“constitucionalidad y legalidad de las normas y …
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
“CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LAS NORMAS Y MEDIDAS
ADOPTADAS EN EL ECUADOR EN EL PERÍODO DE JULIO 2019 A JULIO 2020”
AUTORES: ARAY MUÑOZ JASMIN LICETTTE
ARAY MUÑOZ RONAL
TUTOR: Ab. ROBERT BOLÍVAR DÍAZ LÓPEZ, Mgs.
GUAYAQUIL, OCTUBRE 2020
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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO: “CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LAS
NORMAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN EL
ECUADOR EN EL PERÍODO DE JULIO 2019 A JULIO
2020”
AUTOR(ES) (apellidos/nombres):
JASMIN LICETTE ARAY MUÑOZ RONAL ARAY MUÑOZ
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)
(apellidos/nombres):
Ab. ROBERT BOLÍVAR DÍAZ LÓPEZ
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GAUAYAQUIL
UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE JURISPRUDENCIAS Y CIECNCIAS
SOCIALES Y POLITICAS.
MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: DERECHO
GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL
FECHA DE PUBLICACIÓN: OCTUBRE 2020 No. DE PÁGINAS: 94
ÁREAS TEMÁTICAS: Normas y medidas económicas
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:
Medidas económicas, Fondo Monetario Internacional,
trabajo, derecho, vulneración, emergencia sanitaria.
RESUMEN/ABSTRACT (150-250) palabras: En este trabajo se va a realizar un análisis sobre las medidas económicas adoptadas
en el periodo del julio del 2019 a julio del 2020, las cuales surgieron de los nuevos acuerdos crediticios entre Ecuador y organismos
internacionales de esta índole, tal como es el Fondo Monetario Internacional ,el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; y,
posteriormente en el contexto de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del COVID-19 originada en China y propagada a nivel
mundial, teniendo como principal objetivo, establecer si tales medidas han sido establecidas con apego a la ley, el retroceso y su vulneración
o no de derechos ya garantizados; las distintas modificaciones a las normas que se han producido a raíz de estas situaciones; y, por último la
viabilidad y eficacia de las diferentes acciones legales que han interpuesto ante la Corte Constitucional en reclamo de aquello que se considera
vulnerado por los diferentes grupos sociales.
In this paper, an analysis will be carried out on the economic measures adopted in the period from July 2019 to July 2020, which arose from
the new credit agreements between Ecuador and international organizations of this nature, such as the International Monetary Fund. , the
World Bank and the Inter-American Development Bank; and, later in the context of the health emergency due to the COVID-19 pandemic
originated in China and spread worldwide, with the main objective of establishing whether such measures have been established in accordance
with the law, the setback and its violation or not of rights already guaranteed; the various modifications to the rules that have occurred as a
result of these situations; and, finally, the viability and effectiveness of the different legal actions that have been brought before the
Constitutional Court in claiming what is considered violated by the different social groups.
ADJUNTO PDF: SI
CONTACTO CON
AUTOR/ES:
Teléfonos: 0963243881/
0993337860 ARAY MUÑOZ JASMIN LICETTE
ARAY MUÑOZ RONAL
E-mail: [email protected]
CONTACTO CON LA
INSTITUCIÓN:
Nombre:
Teléfono:
E-mail:
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CARRERA DE DERECHO
A ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO
COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS
Nosotros, ARAY MUÑOZ JASMIN LICETTE, con C.I. No. 0802834747, y ARAY
MUÑOZ RONAL con C.I. No. 0802834713, certificamos que los contenidos desarrollados en
este trabajo de titulación, cuyo título es “CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE
LAS NORMAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ECUADOR EN EL PERÍODO DE
JULIO 2019 A JULIO 2020” son de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad, en
conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE
LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, autorizo/amos la utilización de
una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la
Universidad de Guayaquil.
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CARRERA DE DERECHO
ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado, Ab. ROBERT BOLÍVAR DÍAZ LÓPEZ tutor del trabajo de
titulación, certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por ARAY
MUÑOZ JASMIN LICETTE y ARAY MUÑOZ RONAL con mi respectiva supervisión
como requerimiento parcial para la obtención del título de ABOGADO.
