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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
Quito, D. M., 28 de marzo del 2018
SENTENCIA N.o 120-18-SEP-CC
CASO N.0 1225-15-EP
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
l. ANTECEDENTES
Resumen de admisibilidad
La presente acción extraordinaria de protección fue interpuesta el 24 de junio de
2015 por la señora Miriam Pilar Salazar Jiménez, por sus propios derechos, ante
la Secretaría de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los
Ríos, impugnando la Resolución expedida el 8 de junio de 2015 a las 14:53, dentro
del juicio por cambio de tenencia de menores N.0 2013-0427.
El secretario relator de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia
de Los Ríos remitió la demanda junto con el expediente a la Corte Constitucional
el 7 de agosto de 2015, siendo recibido por este Organismo el 12 de agosto del
mismo año.
La Secretaría General de la Corte Constitucional, el 12 de agosto del 2015, certificó
que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.
La Sala de Admisión, mediante auto del 20 de octubre de 2015 a las 13:38, avocó
conocimiento de la presente causa y previo a resolver sobre la admisibilidad de la
acción extraordinaria de protección planteada, dispuso que la legitimada activa
complete y aclare su demanda en el término de cinco días, bajo prevenciones de
rechazo y archivo.
Una vez que la accionante completó y aclaró su demanda dentro del término legal
concedido, la Sala de Admisión, mediante auto del 2 de febrero de 2016 a las
13:16, avocó conocimiento de la presente causa y por considerar que la acción
extraordinaria de protección reúne los requisitos formales exigidos para la
presentación de la demanda, admitió a trámite la acción y ordenó que se proceda,
\\ 1\
al ·va sorteo. � 1
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De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional, el
24 de febrero de 2016, el secretario general remitió el expediente al despacho de
la jueza constitucional sustanciadora doctora Ruth Seni Pinoargote.
Mediante providencia del 18 de mayo de 2017, la jueza sustanciadora avocó
conocimiento de la causa N.0 1225-15-EP y dispuso que se haga conocer a las partes
procesales la recepción del caso, así como la notificación del contenido de la
demanda y de dicha providencia a los jueces de la Sala Multicompetente de la
Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, a fin de que en el término de cinco días
presenten un informe debidamente motivado de descargo acerca de los argumentos
que se exponen en la demanda. De igual manera, dispuso notificar a los terceros
interesados Guingla Jogacho Becker Servando, y al procurador general del Estado.
El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional
los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaíza y
Francisco Butiñá Martínez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 432
y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.
Mediante la Resolución N.0 004-2016-CCE, adoptada por el Pleno del Organismo
el 8 de junio de 2016, se designó a la abogada Marien Segura Reascos como jueza
constitucional, y se dispuso que todos los procesos que se encontraban en el
despacho del juez constitucional, Patricio Pazmiño Freire, pasen a conocimiento
de la referida jueza constitucional.
Decisión judicial impugnada
Resolución dictada el 8 de junio de 2015 a las 14:53, por los jueces de la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos:
VISTOS:( ... ) QUINTO: ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE ALZADA.-( ... ) Siendo
los menores de edad un grupo reconocido como vulnerable y protegido por ello a nivel
constitucional conforme establecen los arts. 44 y 45 de la Carta Magna, primará para la
toma de cualquier decisión que verse sobre su situación el interés superior del menor,
contemplado normativamente en el art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, que
señala ( ... ). Ante ello, este Tribunal debe analizar y sopesar en esta controversia sobre la tenencia de
~ dos menores de edad, disputada entre su padre y su madre, en qué entorno su desarrollo
integral tendrá lugar de manera más apropiada, considerando para ellos los parámetr� '
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generales para casos similares y las circunstancias particulares del caso concreto, a fin
que la respuesta otorgada por el ente jurisdiccional, más allá de satisfacer una u otra
posición, haga prevalecer lo que fuere mayormente beneficioso para ambos menores.
( ... ) se retoma la discusión respecto de si es apropiado otorgar la tenencia de ambos
menores a su progenitor, lo que significa sacarlos del entorno materno en donde se
encontraban. Concebida la tenencia como aquella institución que alcanza como fin ubicar
a un menor bajo la responsabilidad de uno de los dos padres cuando estos están separados,
siempre atendiendo la situación de mayor favorabilidad para el menor, propendiendo su
bienestar, dando prevalencia al interés superior del niño, ya que en una controversia de
tenencia entre progenitores la misma deberá corresponder a uno de estos.
El Art. 118 del Código de la Niñez y Adolescencia establece "Cuando el Juez estime más
conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y
crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad,
encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. También podrá confiar la
tenencia con atribución de uno o más de los derechos y obligaciones comprendidos en la
patria potestad, teniendo siempre en cuenta la convivencia señalada en el inciso anterior".
De la actuación probatoria y acervo obtenido procesalmente en primer nivel, de la
documentación presentada al proceso, se establecen dos situaciones que inciden en la
motivación para tomar una decisión por uno u otro progenitor. En primer término es
diáfano que la permanencia de los menores en el hogar materno no solamente no es la
indicada al no ser dicho entorno el adecuado para su desarrollo integral, smo por
contrario, es un medio que indudablemente está afectando negativamente dicho
desarrollo, lo que se ha puesto de manifiesto en el comportamiento de los menores y ha
sido apreciado en forma directa por el agente investigador, la trabajadora social, la
psicóloga clínica, la médico, quienes en forma concordante exponen la calamitosa
situación de abandono físico, psicológico y afectivo que viven los menores junto a su
madre, al punto de haber contraído una enfermedad infecto contagiosa como la Hepatitis
A, a decir de los propios niños, por la ingesta de comidas compradas en la calle ya que la
madre no les prepara consuetudinariamente los alimentos, ni se preocupa de su aseo, de
su escolaridad, de su salud, de su bienestar en general; y, en orilla opuesta, cumple
reiteradamente actividades sociales con amistades, bien fuera de la casa, bien en su
domicilio, que la alejan del papel básico de una progenitora responsable. Adicionalmente,
y sumando en negativo, la madre observa un comportamiento, incluso por ella admitido,
de agresividad hacia los menores, de inferir golpes severos con objetos como cables o
correas, a decir de los niños prácticamente a diario, comportamiento que está afectando
ya a sus hijos y las relaciones de estos con su entorno social, siendo objeto de burlas en
la escuela. Resalta que, a decir de los menores, su madre les haya inculcado la misión de
mentirle a un juez aseverando hechos graves como es un abuso sexual (que no ha sido
verificado mediante las experticias dispuestas para ello) señalando a un familiar, para así
er en su momento la tenencia de sus hijos, lo que configura un antecedente """''u"''vrespecto de la concepción de valores que les serían inculcados por su progenitora, lo que
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permite ubicarla en lo contemplado en el Art. 106, numeral 4 del Código de la Niñez y
Adolescencia.
