durmieron en una de las viviendas de la Comunidad de Paz,
que al momento se encontraba vacía. Allí permanecieron hasta las horas de la tarde. A un
civil que transitaba por el lugar, los paramilitares le manifestaron que “estamos aquí para ver
qué va hacer la Comunidad de Paz con nosotros, vamos a ver si nos van a denunciar, les vamos a
demostrar que las denuncias de esa HP de Comunidad de Paz ya no nos hacen daño, a nosotros
nadie nos controla, la fuerza pública no nos persigue, antes nos protege”. Con todo el descaro y
protección de la fuerza pública los paramilitares invaden los espacios de vida de la Comu-
nidad de Paz.
El miércoles 25 de septiembre de 2013, hacia las 10:15 horas, se presentó un fuerte comba-
te entre un grupo guerrillero y los militares y policías que hacen presencia en el centro
urbano de San José de Apartadó, combate que se prolongó por al menos dos horas. Los
soldados se encontraban en ese momento en el centro educativo del lugar y no dudaron en
usar las instalaciones del centro como trinchera, poniendo en altísimo riesgo las vidas de
los niños y los educadores, quienes tuvieron que evacuar a los estudiantes en medio de la
balacera. Nury Guzmán, integrante de la Comunidad de Paz, quien transitaba en esos
momentos por allí, se vio envuelta en la balacera. La Comunidad le ha exigido multitud de
veces al Presidente de la República que acate las sentencias de la Corte Constitucional que
prohíben ubicar los puestos de policía y las bases militares en medio de la población civil.
Aquí fue perpetrado un verdadero crimen de guerra poniendo a la población como escudo
en un enfrentamiento armado. El Presidente Santos se ha negado a acatar las sentencias de
la Corte Constitucional, no sólo las que le obligan a cambiar la ubicación de los puestos
militares y policiales sino también otras muy explícitas que la Corte Constitucional ha pro-
ferido en protección de la Comunidad de Paz. Es falso, pues, lo que responden sus secreta-
rias y asesoras, al afirmar que él acata las decisiones judiciales y respeta el Estado de Dere-
cho. Queda evidenciado que ello no es así.
El sábado 28 de septiembre de 2013, en horas de la madrugada, un grupo paramilitar
fuertemente armado, movilizado en motocicletas sin ser molestado en absoluto por contro-
les militares ni policiales, penetraron en el asentamiento central de la Comunidad de Paz,
en San Josecito de Apartadó y repartieron por las viviendas volantes en los cuales el “Esta-
do Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC” niega que ellos sean los respon-
sables de los crímenes perpetrados contra la Comunidad de Paz y su entorno social, atri-
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buyendo esos crímenes a “fuerzas oscuras” que “les quieren hacer daño”. De allí se desplaza-
ron hacia el centro urbano de San José, donde a pesar de la nutrida presencia militar y po-
licial, pudieron repartir por las viviendas sus volantes. Hay una similitud profunda entre
este lenguaje que niega lo que todo el mundo ve y el lenguaje del Ejército que durante es-
tas décadas ha hecho lo mismo: negar lo que todo el mundo ve y sufre, y aún más, se han
atrevido a negar que existan paramilitares y que éstos se coordinen con ellos. Quieren ta-
par el sol con un dedo.
El domingo 29 de septiembre de 2013, hacia las 8:40 horas, se presentó un hostigamiento a
la estación de Policía ubicada en el centro urbano de San José de Apartadó. Una vez más se
evidenciaban las consecuencias del desacato presidencial a las sentencias de la Corte Cons-
titucional, manteniendo a la población civil en alto riesgo.
El martes 1 de octubre de 2013, un grupo de paramilitares repartieron volantes en las ve-
redas Rodoxaly, Sabaleta, las Flores y las Monas, volantes que ya habían sido distribuidos
el pasado 28 de septiembre en toda la zona de Urabá, donde se niegan los crímenes que
han cometido contra la Comunidad de Paz y la población del entorno. Allí advirtieron a
los campesinos que la Comunidad de Paz es una comunidad de la guerrilla, que quien
ingrese a la Comunidad de Paz, debe atenerse a las consecuencias.
El viernes 4 de octubre de 2013, soldados del Batallón Vélez quienes se encontraban en la
vereda La Hoz desde hacía algunos días, se acercaron a la vivienda de un campesino en
dicha vereda y preguntaron por el paradero de la novia del Joven BUENAVENTURA
HOYOS, desaparecido por los paramilitares el pasado 31 de agosto de 2013; allí el unifor-
mado la describió con tanto detalle que inclusive dijo que ella cargaba un collar con tales y
tales características, además dijo que el joven Buenaventura Hoyos, donde se encontraba,
estaba muy bien, que no se preocuparan, que a él le estaba yendo muy bien. Quedaba así
más que evidenciado que el Ejército y los paramilitares no solo actúan conjuntamente sino
que además conocen en detalle los resultados de sus operaciones y que en el caso concreto
de la desaparición forzada de BUENAVENTURA HOYOS estaban actuando de manera
unificada y coordinada.
El sábado 5 de octubre de 2013, hacia las 11:00 horas se presentó un fuerte combate entre
tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC en la vereda Buenos Aires en el
corregimiento de San José, según versiones de campesinos de la vereda, al menos dos sol-
dados perdieron la vida.
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La Comunidad de Paz, desde el 6 al 10 de octubre de 2013 realizó una peregrinación por
la vida y contra el desplazamiento y la desaparición forzada que se viene presentando
contra la población civil en la región; dicha peregrinación tuvo como objetivo fundamental
recorrer varias veredas del corregimiento de San José, tales como La Esperanza, La Hoz,
Rodoxaly, Sabaleta, entre otras, y el corregimiento de Nuevo Antioquia del municipio de
Turbo. En la peregrinación participaron más de 150 personas; asistieron personas de dis-
tintos países: Alemania, Francia, Canadá, Inglaterra, México, Italia, Portugal y Estados
Unidos, así como de otras regiones de Colombia y miembros de la Comunidad de Paz.
Al iniciar el recorrido se pudo constatar y confirmar la presencia de paramilitares por los
lugares recorridos. En la vereda La Esperanza, cerca del asentamiento de la Comunidad de
Paz, así como en veredas aledañas como El Porvenir y Playa Larga, se comprobó la pre-
sencia de varios grupos paramilitares fuertemente armados, con camuflados y con brazale-
tes de las AGC. Al llegar al casco urbano de Nuevo Antioquia, se pudo ver cómo recono-
cidos paramilitares recorren las calles tranquilamente sin ser molestados por la Policía, la
cual hace presencia permanente allí, pues varios de los más reconocidos paramilitares vi-
ven allí, como alias PANELO, alias TRIBILÍN o “EL ENANO”, entre otros. Al llegar a Ro-
doxaly y Sabaleta se pudo comprobar que los paramilitares habían estado allí antes de que
el grupo de caminantes llegara, pues minutos antes se habían escondido entre la montaña;
fueron encontradas muchas casas vacías de familias que habían abandonado recientemen-
te el lugar, espacios que hasta sirvieron de alojamiento a los peregrinos, se calcula que al-
rededor de 28 familias entre Rodoxaly y la Hoz habían tenido que huir por temor a ser
asesinados. Ya al salir de Rodoxaly, a pocos minutos de haber partido del lugar, los para-
militares realizaron varios disparos como diciendo: no nos encontraron pero aquí estamos.
A tan solo 2 kilómetros se encontraba un grupo de militares al parecer al mando de un
“Sargento” de apellido “Guarán”, los cuales negaron rotundamente la presencia paramili-
tar en la zona, pues según ellos, llevan más de un mes y no han visto nada, su respuesta es
idéntica a la que han dado durante 16 años: “los buscamos y no los encontramos”. Se supo
que luego de la partida de los peregrinos, los paramilitares regresaron allí. Los participan-
tes se preguntaban: ¿por qué ellos no dan la cara? y la única respuesta lógica era que ellos
jamás serían capaces de justificar sus crímenes.
El jueves 10 de octubre de 2013, se presentó un cruce de disparos entre tropas del Ejército
nacional y guerrilleros de las FARC en la vereda Miramar del corregimiento de San José,
según informaciones de campesinos, un guerrillero resultó muerto, y otro herido. Nueva-
mente el territorio de paz se convierte en zona de guerra.
Entre los días jueves 10 y viernes 11 de octubre de 2013, un helicóptero sobrevoló la zona
del corregimiento de San José, lanzando desde el aire volantes en los cuales se invita a va-
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rios supuestos milicianos de las FARC a acogerse al plan de reinserción. Este método no es
más que una estrategia para preparar a la opinión pública y a la ciudadanía en general
para que cuando se dé captura o muerte a esos civiles, las víctimas sean consideradas co-
mo “guerrilleros”. Es de público conocimiento que el Ejército no tiene facultades judiciales
y que en el pasado ha elaborado numerosos montajes con testigos falsos y pagados para
privar de su libertad a campesinos inocentes, arruinando su miserable subsistencia y equi-
librio psíquico, sólo por el afán de responder a sus jefes en número de bajas (ficticias) que
les exigen (“falsos positivos), para lo cual han contado con toda la colaboración de un po-
der judicial aterradoramente corrupto.
El sábado 12 de octubre de 2013, a un soldado del Ejército Nacional adscrito al Batallón
Vélez, quien se encontraba en la vereda La Hoz, en la finca del campesino Ismael Molina,
delante de varios civiles que se encontraban en la vivienda, se le escuchó reclamarle a su
mando: “mi comandante, si venimos persiguiendo a los paramilitares, por qué nos quedamos tan
destapados en esta finca y tan tranquilos aquí, así no los vamos a encontrar y mucho menos a com-
batir a ningunos paramilitares”. Entonces su mando y otros soldados de rango se lo llevaron
lejos de la vivienda y allí lo rodearon quién sabe para qué, lo que sí es claro es que minutos
más tarde el soldado regresó a la vivienda y muy preocupado le comentó a los civiles: “qué
lástima que la cooperación con los paramilitares viene desde sus propios mandos y ahí si no se puede
hacer nada, el que manda, manda”; además dijo: “los superiores me van a sancionar por atreverme
a desafiar a las tropas a perseguir a los paramilitares sabiendo que a ellos no se les combate”.
Desde el lunes 28 hasta el miércoles 30 de octubre de 2013, patrullas del Ejército estuvie-
ron acampando junto a las vallas de la Comunidad de Paz del asentamiento de San Joseci-
to y de allí en adelante sobre los bordes de la carretera que conduce al centro urbano de
San José e incluso en veredas aledañas, en un despliegue de presencia militar intimidante
que perturbó por varios días el desarrollo normal de las actividades civiles, poniendo a la
población como eventual blanco de la insurgencia que siempre busca adelantarse atacando
a quienes hacen presencia para exterminarlos. Una prueba más de los intentos de poner a
la población civil como carne de cañón en los enfrentamientos, llevando e incentivando el
conflicto a los espacios de vivienda y trabajo de los civiles, desacatando prescripciones
muy concretas y repetidas de la Corte Constitucional.
El miércoles 30 de octubre de 2013 los pobladores del centro urbano de San José de Apar-
tadó y los asentamientos del entorno se llenaron de miedo al percibir un enorme desplie-
gue militar que invadió el antiguo caserío de San José con helicópteros y camiones milita-
res en los cuales se desplazaban centenares de soldados. Luego se supo que ese día hizo
presencia el Comandante del Ejército Nacional con la supuesta intención de dar cumpli-
99
miento a una orden del Tribunal Administrativo de Turbo, en sentencia del 31 de marzo
de 2011, en la que ordenaba al Comandante del Ejército pedir perdón a la familia de la
niña Mildrey Dayana David Tuberquia, de 3 años de edad, asesinada por el ejército el 18
de marzo de 2003 en la vereda La Cristalina. Si bien el Magistrado fallador había intentado
en repetidas ocasiones concertar entre la familia, la Comunidad y el Ejército sobre fechas,
sitios y modalidades del acto, los repetidos aplazamientos e incumplimientos por parte del
Ejército hicieron que la concertación se estancara. Este día el Ejército decidió hacer el acto
sin haber concertado previamente con nadie y en un lugar donde actualmente no hace
presencia la Comunidad de Paz, lo que llevó a los pobladores del caserío a encerrarse en
sus viviendas bajo el impacto del miedo ante tal despliegue militar y a frustrar el acto que
quiso responder a arbitrariedades unilaterales del Ejército, sin que se llevara a cabo real-
mente ningún desagravio. Quizás eso era lo que buscaban, para culpar nuevamente a las
víctimas de hacer fracasar hasta las peticiones de perdón.
El sábado 2 de noviembre de 2013, se produjo una explosión en la vereda Las Claras, muy
cerca al asentamiento de La Unión de la Comunidad de Paz, en la cual se produjo la muer-
te de un soldado quedando otro gravemente herido, según informaciones de los medios
locales. Nuevamente la presencia permanente de los militares en los asentamientos civiles
pone en alto riesgo las vidas de los pobladores, pues dicha presencia atrae a la insurgencia
hacia los asentamientos donde los militares prefieren enfrentarse poniendo de escudo a la
población civil, desacatando prescripciones muy concretas y explícitas del DIH y de la
Corte Constitucional.
El miércoles 13 de noviembre de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia en la
vereda Arenas Bajas, allí amenazaron a varias familias diciendo que tienen una incursión
preparada contra varias personas en la región.
El domingo 17 de noviembre de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia en la ve-
reda Mulatos junto al asentamiento de la Comunidad de Paz.
El lunes 18 de noviembre de 2013; hacia las 8:00 horas un grupo de paramilitares llegó a
la vereda Arenas Altas, donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz, y se lleva-
ron a 6 civiles entre ellos 5 menores de edad. Además se comieron las gallinas de las di-
versas casas a las que entraron, este mismo día cuando los paramilitares se regresaban, al
pasar por la vereda Arenas Bajas entraron a la vivienda de un campesino y allí amenaza-
ron a una joven de querer llevársela acusándola falsamente de ser guerrillera.
100
Lo acontecido el 18 de noviembre de 2013 cerca al asentamiento de Arenas Altas de la
Comunidad de Paz, luego de recoger todos los testimonios, no deja de producir profundos
interrogantes e inquietudes. En primer lugar, LA DESAPARICIÓN DE SIETE PERSONAS
A MANOS DE UNA ESTRUCTURA PARAMILITAR que había tenido una prolongada
presencia en el lugar, llevó a descubrir también que las FARC había reclutado de manera
escandalosamente irresponsable a cinco menores de edad a quienes les había entregado
armas que ellos no sabían manejar. Sólo uno de esos menores había vivido hasta pocos
días antes en uno de los asentamientos de la Comunidad de Paz y voluntariamente había
decidido retirarse de la Comunidad; los demás pertenecían a familias que no han hecho
parte de la Comunidad. El 18 de noviembre de 2013 esos cinco menores y además un adul-
to y otro menor que nada tenían que ver en el conflicto fueron privados de su libertad por
los paramilitares y trasladados inmediatamente a uno de sus campamentos permanentes
que, al parecer, fue el de PUEBLO GALLETA, en cercanías de Nuevo Antioquia. Los dis-
paros y explosiones escuchados por algunas de las familias de la vereda hicieron creer que
su asesinato era inminente o ya se habría perpetrado, lo que hizo que se activaran las
alarmas acudiendo a la Comunidad de Paz. La Comunidad de Paz organizó rápidamente
una peregrinación a la vereda de Arenas Altas con cerca de 50 personas pero no pudieron
hallar a los victimarios. Al día siguiente varias familias de los menores fueron contactadas
por instituciones del Estado para que se dirigieran hacia Turbo donde supuestamente los
paramilitares iban a entregar a los menores. Ya en Turbo, los familiares de los menores y
algunos representantes de instituciones del Estado: DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PRO-
CURADURÍA REGIONAL, PERSONERÍA MUNICIPAL Y BIENESTAR FAMILIAR se
embarcaron en una buseta hasta el corregimiento de Currulao, allí los esperaban unas lu-
josas camionetas escoltadas por hombres armados y en motocicletas, todo al parecer per-
teneciente y coordinado por la estructura paramilitar. En un paraje cercano a Nuevo An-
tioquia los paramilitares les ofrecieron a familiares y funcionarios caballos y motos para
continuar por un camino de aproximadamente una hora hasta Pueblo Galleta donde los
menores fueron entregados a las instituciones y a los familiares, pero los paramilitares
acompañaron al grupo hasta el paraje de la carretera donde esperaban nuevamente las
lujosas camionetas que los condujeron hasta Currulao donde de nuevo el grupo abordó
una buseta hasta Turbo; allí los menores y sus familiares, acompañados por las institucio-
nes del Estado, fueron conducidos hasta las dependencias del Instituto de Bienestar Fami-
liar en Apartadó donde la Policía vigiló por unos momentos al grupo, pero rápidamente la
Policía desapareció y le dejó el campo libre nuevamente a los paramilitares para que entra-
ran a amenazar a los menores y a sus familias; esto activó nuevamente las alarmas y el
grupo regresó a Turbo y luego tuvo que ser trasladado de urgencia a Medellín para su
protección. Todo este relato, corroborado con testigos, muestra a las claras que diversas
instituciones del Estado entraron en contacto con los paramilitares y se dejaron escoltar
101
por los mismos delincuentes hasta el lugar de reclusión de los menores sin que se produje-
ra ninguna captura de miembros del grupo criminal. Tampoco se percibió persecución
alguna a dicho grupo, no obstante haber asistido a su campamento que es de vieja data y
que de ninguna manera era ignorado por las instituciones. El accionar paramilitar en acti-
vidades que corresponden a la fuerza pública, confirma una vez más su accionar conjunto
así como la persistencia de esas estructuras con carácter contrainsurgente, algo que el Es-
tado se ha empecinado en negar, engañando al país y a la comunidad internacional.
El martes 19 de noviembre de 2013, tropas del Ejército hicieron presencia en la vereda La
Resbalosa, procedentes de la vereda Mulatos, donde varios de ellos se presentaron delante
de varios campesinos como paramilitares el domingo 17 de noviembre de 2013.
El viernes 22 de noviembre de 2013, reconocidos paramilitares en Nuevo Antioquia anun-
ciaron a varios civiles que seguirán realizando operaciones en las veredas del Corregi-
miento de San José de Apartadó, y profirieron amenazas en contra de GERMÁN GRA-
CIANO, Representante Legal de la Comunidad de Paz, anunciando que “si es tan valiente
porqué no fue con la comisión a recibir a los jóvenes el pasado 19 de noviembre para haberle matado
hasta la mierda”. Allí anunciaron a los civiles que debían llevar el mensaje al campesinado
en general pues quedaba prohibido para el campesinado de la zona que se apoyara en la
Comunidad de Paz; que esa Comunidad de Paz había que acabarla, pues andaban con
unos gringos como acompañantes y eso les hacía mucho daño a ellos; que la Comunidad,
cada vez que pasaba algo, les hacían mucho escándalo; que eran una partida de sapos al
igual que los campesinos de Arenas Altas, Las Nieves, El Porvenir y la Esperanza, que
ellos no podían hacer algo por allí porque inmediatamente la Comunidad se daba cuenta y
les hacia el escándalo y eso no lo iban a permitir más. Afirmaron además que ellos estaban
en Nuevo Antioquia cuando la Comunidad de Paz pasaba por allí el 7 de octubre de 2013
en la Comisión Humanitaria que los llevó a recorrer varias veredas con gringos y periodis-
tas. Además aseguraron que ellos mismos entraron a San José y a la misma Comunidad de
Paz en San Josecito el pasado 28 de septiembre cuando repartieron los panfletos de las
AGC.
El sábado 30 de noviembre de 2013, un sujeto quien se identificó como paramilitar, abor-
dó a un poblador de San José mientras caminaba por el centro poblado de Apartadó y le
anunció que continuarían realizando operaciones en la las veredas de San José, pues, tie-
nen que dar con varias personas de allí; además insistió en que le dijera el nombre del
dueño de la vivienda donde habían incursionado el pasado 18 de noviembre de 2013 en la
vereda Arenas Altas, pues “ese señor la va a pagar caro, y es con la vida”, anunció el sujeto.
102
El domingo 1 de diciembre de 2013, hacia las 14:00 horas, se escucharon varias ráfagas de
arma de fuego entre las veredas Guineo Alto y Arenas Altas, lo que ha generado temor en
los pobladores de estas veredas. Los actores armados siguen convirtiendo el territorio de
paz en campo de combate, siendo la fuerza pública la que atrae a la insurgencia para que
vengan a combatir donde habita la población civil.
El viernes 6 de diciembre de 2013, hacia las 14:30 horas, se escuchó la detonación de una
bomba en la vereda Miramar, lo cual llenó de pánico a los pobladores de dicho asenta-
miento. Vino inmediatamente a la mente de los pobladores el recuerdo de FRANCISCO
PUERTAS, Coordinador de esa Zona Humanitaria de la Comunidad de Paz, asesinado el
14 de mayo de 2007 en la terminal del transporte de Apartadó, espacio por muchos años
sometido al terror por estructuras paramilitares patrocinadas por la Policía de Urabá.
Francisco, con ingentes esfuerzos, había construido una enramada protegida con vallas y
banderas de paz donde la población civil se pudiera refugiar en momentos como éste. El
Gobierno, en documento aportado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se
negó a reconocer dichas Zonas Humanitarias y el asesinato de Francisco arruinó la humil-
de enramada protectora. Ahora militares y paramilitares insuflan a sus anchas oleadas de
terror contra los pobladores.
El domingo 8 de diciembre de 2013, hacia las 14:00 horas, en el centro urbano de San José
de Apartadó se produjo un combate entre guerrilleros y fuerza pública. Nuevamente los
pobladores del núcleo urbano y quienes transitaban por la zona quedaron en medio del
fuego. Una vez más se apreciaron las consecuencias de la negativa del Gobierno a acatar
varias sentencias de la Corte Constitucional que prohíben establecer bases militares y poli-
ciales en medio de la población civil, pues de hecho, en lugar de servir de protección a los
civiles, buscan que los civiles sirvan de escudo a los militares frente a los insurgentes, po-
niéndolos en alto riesgo.
El miércoles 11 de diciembre de 2013, en horas de la mañana, una mujer integrante de la
Comunidad de Paz fue abordada por un funcionario del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, antigua Acción Social de la Presidencia, quien en años anterio-
res había tenido el cargo de Defensor Comunitario en la zona, y le ofreció la posibilidad de
realizar diligencias para lograr una indemnización administrativa por su familiar víctimi-
zado, haciendo todo de manera irregular sin que nadie se enterara ni descubriera los ilega-
les procedimientos. El funcionario le dio a entender que así lo había hecho con mucha gen-
te, utilizando el mecanismo del “chanchullo” (fraude procesal). El funcionario era cons-
ciente de que la Comunidad de Paz, a través de asambleas decisorias en las que participan
todos sus integrantes, ha optado por no avalar el mecanismo de la reparación administra-
103
tiva, ya que no tiene en cuenta la justicia y termina considerando a las víctimas como ex-
clusivas mercancías cuya vida y dignidad se intercambian por dinero. Al parecer, dicho
funcionario realiza una estrategia clandestina de burla y destrucción de los principios éti-
cos de la Comunidad.
En los últimos días de diciembre de 2013 se conocieron respuestas que la Defensoría del
Pueblo remite a comunidades y organizaciones de otros países que reclaman la aparición
con vida del joven BUENAVENTURA HOYOS, desaparecido el 31 de agosto de este año
por hordas conjuntas de militares y paramilitares. La Defensoría considera acertadas las
respuestas del Gobierno en las que afirma que al joven se le está buscando en hospitales,
clínicas, terminales de transporte y centros penitenciarios, como si éstas fueran medidas
eficaces para obligar a devolver con vida a un joven cuyos captores están íntimamente
coordinados con agentes del Estado, como lo comprobó de modo absoluto una peregrina-
ción de 150 personas que viajó a la zona entre el 6 y 10 de octubre pasado a intentar su
rescate, en la cual iban integrantes de grupos humanitarios de 8 países, periodistas de di-
versos medios y delegados de comunidades indígenas y campesinas de diversas zonas del
país. La Defensoría no ha cumplido con su obligación de rescatarlo, obligando a los agen-
tes estatales y paraestatales que lo mantienen desaparecido, a entregarlo. Por ello no es
posible sino ver en dichas actitudes formas de complicidad, pues aparece evidente que la
Defensoría fue diseñada en la Constitución de 1991 para actuar y no para ser espectadora
atónita de la destrucción de todos los valores nacionales y universales.
El sábado 21 de diciembre de 2013, hacia las 10:00 horas, mientras miembros de la Comu-
nidad de Paz se encontraban conmemorando el aniversario de un familiar en el cementerio
de San José, fueron fotografiados y filmados ilegalmente por miembros de la Policía desde
el bunker de dicha institución ubicado al frente del cementerio. Al ser conminados a mos-
trar las filmaciones, negaron rotundamente que las hubieran hecho. Se les recordó enton-
ces que en muchas otras ocasiones han cometido el mismo delito y que lo han negado a
pesar de haberlo hecho ante numerosos testigos. Se dejó constancia de que estaban ac-
tuando en violación de la ley.
El domingo 22 de diciembre de 2013, varios desmovilizados de las FARC se reunieron en
un barrio de Medellín donde acordaron un plan para cometer una masacre en la zona de
San José de Apartadó, pues según ellos, tienen todo acordado con los militares y paramili-
tares para perpetrar el crimen contra varios civiles del Corregimiento.
El lunes 23 de diciembre de 2013, se registró un tiroteo en el sitio la Antena, contiguo al
casco urbano de San José.
104
El martes 24 de diciembre de 2013, tres funcionarios de la Defensoría del Pueblo irrumpie-
ron en el asentamiento de San Josecito perteneciente a la Comunidad de Paz, aprovechan-
do que la casi totalidad de los miembros de la Comunidad se encontraba en asamblea in-
terna en otro espacio de la Comunidad. Los funcionarios de la Defensoría tomaron fotos
de los espacios privados y además hicieron registros fotográficos de algunos miembros de
la Comunidad que se encontraban allí, argumentando que, debido a que el Presidente San-
tos recientemente había pedido perdón a la Comunidad de Paz, se consideraba que todo lo
que impedía la interlocución con instituciones del Estado quedaba superado y así la De-
fensoría podía permitirse pasear por los espacios privados de la Comunidad sin autoriza-
ción alguna. Frente a esto es necesario aclarar que de las condiciones puestas por la Co-
munidad en 2005 para reanudar su interlocución con el Estado, hasta ahora sólo se ha
cumplido una y a medias, pues el Presidente no presentó ningún plan para impedir la re-
petición de las agresiones, como se lo exigió la Corte Constitucional. Pero además, la rup-
tura con la Defensoría del Pueblo obedece a otras causas, como son el incumplimiento de
sus obligaciones de defensa de una manera reiterativa frente a la Comunidad de Paz y la
selección de funcionarios absolutamente insensibles frente a las agresiones que el Estado
ha perpetrado contra los integrantes de la Comunidad y contra la población de su entorno.
El martes 31 de diciembre de 2013, hacia las 11:00 horas, funcionarios de la Defensoría del
Pueblo ingresaron nuevamente sin autorización alguna al asentamiento privado de San
Josecito, haciendo caso omiso de las vallas que marcan el carácter privado de dicho espa-
cio de refugio y aduciendo que estaban allí porque creían que luego de la petición de per-
dón proferida por el Presidente Santos a la Comunidad de Paz, ya no existiría limitación o
restricción alguna en la interlocución entre Comunidad e instituciones, desconociendo a la
vez la privacidad de los espacios de refugio y protección, frente a instituciones que sólo
han sabido agredir, desconocer derechos e incumplir sus propias obligaciones legales.
2014
Entre el sábado 5 y el domingo 6 de enero de 2014 se escucharon detonaciones de artefac-
tos explosivos en las veredas Mulatos y La Resbalosa.
105
El martes 7 de enero de 2014, hacia las 18:30 horas, se presentó un fuerte combate en el
lugar La Antena, del corregimiento de San José, causando mucho temor en la población
civil de la región.
El miércoles 8 de enero de 2014, hacia las 14:15 horas, en el lugar conocido como Tierra
Amarilla, sobre la vía que comunica a Apartadó con San José de Apartadó, tres paramilita-
res vestidos de civiles y portando armas cortas, detuvieron el vehículo de servicio público
que transitaba en ese momento con dirección a San José y preguntaron por un personaje
que ellos necesitaban, refiriéndose a GERMÁN GRACIANO POSSO, Representante Legal
de la Comunidad de Paz, quien a última hora había decidido no abordar el vehículo de
turno en la terminal de transporte de Apartadó y que lo conduciría a San José. Cabe recor-
dar que ese mismo día, en horas de la mañana, la Policía había instalado un retén a escasos
minutos del lugar. Al no encontrar a Germán entre los pasajeros, conminaron a éstos a no
hablar en absoluto sobre lo ocurrido si querían conservar sus vidas. Todo muestra que su
propósito era desaparecer o asesinar al Representante Legal de la Comunidad de Paz,
cumpliendo así con numerosas amenazas proferidas previamente en ese sentido. El lugar
donde esperaron a Germán es un lugar donde la presencia del paramilitarismo a lo largo
de las últimas décadas ha siso intensa y donde sus retenes han llevado a la muerte o desa-
parición forzada de numerosos integrantes de la Comunidad de Paz, actuando siempre en
ese sitio bajo la protección activa o pasiva de la fuerza pública.
El domingo 12 de enero de 2014, hacia las 3:00 horas, un grupo de 23 paramilitares hicie-
ron presencia en la vereda Bellavista perteneciente al corregimiento de San José. El grupo
de paramilitares entre los que se encontraban los reconocidos hermanos ALBEIRO Y
LUBÍN CARDONA BORJA, domiciliados ya por años en la Brigada 17 luego de haber
perpetrado numerosos crímenes en compañía y bajo la dirección del Ejército, amenazaron
a varios civiles, obligándoles a permanecer callados, de lo contrario no responderían por lo
que les sucediera más adelante. Después de entrar en varias viviendas de los campesinos,
se ocultaron en la montaña. Dicha presencia paramilitar se da en medio de una fuerte pre-
sencia militar en esta área lo que muestra a todas luces la complicidad de la fuerza pública
con el paramilitarismo.
El miércoles 15 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas, militares de la base militar de San
José retuvieron a Huber Areiza, miembro de la Comunidad de Paz, allí los uniformados lo
amenazaron de llevárselo retenido argumentando que él tenía orden de captura. Después
de varios minutos y luego de proferir muchos insultos contra él, fue dejado en libertad.
106
El viernes 17 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas, se presentó un hostigamiento a las
bases de policía y militar ubicadas en el casco urbano de San José, quedando en medio del
cruce de disparos varias familias de la Comunidad de Paz, incluyendo a GERMÁN GRA-
CIANO, Representante Legal de la Comunidad de Paz y dos menores de edad de 4 y 2
años, quienes transitaban por el lugar acompañando a familias de la Comunidad.
El sábado 18 de enero de 2014, reconocidos paramilitares en Nuevo Antioquia anunciaron
nuevamente el plan de eliminar a miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz,
afirmando que tienen todo ya planificado para ejecutarlo y que están esperando que la
situación se calme un poco ya que en los últimos días ha habido muchas denuncias.
El domingo 19 de enero de 2014, hacia las 23:35 horas, se presentó un combate entre tro-
pas militares y guerrilleros de las FARC en el sitio conocido como La Antena, en el corre-
gimiento de San José de Apartadó.
El lunes 20 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas y por espacio de 15 minutos se escucha-
ron ráfagas en un campamento militar ubicado junto a un predio de la Comunidad de Paz
en la vereda Mulatos del corregimiento de San José. Estos ametrallamientos generan páni-
co y zozobra a la población civil campesina.
El lunes 20 de enero de 2014, hacia las 10:03 horas, un sujeto que se identificó con el nom-
bre de “Alberto”, llamó desde el celular 3164201221 a un poblador de la vereda La Unión,
donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz, para pedirle que suministrara
información sobre los movimientos de los líderes de la Comunidad, advirtiéndole que
había recompensas monetarias atractivas para pagar esa información, invitándolo al tiem-
po a trabajar como informante que a la vez le hiciera seguimiento a los movimientos de la
guerrilla en la región.
El martes 21 de enero de 2014, hacia las 21:30 horas y por espacio de 20 minutos se presen-
tó un hostigamiento a un campamento militar ubicado en el sitio conocido como La Ante-
na en el corregimiento de San José.
El miércoles 22 de enero de 2014, hacia las 20:44 horas, se presentó nuevamente un hosti-
gamiento a tropas militares acantonadas en el sitio conocido como La Antena en el corre-
gimiento de San José.
El sábado 25 de enero de 2014, miembros del Ejército Nacional quienes ya desde unos días
antes habían acampado abusivamente en predios privados de la Comunidad de Paz en la
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vereda Mulatos, se robaron los productos de pan-coger de las familias allí asentadas, ade-
más de pisotear y destruir lo poco que aun quedaba, como verdadera banda de asaltantes
y ladrones que en lugar de proteger derechos, como se los señala la Constitución, los vio-
lan y someten a infame pillaje a sus víctimas. Hasta ahora jamás el Estado ha respondido
por esos hurtos ni reparado jamás a las víctimas y la justicia lo único que ha hecho es regis-
trar esos hechos como “notitia criminis” sin jamás investigar ni sancionar a los responsa-
bles. Por su parte el Ministerio de Defensa responde que entregar los nombres de esos la-
drones para que sean denunciados “atenta contra la seguridad nacional” y alegan que esa
información es “de reserva nacional”, desacatando las sentencias de la Corte Constitucio-
nal que obligan al Gobierno a entregar esos nombres (Sentencia 1025/07).
El domingo 26 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas, se registró un nuevo hostigamiento
contra las bases de la Policía y del Ejército en el centro urbano de San José de Apartadó,
bases ubicadas en medio de la población civil contra todas las normas de la Corte Consti-
tucional, poniendo nuevamente en alto riesgo las vidas de los pobladores, quienes por ser
domingo se hallaban haciendo el mercado semanal. El Gobierno Nacional continúa
desacatando las órdenes de la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, normas
reforzadas pocos días antes de este combate, cuando el pasado 20 de enero la Sección Ter-
cera del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Ramiro Pazos Guerrero, volvió a
señalar que es imperativo para el Estado “cumplir con los compromisos asumidos en los ins-
trumentos internacionales”. El Alto Tribunal recordó que la jurisprudencia ha señalado cla-
ramente que en zonas en las cuales con frecuencia se vea alterado el orden público, las
estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población ale-
daña. La mencionada sentencia del Consejo de Estado reconfirmó nuevamente lo precep-
tuado ya muchas veces por la Corte Constitucional, afirmando: ““En efecto, debido a que en
estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos
humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección
efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situa-
ciones de peligro razonablemente previsibles”. En muy numerosas veces la Comunidad de Paz
le ha exigido al Gobierno Nacional acatar esas normas, pero ni siquiera responde y ningún
ente de control del Estado es capaz de urgir el acatamiento. Realmente vivimos bajo una
ilegalidad consentida al más alto nivel.
El martes 28 de enero de 2014, varias familias de la Comunidad de Paz fueron nuevamen-
te testigos de la fuerte presencia paramilitar en la vereda Playa Larga de San José de Apar-
tadó. Esta vez iban vestidos con trajes civiles pero llevaban armas largas visibles e insig-
nias con la sigla “AGC” (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). La zona de Playa Larga
está muy cercana al poblado de Nuevo Antioquia, que ha sido un enorme nido de los pa-
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ramilitares desde hace casi dos décadas y donde la protección y articulación de la fuerza
pública con ellos nunca ha tenido pudor alguno. Como lo comprobó la Comunidad de Paz
y numerosos acompañantes nacionales e internacionales en la peregrinación del pasado
mes de octubre (2013), el Gobierno ha trazado allí una nueva estrategia: retiró la base mili-
tar; retiró el gobierno civil (Corregidor); dejó todo en poder de la Policía, la cual afirma
que sólo le compete vigilar el casco urbano sin ninguna incidencia en las áreas rurales; dio
orden a los paramilitares de no usar distintivos dentro del poblado y así, en los “controles”
de la policía ellos son “población civil sin ningún antecedente”, dado que los antecedentes
judiciales están registrados en los “alias” y no en los nombres que figuran en los documen-
tos legales. Así los paramilitares han podido continuar allí con un control absoluto del
poblado, en convivencia “legal” con la Policía.
El viernes 31 de enero de 2014, hacia las 12:30 horas, se registró un nuevo y fuerte enfren-
tamiento armado en el centro urbano de San José de Apartadó, el cual duró hasta las 15:00
horas. Los maestros de la escuela tuvieron que suspender sus clases por quedar atrapados
en medio de los disparos y explosiones. La presencia de bases de la fuerza pública (Ejército
y Policía) en tan pequeño asentamiento, así como la intensa presencia paramilitar que uti-
liza el caserío para coordinar sus acciones con la fuerza pública, siguen atrayendo al actor
armado contrario (la Guerrilla) para enfrentarse allí militarmente, convirtiendo este
desangrado territorio en campo de batalla. Nuevamente se advierten las fatales conse-
cuencias del contumaz desacato del Gobierno a la Corte Constitucional y al Consejo de
Estado que le han ordenado sin descanso retirar esas bases de la cercanía de la población
civil para que ésta no siga siendo el “escudo” de la fuerza pública, configurando un per-
manente Crimen de Guerra.
El mismo viernes 31 de enero de 2014, hacia las 15:00 horas, un sujeto que se identificó con
el alias de “COFLAS” y como “Jefe Paramilitar” en la región, afirmando que estaba acom-
pañado con otro personaje que es Sargento del Ejército, hizo una llamada desde el celular
3146800209 a un poblador de la vereda La Unión, invitándolo a trabajar con ellos y ofre-
ciéndole buenas recompensas monetarias si suministra información sobre los movimientos
de los líderes de la Comunidad de Paz. A pesar de lo que esto significa como grave ame-
naza contra la vida y demás derechos de los miembros del Consejo de la Comunidad de
Paz, se sabe que la “justicia” no hace nada aunque tengan los números telefónicos desde
donde actúan los victimarios.
El sábado 1° de febrero de 2014, hacia las 11:10 horas, se registró un nuevo hostigamiento
a la base militar de San José con una duración aproximada de 20 minutos. Nuevamente la
población civil estuvo en alto riesgo y nuevamente hubo que lamentar la contumaz rebel-
109
día del Gobierno ante su propia Corte Constitucional y su Consejo de Estado, desacatando
las normas que podrían proteger la vida de la población civil.
El domingo 2 de febrero de 2014, hacia las 9:00 horas, se escucharon disparos de armas de
fuego en dirección a los cultivos de pan-coger de las familias de la Comunidad de Paz del
asentamiento La Unión. La ocupación abusiva e ilegal por parte del Ejército, de espacios
pertenecientes a la Comunidad de Paz, para acampar allí, ha impedido al mismo tiempo a
las familias desarrollar sus labores agrícolas ordinarias de subsistencia y hace presumir
que los mismos militares están atacando a bala los cultivos, convirtiendo en campo de ba-
talla el terreno de sustento de la vida.
En la primera semana de febrero de 2014 se registró la permanente presencia del recono-
cido paramilitar APOLINAR GUERRA GEORGE, motorizado y en ocasiones escoltado, en
los parajes de Caracolí y La Victoria, en la carretera que de Apartadó conduce a San José.
Apolinar ha trabajado conjuntamente con la Brigada XVII del Ejército Nacional desde hace
mucho años; en 2005 la Brigada XVII lo utilizó como un falso testigo para desacreditar y
atacar a la Comunidad de Paz, cuando el Coronel Néstor Iván Duque, Comandante enton-
ces del Batallón Bejarano Muñoz, quien antes lo había sometido a torturas, le ofreció dine-
ro y lo trasladó a Bogotá con dinero suministrado por el líder paramilitar alias “HH” a fin
de que el Vicepresidente Francisco Santos lo utilizara ante el cuerpo diplomático como
falso testigo, dando una versión falsa de la masacre del 21 de febrero de 2005. Sin embar-
go hoy en día vive tranquilo, protegido por la fuerza pública que lo ha utilizado contra la
población civil en la región.
El martes 4 de febrero de 2014, miembros de la Comunidad de Paz constataron la presen-
cia de un grupo de militares quienes se habían ubicado en un predio que es propiedad
privada de la Comunidad en la vereda Mulatos, donde la tropa había iniciado la construc-
ción de un helipuerto y de un campamento para ellos pernoctar. Cuando un miembro de
la Comunidad, quien se hallaba allí en labores de mantenimiento de los cultivos, se encon-
tró frente a frente con uno de los soldados, éste lo conminó en forma amenazante a retirar-
se del predio, desconociendo que era el Ejército el que estaba delinquiendo y debía retirar-
se inmediatamente del predio. No valió hacerle ver a la tropa que estaba violando dere-
chos constitucionales y en forma arrogante y contumaz continuaron construyendo el heli-
puerto y el campamento. Aún más, cuando días después se retiraron del predio, hurtaron
alimentos que la Comunidad había cultivado. Lo hicieron con pleno descaro y con plena
consciencia de que estaban delinquiendo. El helipuerto causó destrozos en el bosque y la
montaña.
110
El miércoles 5 de febrero de 2014, hacia las 10:15 horas, fue detonado un artefacto explo-
sivo en el casco urbano de San José de Apartadó, al paso de un grupo de militares de la
base militar acantonada en el corregimiento y adscrita al Batallón Voltígeros de la Brigada
XVII, resultando afectados dos soldados según información de los habitantes de San José.
El artefacto fue detonado a pocos metros del Comando de la Policía, junto a una vivienda
propiedad de la Comunidad de Paz. Cabe señalar que a 50 metros está el centro de salud y
contiguo funciona el centro educativo de San José. Además de la vivienda de la Comuni-
dad de Paz que resultó afectada, del mismo modo el templo de una Iglesia Cristiana. Las
clases fueron suspendidas de inmediato debido al temor por lo sucedido. Este hecho ha
generado una serie de señalamientos contra la población civil de la región por parte de la
fuerza pública, hasta tal extremo que dos personas que se encontraban laborando en el
momento en el Centro de Salud fueron retenidas como “sospechosas”. Como en infinidad
de casos precedentes, la población civil víctima termina convertida en victimaria por las
acciones del Ejército que busca “dar resultados inmediatos” (“falsos positivos”). Frente a
este nuevo episodio bélico, el Comandante de la Brigada XVII, CORONEL LUIS MIGUEL
GÓMEZ QUINTERO, seguido por un Concejal de Apartadó y algunos comerciantes de la
ciudad, salió a los medios masivos a acusar a la Comunidad de Paz de complicidad y has-
ta de coordinación estrecha con la guerrilla, la que supuestamente había colocado los ex-
plosivos. ¿La razón? las denuncias persistentes de que se están violando las prescripciones
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en la ubicación de las bases militares y
policiales, las cuales, en zonas de conflicto, no pueden estar ubicadas en cercanías de la
población civil de modo que ésta pueda resultar afectada por los enfrentamientos bélicos.
Resulta, entonces, que para el CORONEL GÓMEZ exigir que se cumpla la Constitución es
“ser cómplice de la guerrilla”; defender los derechos de la población civil, es “ser cómplice de
la guerrilla”. La enorme lista que a la fecha superan las más de 150 graves afectaciones que
han causado a la población y a los bienes civiles las bases policial y militar colocadas ile-
galmente en el casco urbano de San José de Apartadó, en contra de las prescripciones de
las altas Cortes, revela a las claras la magnitud de los daños de los cuales se ha hecho res-
ponsable el Gobierno Nacional.
