contrato para la seguridad democrática ccari

Coalición Cívica ARI Distrito Santa Fe________________________________________________________________________________________

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Contrato para la seguridad democrática

Desde el partido Coalición Cívica ARI, entendemos que el derecho de cada ciudadano ala seguridad no es derecho aislado que se pueda construir con una política pública enparticular a desarrollar desde el Estado, por el contrario, la seguridad es un estado de lasociedad que debemos alcanzar desde múltiples perspectivas y acciones enfrentando lascausas profundas y los factores de riesgo que agravan los problemas que sufrimos adiario. Desde esta óptica, la cuestión de la seguridad debe ser el eje central de unconjunto de políticas de Estado que tengan por objeto la satisfacción de los derechoseconómicos, sociales y culturales reconocidos hoy por la Constitución a todos a losargentinos, con una mirada preventiva del delito desde lo social.

Prevención social implica pensar en empleo, y estar advertidos de los empleos miserablese inestables, en educación (que incluya el autocontrol emocional, no sólo las disciplinastradicionales), en salud (y no solamente del cuerpo, sino también de la mente, de la familiay del ambiente), en cultura (una cultura de valores, de paz, solidaridad, igualdad yresponsabilidad). Prevención social, es la protección integral e igualitaria de los derechoshumanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Creemos que es necesario actuar en los siguientes aspectos:

Reforma judicial en el sistema procesal penal

Tenemos por delante y debemos avanzar progresiva y sostenidamente con la Reforma delSistema Procesal Penal de la Provincia, que es fruto y ejemplo del acuerdo de las fuerzaspolíticas locales. Esta reforma tiene como foco central el enjuiciamiento de los delitos através de un juicio oral y público, que jerarquice las tareas de acusación, defensa yjuzgamiento, y las coordine por la actividad armónica y diferenciada de los distintosfuncionarios, fiscales, defensores y jueces. Actualmente, se prevé un número reducido dedelitos graves que se tramitan por esta vía y es oportuno ampliarlo para continuar elalcance de los beneficios procurados por el sistema, principalmente transparencia, eficaciay celeridad, con resguardo de las garantías constitucionales.

Podemos incluso avanzar más, en cuanto al juzgamiento de los delitos y la participaciónciudadana, incorporando el juicio por jurados populares para el enjuiciamiento de delitosligados al enriquecimiento ilícito y/o conexos con el narcotráfico, en cuento sea posiblepara la jurisdicción provincial. Consideramos de gran importancia la necesidad de acentuary profundizar la relación entre el sistema de justicia y la sociedad, siendo que el primero


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muchas veces pareciera blindado para el ciudadano común, el cual se encuentraprácticamente excluido del proceso de administración de justicia.

En la misma línea, es preciso acelerar el trámite para la designación de magistradosjudiciales, fiscales y demás funcionarios públicos necesarios para la implementación delnuevo sistema procesal penal y el reforzar los mecanismos de participación y publicidadde estos procesos de selección.

Reforma policial

La recuperación y fortalecimiento del control político y civil de las fuerzas de seguridad enel territorio provincial es otro capítulo insoslayable para nuestra provincia puesto que, sibien, la metodología de abordaje del problema de la inseguridad pública, no se limita a losaspectos judicial, policial y penitenciario, estos deben estar presentes.