Este tipo de situaciones generan en el individuo, a tan corta edad, profundas
connotaciones que a futuro puedan detonar en conductas inadecuadas y hasta peligrosas,
para sí o para sus congéneres, ya que es conocido que es en los primeros años de vida que
una persona afianza o distorsiona valores, preceptos, su propia estima, que de verse
aquejado como no cabe duda ha ocurrido con los niños Guingla Salazar, y no recibir la
ayuda psicológica necesaria producirá trabas sustanciales y hasta irreparables; siendo
penoso lo que estos niños han sufrido durante ya años de disputa entre sus padres.
En cuanto al segundo aspecto relevante obtenido, su progenitor ha creado aún en un
ambiente difícil un vínculo afectivo valioso para con sus hijos, que les permite ubicarlos
como la persona que les ha dado atención, cariño, los ha escuchado y se ha preocupado
por ellos. Los menores identifican el retornar a vivir con su padre y su abuelita no como
una posible remediación a la situación que viven, sino como la singular opción para poder
llevar una vida normal. Entienden que en el entorno del hogar paterno existe disciplina,
cuando ubican a la abuela como una persona estricta pero que los atiende debidamente;
y, donde existe el afecto que provee el padre y que es indispensable para un crecimiento
sano.
Al confluir estas circunstancias, verificadas procesalmente, es entendible el por qué los
menores Guingla Salazar desean de manera firme y conjunta retornar al hogar de su padre,
anhelo que no puede ser desoído por la autoridad jurisdiccional que, en este tipo de
asuntos no es sino un servidor público obligado constitucional, legal y moralmente a
otorgar una respuesta justa y válida, no únicamente a los sujetos procesales, sino
fundamentalmente a dos seres que aún sin saberlo, dependen de un atinado
pronunciamiento para que su presente y porvenir se encuentre dentro de los parámetros
apropiados para su crecimiento. ( ... ).
No podemos olvidar que en todo proceso controvertido el papel fundamental de cada
parte es probar lo que alega para sí, otorgar el camino al juzgador y así éste alcance la
certeza que le permite emitir una resolución motivada. ( ... ) La actividad probatoria
cumplida determina que las aseveraciones del padre y demandante poseen sustento
fáctico. Por el contrario, las alegaciones de la progenitora, tanto en primer nivel como en
esta instancia no han podido desvirtuar lo probado, no pasando más allá de simples
enunciaciones ( ... ).
SEXTO: DECISIÓN DEL TRIBUNAL.- ( ... ) este Tribunal de Segunda Instancia,
actuando con criterio de Justicia, por UNANIMIDAD no acoge el recurso de apelación
interpuesto por la progenitora y confirma en todas sus partes la resolución venida en grado
que confió la Tenencia de los menores ( .. . ) a favor de su padre Becquer Servando Guingla � Jo gacho; ( . .. ). Ejecutoriado que se encuentre esta resolución, devuélvase el proceso a\�J .· juzgado de origen para los fines pertinentes.- Notifíquese y Cúmplase". (sic) \"\
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Antecedentes del caso concreto
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El presente caso deviene del proceso iniciado con la demanda de cambio de
tenencia de menores y modificación de la resolución de tenencia N.0 122103-2013-
0427, presentada por Bequer Servando Guingla Jogacho, en contra de la señora
Miriam Pilar Salazar Jiménez.
Mediante acta de mutuo acuerdo de tenencia, suscrita ante el juez cuarto de la niñez
y adolescencia de Babahoyo el 19 de julio de 2010 a las 14:33, se determinó que
el señor Bequer Servando Guingla Jogacho tendría la tenencia de sus dos hijos
menores de edad y la madre podría visitarlos los fines de semana cada quince días.
La señora Miriam Pilar Salazar Jiménez presentó la demanda de reforma de
tenencia ante el Juzgado Cuarto de la Niñez y Adolescencia de Babahoyo, en el
que solicitó que se revoque la tenencia de sus hijos menores, para ser ella quien la
eJerza.
El Juzgado Cuarto de la Niñez y Adolescencia de Babahoyo, mediante auto
resolutorio de 27 de junio de 2013 a las 0 8:59, declaró con lugar la demanda de
reforma de tenencia propuesta.
El señor Bequer Servando Guingla Jogacho presentó recurso de apelación, el
mismo que fue conocido por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Justicia de Los Ríos, que mediante auto de 12 de marzo de 2014, negó el recurso.
El señor Bequer Servando Guingla Jogacho presentó un nuevo escrito en el que
solicitó que se revise la tenencia de sus hijos.
Mediante auto resolutorio de 12 de marzo de 2015 a las 08:13, la Unidad Judicial
de Los Ríos aceptó lo solicitado y concedió la tenencia de los menores a favor de
su padre. Posteriormente, la progenitora presentó recurso de apelación, el que fue
conocido por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los
cual resolvió negar mediante resolución de 8 de junio de 2015.
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Detalle de la demanda
En lo principal, la legitimada activa manifiesta que la decisión judicial impugnada
vulneró el fuero territorial, ya que su residencia y la de sus hijos al momento de
interponer la modificación de la tenencia, era y es la ciudad de Guayaquil.
Dice la accionante, que desde el momento que se citó a la parte demandada
mediante un deprecatorio en la ciudad de Guayaquil, lugar de residencia de la
demandada y de sus hijos, en el primer escrito y los siguientes presentados, rechazó
la competencia de la judicatura de Los Ríos por no ser competente en razón del
territorio .
Finalmente, aduce que los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial
de Justicia de Los Ríos, no garantizaron su derecho a la tutela judicial efectiva ni
el debido proceso en la garantía de la motivación al momento de la emisión de la
sentencia de 8 de junio de 2015 a las 14:53, materia de esta acción constitucional.
Identificación de los derechos constitucionales presuntamente vulnerados
De la argumentación constante en la demanda contentiva de la presente acción
extraordinaria de protección, se evidencia que la alegación principal de
vulneración de derechos constitucionales, es respecto a la tutela judicial efectiva y
el debido proceso en la garantía de la motivación, previsto en el artículo 75 y 76
numeral 7 literal 1) de la Constitución de la República del Ecuador,
respectivamente.