Se informa que el trabajo de titulación: “CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE
LAS NORMAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ECUADOR EN EL PERÍODO DE
JULIO 2019 A JULIO 2020”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el
programa antiplagio URKUND quedando el 0% de coincidencia.
Firmado electrónicamente por: ROBERT BOLIVAR DIAZ
Ab. Robert Bolívar Díaz López
C.I. 0905800488
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CARRERA DE DERECHO
ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
Guayaquil, 28 de septiembre del 2020
DR. MAURO LEONEL FUENTES SAENZ DE VITERI
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE DERECHO
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. -
De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación
(título) “constitucionalidad y legalidad de las normas y medidas adoptadas en el
ecuador en el período de julio 2019 a julio 2020” del(los) estudiante (s) JASMIN
LICETTE ARAY MUÑOZ y RONAL ARAY MUÑOZ, indicando que ha(n) cumplido
con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:
• El trabajo es el resultado de una investigación. • El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. • El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. • El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el (los) estudiante(s) JASMIN LICETTE ARAY MUÑOZ y RONAL ARAY MUÑOZ está(n) apto(s) para continuar con el proceso de revisión final.
Atentamente,
Firmado electrónicamente por: ROBERT BOLIVAR DIAZ
Ab. Robert Bolívar Díaz López
C.I. 0905800488
FECHA:
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR
Guayaquil, octubre 18 del 2020
Sr. Ab. MAURO LEONEL FUENTES SAENZ DE VITERI SUBDECANO FACULTAD DE JURUSPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÌTICAS DIRECTOR DE LA CARRERA DE DERECHO (E) FACULTAD DE JURUSPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÌTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Ciudad. –
De mis consideraciones:
Envío a usted el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LAS NORMAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ECUADOR EN EL PERÍODO DE JULIO 2019 A JULIO 2020” de autoría de los estudiantes ARAY MUÑOZ JASMIN LICETTTE y ARAY MUÑOZ RONAL. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:
Cumplimiento de requisitos de forma: El título tiene un máximo de 20 palabras. La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. La investigación es pertinente con la línea y Sublínea de investigación de la carrera. Los soportes teóricos son de máximo 5 años. La propuesta presentada es pertinente.
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: El trabajo es el resultado de una investigación. El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.
Atentamente
Dr. Stalin Arana Vera, M. Sc DOCENTE TUTOR REVISOR C.I. 1203184047 FECHA: 18.10.20
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DEDICATORIA
A nuestros padres y hermana, por ser un pilar fundamental en nuestras vidas en todos los
ámbitos y por permanecer unidos siempre, pese a la distancia; y, a nuestro “Chanito”, por
llenarnos de ilusión.
Los amamos.
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AGRADECIMIENTO
A nuestros pilares: mamá, papá y hermana. Gracias por el apoyo y siempre ser el motivo de
superación.
A cada docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la
Universidad de Guayaquil que ha compartido su conocimiento y aportado su granito de arena
para que de esas aulas salgan profesionales cualificados y con valores éticos a dejar en alto el
nombre de nuestra Alma Mater, siendo un referente.
A cada persona que tuvo la voluntad de aconsejar y dar palabras de apoyo para animar los
momentos difíciles.