El mismo 5 de febrero de 2014, soldados de la base militar de San José amenazaron a va-
rios campesinos diciendo: “lo sucedido aquí lo pagarán caro los pobladores HP de San
José a través de acciones de los paramilitares en Apartadó y en Tierra Amarilla; que a
nadie se le olvide que nosotros trabajamos juntos”. Minutos después, un miembro de la
Comunidad de Paz que de San Josecito se dirigía a la vereda la Unión, fue abordado por
los militares, quienes lo insultaron y amenazaron anunciándole una vez más el exterminio
de la Comunidad de Paz, afirmando que para eso se apoyarán en los paramilitares. La
Comunidad de Paz manifestó públicamente que rechaza todas las acciones violentas ven-
111
gan de donde vengan y que colocan en riesgo la vida e integridad de la población civil.
Precisamente por ello la Comunidad ha insistido que mantener el Puesto de Policía y la
Base Militar donde están, es un atentado permanente contra los derechos de la población
civil y un desacato contumaz a las órdenes de las altas Cortes. La Comunidad ha elevado
numerosos clamores al Presidente de la República para que cese en su rebeldía ante los
órganos de control del mismo Estado y responda por la gravedad de los daños que sus
desacatos han causado.
El sábado 8 de febrero de 2014, HUBER AREIZA, miembro de la Comunidad de Paz,
quien fue retenido este día durante varias horas por miembros del Ejército, poco antes de
atravesar el caserío de San José de camino hacia el asentamiento de La Unión donde resi-
de, fue puesto en libertad después de una intervención de un grupo de integrantes de la
Comunidad que le exigió al oficial perpetrador dar razón de la arbitrariedad, pero el mili-
tar al verse sin razón alguna que sustentara su ilícito, resolvió negar que lo tuviera reteni-
do, lo que dio pie para que la Comunidad invitara a la víctima a continuar su camino. Sin
embargo, pocos minutos después, los militares y policías presentes en el caserío lo persi-
guieron y lo retuvieron nuevamente, exigiendo que se presentara algún familiar de él para
identificarlo. Tal procedimiento es el utilizado rutinariamente por los paramilitares y es
violatorio de la Sentencia 1206| 01 de la Corte Constitucional, la cual prohíbe rotunda-
mente los empadronamientos. Cuando nuevamente la Comunidad se hizo presente para
exigir respeto a los derechos constitucionales, los militares y policías trataron de separar a
los niños de los adultos, alegando que el reclamo y la protesta eran un “mal ejemplo” para
los niños, como ignorando que el verdadero mal ejemplo es transigir con la violación de
los derechos humanos y constitucionales por parte de los mismos agentes del Estado.
El martes 11 de febrero de 2014, hizo explosión un artefacto en el caserío de San José, en
cercanía de la base militar, ubicada en medio de la población civil, poniendo nuevamente a
ésta en alto riesgo. De nuevo se constatan las graves consecuencias del desacato del Go-
bierno a las órdenes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que en reiteradas
sentencias han prescrito retirar bases y estaciones de la cercanía de la población civil.
El 12 de febrero de 2014, la Presidencia de la RED ITALIANA DE SOLIDARIDAD CO-
LOMBIA VIVE, asociación internacional de Derechos Humanos hermanada con la Comu-
nidad de Paz, recibió un oficio del Secretario Ejecutivo de la PROCURADURIA PROVIN-
CIAL DE APARTADÓ, Sr. FREDY SALAZAR IBÁÑEZ, dentro del expediente IUS 2013-
428785, anunciándole que por haberse negado a venir a Colombia a rendir declaraciones
sobre los atropellos de la Policía contra la Comunidad de Paz, sobre los cuales la Red pidió
a la justicia colombiana investigaciones que evitaran la impunidad, el expediente quedaba
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archivado sin apelación posible. Queda así al desnudo el perverso mecanismo utilizado
por la Procuraduría para garantizar la impunidad de los crímenes: buscar testigos en paí-
ses extranjeros, quienes por supuesto no estuvieron presentes en el momento del crimen, y
evitar buscar a los testigos que sí estuvieron presentes en los días, sitios y horas en que
fueron perpetrados los crímenes, es decir quienes los perpetraron, con el fin de alegar que
no fue posible la inmediatez de la prueba.
El jueves 13 de febrero de 2014, soldados de la base militar de San José, abordaron a Diana
Higuita, habitante de la vereda La Unión, y le mostraron fotos de varias personas de la
región entre ellas de su compañero, manifestándole que él tenía orden de captura; que lo
invitaban a trabajar con ellos como informante y que se ganaría jugosas recompensas.
El viernes 14 de febrero de 2014, hacia las 15:00 horas, un grupo de militares realizaron
pillajes a miembros de la Comunidad de Paz en la vereda la Unión.
El viernes 14 de febrero de 2014 fue retenido durante tres horas por tropas del Ejército, en
la vereda Bellavista de San José de Apartadó, un reconocido campesino de la región. Los
militares lo amenazaron y lo ultrajaron humillándolo vilmente y acusándolo de ser colabo-
rador de la guerrilla. Cuando un grupo de campesinos se disponía a ir a exigir su libertad,
los militares se dieron cuenta y lo dejaron libre no sin antes anunciarle que en otro mo-
mento “las pagaría”.
El domingo 16 de febrero de 2014, hacia las 23:00 horas, se registró un hostigamiento a
una base militar ubicada en el sitio conocido como La Antena, junto al casco urbano de San
José. Nuevamente se sienten las consecuencias del desacato contumaz del Gobierno a sus
propios órganos judiciales del más alto nivel.
El martes 18 de febrero de 2014, un alto mando militar de la región, a través de los medios
radiales de la región, tildó de irrespetuosa la exigencia de la ex Alcaldesa de Apartado,
Doctora Gloria Isabel Cuartas, de que fueran removidas las bases militares y de policía en
San José de Apartadó, como ignorando que no es la ex Alcaldesa la que ha dado dicha
orden sino las más altas Cortes de la Nación.
El viernes 21 de febrero de 2014, hacia las 4:00 horas, un grupo de militares acampó en el
caserío de San Josecito aprovechando que la mayoría de los miembros de la Comunidad se
encontraban por fuera del asentamiento, en los actos conmemorativos de la horrenda ma-
sacre de 8 miembros de la Comunidad de Paz perpetrada por el Ejército en compañía de
113
los paramilitares el 21 de febrero de 2005. Allí, los militares colocaron sus armas de dota-
ción en la entrada de algunas casas y amanecieron rodeando algunas viviendas.
El sábado 22 de febrero de 2014, hacia las 16:00 horas, tropas del Ejército invadieron pre-
dios de la Comunidad de Paz en el asentamiento de San Josecito. Cuando un nutrido gru-
po de la Comunidad los abordó y les pidió explicaciones, los militares alegaron que no
sabían que era un predio privado, a pesar de que estaba debidamente cercado. Cuando la
protesta de la Comunidad, de acompañantes internacionales y nacionales los obligó a salir
del predio, invadieron otro predio de la Comunidad dedicado a la siembra de cacao, y
pretendían hacer allí un campamento. La presencia masiva de la Comunidad los hizo reti-
rar rápidamente de este otro lugar, pero dejaron un sospechoso paquete colgado de un
árbol, lo que causó temor en la Comunidad, dado que allí trabajan ordinariamente niños y
adultos.
En los últimos días de febrero y primeros de marzo fue de público conocimiento que los
paramilitares han ido impulsando la construcción de viviendas y actividades recreativas
en las veredas de Rodoxaly y Sabaleta. El reconocido paramilitar alias “PANELO”, por
tiempos domiciliado en la Brigada XVII, ha sido encargado de coordinar las actividades
deportivas que miran a un exhaustivo control de la población.
El martes 4 de marzo de 2014, hacia las 16:30 horas un sujeto quien se identificó como in-
tegrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamó desde el celular 3128226783 a
Isabel Zapata habitante de la vereda El Cuchillo en el corregimiento de San José de Apar-
tadó, a quien amenazó, además de proferir amenazas contra su familia y miembros de la
Comunidad, en especial, contra Germán Graciano Posso, Representante Legal de la Co-
munidad de Paz, y otros pobladores de la región, quienes figuran en una lista para judicia-
lizar o asesinar.
El jueves 6 de marzo de 2014, hacia las 15:20 horas, se registró un enfrentamiento entre
tropas del Ejército ubicadas en el sitio conocido como La Antena, del corregimiento de San
José, con guerrilleros de las FARC. Según los medios radiales, un guerrillero resultó muer-
to. La intensa presencia militar / policial en el área urbana de San José, muy cerca de la
cual queda La Antena, continúa atrayendo al grupo bélico contrario, convirtiendo el área
en campo de batalla donde la vida e integridad de todos los pobladores es puesta en alto
riesgo. Entre tanto el Gobierno continua con increíble tozudez desacatando todas las órde-
nes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ordenan retirar las bases mili-
tares y policiales de la cercanía de la población civil, de modo que ésta no continúe sir-
viendo de escudo a los agentes armados del Estado.
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El sábado 8 de marzo de 2014, en el transcurso del día se registraron varias detonaciones
de artefactos explosivos en distintos lugares del corregimiento de San José. Uno de esos
artefactos explotó en el casco urbano, lo que generó mucho temor en la población civil, la
cual vive sometida al pánico y a alto riesgo, toda vez que la intensa presencia de militares
y policías en su espacio hace que las guerrillas entren a atacar allí a sus contendores de
guerra y se formen combates que ante todo afectan a los civiles no armados.
El domingo 9 de marzo de 2014, en horas de la mañana, una patrulla de la Policía se esta-
cionó en el asentamiento de San Josecito, centro de la Comunidad de Paz, parqueando
incluso un vehículo allí. En el momento en que un grupo de familias de la Comunidad se
acercó a los uniformados para solicitarles que se retiraran del lugar, el cual es propiedad
privada y está debidamente señalizado con vallas, el mando de la patrulla, enfurecido,
ultrajó a los miembros de la Comunidad, alegando que “ellos pueden estar donde les dé la
gana”, lo cual no tiene sustento alguno en la ley.
El domingo 9 de marzo de 2014, hacia las 16:30 horas, un grupo de militares de la base
militar de San José, que se encontraban atrincherados a la salida del caso urbano de San
José, dispararon indiscriminadamente contra JOHN GÓEZ, poblador de la vereda Arenas
Altas. Varios proyectiles impactaron en la bestia que él montaba, la cual murió al instante.
Este hecho se registró al frente del centro estudiantil del casco urbano del poblado, a la
vista de muchos testigos quienes hacían presencia allí. Afortunadamente el joven resultó
ileso. Este grave hecho ha generado gran preocupación en los habitantes de la región, pues
una vez más se evidencia el riesgo que representa para la población civil del corregimiento
la presencia militar y policial en el centro poblado.
El lunes 10 de marzo de 2014, en horas de la mañana, el campesino NORBEY SEPÚLVE-
DA, habitante de la vereda La Unión, fue perseguido por miembros del Ejército. Más tarde
los militares lo contactaron por vía telefónica y le propusieron que trabajara con ellos co-
mo informante, chantaje muy común en los militares que hacen presencia en la zona, los
cuales, sin tener facultades judiciales, inventan falsas órdenes de captura o cooptan a jue-
ces amigos para que las emitan, haciendo creer a pobladores civiles que no participan en el
conflicto armado que están acusados de “rebelión” o delitos similares, con el fin de ame-
drentarlos y convertirlos en informantes del Ejército. En la misma zona los militares pre-
guntaron también por EUGENIO GUZMÁN y REINALDO AREIZA, quienes supuesta-
mente están en una lista de gente para asesinar.
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El lunes 24 de marzo de 2014, en horas de la mañana se escuchó la detonación de un arte-
facto junto al casco urbano de San José de Apartado, al parecer un grupo de militares de-
tonaron el artefacto junto a los espacios de recreación y deporte en el casco urbano de San
José.
El jueves 26 de marzo de 2014, hacia las 16:00 horas, un grupo de militares entraron abu-
sivamente a los espacios de la Comunidad en el asentamiento de San Josecito. A pesar de
que se les pidió que se retiraran del lugar, amenazaron a los miembros de la Comunidad
diciendo que ellos hacían lo que se les da la gana, que en vano ellos no cargaban el arma,
que la autoridad son ellos y no una hp comunidad de paz.
El sábado 28 de marzo de 2014, hacia las 14:00 horas, un grupo de militares detuvo a dos
miembros de la Comunidad de Paz, al momento que buscaban algunas bestias en los espa-
cios de cultivos de las familias de la Comunidad. Los uniformados amenazaron a los dos
integrantes de la comunidad anunciándoles que si daban un paso más hacia adelante no
respondían por sus vidas. La presencia militar en los espacios de trabajo de la Comunidad,
no son otra cosa más que una forma de obstaculizar las labores de campo que cotidiana-
mente realizan en los cultivos de pan coger y de subsistencia.
En las últimas semanas de marzo de 2014 se percibió el movimiento de maquinaria y ma-
terial, el cual tiene como fin la construcción de un mega-colegio escolar en el casco urbano
de San José, proyecto dirigido desde el más alto nivel del Gobierno, sin tener en cuenta
que dichas instalaciones se vienen construyendo justo al pie de la base militar. Cabe pre-
guntarse hasta cuándo tanto cinismo? Hasta cuándo los niños y niñas, salones escolares y
población civil seguirán siendo trincheras y escudos humanos por parte de la fuerza pú-
blica? De hecho el casco urbano de San José, la escuela, iglesias y centros de salud han sido
campo de batalla para los distintos actores armados.
Por esos mismos días la Comunidad de Paz se enteró de las amenazas de los paramilitares
a una familia de apellido MOLINA en la vereda Rodoxalí, vereda del corregimiento de
San José, a quienes obligaron a venderles una finca propiedad de la familia. Bajo el terror y
las amenazas los paramilitares compraron dicha finca la cual tiene una extensión de apro-
ximadamente 300 hectáreas, a plena vista de las autoridades civiles y militares en la re-
gión, quienes no hacen absolutamente nada ante dicha situación. Dicha propiedad era del
campesino Ismael Molina Correa quien perdió la vida el lunes 21 de enero de 2013, al pi-
sar una mina en sitios donde constantemente los paramilitares acampaban.
116
El lunes 14 de abril de 2014, la Comunidad de Paz, recibió comunicación fechada el 20 de
febrero de 2014, en la cual el Coronel ERNESTO JOSÉ CORAL ROSERO de la Brigada XVII
envía al Señor Coronel RAFAEL ÁVILA SALAS Jefe de Estado Mayor Séptima División,
información que ha sido remitida por parte de la Fuerza Pública en diversas ocasiones a
distintas comunidades que acompañan a la Comunidad en el país y otras partes del mun-
do: en dicha carta el Coronel de la Brigada XVII de forma irrespetuosa convierte a las víc-
timas en victimarios, al afirmar que el grupo de miembros de la Comunidad que acudió en
solidaridad con Uber Areiza, les insultó y les rodeó al reclamar a Uber, registrando foto-
gráficamente el hecho como abusivo según el Coronel. No es la primera vez que esto su-
cede; por más de 17 años la Comunidad ha padecido todo tipo de ultrajes, torturas o crí-
menes, y luego de víctimas los convierten en victimarios.
El domingo 20 de abril de 2014, hacia las 11:30 horas, a la altura del kilómetro 40 entre la
vía Tunja-Bucaramanga, fue interceptado el vehículo en el que se transportaba Arley Tu-
berquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, por una patrulla de la
Policía. Al identificarlo como miembro de la Comunidad, lo insultaron e inclusive le cues-
tionaron el que estuviera transitando por dicho lugar; allí los uniformados lo trataron con
palabras soeces argumentando que todos esos HP miembros de esa Comunidad de Paz,
eran igualitos, una partida de hp guerrilleros que se camuflaban con los derechos huma-
nos.
El jueves 24 y viernes 25 de abril de 2014, se notó una fuerte presencia de paramilitares en
las veredas Las Claras, Murmullo Alto y Alto Joaquín pertenecientes al corregimiento la
Osa del Municipio de Tierralta, Córdoba, y donde existen asentamientos de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó.
El miércoles 30 de abril de 2014, hacia las 7:30 horas fue detonado un artefacto explosivo
en el casco urbano de San José al momento en el que las puertas de la escuela que allí fun-
ciona se iban a abrir. Al parecer dicha explosión fue detonada controladamente por la
fuerza pública que hace presencia allí. No sin antes advertir que a pocos metros del lugar
donde fue detonado el artefacto se encuentran las instalaciones de dicho centro educativo.
En las últimas semanas de abril de 2014, los paramilitares, con aval de la fuerza pública e
instituciones del Estado, vienen construyendo ilegalmente una carretera entre el casco ur-
bano de Nuevo Antioquia y las veredas Rodoxalí y La Hoz, pertenecientes al corregimien-
to de San José. Todo pasa desapercibido. Hace tan solo unas semanas que la Comunidad
denunciaba que el paramilitarismo se está adueñando de las tierras en Rodoxalí y hoy ha-
cen carreteras, todo bajo la protección y el beneplácito de las autoridades.
117
El martes 6 de mayo de 2014, hacia las 9:45 horas y posteriormente a las 9:55 horas, fueron
detonados dos artefactos explosivos, el primero de ellos en el paraje de La Antena, junto a
una base militar instalada ilegalmente allí, y el segundo en el casco urbano de San José de
Apartadó.
El miércoles 7 de mayo de 2014, fue visto un grupo de paramilitares encapuchados y por-
tando armas largas en los alrededores del sitio Los Mandarinos, en dicha vereda fue asesi-
nado un poblador.
El viernes 9 de mayo de 2014, en el sitio conocido como El Barro, de la vereda Mulatos,
perteneciente al corregimiento de San José, se presentó un enfrentamiento entre tropas del
Ejército con guerrilleros de las FARC.
El miércoles 14 de mayo de 2014, en la vereda Mulatos fue retenido ilegalmente por tropas
del Ejército un miembro de la Comunidad de Paz a quien quisieron obligar a dar informa-
ción sobre el paradero de la guerrilla, pues, según los militares, la Comunidad tenía cono-
cimientos de los movimientos de la guerrilla. Después de varios minutos y de insultos, lo
dejaron en libertad.
El viernes 16 de mayo de 2014, tropas del Ejército que han venido acampando en la vereda
Buenos Aires, perteneciente al corregimiento de San José, se ubicaron en un predio de la
Comunidad de Paz, en la vereda La Unión, junto a los cultivos de las familias de la comu-
nidad. La presencia de los uniformados ha causado espanto a los animales de corral que
allí se tienen. De igual forma han prohibido que miembros de la Comunidad transiten por
el lugar.
El sábado 17 de mayo de 2014, hacia las 9:30 horas, se presentó un enfrentamiento entre
tropas militares adscritas a la Brigada Móvil 24 y las FARC en la vereda La Esperanza per-
teneciente al corregimiento de San José. Los militares habían llegado minutos antes a la
vivienda del campesino Teodoro López, la cual fue saqueada por ellos robando los anima-
les de corral y otros enseres como víveres de supervivencia de la familia, destruyendo
además la ropa de la familia. Los militares allí usaron la vivienda como trinchera y escudo,
resultando al final la vivienda averiada por los proyectiles en el intercambio de disparos.
Todo esto constituye un crimen de guerra claramente tipificado en el Derecho Internacio-
nal Humanitario.
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El martes 20 de mayo de 2014, en la vereda La Unión, fue retenido LUIS ARNOLDO DA-
VID, miembro de la Comunidad de Paz, por tropas del Ejército. Lo obligaron a tenderse en
el suelo y lo sometieron a ultrajes físicos y psicológicos, acusándolo de ser un jefe guerri-
llero que operaba en el departamento de Córdoba.
El miércoles 21 de mayo de 2014, hacia las 11:30 horas, en la vereda La Unión un grupo de
miembros de la Comunidad de Paz, con acompañamiento internacional, se acercaron al
grupo militar que viene haciendo presencia en cultivos de la Comunidad para exigirles
que se retiraran de allí, ya que son lugares de trabajo de la Comunidad, además de ser
propiedad privada. Los militares alegaron que estaban allí por órdenes de sus superiores,
por lo que no harían caso al llamado de la Comunidad. Cuando se les pidió su identifica-
ción, la línea de mando y Brigada a la que pertenecen, respondieron que pertenecían a la
Brigada Número 11 del Ejército Nacional, pero otro uniformado afirmó que eran de la Bri-
gada XVII. Dicho comportamiento militar de engaño y mentira, que además ha sido ruti-
nario a lo largo de las pasadas décadas, no es más que una forma de evadir su responsabi-
lidad y sentar bases para obstaculizar toda investigación penal, disciplinaria e internacio-
nal sobre sus crímenes y además violatoria de la Constitución y las leyes y adicionalmente
un desacato reiterativo a la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional.
El jueves 22 de mayo de 2014, tropas del Ejército adscritas a la Brigada Móvil Número 24,
hicieron presencia e irrumpieron arbitraria e ilegalmente en las viviendas de la Comuni-
dad de Paz en la vereda La Esperanza.
El sábado 24 de mayo de 2014, hacia las 21:00 horas, se escucharon varios disparos en la
base militar de San José. Hay que preguntarse si fueron disparos para amedrentar a la po-
blación civil en vísperas de las elecciones presidenciales?
El viernes 30 de mayo de 2014, hacia las 01:20 horas, se registraron varios disparos con
arma de largo alcance en inmediaciones del casco urbano de San José de Apartadó. Hace
ya mucho tiempo que el caserío está sometido a una constante zozobra por tiroteos y ex-
plosiones continuas y muchos de sus pobladores están convencidos de que los disparos y
los explosivos provienen de la fuerza pública allí acantonada, impulsada por el afán de
justificar su presencia y su accionar violento en el lugar.
El sábado 31 de mayo 2014, paramilitares que han hecho presencia en los últimos días en
la vereda Murmullo, del corregimiento de Batata, fortín de los paramilitares, han amena-
zado a las familias de la Comunidad de Paz que habitan en las veredas Alto Joaquín, Las
Claras, Naín o el Guineo y Puerto Nuevo, en el municipio de Tierralta, departamento de
119
Córdoba, anunciando un exterminio total de la Comunidad de Paz, aduciendo que la ma-
quinaria agrícola que la Comunidad ha venido adquiriendo para mantener los retornos
colectivos que ha logrado, son maquinarias de la guerrilla y al servicio de esta agrupación
insurgente.
El lunes 2 de junio de 2014, hacia las 9:25 horas, fue detonado un artefacto explosivo, y
una hora más tarde, exactamente a las 10:35 horas, fue detonado un segundo artefacto en
el casco urbano de San José de Apartadó.
El martes 3 de junio de 2014, hacia las 11:20 horas, fueron detonados dos artefactos explo-
sivos en el casco urbano de San José, junto a los espacios e instalaciones de la escuela. En
ese instante se realizaban jornadas estudiantiles en la escuela del poblado.
El miércoles 4 de junio de 2014, miembros de la Comunidad de Paz se enteraron de cómo
la fuerza pública, a través de una base instalada ilegalmente en el sitio conocido como La
Antena, en el corregimiento de San José, han violentado los espacios de trabajo y produc-
ción de alimentos de cuatro familias que habitan allí. Como verdaderos saqueadores, los
militares han hurtado productos de las familias, han destruido potreros, cultivos de cacao,
yuca, maíz y frijol, además de instalar artefactos explosivos en esos lugares, lo que ha im-
pedido que las familias puedan salir a cultivar el campo.
Desde mediados de junio del 2014 la estructura paramilitar que ha continuado activa en
Batata (Tierralta, Córdoba) ha venido amenazado de muerte a WALTER CERPA, miembro
de la Comunidad de Paz y su coordinador en la vereda Alto Joaquín en Tierralta, Córdoba.
Allí los paramilitares han mostrado una lista de personas para asesinar, entre ellas dos
personas de la misma vereda. A Walter lo señalan de ser el responsable de coordinar con
la guerrilla la utilización de maquinarias agrícolas, pero dichas maquinarias elementales
para el sustento alimenticio son las que la Comunidad de Paz adquirió hace varios años
para sostener los retornos comunitarios.
El viernes 20 junio de 2014 se registraron varios disparos en la vereda de Arenas Bajas.
Según informaciones de los campesinos de la zona, fue visto un grupo de paramilitares
patrullando el área.
El lunes 30 de junio de 2014 un grupo de militares ingresó al asentamiento de la Comuni-
dad de Paz en la vereda La Esperanza, violando espacios privados y particularmente espa-
cios de vida y de trabajo de la Comunidad de Paz donde no debe permitirse la presencia
de ningún arma.
120
En el mes de junio de 2014 se produjo un relevo en la comandancia de la Brigada XVII del
ejército con sede en Carepa, Antioquia, la cual ejerce jurisdicción militar sobre la mayor
parte del territorio de la Comunidad de Paz. Fue designado como comandante el CORO-
NEL GERMÁN ROJAS DÍAZ. Dicho coronel había ejercido años antes como comandante
del Batallón Voltígeros adscrito a esa brigada. Todos sus delitos habían sido oportunamen-
te documentados en el escritorio del Presidente Santos:
El jueves 3 de julio de 2014, hacia las 12:00 horas, el reconocido paramilitar OVIDIO TO-
RRES AREIZA ingresó al asentamiento de San Josecito, propiedad privada de la Comuni-
dad de Paz. Durante su paso por el asentamiento se le vio portando un arma corta. Ovidio,
quien ha trabajado para la Brigada XVII del Ejército, participó en el hurto del computador
de la Comunidad de Paz el 30 de junio de 2006, comprobándose luego que había sido in-
ducido a cometer dicho delito mediante ofertas monetarias por paramilitares vinculados a
la Brigada, como Ovidio Cardona Borja y Elkin Tuberquia, quienes le transmitieron el inte-
rés de la Brigada en apoderarse del computador, ofreciendo una atractiva remuneración,
quedando luego decepcionados al no encontrar allí nada de interés para la elaboración de
sus montajes.
El sábado 5 de julio de 2014, hacia las 5:30 horas, se registraron en San José de Apartado
fuertes detonaciones de artefactos explosivos seguidas de al menos 30 minutos de disparos
y ráfagas. En medio de esa balacera resultó en peligro la vida de un civil en el casco ur-
bano del poblado, dado que un proyectil impactó junto a su cuerpo.
El lunes 7 de julio de 2014, en el casco urbano de San José fue detonado un artefacto ex-
plosivo al parecer en forma controlada por los militares. Muchos pobladores del caserío
aseguran que dichos explosivos vienen siendo colocados por los mismos militares, pues en
varias ocasiones los miembros del ejército han sido observados por los pobladores en mo-
mentos en que colocan los explosivos. Este mismo lunes 7 de julio un poblador de San
José fue interceptado por un militar, quien en forma airada le anunció que hay un plan del
ejército de comprar un terreno al Señor Jaime García para construir una base militar en los
linderos del asentamiento principal de la Comunidad de Paz en San Josecito, y que si el
Señor García no les vende el lote, entonces será desterrado nuevamente de la región, pues
ya en años anteriores había sido obligado a desplazarse. Afirmó el militar que ese terreno
lo van a conseguir como sea. Efectivamente en los últimos meses los militares han estado
presionando al reconocido campesino Jaime García, para que les venda tierras aledañas al
asentamiento de San Josecito, de la Comunidad de Paz, para ampliar la base militar de San
José.
121
En el mes de julio de 2014 la Comunidad de Paz tuvo conocimiento de que El joven BUE-
NAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, beneficiario de las medidas cautelares MC-301-13
Colombia, a causa de haber sido forzadamente desaparecido el 31 de agosto de 2013 en la
vereda La Hoz del corregimiento de San José de Apartadó por miembros de un grupo ar-
mado ilegal que a todas luces actúa en connivencia y coordinación con la Brigada XVII del
Ejército Nacional, había sido dejado en libertad de manera discreta y silenciosa, al parecer
con graves traumatismos que lo han obligado a ocultarse en una zona rural lejana del sitio
donde vivía y con temor a hablar con alguien que le pregunte sobre lo sucedido en el cau-
tiverio. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó pudo verificar esta información a
través de parientes cercanos a Buenaventura, pero no ha podido acceder directamente a
tomar su testimonio debido a su repulsa a referirse a su cautiverio, lo que evidencia graves
traumatismos psíquicos y secuelas de temor dejadas por su desaparición forzada que se
prolongó por muchos meses. Habiendo tenido la convicción de que sus victimarios actua-
ron en estrecha connivencia con el Ejército y habiendo puesto este crimen en conocimiento
de las más altas autoridades del Estado, como el mismo Presidente de la República, a
quien se le pidió de manera apremiante y repetidas veces ordenar a sus subordinados po-
ner fin a la desaparición forzada e investigar y sancionar a los responsables, sin haber ob-
tenido respuesta alguna del Jefe del Estado a pesar del prolongado período de desapari-
ción, es evidente que el Estado se ha hecho responsable de una gravísima violación de la
Convención Americana de Derechos Humanos y de múltiples tratados internacionales
contra la desaparición forzada de personas y de respeto a los derechos humanos funda-
mentales y debe ser condenado por ello y obligado a sancionar a sus agentes responsables
y a reparar los daños sufridos por la víctima, sus familiares y su comunidad y tomar me-
didas eficaces de no repetición, principalmente mediante el desmonte de la estructura pa-
ramilitar que perpetró el crimen, la cual continúa en pleno control de la zona donde fue
perpetrado el hecho y donde actualmente ejercen tal dominio de los pobladores que han
construido una carretera y un conjunto de viviendas para reforzar los lazos de sumisión de
los pobladores a su estructura criminal.
El lunes 7 de julio del 2014, hacia las 9:00 horas, un grupo de militares se estacionó por
varios minutos en la entrada al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito,
espacio de vida y trabajo además de ser propiedad privada de la Comunidad. Cuando los
miembros de la Comunidad se percataron de la presencia de los uniformados, la comuni-
dad salió a pedirles que se retiraran de allí, uno de los uniformados quien en su prenda de
vestir exhibía el apellido “ROJAS”, en forma descarada y abusiva trató a los miembros de
la Comunidad de ser un actor armado igual que ellos, pues “ROJAS” se identificó como
“miembro de la Comunidad de Paz” o como “igualito a los miembros de la Comunidad de Paz”.
122
Además de ello, argumentó que estaba allí porque quería saludar a los acompañantes in-
ternacionales que estaban allí e intercambiar contactos. La Comunidad de Paz rechazó
estas calificaciones del Ejército Nacional a la vez que les recordó que sus espacios priva-
dos consagrados en la Constitución y la ley no son áreas de reuniones e intercambio de
información con ningún actor armado como lo es la fuerza pública.
El miércoles 9 de julio de 2014, hacia las 16:00 horas y por espacio de 2 horas, un grupo de
militares ingresaron en forma irrespetuosa al asentamiento de la Comunidad de Paz en la
vereda la Unión. A pesar de que los miembros de la Comunidad les pidieron que se retira-
ran del lugar ya que es propiedad privada, los uniformados continuaron instalados en las
casas. Al pedirles que se identificaran, unos decían que eran de la Brigada Móvil 24 y otros
decían que eran de la Brigada Móvil 25. Después de la insistencia de que se retiraran de
allí, pues estaban violando e irrespetando la propiedad privada consagrada en la Consti-
tución, varios militares en forma grosera amenazaron que en cualquier momento regresa-
rían con otros, ya que son habitantes de la región. Estas aseveraciones son un claro mensa-
je de que regresaran en cualquier momento conjuntamente con los paramilitares.
El sábado 19 de julio de 2014, en la edición No. 285 impresa del periódico La Chiva de Ura-
bá, el nuevo Comandante de la Brigada XVII del ejército, GERMÁN ROJAS DÍAZ, afirmó
´´vamos a hacer un trabajo especial en las veredas de San José de Apartadó, para recupe-
rar algunos espacios que se habían perdido``. Según ROJAS, los espacios perdidos son los
asentamientos de la Comunidad de Paz. Se entendió este mensaje como una clara mani-
festación de exterminio contra la Comunidad y su proceso. Germán Rojas, quien en años
anteriores fuera el comandante del Batallón Voltígeros, adscrito a la Brigada XVII, ha sido
responsable de montajes y persecuciones contra miembros y líderes de la Comunidad de
Paz además de ofrecer jugosas recompensas para acabar la Comunidad.
El domingo 20 de julio de 2014, hacia las 19:00 horas, un miembro del Consejo Interno de
la Comunidad de Paz, quien se encontraba realizando algunas compras en un estableci-
miento público en el Terminal del Transporte de Apartadó, fue abordado por una persona
vestida de civil, quien en forma airada dijo: ´´HP de gringos, ¿creen que van a estar todo el
tiempo acompañándoles?``, luego procedió a patear la canasta que el miembro de la Co-
munidad de Paz llevaba para la compra de alimentos. El sujeto al salir del establecimiento
dijo, ´´escolta``, refiriéndose al acompañante internacional.
El lunes 21 de julio de 2014, hacia las 16:00 horas, en el centro poblado de Apartadó fue
abordado un poblador de San José por un hombre de civil quien se identificó como miem-
bro activo del Ejército Nacional y le manifestó que conocía a varios pobladores de San Jo-
123
sé, afirmando luego que: ´´a esa HP de Comunidad de Paz le llegó la hora; estamos coor-
dinando con los paras el exterminio de esa HP Comunidad de Paz``.
• El jueves 24 de julio de 2014, en horas de la mañana, en medios radiales locales, el Co-
ronel GERMAN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII del ejército, manifestó pú-
blicamente que las medidas Cautelares y Provisionales de la Comisión y de la Corte Inter-
americanas de Derechos Humanos cobijaban por igual a todo el Corregimiento de San José de
Apartadó con sus 32 veredas que la componen, desconociendo los hechos y las causas que lle-
varon a la comunidad internacional a exigir protección para quienes han sido víctimas de
la fuerza pública y de sus brazos paramilitares durante más de 17 años, para evadir toda
corrección y no repetición de la criminalidad patrocinada desde el Estado. Unos días antes
el mismo Coronel ROJAS había declarado que el ejército tenía que recuperar unos espacios
perdidos del corregimiento de San José, alusión que se entendió como supresión de la Comu-
nidad de Paz que por principio ha decidido no convivir con actores armados.
El sábado 25 de julio de 2014, se realizó en el paraje de La Victoria un gran despliegue de
actividades cívico militares por parte del Batallón Voltígeros, con el supuesto objetivo de
celebrar el retorno de campesinos a la región, pero financiando el transporte de multitud
de personas que no eran de la región. Todo daba a entender que dicho batallón impulsaba
una propaganda política de respaldo popular, con dineros del erario público, para ocultar
sus delitos contra otras franjas de la población.
En las últimas semanas de julio de 2014, los paramilitares citaron a pobladores del corre-
gimiento de San José para sostener reuniones con ellos en la vereda Rodoxalí. A pesar de
las denuncias y constancias de la Comunidad de Paz, los paramilitares continúan en con-
trol total de la zona. Patrullan, obligan a la población civil a reunirse con ellos, y la fuerza
pública les protege.
El sábado 2 de agosto de 2014, hacia las 8:00 horas, y por espacio de una hora, en cabece-
ras de la vereda la Unión se registró un fuerte combate entre miembros de la Brigada Mó-
vil 24 y guerrilleros de las FARC. En el cruce de disparos resultó muerta la civil YERY
MAGALY MUÑOZ, menor de 18 años y madre de un niño de tan solo 1 año, quien el día 2
de agosto había salido desde su vivienda en la vereda Las Nieves con destino a San José,
con el propósito de regresar al día siguiente. En dicho enfrentamiento también resultó un
guerrillero muerto, al parecer este último fue ultimado con tiros de gracia según las evi-
dencias recogidas en el sitio. Horas más tarde la familia de YERY MAGALY se presentó en
el sitio y reconoció a la civil quien fue montada en el helicóptero en traje de civil, pero ho-
ras más tarde fue presentada como “guerrillera muerta en combate”, siguiendo todo el
124
libreto del “falso positivo”. El enfrentamiento se registró en la propiedad de un miembro
de la Comunidad de Paz, quedando la vivienda totalmente destruida por los impactos de
los proyectiles disparados por el Ejército Nacional. Afortunadamente los propietarios no
se encontraban allí.
Ese mismo sábado 2 de agosto de 2014, el dueño del predio se acercó al lugar de los he-
chos, y fueron impedidos por tropas militares quienes no les permitieron llegar a su vi-
vienda, argumentando que el área era insegura ya que había guerrilleros. Los uniformados
además manifestaron que no tienen orden para combatir a los paramilitares pues vienen
coordinando un plan para la región.
El domingo 3 de agosto de 2014, un grupo de miembros de la Comunidad de Paz, se diri-
gió a la vivienda donde se presentaron los combates el sábado 2 de agosto, para verificar
que no hubieran daños contra enseres de la vivienda y contra los animales; al llegar a la
vivienda en su interior se encontraron restos óseos y dentales, y un baño de sangre por
toda la vivienda de al menos uno de los muertos el día anterior.
El lunes 4 de agosto de 2014, en varios medios locales radiales e impresos ha salido la no-
ticia de la civil YERY MAGALY MUÑOZ como “guerrillera muerte en combates con el Ejérci-
to Nacional”.
El miércoles 6 de agosto de 2014, hacia las 10:30 horas, en el centro poblado de Apartadó
fue privada de la libertad la civil LUZ DENIS VALLE VALDERRAMA, de 35 años de edad
y madre de 5 niños, por sujetos que se identificaron como funcionarios de la Fiscalía. Mi-
nutos más tarde un sujeto quien se hizo pasar como funcionario de la Fiscalía llamó vía
telefónica, desde el móvil 3183257082, a la familia de la retenida para informar de su reten-
ción. Los familiares de la detenida se acercaron a la Defensoría del Pueblo en Apartadó
para solicitar apoyo, a lo que la Defensoría se rehusó a prestar cualquier ayuda, limitándo-
se a enviar a los familiares a las oficinas de la Fiscalía y al Comando de Policía, sin hacer
nada más al respeto; al llegar allí, ni en la Fiscalía ni en el Comando de la Policía reporta-
ron el paradero de Luz Denis. Nuevamente se evidenció la inutilidad de una Defensoría
que, en lugar de llamarse “Defensoría del Pueblo” debería llamarse “Defensoría de los Milita-
res y de la Policía”, los cuales con sagacidad desaparecen a civiles.
El domingo 10 de agosto de 2014, en el centro poblado de Apartadó, un poblador de San
José fue interceptado por un hombre en traje civil, quien probablemente está integrado a
las estructuras paramilitares de la zona, el cual le anunció que “tienen una lista de personas
para judicializar”. El hombre añadió que todas estas acusaciones han sido confeccionadas
por el desmovilizado LUIS ÁNGEL CEBALLOS, alias “Caballo”, quien asesinó a la profe-
125
sora rural de la vereda Bellavista de San José de Apartadó, FABIOLA PEREA PEREA, el 17
de septiembre de 2012.
En los días en que ocurrió dicho crimen (asesinato de la Profesora Perea), circuló en los
medios y en los comentarios de toda la comarca, la versión según la cual la estructura res-
ponsable de la ejecución de la Profesora Perea, era la guerrilla de las FARC. No faltaron en
aquel entonces explicaciones coherentes, según las cuales, la profesora sería informante del
ejército y tomaba fotografías a quienes ella consideraba colaboradores de la guerrilla para
entregárselas al ejército. También cuando fue perpetrada la masacre de Mulatos y La Res-
balosa (21 de febrero de 2005) la Brigada XVII confeccionó una versión coherente para po-
der acusar a las FARC: Luis Eduardo Guerra, el líder histórico de la Comunidad de Paz,
sería militante de las FARC y estaría pensando en desmovilizarse; por eso las FARC se
habrían apresurado a asesinarlo antes de que se desmovilizara, para que no le revelara al
Gobierno los secretos de dicha organización insurgente. Serían necesarios varios años y
esperar a que las conciencias de muchos de los victimarios –militares y paramilitares- fue-
ran acosadas por extremos remordimientos, para que la verdad saliera a la luz y se cono-
cieran incluso los perversos esfuerzos de la Brigada XVII para confeccionar la monumental
mentira. Uno de los falsos testigos reveló incluso cómo el ex General Jaime Ernesto Canal,
ya entonces Representante a la Cámara, preparó a los falsos testigos en los sótanos del
edificio del Congreso para que sus mentiras tuvieran la apariencia de coherencia durante
el debate en la Comisión II de la Cámara. Grupos de congresistas estadounidenses y de
magistrados europeos analizarían con lupa, años después, los laberintos de la mentira es-
tatal y la sacarían plenamente a la luz para vergüenza del Estado colombiano. La historia
se repite y ahora resulta que la profesora Fabiola Perea no fue asesinada por las FARC sino
por un “desmovilizado” domiciliado en la Brigada XVII. Aterra pensar en la magnitud de
los costos de la “desmovilización”. Cómo se destruye la conciencia de esas víctimas del
chantaje y se hace de sus principios morales un trapo sucio para limpiar hediondeces y
luego echarlo a la basura de la historia. Según las revelaciones del pasado domingo, a esa
misma piltrafa moral la están utilizando para confeccionar acusaciones falsas contra mu-
chas víctimas de montajes judiciales manejados por la Brigada. Nada ha cambiado en la
Brigada XVII. Su podredumbre moral sigue intacta.
En su larga trayectoria de más de 17 años, la Comunidad de Paz, y tam-
bién el campesinado de su entorno geográfico y social, ha sido víctima de
mentiras descomunales y continuadas por parte de las diversas ramas del
Estado y del Establecimiento. Desde las experiencias directas de las trage-
dias sufridas, que absolutamente nadie las puede falsificar o disfrazar an-
te quienes las sufrieron en su propia vida, los integrantes de la Comuni-
126
dad de Paz conocen de primera mano la mentira que se difunde en las
emisoras radiales, los periódicos y los canales televisivos locales, regiona-
les y nacionales, cuando se refieren a sus propios sufrimientos. Conocen
de primera mano las mentiras que redactan en la Brigada XVII y que le
hacen firmar a los aterrorizados detenidos, chantajeados por torturas y
sobornos, obligándolos a firmarlas y a ratificarlas en juzgados y tribunales
para castigar con años de prisión a quienes rechazan las estrategias de
sometimiento a los intereses militares. Conocen de primera mano las men-
tiras descomunales de militares y policías para ocultar la responsabilidad
de sus crímenes contra la población inocente. Conocen de primera mano
las mentiras de los funcionarios administrativos y de los directorios polí-
ticos que buscan estigmatizar a quienes repudian sus campañas y manejos
inmorales del poder. Dentro de esa práctica invasiva de la mentira, en
muchísimas ocasiones se ha comprobado que crímenes perpetrados por
una fuerza se le atribuyen a otra fuerza. Valga recordar cómo, en 2005,
una vez perpetrada la horrenda masacre contra líderes de la Comunidad
y sus niños, en Mulatos y La Resbalosa, el Coronel Néstor Iván Duque le
solicitó al capo narcoparamilitar alias “HH” una suma de dinero para
trasladar a Bogotá a dos falsos testigos, con el fin de atribuirle la masacre
a las FARC, y cómo se coordinó con el Vicepresidente Francisco Santos
para venderle esa enorme mentira, con dichos falsos testigos, al Cuerpo
Diplomático. Otras veces la mentira toma la forma de ocultamiento y re-
serva. Valga recordar cómo los Presidentes Uribe y Santos, con sus Minis-
tros de Defensa y cúpulas militares y policiales, han desacatado las órde-
nes de la Corte Constitucional que les obliga a entregar los nombres, có-
digos institucionales, líneas de mando y unidades de pertenencia de los
miembros de la fuerza pública que hacían presencia en los sitios, días y
horas en que fueron perpetrados los crímenes. Valga recordar también
que cuando la Comunidad Internacional ha puesto en evidencia la res-
ponsabilidad del Estado en crímenes proscritos por el derecho internacio-
nal, como la desaparición forzada de personas, el Gobierno se las arregla
para dejarlos en libertad clandestinamente, silenciando con amenazas a
las víctimas, pero sin tocar para nada a los responsables y dejando intac-
tas y activas sus estructuras criminales. Así ocurrió en las últimas sema-
nas y meses con el joven BUENAVENTURA HOYOS desaparecido de la
vereda La Hoz el 31 de agosto de 2013.