Petición concreta
Dentro de la demanda de acción extraordinaria de protección, la legitimada activa
solicita que la Corte Constitucional acepte la acción extraordinaria de protección,
y en consecuencia declare vulnerado los derechos constitucionales invocados, ordenando la nulidad de todo lo actuado desde que la jueza avocó conocimiento de
la modificación de la tenencia.
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De los informes presentados
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Jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos (legitimados pasivos)
A fojas 74 del expediente constitucional, comparece el doctor Horacio Manuel
Vásconez Bustamante y el abogado Adolfo Richad Gaibor en su calidad de jueces
de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, en
atención a la demanda de acción extraordinaria de protección presentada, en lo
principal, en su informe requerido manifiestan lo siguiente:
La legitimada activa, en su demanda manifiesta que, "propone acc10n
extraordinaria de protección, e indica como derecho constitucional violado; que
desde el momento que se citó a la parte demandante un deprecatorio, en la ciudad
de Guayaquil, lugar de residencia de la demandada y sus hijos, en el primer escrito
y los siguientes presentados rechazamos la competencia de la Judicatura de Los
Ríos por no ser competente en razón del territorio".
Los legitimados pasivos manifiestan que en el proceso no existió violación de
ningún derecho constitucional en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de
los jueces de la Sala; además de que se consideró que la competencia estaba
radicada en la jurisdicción del cantón Babahoyo, donde tiene competencia la Sala
Multicompetente.
Que, no se ha vulnerado el derecho al acceso gratuito a la justicia, y a la tutela
judicial efectiva, imparcial y expedita, como lo consagra el artículo 75 de la
Constitución de la República, y que para dictar la resolución de última instancia,
lo hicieron al amparo constitucional y legal, y sobre todo en aplicación al principio
del interés superior del niño, y se basaron en los informes técnicos de la psicóloga
y trabajadora social.
Comparecencia de terceros interesados en el proceso
de � Bequer Servando Guingla Jogacho (actor en el proceso de cambio de tenenci�
��
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Se deja constancia que el señor Bequer Servando Guingla Jogacho (actor en el
proceso de cambio de tenencia de menores), no compareció a esta acción
constitucional pese a ser legalmente notificado con la providencia de 18 de mayo de
2017.
Procurador General del Estado
Comparece el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de
Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, señalando la casilla
constitucional N.0 18, para recibir las notificaciones que le correspondan.
Audiencia pública
Mediante la razón sentada por el actuario del despacho abogado Christian Espinosa
Bravo, el 18 de julio del 2017 a las 09:00, se deja constancia que asistió y expuso
los argumentos de defensa; la legitimada activa señora Miriam Pilar Salazar
Jimenez, representada por su abogado patrocinador Franz Hernán Romero
Sánchez. No comparecieron a esta diligencia los legitimados pasivos, los jueces de
la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, ni el tercer
interesado en esta acción el señor Bequer Servando Guingla Jogacho (actor en el
proceso de cambio de tenencia de menores), ni el procurador general del Estado.
11. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse
sobre las acciones extraordinarias de protección propuestas contra sentencias,
autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo
previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en
concordancia con los artículos 63 y 191 numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 3 numeral 8 literal
e y tercer inciso del artículo 46 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación
Cx\. de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. \ �)
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Legitimación activa
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La accionante se encuentra legitimada para interponer la presente acción
extraordinaria de protección en virtud de cumplir con los requerimientos
establecidos en el artículo 437 de la Constitución de la República, de conformidad
con el artículo 439 ibídem, que establece que las acciones constitucionales podrán
ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente
y en concordancia con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Naturaleza jurídica y objeto de la acción extraordinaria de protección
Conforme lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República
del Ecuador, la Corte Constitucional, por medio de la acción extraordinaria de
protección, se pronunciará respecto de dos cuestiones principales: la vulneración
de derechos constitucionales o de normas del debido proceso. En este orden, todos
los ciudadanos, en forma individual o colectiva, podrán presentar una acción
extraordinaria de protección contra decisiones judiciales en las cuales se hayan
vulnerado derechos reconocidos en la Constitución de la República; mecanismo
previsto para que la competencia asumida por los jueces esté subordinada a los
mandatos del ordenamiento supremo y ante todo respeten los derechos de las partes
procesales.
La acción extraordinaria de protección procede exclusivamente en contra de
sentencias o autos definitivos en los que por acción u omisión se haya violado el
debido proceso u otros derechos constitucionales reconocidos en la Norma
Suprema, una vez que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios
dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no
fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional
vulnerado.
En tal razón es un mecanismo excepcional que busca garantizar la supremacía de la Constitución frente a acciones y omisiones en las actuaciones de los jueces. No
se trata de una instancia superpuesta a las ya existentes, ni la misma tiene por objeto deslegitimar o desmerecer la actuación de los jueces ordinarios; por el (\ ..........._
trario, tiene como único fin la consecución de un sistema de justic� � \ rizado por el respeto y sujeción a la Constitución. � '
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Determinación del problema jurídico para la resolución del caso
La Corte Constitucional en el presente caso, deberá determinar si la resolución
judicial impugnada vulneró o no los derechos constitucionales invocados en esta
acción constitucional, para lo cual estima necesario, sistematizar su argumentación
a partir del siguiente problema jurídico:
La resolución expedida el 8 de junio de 2015 a las 14:53 por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, que niega el recurso de apelación interpuesto por la progenitora y confirma en todas sus partes la resolución subida en grado que confió la tenencia de los menores a favor de su padre, dentro del proceso de cambio de tenencia de menores N.0 2013-0427 ¿vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador?
Argumentación y desarrollo del problema jurídico planteado
Miriam Pilar Salazar Jiménez en su demanda manifiesta que la decisión judicial
impugnada vulneró el fuero territorial, ya que su residencia y la de sus hijos al
momento de interponer la modificación de la tenencia, era y es la ciudad de
Guayaquil. Que, desde el momento que se citó a la parte demandada mediante un
deprecatorio en la ciudad de Guayaquil, lugar de residencia de la demandada y de
sus hijos, en el primer escrito y los siguientes presentados, se rechazó la
competencia de la Judicatura de Los Ríos por no ser competente en razón del
territorio. Por lo expuesto, aduce que la resolución impugnada vulneró su derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva.
El derecho constitucional presuntamente vulnerado se encuentra previsto en el
artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, de la siguiente manera:
Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de
inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.
El derecho a la tutela judicial efectiva se caracteriza por un contenido prestacional, �'"" cuyo ejercicio implica garantizar el acceso a los órganos judiciales competentes y\�
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al derecho al debido proceso, entendido como la observancia de procedimientos
mínimos que incluyen, a su vez, que la decisión final esté debidamente motivada
en derecho, convirtiéndose así en el derecho a obtener justicia a través de un
proceso, asegurando de este modo el sistema procesal como medio para la
realización de la justicia.