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ÍNDICE
GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS ........................................................................ 11
RESUMEN ............................................................................................................................ 12
ABSTRACT .......................................................................................................................... 13
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 14
CAPÍTULO I ........................................................................................................................ 16
1. El problema a investigar ............................................................................................... 16
1.1. Planteamiento del problema .................................................................................. 16
1.2. Objetivos de la investigación ................................................................................. 20
1.2.1. Objetivo general ............................................................................................. 20
1.2.2. Objetivos específicos ...................................................................................... 20
1.3. Justificación de la investigación ............................................................................ 20
1.4. Delimitación de la investigación ............................................................................ 21
1.5. Hipótesis ................................................................................................................. 22
1.6. Variables ................................................................................................................. 22
1.6.1. Variable independiente ........................................................................................ 22
1.6.2. Variables dependientes ........................................................................................ 22
CAPÍTULO II ....................................................................................................................... 23
2.1. Marco Teórico. ............................................................................................................... 23
2.2. Antecedentes de la investigación .................................................................................... 25
2.3. Marco conceptual ........................................................................................................... 30
2.3.1. Principio de constitucionalidad ............................................................................... 30
2.3.2. Principio de legalidad .............................................................................................. 30
2.3.3. Fondo Monetario Internacional .............................................................................. 31
2.3.4. Red Global de Seguridad Financiera (RGSF) ........................................................ 32
2.3.5. Medidas económicas ................................................................................................ 32
2.3.6. Estado de excepción ................................................................................................. 33
2.3.7. Calamidad pública .................................................................................................. 33
2.4. Marco Contextual .......................................................................................................... 34
2.4.1. Relaciones con entidades financieras internacionales ............................................ 34
2.4.2. Modificaciones en las políticas económicas y financieras ....................................... 39
2.4.2.1. Eliminación del subsidio a los combustibles .............................................. 40
2.4.2.2. Fortalecimiento de la dolarización............................................................. 43
2.4.2.3. Aumento de la competitividad y la creación de empleo ............................ 45
10
2.4.2.4. Disminución del tamaño del estado ........................................................... 48
2.4.2.5. Fortalecimiento del sistema fiscal .............................................................. 51
2.4.3. Crisis por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 ................................... 53
2.4.3.1. Estado de excepción ....................................................................................... 53
2.4.3.2. Recortes presupuestarios ............................................................................... 55
2.4.3.3. Acuerdos emitidos por el Ministerio del Trabajo ......................................... 57
2.4.3.4. Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada
del COVID-19 ................................................................................................................... 59
2.5. Marco legal ................................................................................................................ 64
2.5.1. Constitución de la República del Ecuador .............................................................. 64
2.5.2. Ley Orgánica de Servicio Público ..................................................................... 68
2.5.3. Código del Trabajo ............................................................................................ 72
2.5.4. Disposición Interpretativa al Art. 169 #6 del Código del Trabajo.................... 75
2.5.5. Decreto Ejecutivo No. 883 ................................................................................. 75
2.5.6. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas .................................... 76
2.5.7. Código Orgánico Monetario y Financiero ........................................................ 77
CAPÍTULO III ..................................................................................................................... 79
3.1. Metodología de la investigación ................................................................................ 79
3.1.1. Método investigativo .......................................................................................... 79
3.1.2. Método empírico-analítico ................................................................................. 79
3.1.3. Método inductivo ............................................................................................... 79
3.2. Enfoque de la investigación ....................................................................................... 79
3.3. Técnicas de la investigación ...................................................................................... 80
3.3.1. Investigación documental .................................................................................. 80
3.3.2. Investigación de campo ...................................................................................... 81
3.4. Instrumentos para la recolección de datos en la investigación ................................. 82
3.5. Análisis de resultados ................................................................................................ 82
CAPÍTULO IV ...................................................................................................................... 87
4.1. Propuesta ........................................................................................................................ 87
4.2. Conclusiones ................................................................................................................... 88
4.3. Recomendaciones ........................................................................................................... 90
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 92
11
GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS
BC: Banco Central
BID: Banco Interamericano De Desarrollo
BM: Banco Mundial
CDB: Banco de Desarrollo de China
CEE: Comité Empresarial Ecuatoriano
CRE: Constitución de la República del Ecuador
Eximbank: Banco de Importaciones y Exportaciones de China
FMI: Fondo Monetario Internacional
GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado
ICBC: Banco Industrial y Comercial de China
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
LOSEP: Ley Orgánica de Servicio Público
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
PIB: Producto Interno Bruto
RGSF: Red Global De Seguridad Financiera
SAF: Servicio Ampliado De Fondo
12
RESUMEN
En este trabajo se va a realizar un análisis sobre las medidas económicas adoptadas en el
periodo del julio del 2019 a julio del 2020, las cuales surgieron de los nuevos acuerdos
crediticios entre Ecuador y organismos internacionales de esta índole, tal como es el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; y,
posteriormente en el contexto de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del COVID-
19 originada en China y propagada a nivel mundial, teniendo como principal objetivo,
establecer si tales medidas han sido establecidas con apego a la ley, el retroceso y su vulneración
o no de derechos ya garantizados; las distintas modificaciones a las normas que se han
producido a raíz de estas situaciones; y, por último la viabilidad y eficacia de las diferentes
acciones legales que han interpuesto ante la Corte Constitucional en reclamo de aquello que se
considera vulnerado por los diferentes grupos sociales.
