Contexto socio político Constitución de Colombia de 1886

La Constitución Política de Colombia de 1886 fue la Carta Política Nacional que

rigió la vida constitucional de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del

siglo XX cuando fue derogada por la Constitución de 1991. Nació en el marco de

la llamada Regeneración liderada por el presidente Rafael Núñez y Miguel Antonio

Caro, de quienes se dice fueron los principales autores de la Constitución.

Esta a su vez derogó la Constitución de 1863. Tuvo dos reformas importantes: la

de 1910 después del gobierno progresista del presidente Rafael Reyes y la

reforma de 1936 liderada por el presidente Alfonso López Pumarejo que se

destacó por su progresismo y políticas favorables para la clase obrera. Otras

reformas significativas se dieron en los años 1905, 1954, 1957, 1958, 1968 y

1984. La Constitución fue proclamada el 5 de agosto de 1886; abolió el

federalismo, creó un Estado unitario, administrador en lo social y económico,

sumamente confesional al considerar como religión oficial la Católica, dividió el

poder en tres ramas (legislativa, ejecutiva y judicial), estableció el periodo

presidencial en seis años y creó los departamentos como forma administrativa

territorial nacional

Colombia tuvo muchos años de guerra y disputa entre los 5 partidos

predominantes: el liberal y el conservador, esto sumado a una constitución de

Rionegro que promulgaba estados independientes que llegaban a tener más poder

que el gobierno central de Colombia. Los Estados Unidos de Colombia como se

llamaba el país en aquella época, en 25 años de estar promulgada vio pasar más

de 50 guerras civiles.En 1991 fue reemplazada por una nueva constitución política

con el propósito fundamental de ampliar la participación ciudadana y fortalecer la

democracia.Rafael Núñez, la Lucha Conservadora y Miguel Antonio Caro

Luego de subir por segunda vez al poder y aunque en un conflicto muy fuerte

entre los dos partidos, se logra poder instaurar las bases de lo que sería la

constitución que más tiempo ha durado vigente en Colombia.

Núñez fue claro promotor de la constitución y con la ayuda del escritor y político

conservador Miguel Antonio Caro, hijo de José Eusebio Caro, fundador del partido

conservador, llegan a instaurar las bases con las cuales se le devolverían los

derechos a la Iglesia Católica en el país, y a su vez se trataría de disipar el

conflicto entre los dos partidos.

Principales puntos

Se le devolvió el poder a la iglesia, otorgándole un régimen especial fiscal

(exención de impuestos) y el control de la educación en Colombia. La

iglesia delineaba el currículum académico y elegía el colegio de profesores.

Desinstaló el aparato administrativo Federal que funcionaba hasta el

momento a favor de una política de mando central.

Unificó las fuerzas armadas de cada departamento en un gran ejército

nacional.

Prohibió el divorcio.

Impuso el himno que se conserva hasta el día de hoy.

Contexto socio político de la constitución de 1991

La ambiciosa descentralización de funciones del Estado consagrada en la Carta

de 1991 ha tenido también efectos profundos sobre la vida nacional. Debe

recordarse que este fue uno de los objetivos principales de la convocatoria a la

asamblea constituyente, como lo había sido del intento fallido de reforma 

constitucional bajo la administración López Michelsen. Había un amplio acuerdo

en el país en cuanto a la necesidad de superar el centralismo asfixiante

establecido por la Constitución de 1886, que si bien pudo ser conveniente para

consolidar nuestro Estado nacional a fines del siglo diecinueve, había acabado por

convertirse en un “corsé” artificial impuesto sobre la vigorosa realidad

descentralizada de nuestro acontecer económico, cultural y político.

De hecho, la descentralización del Estado se había iniciado ya, aunque

tímidamente, desde 1968, con la disposición constitucional del situado fiscal para

educación y salud, y posteriormente con el establecimiento por ley de la cesión

parcial del impuesto a las ventas a favor de los municipios, en 1971, y la elección

popular de alcaldes en 1986. Estos antecedentes contribuyen a explicar el

ambicioso alcance del mandato descentralista de la carta de 1991, que convirtió al

colombiano en uno de los Estados unitarios más descentralizados en el mundo, en

el cual las entidades subnacionales son hoy responsables de ejecutar más del

50% del gasto público primario, cifra apenas comparable con la de algunos de los

Estados Federales más descentralizados, como el Brasil y la Argentina, 

superando a varios otros estados federales como los de Venezuela y México. 

Al mismo tiempo esos antecedentes también contribuyen a explicar las cuatro

debilidades que aquejan al nuevo régimen según diversos analistas:  (1) la

excesiva dependencia de las finanzas subnacionales con respecto a las

transferencias de la Nación y las regalías (en oposición a una descentralización

más basada en esfuerzos propios de tributación local y regional), (2) la excesiva

velocidad en el aumento de estas transferencias, (3) la asimetría entre la masiva y

rápida transferencia de recursos y la apenas parcial descentralización de las

responsabilidades y (4) la virtual ausencia de mecanismos de rendición de cuentas

de los gobernadores y alcaldes por el uso de estos recursos.

Las consecuencias nocivas de estos excesos y defectos resultaron evidentes en el

curso de los años siguientes. De una parte, resulta innegable su contribución a la

crisis fiscal que se gestó a lo largo de la década de los noventa y que exploto

durante la crisis económica de 1999. De otra, se produjo una enorme diversidad

de resultados en materia de prestación de servicios básicos. Así, mientras que la

descentralización permitió que unos Departamentos y Municipios mejoraran en

forma notable la cobertura y calidad de los servicios, estas se deterioraron o no

avanzaron lo suficiente en muchos otros e incluso ha habido una proliferación de

escándalos de corrupción y mal uso de los recursos públicos. La influencia

corruptora del narcotráfico, el para militarismo y la guerrilla, que llegaron a niveles

insospechados en buena parte del territorio nacional, imposibles de predecir en

1991,   agravaron en medida considerable los defectos de diseño constitucional y

legal de nuestro proceso de descentralización estatal. Tampoco era predecible en

1991 el aumento exponencial que han tenido los ingresos por regalías de la

actividad minera y de hidrocarburos y que han conducido a una desigualdad

excesiva en la capacidad financiera entre Departamentos y Municipios receptores

y el resto del país y a un grado de desperdicio y corrupción notable en varios de

los principales entes su nacionales receptores de regalías.

La constatación de estos hechos motivo la reforma constitucional de los años 2001

y 2007 al régimen de transferencias. La reforma del 2001 busco limitar su

crecimiento excesivo y, al mismo tiempo, reducir la volatilidad de los ingresos de

los Departamentos y Municipios, objetivos que se han logrado plenamente.  Busco

también mejorar la eficiencia en el uso de estos recursos asignándolos con

criterios más razonables (introduciendo el criterio de población atendida), lo cual

se ha conseguido apenas muy parcialmente. Las mismas razones explican la

Reforma constitucional reciente al régimen de Regalías. La aprobación de esta

reforma corregirá en algo las inequidades e ineficiencias actuales, pero tendrá que

complementarse con mecanismos de rendición de cuentas más efectivos.