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El lunes 11 de agosto de 2014, la comunidad fue enterada del paradero de LUZ DENIS
VALLE VALDERRAMA, quien había sido desaparecida el pasado miércoles 6 de agosto
por supuestos agentes de la Fiscalía. El procedimiento de detención fue completamente
irregular y llevó a pensar en algo similar a lo que ocurrió con Buenaventura Hoyos el pa-
sado mes de agosto (2013) en la vereda La Hoz. Ahora resulta que a Luz Denis la tienen
detenida y procesada en Medellín. Si se tiene en cuenta la información recibida el domingo
pasado, su caso debe obedecer a las acusaciones falsas del desmovilizado Ceballos, hoy
atrapado entre las cadenas de odio que la Brigada profesa contra la Comunidad de Paz y
la población campesina de su entorno, lo que le inspira sus sucios montajes judiciales, los
que además violan el primer principio de una democracia que es la independencia de po-
deres. El poder judicial de Urabá es un apéndice de la Brigada XVII frente a la cual no go-
za de ninguna independencia. Es el poder ejecutivo el que usurpa y manipula el poder
judicial.
El sábado 9 de agosto de 2014, hacia las 8:00 horas y por espacio de varios minutos se pre-
sentó un fuerte combate entre tropas del Ejército Nacional y Guerrilleros de las FARC, en
el casco urbano de San José de Apartadó, colocando en riesgo a la población civil de dicho
poblado.
El miércoles 13 de agosto de 2014, hacia las 12:00 horas y por espacio de una hora se pre-
sentó un nuevo enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y Guerrilleros de las
FARC, en el casco urbano de San José de Apartadó. En medio del fuego cruzado las activi-
dades escolares se cancelaron y tanto estudiantes como profesores se vieron en la obliga-
ción de suspender la jornada escolar. Nuevamente se coloca en grave riesgo no solo a la
población civil sino además a todos los niños y maestros de la escuela en el casco Urbano
de San José, la cual en varias ocasiones ha sido impactada por proyectiles de arma de fue-
go.
El lunes 18 de agosto de 2014, hacia el medio día se escucharon varias ráfagas de fusil
disparadas desde la Base Militar de San José de Apartadó.
El miércoles 20 de agosto de 2014, un campesino de Rodoxalí fue amenazado por los pa-
ramilitares y obligado a vender su finca, pues según el argumento de los paramilitares,
vienen comprando terrenos en las veredas Rodoxalí y La Hoz, pertenecientes al Corregi-
miento de San José de Apartado, todo en coordinación con la Fuerza Pública.
El jueves 21 de agosto de 2014, en horas de la tarde, tropas del Ejército Nacional adscritas
a la Brigada XI con sede en Montería, Córdoba, irrumpieron en un espacio de la Comuni-
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dad de Paz en la vereda Bellavista, en el corregimiento de San José de Apartadó. A pesar
de que miembros de la Comunidad les solicitaron que se retiraran del lugar, ya que esta-
ban en una propiedad privada y que además la presencia de ellos colocaba en riesgo a los
civiles, los militares alegaron que ellos podían estar donde les diera la gana.
El viernes 22 de agosto de 2014, hacia las 15:00 horas y por espacio de una hora se presen-
tó un fuerte enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y Guerrilleros de las FARC
en la vereda Bellavista del corregimiento de San José de Apartadó, resultando varias vi-
viendas, entre ellas de miembros de la Comunidad de Paz, afectadas por los impactos de
los proyectiles disparados por los militares. También resultó una vaca muerta y otra heri-
da, de igual forma una bestia fue impactada por un artefacto explosivo lanzado por los
militares que además afectó al señor Jesús David Correa al momento que la cabalgaba. De
igual forma por espacio de dos horas fueron retenidos los civiles y pobladores reconocidos
en la región: Jesús David Correa, Luis Adán Guerra George, Antonio Jiménez, Carlos
Montoya, Roveiro García, José Apolinar Cataño y el niño Esteban Guerra Jiménez de 8
años, acusándolos de ser “guerrilleros HP”, a quienes no solo los maltrataron verbalmente
sino además físicamente. Los Militares utilizaron la escuela y las viviendas de los civiles
como trincheras, a pesar de que el jueves 21 de agosto del 2014 miembros de la Comuni-
dad les habían solicitado que se retiraran del lugar ya que la presencia de ellos podía oca-
sionar riesgo a la población civil.
Ese mismo viernes 22 de agosto de 2014, hacia las 16:00 horas, la Defensoría del Pueblo
fue informada de los hechos y de la retención de los civiles, a lo que, como de costumbre,
contestó que ya habían realizado las gestiones y que los civiles ya habían sido puestos en
libertad por parte de los militares. Esta misma respuesta dieron los mandos de la Brigada
XI del Ejercito Nacional, lo que a todas luces contradice la realidad. Las instituciones tanto
militares como de la Defensoría del Pueblo se las arreglan para confeccionar una misma
versión contraria al sufrimiento de las víctimas civiles, protegiendo así con tal descaro a
los victimarios. No es la primera vez que la Defensoría del Pueblo no sabe o no responde,
aún algo más grave: se atreven a no hacer absolutamente nada por el campesinado víctima
de las agresiones de los agentes del Estado, faltando a su objetivo esencial que les marca la
Constitución.
El viernes 22 de agosto de 2014, en el transcurso del día se vio sobrevolar dos avionetas
escoltadas por dos helicópteros militares, las cuales estuvieron fumigando en las veredas
Mulatos, La Resbalosa, La Esperanza y Las Nieves, allí, las fumigaciones cayeron sobre los
cultivos de pan coger de las familias que habitan dichas veredas, inclusive fueron afecta-
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dos cultivos de pan coger de familias de la Comunidad de Paz, impidiendo de esta manera
mantener a las familias, debilitando los retornos que se han logrado mantener.
El sábado 23 de agosto de 2014, hacia las 7:00 horas, varios militares adscritos a la Brigada
Móvil XI se acercaron a varias viviendas en la vereda Bellavista, allí amenazaron a OR-
LANDO GUISAO miembro de la Comunidad de Paz, argumentando que “era un pobre
viejo que no se merecía ni un tiro en la cabeza”; de igual forma insultaron y amenazaron de
muerte a JULIO GUISAO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Ese
mismo sábado 23 de agosto de 2014, en horas de la mañana, una comisión humanitaria de
la Comunidad de Paz, con acompañamiento internacional, se trasladó a la vereda Bellavis-
ta perteneciente al corregimiento de San José de Apartadó, con el objeto de verificar la si-
tuación en la que se encontraban varias familias de la Comunidad de Paz y la población
civil del entorno, confinadas desde el 22 de agosto de 2014 por parte de los militares quie-
nes les impedían salir o moverse de allí. Al llegar al sitio, se pudieron comprobar los im-
pactos de bala en las viviendas, los cuales fueron disparados en forma indiscriminada por
parte de los agentes del Estado, al igual que la muerte de una bestia, una vaca y otra más
herida por impacto de bala. También se comprobó la muerte de otra vaca, la cual estaba
siendo trasladada por los campesinos JOSÉ APOLINAR CATAÑO y ROVEIRO GARCÍA
al momento en que fueron privados de la libertad, impidiendo soltar la res, la cual resultó
ahorcada.
El lunes 25 de agosto de 2014, hacia las 10:40 horas, se escucharon detonaciones en el cas-
co urbano de San José. El desacato del Gobierno a las órdenes de las altas Cortes mantiene
a la población del caserío en alto riesgo. Ni la Defensoría ni ninguna otra entidad del Esta-
do han hecho presencia para evaluar y verificar los daños ocasionados contra la población
civil el pasado 22 de agosto de 2014 en la vereda Bellavista. Con ello se evidencia la inepti-
tud por parte de las instituciones Estatales.
En la segunda semana de agosto de 2014, en el periódico EL HERALDO, de Apartadó,
edición No. 521, el comandante de la Brigada XVII, Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ,
afirma haber instaurado una demanda contra la Comunidad de Paz por “persecu-
ción” contra él. Además afirma que si la Comunidad de Paz lo ha denunciado,
ello “obedece al miedo y al temor que tiene la Comunidad de Paz por el acercamiento que tengo con
la población civil y algunos líderes; La Comunidad de Paz se siente temerosa de que vayan perdien-
do la poca credibilidad que tienen hoy día ya que a nivel internacional y a nivel regional no creen en
ellos”. En el mismo artículo afirma dicho Coronel que “Nunca la Comunidad de Paz y las
Fuerza Pública podrán comer en el mismo plato”. También se refiere a la sentencia en la que se
ordenaba a la fuerza pública expresar su desagravio a la familia de una niña de 3 años ase-
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sinada por el Ejército (sentencia que según Rojas Díaz el ejército cumplió) afirmando
que “cuando en diciembre de 2013 el General Rodríguez visitó la población para cumplir una sen-
tencia y pedir perdón, los dejaron con las sillas vacías y le ordenaron a la comunidad no asistir al
evento”. La realidad fue otra muy diferente: el ejército incumplió todas las fechas señaladas
por el tribunal y acordadas por éste con la comunidad y desechó e hizo caso omiso de las
recomendaciones de respeto a una Comunidad de Paz en la implementación de la cere-
monia, y además fue a realizar la ceremonia, con gran despliegue militar, en un sitio don-
de no vivía la familia de la niña ni su comunidad. ¿Afán de evasión, engaño o ficción de
acatamiento?
El sábado 23 de agosto de 2014, en horas de la mañana, se registró un hostigamiento con-
tra la base militar y la estación de policía ubicadas en el casco urbano de San José de Apar-
tadó. No se entiende cómo es que el Estado actualmente construye un mega-colegio al pie
de las instalaciones de la base militar de San José, poniendo en alto riesgo permanente y
prácticamente utilizando como escudos, no sólo a la población del caserío sino que planea
utilizar a los niños como carne de cañón. El desacato flagrante y pertinaz del alto Go-
bierno, al desobedecer las sentencias de las altas Cortes que obligan a no colocar bases mi-
litares ni estaciones de policía en medio de la población civil, sigue provocando tragedias.
El lunes 25 de agosto de 2014, hacia las 15:09 horas, el campesino ARLEY CARTAGENA,
habitante del centro urbano de San José, recibió un mensaje del móvil 3144676586 de un
sujeto quien se identificó como un desmovilizado y que lo amenaza conminándolo a
abandonar la región, pues de lo contrario será asesinado. El Coronel Germán Rojas lo ha-
bía amenazado ya en 2009. Varios pobladores del corregimiento de San José, han manifes-
tado que los soldados de la base militar de San José están ofreciendo 5 millones de pesos
para que asesinen a Arley Cartagena.
El martes 26 de agosto de 2014, tropas del ejército acamparon en la propiedad del campe-
sino RUBÉN OQUENDO, junto a la vivienda de la familia, lo que motivó a la familia a
pedirles que se retiraran del lugar porque el hecho de acampar ellos allí colocaba en inmi-
nente riesgo a los civiles; sin embargo los militares respondieron que no se moverían de
allí y que ellos hacían lo que les diera la gana. En los informes que el ejército envía a los
organismos intergubernamentales, afirma que a esos soldados les han dado numerosos
cursos de derechos humanos e incluso referencian una cartilla con normas de respeto y
buen trato a la Comunidad de Paz. (¿ficciones …. engaños?)
El miércoles 27 de agosto de 2014, hacia las 17:00 horas y por espacio de varios minutos se
presentó un combate entre tropas del ejército nacional y guerrilleros en la vereda la Crista-
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lina, en la propiedad del campesino RUBÉN OQUENDO. Allí los militares se atrinchera-
ron en la vivienda familiar colocando en alto riesgo a la familia que se encontraba en el
interior de la casa.
El lunes 1 de septiembre de 2014, hacia las 10:00 horas y por espacio de varios minutos se
registró un hostigamiento a la base militar instalada en el sitio conocido como La Antena,
en el corregimiento de San José de Apartadó.
Ese mismo lunes 1 de septiembre de 2014, hacia las 12:20 horas, un sujeto quien se identi-
ficó como el “comandante MONTIEL” perteneciente a las Autodefensas Gaitanistas de Colom-
bia (AGC), desde el móvil 3206557225 llamó a la pobladora ISABEL ZAPATA, habitante de
la vereda El Cuchillo, en el corregimiento de San José de Apartadó, quien al momento se
encontraba en el centro poblado de Apartadó, amenazándola de muerte. Ante esta situa-
ción miembros de la Comunidad de Paz se trasladaron a la ciudad para recogerla y prote-
ger su vida. Cuando ella ya se encontraba en un sitio seguro, recibió una llamada del mó-
vil 3126133304 de “alias MONTIEL, quien le manifestó que ya sabía dónde estaba y que no
se preocupara que ellos sabían donde vivía, que habían decidido asesinarla o si se escapa-
ba, asesinarían a sus seres queridos.
Ese mismo lunes 1 de septiembre del 2014, hacia las 15:00 horas, un miembro de la Co-
munidad de Paz fue abordado por un sujeto quien le manifestó que ya sabían que esa HP
de Comunidad de Paz había recogido a una persona a quien tenían planeado asesinar,
pero que ella no se escaparía, que lo tenían todo planeado, que en la misma vía estaba el
ejército para protegerlos a ellos. Más tarde se verificó que efectivamente en el sitio conoci-
do como La Balsa se encontraba una patrulla del ejército.
El martes 2 de septiembre de 2014, un poblador de la vereda Arenas Altas recibió una
llamada de alguien que inicialmente se presentó como un guerrillero, para ordenarle par-
ticipar en una reunión con todos los líderes de la región en San José de Apartadó. Al ver
que el campesino no le obedeció, se presentó como un Fiscal, y por último como un para-
militar, anunciando que debían colaborar con ellos a las buenas o a las malas; que todo ya
estaba acordado: o la población colabora o se tienen que ir o se mueren.
El miércoles 3 de septiembre de 2014, fue asesinado con arma de fuego JUAN CARDO-
NA, poblador de la vereda Arenas Bajas, de aproximadamente 22 años de edad, al parecer
a manos de las FARC. Cardona era un desertor de la guerrilla y había estado domiciliado
en los cuarteles de la Brigada XVII del ejército en Carepa, Antioquia.
132
El jueves 4 de septiembre de 2014, un campesino habitante de la vereda La Unión recibió
una llamada de un sujeto quien lo conminó a colaborar con la gestión de reuniones en San
José de Apartadó donde los paramilitares iban a dar orientaciones a la población de la zo-
na.
El jueves 4 de septiembre de 2014, el Comandante de la Brigada XVII del ejército remitió
una carta a la Red Italiana de Solidaridad, en respuesta a la Acción Urgente que la Red
dirigió a autoridades colombianas en el mes de agosto. El Coronel GERMÁN ROJAS
DÍAZ afirma allí conocer las sentencias de la Corte Interamericana y de la Corte Constitu-
cional que han exigido la protección de la Comunidad de Paz, sin embargo tal conocimien-
to no lo demuestra en la práctica, pues todas esas sentencias son desacatadas y pisoteadas
en la cotidianidad. También afirma el Coronel Rojas que las tropas hacen presencia en el
territorio para garantizar los derechos humanos y que dichas tropas han sido capacitadas
en el respeto a los derechos humanos, afirmación que no va más allá del papel de su carta,
pues tanto la Presidencia de la República como todos los órganos de control del Estado y
las organizaciones intergubernamentales del orden regional e internacional están inunda-
das de denuncias de crímenes horrendos perpetradas por las tropas de la Brigada XVII y
sus brazos paramilitares. A renglón seguido se atreve a afirmar que él mismo tiene una
“carrera militar intachable”. Lamentablemente los crímenes de lesa humanidad, los crímenes
de guerra y las violaciones más graves a los derechos y la dignidad humana no “tachan” ni
“mancillan” las hojas de vida de los militares colombianos. Cuántos oficiales de alta gra-
duación arrastran en sus hojas de vida centenares de ejecuciones extrajudiciales de inocen-
tes (los llamados “falsos positivos”), desapariciones forzadas, torturas, violaciones, des-
trucción de aldeas enteras, montajes judiciales, participación en genocidios de movimien-
tos sociales, bombardeos indiscriminados, quemas de cultivos y viviendas, robos de ele-
mentos de subsistencia de los pobres, etc. , pero nada de eso les “mancha” sus hojas de vida
sino que les merecen felicitaciones, condecoraciones y ascensos, como al mismo Coronel
Rojas, quien luego de utilizar los más sucios chantajes para buscar destruir la Comunidad
de Paz (en 2009) fue luego ascendido por sus superiores. Por ello, aunque lo afirme a ren-
glón seguido, si el ejército es la institución de “mayor credibilidad”, es sólo gracias a campa-
ñas mediáticas de lavado de cerebros, como lo muestra magistralmente el video “Apuntan-
do al Corazón”. Si el Coronel quiere justificar la detención de Luz Denis Valderrama, afir-
mando que fue la Fiscalía la que la perpetró, hay que invitarlo a examinar cuántos monta-
jes infames ha realizado la Fiscalía en Urabá, muchísimos de ellos minuciosamente docu-
mentados en tribunales internacionales. Y que no vuelva a decir que el poder judicial en
Urabá es “independiente” de la Brigada; han sido documentado numerosísimos casos en
que fiscales, jueces, magistrados e incluso defensores, sólo obedecen órdenes de la Brigada
al realizar montajes que no resisten el más mínimo análisis legal. Tampoco puede afirmar
133
el Coronel que el ejército “no tiene territorio vedado”, pues tanto la Constitución como las
leyes les señalan las condiciones y circunstancias concretas en que pueden ingresar a pro-
piedades privadas, las cuales ellos siempre violan.
Se queja el Coronel Rojas de que la Comunidad haya interpretado sus declaraciones del 19
de julio en el periódico La Chiva de Urabá, cuando habló de “recuperar espacios perdidos”,
como un nuevo atentado contra la Comunidad de Paz. Pero ¿cómo no las iba a interpretar
así cuando tenía en la memoria sus objetivos confesos en 2009 de “destruir la Comunidad de
Paz”? Algo similar hay que decir de su protesta por haberle creído a un hombre vestido de
civil quien se presentó como militar y que el 21 de julio pasado anunció que iban a exter-
minar la Comunidad. ¿Acaso esto mismo no lo han repetido hasta la saciedad los unifor-
mados de la Brigada XVII en sus incursiones en las veredas, así como sus brazos paramili-
tares, y acaso el mismo Coronel no lo había explicitado así en 2009? Si él quiere que todas
estas denuncias se lleven ante instituciones del Estado con elementos probatorios, se pue-
de preguntarle con sobrada razón: ¿para qué? Acaso ignora el Coronel que hace años,
cuando se hacía eso porque se creía en la justicia, no se comprobó que eso lo pedían para
poder matar a los denunciantes y testigos, o para obligarlos a desplazarse por amenazas?
¿Ignora el Coronel que los millares de crímenes perpetrados por la fuerza pública contra la
Comunidad están en absoluta impunidad? ¿Para qué sirve denunciar? ¿Ignora el Coronel
que ningún operador de justicia ha ido a la Brigada a preguntar qué oficiales, suboficiales
o soldados estaban presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados los
crímenes, e ignora, además, que la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional le orde-
na al Ministerio de Defensa y a la Brigada entregar esos nombres a los peticionarios y que
no lo han hecho, desacatando durante ya 7 años a la más alta Corte del Estado? ¿Y sin em-
bargo se atreven a decir que “cumplen la ley” y que en Colombia existe “un Estado de
Derecho”?
El sábado 6 de septiembre de 2014, a las 9:00 horas y hasta las 10:00 horas se presentó un
fuerte hostigamiento contra las bases de policía y del ejército en San José. Dicho enfrenta-
miento interrumpió las jornadas de clases que se desarrollaban en el casco urbano. Ya es-
tos enfrentamientos o detonaciones de explosivos que siembran el pánico en los habitantes
del pequeño poblado se han vuelto más que rutinarios. El gobierno sigue desacatando las
órdenes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en varias de sus sentencias que
prohíben ubicar las bases en medio de la población civil. Cada día es más evidente que la
fuerza pública no busca proteger a la población civil sino tomar a la población civil como
escudo en los ataques que les hace la guerrilla, ataques que son incentivados por la misma
presencia militar y policial en el lugar, la que atrae a su enemigo bélico para desatar en-
frentamientos. La tesis de las altas Cortes es que el Gobierno no tiene derecho alguno, por
134
el contrario, le está categóricamente prohibido, crear riesgos sobrevinientes a la población
civil. A todas luces es un gobierno que pisotea la Constitución y la Ley.
El domingo 7 de septiembre de 2014, hacia las 4:00 horas, un grupo de militares de la base
militar de San José, se instalaron en la vivienda de Isabel Zapata en la vereda El Cuchillo
del corregimiento de San José. Durante varios minutos la estuvieron llamando e insistién-
dole que saliera. Los uniformados permanecieron allí por espacio de tres horas, intentando
realizar un empadronamiento de los moradores de dicha vivienda. A pesar de ser orgáni-
cos del Estado, desacataron de manera flagrante los preceptos de la Corte Constitucional
que prohíbe los empadronamientos.
El lunes 8 de septiembre de 2014, hacia las 5:30 horas, nuevamente un grupo de militares
irrumpió en la vivienda de Isabel Zapata, exigiéndole dar los nombres de todos los mora-
dores de su casa, violando de manera contumaz los preceptos constitucionales.
El martes 9 de septiembre de 2014, hacia las 5:00 horas, efectivos de la base militar de San
José hicieron presencia nuevamente en la vivienda de Isabel Zapata tratando de forzarla a
dar información de todos sus parientes que residen en la vivienda. Más tarde los unifor-
mados se atrincheraron en los cultivos de cacao de la familia, impidiendo de esta manera
las labores de campo. Isabel, había sido amenazada de muerte por parte de los paramilita-
res el pasado lunes 1 de septiembre de 2014. Ahora los militares han continuado el asedio
en su contra, de manera coordinada con los paramilitares quienes afirmaron que habían
decidido asesinarla.
El jueves 11 de septiembre de 2014, un reconocido paramilitar de Nuevo Antioquia le
anunció a varios pobladores de la región que próximamente vendría una avanzada mili-
tar-paramilitar a la zona, ya que el objetivo es continuar la construcción de la carretera que
va del poblado de Nuevo Antioquia a la vereda La Esperanza, la cual ya está construida
hasta la vereda Playa Larga. Según él, eso les permitirá controlar más la región, socialmen-
te, económicamente, políticamente y militar/paramilitarmente.
El viernes 12 de septiembre de 2014 varios delegados de la Comunidad de Paz se trasla-
daron a Bogotá para participar en una reunión con algunas instituciones del Estado, como
también lo habían hecho el pasado 6 de junio. Atendiendo la invitación de una mediación
internacional, el Gobierno había manifestado interés en dialogar en forma directa con la
Comunidad “in situ”, pero dado que aún no se ha cumplido ninguna de las condiciones
que la Comunidad puso desde 2005 para restablecer la interlocución con el Estado, sólo se
aceptó tener un breve encuentro entre delegados en Bogotá para plantear posiciones bási-
135
cas. A la reunión de junio acudió un delegado de la Presidencia, uno del Ministerio de
Defensa y dos del Ministerio del Interior. La presión de las entidades del Gobierno se cen-
tró en dejar atrás lo sucedido en el pasado y restablecer, sin condiciones, canales de comu-
nicación permanentes con el gobierno, al tiempo que el Ministerio de Defensa continuaba
cerrado a dar explicaciones de los crímenes y negando de manera intransigente el acata-
miento a peticiones que se fundamentan en órdenes de la Corte Constitucional. En la
reunión del 12 de septiembre, llevada a cabo en la Fiscalía, participó nuevamente el Minis-
terio de Defensa y la Unidad de Asuntos Constitucionales de la Fiscalía. La petición persis-
tente de la Comunidad, exigiendo explicaciones sobre por qué no hay acatamiento por
parte de las entidades del Estado a las órdenes de la Corte Constitucional y por qué el Au-
to 164/12 de dicha Corte había quedado sin cumplirse, quedó sin respuesta alguna. Se vol-
vió a lugares comunes y no se presentó ninguna solución a la permanente agresión del
Estado, principalmente de la fuerza pública, muchos de cuyos últimos episodios fueron
ampliamente relatados allí. Además ninguno de los delegados del Estado tenía poder al-
guno de decisión y ninguno de ellos presentó argumento alguno que demostrara que exis-
te en la realidad, y no sólo en la teoría, un “Estado de Derecho”.
El lunes 15 de septiembre de 2014, tropas militares desembarcaron en la vereda El Porve-
nir del corregimiento de San José, allí los uniformados amenazaron al propietario del te-
rreno con desplazarlo de la zona ya que esos terrenos “pertenecen al Estado” según los mili-
tares. Dijeron que tienen planeado construir una base militar allí, por encima de quien sea.
Desde el lunes 15 al jueves 18 de septiembre de 2014, efectivos de la base militar de San
José vienen haciendo presencia nuevamente en la vivienda de la civil Isabel Zapata, en la
vereda El Cuchillo de San José de Apartadó. Han intentado de manera persistente realizar
un empadronamiento ilegal y continúan con un hostigamiento infame contra dicha familia
en estrecha coordinación con los paramilitares que buscan asesinarla.
El miércoles 17 de septiembre de 2014, hacia las 7:00 horas y por espacio de varios minu-
tos, tropas del ejército se ubicaron a la entrada del asentamiento central de San Josecito,
sobre la vía que conduce desde Apartadó a San José. Familias de la Comunidad de Paz
procedieron a solicitarles que se retiraran, pues ese no es el lugar indicado para permane-
cer, ya que es lugar de vivienda y trabajo de una Comunidad de Paz que tiene por princi-
pio no convivir con actores armados, principio plenamente legitimado en la Constitución
Nacional, a lo que el CABO TERCERO SALAZAR, al mando de la tropa, respondió que la
presencia de ellos obedecía a una orden de sus superiores de prestar seguridad a otro per-
sonal que iba a transitar por el lugar. Dicha respuesta, analizada en el contexto, estaba sig-
nificando que, en el trayecto de 12 kilómetros que separan a San José de Apartadó, el único
136
sitio donde los personajes que iban a llegar correrían riesgos, sería frente a la Comunidad
de Paz; no los correrían por ejemplo en Tierra Amarilla, nido paramilitar donde numero-
sos integrantes de la Comunidad han sido asesinados, desaparecidos y atacados con armas
de fuego; se confirma así que la fuerza pública allí se siente segura y sólo se siente insegu-
ra donde la población ha proclamado públicamente no transigir con la violencia. Es un
incidente profundamente revelador.
En los últimos días de septiembre la Comunidad de Paz ha sido informada sobre un mon-
taje realizado por la Brigada XVII del Ejército Nacional, consistente en un video en el que
se muestran cantidades de camiones que salen de la Comunidad de Paz cargados de cacao
rumbo al mercado internacional. No se sabe cómo se las han arreglado para filmar tantos
camiones y acomodar sus imágenes en la ficción. Tratan de mostrar que la Comunidad
está concentrando la atención de inversiones y capitales extranjeros en la zona y que ade-
más lo está haciendo en forma ilegal. No es la primera vez que la Brigada XVII confecciona
montajes infames contra la Comunidad de Paz. En sus cuarteles se han redactado numero-
sas falsas denuncias contra integrantes de la Comunidad, contra la Comunidad como tal y
contra muchos campesinos de su entorno, apoyadas en testigos sobornados, torturados o
chantajeados e incluso haciéndole firmar papeles a prisioneros llevados allí ilegalmente e
invitados a firmar lo que no conocen para poder gozar de libertad. Todo esto se ha docu-
mentado ampliamente ante tribunales internacionales. Ahora recurren nuevamente al
montaje para calumniar a la Comunidad. El montaje ha sido la especialidad del Coronel
Germán Rojas Díaz, nombrado hace pocos meses como comandante de dicha brigada, pa-
sando por encima de todos los crímenes que él perpetró en el pasado.
El jueves 18 de septiembre de 2014, hacia las 10:00 horas, dos hombres y una mujer ingre-
saron sorpresivamente y sin previa autorización al asentamiento de la Comunidad de Paz
en San Josecito, supuestamente con el propósito de entrevistar a los miembros de la Co-
munidad, argumentando que existía una compañía extranjera que compra el cacao a la
Comunidad y que a la vez envía muchísimos recursos para apoyar a la Comunidad en sus
proyectos; decían que su presencia en la Comunidad de Paz era parte de
una misión encomendada a ellos por parte de la entidad que comercializa el cacao de la
Comunidad y de varias ONG europeas. Con la presencia de estos supuestos periodistas se
confirma la estrategia de difamación contra la Comunidad que viene haciendo la Brigada
XVII del ejército, cuna del crimen en Urabá.
El viernes 19 de septiembre de 2014, militares adscritos a la Brigada XVII del ejército na-
cional estuvieron en varias viviendas de la vereda El Cuchillo del corregimiento de San
José, realizando empadronamiento ilegal a las familias que habitan allí. No vale que la
137
misma Corte Constitucional les prohíba tal ejercicio, pues la fuerza pública se divierte pi-
soteando la Constitución y la Ley.
El lunes 22 de septiembre de 2014, un habitante del casco Urbano de San José fue aborda-
do por un militar perteneciente a la base militar de San José informándole que la fuerza
pública viene realizando un seguimiento a los terrenos que son propiedad de la Comuni-
dad de Paz, con el objetivo de “desterrar a esos HP de guerrilleros que se hacen pasar por Co-
munidad de Paz”.
El viernes 26 de septiembre de 2014, en horas de la mañana, una camioneta en la que se
movilizaban dos hombres y una mujer, se estacionó frente al asentamiento de la Comuni-
dad de Paz en San Josecito; los ocupantes del vehículo manifestaron que venían a realizar
un censo a la Comunidad y que para ello necesitaban investigar qué tierras pertenecían a
la Comunidad y qué tipo de cultivos tenía la Comunidad. Miembros de la comunidad les
respondieron que la comunidad no suministraba esa clase de información y que además
esas indagaciones tenían una gran relación con los últimos hechos que se han generado
contra la Comunidad desde la Brigada XVII.
Este mismo viernes 26 de septiembre de 2014, tropas del ejército instaladas en la salida de
San José hacia la vereda Buenos Aires, por varios minutos intentaron impedir el paso de
Jesús Emilio Tuberquia, miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz.
El mismo viernes 26 de septiembre de 2014, hacia las 16:40 horas, el ejército bombardeó
espacios de población civil en la vereda La Resbalosita de San José de Apartadó, afectando
gravemente la vivienda de un campesino de nombre Francisco, la cual quedó destruida.
Los explosivos mataron a una de sus vacas. La familia escapó de la muerte por estar en
esos momentos fuera de la casa.
El martes 30 de septiembre de 2014 un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de
Paz, quien se encontraba en la ciudad de Apartadó realizando algunas diligencias, fue
perseguido por tres hombres en trajes civiles quienes lo siguieron hasta que entró a un
establecimiento comercial donde llegaron acompañantes internacionales a protegerlo.
El viernes 10 de octubre de 2014, campesinos que habitan en varias veredas del corregi-
miento de Nuevo Antioquia (Turbo, Antioquia, colindante con San José de Apartadó),
denunciaron ante integrantes de la Comunidad de Paz que los paramilitares los obligan a
colaborar con ellos exigiéndoles suministrar informaciones relacionadas con el orden pú-
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blico en la región. También les han dejado claro que avanzarán en la construcción de la
carretera entre Nuevo Antioquia y la vereda La Esperanza, obra que están adelantando los
paramilitares con todo el respaldo de las instituciones del Estado, con miras a poder con-
trolar mejor la región y aprovecharse de sus recursos.
El mismo viernes 10 de octubre de 2014, Germán Graciano, integrante del Consejo Interno
y Representante Legal de la Comunidad de Paz, mientras se encontraba en Apartadó rea-
lizando algunas diligencias fue abordado por miembros de la Policía, luego de observarlo
y seguirlo durante un trayecto.
El domingo 12 de octubre de 2014 un poblador de Nuevo Antioquia puso en conocimien-
to de la Comunidad de Paz la situación que se está viviendo allí debido al estricto control
que ejercen los paramilitares en la zona: controlan especialmente el paso de personas des-
de Nuevo Antioquia a Rodoxalí y a los habitantes de de esta vereda les prohíben despla-
zarse a otras veredas, como La Hoz, sitio donde la Comunidad comprobó la existencia de
dormitorios de paramilitares a pocos metros del campamento militar del Batallón Vélez y
donde desaparecieron, en agosto de 2013, al joven Buenaventura Hoyos y dieron muerte a
varios pobladores, desplazando a muchos otros.
El domingo 12 de octubre de 2014, en horas de la mañana, en la vereda Miramar, fueron
retenidos los civiles Yhon Eider Florez Serna, de aproximadamente 22 años, y Albertano
Florez, por tropas de la Brigada Móvil XI, acusándolos de ser guerrilleros. En horas de la
tarde y después de 10 horas de estar retenidos, fue puesto en libertad Albertano Florez,
después de severas acusaciones contra él, quedando retenido Yhon Eider Florez Serna.
El lunes 13 de octubre de 2014, familiares del civil Yhon Eider Florez Serna, acudieron
ante la tropa del ejército con los documentos del campesino para facilitar la liberación, sin
embargo no lo dejaron en libertad. A pesar de que la Defensoría Regional estuvo informa-
da del caso, no intervino, tampoco lo hizo la Personería Municipal, entidades previstas
para defender a la gente de las arbitrariedades de los mismos agentes del Estado pero que,
en vez de gestionar de intervenir directamente, sólo le pidieron a la familia fuera a hacer
las gestiones. La Comunidad de Paz decidió enviar una Comisión Humanitaria para exigir
la liberación inmediata del reconocido campesino Yhon Eider Flores Serna, quien a pesar
de no ser miembro de la Comunidad de Paz, sí hace parte de la población civil de su en-
torno.
En los últimos días, varias comunicaciones han sido remitidas desde la Gobernación de
Antioquia a distintos grupos que acompañan a la Comunidad, argumentando que la rela-
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ción con la comunidad ya mejoró y que además se ha acordado una agenda de trabajo en-
tre el gobierno y la Comunidad, como producto de una reunión sostenida con la goberna-
ción en diciembre de 2013. La comunidad manifiesta que dicha reunión fue acordada en
diciembre de 2013 entre la Gobernación de Antioquia y Magistrados de la Corte Constitu-
cional, con el fin de exigir la aparición con vida del joven Buenaventura Hoyos, desapare-
cido por militares y paramilitares en la vereda La Hoz de San José de Apartadó y de de-
nunciar la presencia de paramilitares en esa zona. Sin embargo el Gobernador y su Secre-
tario de Gobierno tomaron una posición evasiva, atribuyendo toda la responsabilidad del
orden público a los militares, o sea, a los mismos victimarios, desmontándose de todas sus
responsabilidades constitucionales.
Recientemente el CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII,
viene remitiendo cartas de respuesta a los grupos solidarios con la Comunidad de Paz que
protestan por todo lo que la Comunidad denuncia en constancias ante la humanidad, en
relación a los últimos hechos de violencia de que es víctima. En dichas cartas el Coronel
afirma que: “recibe diariamente denuncias contra las tropas militares sin explicar circunstancias
de tiempo, modo y lugar… (…) realizando afirmaciones falsas que ponen en tela de juicio la honra e
integridad de nuestros uniformados…”. Más adelante señala que “se evidencia que el ejército
nacional está siendo estigmatizado por parte de la Comunidad de San José de Apartado…” y por
último lanza nuevas estigmatizaciones contra la Comunidad afirmando: “En San José de
Apartado hacen injerencia los frentes 5 y 58 de las FARC, grupo armado organizado al margen de
la ley quien realiza amenazas, hostigamientos a propias tropas y población civil, narcotráfico, en
general crímenes de lesa humanidad, y nunca se ha visto que la Comunidad de San José de Apartado
y las ONG que los acompañan denuncien por estos hechos”. Dicho Coronel toma la misma posi-
ción del Procurador Ordóñez, para quien una denuncia que refiera fechas, nombres, horas,
sitios, víctimas, circunstancias y victimarios, es una denuncia que “carece de información
sobre tiempo, modo y lugar” y por tanto no merece ser atendida. Ambos son funcionarios que
pertenecen al mismo Estado corrupto, encubridor, protector de los criminales que se cu-
bren con etiquetas orgánicas del Estado, garantes de la impunidad de los crímenes más
horrendos contra la población civil indefensa. Nada se puede esperar de ellos.
Desde la llegada del Coronel Rojas a la comandancia de la Brigada XVII la situación de
riesgo de la Comunidad de Paz ha aumentado enormemente. Dicho Coronel en 2009 había
sometido al más sucio chantaje a un miembro de la Comunidad para que le ayudara a des-
truir la Comunidad, o de lo contrario le inventaría un proceso penal. Nadie entiende al
Presidente Santos ni al Ministro de Defensa, quienes en lugar de destituir y sancionar
ejemplarmente posiciones tan criminales, más bien ascienden al delincuente a un cargo
más alto. Esto es inaudito y merece el más enérgico repudio de la humanidad.
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Cuando el pasado mes de agosto, en su edición No 521 (segunda semana de agosto de
2014) el periódico EL HERALDO de Apartadó le publicó una entrevista al Coronel Rojas,
éste afirmó que “La Comunidad de Paz se siente temerosa de que vayan perdiendo la poca credibi-
lidad que tienen hoy día ya que a nivel internacional y a nivel regional no creen en ellos”. En res-
puesta a estas afirmaciones, un gran número de organizaciones de la Unión Europea le
envió un mensaje a la Directora del periódico El Heraldo, el pasado 29 de septiembre, en
la cual afirman:
“Asunto: La Comunidad de Paz de San José de Apartadó goza de absoluta credibilidad
por parte de las organizaciones internacionales. Solicitud de rectificación de las opiniones
del Coronel Rojas Díaz.
Estimada Directora (María Hortensia Castro, El Heraldo, Apartadó, Colombia):
Las organizaciones europeas que suscribimos esta comunicación expresamos nuestra
contrariedad por las afirmaciones del Coronel Rojas Díaz, Comandante de la Brigada
XVII, publicadas en el artículo “Denunciada la Comunidad de Paz de San José de Apar-
tadó” del periódico de su propiedad. (…) Concretamente las afirmaciones a las que nos
referimos son: “La Comunidad de Paz se siente temerosa de que vayan perdiendo la poca
credibilidad que tienen hoy día ya que a nivel internacional, y a nivel regional no creen en
ellos”.
Le informamos que contrariamente a lo afirmado en el artículo, la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó goza de absoluta credibilidad a nivel Internacional no solo por-
que las denuncias y constancias históricas que registran las violaciones de sus derechos
siempre se han confirmado, pese a todas las trabas para ello, sino porque los miembros
de la Comunidad son modelo de comportamiento pacífico y no violento frente a los ac-
tores del conflicto.
Hoy en día, la voz y el testimonio de la Comunidad de San José de Apartadó son refe-
rencia a nivel internacional y cuenta con el apoyo de innumerables organizaciones y
personas de buena voluntad que trabajan para que en Colombia el respeto de los Dere-
chos Humanos sea una realidad. Prueba de ello fue la postulación de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó al premio Sakharov en el 2011, quienes quedaron en la
terna final.
Por ello, le solicitamos comedidamente que su periódico dé el mismo espacio a la voz de
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y a las organizaciones o miembros del
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Parlamento Europeo que han y siguen apoyando la Comunidad para visibilizar las
opiniones de los internacionales que, a diferencia de lo que afirma el Coronel, sí apoyan
a la Comunidad de Paz.
Igualmente, le agradecemos que esta comunicación sea publicada como parte de la recti-
ficación.
Organizaciones firmantes y adhesiones personales: AVI Onlus, Associazione Volonta-
riato Insieme, (Montebelluna, Italia) Caravana Internacional de Juristas (Grupo del
Reino Unido) Centro per la Pace e la Nonviolenza “Rachel Corrie” (Ovada, Italia) Colle-
ttivo Progetto Rebeldia / Municipio dei beni comuni di Pisa (Pisa, Italia)Centro Immi-
grazione, Asilo, Cooperazione Internazionale di Parma e Provincia (Parma, Italia) Comi-
té pour le respect des droits humains "DANIEL GILLARD" (Bruselas, Bélgica) EZA Fai-
rer Handel Empresa del Comercio Justo de Austria(Köstendorf, Austria) Internationaler
Versöhnungsbund - österreichischer Zweig Fellowship of Reconciliation Austria (Vie-
na, Austria) Associazione Jambo, Commercio Equo e solidale ( Fidenza, Ita-
lia)Laboratorio Monteverde. Reti di Pace (Monteverde, Italia) LIBERA. Associazioni,
nomi e numeri contro le mafie (Roma, Italia) Associazione Umanitaria ONLUS Medici
contro la tortura (Roma, Italia) Fundación Mundubat(San Sebastián – Donostia, Espa-
ña) Fondazione Neno Zanchetta(Lucca, Italia)Oficina Internacional de Derechos Huma-
nos – Acción ColombiaOidhaco (Bruselas, Bélgica) Pachakuti (Gijón, España) Red In-
ternacional de Derechos Humanos (Suiza) Adhesiones a título personal: Ettore Zerbino,
Médico psiquiatra (Italia) Francesco Biagi – Investigador Ciencias Sociales – Universi-
dad de Pisa (Italia) Gaia Capogna, Defensora derechos humanos (Italia) Mauro Castag-
naro, Missione Oggimensile di approfondimento ed opinione dei Missionari Saveria-
ni (Italia) Gianni Minà, Director revista LATINOAMERICA E TUTTI I SUD DEL
MONDO (Italia) Giuseppe De Marzo, Libera. Responsable nacional Campagna Miseria
Ladra, contro e povertà e l’esclusione sociale(Italia)Jürgen Klute, ex parlamentario Unión
Europea grupo GUE/ NGL Alemania) Renata Ilari, Docente (Italia) Vittorio Agnolet-
to, ex parlamentario Unión Europea grupo GUE/NGL (Milano, Italia)Viviana Vieira,
Economista y Activista (Francia, Bélgica).