PALABRAS CLAVE: Medidas económicas, Fondo Monetario Internacional, trabajo,
derecho, vulneración, emergencia sanitaria.
13
ABSTRACT
In this paper, an analysis will be carried out on the economic measures adopted in the period
from July 2019 to July 2020, which arose from the new credit agreements between Ecuador and
international organizations of this nature, such as the International Monetary Fund. , the World
Bank and the Inter-American Development Bank; and, later in the context of the health
emergency due to the COVID-19 pandemic originated in China and spread worldwide, with the
main objective of establishing whether such measures have been established in accordance with
the law, the setback and its violation or not of rights already guaranteed; the various
modifications to the rules that have occurred as a result of these situations; and, finally, the
viability and effectiveness of the different legal actions that have been brought before the
Constitutional Court in claiming what is considered violated by the different social groups.
KEY WORDS: Economic measures, International Monetary Fund, labor, law, violation, health
emergency.
14
INTRODUCCIÓN
Las medidas económicas y, sobre todo, los créditos con entidades como el Fondo
Monetario Internacional, llevan algún tiempo a la orden del día, siendo muchos los criterios
formados en base a esto.
Es esto por lo que se realiza el siguiente trabajo investigativo, en el cual se pretende detallar
y aclarar la adecuación o no con el ordenamiento jurídico de los cambios normativos y la
creación de nuevos cuerpos legales que han ocasionado grandes debates a nivel social, pues de
distintas esferas se sostiene que el actual gobierno de Lenin Moreno vulnera derechos de la
ciudadanía para favorecer a las grandes élites de nuestro país.
En el capítulo I se detalla el problema a resolver, estableciendo los mecanismos
investigativos a utilizar, tal como son los métodos investigativos, empírico-analítico y el
inductivo, así como la hipótesis referente al tema a tratar en el presente trabajo, así como las
variables de las cuales depende.
La hipótesis establecida en el capítulo I es que las normas y medidas adoptadas en Ecuador
en el período de julio 2019 a julio del 2020 no cumplen con los principios de constitucionalidad
y legalidad y vulneran los derechos de los ciudadanos.
En el capítulo II se trata sobre las principales medidas adoptadas por el gobierno durante el
período de julio del 2019 a julio del 2020, así como la imposición de ciertas normas que han
causado diferentes opiniones en la ciudadanía, así como en el ámbito jurídico, mismas que en
cierto modo se han implementado para mejorar la situación del país y de sus ciudadanos, pero
que en contraposición podrían acarrear una vulneración de derechos garantizados por el Estado
mediante la Constitución de la República.
15
Se inicia la investigación tratando la relación retomada entre Ecuador y el FMI, ya que hacía
años que se cortó la relación con dicha entidad. Se establece la conexión entre los acuerdos con
el FMI y ciertas medidas adoptadas por el gobierno actual que afectarían a la ciudadanía, como
consecuencia de ello se trata sobre los acontecimientos de octubre del 2019 donde el Ecuador
sufrió un paro a nivel nacional y movilizaciones de diferentes grupos sociales a nivel nacional.