La vulneración de la tutela judicial efectiva, indiscutiblemente implica situar en un
estado de indefensión a cualquiera de los justiciables o de terceros con interés en
la causa, ya sea por la marginación, parcialidad, condiciones personales o como
resultado de arbitrariedad o discrecionalidad infundada del operador de justicia.
Ahora bien, este Organismo Constitucional\ al efectuar el estudio de la tutela
efectiva destacó tres momentos: i) El acceso a los órganos judiciales competentes;
ii) El desarrollo del proceso en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley
y en tiempo razonable; y, iii) La ejecución de la sentencia.
En atención a los lineamientos que anteceden, este Organismo examinará y
resolverá si en el presente caso se vulnera o no el derecho constitucional
mencionado. De esta manera, en atención a los argumentos expuestos, corresponde
determinar si se impidió el libre acceso al sistema de justicia, primer presupuesto
de la tutela judicial efectiva.
El acceso a los órganos jurisdiccionales competentes
El caso sub examine deviene de un juicio por el cambio de tenencia de menores y
modificación de la resolución de la misma, solicitada por el progenitor Bequer
Servando Guingla Jogacho en contra de la progenitora Miriam Pilar Salazar
Jiménez, caso N.0 2013-0427. La jueza de primer nivel, aceptó la demanda y
consecuentemente confió la tenencia de los menores a su padre. De esta resolución,
la progenitora interpuso recurso de apelación, el cual, mediante resolución emitida
el S de junio de 2015 a las 14:53, los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte
Provincial de Justicia de Los Ríos, niegan el recurso de apelación y confirma la
decisión de primera instancia.
1 Corte Constitucional del Ecuador, sentencias No. 224-14-SEP-CC, dentro del caso No. 1836-12-EP, de�� 10 de diciembre de 2014; 247-15-SEP-CC, dentro del caso No. 1195-14-EP, de 29 de julio de 2015; 150-16-SEP-CC, centro del caso No. 1201-14-EP.
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Ahora bien, el elemento en estudio requiere que el acceso a los diferentes órganos
judiciales competentes de instancias se realice sin trabas ni condicionamientos o
limitaciones que no se encuentren previstos en la ley ni restrinjan derechos
constitucionales, puesto que el sistema procesal es un medio para la realización de
la justicia y advierte a no sacrificar la justicia por la sola omisión de formalidades.
En otras palabras, este derecho comprende: Recurrir ante los Tribunales de justicia
competente y a obtener de ellos una sentencia útil; acceder a una instancia judicial
ordinaria y a lograr un control judicial suficiente sobre lo actuado; a un juez natural
e imparcial; a la eliminación de las trabas que impidan u obstaculicen el acceso a
la jurisdicción; a la interpretación de las normas reguladoras de los requisitos de
acceso a la jurisdicción en forma favorable a la admisión de la pretensión,
evitándose incurrir en hermenéuticas ritualistas (in dubio pro actione); a que no se
desestimen aquellas pretensiones que padecen de defectos que pueden ser subsanados; a la no aplicación en forma retroactiva de nuevas pautas
jurisprudenciales con relación a los requisitos de admisibilidad, a fin de evitar
situaciones de desamparo judicial; a una decisión fundada que haga mérito de las
principales cuestiones planteadas2•
Así, este derecho constitucional tiene estricta relación con el derecho a la seguridad
jurídica, en tanto está destinado a salvaguardar un sistema jurídico válido y eficaz,
que impida la vulneración del derecho vigente, y correlativamente para garantizar
a las personas la existencia de jueces competentes que defiendan, protejan y tutelen
sus derechos, es decir, a no ser juzgados por jueces o Tribunales de excepción o
por comisiones especiales creadas para este efecto .
En el presente caso, a criterio de la legitimada activa, el núcleo del problema tiene
relación a la incompetencia de los jueces de instancia de la provincia de Los Ríos,
por cuanto estos habrían conocido y resuelto la causa sin tener competencia en
razón del territorio.
Desde esta perspectiva, se desprende que la legitimada activa no habría acudido a
los jueces de su domicilio o residencia que tiene en la ciudad de Guayaquil; sino
ante los órganos jurisdiccionales de la provincia de Los Ríos. Por lo tanto, en esta
acción constitucional, básicamente alega la incompetencia de los legitimados
2 Alfredo Ruiz Guzmán, Pamela Juliana Aguirre Castro y Dayana Fernanda Ávila Benavidez, editores. � Desarrollo Jurisprudencia! de la primera Corte Constitucional (Período noviembre de 2012 noviembre de \. � 2015) Quito Ecuador 2016. Pfra pág. 111.
\ �'
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pasivos que conocieron y resolvieron el juicio incoado para el cambio de tenencia
de los menores formulado por el progenitor Bequer Servando Guingla Jogacho.
Al respecto, examinado el contenido del fallo cuestionado, se observa las
justificaciones expuestas por los jueces provinciales en relación a la alegada
incompetencia para conocer y resolver el caso. En efecto, los juzgadores
consideran lo siguiente:
Siendo que este proceso viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada por recurso
interpuesto por la accionada y progenitora, se destaca de su pretensión que ha alegado,
como así lo hizo en la audiencia de estrados celebrada en esta instancia, que la jueza a
quo no era competente para resolver en razón que la ciudadana Miriam Pilar Salazar
Jiménez tiene su domicilio en la ciudad de Guayaquil, afirmando que debía plantearse la
demanda de tenencia ante un juez de la materia en esa circunscripción territorial.
La recurrente en ese planteamiento cae en contradicción por cuanto si bien lo alegó al
comparecer al proceso y obtuvo la respuesta de la juzgadora de primer nivel en
pronunciamiento del 2 de julio de 2014, las 14h31, en el cual textualmente expresa "En
atención a lo solicitado, con fundamento en el Art. 279 del Código de la Niñez y
Adolescencia, Ley orgánica por ende de competencia especial y de orden público, al
mismo juez que emitió la resolución principal del presente juicio de tenencia, le
corresponde conocer las peticiones posteriores como en el caso que se pretende la
modificación de lo ya resuelto, por lo que habiéndose radicado inicialmente la
competencia de la suscrita en razón del sorteo correspondiente, en armonía con el Art. 1
del Código de Procedimiento Civil, norma supletoria aplicable a la Ley de la Materia, por
tratarse de una incidencia y no de una demanda principal, es a esta autoridad a quien le
compete continuar con el conocimiento de la causa y no a un juez/a ajeno a esta
jurisdicción.- Por los fundamentos que anteceden se desestima la inhibición pretendida",
continúa insistiendo la recurrente en el desarrollo del proceso en esa pretensión, más allá
de inhibición, planteando una nulidad, cuando en su propio escrito de recurso hace cita
doctrinaria de lo que se define como un incidente y, precisamente, lo que se está tratando
es un incidente dentro de una causa principal.