El martes 14 de octubre de 2014, desde las 7:00 horas un grupo de familias de la Comuni-
dad de Paz de alrededor de 100 personas, con acompañamiento internacional, se trasladó a
la vereda Miramar del corregimiento de San José, para verificar la situación de varias fa-
milias campesinas de esa zona, debido a la presencia militar que ya llevaba varios días y
que, según se había informado, estaba perturbando profundamente la vida de los pobla-
dores. Al llegar al sitio, se comprobó la presencia de efectivos de la Brigada Móvil No. 11,
142
quienes han impedido el paso de los civiles hacia los cultivos y los caminos de tránsito
cotidiano. Al preguntar por el mando de la tropa, no permitieron el acceso a él y además
ninguno de los militares allí presentes quiso dar su nombre y prefirieron ocultar sus insig-
nias e identificación, violando así las leyes y normas que les obligan a identificarse y a
mantener visibles sus nombres y grupos de pertenencia en su mismo uniforme. Lo que
hicieron fue insultar a la comisión humanitaria y amenazarla con machetes y fusiles, agre-
siones que quedaron debidamente registradas.
Desde el domingo 12 de octubre en horas de la mañana los militares habían privado de su
libertad al joven YHON EIDER FLOREZ SERNA, de 22 años, quien hace un tiempo había
sido sometido a una cirugía de cerebro y aún tenía problemas de recuperación mental,
sometiéndolo a un permanente chantaje psicológico, afirmando que él era guerrillero,
mostrándole fotografías de otras personas y afirmando que eran de él mismo, invitándolo
a desmovilizarse y amenazándolo que si no aceptaba esa oferta de “desmovilización” ten-
dría que estar 40 años en prisión. Abusaron criminalmente de su situación clínica mante-
niéndolo privado de su libertad sin ningún requisito legal, hasta que llegó la Comisión
Humanitaria y pudo hablar con él a quien los militares ya habían vestido con camuflado
militar y descubrir los infames chantajes a que estaba siendo sometido. Los militares ase-
guraban que él había aceptado “desmovilizarse”, mientras él refería que le ofrecían dinero
si se declaraba guerrillero y lo amenazaban con muchos años de prisión si no aceptaba
declararse guerrillero. Integrantes de la Comunidad le pidieron a Yhon Eider que, si en
realidad él militaba en la guerrilla, lo dijera claramente, manifestando en qué frente había
militado y cuál había sido su alias, para poder ayudarle de acuerdo a las normas legales,
pero él negó rotundamente ser guerrillero y explicó las presiones extremas a que lo tenían
sometido desde la privación de su libertad. Cuando el joven le insistió al CABO MOS-
QUERA que quería irse con su familia y su comunidad, los militares pidieron urgentemen-
te un helicóptero y se lo llevaron para la Brigada XVII, algo absolutamente ilegal, pues el
ejército no tiene funciones judiciales, sometiéndolo allí a espurias “investigaciones”. Fi-
nalmente el miércoles 15 de octubre le dieron libertad, dejando acumulados más delitos en
el haber de una Brigada que ha acumulado muchos millares de crímenes de lesa humani-
dad y frente a la cual las altas autoridades del Estado y el poder judicial sólo han demos-
trado el máximo de tolerancia y complicidad.
El viernes 10 de octubre de 2014, en la vereda La Cristalina, perteneciente al corregimiento
de San José, fue privado de la libertad por más de 10 horas el campesino APOLINAR CO-
RREA por tropas militares, a quien amarraron a un árbol y lo acusaron de ser guerrillero.
Usando el método de chantaje contra el civil, trajeron a un soldado encapuchado para que
acusara al campesino de ser guerrillero. Después de su cautiverio el cual duró más de 10
143
horas, fue puesto en libertad, no sin antes prohibirle realizar cualquier tipo de denuncia
contra la tropa por esos hechos.
En esta misma semana, varios campesinos y habitantes en la vereda La Cristalina, perte-
neciente al corregimiento de San José, fueron impedidos de transitar y realizar trabajos
agrícolas en sus propios cultivos por tropas del ejército quienes obstruyeron el paso entre
la vereda La Cristalina y Caño seco.
El miércoles 22 de octubre de 2014, a través de medios radiales locales se conoció la in-
formación de la muerte de un guerrillero y de la captura de una menor, en combates regis-
trados entre tropas del ejército y guerrilleros de las FARC en la vereda Miramar del corre-
gimiento de San José de Apartadó.
El viernes 24 de octubre de 2014, en horas de la mañana, en intervención radial, el Coro-
nel Ernesto José Coral Rosero, comandante de la Brigada Móvil 11, calificó a la Comuni-
dad de Paz de estar reclutando menores para la guerrilla. Dichos señalamientos y acusa-
ciones infundadas no son más que una estrategia de estigmatización contra la Comunidad
de Paz.
El domingo 26 de octubre de 2014, en horas de la mañana, un grupo de campesinos del
corregimiento de San José de Apartadó, quienes no son miembros de la Comunidad de
Paz, hicieron presencia frente al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito,
con la pretensión de impedir el tránsito de vehículos sobre la vía que conduce entre San
José/Apartadó y Apartadó/San José, de tal forma que se evitara la realización de una jor-
nada cívico militar en el casco urbano del mismo corregimiento programada por la Fuerza
Pública e instituciones del Estado. Fue necesario que miembros de la Comunidad de Paz
salieran a pedir que, tanto los civiles que protestaban como a los militares que hacían pre-
sencia dentro de los espacios de la Comunidad, se retiraran y se ubicaran fuera de las va-
llas e insignias de la Comunidad. Los campesinos presentes en dicha protesta derribaron
árboles sobre la carretera, además de ubicarse allí hasta las horas de la tarde y al finalizar
el día abrieron paso vehicular nuevamente. Si bien la protesta pacífica de los civiles estaba
dirigida esencialmente con el objeto de solicitar a los distintos actores armados la no pre-
sencia en medio de la población civil y la no manipulación de actividades cívicas con ac-
ciones militares, bloqueando la vía pública que impidió el acto cívico militar en San José, la
Comunidad de Paz manifestó que las vías de hecho no son sus mecanismos propios para
exigir el respeto a los derechos humanos y por ello no participó en la protesta, pero los
militares sin embargo, opor los medios de comunicación, le atribuyeron la iniciativa a la
Comunidad de Paz, a pesar de que pobladores del caserío llamaron a los medios y explica-
144
ron que no era la Comunidad de Paz sino los pobladores del caserío quienes habían orga-
nizado la protesta.
El sábado 25 de octubre de 2014 se registraron combates entre un grupo de las FARC y los
Paramilitares asentados desde hace tiempo en la hacienda La Marina, en cercanías del po-
blado de Nuevo Antioquia, donde tienen un gran centro de operaciones. Nuevamente el
territorio de San José es convertido por los actores armados en escenario de guerra y el
paramilitarismo sigue siendo una realidad inocultable que desbarata los falsos discursos
del Estado acerca de su “desaparición”.
El lunes 27 de octubre de 2014, el Coronel GERMAN ROJAS, actual comandante de la
Brigada XVII del Ejército Nacional, en declaración radial en emisora regional, responsabi-
lizó a la Comunidad de Paz de los bloqueos realizados por campesinos de la región
el domingo 26 de octubre, anunciando que acudirá a las autoridades competentes para
judicializar a los responsables de estos hechos que el alto mando castrense de dicha Briga-
da calificó de “vandálicos”. De nuevo y como de costumbre, desde la Brigada XVII del
Ejército Nacional y desde el mismo Coronel Rojas salían acusaciones falsas contra la Co-
munidad, atribuyéndoles “bloqueos y actos vandálicos contra el resto de la población civil” su-
puestamente como “represalia por la muerte recientemente de un guerrillero en la región”, ade-
más, haciendo uso de esos micrófonos radiales, los cuales le hacen eco a sus infamias y
calumnias, calificando el asentamiento de San Josecito como un “lugar arruinado”, “de muer-
tos de hambre”, “que habitan en casas de madera en absoluta pobreza”. Tal vez no quiera ver el
Señor Germán Rojas que si la Comunidad de Paz está en miseria y pobreza es responsabi-
lidad de la Brigada XVII en unidad con el paramilitarismo, quienes han sido los mayores
generadores de desplazamientos, bloqueos económicos, masacres, robos, hurtos, quema de
viviendas, destrucción de cultivos, asesinatos y tantos crímenes que han puesto en detri-
mento las condiciones de vida en estos 18 años de Comunidad y de los cuales en gran par-
te el Coronel Rojas es responsable.
El lunes 27 de octubre de 2014, en un programa de Caracol-Televisión internacional, el
Coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada XVII del Ejército, hizo nuevas acu-
saciones infames y falsas contra nuestra Comunidad de Paz, tratándonos de “guerrilleros”
y de “bandidos”. Además acusó a las organizaciones nacionales e internacionales que
acompañan a nuestra Comunidad de Paz como protectoras de la guerrilla. Al actuar así,
dicho Coronel renovó las calumnias del Gobierno contra nuestra Comunidad, identificán-
dose con el ex Presidente Uribe Vélez y anulando prácticamente la retractación hecha por
el actual Presidente Juan Manuel Santos por orden de la Corte Constitucional el pasado 10
de diciembre. Aquí se perciben los efectos del desacato presidencial a las órdenes de la
145
Corte Constitucional, pues la Corte le había ordenado al Presidente Santos que, al proferir
la retractación de las calumnias, estableciera un plan gubernamental de NO REPETICIÓN
de esas infamias. Ahora uno de sus subordinados más directos anula prácticamente los
efectos de la retractación e incurre de nuevo en el crimen de CALUMNIA contra nuestra
Comunidad, hecho que deberá conocer de nuevo la Corte Constitucional.
El miércoles 29 de octubre de 2014, a través de un programa radial, el Coronel Germán
Rojas Díaz, comandante de la Brigada XVII, consideró al Padre Jesuita Javier Giraldo,
acompañante de nuestra Comunidad de Paz, como actor armado, al invitarlo a “desarmar-
se” y a ir a la brigada a conversar con él. El fundamento de su acusación, según se deduce
de sus palabras, es que el sacerdote pudo pasar sin problemas a través de un bloqueo vial
que los pobladores del caserío de San José y campesinos de la región hicieron el domingo
26 de octubre sobre la vía entre San José y Apartadó. La realidad es que el sacerdote debía
viajar a Bogotá y los promotores del bloqueo entendieron su urgencia y lo dejaron pasar.
El Coronel atribuyó además el bloqueo a la Comunidad de Paz, cuando en realidad era la
protesta de los pobladores del centro urbano de San José y de otras veredas que se opo-
nían a una jornada cívico militar anunciada por la Brigada para ese día, jornada que no
tenía nada que ver con la Comunidad de Paz. Todo esto revela que la Brigada no busca
informaciones objetivas sino que las construye arbitrariamente en la medida de sus odios.
También se revela aquí nítidamente la torpeza argumentativa y la irracionalidad discursi-
va de un militar que sólo busca difamar a quienes no callan sus delitos y exterminar a
quienes no aceptan sus violencias.
El miércoles 29 y el jueves 30 de octubre de 2014, un grupo de paramilitares en trajes
civiles y portando armas de largo alcance, hicieron presencia en la vereda Playa Larga de
San José de Apartadó, a escasa distancia del asentamiento de nuestra Comunidad de Paz
en la vereda La Esperanza. Ya van multitud de incursiones paramilitares en este sitio, pero
los reclamos al Gobierno no producen ningún efecto y tampoco el Gobierno corrige su
falso discurso de desaparición del paramilitarismo.
El viernes 31 de octubre de 2014, nuestra Comunidad de Paz tuvo conocimiento de una
distribución de panfletos que se viene haciendo en lugares precisos de la ciudad de Mede-
llín, en los que se tilda a nuestra Comunidad de “organización guerrillera”. No hay que
hacer muchos análisis para descubrir los orígenes de este tipo de lenguaje: es el típico len-
guaje del ejército y de sus brazos paramilitares, utilizado sin descanso durante los 17 años
que lleva de existencia nuestra Comunidad de Paz. A nadie se le oculta, por otra parte, que
el mecanismo constituye una estrategia represiva utilizada contra toda persona, grupo o
movimiento inconforme con la injusticia. Tales han sido las recomendaciones de los aseso-
146
res estadounidenses de nuestros gobiernos y de todos los gobiernos latinoamericanos du-
rante varias décadas. En efecto, acusar a los opositores o inconformes de estar en
desacuerdo con la injusticia, en lugar de perjudicarlos, los elogia; por eso han decidido
inventarles acusaciones de insurgentes para colocarlos ficticiamente en un campo que las
leyes vigentes consideran delictivo.
El sábado 1° de noviembre de 2014, un poblador de la vereda Arenas Altas fue privado
de su libertad por hombres fuertemente armados quienes se identificaron como integran-
tes de las AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA y le dijeron que “esa h. p.
comunidad de paz era una manada de guerrilleros y que ya tenían luz verde para arreciar
los ataques contra ella y exterminarla”. Se impone recordar que esa misma estrategia fue la
manifestada por el Coronel Germán Rojas en 2009, cuando era comandante del Batallón
Voltígeros y se valía de reconocidísimos paramilitares para que le ayudaran a convencer a
miembros de la Comunidad de ayudarle a destruirla. Ahora que él es comandante de la
Brigada, seguramente quiere llevar a cabo sus macabros y viejos planes.
El domingo 2 de noviembre de 2014, hacia las 13:00 horas en la vereda Arenas Altas a 10
minutos de nuestro asentamiento de la Comunidad de Paz, por espacio de dos horas, un
grupo de paramilitares fuertemente armados vestidos con prendas militares retuvieron a
un poblador civil de nombre Juan, a quien amenazaron de muerte si informaba a alguien
sobre la presencia de ellos allí, además de prohibirle salir de la vivienda. Lo obligaron a
sentarse y a entregar el machete que el campesino cargaba, conminándolo a trabajar con
ellos y ofreciéndole jugosas sumas de dinero si aceptaba.
El lunes 3 de noviembre de 2014, en horas de la mañana una delegación de aproximada-
mente 90 miembros de nuestra Comunidad de Paz y acompañantes internacionales, se
trasladó hasta la vereda Arenas Altas con el fin de rescatar a dos adultos y 6 niños, los cua-
les desde el domingo 2 de noviembre se encontraban en situación de confinamiento y con
amenazas de muerte de paramilitares contra la familia. Al llegar al sitio se evidenciaron
las huellas y los cambuches donde acamparon los paramilitares, y se supo que se habían
dirigido hacia el asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Arenas Altas.
La delegación de la Comunidad logró evacuar a la familia y recuperar a una niña de 3
años, hija de una integrante de nuestra Comunidad, quien se encontraba en el sitio.
El jueves 30 de octubre de 2014 resultó asesinado por impactos de bala el reconocido pa-
ramilitar APOLINAR GUERRA GEORGE en circunstancias aún desconocidas. Nuestra
Comunidad había denunciado las torturas de que él fue víctima en la noche del 12 de
marzo de 2004, en la Brigada XVII de Carepa, perpetradas directamente por el Coronel
147
NÉSTOR IVÁN DUQUE, comandante en ese entonces del Batallón Bejarano Muñoz.
Cuando el crimen fue conocido, el Coronel se valió del Procurador Provincial Orlando
Alberto Tirado González para que le limpiara su hoja de vida y logró sobornar a los tortu-
rados para que declararan ante dicho procurador que las torturas no habían tenido lugar,
prometiéndoles que compartiría con ellos los muchos millones de pesos que le arrancaría
al Padre Javier Giraldo a quien demandaría por calumnia, por haber denunciado las tortu-
ras. Tanto Apolinar como su compañero de torturas, Elkin Darío Tuberquia, se dejaron
sobornar y entraron a servirle a la brigada como paramilitares. Se les vio patrullando, uni-
formados, con tropas militares y paramilitares, perpetrando torturas incluso a niños y de-
nunciando mediante declaraciones absolutamente falsas a cantidad de pobladores. En un
momento dado, Apolinar se retractó ante la Fiscalía y confesó la manera como se había
dejado sobornar de su torturador y algunos de los crímenes que le había obligado a come-
ter, acusando a gente absolutamente inocente como chivos expiatorios. Sin embargo, más
tarde Apolinar regresó a sus andanzas paramilitares y no sabemos cómo fue su muerte.
Nos entristece pensar que quizás haya seguido el libreto rutinario, según el cual, la gente
utilizada por la brigada para cometer crímenes, cuando ya su vida y su conciencia se ase-
mejan a un trapo sucio y nauseabundo y han acumulado numerosas órdenes de captura,
se deshacen de ellos asesinándolos. Así ocurrió con Wilmar Durango, asesinado el 14 de
diciembre de 2005 por la misma brigada, después de prestarle numerosos servicios de
increíble suciedad durante varios años.
El viernes 31 y el sábado 1° de noviembre de 2014, JULIO GUISAO, miembro del Consejo
Interno de nuestra Comunidad de Paz, recibió una llamada de un sujeto quien se identifi-
có como un Subteniente de la Brigada Móvil No. 11 del Ejército Nacional, para invitarlo a
él y a todos los miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz a “desmovilizarse” y
a “acogerse al plan de reinserción del gobierno nacional”. No se trata de una acusación aislada,
concuerda perfectamente con las calumnias infames que en los últimos días el Coronel
GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, ha lanzado por los medios masi-
vos de la región contra nuestra Comunidad de Paz, presentándola como un asentamiento
de las FARC y a todas nuestras familias como casas de guerrilleros y a nuestra comunidad
como una partida de “bandidos”, valiéndose de periodistas sin ética que se prestan para
divulgar sus infames calumnias.
El mismo viernes 31 de octubre de 2014, en el centro poblado de Apartadó, dos hombres
en trajes civiles y portando armas cortas, siguieron a JULIO GUISAO, miembro del Conse-
jo Interno de nuestra Comunidad de Paz, por lo cual él se vio obligado a refugiarse entre
los transeúntes y a huir de la zona.
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El sábado 1° de noviembre de 2014, agentes de la fuerza pública, quienes hacen presencia
en el caserío de San José de Apartadó, impidieron que se registrara la presencia de la fuer-
za pública en las viviendas de los pobladores del caserío, alegando que no se permitían
fotografías. La Corte Constitucional ha afirmado reiteradamente que, desde las mismas
normas que definen los uniformes de la fuerza pública, su identidad debe estar siempre al
escrutinio de los ciudadanos y de ninguna manera pueden clandestinizarse, menos cuan-
do están violando las leyes al ingresar a propiedades privadas sin autorización de autori-
dad judicial alguna, e impidiendo que las víctimas obtengan las pruebas contundentes de
sus delitos.
El martes 4 de noviembre de 2014 se confirmó la pérdida de un toro en la finca del Señor
Hernán Guisao, de la vereda Arenas Altas, el cual estaba perdido desde el día 1 de no-
viembre. Se deduce que los paramilitares, quienes hicieron presencia en el sitio, lo sacrifi-
caron para comérselo.
El miércoles 5 de noviembre de 2014, nuestra Comunidad de Paz recibió un panfleto su-
puestamente firmado por líderes y empresarios de Urabá, distribuido en helicópteros en
varios municipios de Urabá y por soldados en varios barrios de Medellín. Su texto reza:
“NO MÁS BANDIDOS TERRORISTAS EN URABÁ! Gracias al programa TESTIGO DI-
RECTO del Canal Cable Noticias, emitido en los días 18 y 19 de octubre, quienes habita-
mos la Región de Urabá pudimos evidenciar las calumnias e injurias que están orquestan-
do hacia Nuestra Brigada 17, desde “La Comunidad de paz de San José de Apartadó” y las
ONG’s que hacen presencia en la región y por mandato de los señores de La Habana. – Los
líderes, empresarios y la comunidad URABAENSE, expresa su total e irrestricto apoyo a
la institucionalidad, especialmente a la gestión que viene adelantando nuestra brigada 17,
al mando del Coronel Germán Rojas Díaz- TESTIGO DIRECTO”.
El lenguaje mismo utilizado y la referencia a la sucia emisión televisada de “Testigo Direc-
to” de Caracol Internacional, dirigida por un periodista sin ética y extremadamente mani-
pulador, Rafael Poveda, pero que quiso posar cínicamente de “neutral”, deja al desnudo
esta estrategia de propaganda oficial para tapar crímenes. Cualquier similitud con las de-
claraciones radiales y televisadas del Coronel Germán Rojas en los últimos días, delata la
autoría de quien ha querido vender nuestra imagen como de “bandidos y terroristas”. Una
institución no necesita acreditarse en propagandas tan sucias sino en la limpieza de sus
actuaciones; cuando no la hay, se recurre al oprobioso mercado de la mentira apoyado en
quienes tienen abundancia de dinero. Para el empresariado urabaense, cuya historia está
tan manchada de desplazamientos, despojos, masacres, paramilitarismo y tráficos inmun-
dos, como lo han relatado Mancuso, Veloza, Don Berna, El Alemán, Hazbún, los empresa-
149
rios de Chiquita Brands y tantos otros en sus tardíos arrepentimientos, denunciar los ho-
rrores que destruyen a los pobres es calumniar e injuriar a los victimarios y a los ricos.
Siempre ha sido así y así lo siguen testimoniando. Ojalá algún día aprendan a mirar de
frente los millares de crímenes horrendos que con su propaganda espuria están tapando y
legitimando.
El jueves 6 de noviembre de 2014 se comprobó la presencia de un grupo de hombres fuer-
temente armados, con prendas militares de camuflado, en un predio de nuestra Comuni-
dad de Paz ubicado entre las veredas La Unión y Arenas Altas, donde se ubican asenta-
mientos de nuestra Comunidad de Paz. Los uniformados retuvieron a dos jóvenes de la
Comunidad quienes iban a trabajar a sus parcelas, lo cual les impidieron; les quitaron sus
machetes y sus celulares y revisaron minuciosamente los archivos de sus celulares, proce-
dimientos todos absolutamente ilegales, amparados en la violencia de las armas.
El mismo jueves 6 de noviembre de 2014, varios civiles en el poblado de Nuevo Antio-
quia (corregimiento de Turbo lindante con San José de Apartadó y epicentro comercial de
varias de nuestras veredas) fueron abordados por reconocidos paramilitares del lugar
quienes les mostraron fotografías de varios miembros del Consejo Interno de nuestra Co-
munidad de Paz y de la delegación de nuestra Comunidad que participó, el pasado 14 de
octubre de 2014, en la peregrinación para exigir la liberación del joven Yhon Eider Florez,
ilegalmente retenido por tropas del ejército de la Brigada Móvil 11, acusándolo falsamente
de ser guerrillero. Esto evidencia una vez más la estrecha unidad de acción entre militares
y paramilitares en la zona: se intercambian fotografías ilegalmente registradas, como ma-
teria prima de sus montajes, amenazas, desplazamientos y demás agresiones.
El viernes 7 de noviembre de 2014, un grupo de militares ingresó abusivamente al asen-
tamiento de nuestra Comunidad de Paz en La Unión, allí realizaron varios disparos con
arma de fuego.
Este mismo viernes 7 de noviembre de 2014, tropas militares que se estacionaron en el
paraje de Pelahuevo en la vereda Arenas Altas impidieron que miembros de nuestra Co-
munidad de Paz realizaran labores agrícolas en cultivos comunitarios de cacao.
En las últimas semanas los paramilitares han seguido construyendo la carretera que
desde Nuevo Antioquia (jurisdicción de Turbo) se ha ido internando en veredas de San
José de Apartadó: pasó por Rodoxalí, la hacienda La Marina en Playalarga, que es cuartel
de los paramilitares y propiedad de su líder “Otoniel”, y ahora se está internando en la
vereda La Esperanza donde hay un asentamiento de nuestra Comunidad de Paz. Aunque
150
no cuente con resoluciones oficiales ni licencias pero sí con financiaciones de oscura pro-
cedencia, cuenta de todos modos con “la vista gorda” de todas las autoridades: alcaldes,
gobernador, fuerza pública, oficinas de planeación, contraloría, procuraduría, fiscalía, de-
fensoría, autoridades todas que siempre le han otorgado el más efectivo aval –el de la omi-
sión- a los paramilitares que han actuado a su amaño en la región. Se dice que hasta fun-
cionarios de las dos alcaldías han estado presionando a los pobladores para que acepten y
colaboren.
El jueves 6 de noviembre de 2014, en reunión sostenida entre instituciones del Estado
y líderes del casco urbano de San José de Apartadó, tanto el Brigadier GENERAL LEO-
NARDO PINTO MORALES, comandante de la Séptima División, como el Coronel GER-
MÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, hicieron acusaciones falsas y calum-
niosas contra nuestra Comunidad de Paz.
El martes 25 de noviembre de 2014, hacia las 8:30 horas, fue retenido ilegalmente,
por espacio de varios minutos, un miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad de
Paz, mientras se encontraba en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. La retención fue
responsabilidad de efectivos de la Policía Nacional de la estación ubicada en la Terminal
Sur de Transportes, al mando de la oficial KELLY CHAMORRO quien, al identificar a la
víctima como miembro de la Comunidad de Paz lo señaló a él y a nuestra Comunidad
como “manada de generadores de conflicto”. No queda duda de que existe, a nivel institu-
cional, una campaña de difamación y estigmatización contra nuestra Comunidad. Ello
prueba la podredumbre de nuestras instituciones, para las cuales pedir respeto a la digni-
dad humana es “generar conflicto”.
Desde el sábado 6 al lunes 8 de diciembre de 2014, tropas del ejército se estacionaron
en los cultivos de cacao de nuestra Comunidad en el asentamiento de La Unión, prohi-
biendo a los integrantes de la Comunidad realizar sus trabajos agrícolas cotidianos. Ade-
más derribaron varios árboles de cacao que son sustento de las familias de la Comunidad,
lo que equivale a los crímenes de pillaje y de destrucción de los elementos de sobreviven-
cia de la población civil, contemplados en el DIH. El lunes 8 de diciembre miembros de
nuestra Comunidad se acercaron a las tropas para exigirles se retiraran de ese lugar, pro-
piedad privada de nuestra Comunidad, y reclamarles por la destrucción de los cultivos de
sustento de las familias. Los militares respondieron que no se retirarían del lugar. Sin em-
bargo horas más tarde se retiraron.
151
2015
El jueves 8 de enero de 2015, hacia las 16:00 horas fue detenido el campesino OSCAR DE
JESÚS BERRIO MARTÍNEZ de 65 años, por agentes de la SIJIN, en la Terminal de Trans-
porte Municipal del centro poblado de Apartadó, y conducido de inmediato a la inspec-
ción de Policía de Apartadó privado de su libertad. El señor, Berrío hacía escasos 10 días
había salido de un tratamiento médico de la clínica regional ya que padece una grave si-
tuación de salud compleja.
El sábado 10 de enero de 2015, familiares del Señor Oscar Berrío se acercaron a la Defen-
soría Regional para solicitar acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo, la
cual se negó a prestar cualquier tipo de acompañamiento alegando que no podían hacer
absolutamente nada, y en tono grosero se abstuvieron de brindar cualquier tipo de apoyo
al Señor Berrío, quien se encontraba privado de la libertad con más de 48 horas sin que se
definiera su situación o se practicara audiencia de legalización de captura, lo que se con-
virtió en una nueva detención ilegal e inhumana por parte de agentes del Estado.
En las ultimas semanas de enero de 2015 se registró la presencia de los paramilitares
armados realizando operaciones libremente por la vereda de Playa Larga, hacia la hacien-
da la Marina propiedad de los paramilitares de Nuevo Antioquia. Caminan por allí tran-
quilamente y anuncian que van a adquirir terrenos en las veredas La Esperanza, El Porve-
nir y Las Nieves, del corregimiento de San José.
El lunes 2 de febrero de 2015, durante varias horas estuvieron estacionadas tropas milita-
res en la escuela ubicada en el paraje de La Balsa, en la carretera que desde Apartadó con-
duce hasta San José. La presencia de la fuerza pública en las escuelas se convierte en una
infracción al Derecho Internacional Humanitario por cuanto se está colocando en riesgo la
vida de los niños y niñas de los centros escolares.
El martes 3 de febrero de 2015, la Comunidad de Paz obtuvo información de la puesta en
libertad condicional del Señor Oscar Berrío Martínez, quien permaneció varios días dete-
nido. A pesar de su condición de salud y su edad, no fue posible el acompañamiento por
parte de la Defensoría del Pueblo a este caso, como a muchos otros. La Defensoría se negó
a realizar cualquier tipo de acompañamiento y el propio defensor nombrado para asistirlo
se negó a recibir y atender a la familia de la víctima.
152
El miércoles 4 de febrero de 2015, paramilitares que operan en el casco urbano de Nuevo
Antioquia abordaron a pobladores de la región, a los cuales les advirtieron que se tomarán
las cosas en serio en relación a los habitantes miembros de la Comunidad de Paz, la cual
no ha permitido la construcción de la carretera hasta la vereda la Esperanza. Anuncian que
ellos tienen todo proyectado para la región en materia de inversión social, militar y políti-
ca pero que esa HP Comunidad de Paz no ha permitido dicho proyecto en los lugares
donde tiene sus asentamientos y que eso causa dificultad en relación al resto de la pobla-
ción tal como está ocurriendo en La Esperanza.
El jueves 5 de febrero de 2015, en la vereda Miramar del corregimiento de San José de
Apartadó, fueron interceptados campesinos por dos hombres encapuchados vestidos con
prendas militares y portando armas de largo alcance; los sujetos se identificaron como pa-
ramilitares, y anunciaron que estarán realizando presencia por las veredas del corregi-
miento de San José y que la gente debe acostumbrarse a verlos por allí.
El lunes 9 de febrero de 2015, en la vereda Arenas Bajas, fue torturado el campesino RU-
BÉN CARVAJAL, por parte de miembros del Ejército Nacional con sede en Carepa, Antio-
quia, quienes después de la detención arbitraria procedieron a quemarle la boca con ácido
y, seguido a estos actos de barbarie, sometieron a otras torturas al civil a quien tenían ama-
rrado a un árbol y lo amenazaron con asesinarlo acusándolo de ser guerrillero y de tener
información sobre la ubicación de la guerrilla en la zona.
El martes 10 de febrero de 2015, un vehículo de servicio público que cubría la ruta entre
Apartadó y San José, fue interceptado por hombres encapuchados en el sector de Tierra
Amarilla. Los victimarios se identificaron como paramilitares. Allí preguntaron a los ocu-
pantes del vehículo por algunos habitantes de la zona a quienes tenían en una lista para
asesinar.
El viernes 13 de febrero de 2015, varios habitantes de la región escucharon a ALIAS SA-
MIR, quien a través de estaciones radiales de la Policía, el Ejército y la Marina, realizó de-
claraciones contra la Comunidad de Paz, señalando que él ha sido víctima de las denun-
cias de la Comunidad de Paz. Alias SAMIR, desertor de las FARC desde el 2008, es prote-
gido por la BRIGADA XVII, desde donde se han confeccionado un sinnúmero de pruebas
falsas contra campesinos del corregimiento de San José y contra la Comunidad de Paz.
El lunes 16 de febrero de 2015, en horas de la tarde, varios miembros de la Comunidad de
Paz y familiares de víctimas de la masacre del 21 de febrero, recibieron llamadas de un
sujeto quien se identificó como un abogado de la Defensoría del Pueblo, para solicitarles
153
que la familia, en especial los hijos de Luis Eduardo Guerra, deberían comparecer a au-
diencia el 18 de febrero del 2015 en la ciudad de Apartadó, para que se acogieran al plan
de reparación de víctimas del Estado, a lo que la propia familia contestó que antes que
dineros exigían verdad y justicia para los responsables de esa horrenda masacre.
El martes 17 de febrero de 2015, en las Revistas SEMANA y VERDAD ABIERTA, fue pu-
blicado un artículo titulado “¿Está vigente agenda de las FARC en Nudo de Paramillo?”
en la que supuestamente las FARC realizaron un encuentro en el mes de septiembre de
2013 en alguna parte del Nudo del Paramillo para trazar los proyectos de septiembre de
2013, y en su relatoría se puede leer textualmente “se mantiene respeto a las gestiones de la
Comunidad de Paz de San José (de Apartado) en la que hay algunos militantes del PC3 (Partido
Comunista Clandestino de Colombia)” según la revista semana y Verdad Abierta. La Co-
munidad desconoce la autenticidad y veracidad de dichos documentos pero la Comuni-
dad de Paz rechaza dichos señalamientos y exige respeto; ni la Comunidad de Paz ni sus
miembros militan ni han participado en ninguna facción política, por lo que solicitó res-
peto a su autonomía.
El miércoles 18 de febrero de 2015, hacia las 9:25 horas, un miembro de la Comunidad de
Paz, quien se encontraba en el centro poblado de Apartadó, fue abordado por dos sujetos
quienes le manifestaron que tenían un plan de asesinar a tres habitantes de San José de
Apartadó y le pidieron que colaborara con información ya que había una buena suma de
dinero para pagarla.
El jueves 19 de febrero de 2015, hacia las 7:10 horas, tropas del Ejército pertenecientes a la
Brigada Móvil 24 acampadas en la propiedad privada de la Comunidad de Paz en la vere-
da La Resbalosa, detuvieron por varios minutos a un miembro de la Comunidad de Paz, a
quien le pidieron darles información sobre una reunión que la Comunidad de Paz realiza-
ría en la zona y que además debía de darles información sobre el paradero de la guerrilla.
El viernes 20 de febrero de 2015, la Comunidad realizó un acto simbólico en la propiedad
de Luis Eduardo Guerra, lugar al cual se dirigía Luis Eduardo el 21 de febrero de2005
cuando fue detenido por el Ejército, torturado y asesinado por bestias humanas sedientas
de sangre e inundadas de perversidad, quienes actuaban en nombre y con la autoridad del
criminal Estado Colombiano.
El sábado 21 de febrero de 2015, mientras miembros de la Comunidad de Paz y acompa-
ñantes de varios países y organizaciones internacionales y nacionales se trasladaban a la
vereda la Resbalosa, más exactamente junto a las fosas donde fue perpetrada la masacre el
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21 de febrero de 2005, se encontraron con tropas del Ejército al mando de un supuesto
Capitán Martínez, quienes ya llevaban 3 días pernotando en el lugar de forma ilegal pero
alegaban que estaban “de paso”. La Comunidad procedió a pedirles que se retiraran de los
espacios propiedad privada de la Comunidad de Paz, a lo que uno de los militares res-
pondió con agresividad aseverando que ellos podían estar donde les diera la gana, decla-
rando que dieran gracias que ellos estaban tranquilos, de lo contrario no responderían por
nadie; dicho sujeto estaba encapuchado y no quiso destapar su rostro pese a que se le re-
cordó que estaba violando así la Constitución y la Ley. Los integrantes de dicha tropa no
portaban las insignias e identificaciones de ley y no quisieron siquiera identificar su uni-
dad de pertenencia. Todo daba a entender que eran de la Brigada Móvil 24. Al recordarles
las sentencias que los obligan a identificarse plenamente, alegaban conocerlas pero las vio-
laban de manera cínica. Protestaban por ser fotografiados y filmados pero no tuvieron
explicación alguna sobre la conducta de sus altos mandos quienes siempre niegan tener
tropas en los sitios donde cometen barbaridades, lo que hace que las fotos que se les tomen
cuando están perpetrando delitos es la única manera de probarles la ilegalidad de sus pro-
cederes.
El lunes 23 de febrero de 2015, hacia las 8:00 horas, fueron abordados varios pobladores
de Nuevo Antioquia por reconocidos paramilitares quienes manifestaron que necesitan
5.000 personas que trabajen con ellos, y que seria a través de las minas de carbón que den-
tro de poco tiempo empezarían a funcionar en el sector de Quebrada Las Minas en el co-
rregimiento de Nuevo Antioquia.
El domingo 22 y el lunes 23 de marzo de 2015, la fuerza pública estuvo amenazando y
torturando a pobladores de siete veredas. Dichas amenazas han generado desplazamiento
masivo y forzado a más de 250 personas en las veredas Rodoxali, El Venado, Zabaleta, Las
Monas, Las Flores, La Ahuyama y La Hoz, en los corregimientos de San José de Apartadó
y Nuevo Antioquia. La Policía ha realizado bloqueos alimentarios contra las familias de
dichas veredas, a las cuales no les permite pasar los víveres de subsistencia básica. Entre
los desplazados hay decenas de niños.
El 23 de marzo de 2015, hacia las 11:00 horas un sujeto vestido de civil intentó ingresar al
asentamiento de San Josecito; al ser impedido el ingreso al asentamiento por miembros de
la Comunidad, afirmó que tarde o temprano esa HP Comunidad va a ser exterminada.
El martes 24 de marzo de 2015, a pocos metros del casco urbano de San José de Apartadó,
en horas de la mañana fue encontrado en extrañas condiciones el cuerpo sin vida de un
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Joven que padecía problemas mentales. Es de recordar que allí existe la presencia de una
base militar y de un bunker de la Policía.
El jueves 2 de abril de 2015, fue visto el reconocido paramilitar alias ´´TRIBILIN´´, acom-
pañado de varios paramilitares en la vereda Playa Larga, en el corregimiento de San José,
allí abordó a varios pobladores de la zona y anunció que los operativos militares no les
habían hecho nada (a los paramilitares), que miraran cómo estaban ellos tranquilos por
esta zona; que los operativos eran en otro lado y no contra ellos.
El miércoles 8 de abril de 2015, la Comunidad tuvo conocimiento de las distintas comuni-
caciones que viene enviando el Gobierno Nacional a organizaciones internacionales que la
acompañan, en las que se menciona que las relaciones con la Comunidad de Paz han mejo-
rado, que inclusive se realizó reunión entre instituciones del Estado incluyendo a la Fuerza
Pública y la Comunidad de Paz, refiriéndose a la realizada el 6 de noviembre de 2014 en la
Diócesis de Apartadó, reunión de interlocución o mesa de interlocución regional en la que
la Comunidad de Paz, ni participó ni tuvo nada que ver, ni interés en participar en dichas
instancias que entre otras cosas, no han servido nunca para solucionar nada.
El jueves 9 de abril de 2015, en horas de la mañana, en la vereda Alto Joaquín, en el muni-
cipio de Tierralta, un grupo de miembros de la Comunidad de Paz se trasladó a un terreno
de la Comunidad y procedió a arrancar un cultivo de coca, el cual había sido sembrado
por personas inescrupulosas en un terreno propiedad privada de la Comunidad de Paz.
El viernes 10 de abril de 2015, la Comunidad de Paz tuvo conocimiento de que varios po-
bladores fueron desplazados por amenazas de grupos armados. Los pobladores habitaban
en la vereda La Esperanza, perteneciente al corregimiento de San José, y contiguo a la ve-
reda Playa Larga donde se ha visto presencia permanente de paramilitares.
El sábado 11 de abril de 2015, un grupo de paramilitares vestidos de civil y portando ar-
mas y equipos de comunicación se acercaron a varias viviendas de pobladores en la vere-
da La Hoz, del corregimiento de San José de Apartadó, y amenazaron a los civiles conmi-
nándolos a desplazarse y a desalojar dichas veredas.
El lunes 13 de abril de 2015, la Comunidad tuvo conocimiento de las intervenciones que el
Comandante de la Brigada XVII, el coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, estuvo realizando a
través de medios de comunicación en los que advertía que jamás ha realizado cualquier
acusación contra la Comunidad de Paz. Se olvidaba que el 27 de septiembre de 2014 acusó
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a la Comunidad de Paz de ´´bandidos terroristas`` y aplaudió panfletos que circularon en
Urabá desde la Brigada XVII contra la Comunidad de Paz.
El martes 14 de abril de 2015, hacia las 14:00 horas un grupo de militares se acantonaron
en los predios comunitarios y de cultivos de familias de la Comunidad de Paz en el asen-
tamiento de San Josecito; varios miembros de la comunidad fueron impedidos por las tro-
pas de realizar trabajos en los cultivos de pan coger; ante ello los miembros de la Comuni-
dad solicitaron a los militares que se retiraran de allí ya que la presencia de ellos impedía
realizar trabajos agrícolas.
El miércoles 15 de abril de 2015, hacia las 8:00 horas, tres miembros de la Comunidad que
se dirigían a realizar jornadas agrícolas en los cultivos de pan coger en los predios comuni-
tarios en San Josecito, de nuevo fueron abordados por las tropas militares quienes estaban
allí acampados desde el 14 de abril e impidieron realizar cualquier trabajo allí.
El jueves 16 de abril de 2015, hacia las 8:20 horas, miembros de la Comunidad de Paz y
con acompañamiento de varias organizaciones internacionales se dirigieron a las veredas
la Hoz y Rodoxalí, pertenecientes al corregimiento de San José; cuatro horas más tarde
llegaron al lugar con el fin de verificar la grave situación humanitaria que se estaba vi-
viendo allí. Se tuvo conocimiento de la fuerte presencia paramilitar en dichas veredas y de
las amenazas que venían profiriendo contra los campesinos de la región, en su afán de
generar un desalojo de la población civil que poco a poco había venido retornando a sus
parcelas. La Comunidad pudo constatar la desolación que hay en la vereda Rodoxalí: casas
totalmente vacías, pues las familias se han ido desplazadas, producto de las amenazas de
los miembros de la fuerza pública los días 22 y 23 de marzo de 2015.
El miércoles 15 de abril de 2015, hacia las 09:00 horas, en la vereda Mulatos, fue abordado
por tropas de la Brigada Móvil 24 BERNARDO SEPÚLVEDA miembro de la Comunidad
de Paz; los militares acusaron a la Comunidad de ser informantes de la guerrilla y de de-
fender los cultivos de coca en la región, argumentando que siempre que las tropas estaban
cerca, la Comunidad encendía moto-sierras o emitía grandes gritos o sonidos como señal
de alarma a la guerrilla de que las tropas militares estaban cerca. De igual forma, las tropas
del ejército aseveraron que las organizaciones extranjeras y acompañantes de la Comuni-
dad eran cómplices de ello y que jamás denunciaban los cultivos ilícitos en la región. Valga
recordar que si al corregimiento de San José llegó el cultivo de coca y éste a la vez se ha
extendido por las distintas veredas del corregimiento con la llegada del Ejercito Nacional
en el 2005, es responsabilidad única del Estado y de su fuerza pública que patrulla por
todos los rincones y tienen todo el conocimiento de ello. Sin embargo en todos estos años
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han extorsionado con dinero, gallinas y cerdos a quienes cultivan la coca, para poder se-
guir trabajando. Y todo ello se ha dejado en constancias y evidencias. Es absurdo que aho-
ra acusen a la Comunidad de complicidad, lo que mucho revela de su perversidad.
Ese mismo jueves 16 de abril de 2015, hacia las 8:30 horas, un grupo de familias de San
Josecito, asentamiento central de la Comunidad de Paz, se dirigió al campamento de los
militares ubicado a pocos metros de las viviendas de la Comunidad y pidió hablar con el
mando militar pero éste no se quiso identificar, sólo manifestaron que pertenecían a la
Brigada XVII, alegando que ellos podían estar donde les diera la gana y hacer lo que qui-
sieran, a lo que los miembros de la Comunidad les manifestaron que el irrespeto contra la
Comunidad es total: han asesinado niños, a sus hermanos y sus padres, y sin embargo la
persecución no ha tenido fin.
El jueves 16 de abril de 2015, durante la misión humanitaria realizada por la Comunidad
de Paz a las veredas La Hoz y Rodoxalí, se comprobó la presencia de grupos paramilitares
en dichas veredas, los cuales han sometido bajo chantaje a la población. De igual forma se
pudo constatar la inversión que han realizado los paramilitares en la región a la vista de
las autoridades militares y civiles, las cuales han preferido callar y ser cómplices del cri-
men. Los paramilitares compran fincas ilegalmente, despojando a sus propietarios de sus
pertenencias, luego construyen sus mansiones, las llenan de ganados y constantemente los
jefes visitan dichos predios sin que sean supuestamente detectados por ninguna autoridad.