Superados los altercados de octubre del 2019 entramos al análisis de la situación a la cual se
enfrentó el Ecuador a partir de marzo del 2020, ya que producto de la pandemia ocasionada a
nivel mundial por el virus COVID-19, el Ecuador, como muchos otros países, inició las
gestiones para tratar de mitigar dicha pandemia, así como para proteger la situación financiera
del Estado, ocasionando que muchas de estas medidas causaren grandes descontentos sociales,
pues varias de ellas atentaban a derechos reconocidos a los ecuatorianos, o, en su defecto,
constituían contradicciones con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo cual trataremos de
sintetizar y establecer una relación entre la constitucionalidad y legalidad con la vulneración de
derechos de la población ecuatoriana.
En el capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación y el instrumento utilizado
para desarrollar la investigación, esta es la entrevista a profesionales en el ámbito legal
relacionado a los temas a tratar en el presente trabajo.
Por último, en el capítulo IV se establecen las conclusiones de toda la investigación,
procediendo a realizar las recomendaciones referentes a la constitucionalidad y legalidad de las
medidas económicas y normas adoptadas en el periodo de julio del 2019 a julio del 2020.
16
CAPÍTULO I
1. El problema a investigar
1.1.Planteamiento del problema
Es necesario realizar la siguiente investigación producto de las diferentes modificaciones a
la política económica que han tenido lugar en el período de julio del 2019 a julio del 2020, así
como los diferentes sucesos de relevancia nacional que también conllevaron a adoptar medidas
económicas que permitan al Estado disminuir gastos públicos, de tal manera de poder garantizar
un sistema financiero sostenible que a su vez tenga el menor impacto negativo en la sociedad
ecuatoriana, la cual lleva arrastrando una crisis económica desde hace varios años.
En este período encontramos eventos como el paro nacional de octubre de 2019, producto
de la eliminación al subsidio que recaía sobre los hidrocarburos mediante el decreto No. 883
emitido por el presidente Lenin Moreno. Esto desembocó en un descontento social que se
reflejó en un paro nacional impulsado por el sector automotriz y agrícola, quienes defendían
que mediante esta medida sus intereses se verían afectados sobremanera, vulnerando así a lo
establecido en el numeral 15 del Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador.
Es así, como esta movilización a nivel nacional conllevó a que el presidente diera de baja a
dicho decreto dejándolo sin validez y entablando una negociación con los sectores afectados a
fin de llegar a un consenso y establecer medidas económicas de menor impacto. Finalmente, no
se llegó a ningún consenso, manteniéndose el precio de los combustibles a su valor anterior al
decreto, el mismo que quedó sin efecto, lo cual, para muchos sectores no fue una idea acertada,
ya que la liberación del precio de los combustibles suprimiendo el subsidio constituía un gran
ahorro para las arcas del Estado y, puesto a la situación financiera que atravesaba el Ecuador,
era algo necesario.
17
El compromiso del Ecuador a reducir los gastos referentes a los subsidios de combustibles
lo encontramos en el Memorando de políticas económicas y financieras, adjuntado a la Carta
de Intención que el Ecuador suscribió a favor del Fondo Monetario Internacional, donde
también encontramos una serie de compromisos a los que el Estado asegura comprometerse,
donde también encontramos significativas decisiones a tomar en el ámbito de las finanzas
públicas, reformas a diferentes cuerpos legales de nuestro ordenamiento jurídico,
reestructuración de sectores estatales, entre otras muchas condiciones.
Al no contar con el respaldo de la ciudadanía respecto a la medida de suprimir el subsidio
de los combustibles hidrocarburíferos, pues éstos constituyen un sector estratégico de acuerdo
con el Art. 313 de la Constitución, el Estado seguía teniendo la necesidad de buscar recursos
que le dieran mayor solvencia económica, con lo que no tuvo otra opción que optar por créditos
a entidades financieras internacionales, como lo son el Banco Mundial o el Fondo Monetario
Internacional, instituciones que a raíz de estos créditos establecen ciertas imposiciones para el
Ecuador como ente deudor, impulsándolo a implementar ciertas medidas económicas a un plazo
determinado, con la finalidad de garantizar que el Ecuador pueda seguir pagando el servicio de
la deuda externa y así mismo en aras de impulsar el desarrollo social y la estabilidad financiera
del Estado.