Reafirmando en este sentido, en la audiencia de conciliación y contestación a la demanda,
la propia demandada y ahora recurrente ( .. . ) aseveró que la tenencia que ahora se
controvertía le habría sido otorgada por el Juez Cuarto de la Niñez y Adolescencia del
cantón Babahoyo, Los Ríos y dicho fallo confirmado por la Sala de la Corte de esta misma
provincia, con lo que acepta que el juez competente que decidió inicialmente sobre la
tenencia es el de esta jurisdicción. Por lo tanto, quien debe conocer sobre cualquier � · nte al respecto, como bien lo fundamenta la juzgadora a quo, es el mismo juez qu� conoció previamente el proceso. } i
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Adicionalmente, la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de
Justicia, en fallo del18 de abril de 2013; las 09h30, en caso similar en el cual se pretendía
que un incidente se lleve en cuerda separada, manifestó "Sostener que debía proponerse
un juicio independiente, rompe el sentido de unidad procesal, en cuanto tiene que ver con
el derecho a alimentos, mismo que encuentra sentido bajo las condiciones y parámetros
que el juez que conoció del divorcio dejó establecidas, lo contrario quebrantaría el
principio de concentración, que entre otros rige al proceso y que se encuentra consagrado
en el Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el Art. 169
de la Constitución de la República. Consecuentemente, no se justifica formar un
expediente aparte para reclamar un derecho que ha sido discutido ya en otro proceso, más
aún cuando aquello lesionaría el principio del interés superior del niño, en virtud del cual
las necesidades de los niños, niñas y adolescentes deben ser atendidos de manera
prioritaria, efectiva, rápida y eficaz, mismos que el juez está obligado a tutelar de manera
preferente".
Debe observarse que el Art. 119 del Código de la Niñez y Adolescencia, respecto de la
resolución de tenencia señala "Modificaciones de las resoluciones sobre tenencia.- Las
resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria. El juez podrá alterarlas en cualquier
momento si se prueba que ello conviene al adecuado goce y ejercicio de los derechos del
hijo o hija de familia. Si se trata del cambio de tenencia, se lo hará de manera que no
produzca perjuicios psicológicos al hijo o hija, para lo cual el Juez deberá disponer
medidas de apoyo al hijo o hija y a sus progenitores.", con lo que queda claro que "El
Juez" es aquel que emitió la resolución primaria sobre la demanda de tenencia, y podrá
alterarlas como consecuencia de los incidentes que al respecto (tenencia) se presenten. Lo
que establece lógica y coherencia normativa con el Art. 10 del Código de Procedimiento
Civil cuando indica " ... La jueza o el juez que conoce de la causa principal conocerá: l. De los incidentes que en ella se lleguen a producir; ... ", por lo que la incompetencia
alegada por la recurrente no tiene asidero. (sic)
Como se puede observar, la resolución impugnada justifica la competencia de los
jueces de primera y segunda instancia para conocer y resolver la petición de
cambio de tenencia de los menores planteada por Bequer Servando Guingla
Jogacho en contra de la progenitora Miriam Pilar Salazar Jiménez, toda vez que
esa medida de la administración de la justicia, fue cuestionada por la demandada -
ahora accionante-, por lo que los jueces de la Corte de Apelación previo a
pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido, consideraron oportuno
dilucidar el tema alegado. En tal virtud, esta Corte observa que Miriam Pilar
Salazar Jiménez si accedió ante los órganos jurisdiccionales competentes de la
jurisdicción de la provincia de Los Ríos, ya que, inicialmente, en esa jurisdicción
territorial le había sido otorgada la tenencia a su favor1. De allí que, de � 3 Primera instancia, por el juez cuarto de la niñez y adolescencia del cantón Babahoyo. �� ·
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR Caso N." 1225-15-EP Página 15 de 26
conformidad con el artículo 119 del Código de la Niñez y Adolescencia, "Las
resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria. El Juez podrá alterarlas en
cualquier momento si se prueba que ello conviene al adecuado goce y ejercicio de
los derechos del hijo o hija de familia". Así, la petición de cambio de tenencia de
los menores, al tratarse de un incidente -más no una demanda principal-, queda
claro que el juez que emitió la resolución principal de la demanda de tenencia,
también es competente para resolver los incidentes planteados, circunstancia que
es corroborada por el artículo 8 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil,
normativa vigente a la fecha del inicio del proceso, que dice: "se prorroga la
competencia de todo juez, respecto de los asuntos que llegan a ser incidentes de la
causa principal". En consecuencia, quien debe conocer sobre cualquier incidente
al respecto, es el mismo juez que conoció previamente el proceso principal.
En este caso, la demandada y progenitora Miriam Pilar Salazar Jiménez, tuvo
acceso a los órganos jurisdiccionales competentes de primera y segunda instancia,
pese a que en principio alegó la incompetencia, se defendió a lo largo del proceso
e inclusive interpuso el recurso vertical de apelación.
Por lo tanto, claramente se desprende que la resolución judicial impugnada no
vulneró el acceso a los órganos jurisdiccionales competentes que es el primer
parámetro de la tutela efectiva contemplado en el artículo 75 de la Constitución de
la República.
El desarrollo del proceso en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley y en tiempo razonable
Este parámetro hace referencia a la debida diligencia que debe emplear el juzgador
como director del proceso en la sustanciación y resolución del caso, y debe velar
por que se cumplan a cabalidad las reglas del debido proceso, esto es, el derecho a
la defensa, el cumplimiento de las normas y los derecho de las partes, la
motivación; pues el incumplimiento de éstos podría acarrear la nulidad, por
mandato del artículo 76 numeral 7 literal) de la Constitución de la República del
Ecuador, que en su parte pertinente expresa: "Los actos administrativos,
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán
nulos". . \�
Caso N.0 1225-15-EP Página 16 de 26
Ahora bien, corresponde verificar si los juzgadores observaron y aplicaron las
normas del debido proceso en el fallo cuestionado, en la especie, la garantía de
motivación, que también fue alegada por la accionante:
Examen de motivación de la decisión judicial impugnada
Es deber del juzgador expresar su motivación, es decir, enunciar las disposiciones
legales o constitucionales, así como los principios jurídicos o la jurisprudencia
ordinaria o constitucional aplicable al caso concreto que justifique la adopción de
la decisión, debiendo explicar la pertinencia de aplicación de las normas a los
antecedentes de hecho. En tal virtud, si se omite aquel deber constitucional, carece
de eficacia y será considerado nulo por mandato de la Constitución de la
República, previsto en el artículo 76 numeral 7 literall, que dice:
En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: ( ... )7.