Luego denuncian que los persiguen por todos los rincones, en una verdadera obra de tea-
tro.
Ese mismo jueves 16 de abril de 2015, el Gobernador de Antioquia, SERGIO FAJARDO,
manifestó en varios medios de comunicación que había cancelado una visita a San José de
Apartadó porque voceros de la Comunidad habían condicionado su presencia a la no pre-
sencia del CORONEL GERMAN ROJAS DÍAZ, declarando ´´que la comunidad muy ago-
biada que se declaró territorio neutro de paz con unas condiciones muy particulares`` y
que ´´la gobernación no acepta este tipo de limitantes ni exigencias``. Se equivocaba el
Gobernador al confundir la Comunidad de Paz, la cual desde el 23 de marzo de 1997 se
declaró neutral frente a cualquier grupo armado y que se mantiene en ruptura desde el
2005 con las distintas entidades del Estado, responsabilizándola de haber organizado e
invitado a reuniones de interlocución autoridades civiles y militares. La Comunidad no
hace interlocución con ninguna autoridad civil o militar de cualquier orden en su territo-
rio de paz, hasta que se cumplan las órdenes impartidas por la Corte Constitucional pero
desacatadas por todas las autoridades.
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El lunes 20 de abril de 2015, en horas de la mañana, en la vereda Buenos Aires del corre-
gimiento de San José, se presentó un fuerte tiroteo y explosiones, al parecer entre efectivos
de la Brigada XVII del Ejército Nacional y Guerrilleros de las FARC.
Ese mismo lunes 20 de abril de 2015, hacia las 16:00 horas, en la vereda Las Claras del
corregimiento de San José, se presentó nuevamente un tiroteo entre tropas militares y gue-
rrilleros de las FARC. Según informaciones de los pobladores de dicha vereda, el ejército
abrió fuego contra guerrilleros que pasaban cerca del sitio, colocando así en peligro la vida
de la menor Leidy Marcela Aguirre Florez de 9 años y la población del entorno, ya que las
tropas del ejército estaban acantonadas como de costumbre junto a las viviendas de la po-
blación civil, en violación flagrante de las sentencias de la Corte Constitucional.
El lunes 27 de abril de 2015, hacia las 12:00 horas, en la vereda Alto Joaquín se registró la
presencia de avionetas, las cuales estuvieron fumigando cultivos de pan coger de los cam-
pesinos en dicha vereda, contaminado de esta manera las aguas y los alimentos de consu-
mo. A pesar de que científicamente está comprobado el grave daño que ocasiona para la
salud el contacto humano con dichos herbicidas, el Gobierno persiste en cometer este cri-
men de lesa humanidad.
En los últimos días de abril de 2015, el Gobernador de Antioquia SERGIO FAJARDO,
estuvo afirmando ante distintos medios que le hacen eco, que él lidera una mesa de con-
certación en Urabá en materia de derechos humanos, de la cual haría parte activa la Co-
munidad de Paz de San José de Apartadó. Con asombro la Comunidad recibió tales afir-
maciones que faltaban totalmente a la verdad. Es falso que la Comunidad participe en su-
puestos escenarios de integración con autoridades locales, regionales o nacionales que sólo
han sabido agredir a la Comunidad, negarle todo el respeto y protección que el Estado
tiene obligación de brindar a sus ciudadanos y apoyar a agentes que sólo han sabido para-
petarse en el Estado para cometer todo tipo de delitos y crímenes horrendos contra la po-
blación indefensa. Si la Comunidad sostuvo una reunión con el GOBERNADOR FAJAR-
DO el 18 de septiembre de 2013 en Medellín, en compañía de 4 magistrados de la Corte
Constitucional, fue para solicitarle que cumpliera sus obligaciones administrativas, inter-
viniendo para poner fin a la DESAPARICIÓN FORZADA DE UN JOVEN DE LA VERE-
DA LA HOZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ, crimen perpetrado por la fuerza pública en
unión con estructuras paramilitares, a lo cual el Gobernador Fajardo respondió que no
intervendría; que respaldaba totalmente a la fuerza pública dado que él también era fun-
cionario del Estado y que dejaba en manos del ejército (los victimarios) la solución al pro-
blema de esa desaparición forzada. Tampoco quiso colaborar en el cumplimiento a las ór-
denes dadas por la Corte Constitucional en el Auto 164 de 2012, con miras a proteger los
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derechos fundamentales de la Comunidad de Paz. Los relatos que se le hicieron sobre la
intensa presencia paramilitar en las veredas de Apartadó no le interesaron lo más mínimo,
a pesar de revelar situaciones absolutamente inconstitucionales que tenían vigencia en su
jurisdicción territorial. Esto explica que la Comunidad no crea en fingidas mesas de dere-
chos humanos lideradas por un tal personaje, a las cuales tampoco jamás la comunidad fue
invitada.
El domingo 3 de mayo de 2015, hacia las 7:00 horas, en la vereda La Hoz del Corregimien-
to de San José, en la escuela de la vereda, cuatro campesinos fueron retenidos por efectivos
de la Policía Nacional quienes los torturaron, los insultaron, les golpearon la cara y su
cuerpo mientras permanecían amarrados a los árboles; más tarde hacia las 12:30 horas, un
helicóptero de la Policía los recogió y se los llevó con rumbo desconocido. Los civiles re-
tenidos responden a los nombres de WILSON DAVID MORA de 27 años, DEIVER AN-
TONIO MÉNDEZ BERRÍO de 29 años, ORLANDO de 31 años y un menor de edad, este
último fue puesto en libertad horas más tarde.
El lunes 4 de mayo de 2015, la Comunidad de Paz tuvo información por parte de varios
campesinos y habitantes del casco urbano de San José, del acecho al que vienen siendo
sometidos varios jóvenes de la región por parte de grupos paramilitares quienes los con-
minan a ingresar o trabajar para ellos; a varios de ellos se los han llevado ofreciéndoles
trabajo en el Corregimiento de Piedras Blancas del municipio de Apartadó, y luego que
llegan allí les obligan a trabajar de paramilitares. Es de recordar que Piedras Blancas desde
hace varios años es sometida al control paramilitar, a pesar de la fuerte presencia de esta-
mentos militares allí.
El martes 5 de mayo de 2015 varios medios de comunicación nacionales hicieron eco a los
77 puntos que el Senador Álvaro Uribe entregó a la Corte Suprema de Justicia; en el punto
69 el congresista acusaba al Padre Javier Giraldo, acompañante de la Comunidad de Paz,
de esconder a terroristas y de gozar de impunidad blindada por su amistad e influencia en
magistrados de la Corte.
El miércoles 6 de mayo de 2015, hacia las 9:20 horas, en la vereda Mulatos del corregi-
miento de San José, varios helicópteros de la Policía que sobrevolaban el área empezaron a
desembarcar tropas de la Policía Nacional Grupo Elite, justo en la Aldea de Paz Luis
Eduardo Guerra, asentamiento de la Comunidad de Paz y territorio propiedad privada de
la comunidad, lugar donde fue asesinado por el ejército y los paramilitares el líder históri-
co de la Comunidad de Paz, Luis Eduardo Guerra, el 21 de febrero de 2005. El sobrevuelo
y la presencia de las tropas de la Policía impidieron el desarrollo de las actividades en la
160
escuelita comunitaria, ya que los mismos agentes del Estado prohibieron las actividades
escolares. Fue un atropello flagrante por parte de los uniformados al violentar los espacios
de vida y trabajo de las familias, al interrumpir las jornadas escolares, además de conver-
tir las casas y áreas de recreación de los niños en trincheras y helipuertos militares. Jamás
la Comunidad aceptará que sus espacios de vida, territorios de Paz, los conviertan en terri-
torios de guerra.
El jueves 14 de mayo de 2015, un grupo de hombres quienes no se identificaron ingresa-
ron a la vivienda del señor OMAR GRANDA en la vereda Playa Larga, lo amenazaron y le
exigieron una alta suma de dinero para poder permanecer en la región y no perder su
propia vida.
El martes 19 de mayo de 2015, en la vereda La Hoz del corregimiento de San José, durante
todo el día unidades de la Policía se acantonaron en la Escuela de la vereda y en las vi-
viendas de las familias campesinas para preparar sus alimentos sin el previo consenti-
miento o autorización de los propietarios.
El miércoles 20 de mayo de 2015, hacia las 06:00 horas, en la vereda La Hoz se presentó un
enfrentamiento armado entre tropas de la Policía y al parecer guerrilleros de las FARC,
resultando herido un agente de la Policía Nacional. Los agentes de la Policía se habían
atrincherado en la vivienda de la señora OFELIA la cual quedó semi-destruida por los
impactos de los proyectiles.
El jueves 21 de mayo de 2015, durante un homenaje que se le realizara en el municipio de
Apartadó a la Brigada XVII del Ejército Nacional en cabeza del CORONEL DE LA BRI-
GADA XVII GERMÁN ROJAS, por parte del sector empresarial de Urabá, el mencionado
Coronel manifestó textualmente que los generales ´´Rito Alejo del Río, Luis Alfonso Zapata
Uribe y Hernán Giraldo, dejaron una huella imborrable y contribuyeron a construir la Urabá de
hoy``. Ni los organizadores del evento, ni los participantes, tuvieron en cuenta que
la Urabá de Hoy ha sido construida sobre la sangre de miles de personas asesinadas, masa-
cradas, torturadas, descuartizadas y destrozadas, crímenes de los cuales la misma Brigada
XVII ha sido responsable y/o cómplice y cuna de tanto horror y muerte. ¿Hasta dónde ha
llegado el desconocimiento de la dignidad humana? Rendir homenajes a la Brigada XVII
que ha perpetrado toda una carnicería humana ¿no es más bien una afrenta a tanto dolor
de las víctimas?
El lunes 8 de junio de 2015, hacia las 06:00 horas, en el paraje de Las Nieves, en la vereda
la Unión del corregimiento de San José, se registró un enfrentamiento entre tropas del ejér-
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cito y al parecer guerrilleros de las FARC. En dichos enfrentamientos resultó una res
muerta, producto de un disparo. A pesar de que miembros de la Comunidad se dirigieron
al sitio para pedir a los militares que se retiraran del lugar, en forma airada respondieron
que jamás se irían de allí; que esa vaca muerta se la cobraran a la guerrilla.
• El martes 9 de junio de 2015, hacia las 15:12 y durante varios minutos se presentó un
hostigamiento a la Base Militar y al Puesto de Policía ubicadas en el centro poblado de San
José de Apartadó, al parecer por guerrilleros de las FARC. Durante el cruce de disparos
resultó herida de gravedad en el centro poblado, la señora LUZ MARY ALCARAZ de 28
años y madre de 4 niños al recibir un disparo de proyectil proveniente de la Base Militar.
Esta nueva víctima es sin lugar a duda víctima de otro Crimen de Estado, al no acatar el
gobierno las sentencias de la Corte Constitucional que prohíben puestos de policía o bases
militares en medio de la población civil en zonas de confrontación armada.
El lunes 8 de junio de 2015, hacia las 9:00 horas, un grupo de familias de la Comunidad
de Paz de la vereda La Unión se dirigió al sitio de Las Nieves donde tropas del ejército
habían matado una vaca durante un enfrentamiento con guerrilleros de las FARC ese
mismo día. Allí las los militares, en forma airada, respondieron que ellos hacían lo que les
daba la gana. Minutos más tarde, cuando las familias decidieron extraer el proyectil del
cadáver de la vaca, los militares obligaron a las familias a entregarles el proyectil para mi-
rarlo, con la promesa de devolverlo enseguida pero se lo llevaron a pesar de los reclamos,
además de ofrecerles una suma grande de dinero para que no los denunciaran, lo que la
Comunidad no aceptó.
El martes 9 de junio de 2015, hacia las 15: 12 horas y después de un hostigamiento por
parte de guerrilleros de las FARC a la base militar y al puesto de policía, ubicados en el
casco urbano de San José, en medio de la población civil, enfrentamiento en el cual resultó
gravemente herida la civil LUZ MARY ALCARAZ, madre de cuatro menores, ésta fue
llevada al Hospital de Apartadó donde fue abordada por agentes de la policía quienes la
sometieron a interrogatorios y a presiones para que afirmara que el proyectil provenía de
los guerrilleros de las FARC. Horas más tarde fue dada de alta por parte del Hospital mu-
nicipal, con el argumento de que no podían hacer nada por ella, debido a que habían reci-
bido órdenes de no atenderla porque pertenecía “a esa gente de arriba” (refiriéndose a la
guerrilla). El equipo médico sólo se limitó a formularle pastas de Acetaminofén, a pesar de
su grave estado de salud, dejándola con el proyectil incrustado en el costado izquierdo a la
altura del corazón. Todo indica que quienes dieron la orden de no atenderla fueron miem-
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bros de la Policía y/o del Ejército, violando cánones sagrados de ética universal, obligando
al cuerpo médico a violar simultáneamente su juramento hipocrático, apoyándose, ade-
más, en informaciones falsas y criminales. Esta nueva víctima es sin lugar a duda víctima
de otro Crimen de Estado, al no acatar el gobierno las sentencias de la Corte Constitucio-
nal que prohíben puestos de policía o bases militares en medio de la población civil en
zonas de confrontación armada.
El miércoles 10 de junio de 2015, hacia las 10:00 horas y por varios minutos, se presentó
un hostigamiento a la base militar y al puesto de policía, ubicados en el casco urbano de
San José, en medio de la población civil. Durante el enfrentamiento estuvo en máximo
riesgo de perder la vida el Joven EDWIN ARTEAGA GUERRA, miembro de la Comuni-
dad de Paz, mientras realizaba labores agrícolas en su cultivo de cacao en el paraje de El
Cuchillo, en terrenos de la Comunidad de Paz. Edwin, se vio en la obligación de abando-
nar el sitio y huir dejando las herramientas de trabajo y los alimentos mientras era tirotea-
do por militares que se encontraban a escasos metros del cultivo de cacao orgánico.
El jueves 11 de junio de 2015, hacia las 7:40 horas, de nuevo se registró un hostigamiento
a la base militar de San José de Apartadó, ubicada al lado del colegio de niños y en medio
de la población civil, violando y desacatando numerosas sentencias de la Corte Constitu-
cional y del Consejo de Estado.
El lunes 15 de junio de 2015, por diversos medios de comunicación el Coronel Comandan-
te de la Brigada XVII del ejército, GERMÁN ROJAS DÍAZ, lanzó nuevos ataques contra la
Comunidad de Paz, esta vez señalándola de encubrir la muerte de un menor en el corre-
gimiento de San José, argumentando que la Comunidad había manifestado que dicha
muerte habría sido causada por la picadura de una serpiente. No es la primera vez que
dicho Coronel recurre a la mentira y la calumnia para agredir y estigmatizar a la Comuni-
dad de Paz. En ningún momento la Comunidad de Paz se había pronunciado frente al
caso, ni oficialmente ni de ningún otro modo; por eso se pregunta: ¿de dónde se inventa
estas mentiras dicho Coronel? ¿Acaso tiene la Comunidad comunicación con él, conscien-
tes como son sus integrantes de sus actividades criminales? ¿Cuál es, entonces, la cantera
de sus constantes mentiras y calumnias? Sólo puede extraerlas de una conciencia perversa
que lo impulsa a continuar delinquiendo y pisoteando la Constitución y las leyes y violan-
do los derechos más sagrados de las personas. La muerte del menor se produjo el sábado
13 de junio de 2015, en la vereda El Porvenir perteneciente al Corregimiento de San José,
mientras se encontraba en la vivienda de un vecino, pues su hermanito, también menor
como él, manipuló inocentemente una escopeta de fabricación casera, que encontró a su
alcance, produciéndose accidentalmente un disparo que acabó con la vida de su hermani-
163
to. Estos hechos se produjeron en momentos en que la vivienda se encontraba sin personas
adultas pues sólo otros niños se encontraban allí. Tanto la familia, sus padres y demás pa-
rientes, como la Comunidad de Paz, sufrieron enormemente la pérdida de una vida como
ésta, de un niño de escasos seis años que apenas comenzaba a abrirse camino en la vida. A
pesar de que los padres del menor no son miembros de la Comunidad de Paz, por petición
de ellos la Comunidad facilitó no sólo su espacio de descanso, sino además sus instalacio-
nes durante la velada fúnebre ante una gran multitud de personas que acompañaron.
El martes 16 de junio de 2015, en repetidas intervenciones por medios de comunicación, el
Comandante de la Brigada XVII, Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, recurrió nuevamente a
la calumnia contra la Comunidad de Paz, ahora en términos aún más graves, afirmando
que “Mellizo”, nombre familiar con que la Comunidad distingue a GERMÁN GRACIANO
POSSO, miembro y Representante Legal de la Comunidad de Paz, a quien el delincuente
coronel acusa como “guerrillero orgánico del 5° Frente de las FARC, delinque en las veredas del
corregimiento de San José y ha hecho mucho daño a la comunidad en general”, habría ido acom-
pañado por una ONG a recoger el cadáver del niño del caso anterior, con el fin de encubrir
el crimen, pues algunos militares afirmaron por los medios que el niño habría sido asesi-
nado por la guerrilla. Causa estupor la capacidad de perversidad de dicho Coronel y de
sus secuaces, ya distinguido por crímenes horrendos desde hace varios años y de quien
todo el mundo se aterra que ocupe puestos de comandancia dada su trayectoria delin-
cuencial. Su capacidad de engaño y de mentira parece no tener límites y en cada interven-
ción que hace saca a relucir su talante criminal. Que el Gobierno haga caso, por fin, al des-
prestigio que le acarrea un agente de semejantes depravados rasgos.
El miércoles 17 de junio de 2015, en forma arbitraria y engañosa la Personería Municipal
de Apartadó condujo hasta las instalaciones de la Brigada XVII a LUZ MARY ALCARAZ,
quien fuera víctima de un proyectil de arma larga disparado desde la base militar de San
José el martes 9 de junio de 2015. Estando ya en la Brigada XVII, fue entrevistada por el
Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, quien acudió inmediatamente a la infamia y la calumnia
contra la Comunidad de Paz y contra la población campesina de San José, afirmando que
la guerrilla se pasea por todas las viviendas de los civiles; que él está informado de todo lo
que ocurre en San José, pues, según él, tiene una red de informantes por todas las vere-
das. Sus afirmaciones fueron absolutamente falsas.
El lunes 22 de junio de 2015, por varios medios de comunicación, de radio y televisión, el
Coronel GERMAN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII del ejército, de nuevo
acudió a la infamia para estigmatizar a la Comunidad de Paz, manifestando que existe una
164
alianza entre la Comunidad de Paz y la guerrilla, al ocultar los verdaderos hechos que
rodearon la muerte de un menor recientemente en la zona.
El viernes 3 de julio de 2015, en el casco urbano de Nuevo Antioquia, varios reconocidos
paramilitares se acercaron a campesinos de la zona y les manifestaron que las recientes
declaraciones realizadas desde la Brigada XVII contra esa HP comunidad de paz les esta-
ban resultando muy oportunas, ya que serían un motivo para aniquilar la comunidad, en
un trabajo conjunto y mancomunado entre las tropas militares y los paramilitares.
El lunes 6 de julio de 2015 se presentó un fuerte enfrentamiento entre guerrilleros de las
FARC y tropas del ejército en la vereda Arenas Altas, colocando en grave riesgo la vida de
la familia del campesino Juan Celada, entre ellos varios niños.
El martes 7 de julio de 2015, en horas de la mañana, se acercó un grupo de militares de la
base militar de San José a la vivienda del campesino JAIME GARCIA, para acusarlo de ser
sabedor de un plan de bombas que la guerrilla planeaba colocar contra las bases de policía
y ejército en San José.
El jueves 9 de julio de 2015, en horas de la mañana, un grupo de militares acompañados
de agentes del CTI se acercaron nuevamente a la vivienda del poblador JAIME GARCIA;
allí convocaron a toda su familia y de nuevo en forma furiosa lo acusaron de no querer
colaborar con ellos. Ese mismo día, hacia las 2 o 3 de la tarde, se escuchó la detonación de
tres artefactos explosivos en las afueras del casco urbano de San José. Hay que tener en
cuenta que, desde hace un tiempo, los militares vienen presionando a esta familia para que
les venda una parte de su finca, ubicada al lado del asentamiento central de la Comunidad
de Paz, con el fin de construir allí una base militar. Sus presiones, a veces ejercidas a través
de paramilitares, se destacan por el chantaje y la suciedad de procedimientos, contra un
poblador honesto que ya ha sido víctima del desplazamiento forzado.
El lunes 13 de julio de 2015, en horas de la mañana, de nuevo el Coronel GERMÁN RO-
JAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII del ejército, acudió a los medios de comunica-
ción que le hacen eco a sus infamias, en su búsqueda obsesionada por exterminar la Co-
munidad de Paz, en un discurso donde deja de ostentar el grado de comandante de Briga-
da y se convierte en juez de la república, al tipificar y condenar a su antojo los hechos que
terminaron con la muerte de un menor en la vereda El Porvenir el 13 de junio de 2015,
discursos y prácticas criminales de un militar cínico, similares a los que desde vieja data
se confeccionan en la Brigada XVII, desde los tiempos de Rito Alejo del Río hoy bajo las
rejas.
165
El miércoles 5 agosto de 2015, en horas de la mañana, el Comandante de la Brigada XVII
del Ejercito Nacional, Coronel Germán Rojas Díaz, a través de un evento público en las
afueras de la Alcaldía Municipal de Apartadó, manifestó el interés absoluto de que se qui-
ten las medidas cautelares y provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos a favor de la Comunidad de Paz. No es la primera vez que un funcionario del go-
bierno colombiano expresa dicho anhelo, ni es extraño escuchar de dicho coronel semejan-
tes atrevimientos ambiciosos cargados de inclemencia contra el proceso de vida de la Co-
munidad de Paz. No basta la persecución enconada y malévola ni los niveles de estigmati-
zación, chantaje y persecución que ha tejido dicho militar contra el proyecto de vida de la
Comunidad de Paz. Quedan claras las razones y propósitos que recaen sobre dicho fun-
cionario para mantenerlo en esa guarnición militar, con el objeto de destruir a como dé
lugar, la Comunidad, incluyendo el que se levanten las medidas de protección de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que hasta ahora han protegido a la Comunidad de
Paz.
El miércoles 26 de agosto de 2015, mientras tres miembros de la Comunidad de Paz se
trasladaban desde el casco urbano de Apartadó hacia el asentamiento de la Comunidad en
San Josecito, fueron abordados por agentes de la Policía Nacional que se movilizaban en
motocicleta, quienes sometieron a los miembros de la comunidad a un chantaje y luego
procedieron a anotar en una libreta las placas del vehículo en el que se trasladaban. En
forma contundente se evidencia el método de pillaje y persecución que se vuelve a imple-
mentar contra los miembros de la Comunidad de Paz.
El jueves 10 de septiembre de 2015, hacia las 11:00 horas, dos miembros de la Comunidad
de Paz que se trasladaban desde San Josecito hacia el casco urbano de Apartadó, fueron
abordados por agentes de la Policía Nacional, a la altura del barrio Alfonso López, en
Apartadó. Allí fueron empadronados y fotografiados por agentes de la Policía, argumen-
tando que ellos hacían lo que les daba la gana, que ellos eran la autoridad y que estaban
por encima de cualquier sentencia de la Corte Constitucional, en total desacato a la senten-
cia C-1024 del 2002 la cual prohíbe a la fuerza pública los empadronamientos, y di-
ce: ´´esta Corte declaró contrario a la Constitución el registro de la población que en ella
se autorizaba adelantar en los llamados “Teatros de operaciones militares”, pues esa cla-
se de empadronamientos no se encuentra autorizada ni en estados de normalidad ni en
estados de excepción. ``
El viernes 11 de septiembre de 2015, varios campesinos procedentes de la vereda Mulatos
del Corregimiento de San José, los cuales se encontraban en la vereda Playa Larga del
mismo Corregimiento, fueron abordados por varios paramilitares vestidos con prendas
166
militares y portando armas largas, los cuales afirmaron que los habitantes de las veredas
Mulatos y Resbalosa eran guerrilleros y milicianos de las FARC, que no se les permitía
volver a pasar por allí, pues según ellos, estaban haciendo inteligencia para la guerrilla.
El mismo lunes 21 de septiembre de 2015, hacia las 3:00 horas, en el asentamiento de San
Josecito, dos hombres vestidos de traje oscuro, intentaron ingresar a la vivienda de un
miembro de Consejo Interno, al no lograr abrir la puerta y al escuchar el ruido de los ocu-
pantes de la vivienda, los sujetos emprendieron la huida.
El mismo lunes 21 de septiembre de 2015 fue ejecutado en la vereda Playa Larga de San
José de Apartadó el campesino ERNESTO GUZMÁN por efectivos paramilitares que han
dominado esas veredas con plena aquiescencia y colaboración de todas las autoridades. Si
bien Ernesto en la última época no era integrante formal de la Comunidad de Paz, sí lo
había sido en el pasado desde la fundación de la Comunidad. En 2009 había sido privado
de su libertad por los paramilitares y amenazado de muerte. En los últimos años los para-
militares lo presionaron para que les vendiera su finca a lo cual él se negó rotundamente y
todo muestra que por ello lo asesinaron. Tanto Playa Larga como otras veredas aledañas
son controladas hoy día por los paramilitares quienes se han apropiado, bajo chantajes y
amenazas, de numerosos predios. Se ha sabido que dos de sus hijos han sido desapareci-
dos recientemente a manos de los paramilitares.
El jueves 24 de septiembre de 2015 la Comunidad de Paz tuvo conocimiento de que la
Fiscalía estaba buscando la manera de exhumar los restos de un niño fallecido el pasado
mes de junio en una dolorosa tragedia familiar, cuando dos hermanitos menores se pusie-
ron a jugar con una escopeta de cacería y a uno de los niños se le disparó el arma dejando
sin vida a su hermanito. Como la Comunidad lo informó públicamente, tal hecho que cau-
só profundo dolor en la familia y en la Comunidad, fue aprovechado por los militares, y
en concreto por el Coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada XVII, para cons-
truir un relato falso de perversidad incalculable, con el fin de estigmatizar una vez más a
la Comunidad mediante la calumnia y la mentira, dando pábulo al odio con el que siem-
pre la ha querido destruir. Ahora la Fiscalía parece ponerse a su servicio, haciendo una
excepción en su rutina, ya que jamás ha querido investigar los centenares de crímenes de
lesa humanidad perpetrados por el ejército y los paramilitares contra la Comunidad de
Paz, dejando todos los horrores en la impunidad más absoluta y aberrante, sin siquiera
indagar nunca en la brigada ni en sus batallones por los nombres de los militares que esta-
ban presentes en los escenarios de los crímenes, como lo exige la Sentencia T-1025/07 de la
Corte Constitucional. Tampoco las altas Cortes del Estado han respondido al Derecho de
Petición del 19 de enero de 2009, en el cual se les demostró con numerosos casos concretos
167
que la “justicia” estaba actuando en Urabá de la manera más corrupta, pisoteando todos
los principios constitucionales y los principios rectores del Código de Procedimiento Pe-
nal, produciendo fallos espurios y corruptos. La Comunidad sigue esperando que las altas
Cortes corrijan tanta podredumbre, y entonces colaborará con todas las exhumaciones que
busquen esclarecer los crímenes con honestidad y rectitud.
El viernes 25 de septiembre de 2015, varios campesinos de la vereda Arenas Bajas fueron
amenazados por los paramilitares que hacen presencia en esa zona, quienes los conmina-
ron a abandonar la vereda si no quieren ser ejecutados. Tales amenazas han sembrado
pánico en los pobladores de la zona.
El domingo 27 de septiembre de 2015, hacia las 6:00 horas y por espacio de más de 2 ho-
ras, un grupo de militares se mantuvieron acantonados junto al asentamiento de San Jose-
cito y junto al cementerio de la Comunidad de Paz.
El miércoles 30 de septiembre de 2015, varios pobladores del corregimiento de San José,
recibieron llamadas telefónicas por sujetos quienes se identificaron como paramilitares,
conminándolos a trabajar con ellos y prometiendo que les darían unos códigos para que
cada vez que estuvieran en un retén presentaran dicho código y la policía los dejaría tran-
quilos.
En los últimos días de septiembre de 2015, la Comunidad de Paz pudo comprobar con
documentos en mano, que la instalación del Búnker de la Policía en el caserío de San José,
instalación que ocasionó el desplazamiento masivo de los integrantes de la Comunidad el
1° de abril de 2005, no solamente constituyó un ejercicio de violencia ilegal contra una
propiedad privada, sino que dio inicio a una cadena de fraudes y diligencias delictivas y
tramposas por parte de las instituciones del Estado.
En efecto, la Policía, el 1° de abril de 2005, destruyó los candados y puertas y se apoderó
de la casa-lote de propiedad privada, en ese entonces ocupada por la familia de ELIDIO
TUBERQUIA, quien luego de reclamar insistentemente ante la fuerza pública por el robo
de su casa-lote, apareció cerebralmente muerto en la carretera, el 13 de noviembre de 2006,
permaneciendo en coma hasta el 9 de julio de 2008 cuando murió en Medellín. Para tapar
sus delitos, la Policía prometió que pagaría el terreno a su familia, pero resulta que ese
terreno constituía propiedad legal y titulada de otra familia que había sido desplazada por
la violencia, según la Matrícula Inmobiliaria 008-37690, la cual se había originado en la
Resolución 1311 del INCORA del 26 de junio de 1989, como adjudicación de baldío de
5.125 metros cuadrados en favor de Agustín Antonio Blanquicet Carvajal y María Aurora
168
Carvajal de Blanquicet, Radicado 2873 del 12 de octubre de 1989, propiedad que además
fue objeto de medida cautelar 0474 el 11 de septiembre de 2012 por el INCODER de Bogo-
tá, con prohibición de enajenar derechos inscritos en el predio (Rad: 2012-6511).
Un año después del asalto violento y delictivo con intención y efecto de hurto de la casa
lote, por parte de la Policía, el 1° de abril de 2005, y quizás ante un año de insistentes pro-
testas y reclamos de Elidio, no se sabe cómo fue cooptado el INCODER para perpetrar otro
delito que mirara a tapar el primer delito de hurto violento de la Policía, pues sin consultar
(o consultando y haciendo caso omiso, lo cual es aún más grave) las matrículas inmobilia-
rias y sus certificados de tradición y libertad, sobre ese terreno que es propiedad privada
titulada, el INCODER construyó un “baldío” ficticio y se lo adjudicó a Elidio Tuberquia
Guerra y a su esposa Luz Enadis Lugo Franco, mediante Resolución 0144 del 28 de abril de
2006. Sobre esa base fraudulenta e ilegal, una vez muerto Elidio tras 18 meses en coma
cerebral, realizaron una “adjudicación en sucesión” radicada en la Notaría 21 de Medellín el
17 de octubre de 2008 (Rad: 6719), a favor de la esposa de Elidio, Luz Enadis Lugo, y de su
hijo, Nubar Elidio Tuberquia Lugo, acto en el cual “interviene”, según los documentos,
ELIDIO TUBERQUIA GUERRA, quien había fallecido tres meses antes. Todo muestra que
se trataba de trampas y fraudes preparatorios para que la viuda de Elidio y su hijo le “ven-
dieran” esa “propiedad” (registrada en escritura fraudulenta No. 2852 de 10.10.08) a “La
Nación-Policía Nacional”, registrando el fraude en la Notaría Única de Copacabana, An-
tioquia, el 20 de marzo de 2009.
Esta sucesión de delitos, trampas, fraudes, hurtos, chantajes, ficciones, asaltos, falsificacio-
nes, encubrimientos, atentados, prevaricatos y crímenes, constituyen apenas la base de los
desacatos del gobierno a las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
que prohíben ubicar puestos de policía y bases militares, en zonas de conflicto, en medio
de la población civil. Infinidad de denuncias y peticiones elevadas ante el gobierno central
no han recibido respuesta alguna. ¿Ante quién pueden sostener las autoridades colombia-
nas que en Colombia existe un “Estado de Derecho”? Sólo pueden hacerlo ante gente su-
mida en la ignorancia.
El sábado 3 de octubre de 2015, nuevamente tres pobladores del corregimiento de San
José, fueron interceptados a través de llamadas telefónicas por sujetos que se identificaron
como paramilitares, prometiéndoles que usaran esos códigos ante los retenes con la policía
y se darían cuenta que no les molestarían.
169
El domingo 4 de octubre de 2015 se notó la presencia de efectivos del Ejército Nacional
entre la vereda La Hoz y la vereda Mulatos del Corregimiento de San José de Apartadó,
más exactamente sobre el río Mulatos, en el paraje de La Tequera.
El martes 6 de octubre de 2015, en horas de la noche se escucharon ráfagas y disparos de
arma larga en el sitio conocido como Caraballo, en la vereda Aguas Frías, colindante con la
vereda Arenas Bajas del Corregimiento de San José, según información de pobladores de
la zona, un grupo de paramilitares cayeron en campo minado, dejando un saldo de heri-
dos y muertos.
El jueves 8 de octubre de 2015, hacia las 10:00 horas un grupo armado de alrededor de 40
hombres, quienes se identificaron como AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia),
retuvieron a varios campesinos en el sitio conocido como La Tequera, entre la vereda la
Hoz y Mulatos, obligándoles a regresar a las viviendas, impidiéndoles el paso y prohi-
biéndoles realizar actividades laborales. Allí los paramilitares en forma airada anunciaron
incursión contra pobladores de la zona y contra esa HP de la Comunidad de Paz, como
represalias por unas bajas que han sufrido en los recientes días en el área de Caraballo,
manifestaron los violentos. Es de anotar que el pasado domingo había presencia del Ejérci-
to Nacional en esa misma zona.
Entre los días 14 al 16 de octubre del 2015, un grupo de paramilitares realizaron operacio-
nes militares a todas sus anchas en la vereda Arenas Altas, asentamiento de la Comunidad
de Paz; luego dichos paramilitares anunciaron y advirtieron a varios campesinos de la
zona que por cada ‘paraco’ asesinado a manos de la guerrilla, los paramilitares asesinarían
a cinco civiles.
El 17 de octubre de 2015, un grupo de paramilitares fuertemente armados llegaron a la
vereda Playa Larga y se dirigieron a la vereda El Porvenir del Corregimiento de San José.
El 19 de octubre de 2015, un grupo de paramilitares llegó a la vivienda de un miembro de
la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Bajas, allí detuvieron al miembro de la Comu-
nidad durante varios minutos, después de ello acamparon en su propiedad privada, mien-
tras el grupo se dividía en dos y el segundo grupo se dirigió hacia la vereda Arenas Altas.
El 20 de octubre de 2015, en horas de la mañana, los paramilitares se dejaron ver en la
propiedad de la señora Nolfa Sánchez, contigua a la vereda Arenas Altas, donde existe un
asentamiento de la Comunidad de Paz.
170
Este mismo 20 de octubre de 2015, un grupo de miembros de la Comunidad de Paz, pro-
venientes de distintas veredas de la Comunidad y acompañados por organizaciones in-
ternacionales, se dirigieron a las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas con el ánimo de
acompañar a las familias que allí han sido sometidas al terror paramilitar. Allí se constató
la presencia de los paramilitares.
El sábado 24 de octubre de 2015, en el centro urbano del corregimiento de Nuevo Antio-
quia, municipio de Turbo, reconocidos paramilitares mostraron una lista de campesinos
pobladores del corregimiento de San José de Apartadó, quienes han sido sentenciados a
muerte por dichos agentes camuflados del Estado. Entre ellos se encuentran: CRISTÓBAL
MESA; DIOFANOR VARGAS; ORLANDO VARGAS; JUAN BAUTISTA GUZMÁN;
REINALDO CARDONA; ARGEMIRO GIRALDO; PEDRO VARGAS; EMIRO HIGUITA;
JUAN CELADA. En dicha lista se encuentra también el miembro de la Comunidad de Paz,
residente en la vereda La Esperanza, MIGUEL GRACIANO.
El domingo 25 de octubre de 2005, hacia las 14:00 horas, en el área urbana de San José de
Apartadó fueron ilegal y arbitrariamente detenidos tres reconocidos campesinos de la re-
gión: NORBEY GÓEZ, JUAN CELADA y REINALDO AREIZA, quienes luego fueron se-
ñalados por las emisoras locales como “guerrilleros pertenecientes al Frente Quinto de las
FARC”. Tales detenciones se produjeron en medio de una redada contra la población civil
local, utilizando el libreto del montaje judicial con participación de la fuerza militar y en el
contexto de la jornada electoral.
El mismo domingo 25 de octubre de 2015, en horas de la mañana, un contingente de pa-
ramilitares hizo presencia en la vereda Arenas Bajas.
El lunes 26 de octubre de 2015, hacia las 07:00 horas, tropas paramilitares ingresaron a la
propiedad privada de un miembro de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Bajas.
El mismo lunes 26 de octubre de 2015, en horas de la mañana, varias emisoras locales se-
ñalaron a los civiles retenidos el día anterior en el caserío de San José, como guerrilleros
pertenecientes al Frente Quinto de las FARC, acusaciones infundadas e infames que se
inscriben en la cadena de crímenes y estigmatizaciones contra la población de la zona, den-
tro de la larga lista de montajes confeccionados con los métodos más perversos en la bri-
gada 17, la cual cuenta con la complicidad del aparato judicial.
El martes 27 de octubre de 2015, hacia las 06:00 horas, contingentes paramilitares hicieron
presencia en la finca Los Arteagas de la vereda La Esperanza de San José de Apartadó,
171
aledaña al asentamiento de la Comunidad de Paz en dicha vereda. Allí los paramilitares
mostraron una lista de civiles de la región sentenciados a muerte por ellos. En dicha lista
aparecen nuevamente: CRISTÓBAL MESA; DIOFANOR VARGAS; ORLANDO VARGAS;
JUAN BAUTISTA GUZMÁN (hermano de ERNESTO GUZMÁN, asesinado hace pocos
días por los mismos victimarios); REINALDO CARDONA; ARGEMIRO GIRALDO; PE-
DRO VARGAS; EMIRO HIGUITA y MIGUEL GRACIANO, este último integrante de la
Comunidad de Paz y coordinador de la misma en la vereda La Esperanza.
El mismo martes 27 de octubre de 2015, los paramilitares acamparon en los predios priva-
dos de integrantes de nuestra Comunidad de Paz.
El martes 27 de octubre de 2015, en la vereda Arenas Bajas, la Comunidad de Paz fue tes-
tigo de la presencia paramilitar, pues los confrontaron y les exigieron que se retiraran de
los espacios privados de la Comunidad. Allí, los paramilitares afirmaron que tenían cono-
cimiento de que toda la población civil de la región colabora con la guerrilla y que ellos
están allí para recuperar la zona y perseguir a la guerrilla, incluyendo a todos los colabo-
radores civiles, a sangre y fuego.
El miércoles 28 de octubre de 2015, hacia las 07:00 horas, nuevos contingentes paramilita-
res arribaron al paraje conocido como “El Filo de los Ratones”, situado entre las veredas
La Esperanza y Arenas Altas, de San José de Apartadó. Dichos paramilitares anunciaron
que están desarrollando un operativo en coordinación con la fuerza pública, cuyo fin es
asesinar a varios pobladores de la zona, consignados en una lista.
El mismo miércoles 28 de octubre de 2015, un grupo de familias de la Comunidad de Paz,
que se habían trasladado desde varios asentamientos de la Comunidad el día anterior, al
predio privado de EFRAÍN ÚSUGA, en la vereda Arenas Bajas, fueron sorprendidas por la
presencia de los paramilitares en dicho predio. La comunidad le exigió que se retiraran de
allí, a lo que los paramilitares enfurecidos se negaron. Esta situación llevó a que los acom-
pañantes internacionales que hacían presencia allí, se retiraran del sitio, quedando aún
más desprotegidas las familias de la Comunidad de Paz.
En los últimos días de octubre de 2015, varias familias campesinas de las veredas Aguas
Frías, Arenas, La Hoz, La Esperanza y Mulatos, han manifestado su preocupación ante las
amenazas de muerte que los paramilitares han lanzado contra la población civil. Por ello
las familias están en riesgo de desplazarse a causa de las amenazas de aniquilamiento.
172
En los últimos días de octubre de 2015 fue notoria la fuerte presencia militar en las veredas
de Mulatos-Cabecera y La Resbalosa, incluyendo La Hoz, del corregimiento de San José.
En el mismo contexto patrullan las huestes paramilitares bajo la protección del Ejército
Nacional, quienes en total descaro y ante la población del entorno crean una cortina de
protección para que los paramilitares amenacen e incursionen en las veredas.
El lunes 2 de noviembre de 2015, miembros de la comunidad se trasladaron a la vereda La
Esperanza para acompañar a las familias. Allí se percataron de la llegada masiva de fami-
lias habitantes de la misma vereda que se desplazaban para reubicarse junto al Centro de
Salud y la Escuela, por temor a ser asesinados, ante la inminente amenaza y terror que
vienen imponiendo los paramilitares en la zona. Bajo condiciones difíciles y económicas,
las familias intentan construir humildes cambuches para pasar la noche allí antes que ser
asesinados.
El martes 3 de noviembre de 2015, a través de los medios de comunicación local, el CO-
RONEL GERMÁN ROJAS, comandante de la brigada 17, de nuevo se ensañó contra la
Comunidad de Paz, esta vez acusándola de ser “mentirosa” y de estar engañando a la opi-
nión pública en relación a la presencia paramilitar en la región, pues, según él, no hay pa-
ramilitares o ya están controlados, y los que existen no representan amenazas para nadie.
De nuevo amenaza con judicializar y enviar a la cárcel a miembros de la Comunidad por
no guardar silencio ante el horror.
El miércoles 4 de noviembre de 2015, miembros de una misión humanitaria compuesta
por la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, al cruzar por el sitio conocido como
La Escuela, en la vereda Playa Larga, entre las veredas La Esperanza y el casco urbano de
Nuevo Antioquia, evidenciaron cómo un grupo de varios paramilitares vestidos de civil
huían ante la presencia de la delegación institucional.
El sábado 7 de noviembre de 2015, en horas de la noche, en el casco urbano de San José de
Apartadó, fue asesinado el campesino ALBEIRO TUBERQUIA, habitante del corregimien-
to de San José, en presencia de la Policía y de efectivos militares de la Base de San José de
Apartadó. Así las cosas, no se justifica la presencia militar y policial por cuanto no pueden
siquiera defender la vida en un poblado tan diminuto.
El sábado 7 de noviembre de 2015, un grupo de miembros de la Comunidad de Paz con
campesinos de la región y acompañantes internacionales, se trasladaron a la vereda Rodo-
xalí. Al paso por la vereda La Hoz, más exactamente en la propiedad que los paramilitares
le arrebataron a un campesino, se evidenció la presencia de paramilitares con trajes de civil
173
portando armas. De igual forma al llegar a Rodoxalí, varios reconocidos paramilitares, al
notar la presencia de la Comunidad, emprendieron la huida.
El mismo sábado 7 de noviembre de 2015, en la vereda La Cristalina, hicieron presencia
en la vivienda de varios campesinos dos sujetos vestidos de civil portando arma corta y
preguntando por el paradero de varios campesinos de la región.