Lo anteriormente descrito hace referencia a los acontecimientos relevantes que se han
suscitado en los últimos meses del 2019, cuando el Ecuador estaba sumido en una crisis
financiera, lo cual no terminó con estas medidas y créditos solicitados.
A inicios del 2020 surgió una emergencia sanitaria que poco a poco se fue propagando a
nivel mundial, causada por la pandemia de COVID-19, de la cual el Ecuador no iba a ser exento.
Si anteriormente la crisis financiera ya era grave, esta emergencia no hizo otra cosa que hundir
más aún la economía ecuatoriana.
18
En vista de esta grave situación que atravesaba el país, el gobierno consideró que no le
quedaba otra opción que solicitar nuevos créditos a instituciones internacionales y además
implementar políticas económicas destinadas a aportar mayor solvencia económica al Estado
que le permita garantizar los servicios públicos a la ciudadanía, así como también tratar de
estabilizar las finanzas públicas, lo cual ha obligado al Ejecutivo a tomar diversas decisiones
en el ámbito de las finanzas públicas, así como medidas económicas que se reflejan en el sector
productivo, comercial y social, de gran relevancia para este análisis, pues el Ecuador desde hace
varios años no se ha caracterizado por su rigidez en cuanto a leyes o políticas económicas se
refiere, sin ser esta una excepción.
Es así como surge la necesidad de realizar un análisis a las medidas económicas
implementadas en este período de julio del 2019 a julio del 2020, en el cual se crea la Ley
Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir los efectos económicos de la crisis sanitaria
derivada del COVID-19, que a nuestro parecer contiene disposiciones que, dependiendo del
punto de vista que se analicen, atentan contra lo establecido en la Constitución, como lo
concerniente al ámbito laboral, donde algunos sectores consideran que se vulnera lo establecido
en el Art. 33, 66, 326, entre otros.
De esta manera, mediante esta investigación se pretende determinar el impacto y resultado
de estas medidas, así como establecer si han aportado algo positivo o negativo a la situación
actual del Ecuador, pues en este lapso el Ecuador además de atravesar una crisis financiera y
sanitaria también se ha tenido que enfrentar a grandes casos de corrupción, contrabando, entre
otros sucesos, que afectan gravemente a la situación económica del país.
Se considera de gran premura realizar esta investigación para dar a conocer a la ciudadanía
cuál ha sido el efecto jurídico de las medidas adoptadas, de tal manera que se tenga un claro
entendimiento de estas para poder realizar una comparación legal con el antes y el después de
19
haber impuesto determinadas políticas económicas, mismas que se han establecido con la
finalidad de mejorar la situación económica y financiera del Ecuador.
Es por lo referido en líneas anteriores que el problema planteado a resolver con la
elaboración del trabajo propuesto es la existencia de contradicción entre las disposiciones
adoptadas por el Gobierno Central durante el período estudiado de julio 2019 a julio 2020, ya
que consideramos que varias de estas disposiciones se encontrarían en contradicción a diversas
disposiciones legales, incluso, algunas de rango Constitucional entre sí, lo cual pretendemos
desglosar y demostrar en esta investigación.
Es así también, que pretendemos identificar la indebida aplicación de ciertas normas, lo cual
habría constituido un menoscabo a derechos ya garantizados con la finalidad de aplicar ciertas
medidas que el Gobierno haya creído conveniente, de tal manera que sea por el primer o el
segundo motivo, se podría estar afectando a la armonía y coherencia que debe existir entre el
ordenamiento jurídico ecuatoriano, creando teorías muy diferentes respecto a las medidas
económicas.
En virtud de lo anteriormente relatado se determina el siguiente problema a resolver: ¿Son
constitucionales y legales las normas y medidas adoptadas en el Ecuador en el período de
julio del 2019 a julio del 2020?