El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: ( . . . ) 1) Las
resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en
la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se
explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.
La motivación es una garantía sustancial del debido proceso que se traduce en el
derecho que tienen todas las personas a recibir decisiones judiciales debidamente
fundamentadas, lo cual implica que las mismas no deben agotarse en la
enunciación de antecedentes de hecho y normas jurídicas, sino deben justificar la
relación directa entre las premisas fácticas y jurídicas, a partir de las cuales el juez
emite una valoración al respecto. En otras palabras, la motivación exige a las
autoridades judiciales la explicación de las razones por las cuales se expide una
resolución con la finalidad de que las personas puedan conocer su contenido y
entender los motivos por los cuales se ha dictado la misma4.
De esta manera, para que una sentencia se encuentre debidamente motivada, deben
recurrir simultáneamente los siguientes requisitos: 1) la razonabilidad, 2) lógica y
4 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 118-16-SEP-CC de 13 de abril de 2016, dentro del caso��.
No. 1168-14-EP. ' � '-) ;
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR Caso N.0 1225-15-EP Página 17 de 26
3) comprensibilidad, conforme lo ha manifestado este Organismo Constitucional,
en la sentencia N.0 063-14-SEP-CC, caso N.0 0522-12-EP, emitida el 09 de abril
de 2014.
Examen de razonabilidad
La razonabilidad se refiere al respeto, observancia y cumplimiento de las
disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales pertinentes y aplicables
a la naturaleza de la causa puesta a su conocimiento. Tanto el trámite adoptado
como la resolución debe estar en armonía con los preceptos jurídicos previos,
claros, públicos y aplicados por el juez, es decir, no puede apartarse de la
naturaleza y objetivos fijados por la normativa, ni proporcionar interpretaciones o
razonamientos manipulados o imponer determinadas ideológicas y concepciones
personales, puesto que estas particularidades producen fallos arbitrarios
indebidamente justificados.
En este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, en relación al caso sub examine, observa que la resolución judicial emitida el 8 de junio de 2015 a las
14:53, por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos,
se encuentra conformado por un resumen de antecedentes jurisdiccionales, seis
considerandos y la parte resolutiva; aspectos de los cuales, en el desarrollo del
presente parámetro, se tratarán aquellos que tengan relación con la enunciación de
las fuentes del derecho utilizadas por la referida judicatura para fundamentar su
decisión.
En aquel orden de ideas, este Organismo constata que en el considerando quinto
de la referida resolución, los jueces citaron los artículos 44 y 45 de la Constitución
de la República del Ecuador5 los mismos que se refieren al principio del interés
superior y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
5 Constitución de la República del Ecuador, artículo 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.
45 ibidem.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los L:<";C. ___ ,c: de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. �-....,.� niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia
Caso N." 1225-15-EP Página 18 de 26
A su vez, la Corte Constitucional evidencia que la Sala se refirió al artículo 11 del
Código de la Niñez y Adolescencia, el cual determina: "El interés superior del niño
es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades
administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de
ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés
superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los
derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga
a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el
principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio
de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa
y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado,
que esté en condiciones de expresarla".
Así también, la judicatura en cuestión citó los artículos 118 del referido código y
106, numeral 4 ibídem, los cuales determinan: "Cuando el juez estime más
conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado
y crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria
potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. También
podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más de los derechos y
obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo siempre en cuenta la
conveniencia señalada en el inciso anterior".
Posteriormente, la Corte Constitucional del Ecuador observa que la Sala citó el
artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, normativa que establece
lo siguiente:
1.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño.
2.- Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres,
y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. \\ El E;tado garantiz�rá su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y��\\ 1\. demas formas asociativas. \� \ 1
!
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR Caso N.0 1225-15-EP Página 19 de 26
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las
medidas legislativas y administrativas adecuadas.
Posteriormente, la Sala citó el precedente jurisprudencia! constitucional expedido
por este Organismo, esto es, la sentencia N.0 021-11-SEP-CC, el mismo que hace
referencia sobre el rol de las juezas o jueces en la toma de decisiones en el proceso
de tenencia de los menores, expresando lo siguiente: " ... consientes de la compleja
tarea que desarrolla la jueza o juez, consideramos que al tomar una decisión en el
juicio de tenencia, a más de los parámetros señalados, es imperativo que exista un
justo equilibrio entre los principios y derechos en pugna, es decir, entre los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, y los derechos de los padres ( ... ). En
otras palabras, la jueza o juez no podrá ciegamente dar preferencia a la madre por
el hecho de serlo y por considerar que es quien tradicionalmente provee de cuidado
y atención a los hijos, sino atendiendo el principio de interés superior del niño, y
siempre y cuando los padres se encuentren en igualdad de condiciones ( . . . )".
En razón de lo expuesto, claramente se evidencia que en la presente causa, los
jueces se han referido tanto a prescripciones normativas constitucionales,
convencionales y legales relativas a la tenencia de niños, hiñas y adolescentes. Así
también han citado los precedentes jurisprudenciales respecto de la tenencia de los
menores.
En aquel sentido, la Corte Constitucional del Ecuador al evidenciar que la temática
del presente caso guarda relación con la tenencia de menores, determina que las
fuentes de derecho utilizadas por las autoridades jurisdiccionales de la Sala de la
Corte Provincial de Justicia de Los Ríos tienen relación con la naturaleza del
proceso puesto en su conocimiento. Por tanto este Organismo constitucional
concluye que la Resolución de 8 de junio de 2015, emitida por la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, cumple con el
requisito de razonabilidad.
Lógica
El requisito de la lógica guarda relación con el hecho de que las decisiones deben
contener premisas argumentativas debidamente concatenadas y expuestas de \\ forma coherente, respecto a los argumentos de hecho y de derecho, relativos � � caso concreto. "\\'\' · ·
Caso N." 1225-15-EP Página 20 de 26
En este sentido, cabe indicar que la resolución, materia de esta acción, inicia
manifestando que la Sala conoce la causa como consecuencia del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada respecto del fallo dictado el 12 de
marzo de 2015, por la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia, con sede en el cantón Babahoyo.