En cuanto a la institución policial es conveniente avanzar en la reorganización interna quecontribuya a obtener transparencia operativa, especialización y eficiencia, y a laprofesionalización de sus miembros. Asimismo, es ineludible plantearnos nuevasinstituciones que fortalezcan la transformación. Un Consejo Provincial de SeguridadCiudadana, presidido por el gobernador o el ministro de seguridad, como instanciapermanente de acuerdo y articulación de los actores involucrados. Un nuevo sistema decontroles con triple componente: control político provincial, por parte de las autoridadesprovinciales; control local, ejercido por los intendentes y presidentes comunales concolaboración de las respectivas policías presentando informes a los Consejos oComisiones Comunales, y con intervención en la designación de los comisarios; controlinterno -ejercido por el área pertinente con articulación con una Comisión de participaciónciudadana.En cuanto a este mecanismo de participación ciudadana propuesto, entendemos que sibien la participación ciudadana en asuntos de policía puede traducirse en obstáculos parala acción policial, en resquemores internos de la institución que lleven a que su espíritu decuerpo se realce y se rechacen las supuestas intromisiones en una institución tandelicada, sensible y especializada, ésta puede ser un mecanismo no sólo de controldemocrático, sino de acompañamiento y apoyo para la institución.Entre las funciones de esta comisión estarán las de proponer políticas para fortalecer laacción preventiva de la Policía, estimular la orientación ética, civilista y democrática en larelación Policía-ciudadanía, promover la participación ciudadana en la materia,recomendar mecanismos para fortalecer los lazos y redes de la sociedad con la Policía,coordinar con la Defensoría del Pueblo el desarrollo de programas educativos en laPolicía, canalizar a través del Sistema las quejas ciudadanas, propender a que los agentespresten servicio en sus regiones de origen, recomendar políticas destinadas a hacer unmanejo transparente, eficiente y oportuno de la información que maneja la Policía en áreasde interés público.


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Por otra parte, reconociendo la importancia de los controles viales para detectar el trasladode los bienes objeto de los delitos, es preciso incrementar los controles sobre las rutasprovinciales y gestionar el refuerzo de los mismos por parte de las fuerzas nacionales,PSA, Gendarmería y Prefectura Naval, dado que, sólo en conjunto, se puede aumentar laeficiencia y eficacia de estas operaciones.Por su parte, Prefectura Naval debería intensificar los operativos de inspección en lospuertos públicos y privados de las ciudades de Rosario, Santa Fe, San Lorenzo yReconquista como así también las tareas de patrullaje por los ríos navegables de SantaFe que comuniquen a otras provincias limítrofes.

En cuanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria es preciso que, por una parte,intensifique la radarización del territorio provincial y, por otra parte, trabajecoordinadamente con los Entes Aeroportuarios de Rosario y Santa Fe, así como brindarcolaboración para prevenir tráfico por aire, en los 192 lugares aptos para realizaraterrizajes, según el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.

Políticas socialesEspecial mención merece, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, la prevención delas adicciones y la cobertura de salud para quienes las padecen. La Corte Suprema deJusticia de la Nación en el caso Arriola exhortó a todos los poderes públicos a "aseguraruna política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas desalud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobretodo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuadocumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por elpaís". En función de esto, debemos desarrollar un sistema público de asistencia universaly gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en toda la provincia yfortalecer el sistema de salud público existente en los ámbitos provincial y municipal, conel objeto de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, de las personas quedemandan asistencia por presentar problemas de adicción.

Retomando el concepto de prevención social, se hace necesario el desarrollo de políticasde urbanismo y presencia efectiva de todos los servicios del Estado en los sectores máscomprometidos por la acción del narcotráfico, tomando como referencia experiencias deinclusión de otros lugares, que bajo el concepto de urbanismo social han instaladoescuelas, parques bibliotecas, centros deportivos en las zonas más vulnerables,convirtiéndolos en espacios incluyentes y propicios para acoger la formación de un nuevotejido social.

Anticorrupción

Ser inflexibles con cualquier hecho de ilegalidad y corrupción política y policial arbitrandolas medidas y sanciones que correspondan. Asimismo, prevenir la criminalidad comprendetambién enfrentar las causas del delito de cuello blanco, delito de personas con altos


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ingresos económicos asegurados, que no obstante, son autoras de decisionesadministrativas, judiciales, policiales que infringen la legislación y vulneran derechos. Poresto, debemos avanzar en la reglamentación y plena vigencia de la ley de Ética Pública,para cumplir con sus objetivos de transparencia y anticorrupción. Sabemos que ello noserá posible sin eliminar la impunidad y la falta de responsabilidad ágil e inmediata por susactos de los funcionarios públicos, y sin poder prevenir tales actos, siendo para ellofundamental la labor de la Comisión Provincial de Ética Pública.

Como un apartado ineludible para conseguir transparentar también la actividad de lospartidos políticos, es necesario reglamentar la ley provincial de financiamiento decampañas electorales, lo que permitirá romper los vínculos de algunos sectores de lapolítica con la criminalidad.

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