El lunes 9 de noviembre de 2015, en horas de la mañana, en la vereda La Unión, asenta-
miento de la Comunidad de Paz, hicieron presencia tropas militares, quienes violando el
derecho a la propiedad privada invadieron los espacios acampando en dicho lugar.
El miércoles 11 de noviembre de 2015, hacia las 4:00 horas, sujetos de civil los cuales se
movilizaban en motocicleta dejaron en varias viviendas en San Josecito, y luego en el cen-
tro poblado de San José, pasquines alusivos a los paramilitares o Autodefensas Gaitanistas
de Colombia, a pesar de la fuerte presencia militar y policial en el casco urbano.
En la última semana de noviembre de 2015, vecinos del paraje conocido como Caraballo
reportaron ráfagas y ametrallamientos. Al parecer se habría tratado de un asalto por parte
de la fuerza pública a tropas paramilitares, lo que ocasionó que estos últimos se dirigieran
hacia la vereda El Porvenir. Se dice que no hubo víctimas y que el ataque sólo sirvió para
que los paramilitares ocuparan otra vereda e intimidaran a la población civil.
El sábado 28 de noviembre de 2015, hacia las 23:00 horas y por más de 30 minutos se pre-
sentó un enfrentamiento entre tropas paramilitares y guerrilleros de las FARC en el caserío
de Rodoxalí, en la vereda del mismo nombre, perteneciente al corregimiento de San José.
Según informaciones de campesinos de la vereda, varios paramilitares resultaron heridos.
Nuevamente se comprueba la presencia paramilitar en dicha vereda, zona en la cual han
tenido tanta libertad de acción que construyeron una carretera y un conjunto de viviendas.
El jueves 17 de diciembre de 2015, hacia las 17:00 horas fue retenido por agentes de la
Policía Nacional el joven LUIS YAIR ÚSUGA, miembro de la Comunidad de Paz, cuando
se trasladaba en un vehículo de servicio público entre Apartado y San José. El joven fue
conducido inmediatamente al Comando de Policía Municipal acusándolo de ser guerrille-
ro. Posteriormente lo acusaron de ser paramilitar por su apellido Úsuga, alegando que
pertenecía al “Clan de los Úsuga”. Después de varias horas de permanecer privado de la
libertad de la manera más arbitraria e ilegal, fue puesto en libertad.
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El sábado 19 de diciembre de 2015, tropas del ejército hicieron presencia en el sitio co-
nocido como Cabeceras de la vereda las Nieves, del corregimiento de San José, allí pro-
cedieron a exigir a varios campesinos pagarles sobornos para que no fueran erradicados
sus cultivos de coca que tenían allí, y efectivamente así sucedió: quienes no pudieron
pagar el soborno que exigían, sus cultivos fueron erradicados. La legitimidad en las au-
toridades castrenses salta los límites hasta semejante bajeza. Bajo chantaje roban cerdos
y gallinas a cambio de no destruir los cultivos de los campesinos.
El martes 22 de diciembre de 2015, en un reten móvil e improvisado, montado sobre la
carretera que conduce de Apartadó a San José, por unidades combinadas de policía y
ejército, con objetivo puntual y preciso dirigido a atrapar a su víctima, fue privado de su
libertad el reconocido líder comunitario del caserío de San José de Apartadó ARLEY
CARTAGENA. A pesar de que había una orden de captura previa, dicha orden no esta-
ba registrada en las redes judiciales y sólo tenían conocimiento de ella la Brigada XVII y
los policías asignados para capturarlo. Se informó que en el sitio de la captura estaba
presente el Comandante de la Brigada, Coronel Germán Rojas Díaz, quien exteriorizan-
do sentimientos de fruición y prepotencia, se burló de la víctima tomándola como una
presa personal largamente apetecida y buscada. Ese mismo día, en horas de la noche y
mientras ingresaba a la cárcel de El Reposo a llevarle ropa y alimentos a Arley, fue pri-
vada también de su libertad la líder comunitaria de San José, presidenta de la Acción
Comunal e hija del fundador de San José, Bartolomé Cataño, Doña LAURA CATAÑO.
Ambos detenidos fueron trasladados posteriormente a cárceles de máxima seguridad de
Medellín y acusados de los delitos más absurdos como “concierto para delinquir, terro-
rismo, rebelión y otros”, sustentados por una serie de falsos testigos quienes son su-
puestos desmovilizados de la insurgencia pero que no se presentan a responder por sus
acusaciones, haciendo que las pruebas hasta ahora sean meros montajes sin sustento
personal alguno, “pruebas” que las leyes penales califican de inválidas. Este episodio
revive momentos horrendos de la represión contra el campesinado de la zona, cuando
en la Brigada se confeccionaban falsos testimonios a granel mediados por ex guerrilleros
sometidos a chantajes y los fiscales y jueces hacían lo que los militares les dijeran, en
una evidente usurpación del poder judicial por el poder ejecutivo, pisoteando uno de
los principios rectores de la Constitución que es la separación e independencia de pode-
res. Todo muestra que el Coronel Rojas está manejando el simulacro perverso de “justi-
cia” que se está pretendiendo implantar en la zona, gracias al prevaricato de fiscales,
jueces, procuradores y defensores. No hay duda tampoco de que tan burda y arbitraria
represión es una respuesta vengativa del Coronel Rojas contra quienes han denunciado
sus arbitrariedades contra la población de San José y se han opuesto a sus planes per-
175
versos, como el de mantener una base militar al pie del colegio en que se educa la niñez
de la zona, algo absolutamente contrario al derecho humanitario y violatorio de las sen-
tencias de la Corte Constitucional. Si bien, Cartagena y Cataño no hacen parte de la
Comunidad, es población víctima de falsos positivos judiciales.
En la última semana de diciembre de 2015, el coronel Germán Rojas Díaz, a través de
los medios de comunicación regionales, refiriéndose a las detenciones y anunciando que
se vienen más procesos judiciales contra varios campesinos de San José, incluyendo
miembros de la Comunidad de Paz, en dichas intervenciones de nuevo se destapa con
todos sus odios que muy difícilmente puede ocultar contra la Comunidad de Paz y con-
tra la población civil de su entorno geográfico y social.
2016
El domingo 3 y lunes 4 de enero de 2016, efectivos de la Brigada XVII instaron a un po-
blador a trabajar y cooperar con ellos; bajo ese chantaje, encapuchados procedieron a
amenazar a dicho poblador del casco urbano de San José.
El domingo 10 y el sábado 16 de enero de 2016, dos campesinos de la región acudieron
a la Comunidad de Paz para manifestar que desde la Brigada XVII les están ofreciendo
dinero para que realicen actividades en colaboración con la fuerza pública, de tal forma
que la población se someta poco a poco al régimen y control social, económico, político
y militar de la brigada.
El sábado 23 de enero de 2016 fueron privados de su libertad otros tres líderes comuni-
tarios de la zona: JUAN BAUTISTA CELADA, presidente de la junta de acción comunal
de la vereda Arenas Altas, SILVIA SEPÚLVEDA y ÓSCAR MUÑOZ, familia campesina
que habita entre las veredas Las Nieves y La Esperanza. Todo muestra que los anuncios
perversos del Coronel Rojas se van cumpliendo, pues todos estos campesinos son vícti-
mas de procedimientos arbitrarios apoyados en acusaciones sin fundamento manipula-
das por la Brigada XVII y que paralelamente estas mismas informaciones, señalamientos
y amenazas han provenido de huestes paramilitares en los últimos meses.
176
El domingo 24 de enero de 2016, hacia las 18:00 horas en el casco urbano de San José,
fue perseguido por efectivos de la Policía Nacional y soldados de la Base militar de San
José, el campesino RAMÓN ISIDRO GUERRA, habitante de la vereda Mulatos, pertene-
ciente al corregimiento de San José.
Este mismo domingo 24 de enero de 2016, hacia las 21:00 horas en el casco urbano de
San José, soldados de la base militar de San José, acompañados de civiles extraños inten-
taron ingresar a la vivienda del campesino PEDRO PABLO RIVERA ÚSUGA, obligán-
dolo a que tenía que acompañarles hasta las afueras del caserío, a lo que Pedro, se negó.
Posteriormente, habitantes civiles del caserío acudieron a la vivienda de Pedro para
acompañarle e impedir que se lo llevaran. Ante estos hechos la población quedó perple-
ja por la soberbia de dichos agentes estatales en su intento de sacar a civiles y llevarlos a
parajes solitarios quién sabe con qué fin perverso. En estos momentos se desconoce el
paradero de los dos civiles, los señores, RAMÓN GUERRA y PEDRO RIVERA.
Desde hace unos meses la Comunidad de Paz ha tenido conocimiento de que algunos
pobladores de la vereda Mulatos, unos de ellos ligados a la Junta de Acción Comunal,
no se sabe impulsados por quién, se están preparando para invadir y arrebatar a la fuer-
za los espacios de la Comunidad de Paz en el asentamiento Aldea de Paz Luis Eduardo
Guerra, en la vereda Mulatos Medio. Varias veces han conminado a la Comunidad a
abandonar dicho predio, en ocasiones llevando a actores armados para hacer alarde de
fuerza; en otras ocasiones exigiendo que se les entregue el predio para realizar allí acti-
vidades que se oponen a los principios de la Comunidad, en otras ocasiones alegando
que tienen que ubicar allí maquinarias y desarrollar proyectos obsequiados por el go-
bierno nacional y en otras ocasiones amenazándolos de muerte. No se entiende a caba-
lidad qué se esconde detrás de todas estas presiones, pero se intuye que hay fuerzas os-
curas a quienes la presencia de la Comunidad de Paz les estorba. Hace 11 años, luego
del asesinato del líder histórico Luis Eduardo Guerra, perpetrado por el ejército cerca de
las ruinas del antiguo centro de salud de Mulatos Medio, la Comunidad visitó repetidas
veces el sitio, el cual adquirió desde entonces un carácter sagrado, al ser regado con la
sangre de Luis Eduardo, Bellanira y Deiner Andrés, y se construyó allí una primera ca-
pilla que convocó desde entonces a muchos rituales de memoria. El sitio estaba enmon-
tado y los antiguos habitantes de la zona habían huido muchos años antes a causa de la
violencia. Pocos días después del holocausto, la Comunidad decidió rozar los alrededo-
res y preparar el terreno para una ALDEA DE PAZ con el nombre de LUIS EDUARDO
GUERRA. Luego se hicieron construcciones y numerosos actos de dominio en un proce-
so de posesión comunitaria pacífica, sin tener oposición alguna en los 10 años siguien-
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tes. Un enorme kiosco de asambleas, un conjunto de viviendas, una escuela que sirve a
niños del vecindario, una biblioteca donada por amigos internacionales, una capilla que
finalmente se construyó en piedra y que absorbió prolongados y duros trabajos de mu-
chos grupos de trabajo comunitario, cultivos y experimentos ecológicos, todo fue per-
feccionando una posesión pacífica y sagrada por parte de la Comunidad. Por ello no se
comprenden los sentimientos adversos de quienes quieren expulsar a la fuerza a la Co-
munidad de un lugar ya profundamente ligado a sus sentimientos más delicados y a su
memoria más dolorosa.
El lunes 28 de marzo de 2016, una delegación de la Comunidad de Paz se desplazó a la
vereda La Hoz, para verificar los hechos violentos ocurridos en esa zona, lo que pudo
comprobar lo siguiente:
El lunes 21 de marzo de 2016, hacia las 13:50 horas, en la vereda La Hoz paramilitares y
guerrilleros sostuvieron combates, los paramilitares se acercaron disparando a la vivienda
del campesino Argemiro Velásquez, quien no se encontraba al momento. Al llegar él a su
casa, los paramilitares afirmaron que allí se escondía un guerrillero y necesitaban sacar-
lo para matarlo, lo que él negó rotundamente y les exigió respeto.
El lunes 21 de marzo hacia las 14:30 los paramilitares llegaron a la vivienda de la familia
Martínez Mazo y dispararon contra una de las habitaciones causando daño en los canceles
y en un equipo electrónico, uno de los hijos allí presente, Levis Andrés, de 19 años, salió
corriendo para evadir las ráfagas, siendo insultado y amenazado. Los paramilitares requi-
saron toda la vivienda, revolcaron todo lo que encontraron, y se robaron un millón ochen-
ta mil pesos, otros objetos de valor, y la comida que encontraron en la cocina y en la des-
pensa, una cartera con sus documentos la dejaron en el campo luego de sustraer el dinero.
El miércoles 23 de marzo de 2016, los paramilitares regresaron a la vivienda de la familia
Martínez Mazo y al encontrar allí a Levis Andrés, le reclamaron el que hubiera salido co-
rriendo el lunes anterior, lo agarraron y se lo llevaron en dirección a la escuela, donde lo
hicieron tender en el piso, le colocaron las botas en el cuello y lo sometieron a afrentas y
amenazas. Su hermano Mario Eutiquio, de 16 años, salió en su defensa y se trenzó en una
fuerte discusión con los victimarios, reclamándoles el dinero y los objetos robados; ellos
respondieron que no eran ladrones, que ganaban 2 millones de pesos mensuales, lo cual es
suficiente para sostenerse y no necesitan robar, pero los hermanos les hicieron ver que
parecían muertos de hambre porque se habían llevado todo el dinero y toda la comida que
encontraron; uno de los paramilitares decía provenir de los grupos de Carlos Castaño, y
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que cada día sentía una fuerte necesidad de matar. En medio de la discusión los paramili-
tares notaron que algunos civiles de la vereda se acercaban a la vivienda de la familia Mar-
tínez Mazo, entre ellos Argemiro Velásquez, entonces los paramilitares huyeron. La pre-
sencia de los paramilitares en la zona ha sido reiterativa y a pesar de que se ha denunciado
muchas veces y de que a muy poca distancia hay presencia del Ejército, en las veredas Ro-
doxali y Sabaleta, sin embargo la fuerza pública continúa tolerando y protegiendo su pre-
sencia en la zona.
El jueves 31 de marzo de 2016 toda la zona de Urabá y al parecer 5 Departamentos del
país, paralizaron todas sus actividades, comerciales, de transportes, educativas, etc., por
orden de la estructura paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La real paraliza-
ción de las actividades obedecía a órdenes impartidas por dicho grupo a través de s las
comunidades y panfletos y de las redes sociales; el acatamiento a dichas órdenes, bien
fuera por el miedo o por simpatías demostraba un verdadero poder de control territorial
enorme de dicha organización al margen de la ley y hace pensar que la fuerza pública y las
demás instituciones del Estado, o bien son impotentes ante dicha organización y no son
aptas para proteger, o bien son cómplices.
El martes 5 de abril de 2016, miembros de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones
civiles de la región, hicieron presencia en las veredas Rodoxali y La Hoz, y pudieron com-
probar en vivo y en directo la presencia paramilitar. Dado que en dicha delegación parti-
ciparon varios jóvenes de la vereda La Hoz que habían sido víctimas de los paramilitares,
cuando se disponían a salir del caserío Rodoxali a su vereda, fueron interceptados por pa-
ramilitares quienes los llevaron hasta las orillas del rio Mulatos, allí los sometieron a inte-
rrogatorios, acusándoles de informar a la Defensoría del Pueblo de su presencia allí.
El sábado 16 de abril de 2016, en horas de la noche, dos sujetos que se movilizaban en
motocicleta y portando armas, escribieron grafitis en tres casas de la Comunidad de Paz en
San Josesito: en el centro de hospedaje de internacionales; en la bodega comunitaria, y en
una valla de la Comunidad.
El domingo 17 de abril, en horas de la mañana, miembros de la Comunidad de Paz proce-
dieron a borrar los grafitis de los paramilitares. Este mismo domingo 17 de abril de 2016,
hacia las 22 horas, una camioneta blanca se estacionó en la entrada a San Josesito y proce-
dió a tomar fotos. Luego de varios minutos se marcharon del lugar.
El lunes 18 de abril de 2016, el coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada
XVII, a través de los medios radiales locales calificó de “mentirosa” a la Comunidad de
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Paz, afirmando que soldados hacían presencia muy cerca de la Comunidad y que jamás
vieron a nadie cruzar por allí ni a pie ni en moto.
El miércoles 27 de abril de 2016, un traficante de droga utilizó atrevidamente el asenta-
miento de San Josesito para guardar su carga y entregársela a otro traficante que fue a re-
cogerla en el asentamiento. Cuando miembros de la Comunidad y del Consejo lo descu-
brieron y protestaron por tan enorme abuso que pisoteaba todos los reglamentos de la
Comunidad, dicha persona amenazó de muerte a quienes se le enfrentaron y los trató des-
pectivamente porque, según dijo, “no constituían ninguna autoridad que pudiera sancio-
narlo”. La Comunidad tiene la convicción de que el refortalecimiento del paramilitarismo
en la zona y la connivencia con ellos de la fuerza pública, ha incrementado a su vez los
cultivos y tráfico de drogas de uso ilícito.
El sábado 30 de abril de 2016, los paramilitares conminaron a los pobladores de la vereda
El Porvenir a abandonar sus tierras bajo amenazas de muerte. En dicha vereda no hay fa-
milias adscritas a la Comunidad de Paz pero sí parientes y amigos de los miembros de la
Comunidad de Paz.
El domingo 22 de mayo de 2016, en horas de la mañana, se registraron combates en la ve-
reda La Esperanza, en el sitio conocido como La Angostura, al parecer entre guerrilleros
de las FARC y paramilitares.
Entre el viernes 3 y el lunes 6 de junio de 2016, varios reconocidos paramilitares hicieron
presencia en el paraje de La Sucia, a pocos minutos de la base militar ubicada en San José;
allí pernoctaron por varios días y fueron vistos en trajes de civil y portando armas largas.
El lunes 6 de junio de 2016, Germán Graciano, Representante Legal de la Comunidad de
Paz, recibió una llamada de un sujeto quien se identificó como integrante de los paramili-
tares, exigiéndole que tenía que colaborar con los paracos o de lo contrario atenerse a las
consecuencias, pues ellos saben dónde vive y también su familia, para corroborar lo cual le
mencionó el nombre de la finca donde habita su familia.
El miércoles 8 de junio de 2016, de nuevo Germán Graciano recibió otra llamada del pa-
ramilitar, quien le insistió en que debe colaborar con los paramilitares o de lo contrario
atenerse a las consecuencias.
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El martes 14 de junio de 2016, el Coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada
XVII del ejército, en intervención radial, estigmatizó de nuevo a nuestra Comunidad de
Paz.
El miércoles 15 de junio de 2016, el Coronel Germán Rojas dio respuesta a una carta de la
Comunidad de Paz, la cual respondía a su vez a otra que él había enviado a la Comunidad
y a diversas cartas que él envió a comunidades hermanadas con la Comunidad de Paz en
diversos países, cartas llenas de falsedades y de evasivas. En esta respuesta acude de nue-
vo a la evasión, pues solamente responde a unas pocas de las constancias y protestas, y a
la mentira, pues muchas de sus afirmaciones contradicen pruebas contundentes en audios
y en videos que se han hecho llegar a tribunales internacionales.
El viernes 17 de junio de 2016, en horas de la mañana, aparecieron en varias casas de la
Comunidad en el asentamiento de La Unión, varios afiches alusivos a las FARC. La Co-
munidad repudia estos hechos a la vez que hace un llamado a todos los actores armados a
respetar los espacios de vida y trabajo de la Comunidad de Paz. Por esta razón, varios lí-
deres de la Comunidad fueron intimidados por alias “Patiño”, guerrillero de las FARC-EP.
El jueves 23 de junio de 2016, se registraron combates en la vereda Rodoxalí, al parecer
entre guerrilleros y paramilitares.
El domingo 3 de julio de 2016, de nuevo algunos pobladores de la vereda Mulatos, inspi-
rados o animados por entidades del Estado que les ofrecen proyectos, anunciaron que se
disponen a invadir por la fuerza los espacios de vida y trabajo de la Comunidad en la Al-
dea de Paz Luís Eduardo Guerra, con el fin de ejecutar allí proyectos del Estado.
El viernes 8 de julio de 2016, un miembro de Consejo Interno que se encontraba en un
establecimiento público en el casco urbano de Apartadó, fue abordado por dos militares
quienes portaban su uniforme e insignias militares. Allí lo identificaron como miembro de
la Comunidad de Paz y le advirtieron que las cosas iban a cambiar y que la comunidad
internacional dejaría de acompañar a esa HP de Comunidad de Paz, y ahí se vería quién es
quién.
El domingo 17 de julio de 2016, en el asentamiento de la Comunidad de Paz en San Joseci-
to, en horas de la noche, miembros del Consejo Interno resistieron ante las pretensiones y
atropellos del reconocido traficante de drogas Luis Adán Rivera de irrumpir en el espacio
de la Comunidad. Dicho personaje en varias ocasiones intentó pisotear los principios y
reglamentos de la Comunidad de Paz. Ya el 27 de abril de este año, este mismo sujeto ha-
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bía utilizado atrevidamente el espacio de la Comunidad para guardar droga y cuando se le
descubrió agredió verbalmente a miembros del Consejo Interno y los amenazó, afirmando
que a él nadie lo manda y que él hace lo que quiera y donde quiera, incluso en espacios
totalmente ajenos. Posteriormente, el miércoles 19 de julio de 2016 fue capturado por agen-
tes oficiales cuando intentaba transportar droga en Apartadó.
Como es de conocimiento por toda la comunidad internacional, los diálogos que se desa-
rrollan entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, han llegado a un compromiso
de cese bilateral de fuego. Por ello no se entiende ni se ve justificado el mantener una base
militar y una estación de policía en el casco urbano de San José de Apartadó, sobre todo
cuando la ubicación de dichas instalaciones en medio de la población civil viola de manera
muy flagrante numerosas prescripciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Esta-
do y han constituido por mucho tiempo el incentivo de enfrentamientos bélicos que han
destruido numerosas vidas y han arruinado la tranquilidad pública a que tiene derecho la
población.
El lunes 5 de septiembre de 2016, un contingente de paramilitares portando armas largas
y vestidos con prendas militares, se acantonaron en el asentamiento de la Comunidad de
Paz en la vereda Arenas Altas. Allí han amenazado con quedarse en la región, alegando
que tienen todo el aval de la fuerza pública, la cual les ha permitido llegar hasta allí con
tanta tranquilidad, pues, la fuerza pública les protege.
Desde comienzos de septiembre de 2016 los paramilitares vienen haciendo presencia en
la vereda La Hoz. El lunes 5 de septiembre de 2016 se han instalado en la escuelita de la
vereda, con la retórica de que vinieron para quedarse, pues según ellos, nadie les va a sa-
car.
El martes 7 de septiembre de 2016, hacia las 07:00 horas, varios paramilitares se acercaron
a varias viviendas del asentamiento de la Comunidad en Arenas Altas, allí, procedieron a
intimidar a las familias, y a anunciar que llegaron para quedarse en el territorio. Que la
gente no tiene otra opción que aceptarles, gústeles o no les guste.
Este mismo martes 7 de septiembre de 2016, hacia las 10:00 horas, un grupo de paramilita-
res se acercaron a la escuelita de los niños en la vereda Arenas Altas, e interrumpieron con
intimidación la jornada escolar que se estaba desarrollando al momento. Allí, de nuevo
anunciaron que llegaron para quedarse, anunciando que por la vereda la Hoz venia un
operativo de 300 hombres y por Saiza, venían 1.000 hombres y que con ellos habían 200
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hombres, con el objetivo de quedarse y controlar el territorio. Toda esta situación obligo a
suspender la jornada escolar en dicha escuela.
El martes 7 de septiembre de 2016, hacia las 09:00 horas miembros de la Comunidad pro-
venientes de distintas veredas se dirigían a la vereda Arenas Altas acompañados de dos
Organizaciones Internacionales con delegados de distintos Países. En el paraje conocido
como Rio Grande, de la vereda Arenas Altas, fueron abordados por un contingente de
paramilitares fuertemente armados, quienes procedieron a retenerlos durante 50 minutos,
allí, el grupo armado vistiendo prendas militares y portando armas de largo alcance con
insignias de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) “bloque Juan de Dios Úsu-
ga” procedió a afirmar: “nosotros y la fuerza pública no nos vamos a combatir, somos los
mismos, tenemos todo coordinado para lo que se viene más adelante, que es
la ocupación masiva del territorio por parte de las AGC”. Después de 50 minutos, y de
una intensa discusión, además de preguntar por los líderes de la Comunidad de Paz, luego
los armados procedieron a retirarse del sitio, no sin antes afirmar que regresarán y que no
les parezca extraño cuando también entren al casco urbano de San José. Todo ello quedó
registrado en grabaciones de audio y vídeo.
El miércoles 7 de septiembre de 2016, hacia las 16:00 horas, un grupo de paramilitares
hizo presencia en la vereda El Porvenir del Corregimiento de San José, allí, procedieron a
retener a varios campesinos que se encontraban jugando, a los cuales despojaron de sus
celulares, de igual forma procedieron a señalar de guerrilleros a los civiles; horas más tar-
de los dejaron en libertad.
El jueves 8 de septiembre de 2016, hacia las 11:00 horas, tropas militares ingresaron en
forma irrespetuosa al caserío de Arenas Altas, violando así los principios y reglamentos
que prohíben la presencia de cualquier actor armado en los asentamientos de la Comuni-
dad.. Posteriormente la Comunidad le exigió el retiro inmediato a la fuerza pública de sus
espacios de vida y trabajo comunitario.
Este mismo jueves 8 de septiembre de 2016, hacia las 13:00 horas se observó que el grupo
paramilitar que se encontraba en la vereda El Porvenir del Corregimiento de San José, pro-
cedieron a retirarse de la vereda, no sin antes advertir que seguirían haciendo presencia en
la región.
El viernes 9 de septiembre de 2016, en el paraje de la Tequerita, entre la vereda La Hoz y
la vereda Mulatos del corregimiento de San José, varios pobladores de la región fueron
abordados por tropas paramilitares, los cuales manifestaron que van a estar por la región
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patrullando. Este grupo paramilitar arribó a la vereda La Hoz el pasado lunes 5 de sep-
tiembre de 2016, acampando junto a la escuela de la vereda.
El sábado 10 de septiembre de 2016, por medios radiales locales y nacionales, ELIÉCER
ARTEAGA, ALCALDE DE APARTADÓ, en forma cínica e irresponsable hace eco a la
fuerza pública al negar en forma impúdica la fuerte presencia de contingentes paramilita-
res en varias veredas del Corregimiento de San José.
En las primeras semanas de septiembre de 2016, reconocidos paramilitares que hacen
presencia en la vereda Playa Larga del Corregimiento de San José, han manifestado en
varias ocasiones ante pobladores de la región, que ya en la región los únicos que estorban
son los de esa HP de Comunidad de Paz; otros han señalado que los de esa Comunidad de
Paz son más guerrilleros que la propia guerrilla.
El jueves 15 de septiembre de 2016, hacia las 21:45 horas, se presentó un intercambio de
disparos entre tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional contra un grupo de milita-
res/paramilitares que se atrincheraron a disparar desde varias casas del casco urbano de
San José, dicho enfrentamiento simulado se prolongó hasta las 22:45 horas del mismo día.
Este mismo jueves 15 de septiembre de 2016, hacia las 22:20 horas, cinco sujetos portando
armas largas y vistiendo prendas militares, cruzaron el asentamiento comunitario de la
Comunidad de Paz en San Josecito. Los sujetos venían desde San José por toda la carretera
que conduce a Apartadó y a la altura de San Josecito retuvieron por varios minutos a un
miembro de la Comunidad de Paz, al cual le apuntaron con sus fusiles obligándolo a arro-
dillarse e impidiendo que les mirara a la cara, argumentando que eran paramilitares. Des-
pués de varios minutos lo dejaron libre y los sujetos continuaron su recorrido sobre la ca-
rretera hacia Apartadó. Horas más tarde, subieron vehículos con tropas militares hacia San
José.
El viernes 16 de septiembre de 2016, en horas de la mañana, hicieron presencia en el casco
urbano de San José autoridades civiles y militares, supuestamente con el objetivo de eva-
luar la situación. Según versión de varios civiles que participaron de dicha reunión, tanto
la policía como el ejército se enfurecieron por las declaraciones de los pobladores que seña-
laron a los paramilitares como los responsables de dicha incursión armada, pues según la
versión de los mandos militares esa acción armada fue responsabilidad de las Farc. Que-
daba muy claro que lo que se pretendía aquí era simular combates e incursiones que gene-
ren terror y zozobra a la población civil, que luego son atribuidos a cualquier actor arma-
do, con el único propósito de justificar la militarización y paramilitarizacion de la región.
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Lo peor aún es involucrar en estos escenarios de guerra a la población civil al motivarlos a
que pidan la presencia de un actor armado que persiga y elimine al otro.
El Sábado 24 de septiembre de 2016, en horas de la mañana, un grupo de paramilitares
fuertemente armados ingresaron a varias viviendas en la vereda La Hoz del Corregimien-
to de San José de Apartado, allí procedieron a golpear a tres reconocidos campesinos, los
tiraron al suelo, les golpearon a patadas, les amenazaron con armas de fuego y les insulta-
ron gravemente, afirmando que tenían órdenes para asesinar a quien les diera la gana,
obligándoles a guardar silencio. En dicha incursión paramilitar anunciaron que van en
búsqueda de varias personas de la región, de los cuales tres son miembros de la Comuni-
dad de Paz; que de esa Comunidad de Paz van a asesinar a tres o cuatro personas y que
con ello la gente se dará cuenta quién es el que manda en la región. Con tono desafiante y
amenazante después de varias horas continuaron su recorrido con dirección a la Vereda
Mulatos del Corregimiento de San José, no sin antes anunciar que por Arenas Bajas subía
otro grupo de paramilitares.
El miércoles 28 de septiembre de 2016, hacia las 09:00 horas, en la vereda Arenas Bajas, en
el paraje conocido como La Máquina, fue visto un grupo de paramilitares, los cuales anun-
ciaron que van a tomarse el corregimiento de San José y sus veredas, que tienen luz verde
para ello, anunciando que a quien no le guste pues que se vaya de la región. Después de
ello continuaron su ruta hacia Arenas Altas.
En las últimas semanas de septiembre de 2016 se ha tenido conocimiento de que en la
vereda Arenas Bajas se ha detectado la presencia de tropas militares que se mueven junto
a las tropas y contingentes paramilitares, convirtiéndose así este accionar conjunto en
amenaza para quien se atreva a denunciar, pues se le da el mensaje a las víctimas de que si
denuncian, dichas denuncias irán a oídos de los paramilitares, pues conviven en el mismo
territorio.
El viernes 30 de septiembre de 2016, la Comunidad de Paz tuvo información de que había
sido asesinado con arma de fuego un reconocido comerciante de productos agrícolas de
San José, el cual vivía en Apartadó, por dos sujetos motorizados y armados, quienes lo
abordaron y sin mediar palabras le propinaron varios impactos de bala. Dejó dos huérfa-
nos que acaban de nacer y la madre viuda.
El mismo viernes 30 de septiembre de 2016, algunos pobladores de la vereda Mulatos
abordaron a miembros de la Comunidad de Paz y les exigieron que la Comunidad aban-
done lo más pronto posible el asentamiento comunitario que ha construido en la Aldea de
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Paz, “Luis Eduardo Guerra”, argumentando que la Alcaldía de Apartadó tiene muchos pro-
yectos para la región. Preocupa que los proyectos estatales vienen acompañados por fuerte
presencia paramilitar que siembra terror y zozobra en la región. Nada nuevo, pues antes
han construido casas y carreteras clandestinas en el corregimiento con el apoyo de los go-
biernos locales y financiados por los paramilitares.
El sábado 1 de octubre de 2016, varios campesinos se quejaron de la presencia militar des-
de hace varios días en la vereda Buenos Aires, del corregimiento de San José, junto a la
escuelita de la vereda; allí los agentes del Estado se han acantonado en los cultivos de ca-
cao, los cuales han dañado e impiden que los agricultores transiten o realicen trabajos
agrícolas allí; de igual forma, en una de las viviendas los militares entraron y se llevaron
productos de abarrote, sustento de la familia.
El lunes 3 de octubre de 2016, hacia las 9:00 horas un grupo de paramilitares hizo presen-
cia en el sector de Cantarrana, paraje de la vereda Mulatos Medio del Corregimiento de
San José. Este mismo contingente paramilitar recorrió varios sitios de dicha vereda, acam-
pando posteriormente en la vivienda de Rubi Arteaga, integrante del Consejo Interno de la
Comunidad de Paz en el sector de El Barro, en la misma vereda. Ni Rubi Arteaga ni su
familia se encontraban en la vivienda en el momento de la incursión. Al parecer este mis-
mo contingente paramilitar es el que el día sábado 24 de septiembre de 2016 hizo presen-
cia en la vereda La Hoz, donde torturaron a tres campesinos de la vereda. La presencia
paramilitar precisamente en la vivienda de una líder de la Comunidad preocupa, sobre
todo si se tienen en cuenta las amenazas contra la Comunidad de Paz por parte de este
grupo armado, brazo clandestino del Estado Colombiano. Dicha amenaza paramilitar blo-
queó a más de 70 miembros de la Comunidad de Paz y a acompañantes internacionales,
quienes ese día se dirigían hacia San José desde la vereda Mulatos, obligándoles a perma-
necer confinados hasta el día siguiente en la Aldea de Paz en Mulatos Medio.
El martes 4 de octubre de 2016, el contingente paramilitar que se mantuvo durante el
día lunes 3 de octubre 2016 en la vereda Mulatos, hizo presencia en la vereda La Esperan-
za y se dirigieron luego hacia la vereda Playa Larga, donde tienen varias propiedades y
campamentos.
El miércoles 5 de octubre de 2016, en horas de la mañana, a través de los medios radiales
locales, las autoridades civiles y de la fuerza pública de la región, en un acto desvergonza-
do se atrevieron a afirmar que habían estado en la vereda de Rodoxalí y no habían encon-
trado paramilitares y que al entrevistar a los pobladores, éstos manifestaron no haber visto
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a grupos armados. Es obvio que nadie que ha recibido casas, dinero y ganado de los pa-
ramilitares y que además viva en una zona controlada por ellos, se atreva a denunciarlos.
El jueves 6 de octubre de 2016, la Comunidad de Paz fue informada de las amenazas que
ha proferido en varias ocasiones el traficante de droga Luis Adán Rivera contra dos miem-
bros de la Comunidad, anunciando que algún día él va a salir de la cárcel y que cuando
eso suceda va a asesinar a Gildardo Tuberquia y a Roviro López, ambos, miembros del
Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Luis Adán es un individuo que en dos ocasiones
fue abordado por miembros de la Comunidad para exigirle respeto a los espacios comuni-
tarios, a lo que él se rehusó y al contrario profirió amenazas en distintas ocasiones contra
la comunidad.
El jueves 06 de octubre de 2016, un grupo de militares se estacionó en los cultivos de pan
coger de miembros de las familias de la Comunidad en la vereda la Unión, allí permane-
cieron por dos días, dañaron cultivos y destruyeron árboles de cacao y sus productos, en
un claro abuso y violación al derecho de sobrevivencia que ha generado la Comunidad de
Paz en sus espacios de vida y trabajo. La fuerza pública de nuevo se le ve en su intento por
debilitar y destruir los cultivos y cosechas que las familias de la Comunidad han logrado
en la Unión, pues, este espacio es una de los retornos Comunitarios que conservamos des-
de hace ya 18 años.
El sábado 8 de octubre de 2016, un grupo de paramilitares acampó en la vereda Arenas
Bajas, en la propiedad Comunitaria de familias de la Comunidad de Paz allí.
El martes 11 de octubre de 2016, la Comunidad de Paz, realizó una misión humanitaria
para rescatar a las familias de la Comunidad de Paz que se encontraban confinadas desde
el pasado sábado 8 de octubre de 2016, en la vereda Arenas Bajas. Hacia las 17:00 horas, la
Comunidad acompañada de dos organizaciones internacionales, llegó a Arenas Bajas. Allí,
logró una vez más comprobar la reiterada presencia paramilitar en sus espacios, pues se
habían tomado y acampado en la vivienda de un miembro de la Comunidad; los cultivos
de pan coger estaban convertidos en trincheras y campamentos paramilitares. Por varios
minutos se sostuvo una acalorada discusión con los paramilitares, al momento de exigirles
que desocuparan esos espacios de vida. Los paramilitares de nuevo reiteran que no se van
a ir de la zona, pues su principal objetivo es quedarse en los territorios.
El miércoles 12 de octubre de 2016, en el sitio conocido como Pelahuevo, paraje de la vere-
da Arenas Altas, miembros de la Comunidad fueron impedidos de realizar trabajos agríco-
las por tropas militares que se encontraban acampadas en los terrenos y cultivos comuni-
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tarios en dicha vereda. Allí, los militares afirmaron que ellos son conscientes de la presen-
cia paramilitar en la región, pero que ellos no van a hacer nada, pues “toda denuncia que
realice esa HP de Comunidad de Paz, la van a tergiversar ante la opinión pública y comunidad in-
ternacional como “montajes de la Comunidad de Paz”. Estas afirmaciones de las institucio-
nes del Estado no sorprenden, pues ya hace años se graduaron en ese campo de la desin-
formación. El Estado desafía la Constitución y la Ley y acude a la ilegalidad al proteger a
los paramilitares, pues ya por más de 30 días hacen presencia permanente entre las vere-
das Arenas Altas y Arenas Bajas, sin que a la fecha se haya realizado acción alguna para
evitar riesgos contra la población civil.
El miércoles 12 de octubre de 2016, la Comunidad tuvo conocimiento de que un grupo de
paramilitares que venía de la vereda Arenas Bajas llegó hasta la vereda La Unión con in-
tención de asesinar a Reinaldo Areiza, pero él no se encontraba en la vivienda al momento.
En días posteriores paramilitares residentes en el poblado de Nuevo Antioquia confirma-
ron que habían buscado a Reinado en La Unión para asesinarlo y no lo habían encontrado.
El viernes 15 de octubre de 2016, la Comunidad tuvo conocimiento, a través de campesi-
nos de la región, quienes fueron testigos presenciales, de que se han dado varios encuen-
tros entre militares y paramilitares en el sector conocido como La Máquina, entre las vere-
das de Arenas Bajas y Arenas Altas, compartiendo informaciones e instrucciones mutuas.
El martes 18 de octubre de 2016, hacia las 7:00 horas y por espacio de 10 horas, un contin-
gente del ejército de aproximadamente 100 hombres hizo presencia en las propiedades
privadas de la Comunidad de Paz en la vereda de Arenas Altas, particularmente en la es-
cuela donde cocinaron sin permiso alguno, y al retirarse dejaron allí un chaleco militar, un
teléfono celular y material bélico, proveedores con sus respectivas municiones, tres calce-
tines con abundante munición para arma de largo alcance y una camisa militar. Todo que-
dó registrado en videos y fotografías por parte de la Comunidad de Paz. Este mismo día
varios miembros de la Comunidad observaron a un grupo al parecer de militares, con ca-
racterísticas y presentación similares a paramilitares que descendía por el camino de Are-
nas Altas y se dirigía hacia el caserío de San José, donde hay fuerte presencia militar y po-
licial, luego fueron vistos regresar al mismo sitio. Todo muestra que habían estado en cer-
canía y coordinación con el ejército, probablemente recibiendo armamentos y/o vituallas.
Este mismo martes 18 de octubre de 2016, hacia las 7:00 horas, varios pobladores de la
vereda Arenas Altas escucharon dos disparos de arma larga procedentes de un campa-
mento militar en dicha vereda, posteriormente campesinos de la vereda fueron abordados
por dos sujetos vistiendo botas y pantalón militar a quienes preguntaron por el camino
188
que les conducía hacia la vereda Los Mandarinos sector La Máquina, área donde perma-
nentemente hay presencia de contingentes paramilitares.
El miércoles 19 de octubre de 2016, hacia las 10:30 horas miembros de la Comunidad de
Paz, procedieron a retirar y enterrar el material bélico dejado por el ejército en la escuela
de Arenas Altas el pasado martes 18 de octubre de 2016, pues los niños de dicha escuela
manipulaban dicho material de guerra al ser dejado por los militares allí, estos hechos fue-
ron puestos en conocimiento de organismos nacionales e internacionales.
El mismo miércoles 19 de octubre de 2016, hacia las 15:00 horas, un grupo de militares
nuevamente ingresó al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Altas,
se mantuvieron por espacio de dos horas y posteriormente se retiraron del sitio por insis-
tencia de los miembros locales de la Comunidad de Paz.
El jueves 20 de octubre de 2016, hacia las 7:20 horas, una comisión humanitaria integrada
por miembros de la Comunidad de Paz, arribó a la vereda Arenas Altas para conocer de
primera mano la situación de orden público que se presentó en los últimos días allí. Al
llegar fueron inmediatamente abordados por las tropas militares acantonadas en dicho
asentamiento comunitario, los cuales en forma airada profirieron amenazas contra los
miembros de la Comunidad de Paz allí presentes, afirmando, entre otras cosas, que ellos
portaban fusiles y armas diseñadas sólo para matar y que las utilizarían en cualquier mo-
mento. Todas estas amenazas quedaron registradas y filmadas por la Comunidad.
Este mismo jueves 20 de octubre de 2016, hacia las 16:00 horas, otra comisión humanitaria
integrada por miembros de la Comunidad de Paz y la Defensoría del Pueblo, hizo presen-
cia en la vereda Arenas Altas con el fin de colocar en conocimiento de la Defensoría del
Pueblo el arsenal de guerra dejado por tropas militares y hallados por niños y niñas de la
escuela del asentamiento Comunitario. La Comunidad de Paz espera entregar dicho arse-
nal de guerra dejado por los militares sólo a alguna organización internacional que garan-
ticen la deshabilitación o destrucción de dicho material bélico en cuanto armas de destruc-
ción humana, insistiendo en que la Comunidad ha sufrido ya más de tres centenares de
muertes violentas por armas letales del Estado, fuera de otras formas de horribles de vio-
lencia que se apoya en esas mismas armas.
El sábado 22 de octubre de 2016, varias instituciones del Estado, entre ellas la comandan-
cia de la Brigada XVII del Ejército Nacional en cabeza del Coronel José Antonio Dangón,
comandante de dicha Brigada Militar, del Alcalde Municipal Eliécer Arteaga y de un gru-
po de periodistas, hicieron presencia en el casco urbano de San José, donde mediante show
189
mediático se permitieron inaugurar supuestamente el mantenimiento a la vía carreteable
entre Apartadó y el casco urbano de San José, mantenimiento que ha durado escasamente
una semana, pues la vía está peor. Semejante show preparado con gran despliegue fue
divulgado y ocupó las primeras páginas de los medios y de las noticias radiales de la re-
gión para tapar, silenciar y desviar la atención que generaban los hechos acaecidos contra
la comunidad en la vereda Arenas Altas, donde las tropas militares abandonaron un arse-
nal bélico, quién sabe con qué intención, junto a la escuela veredal y a las viviendas comu-
nitarias de las familias campesinas.
En las últimas semanas de octubre de 2016 y primera de noviembre de 2016, varios pobla-
dores del corregimiento de San José que han caminado entre la vereda la Esperanza y el
poblado de Nuevo Antioquia (jurisdicción de Turbo), han sido abordados por paramilita-
res quienes con lista en mano han preguntado por el paradero de varios civiles de la re-
gión. Uno de esos casos sucedió con el señor Wber Areiza, a quien lo abordaron y le pre-
guntaron por su hermano REINALDO AREIZA, afirmando que irán por él adonde sea
necesario para asesinarlo; de igual forma, los armados le manifestaron que lo conocían
muy bien, que sabían que él era hermano de una mujer que ellos habían asesinado en el
2005 en Mulatos, que lo sabían todo, que inclusive sabían que ya el Estado había pagado a
las víctimas de esa masacre. Estas afirmaciones de paramilitares muestran la cercanía y la
unidad de acción de estos con agentes del Estado, a los cuales el Estado protege para luego
camuflarse y delinquir.