De esta forma, en el considerando primero, declaró su competencia para conocer
y resolver dicho medio de impugnación y en el considerando segundo, declaró la
validez del proceso por considerar que no existe omisión de solemnidad sustancial
alguna que influya en la decisión de la causa.
En el considerando tercero, la Sala expresó el contenido de la pretensión del
cambio de la tenencia de los menores que formuló Bequer Servando Guingla
Jogacho, en calidad de padre de los menores, en contra de la progenitora Miriam
Pilar Salazar Jimenez, manifestando en lo principal que "desde que se encuentra
nuevamente al cuidado de su madre constantemente han venido siendo objeto de
maltratos físicos y psicológicos como se evidencia de los documentos que
acompaña referentes a las valoraciones médicas, fotografías y recetas médicas
donde se establece que sus hijos menores de edad han sido maltratados. Además
les ha metido la cabeza en una tina de agua cuando hacen alguna travesura, por lo
que ha sido necesario que instaure la acción para que se revise la tenencia de sus
hijos y sea reformada a su favor".
Luego, en el mismo considerando se refiere a la pretensión de la recurrente Miriam
Pilar Salazar Jiménez, la Sala señaló que "emitido y notificado el pronunciamiento
jurisdiccional de primer nivel, la demandada ( . .. ) interpuso recurso de apelación,
basándose en el Art. 330 del Código de Procedimiento Civil, alegando que su
domicilio está en el cantón Guayaquil y que su juez natural por razón del territorio
es aquel, por lo que es incompetente el juez conforme los artículos 24, 25 y 26 de
dicho cuerpo legal por lo que al no ser competente causaría nulidad procesal según
señala el Art. 346 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil".
En el considerando cuarto se reitera las diligencias procesales realizadas en la
sustanciación en primer nivel, detallando las comparecencias de las partes
procesales en la audiencia de conciliación y contestación a la demanda, así como
sus respectivas exposiciones; los elementos de pruebas que han suministrado las ��
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR Caso N." 1225-15-EP Página 21 de 26
partes dentro del término probatorio. Así, la Sala de la Corte Provincial de Justicia
de Los Ríos, empezó su análisis observando tanto los fundamentos de hecho y de
derecho expuesto por los justiciables, así también hizo referencia a los elementos
probatorios que presentaron las partes procesales para justificar sus hechos
alegados.
De esta manera, este Organismo observa del contenido de la decisión objeto de
estudio, que la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos hizo referencia
a las pruebas practicadas en el proceso, así por ejemplo al informe de personal de
DINAPEN; informe social de la trabajadora social de la Unidad Judicial de Familia
de Babahoyo; informe médico realizado a los menores; e informe psicológico
practicado, de los cuales los jueces determinan que en el análisis de la conducta
observada durante la entrevista a los menores, ambos manifiestan apego afectivo
hacia su padre, una actitud de rechazo a la figura materna por los maltratos físicos
y psicológicos recibidos.
En el considerando quinto, la Sala citó los artículos 44 y 45 de la Constitución de
la República del Ecuador, los mismos que se refieren al principio del interés
superior y los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Posteriormente, señala
la premisa, objeto del recurso de apelación, manifestando: "siendo que este
proceso viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada por recurso interpuesto
por la accionada y progenitora, se destaca de su pretensión que ha alegado, como
así lo hizo en la audiencia de estrados celebrada en esta instancia, que la jueza a
quo no era competente para resolver en razón que la ciudadana Miriam Pilar
Salazar Jiménez tiene su domicilio en la ciudad de Guayaquil, afirmando que debía
plantearse la demanda de tenencia ante un juez de la materia en esa circunscripción
territorial".
Así, la premisa descrita se refiere a la incompetencia de los juzgadores de instancia,
la misma que conforme se encuentra analizada en el estudio del parámetro del
acceso a los órganos jurisdiccionales competentes, que forma parte de la tutela
judicial efectiva, al haber sido ya dilucidada, se remite al análisis ut supra.
De igual manera este Organismo constata que las autoridades jurisdiccionales
provinciales analizaron el fondo de la pretensión del demandante. Así también � a que la judicatura en cuestión estableció la siguiente premisa: "este
al debe analizar y sopesar en esta controversia sobre la tenencia de dos�
Caso N.0 1225-15-EP Página 22 de 26
menores de edad, disputada entre su padre y su madre, en qué entorno su desarrollo
integral tendrá lugar de manera más apropiada, considerando para ellos los
parámetros generales para casos similares y las circunstancias particulares del caso
concreto, a fin que la respuesta otorgada por el ente jurisdiccional, más allá de
satisfacer una u otra posición, haga prevalecer lo que fuere mayormente
beneficioso para ambos menores".
Teniendo en consideración aquello, los jueces de la Sala Multicompetente de la
Corte Provincial de Justicia de Los Ríos efectuaron dos argumentos centrales para
adoptar la decisión objeto de la presente garantía jurisdiccional.
El primero relacionado con la permanencia de los menores en el hogar materno, en el que la Sala indicó que al no ser dicho entorno el adecuado para su desarrollo
integral, sino por el contrario, es un medio que indudablemente está afectando
negativamente dicho desarrollo, lo que se ha puesto de manifiesto en el
comportamiento de los menores y ha sido apreciado en forma directa por el agente
investigador, la trabajadora social, la psicóloga clínica, la médico, quienes en
forma concordante exponen la calamitosa situación de abandono físico,
psicológico y afectivo que viven los menores junto a su madre, al punto de haber
contraído una enfermedad infecto contagiosa como la Hepatitis A, a decir de los
propios niños, por la ingesta de comidas compradas en la calle ya que la madre no
les prepara consuetudinariamente los alimentos, ni se preocupa de su aseo, de su
escolaridad, de su salud, de su bienestar en general. Adicionalmente la madre
observa un comportamiento, incluso por ella admitido, de agresividad hacia los
menores, de inferir golpes severos con objetos como cables o correas, a decir de
los niños prácticamente a diario. Resalta que, a decir de los menores, su madre les
haya inculcado la misión de mentirle a un juez aseverando hechos graves como es
un abuso sexual (que no ha sido verificado mediante las experticias dispuestas para
ello) señalando a un familiar, para así obtener en su momento la tenencia de sus
hijos, lo que configura un antecedente nefasto respecto de la concepción de valores
que les serían inculcados por su progenitora.