El jueves 10 de noviembre de 2016, un grupo de paramilitares hizo presencia en el asen-
tamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Bajas, allí destruyeron varias vallas
y a otras les borraron las letras de la Comunidad de Paz y las remplazaron por anuncios y
mensajes alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC- y del Bloque Juan de Dios
Úsuga, manifestando que vinieron para quedarse.
El sábado 26 y domingo 27 de noviembre de 2016, las instituciones del Estado organiza-
ron actividades supuestamente de integración de la población civil del Corregimiento de
San José en el casco urbano, allí y en medio de dichas actividades de integración se vio la
presencia de varios reconocidos paramilitares que departían tranquilamente con miem-
bros de la fuerza pública.
El martes 29 de noviembre de 2016, hacia las 17:40 horas, en el sitio conocido como Cruz
de Hueso, entre las veredas La Esperanza, Playa Larga y Rodoxalí, del corregimiento de
San José, se presentó un fuerte tiroteo y la detonación de artefactos explosivos, por espacio
190
de varios minutos. En dicho paraje, los paramilitares se mueven constantemente con el
aval de la fuerza pública quienes en los últimos días han hecho presencia en dicha zona.
El miércoles 30 de noviembre de 2016, hacia las 10:00 horas, cinco personas quienes se
hacen llamar miembros de la Junta de Acción Comunal de Mulatos Medio, irrumpieron
agresivamente en una propiedad privada de la Comunidad de Paz y donde además fun-
ciona el asentamiento comunitario “Aldea de Paz, Luis Eduardo Guerra” en la vereda Mu-
latos Medio, con el argumento de que tienen todo el aval de instituciones del Estado, como
es la Alcaldía de Apartado, la SAMA, entre otras instituciones, para ingresar al espacio y
desarrollar los proyectos del Estado en dicho lugar, pues tienen todo el afán, ya que si no
el gobierno local no les adjudicaría los proyectos y por ende los perderían. Es pues bajo
este argumento y chantaje con el que ahora el Estado pretende una vez más exterminar un
proyecto de vida como es el de la Comunidad de Paz, aliándose con el proyecto paramili-
tar que construye carreteras y viviendas ilegalmente a la vista de todas las instituciones de
control que patrocinan este accionar.
El jueves 01 de diciembre de 2016, hacia las 11:40 horas, dos miembros de la Comunidad
de Paz, entre ellos Arley Tuberquia, miembro de Consejo Interno de la Comunidad de Paz,
fueron abordados, a la altura del barrio Mangolo, en la ciudad de Apartadó, por dos suje-
tos que se movilizaban en motocicleta de alto cilindraje quienes se identificaron como pa-
ramilitares y quienes portando armas de fuego con las cuales amenazaron e intimidaron a
los miembros de la Comunidad de Paz señalándolos de guerrilleros HP a quienes se debía
matar sin compasión. Al instante procedieron a requisarlos y a hurtarles dinero que tenía
como destino el pago de productos agrícolas de las familias de la Comunidad de Paz,
anunciando que no dejarían continuar esa HP de Comunidad guerrillera. Todo esto suce-
dió en medio y en presencia de varios transeúntes quienes presenciaron estos hechos de
persecución, señalamiento y estigmatización contra la Comunidad de Paz e impidieron un
desenlace lamentable. Los sujetos huyeron no sin antes advertir que no se denunciara na-
da o se atendrían a las consecuencias.
Este mismo jueves 1 de diciembre de 2016, Edwin Arteaga, miembro de la Comunidad de
Paz, se dirigió a la estación de policía para colocar la denuncia de pérdida de las llaves de
su vehículo de propiedad durante el atentado, pero fue inmediatamente detenido y seña-
lado de sospechoso por los agentes de la Policía y amenazado con 6 años de cárcel. Increí-
ble! A las víctimas se les considerada como los principales victimarios y criminales por las
instituciones del Estado.
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El jueves 01 de diciembre de 2016, hacia las 17:30 horas, fue puesto en libertad Edwin
Arteaga, miembro de la Comunidad de Paz, después de haber sido sometido por más de 3
horas a chantajes, insultos y amenazas por parte de agentes de la SIJIN y de la Policía de la
Estación de Policía principal de Apartadó. Una vez más se evidencia la crueldad y la tira-
nía con que se trata a un miembro de la Comunidad, como es el caso de Edwin Arteaga,
después de sufrir un atentado contra su vida por parte de paramilitares hacia las 11:40
horas de ese mismo día, y quien había acudido a la Estación para dejar constancia de la
pérdida de los documentos y las llaves del vehículo (moto) que conducía.
El viernes 2 de diciembre de 2016, hacia las 16:00 horas, en el asentamiento de la Comu-
nidad de Paz en San Josecito, varios agentes de la Estación de Policía del casco urbano de
San José hicieron presencia por varios minutos sobre el asentamiento, allí tomaron fotogra-
fías a miembros de la comunidad, al ser increpados por la comunidad manifestaron que
venían buscando a los líderes, y con tono desafiante manifestaron que precisamente esta-
ban allí para ver si algún líder de la comunidad saldría a pedirles que se retiraran. Minutos
más tarde se regresaron hacia San José.
El viernes 2 y el sábado 3 de diciembre de 2016, hacia las 2:00 horas de la madrugada dos
hombres desconocidos en motocicletas incursionaron en el asentamiento de San Josecito e
hicieron varias rondas alrededor del mismo sembrando intenso temor en los pobladores
integrantes de la Comunidad de Paz.
El viernes 9 de diciembre de 2016, algunos integrantes de la Junta Comunal de la vereda
Mulatos Medio irrumpieron en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, y sin mediar permi-
so alguno de sus pobladores realizaron una reunión dentro del predio de la Aldea, la cual
se prolongó entre las 10 a.m. y las 4 p.m. , durante la cual insistieron en arrebatarle ese
predio a la Comunidad de Paz, alegando que la Alcaldía de Apartadó y el gobierno les
están haciendo donaciones de sillas, implementos de cocina para una escuela y otros ense-
res para que los coloquen en el predio de la Comunidad de Paz y se apoderen del mismo.
Si bien varios de los asistentes a dicha reunión revelaron que fueron presionados por tres
miembros de la Junta para hacer presencia allí, o de lo contrario tendrían que abandonar la
zona, las tres únicas personas que llevaron la vocería alegaban tener derechos antiguos
sobre ese predio, mientras es de público conocimiento que llevan pocos años en la zona. La
Comunidad de Paz percibe allí una perversa estrategia del gobierno de utilizar a unos po-
cos miembros de la Junta Comunal para despojarla de uno de los sitios más sagrados,
donde fue sacrificado el líder histórico Luis Eduardo Guerra, y del cual la Comunidad ha
tenido posesión pacifica durante más de 10 años, ejerciendo un dominio en construcciones,
sitios de memoria y proyectos ecológicos comunitarios.
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El viernes 16 de diciembre de 2016, miembros de la policía nacional presentes en un retén
ubicado en cercanías de Santa Fe de Antioquia, subieron al bus donde viajaban dos miem-
bros de la Comunidad de Paz, entre ellos el Representante Legal de la misma, y los filma-
ron, en flagrante violación de las normas que amparan el derecho a la intimidad, refren-
dado por varias sentencias de la Corte Constitucional.
El sábado 17 de diciembre de 2016, en el Filo de los Arteagas, ubicado en la vereda La
Esperanza de San José de Apartadó, hizo presencia un grupo de paramilitares en trajes de
camuflaje y con armas largas. Preguntaron por algunos pobladores y muy insistentemente
por Cristóbal Mesa, quien ha sido amenazado de muerte repetidas veces por ellos y con-
minado a abandonar la región. Los paramilitares estaban ejerciendo un control territorial,
pues han afirmado que ellos son la autoridad en la zona y que están limpiando la región,
de modo que el que no se someta a ellos debe irse de allí o va a ser “borrado y tirado al piso”.
El sábado 17 y el domingo 18 de diciembre de 2016, otro contingente paramilitar penetró
en la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó, en actitud de control territorial, advir-
tiendo a los pobladores que ellos son la autoridad y que todos deben someterse a ellos; que
quien no lo haga debe abandonar la región o será ¨borrado y tirado al piso¨.
El miércoles 21 de diciembre de 2016, hacia las 11:10 horas, en el sitio conocido como Tie-
rra Amarilla, entre Apartado y San José, dos sujetos vestidos de civil y portando arma cor-
ta interceptaron a un reconocido campesino de San José quien se movilizaba en motocicle-
ta, allí le preguntaron que si tenía vínculos con la Comunidad de Paz, al contestar que no,
le advirtieron que más le valía no vincularse a ella, de lo contrario no respondían por él.
El jueves 22 de diciembre de 2016, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda
La Hoz del corregimiento de San José de Apartadó y anunció que próximamente irán a la
Aldea de Paz de la Comunidad en la vereda Mulatos Medio y buscarán a Gildardo Tuber-
quia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, a quien pretenden amarrar y
llevárselo de la región.
El sábado 31 de diciembre de 2016 un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda
Arenas Altas, en el asentamiento de la Comunidad de Paz, y anunciaron que no se van a
retirar de la zona, les guste o no les guste a “los de esa h. p. de comunidad de paz”.
193
2017
El martes 3 de enero de 2017 un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda Mula-
tos Medio, en un predio colindante con la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, allí se les
vio departiendo largamente con uno de los líderes que está impulsando la toma de la Al-
dea de Paz por parte de miembros de la Acción Comunal para implementar allí proyectos
que el gobierno les ha prometido.
El miércoles 4 de enero de 2017, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda
Arenas Altas, en el asentamiento de la Comunidad de Paz.
Los días domingo 8 y lunes 9 de enero de 2017, fueron vistos reconocidos paramilitares en
el caserío de San José y en el estadero de Caracolí. En San José departían a vista de todo el
mundo con la fuerza pública.
El domingo 15 de enero de 2017, en las veredas La Unión, Buenos Aires, y Arenas Altas,
del corregimiento de San José de Apartadó, hubo presencia masiva de contingentes para-
militares fuertemente armados y con las insignias AGC. Han venido reuniendo a poblado-
res de la región advirtiéndoles que si no trabajan con ellos se tienen que ir de la zona o se
mueren.
El mismo domingo 15 de enero de 2017, en horas de la mañana, un grupo de paramilitares
fuertemente armados hizo presencia junto a las viviendas de la Comunidad de Paz en la
vereda la Unión, allí procedieron a amenazar de muerte a dos miembros de la Comuni-
dad, si la Comunidad se negaba a trabajar con ellos.
El lunes 16 de enero de 2017, un grupo paramilitar fuertemente armado hizo presencia en
la vereda las Claras del Corregimiento de San José, allí reunieron a varias personas anun-
ciándoles que estaban obligadas a trabajar con ellos. Este mismo día los paramilitares lle-
garon junto a la base militar de san José y allí se les vio conversando amigablemente con
los militares acantonados en dicha base.
Precisamente este mismo día lunes 16 de enero de 2017, en la página Web del Comando
General de las Fuerzas Militares se afirmaba, con enorme capacidad de descaro y de men-
tira, que la Comunidad de Paz está trabajando en conjunto con las fuerzas militares y que
194
ya no pone denuncias, afirmaciones ambas totalmente falsas y malintencionadas. Se afir-
maba incluso que líderes de la Comunidad de Paz se reunían con los mayores asesinos que
ha tenido la región de Urabá, algo que jamás ha hecho, mucho menos con sus verdugos.
[Ver:http://cgfm.mil.co/-/ejercito-y-comunidad-de-san-jose-de-apartado-trabajando-por-la-
seguridad-de-la-region]
El martes 17 de enero de 2017, un grupo de paramilitares llegó a la vivienda de varios
miembros de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Altas, advirtiendo que si la Co-
munidad de Paz no se quedaba callada asesinarían a sus líderes y por consiguiente la ex-
terminarían; que el plan ya estaba cantado.
Este mismo martes 17 de enero de 2017, en la vereda la Esperanza, varios paramilitares
llegaron a la vivienda de REINALDO AREIZA, por quien preguntaron advirtiendo que
iban por la cabeza de él, afortunadamente Areiza había salido de su vivienda el día ante-
rior.
El martes 17 de enero de 2017, la fuerza pública en unión con los paramilitares realizaron
un evento de integración social y de apertura en la vereda la Esperanza donde advirtieron
que el desarrollo llegó y a esa hp Comunidad de Paz le había llegado su fin, al anunciar que con-
tinuarán con la construcción de la carretera que los paramilitares ya habían iniciado dos
años antes; que ahora unidos terminarían dicha carretera, que además es ilegal. Dicen que
la van a pasar por los predios de la Comunidad de Paz en dicha vereda, “les guste o no a los
integrantes de la Comunidad”.
El jueves 19 de enero de 2017, un grupo de paramilitares llegó a la vereda La Resbalosa,
allí anunciaron que tenían el control de todas las veredas, que sólo faltaban los asentamientos de
esa hp de comunidad. Que tenían luz verde para dar de baja a esa hp comunidad si no se sometía a
ellos. Allí anunciaron, además, que no van a admitir a informantes o sapos de ninguna cla-
se; que van a colocar sus propios informantes para vigilar a la población civil y van a en-
trar a la Aldea de Paz de Mulatos por encima de quien sea. Este mismo día hubo presencia
de contingentes paramilitares en las veredas La Hoz y Rodoxalí, donde además hacían
presencia jefes paramilitares quienes lideraron las reuniones con las distintas juntas de las
veredas.
Este mismo jueves 19 de enero de 2017, un grupo de paramilitares hizo presencia en las
propiedades vecinas de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Me-
dio.
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El viernes 20 de enero de 2017, un grupo de 5 reconocidos paramilitares vestidos de civil y
portando armas subieron desde Nuevo Antioquia a la vereda la Esperanza, allí, de nuevo
procuraron ingresar a la vivienda de REINALDO AREIZA quien no se encontraba en la
vivienda.
El domingo 22 de enero de 2017, hacia las 7:00 horas, un grupo de paramilitares hizo pre-
sencia en la vereda la Esperanza, en la propiedad de REINALDO AREIZA, al no encon-
trar a Reinaldo, anunciaron que no van admitir en la zona a ningún sapo y el que no cola-
bore con ellos o se va o se muere, que ellos son la autoridad en la región, pues han recibido
aval de la fuerza pública, con quienes ya están desarrollando proyectos conjuntos y lo ha-
rán por encima de quien sea. Los paramilitares mantuvieron retenida a la FAMILIA MU-
ÑOZ durante varias horas bajo chantaje y amenazas, donde además exhibieron una lista
de personas con quien según ellos tienen cuentas por arreglar, entre ellos miembros de la
Comunidad de Paz a quienes ya se les ha advertido.
Este mismo domingo 22 de enero de 2017, hacia las 15:00 horas un contingente paramilitar
hizo presencia en la vereda Mulatos Medio, en el paraje de la cancha deportiva de la vere-
da. Nuevamente los paramilitares anuncian que no quieren sapos en la región, que no van
a permitir en la zona a quienes informen a esa HP de comunidad las acciones que ellos
adelantan en la región. Según los paramilitares han programado una reunión de coman-
dantes paramilitares en la vereda La Esperanza, para ultimar detalles de las líneas a traba-
jar en la región, tanto en lo político, militar, económico y el control social que han acorda-
do con la fuerza pública.
El lunes 23 de enero de 2017, en la vereda La Hoz del Corregimiento de San José de Apar-
tadó paramilitares violaron a una menor de edad, la cual se encontraba en su vivienda
familiar, allí los paramilitares la amenazaron con asesinarla si los denunciaba.
El viernes 27 de enero de 2017, hacia las 6:00 horas en la vereda Mulatos Medio un grupo
paramilitar hizo presencia en la vivienda de Diana Guisao, a quien amenazaron de muerte
por ser familiar de miembros de la Comunidad de Paz, allí le mostraron una lista de per-
sonas para asesinar en las que se encontraban miembros de la Comunidad de Paz de la
Aldea de Paz ``Luis Eduardo Guerra`` en la vereda Mulatos.
Este mismo viernes 27 de enero de 2017, hacia las 8:00 horas y por más de una hora, un
contingente paramilitar incursionó en la Aldea de Paz ``Luis Eduardo Guerra``, asenta-
miento de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos. Los paramilitares procedieron a
fotografiar a miembros de la Comunidad, anunciando que se dará muerte a los sapos y
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que la población civil está obligada a aceptar su presencia en la zona, además anunciaron
que están haciendo un trabajo de infiltración y de rompimiento de la relación y confianza
que existe entre la población civil de la región y la Comunidad de Paz. La ira de los para-
militares se reflejó al manifestar que ellos tenían fusiles y arsenal de guerra para humillar
a las familias de la Comunidad hasta reducirlos al polvo. Esta incursión paramilitar se dio
en presencia de acompañantes internacionales quienes se encontraban en el sitio al mo-
mento de los hechos.
El domingo 28 de enero de 2017, cinco paramilitares ingresaron a la propiedad privada de
la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, allí retuvieron a dos miembros de la
Comunidad de Paz por varios minutos anunciando que no van a admitir a sapos en la re-
gión y conminándoles a abandonar la Comunidad de Paz. Según información de poblado-
res de dicha vereda, los paramilitares han subido remesas para los paramilitares que hacen
presencia en la zona. Dicha remesa proviene del casco urbano de Nuevo Antioquia donde
hay presencia de la fuerza pública, pero allí nadie ve, nadie oye o dice nada sobre las can-
tidades de remesas que suben por allí en las recuas de mulas a los paramilitares.
La Comunidad de Paz, la población civil de la región y la presencia de las distintas orga-
nizaciones internacionales que acompañan, han sido testigos de la invasión e incursión y
amenaza paramilitar en las últimas semanas en veredas del Corregimiento de San José y
en los espacios de vida y trabajo comunitario. El gobierno aún se mantiene sordo y mudo
ante el clamor internacional por la barbarie a la que es sometida la Comunidad y la pobla-
ción campesina por sus agentes.
El sábado 28 de enero de 2017, en horas de la tarde, una comisión humanitaria integrada
por miembros de la Comunidad de Paz y acompañantes internacionales al momento que
se trasladaban entre Mulatos y San Josecito, fueron sorprendidos por un grupo de parami-
litares acantonados en el filo de Chontalito, al percatarse de la presencia internacional in-
tentaron esconderse entre la manigua.
El martes 31 de enero de 2017, un grupo de paramilitares que vienen haciendo presencia
en las veredas Mulatos y la Resbalosa, han ingresado a varias viviendas de los campesinos,
donde se han robado gallinas, ropas y los víveres de abarrote sustento de las familias
campesinas.
El miércoles 1 de febrero de 2017, hacia las 17:20 horas en la vereda Mulatos en el paraje
de El Barro, una comisión humanitaria integrada por miembros de la Comunidad de Paz y
acompañados por organizaciones internacionales, en el momento en que se trasladaba a la
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vereda Mulatos fue sorprendida por un grupo de paramilitares acantonados en el sitio. El
grupo de paramilitares fueron sorprendidos encapuchados, camuflados, portando armas
largas y con las insignias AGC.
Este mismo miércoles 1 de febrero de 2017, hacia las 19:00 horas, un grupo de paramilita-
res irrumpió en la Aldea de Paz ‘’Luis Eduardo Guerra’’, propiedad privada de la Comu-
nidad. Los sujetos manifestaron que tienen orden para pasar por donde les de la hp gana.
Después de varios minutos, los sujetos se retiraron al percatarse de la presencia interna-
cional en el sitio, no sin antes advertir que esos sapos hp miembros de la comunidad serán
asesinados.
Este mismo miércoles 1 de febrero de 2017, a las 12:00 horas, tres sujetos motorizados y
portando armas cortas, ingresaron al asentamiento de San Josecito, averiguando por el
líder comunitario del lugar, al percatarse que no estaba, los sujetos se retiraron.
El jueves 2 de febrero de 2017, hacia las 5:00 horas, en la vereda Mulatos, un grupo de
paramilitares ingresó a la vivienda del campesino de nombre Wilmar a quien amenazaron
de muerte.
Este mismo jueves 2 de febrero de 2017, hacia las 9:00 horas un contingente paramilitar
incursionó en la Aldea de Paz, en la vereda Mulatos, allí mantuvieron a dos familias de la
comunidad retenidas por varios minutos a quienes amenazaron de muerte, anunciando
que a los gringos no los van a asesinar pero que a esa parranda de sapos de la comunidad
sí.
El mismo jueves 2 de febrero de 2017, varios paramilitares que vienen haciendo presencia
en la vereda Mulatos, en el corregimiento de San José de Apartadó, ingresaron a la vivien-
da de la joven Diana Guisao Hernández, a la cual amenazaron de muerte si los denunciaba
ante la Comunidad de Paz; bajo esta amenaza la mantuvieron durante dos días, sin dejarla
salir de la vivienda, pues dichos paramilitares durmieron en su vivienda.
El jueves 2 de febrero de 2017, en horas de la mañana, en la vereda Mulatos, un grupo
militar ingresó a la Aldea de Paz “Luis Eduardo Guerra”, a distancia de 800 metros tam-
bién un grupo de paramilitares, quedando las familias de la Comunidad de Paz en medio
y rodeadas por los peores criminales a los que la comunidad ha sobrevivido ya 20 años.
Testigos de la presencia militar/paramilitar, son las distintas organizaciones que acompa-
ñan en la Aldea de Paz, además de la Defensoría del Pueblo, la cual hacía presencia en el
sitio y advirtió a la Fuerza Pública de la presencia paramilitar a escasos metros, sin que
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ello en ningún modo generara alguna reacción inmediata por parte de los agentes del Es-
tado.
El viernes 3 de febrero de 2017, paramilitares que vienen haciendo presencia en la vereda
Mulatos, en los alrededores de la Aldea de Paz “Luis Eduardo Guerra”, se atrincheraron
en varias viviendas campesinas aledañas con el argumento de que si el ejército rompía los
acuerdos de amistad que tienen entre ellos y les hacían disparos, ellos no se iban a quedar
quietos, pues se armaría una balacera.
El sábado 4 de febrero de 2017, hacia las 6:30 horas, en la vereda Mulatos un grupo de
militares se acercó a la vivienda de Diana Guisao Hernández y allí capturó a un paramili-
tar con toda la dotación y camuflado; los demás sencillamente se fueron. Pero, si no exis-
ten paramilitares, según el Gobierno, entonces ¿cuál será el final de este sujeto retenido?, a
lo mejor en dos o tres días estará suelto.
Este mismo sábado 4 de febrero de 2017, en horas de la mañana dos helicópteros sobrevo-
laron a una altura mínima las viviendas de las familias en la Aldea de Paz, en la vereda
Mulatos; dicha situación creó un estado de pánico por el ruido escandaloso de los apara-
tos, pero además porque en esa misma área la presencia paramilitar aún permanecía.
Este mismo sábado 4 de febrero de 2017, en la vereda La Esperanza miembros de la Co-
munidad de Paz, acompañados por la Defensoría del Pueblo, constataron el arribo de una
recua de mulas cargadas de víveres y alimentos conducidos a los paramilitares. Dichas
cantidades tan enormes de comida transportadas hacia la vereda la Esperanza hacen pen-
sar que no son pocos los integrantes del grupo de paramilitares que viene azotando las
veredas, sino más bien contingentes paramilitares a los que la fuerza pública dejó de pres-
tarles atención y han hecho alianzas de amistad.
El domingo 5 de febrero de 2017, hacia las 12:00 horas, en la vereda Mulatos, en el paraje
El Barro, fue retenido ilegalmente German Graciano Posso, miembro y Representante Le-
gal de la Comunidad de Paz, por tropas militares al mando del CABO DE APELLIDO
DÍAZ, quien lo amenazó y lo retuvo por varios minutos bajo el argumento de que Gra-
ciano tenía orden de detención y se lo llevarían en helicóptero a la Brigada XVII del ejérci-
to nacional con sede en Carepa, Antioquia. Ante esta situación, miembros de la Comuni-
dad que acompañaban a Graciano protestaron por la detención ilegal, a lo que el Cabo
contestó que ese era su objetivo y las instrucciones que había recibido de los mandos y
superiores: perseguir a los miembros de la Comunidad; que a ellos no les interesaban los
paramilitares, pues trabajaban conjuntamente con ellos.
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El domingo 5 de febrero de 2017, en horas de la mañana se comprobó la presencia de un
grupo grande de paramilitares entre las veredas Arenas Bajas y Arenas Altas, pues ya
desde hacía varios días venían haciendo presencia en la vereda Arenas Bajas en el sector
conocido como La Máquina.
Ese mismo domingo 5 de febrero de 2017, hacia las 21:00 horas un grupo de paramilitares
hizo presencia en varias viviendas en la vereda el Cuchillo perteneciente al corregimiento
de San José, a tan solo pocos minutos de la base militar y la estación de policía ubicados en
el casco urbano de San José, allí los paramilitares, quienes se identificaron como las AGC
(Autodefensas Gaitanistas de Colombia), vistiendo prendas militares y portando armas
largas, anunciaron de nuevo que su presencia en la zona ya es notoria para el campesina-
do, el cual tendrá que someterse a las pretensiones de ellos; de igual forma anunciaron que
van a cobrar vacunas a todos los campesinos, a los que tienen reses, a los arrieros, a los
jornaleros y a los agricultores de cacao y quien no pague se tendrá que ir de la región o se
muere. Dichos anuncios ya se vienen cumpliendo, pues todos los comerciantes de ganado
en la región están obligados a pagar una vacuna de $50.000 pesos por cabeza de ganado
que mueva en el corregimiento de San José. Ante dichas amenazas varias familias de la
veredas han manifestado el deseo de irse de la región por temor a ser asesinados.
El lunes 6 de febrero de 2017, reconocidos paramilitares en Nuevo Antioquia, anunciaron
a varios pobladores de la región que ‘’alias 09’’, comandante paramilitar, había dado ór-
denes para acabar con la Comunidad de Paz ya que era su enemigo número uno; de igual
forma anunciaron la muerte del campesino de nombre EVER, residente en la vereda La
Hoz.
El martes 7 de febrero de 2017, en varios medios de comunicación radial regional el CO-
RONEL JOSÉ ANTONIO DANGÓN, comandante de la Brigada XVII del Ejercito Nacio-
nal, dio parte de los operativos que el ejército realiza en las veredas Mulatos y la Hoz del
corregimiento de San José, afirmando que no se ha encontrado indicio alguno de la pre-
sencia de grupos armados en esos lugares. Es tal el nivel de cinismo y descaro de quien
desempeña la comandancia de dicha brigada. Negar la evidente presencia paramilitar en
la región es recurrir a viejas prácticas de la brigada, pues en la época del General Rito Ale-
jo del Rio (1997-98) se negó una y otra vez el actuar paramilitar, mientras las masacres,
asesinatos, desapariciones, torturas e innumerables crímenes se cometían bajo el amparo y
protección de las fuerzas armadas y de las instancias judiciales que nunca han investigado.
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El miércoles 8 de febrero de 2017, tropas militares que vienen haciendo presencia en la
vereda Mulatos del Corregimiento de San José, las cuales han estado acampando en la
propiedad privada de miembros de la Comunidad de Paz en el sector conocido como El
Barro, han manifestado en reiteradas ocasiones que ‘’el campesinado tiene que aprender a
las buenas o a las malas a ver las cosas y a quedarse callados’’, refiriéndose a la presencia
paramilitar en la región y de nuevo las tropas militares afirmaron que no les importa la
presencia de los paramilitares, pues no los van a combatir.
Este mismo miércoles 8 de febrero de 2017, en la vereda Mulatos, miembros de la Comu-
nidad de Paz le exigieron a la tropa militar que se retirara de los sitios privados de la co-
munidad ya que ningún actor armado es protección para las familias de la Comunidad de
Paz, y menos tratándose de los mayores aliados del paramilitarismo en la región.
El jueves 9 de febrero de 2017, hacia las 14:00 dos paramilitares ingresaron a las viviendas
de familias de la comunidad en la vereda La Esperanza. Los dos sujetos vistiendo trajes
militares, portando armas largas y con brazaletes con insignias de las AGC, en forma aira-
da afirmaron que ‘’las familias de esa HP comunidad se metió en la grande al echarnos al
ejército en la vereda Mulatos’’, pues según ellos, los militares les habían comunicado que
estaban allí por el escándalo que la Comunidad de Paz había hecho y debido a ello tenían
que dar resultados, por esas razones detuvieron a un paramilitar. De igual forma afirma-
ron que esos HP de gringos (acompañantes internacionales) la estaban embarrando, pues
la presencia de ellos estaba impidiendo ejecutar un plan en el corregimiento de San José, y
agregaron: ‘’el día viernes 27 de enero del 2017, un gringo y una gringa nos sacaron de la
Aldea de Paz en Mulatos’’ y que lo único que a ellos les provocó fue ‘’darles un par de ti-
ros a cada uno de esos HP gringos’’.
El viernes 10 de febrero de 2017, hacia las 13:00 horas en la vereda La Esperanza, en el
predio de propiedad privada de la comunidad, ingresó un grupo de paramilitares de alre-
dedor de 40 hombres, los cuales han acampado a escasos metros de la vivienda de las fa-
milias de la Comunidad, anunciando allí que llegaron para quedarse pues la fuerza públi-
ca no los va a perseguir.
Este mismo viernes 10 de febrero de 2017, diez paramilitares hicieron presencia en espa-
cios Comunitarios en la vereda Arenas Altas, en el sitio conocido como Pelahuevo donde
de nuevo anunciaron que van a hacerle una visita a REINALDO AREIZA en la vereda La
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Unión y A OTROS TRES MIEMBROS LÍDERES DE LA COMUNIDAD DE PAZ, pues sus
cabezas les interesan mucho.
El mismo viernes 10 de febrero de 2017, hacia las 21:00 horas, un grupo de paramilitares
ingresó al asentamiento de la vereda la Unión, de la Comunidad de Paz, perteneciente al
corregimiento de San José. El grupo paramilitar ya había hecho presencia en varias vi-
viendas de la vereda El Cuchillo donde además amenazó a civiles obligándolos a pagar
vacunas o impuestos.
Este mismo viernes 10 de febrero de 2017, el presidente de la Junta de Acción Comunal de
la vereda Mulatos Medio, quien había convocado a reunión a pobladores de dicha vereda,
conminó a los participantes a tomarse la ‘’Aldea de Paz, Luis Eduardo Guerra’’ a la fuer-
za. A dicho presidente se le ha visto acudir públicamente, en por lo menos tres ocasiones, a
los comandantes paramilitares que han patrullado recientemente el territorio, hechos que
la misma comunidad pudo constatar.
El sábado 11 de febrero de 2017, hacia las 17:30 horas, una comisión humanitaria confor-
mada por miembros de la Comunidad de Paz y acompañada por organizaciones interna-
cionales, la cual se trasladaba desde varias veredas de la comunidad a la vereda La Espe-
ranza, fue testigo de la presencia paramilitar a escasos metros de las viviendas de la Co-
munidad en la vereda La Esperanza. Ya habían permanecido allí por más de tres días.
El domingo 12 de febrero de 2017, en horas de la madrugada, dos helicópteros sobrevola-
ron durante varios minutos el asentamiento comunitario de La Esperanza, no se sabe con
qué propósito. Más tarde tropas militares afirmarían que el propósito fue descargar tropas
en el lugar, pero debido al mal tiempo no fue posible, lo cual es totalmente falso, pues no
había lluvias ni neblina ni descargas eléctricas. Tal vez el propósito fue enviar una señal a
los paramilitares de que pronto desembarcarían tropas en el área.
El mismo domingo 12 de febrero de 2017, hacia las 10:00 horas, tropas militares al mando
del CAPITÁN MESA ingresaron arbitrariamente a la propiedad privada de la Comunidad
de Paz en la vereda La Esperanza y se instalaron allí. En dos ocasiones miembros de la
Comunidad exigieron el retiro de las tropas militares de la propiedad privada demandan-
do respeto y el no involucramiento en la guerra, pues su presencia, en lugar de proteger,
lleva a colocar a la población en riesgo ante otros actores armados. A dicha exigencia de la
Comunidad los uniformados, en tono arrogante, afirmaron que se irían cuando les diera
la gana; que la propiedad privada no la respetarían; que al contrario, militarizarían el área
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en los próximos días. Esta tropa militar cuyo objetivo supuestamente es perseguir a todo
actor armado ilegal, se ubica no solo en los espacios de vida y trabajo comunitario infrin-
giendo una de las normas esenciales de la Comunidad de Paz sustentadas en el Derecho
Internacional Humanitario, sino además, se instalan en los potreros y áreas que son visi-
bles desde grandes distancias y sus rutas son los senderos y caminos veredales. No es
creíble que con dicha operación vayan a encontrar indicios de la presencia de otros actores
armados. El Capitán al mando de la tropa afirmó que no tenían la capacidad de controlar a
ningún actor armado ya que ellos siempre se movían de un lado a otro y eso desgastaba a
la tropa militar.
El mismo domingo 12 de febrero de 2017, en el diario El Colombiano fue publicado un
artículo con el título ‘’Paramilitares o no, con miedo silencian a Urabá’’. En dicho artículo
hacen mención de la promesa que supuestamente habría hecho un miembro de la Comu-
nidad de Paz de enviar un video de paramilitares con líderes en reunión. Tal afirmación
no es cierta; si bien la Comunidad posee registro fílmico, fotográfico y de audio de las dis-
tintas afrentas y confrontaciones que la misma comunidad ha sostenido con grupos para-
militares al exigir el retiro y la no ocupación de sus territorios y el respeto a sus miembros
y a los pobladores de la región, sin embargo no es propósito de la Comunidad divulgar
evidencias que no son secretas para nadie en Urabá; suficiente material fílmico circula en
las redes en relación a la presencia paramilitar y de las llamadas “Auto Defensas Gaitanis-
tas de Colombia” en la región. En ese mismo artículo, las autoridades militares insisten en
tapar y tapar a como dé lugar la invasión paramilitar en las veredas de la Comunidad y la
acusan de ser parte del sistema político de las Farc. Veinte años padeciendo las atrocidades
y crímenes perpetrados desde la Brigada XVII y la única respuesta que se recibe de quie-
nes representan al Estado es que la Comunidad es mentirosa porque es guerrillera: un
cinismo sin fronteras para evadir la responsabilidad de sus múltiples crímenes de lesa
humanidad cometidos contra la Comunidad en estos largos años. No solo lo ha dicho la
Comunidad, lo han corroborado los mismos tribunales de justicia y las cortes internaciona-
les, las cuales han fallado en favor de la Comunidad, mientras el Estado pisotea esas sen-
tencias y se atreve a desafiarlas al no cumplirlas o por lo menos respetarlas.
El lunes 13 de febrero de 2017, hacia las 10:30 horas, tropas militares adscritas a la Brigada
XVII del ejército nacional hicieron presencia en el asentamiento de la Comunidad de Paz
en la vereda La Unión. Estas operaciones del ejército nacional recuerdan aquellas opera-
ciones militares realizadas después de las masacres o incursiones cometidas contra la Co-
munidad por parte de militares y paramilitares, en las cuales, luego de dos o tres días des-
pués de los crimines llegaba el ejército para borrar las evidencias. ¿Se repite la historia?
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El mismo lunes 13 de febrero de 2017, en horas de la mañana, la Comunidad de Paz tuvo
conocimiento, por información de civiles de la región, de un operativo paramilitar que se
desarrolla entre las veredas Arenas Altas, la Unión y el Porvenir, en el sitio conocido como
El Filo de los Ratones. Los paramilitares han amenazado a los civiles anunciándoles que
no quieren sapos y ‘’mucho menos a aquellos que le informan esa HP de Comunidad de
Paz’’.
El miércoles 15 de febrero de 2017, hacia las 7:00 horas y por varios minutos se produjo un
enfrentamiento entre militares de la brigada XVII del ejército y paramilitares que hacían
presencia en la vereda La Esperanza de San José de Apartadó, a escasos metros del asen-
tamiento de la Comunidad de Paz. Hacia las 16:00 horas un helicóptero del ejército recogió
a tres paramilitares supuestamente capturados, uno de ellos herido, así como una cantidad
considerable de material bélico y de intendencia como municiones, minas, morrales, cobi-
jas, manuales y reglamentos de las AGC, medicamentos, etc., pero ningún arma de fuego.
Este hecho contrasta con las constantes declaraciones del gobierno, las fuerzas armadas y
los medios masivos, en el sentido de que “ya no existen paramilitares”. Afirma un viejo
proverbio que “contra los hechos no vale argumento alguno”.
El jueves 16 de febrero de 2017, tropas militares ingresaron a la propiedad privada de la
Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, acampando en las áreas de trabajo de fami-
lias de la Comunidad allí. La Comunidad exigió el retiro de dichas tropas del lugar, a lo
que el Capitán de apellido SÁNCHEZ aseveró que estaba allí por órdenes de sus superio-
res y en cumplimiento de una sentencia constitucional. Precisamente las sentencias de la
Corte Constitucional y las medidas cautelares y provisionales de la Comisión y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en relación a la Comunidad de Paz exigen al Estado
Colombiano proteger a la Comunidad pero dicha protección tiene que ser concertada con
la misma Comunidad y en ningún momento puede ser impuesta. Ya en distintas ocasiones
la Comunidad ha manifestado que la presencia de la fuerza pública en vez de proteger
aumenta el riesgo, sin embargo, agentes del Estado se atreven a desafiar y pisotear la
Constitución y la Ley.
El viernes 17 de febrero de 2017, la Consejera Presidencial de Derechos Humanos, Dra.
Paula Gaviria, llegó en helicóptero a la vereda La Esperanza de San José de Apartadó, en
compañía de altos mandos militares, del Alcalde de Apartadó y de otros funcionarios. En
el acto público que allí se tuvo intervinieron miembros de las juntas comunales negando la
presencia, contra toda la evidencia acumulada, de grupos paramilitares en la zona. Este
mismo día, hacia las 14:00 horas, la Consejera Presidencial asistió a otro acto similar en el
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caserío de San José de Apartadó durante el cual el Alcalde, los militares y algunos miem-
bros de juntas comunales, negaron la presencia de paramilitares en la zona y criticaron las
denuncias que hace la comunidad de su accionar. Aunque hubo intervenciones de agrade-
cimiento al valor civil de la Comunidad de Paz por denunciar lo que la mayoría de la gen-
te teme denunciar para no poner en alto riesgo su vida, sin embargo los medios silenciaron
perversamente esas intervenciones.
El martes 21 de febrero de 2017, al cumplirse el 12° aniversario de la horrenda masacre de
8 integrantes de la Comunidad de Paz en las veredas Mulatos y La Resbalosa, numerosas
personas enviaron mensajes de solidaridad en memoria de las víctimas. Más de un cente-
nar de miembros de la Comunidad se desplazó a las veredas Mulatos y Resbalosa para
realizar actos religiosos de memoria y para reflexionar sobre el legado de los mártires.
El miércoles 22 de febrero de 2017 se comprobó nuevamente la presencia de grupos pa-
ramilitares en la vereda de Arenas Altas, de San José de Apartadó y su desplazamiento
hacia la vereda La Unión. En la vereda contigua de Arenas Bajas, su presencia completa ya
varias semanas sin que haya acción alguna del Estado para proteger a la población civil.
El jueves 23 de febrero de 2017, mandos militares de la brigada XVII por medios radiales
acusaron a la Comunidad de Paz por oponerse al paso por sus terrenos de la carretera ile-
gal que los paramilitares vienen construyendo entre Nuevo Antioquia, Rodoxalí y La Es-
peranza, alegando que es “oponerse al progreso”.
El jueves 23 de febrero de 2017 un numeroso contingente de paramilitares que se hacen
llamar “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, calculado en 500 efectivos, ingresó a la
zona limítrofe entre Apartadó y el departamento de Córdoba, estableció dos grandes ba-
ses, una entre las veredas de Baltazar y Murmullo y otra en la vereda La Matera, y comen-
zó a convocar a los pobladores de cada vereda cercana, como las de Murmullo Alto, Bajo y
Medio, Baltazar, Alto Joaquín, Naín, Guineo y otras, afirmando que ellos son la autoridad
que controla la región en adelante. Desde entonces por todos los caminos los pobladores
encuentran patrullas paramilitares controlando el territorio.
El viernes 3 de marzo de 2017, en las veredas La Miranda y Las Playas de San José de
Apartadó hizo presencia un grupo de paramilitares coordinado por los hermanos CAR-
DONA BORJA, quienes fueron desertores de las FARC y han trabajado ya muchos años
con la Brigada XVII como paramilitares, manifestando que van a estar en la zona contro-
lando el territorio y que toda la gente debe someterse a ellos y pagarles las vacunas que
ellos van a establecer.
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El sábado 4 de marzo de 2017, tropas de la Brigada XVII del ejército nacional incursiona-
ron en la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó, donde hay un asentamiento de la
Comunidad de Paz, zona donde estaban acantonados desde hacía varias semanas los pa-
ramilitares, quienes habían llevado el mensaje de mantener los cultivos de coca que ellos
están dispuestos a proteger. En esos días coincidió la presencia en Arenas Bajas de milita-
res y paramilitares, pero no se supo de ningún enfrentamiento o conflicto entre ellos, lo
que confirma la unidad de acción y coordinación entre fuerza pública y paramilitares.
El miércoles 8 de marzo de 2017, hacia las 07:00 horas, fue visto un grupo de paramilitares
en la vereda La Cristalina de San José de Apartadó. En sus encuentros con pobladores de
nuevo arremetieron contra la Comunidad de Paz, afirmando que “esa h. p. comunidad ya no
debe existir más y que hay que acabarla, pues está impidiendo nuestro ingreso a la región”. A la
vez manifestaron que se van a quedar en la zona y que se están organizando para cobrar
vacunas e imponer sus reglamentos y que quien no esté de acuerdo, que se atenga a las
consecuencias.
En las últimas semanas (febrero / marzo de 2017) pobladores que se movilizan entre las
veredas La Unión y Las Claras de San José de Apartadó, se han encontrado con paramili-
tares quienes les preguntan si son miembros de la Comunidad de Paz, y cuando les res-
ponden que no, dicen que ellos tienen prohibido encontrarse con gente de la Comunidad
de Paz porque los denuncian y les estorban sus planes.
La Comunidad de Paz ha recibido informaciones según las cuales la presencia paramilitar
es intensa y constante, desde hace aproximadamente un mes, en la zona de la vereda La
Resbalosa y en las veredas cordobesas de La Rica, Guineo, Baltazar, La Matera, Batata,
Murmullo y otras. En las reuniones con pobladores afirman que las Autodefensas van a
cubrir la zonas que antes tenían presencia guerrillera; que se proponen impulsar la siem-
bra de coca pero que los intermediarios exclusivos para su comercio son ellos; que nadie
puede contactarse con la Comunidad de Paz porque ésta es su enemigo número uno y que
en adelante ellos son quienes van a ejercer el control de la región.