El segundo argumento que efectuó la Sala, es el relacionado con el vínculo afectivo del progenitor. Al respecto, la Sala consideró que el progenitor ha
creado, aún en un ambiente difícil, un vínculo afectivo valioso para con sus hijos,
que les permite ubicarlo como la persona que les ha dado atención, cariño, los ha
escuchado y se ha preocupado por ellos. Los menores identifican el retornar a vivir
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR Caso N.0 1225-15-EP Página 23 de 26
con su padre y su abuelita no como una posible remediación a la situación que
viven, sino como la singular opción para poder llevar una vida normal. Entienden
que en el entorno del hogar paterno existe disciplina, cuando ubican a la abuela
como una persona estricta pero que les atiende debidamente; y, donde existe el
afecto que provee el padre y que es indispensable para un crecimiento sano.
A partir de las consideraciones expuestas, y verificadas procesalmente, los jueces
concluyeron que los menores Gingla Salazar desean de manera firme y conjunta
retornan al hogar de su padre.
En aquel sentido, este Organismo considera pertinente hacer referencia a lo
manifestado en su sentencia N.0 064-15-SEP-CC dictada dentro de la causa N.0
0331-12-EP, en relación a la tenencia:
El operador de justicia, al resolver una decisión sobre tenencia, deberá propender ( ... ) a
que exista un justo equilibrio entre los principios y derechos en conflicto, a saber, entre los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos que tienen los padres de familia,
y los derechos de las personas que se encuentran interesadas en el desarrollo integral de
aquellos.
Esto implica que no necesariamente se tendrá preferencia a la madre, por su condición
natural y por considerar que es la persona idónea, apta y capaz de proveer del cuidado y
atención que requieren los hijos, sino atender, esencialmente, al principio del interés
superior del niño que supone, como se expuso anteriormente, decidir sobre los derechos
humanos de este grupo vulnerable a través de dichos criterios relevantes que amparan el
pleno desarrollo del niño en su entorno y garantizan el valioso aporte que tienen para la
sociedad. Así, se considera oportuno recordar que la potestad de juzgar que tienen los
jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia, se deberá ejercer con absoluta
independencia, lo que vale decir con plena libertad de criterios, por estar, únicamente,
sometidos al imperio de la ley.
( .. . ) esta Corte concluye que sin perjuicio de conocer que la tenencia encierra problemas
humanos que no son sencillos de resolver, todos los operadores de justicia, en calidad de
primeros garantes del ordenamiento jurídico, tendrán que considerar la "garantía del
derecho para favorecer el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes", y las
"acciones del Estado como garante para efectivar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales de los niños, niñas y adolescentes", como criterios relevantes al momento
de analizar el principio del interés superior del niño, en asuntos en que sus derechos se � hallen en contraposición con lo de sus padres u otros familiares que de alguna forma estén \,\.: �
icados en su desarrollo integral. '\\\�
Caso N.0 1225-15-EP Página 24 de 26
Por lo expuesto, este Organismo constata que los antecedentes, los considerandos,
así como la decisión final adoptada en la resolución de 8 de junio de 2015 a las
14:53, se encuentran desarrollados en forma concatenada entre sí; en tanto,
primero describieron los antecedentes y pruebas efectuadas en la causa, luego las
valoraron y centraron su análisis en el caso concreto con la normativa pertinente a
la misma, resolviendo otorgar la tenencia de los menores Gingla Salazar a favor
de su padre, toda vez que, este ha justificado procesalmente la dolorosa realidad
que han padecido los menores por la falta de debido comportamiento maternal.
Por tanto, la Corte Constitucional del Ecuador determina que la decisión judicial
impugnada, cumple con el requisito de la lógica.
Comprensibilidad
Un último parámetro en el análisis del derecho al debido proceso en la garantía de
la motivación en la presente resolución judicial, es el parámetro de la
comprensibilidad, que conforme lo expuesto se caracteriza por el uso de un
lenguaje claro en la decisión que permita la comprensión de la misma no solo a los
intervinientes en el proceso sino también al auditorio social.
En este sentido, la Corte Constitucional observa que la resolución objeto del
presente análisis es claro en cuanto a las ideas expuestas por la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, por cuanto se ha
podido inferir las razones de hecho y de derecho en las que dicha judicatura se
sustentó para otorgar la tenencia de los menores Gingla Salazar a favor de su padre.
En tal virtud, este Organismo concluye que en atención a lo expuesto, el parámetro
de la comprensibilidad fue observado por parte de las autoridades jurisdiccionales
provinciales.
Finalmente, una vez que se ha determinado la existencia de una debida observancia
a los parámetros de la razonabilidad, lógica y comprensibilidad, esta Corte
Constitucional concluye que no ha tenido lugar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, previsto en el artículo 76 numeral \)e\ 7 literall de la Constitución de la República del Ecuador.
\ \� \ \
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR Caso N.0 1225-15-EP
La ejecución de la sentencia
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En relación al último momento de expresión del derecho a la tutela judicial
efectiva, imparcial y expedita relacionado con la ejecución de la sentencia, este
parámetro implica no permitir que las partes procesales queden en situaciones de
desamparo judicial; que en la ejecución de la decisión no exista negligencia
imputable al juez, que resuelva las diligencias, peticiones o recursos horizontales
y verticales dentro del plazo razonable.
En este contexto, esta Corte observa que la fundamentación y pretensión de la
accionante no se dirige a justificar una transgresión por considerar que no se han
cumplido la decisión judicial impugnada. En tal sentido, no cabe un análisis
constitucional mayor respecto de una posible vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva en la dimensión del incumplimiento de la resolución judicial ut supra, por no corresponder a los antecedentes de hecho y de derecho del caso en
concreto y con la fundamentación y reclamación de la legitimada activa.
De todo lo expuesto, esta Corte colige que la decisión judicial impugnada, no
vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, ni el debido proceso
en la garantía de la motivación, previsto en los artículos 75 y 76 numeral 7 literal
1) de la Constitución de la República del Ecuador, respectivamente.
111. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de
la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente:
SENTENCIA
l. Declarar que no existe vulneración a derechos constitucionales.
la acción extraordinaria de protección propuesta.
Caso N.0 1225-15-EP Página 26 de 26
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
1
Razón: Siento pdr t , que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Consti/uc ·onal, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces: Francisco Butifi' Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Malina Andrade, Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de los jueces Tatiana Ordeñana Sierra y Manuel Viteri Olvera, en sesión del 28 de marzo del 2018. Lo certifico.
-.i) J PCH/msb
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
CASO Nro. 1225-15-EP
RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor Alfredo Ruíz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día viernes seis de
abril del dos mil dieciocho.- Lo certifico.
JPCh/LFJ