El 22 de marzo de 2017 las delegaciones internacionales que llegaron a la Comunidad de
Paz para acompañarla en su 20 aniversario de existencia, asistieron a una cita que había
sido acordada previamente en la Brigada XVII con su Comandante, el Coronel Antonio
José Dangón, con el fin de hacerle algunas preguntas sobre el comportamiento de la fuerza
armada del Estado para con la Comunidad de Paz y el campesinado del entorno. Luego de
cambiar muchas veces la hora de la cita finalmente los recibió y hubo desconciertos: el
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Coronel se había tomado la libertad de invitar a muchas personas a la reunión sin consul-
tar a los peticionarios y sin que éstos supieran siquiera quiénes eran los extraños concu-
rrentes ni qué objetivo tenía su presencia; una falta no sólo de cortesía sino que ocultaba
una perversa manipulación. El Coronel había preparado una extensa exposición sobre las
relaciones de la Brigada con la Comunidad de Paz y, si no es por una interrupción deses-
perada de uno de los delegados, se habría marchado sin darles la palabra. En su exposi-
ción prolija en imágenes de Power point, era imposible reconocer la realidad cruda que ha
vivido la Comunidad; todo allí estaba maquillado, tergiversado, ocultado, reducido a pa-
labras o frases que en sus contenidos estaban a años-luz de la realidad vivida. Las senten-
cias de la Corte Constitucional se reducían a una frase secundaria, ocultando y cambiando
sus cometidos esenciales; las respuestas de la fuerza pública a las denuncias, alertas tem-
pranas, constancias, etc., reproducían las mentiras originales: “aquí no pasa nada” – “todo es
montaje de la Comunidad”- “en la zona no había tropas” – “los paramilitares no existen”.
La reunión en la Brigada XVII el 22 de marzo de 2017 dejó al descubierto con gran claridad
la nueva estrategia persecutoria del Estado contra la Comunidad de Paz: en primer lugar,
los militares afirmaron que ahora, en el supuesto “posconflicto” ya no son ellos los que se
ocupan del orden público sino las autoridades civiles. La Comunidad se pregunta cómo
puede un Alcalde controlar, perseguir y erradicar a los paramilitares, cuando ellos siguen
contando con la tolerancia, apoyo, protección y amistad de la fuerza pública, como ha sido
evidente en las décadas pasadas y en los últimos meses cuando el paramilitarismo está
intensamente reactivado y en avanzada de control de territorios. En segundo lugar, quedó
muy al descubierto lo que ya se sospechaba: que el Estado ha decidido cooptar a grupos
de campesinos, prometiéndoles proyectos económicos, para que sean ellos quienes acusen
y estigmaticen a otros campesinos y así evitar que el Estado mismo sea acusado interna-
cionalmente de violación de los derechos humanos; en adelante todo se explicará por con-
flictos de intereses entre campesinos o entre indígenas y afros, etc. Los miembros de Juntas
Comunales que el Coronel Dangón invitó abusivamente a la reunión con las delegaciones
internacionales tenían esas características y trataron de exponer una gruesa colección de
mentiras y calumnias para estigmatizar a la Comunidad. Se aplica aquí la misma matriz
perversa que sirvió para la creación de los paramilitares en 1962, cuando la misión norte-
americana recomendó involucrar a poblaciones civiles en la guerra para atribuirles los
hechos más repugnantes, impidiendo así que el Estado se deslegitimara.
Desde comienzos de la semana santa, iniciada el 9 de abril de 2017, un grupo de paramili-
tares hizo presencia en la vereda Las Nieves de San José de Apartadó. Cuando algunos
pobladores se movilizaron por la zona, los paramilitares salieron de su escondite en una
zona boscosa y les ordenaron a los civiles que hicieran de cuenta que no habían visto nada.
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En esta misma semana, entre los días 10 y 12 de abril de 2017, los paramilitares incursio-
naron en la vereda Arenas Altas, donde hay asentamiento de la Comunidad de Paz y don-
de dicho grupo armado ilegal ha incursionado numerosas veces en forma amenazante. En
la vereda limítrofe de Arenas Bajas la presencia paramilitar lleva ya varios meses en forma
constante y amenazante; afirman que llegaron para quedarse y en adelante ellos son la
autoridad suprema allí. Su presencia ha producido tal pánico que nadie se atreve a denun-
ciarlos.
El 14 de abril de 2017, Viernes Santo, hacia las 15: 00 horas, cuando un grupo numeroso
de la Comunidad de Paz realizaba el acto religioso del Via-crucis, al pasar por el sitio co-
nocido como La Casona, a 10 minutos de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, asenta-
miento sagrado de la Comunidad de Paz, donde estaba programada una de las estaciones
del Camino de la Cruz, descubrieron que el sitio estaba colmado de gente uniformada,
armada y con la cara cubierta la mayoría de ellos. Al preguntárseles a qué unidad militar
pertenecían, respondieron que eran “del Batallón Voltígeros, de la Brigada XVII del Ejérci-
to”, pero era evidente que ello era falso, pues ninguno tenía distintivo alguno oficial, sus
botas no eran militares y su actitud de cubrirse el rostro e impedir que se tomaran fotogra-
fías con frases demasiado agresivas y amenazantes, revelaban su verdadera identidad pa-
ramilitar. La presencia de mulas cargadas de remesas y de algunos con trajes civiles, con-
firmaban el inconfundible estilo paramilitar, de sobra conocido en la región, sin descartar
que algunos miembros del ejército estuvieran allí mezclados.
En los últimos días de abril de 2017 la Comunidad de Paz fue informada de un plan des-
de la Alcaldía Municipal de Apartadó para deslegitimar sus denuncias y así apoyar el
avance paramilitar, promocionando a 10 personas de cada vereda, las cuales desempeña-
rán el papel de informantes pero oficialmente serán nombrados como “guardabosques”.
En los últimos meses y a medida que se proclama a nivel oficial la implementación de los
Acuerdos de Paz firmados en La Habana, se ha comprobado el incremento notorio de la
presencia paramilitar, incluso en zonas donde antes no incursionaban con frecuencia.
El sábado 27 de Mayo de 2017, un grupo de paramilitares fuertemente armados llegaron a
la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó, allí tomaron prisionero
a un poblador de la vereda, al cual amenazaron de muerte si se vinculaba a la Comunidad
de Paz; de igual manera le manifestaron que a esa Comunidad la iban a exterminar costa-
ra lo que costara, pues les estaba estorbando para desarrollar sus proyectos en la región.
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El martes 13 de Junio de 2017, un grupo de por lo menos 20 paramilitares con prendas
militares y portando fusiles llegaron a la vereda El Porvenir, del corregimiento de San José
de Apartadó, donde se quedaron por varias horas patrullando la vereda y creando pánico
en las familias campesinas que allí viven; luego partieron hacia la vereda La Unión, de
San José.
El miércoles 14 de Junio de 2017, a las 07:00 horas, estos mismos grupos paramilitares que
habían llegado el día anterior a El Porvenir, llegaron a la vereda La Unión de San José de
Apartadó; en dicho lugar se tomaron las casas de los campesinos, les manifestaron que
vinieron para quedarse, le guste al que le guste, y que además vienen a controlar todo lo
que se produzca en la zona como coca, ganado y producciones agrícolas. De igual manera
lanzaron amenazas en contra de la Comunidad de Paz, dándole a entender a los poblado-
res que si se vinculan a la Comunidad también serán asesinados. Ya en horas de la tarde
tomaron camino hacia La Esperanza.
Ese mismo miércoles 14 de Junio de 2017, a las 19: 00 horas, dicho grupo paramilitar que
venía desde La Unión acampó en el asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La
Esperanza; allí rodearon la casa donde vive un miembro de la Comunidad con su familia,
aprovecharon que en la vivienda sólo se encontraba la esposa, la suegra y un cuñado y se
instalaron allí; en ese mismo instante, un grupo de trabajo agrícola de la Comunidad esta-
ba llegando desde San Josesito a la vivienda y al llegar allí se encontraron con la casa ro-
deada de paramilitares listos para disparar; los miembros de la Comunidad tomaron valor
y les reclamaron por sus abusos exigiéndoles respeto por el derecho a la libertad, a la vida,
y a la privacidad de la vivienda; además hay unas vallas con los principios y reglamentos
de la Comunidad a lo que ellos respondieron que estaban ahí para quedarse y que además
sí vieron las vallas pero no hicieron caso, pues decían: “¿quién es la comunidad para hacernos
ir?”. De nuevo se les pidió la retirada del lugar ya que la Comunidad no vive ni comparte
con ningún grupo armado. Los paramilitares se mantuvieron allí por varias horas y des-
pués se alejaron unos pocos metros. Todo esto indicaba que estaban ahí por algo o espe-
rando a alguien. Por la forma de tomarse el lugar era claro que tenían algún objetivo de
asesinar a alguien.
El sábado 17 de junio de 2017 a las 11: 00 horas un grupo de paramilitares bien armados
con fusiles de largo alcance llegaron y se instalaron a tres minutos de la Aldea de Paz LUIS
EDUARDO GUERRA GUERRA de la vereda Mulatos Medio del corregimiento de San
José de Apartadó, allí acamparon y amanecieron.
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El domingo 18 de junio de 2017 en horas de la mañana esta misma tropa de paramilitares
ubicada junto a la Aldea de Paz, se dividió en dos grupos y colocaron un retén en todo el
camino que conduce de Mulatos a San José de Apartadó con la intención de interceptar a
los pobladores que salían; allí preguntaron por GILDARDO TUBERQUIA, miembro de la
Comunidad de Paz, indagando a los campesinos que si él había salido o se encontraba en
la casa, porque necesitaban encontrarlo como fuera. En ese mismo lugar estuvieron por
dos días esperando que GILDARDO pasara por ahí. Por fortuna había salido en días ante-
riores con acompañamiento internacional.
El lunes 19 de junio de 2017 esta misma tropa de paramilitares que colocó un retén junto
a la Aldea de Paz el pasado 17 y 18 de junio, se instaló en la finca de uno de los miembros
de la Comunidad de Paz, en el punto conocido como El Barro, de la misma vereda Mula-
tos Medio. Desde allí empezaron a patrullar por las viviendas de los campesinos donde
manifestaban que buscaban a GILDARDO, que si no lo habían visto pasar. De igual mane-
ra advirtieron que “vinimos para quedarnos y no queremos sapos que informen sobre nuestra
presencia en la zona”.
El sábado 17 de junio de 2017, a las 07: 00 horas un grupo de paramilitares fuertemente
armados llegaron a la vereda Mulatos Medio, del corregimiento de San José de Apartadó,
allí tomaron prisionero a un poblador de la vereda, al cual amenazaron de muerte “si se
ponía de sapo” a llevarle información a la Comunidad de Paz ; y le advirtieron que si algo
pasaba en contra de ellos lo pagaría muy caro.
El lunes 19 de junio de 2017 la misma tropa de paramilitares que colocó un retén junto a
la Aldea de Paz el pasado 17 y 18 de junio se instalaron en la finca de uno de los miembros
de la Comunidad de Paz en el punto conocido como El Barro de la misma vereda Mulatos
Medio, tomaron prisionero al miembro de la Comunidad privándolo de su libertad sin
poder salir para ningún lado durante dos días. Luego de amenazarlo, le manifestaron que
buscaban “unos gorrones” (personas identificadas por usar sombreros grandes) de la Co-
munidad de Paz, porque los estaban buscando para desaparecerlos y “dejarlos tapados con
hojas donde no los encontraran” (muertos) pues sería una manera de acabar con “esa hp co-
munidad de una vez por todas”, desde allí también empezaron a patrullar por las viviendas
de los demás campesinos donde manifestaron que buscaban a GILDARDO TUBERQUIA y
a GERMÁN GRACIANO y a otro poblador de la vereda Mulatos Cabecera, preguntando
que si los habían visto pasar. Era evidente el plan que traían de asesinar a miembros de la
Comunidad o a algún otro poblador que les estorbara en su caminar de muerte; de igual
manera advirtieron que “vinimos para quedarnos y no queremos sapos que informen sobre
nuestra presencia en la zona”.
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El Miércoles 21 de junio de 2017 a las 15:00 horas, un grupo de paramilitares fuertemente
armados llegaron al sitio conocido como La Cancha, de la vereda Mulatos Cabecera, del
corregimiento de San José de Apartadó, allí rodearon el lugar y pararon un partido de
fútbol que jugaban campesinos de dicha vereda, en ese momento preguntaron que si ahí
jugando se encontraban miembros de la Comunidad de Paz, a lo que los pobladores res-
pondieron que no; les advirtieron a los allí presentes que “no queremos a ninguno vinculado
con esa Comunidad de Paz, y en caso de que se vinculen, serán exterminados junto con ellos porque
ese es el plan que traemos”.
El jueves 22 junio de 2017 en horas de la tarde un grupo de paramilitares montados a ca-
ballo y portando ropa civil y pistolas llegaron al asentamiento de la Comunidad de Paz en
la vereda La Esperanza, del corregimiento de San José de Apartadó e interceptaron al
miembro de la Comunidad que vive allí con su familia, uno de ellos se presentó como el
comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), después lo trataron de
“sapo” (informante) y que además “está bueno para dejarlo con la boca llena de moscas y gusa-
nos por ahí en algún barranco”. De igual manera preguntaron por el dueño de la finca que
antes les había expulsado unos muchachos que venían cansados en horas de la tarde desde
muy lejos, diciéndole: "quien es él pues para mandar y echarnos de los lugares como si nada; eso
hay que arreglarlo de alguna forma”. El miembro de la Comunidad con mucho temor les res-
pondió que esa finca es de la Comunidad de Paz, por lo tanto no tiene un solo dueño pues
los principios y reglamentos dicen que la Comunidad es neutral ante cualquier grupo
armado, por lo tanto no convive con personas que portan armas para hacerle daño a la
población civil.
El sábado 24 junio de 2017 un grupo de paramilitares llegó a la vereda El Porvenir, del
corregimiento de San José de Apartadó. Al llegar interceptaron a varios pobladores a los
cuales les manifestaron que ya tenían negociada una finca en la parte alta de la vereda
para colocar allí una base de control paramilitar, le gustara al que le gustara. Luego se ale-
jaron y se internaron en la montaña.
El miércoles 28 de junio de 2017 en horas de la mañana fue visto un grupo paramilitar
por la vereda El Porvenir, de aproximadamente 30 hombres. Luego, en horas de la tarde,
otro grupo de similar cantidad de armados fue visto en la vereda Las Nieves. En esa mis-
ma tarde otro grupo paramilitar llegó a la vereda La Esperanza. Entre tanto otra tropa
paramilitar permanece desde hace varios días en la vereda Mulatos, del corregimiento de
San José; en el sitio conocido como Cantarrana, interceptaron a pobladores y profirieron
amenazas contra miembros de la Comunidad de Paz y de otros pobladores de la zona.
211
El viernes 30 de junio de 2017 un hombre que se identificó como paramilitar, portando
arma corta y radio de comunicación, entró en el asentamiento Aldea de Paz Luis Eduardo
Guerra, en la vereda Mulatos, del corregimiento de San José de Apartadó, y allí preguntó:
¿cómo se llama este lugar? Los miembros de la Comunidad que estaban allí le exigieron res-
pecto, pues estaba ingresando armado a una propiedad de la Comunidad de Paz, expli-
cándole que allí viven miembros de la Comunidad y no conviven en ningún momento con
actores armados. Dicho paramilitar, ya enojado, preguntó por un hombre que tiene unos
perros de oreja larga; por una señora que tiene dos hijas parecidas y por el presidente de la
junta de acción comunal de la vereda, pues iba para donde ellos, donde se encontraba una
tropa de paramilitares.
El domingo 2 de julio de 2017, a las 14: 40 horas, un grupo de paramilitares fuertemente
armados llegaron a la vereda La Resbalosa, del corregimiento de San José de Apartadó; allí
reunieron a los pobladores y se presentaron como “Autodefensas Gaitanistas de Colombia
(AGC)”. Uno de ellos se presentó como jefe político encargado de convencer a los pobla-
dores para sostener allí los puntos de información; otro se presentó como jefe de tropa,
más conocido como “El Rayo”; otro se presentó como comandante de puntos. Luego pre-
sentaron a una persona de civil como “un punto” (informante) del sector La Rica, entre
Naín y La Resbalosa, Córdoba. Dicha reunión fue forzada, violando todos los derechos de
los campesinos. Les manifestaron que van a colocar un “punto” (informante) en la vereda,
a lo cual la gente dijo que no, por todos los problemas que esto conlleva para la población
civil. La respuesta de los paramilitares fue: “gústeles o no, vamos a colocar aquí un punto y si
nos toca comprar un terreno y construir una casa para ubicar a nuestro informante, lo haremos,
pero la junta de acción comunal tiene que ubicarlo como una familia más de la vereda; además no
hay problema si lo capturan, pues tenemos todo coordinado con los militares y con la Fiscalía para
que no dure más de 24 horas capturado. De igual manera reafirmaron que, “vinimos para que-
darnos y queremos a todos organizados, trabajando para nosotros, por lo que no queremos sapos
que anden informando sobre nuestra presencia”. Allí ofrecieron pagar bien a todo aquel que
quiera trabajar con ellos, pues les dictaron los números de contactos para que informen
cualquier presencia armada o civil que les haga tropiezo para tomarse las veredas, de igual
manera arremetieron nuevamente en contra del proceso de Comunidad de Paz, manifes-
tando que, ”por la comunidad de paz no hay que preocuparse porque ya están en el plan de exter-
minio, y en vez de brindarle información a la Comunidad en contra de nosotros mejor anden detrás
de ellos sacándoles información para nosotros”.
212
El lunes 3 de julio de 2017 se realizaron desembarcos militares en las veredas La Esperan-
za, Mulatos y La Resbalosa, del corregimiento de San José; allí se pudo constatar una vez
más la complicidad que hay entre estas estructuras paramilitares y la Brigada 17 del ejérci-
to, pues durante los desembarcos los paramilitares hacían disparos al aire para que los
helicópteros supieran dónde se encontraban ellos y nos les hicieran daño alguno.
El jueves 6 de julio de 2017 en horas del día, un grupo de paramilitares fuertemente ar-
mados llegaron a la vereda La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó, allí
dejaron panfletos escritos en la pared de la escuela, en las cercas de los alambrados, enci-
ma de animales y árboles, resaltando el avance paramilitar; esos escritos llevan la sigla
AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y añaden la consigna: “presente, y venimos
para quedarnos”). al día siguiente las instituciones del Estado (ejército, policía y fiscalía)
entraron a la vereda; entre ellos iban el Coronel Antonio José Dangón, de la Brigada 17 del
ejército, y el Coronel de la Policía de Urabá, Luis Soler. Allí nuevamente lo único que hi-
cieron fue poner nuevamente a la población civil en riesgo, pues empezaron a censar a las
familias, entrando a las casas sin autorización, en una práctica proscrita por la Corte Cons-
titucional y forzando a las personas a dar sus nombres. ¿Será que para la Brigada 17 la
población civil son los paramilitares? Hasta dónde llegan los gobiernos nacionales y loca-
les con tal de proteger a esos grupos paramilitares: dejan números de contacto para que
informen de presencias armadas, cuando es claro que el campesino no está en la guerra y
rechaza cualquier información que lo comprometa en el conflicto armado. Se pudo com-
probar que la fuerza pública lo único que hizo allí fue cuidar los escritos dejados por los
paramilitares y permanecer entre las casas de los civiles poniendo en riesgo a niños y a
adultos que ahí viven. También acamparon en los cultivos de pan coger, dañando lo que
con tanto esfuerzo el campesino cultiva. Después, por los medios de comunicación, salie-
ron estos coroneles de la brigada y de la policía afirmando que todo está en calma; que no
hay peligro en La Cristalina. Qué gran mentira!, pues es claro que en las veredas de San
José hay una fuerte presencia de grupos paramilitares amenazando, robando, cobrando
vacunas y colocando sus “puntos” de información para controlar las zonas.
El viernes 7 de julio de 2017 en horas de la mañana, fue realizado en San José de Aparta-
dó un falso acto de perdón, por parte de un reconocido paramilitar que fuera el coman-
dante del Bloque Héroes de Tolová, por la masacre del 21 de febrero del 2005 en Mulatos y
La Resbalosa, de San José de Apartadó. Dicho acto dejó más confundidas a las víctimas,
pues el paramilitar no dijo la verdad sobre los hechos ni respondió a las preguntas de las
víctimas sobre los nexos existentes entre la Brigada 17 y funcionarios de la Presidencia en
la masacre; su respuesta fue: “yo vengo muy limitado para responder”. Lo que dio a entender
fue que todo fue coordinado por la brigada 17 y la policía, para que sólo contara lo que le
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convenía a las instituciones del Estado. También colocaron una falsa placa de reconoci-
miento de la masacre y de memoria de las víctimas, donde se lee: “En memoria de nuestros
familiares que no olvidamos: Luis Eduardo Guerra, Beyanira Areiza Guzmán, Deiner Andrés
Guerra Tuberquia, Alfonso Bolivar Tuberquia, Sandra Muñoz Posso, Natalia Tuberquia Muñoz,
Santiago Tuberquia Muñoz y Alejandro Pérez Castaño, víctimas de la masacre de San José de Apar-
tado ocurrida el 21 de febrero de 2005 en el marco del conflicto armado colombiano por el grupo
paramilitar Bloque Héroes de Tolová. Porque en San José de Apartadó construimos armonía y paz”.
Sólo se hizo referencia allí a la culpabilidad de los paramilitares y no se refirió a ningún
funcionario del gobierno. Por esa razón la Comunidad se pregunta: ¿dónde está la culpa-
bilidad de la Presidencia de la República y de la Brigada 17 que fueron las que ordenaron
perpetrar esta masacre en conjunto con los paramilitares?
El lunes 10 de julio de 2017 , cuando Ruby Arteaga, integrante de la Comunidad de Paz,
se disponía a llegar a su casa en la vereda Mulatos, de San José de Apartadó, se encontró
con que se habían entrado a su casa y le habían robado 50 kilos de arroz, 20 litros de miel
de caña, 10 gallinas y un radio Sony FM-AM . Se le atribuye este hurto a los grupos para-
militares que son los que han estado haciendo presencia en las veredas, robando animales,
dineros y mercados en la casas solas, pues los dueños se encuentran por fuera haciendo
sus diligencias personales; además nunca se había perdido nada en Mulatos y desde que
entraron los grupos paramilitares apoyados por la fuerza pública se han ido perdiendo los
enseres de los campesinos.
El lunes 10 de julio de 2017, en horas de la mañana, un fuerte grupo paramilitar hizo pre-
sencia en los límites de las veredas El porvenir y La Esperanza, de San José de Apartadó.
En esta ocasión llegaron a una casa y profirieron amenazas contra la Comunidad de Paz,
preguntando si por ahí no habían cruzado miembros de esa h. p. comunidad de paz que
los habían echado en días anteriores de La Esperanza, y añadieron: “eso no se va a quedar
así, pues la comunidad de paz no sabe lo que le espera, porque vamos a ver quién es el que va a man-
dar en la región, si ellos o nosotros”. De igual manera manifestaron: “no le vamos a perdonar a
esa comunidad porque por culpa de ella nos han capturado miembros de nuestro grupo y eso lo van
a pagar caro porque tenemos la orden de matar a todo el que haga parte de esa comunidad, pues no
todo el tiempo van a andar con esos gringos; llegará el momento en que nos los encontremos solos y
así acabaremos de una vez por todas con ese estorbo para nosotros”
El martes 11 de julio de 2017 nuevamente aparecieron los escritos de los paramilitares en
paredes de viviendas campesinas. Esta vez fue en el propio caserío de San José de Aparta-
dó donde amanecieron escritos en 25 viviendas y nadie vio a nadie. Además en este corre-
gimiento hay una base militar y una estación de la policía a escasos 100 metros, ¿cómo es
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posible que un lugar tan militarizado amanezca marcado por la presencia de los paramili-
tares? No cabe duda que la fuerza pública, ejército y policía, están aliados con estos grupos
para someter a la población al terror. Ya el pasado jueves 6 de julio los paramilitares deja-
ron sus escritos en las paredes, animales, árboles y portones en la vereda La Cristalina y la
fuerza pública dijo por los medios que todo estaba tranquilo y no había peligro; ¿lo que
pasó el 11 de julio, en San José, cómo lo van a cubrir? ¿también está todo tranquilo?
El miércoles 12 de julio de 2017 un grupo de paramilitares de por lo menos 30 hombres
con prendas militares y portando armas largas llegaron a la vereda El Porvenir, del corre-
gimiento de San José de Apartadó, allí tomaron a un poblador de la vereda, lo amenazaron
de hacerle algo si no aceptaba trabajar para ellos y le advirtieron: “no lo queremos ver aliado
con la comunidad de paz si no quiere que le pase lo que tenemos planeado para esa hp comunidad de
paz”.
El jueves 13 de julio de 2017 a las 15:00 horas, una tropa del ejército, de la Brigada XVII,
llegó a la vereda El Porvenir, de San José de Apartadó; allí tomaron prisionero a un cam-
pesino, lo maltrataron haciéndole quitar la ropa y tratándolo de “paramilitar”, acusándolo
de estar por ahí informando sobre la presencia de la fuerza pública. ¿Cómo es posible que
el campesino tenga que pagar por lo que hacen los paramilitares cuando éstos son los que
lo agreden continuamente? Pero, además, ¿cómo lo acusan, de manera tan contradictoria,
de informar a los paramilitares sobre la presencia del ejército, cuando todo el mundo sabe
que militares y paramilitares están estrechamente coordinados? Nadie entiende que el
ejército esté acusando a los campesinos de paramilitarismo cuando es sabido, -pues así lo
han manifestado- que los militares no persiguen a los paramilitares? Se percibe allí el des-
concierto de unas tropas que siempre han acusado al campesinado de ser guerrillero, pero
ahora que no hay guerrilla no saben de qué acusarlo, y lo acusan de paramilitarismo para
fingir que persiguen a los paramilitares. ¿Hasta cuándo tanto cinismo de la instituciones
del Estado? Después de tantos chantajes, lo dejaron en libertad.
El viernes 14 de julio de 2017, a las12: 00 horas, cuando un grupo de trabajo de la Comu-
nidad de Paz se disponía a salir desde la vereda Mulatos Medio, del corregimiento de San
José de Apartadó, hacia San Josecito, fueron interceptados en el río Mulatos por un grupo
armado, al parecer del ejército, pues no tenían insignias que los identificaran; allí fueron
sometidos ilegalmente a un retén donde les requisaron sus objetos personales, tales como
bolsos con ropa, bolsas con productos de alimentación y los bultos de maíz que traían en
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una mula; de igual manera tomaron sus cédulas y los empadronaron registrando sus
nombres y sacándoles fotos a sus documentos de identidad.
Ese mismo viernes 14 de julio de 2017, a las 16: 00 horas, se presentaron combates por
espacio de 15 minutos entre el ejército y los paramilitares en la vereda Las Nieves, del
corregimiento de San José de Apartadó. De nuevo se dejó ver un simulacro protagonizado
por la Brigada 17, pues en el supuesto combate no hubo capturados ni incautación de ar-
mas de ninguna clase. Todo está preparado para que la población civil crea que sí van a
combatir a los paramilitares que se han estado tomando la región. Se sabe claramente, por
confesión de los mismos paramilitares, que ellos no son enemigos del ejército y que por el
contrario, están coordinados para dominar a la población a su antojo. Después estos mis-
mos paramilitares fueron vistos en las veredas Buenos Aires, La Unión, Mulatos Cabecera
y Mulatos Medio, con toda su dotación y sin rasguño alguno.
El domingo 16 julio de 2017, en horas de la mañana, un reconocido paramilitar, portando
uniforme militar y fusil de largo alcance, entró al asentamiento Aldea de Paz LUIS
EDUARDO GUERRA, en la Vereda Mulatos Medio del Corregimiento de San José de
Apartadó. La Comunidad le exigió respeto, pues sus asentamientos son propiedad priva-
da y zonas neutrales ante cualquier grupo armado. Después de unos minutos, este parami-
litar se retiró del lugar.
El miércoles 19 julio de 2017 , a las 18:50 horas, cuando cuatro miembros de la Comuni-
dad de Paz y un equipo de acompañamiento internacional transitaba en vehículo de ser-
vicio público (“chivero”) por la vía que conduce del área urbana de Apartadó al caserío de
San José, fueron interceptados por dos paramilitares que transitaban en motocicleta y por-
tado pistolas y revólveres; allí pararon el carro a escasos 500 metros de un puesto de con-
trol militar y obligaron a los pasajeros a entregar sus maletas. Los miembros de la Comu-
nidad y sus acompañantes internacionales intentaron impedir el robo pero fue imposible,
pues fueron amenazados de muerte si no entregaban sus pertenencias. Lastimosamente les
robaron los dineros con que íban a pagar a los productores que les venden el cacao. Res-
ponsable es el Estado con sus instituciones militares y sus brazos paramilitares con pre-
sencia ininterrumpida en esta zona por más de 20 años sin que ninguna autoridad escuche
sus clamores. ¿Cómo es posible que los ladrones se paseen armados por un puesto de con-
trol militar? Y más irónico aún, que roben frente a las narices de los militares? ¿Para qué
tanta fuerza pública si al final se alían con los bandidos para cometer hurtos en las vere-
das, en las casas, en las vías de penetración y en los caminos que atraviesan las veredas y
asentamientos?
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El sábado 15 de julio de 2017, en horas del día, se presentaron allanamientos por parte de
grupos paramilitares en varias viviendas de los campesinos de las veredas La Esperanza y
Mulatos, del corregimiento de San José de Apartadó; de allí se llevaron los productos de
alimentación, prendas de vestir y los dineros de los campesinos, lo demás que no les servía
lo tiraron y lo pisotearon. Todo esto fue coordinado desde el día anterior, cuando realiza-
ron un simulacro de combate entre el ejército (Brigada XVII) y paramilitares, simulacro
protagonizado por dicha Brigada, pues en el supuesto combate no se informó de captura-
dos ni de incautación de armas de ninguna clase, por el contrario, sí se organizaron para
saquear las propiedades privadas de los campesinos y, por ende, para robarles y violarles
todos sus derechos.
El miércoles 19 julio de 2017, en horas de la mañana, un grupo de militares llegó a la ve-
reda La Unión del corregimiento de San José de Apartadó donde comenzaron a tomarse
las viviendas de los pobladores para censar ilegalmente a la población civil. ¿Será que la
Brigada XVII y demás instituciones del Estado piensan que los campesinos son los parami-
litares? Es claro que los gobiernos locales cubren el paramilitarismo y para esto censan a la
población civil campesina para así poder llevar a cabo procesos judiciales en personas pro-
tegidas, de modo que el paramilitarismo siga tranquilamente delinquiendo en la región.
Dichos empadronamientos están explícitamente prohibidos por la Corte Constitucional en
su Sentencia C-1024/02 del 26 de noviembre de 2002.
El jueves 20 de julio de 2017 la Comunidad de Paz emitió una constancia pública en la
cual afirma: “Muchos medios de comunicación hoy se prestan para que los alcaldes y gobernadores
salgan a negar la existencia de los paramilitares en San José de Apartadó. Ya es claro que la Gober-
nación de Antioquia se niega a aceptar que el paramilitarismo se les salió de las manos al tratar de
mantenerlo oculto. Les recordamos, Señor Alcalde ELIECER ARTEAGA, señores coroneles AN-
TONIO JOSÉ DANGON y JAVER SOLER, Señor Gobernador de Antioquia LUIS PÉREZ: los
paramilitares están en San José de Apartadó amenazando, robando y obligando a la población a tra-
bajar para ellos, y no son bandas de delincuencia común, BACRIM como ustedes los denominan en
sus estrategias evasivas, son grupos grandes que caminan por las veredas como si fueran militares,
portando uniformes y armas de uso privativo del ejército y se reclaman sus colaboradores y amigos,
y afirman que todo el campesinado debe trabajar para ellos, mientras les cobran impuestos ilegales,
les roban sus pertenencias, les imponen normas contrarias a sus principios, los amenazan de muerte
y anuncian de manera persistente que nuestra Comunidad de Paz debe ser exterminada. Ustedes
responderán por todo esto.”
El domingo 23 julio de 2017, a la 11:00 horas, un grupo de paramilitares hizo presencia en
una de las propiedades privadas de la Comunidad de Paz, en la vereda Mulatos Medio,
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del corregimiento de San José de Apartadó; allí permanecieron por varias horas junto a la
vivienda de un integrante de la Comunidad.
El martes 01 de agosto de 2017, la Comunidad fue informada sobre un nuevo plan para
exterminar su proceso de vida por parte de los paramilitares. Esta vez arremeten contra los
equipos de acompañamiento internacional, al manifestar que hay que asesinar a dos o tres
de los acompañantes si interfieren en sus propósitos. Dicha amenaza está siendo lanzada
desde hace varios días en el municipio de Apartadó. Es sabido que estos paramilitares
protegidos por las instituciones del Estado (sobre todo por la Policía y el Ejército) llevan
varias semanas buscando formas de cómo robarse los dineros de los productores de cacao
de la Comunidad y al mismo tiempo asesinar a “los gringos” que la acompañan si se atra-
viesan en sus criminales planes.
El jueves 03 de agosto de 2017, en horas de la mañana, fue visto un grupo de paramilitares
de civil y portando armas cortas en el camino que conduce de la vereda La Esperanza ha-
cia la vereda Las Nieves, del corregimiento San José de Apartadó. Luego en la tarde este
mismo grupo ya se encontraba de regreso pero esta vez llevaba un arreo de mulas con
cargas de fusiles y equipamiento militar. Al parecer este arsenal fue el que dejaron los
mismos paramilitares en días anteriores, cuando hubo un supuesto combate entre milita-
res de la brigada 17 y paramilitares en Las Nieves, combate en el cual no hubo capturas ni
incautación de armamento.
El viernes 04 de agosto de 2017 fue realizado en San José de Apartadó un acto público de
verificación en el cual participaron varias instituciones del Estado que fueron coordinadas
por el Vicepresidente de Colombia, Oscar Naranjo. Tal visita hace parte de toda la estrate-
gia del Estado para apaciguar el fenómeno paramilitar, pues el resultado de tal visita fue
que se informara que no ha habido homicidios en los últimos tres años. Es claro que el
Estado está bien coordinado con estos grupos paramilitares para que los hagan quedar
bien frente a organizaciones internacionales y movimientos sociales, al no cometer un ase-
sinato que llegue a perjudicar la transparencia del gobierno. La Comunidad le recuerda al
Señor Vicepresidente de Colombia, que la zona de San José de Apartadó está siendo escla-
vizada por el paramilitarismo; están robando las pertenencias de la población civil; están
amenazando de muerte a quien no acepte trabajar para ellos; es obligatorio pagar vacunas
y aceptar a la fuerza los puntos de información (o sea las estructuras de espionaje de su
confianza) que ellos quieran poner en las veredas y quien no lo acepte se tiene que atener a
las consecuencias. No solo es homicidio cuando asesinan a alguien, pues todo esto que está
pasando con el campesino es peor que un homicidio, pues nadie es libre para estar en su
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propio territorio porque es controlado por los militares y paramilitares quienes someten a
la población a sus antojos, a sus caprichos, a sus intereses que suelen ser de negocios su-
cios y criminales y, en general, a que ellos sean los dueños de la vida y decidan cuándo
tiene uno derecho a vivir y cuándo no. La Comunidad de Paz le recuerda al Señor Vice-
presidente que lleva 20 años bajo sus hostigamientos y amenazas y ya han eliminado a
varios centenares de sus integrantes y vecinos, quienes decidieron no aceptar el yugo de
someterse a los intereses de la guerra.
El sábado 05 de agosto de 2017, en horas del día, un sujeto identificado como paramilitar
llegó a la vereda La Resbalosa, del corregimiento de San José de Apartadó. Dicha persona
llegó y sin pedir permiso se instaló en la vivienda de un campesino de la vereda. Allí per-
manece sin que nadie lo moleste por temor a ser amenazado por los paramilitares, pues
ellos ya habían anunciado en días pasados que la población civil tendría que aceptar y
recibir a estos “puntos de información” (informantes o espías que ellos quisieran colocar) y
además inscribirlos en la vereda como miembros de la junta de acción comunal.
Por esos mismos días se vio con frecuencia el tránsito de mulas cargadas con alimentación
para los paramilitares que están ubicados en las diferentes bases en las siguientes veredas:
Arenas Bajas, El Porvenir y La Resbalosa, y al mismo tiempo los helicópteros cargando
alimentación para las tropas militares que también están en esas veredas.
El 29 de agosto de 2017, la Comunidad de Paz lanzó un llamado apremiante a todas las
comunidades y grupos solidarios en el mundo para compartirles un diagnóstico de la si-
tuación que se ha venido consolidando, así:
“Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, preocupada en extremo por lo vivido en los
últimos meses, quiere dejar constancia ante el país y el mundo de la degradación que se vive en la
región, efecto de las estrategias políticas del Estado y del Establecimiento en esta coyuntura en que
se ha firmado un cese de fuego con un movimiento insurgente, si bien en un mar de incoherencias e
incumplimientos.
1. La violencia que ha afectado a la zona en la cual se inscribe nuestra Comunidad de Paz, estuvo
determinada durante muchas décadas por la presencia de frentes guerrilleros y al mismo tiempo por
estrategias represivas criminales de parte de la fuerza pública y una red enorme de estructuras pa-
ramilitares que contaron siempre con la incentivación, asesoría, tolerancia y protección de la fuerza
pública. La represión criminal contra la población civil, que produjo muchos centenares de muertos,
torturados, víctimas de montajes judiciales y falsos positivos y de otras numerosas violaciones de los
derechos fundamentales, se apoyó siempre en el mecanismo de considerar como insurgente a todo
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inconforme o miembro de cualquier movimiento u organización social. Al desmovilizarse la guerri-
lla de las FARC, se ha podido comprobar que las estructuras paramilitares, estrechamente ligadas a
la fuerza pública, han querido copar los espacios dejados por dicha guerrilla y tratar de dominar
todo el territorio del corregimiento. Esto ha sido concomitante con una nueva incentivación de los
cultivos de coca, actividad que está sirviendo de apoyo financiero al paramilitarismo. Para un con-
trol más riguroso de la zona, los paramilitares están estableciendo puntos de informantes a su servi-
cio en todas las veredas y exigen que las comunidades los designen como miembros de las juntas
comunales. Ya en una de las veredas, la presencia de dichos informantes ha provocado un desplaza-
miento forzado. Es claro que los paramilitares están dotando a dichos informantes de armas, lo que
implica una nueva extorsión violenta sobre las comunidades, y también hay casos evidentes de re-
clutamiento de menores. La financiación del paramilitarismo en su nueva expansión, está recu-
rriendo también a impuestos ilegales o “vacunas”, que los propietarios de ganado, carniceros, co-
merciantes y trabajadores deben pagarles, pero también la gente del común es forzada a vincularse a
sus proyectos productivos para luego aportarles también impuestos. Es evidente la vinculación de
muchos campesinos de la zona, en diversos grados, y no pocos por temor o por la presión de la su-
pervivencia, a dichas estructuras o proyectos paramilitares. Incluso han infiltrado los espacios de
nuestra Comunidad de Paz con intención de reclutar a nuestros integrantes para sus proyectos o al
menos como puntos de información.
2. Por otra parte se han multiplicado visitas a la zona de altos funcionarios del Estado, como el Vi-
cepresidente, algunos parlamentarios, autoridades militares, el Alcalde, defensores, procuradores,
siempre acompañados por periodistas cooptados, estrategia que tiene por objetivo evidente dar una
imagen positiva de la zona y negar todas las estrategias paramilitares y represivas. Se aduce que
como en los últimos tres años no ha habido muertos, entonces la región “se encuentra en paz”, ce-
rrando los ojos al dominio paramilitar; a las amenazas y planes de exterminio de la Comunidad de
Paz y a las estrategias difamatorias contra quienes, como nuestra Comunidad, no dejamos de de-
nunciar las atrocidades.
3. Desde hace varios meses se percibe, por parte de la Brigada XVII del Ejército y de las estructuras
paramilitares, un afán de calumniar y estigmatizar el acompañamiento internacional, que ha consti-
tuido la principal protección con la cual ha contado nuestra Comunidad de Paz, ya que de parte de
las instituciones del Estado sólo hemos recibido agresiones, siendo víctimas permanentes de modali-
dades de persecución, exterminio y genocidio. El Comandante de la Brigada ha elaborado falsas ver-
siones de intervenciones de los acompañantes y las ha transmitido a otras instituciones del Estado y
a la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha tomado fotografías y datos de identidad
de algunos acompañantes, contra toda norma legal, y los ha difundido en documentos de circulación
interinstitucional con la intención no disimulada de que la Cancillería restrinja sus actividades de
acompañamiento. En concomitancia con esto, los paramilitares han venido anunciando, cada vez
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con mayor énfasis, su decisión de atentar contra los acompañantes internacionales en la medida en
que éstos impidan el desarrollo de sus planes. Recientemente, en cercanías de un retén militar, asal-
taron a miembros del Consejo Interno de nuestra Comunidad quienes se movilizaban en un vehículo
de servicio público y les robaron, a mano armada, el dinero producto de la comercialización comuni-
taria del cacao; cuando los acompañantes internacionales protestaron, lanzaron una amenaza direc-
ta contra ellos, anunciando que si van a estorbar sus planes, atentarán contra ellos para sacarlos de
en medio. Esta amenaza que se ha repetido con frecuencia por parte de los paramilitares, mira a
destruir la protección moral, la única que nuestra Comunidad ha aceptado, rechazando las protec-
ciones armadas que el Estado ofrece pero que desconocen el principal de nuestros principios fundan-
tes que es el rechazo a usar armas y a colaborar o convivir con cualquier actor armado.
4. Podríamos decir que nos encontramos en una situación similar a la de 1997, cuando era evidente
que el único proyecto que tenía viabilidad para la zona era el de dominio y control absoluto del pa-
ramilitarismo sobre la vida, la economía, la política y la cultura de la población de la zona. El Esta-
do, por supuesto, no lo afirmó así en ninguno de sus documentos o expresiones públicas pero sí lo
afirmó rotundamente en sus prácticas, principalmente en la politización sesgada de su aparato judi-
cial, en las omisiones de los Presidentes y sus oídos sordos a los clamores de las víctimas, en la con-
nivencia y unidad de acción de su fuerza pública con el paramilitarismo y en sus política de negar
todo lo que lo pueda comprometer, ocultando la realidad trágica y dolorosa de las víctimas y elabo-
rando estrategias de solución que no tocan para nada las raíces de los crímenes sino que las silen-
cian, las niegan y las encubren. Ahora se evidencia que son los mismos criterios los que se imponen:
los soldados han repetido por las veredas que no van a perseguir a los paramilitares sino a los que los
denuncian y eso es lo que se comprueba en la práctica. Los paramilitares, por su parte, se sienten
seguros y asumen una actitud arrogante como queriendo afirmar que “son Estado” y que no hay
nada que hacer contra ellos; que la única actitud sensata es callarse y aceptarlos como suprema au-
toridad de la zona, mientras ellos amenazan, dominan y saquean los bienes de subsistencia de los
campesinos.
Si todo esto contrasta con el discurso oficial y el de los medios masivos de información, por ello jus-
tamente queremos denunciar y compartir nuestros análisis y nuestra preocupaciones con aquellos
que aún creen en la dignidad humana y que han apoyado nuestra resistencia durante varias déca-
das, a los cuales les reiteramos nuestra inmensa gratitud”.