20
1.2.Objetivos de la investigación
1.2.1. Objetivo general
Determinar la constitucionalidad y legalidad de las normas y medidas implementadas en el
Ecuador entre julio del 2019 y julio del 2020.
1.2.2. Objetivos específicos
Analizar las reformas al ordenamiento jurídico nacional adoptadas como consecuencia de
los compromisos con entidades crediticias internacionales.
Determinar si se ha producido vulneración de derechos ya reconocidos en la Constitución
y demás leyes del Ecuador.
Establecer la viabilidad y la eficacia de las acciones interpuestas como mecanismo para
garantizar los derechos de los ciudadanos.
1.3. Justificación de la investigación
La necesidad de realizar la presente investigación surge de la trascendencia de los
acontecimientos que serán analizados, además de su prontitud, pues varios de los
acontecimientos a examinar corresponden a los últimos meses de la política nacional y ninguno
de ellos tiene más de un año de vigencia. Es importante realizar su estudio, pues debido a la
grave crisis que atraviesa el país resulta necesario identificar las controversias que puedan
generar las medidas adoptadas por el Gobierno Central, además de los efectos que conlleva la
vigencia de ciertas medidas.
Es transcendental estudiar este tema para tratar de dar a conocer a la ciudadanía los efectos
de las nuevas disposiciones adoptadas y así lograr un mejor entendimiento del alcance de las
decisiones políticas y su influencia en el ámbito legal, de manera que se cree una conciencia
jurídica respecto a los derechos posiblemente vulnerados.
21
Con esta investigación se pretende realizar un aporte a la dogmática jurídica ecuatoriana a
fin de exponer la relación entre las medidas implementadas por el Estado y su posible
incongruencia con los principios generales de las ciencias jurídicas, así como, los derechos ya
garantizados en la Constitución de la República.
Debido a la prontitud de los acontecimientos no se encuentran investigaciones suficientes
referentes al presente tema que abarquen y relacionen las distintas disposiciones legales en el
Ecuador que hayan entrado en vigor en el último año como consecuencia de las medidas
adoptadas.
Así mismo, debido a la profunda crisis económica que atraviesa el Ecuador se considera
importante y necesario estudiar cuáles son los conflictos que conllevan estas decisiones, así
como tratar de proponer ciertas soluciones que puedan orientar a la protección efectiva de los
derechos de la ciudadanía.
1.4.Delimitación de la investigación
Campo: Derecho económico.
Área: Normas y medidas económicas.
Tema: Constitucionalidad y legalidad de las normas y medidas adoptadas en el ecuador en el
período julio 2019 a julio 2020
Tiempo: julio del 2020 hasta octubre del 2020
Espacio: Ecuador
Problema: Posible conflicto entre normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano causado por
las medidas económicas adoptadas.
Delimitación espacial: Ecuador
22
Delimitación temporal: Julio 2019 a julio 2020
1.5.Hipótesis
Las normas y medidas adoptadas en Ecuador en el período de julio 2019 a julio del 2020 no
cumplen con los principios de constitucionalidad y legalidad y vulneran los derechos de los
ciudadanos.
1.6. Variables
1.6.1. Variable independiente
Normas y medidas adoptadas en el Ecuador en el período de julio 2019 a julio 2020.
1.6.2. Variables dependientes
Vulneración de derechos.
Legalidad y constitucionalidad de las normas adoptadas y medidas establecidas por el
gobierno central.
23
CAPÍTULO II
2.1. Marco Teórico.
Realizando un análisis exhaustivo de las diferentes teorías o criterios al respecto de la
intervención de organismos internacionales mediante recomendaciones o condiciones para
solicitar apoyo económico a través de créditos que permitan estabilizar la economía del Estado
que los solicita encontramos variadas posturas, siendo el caso de unas que apoyan y consideran
necesario la existencia de este tipo de entidades, ya que como se ha corroborado por las crisis
es que las economías nacionales son vulnerables y que las políticas y mecanismos de protección
nacionales no son suficientes.
Por otro lado, existen criterios que determinan que estas vulneran el principio de soberanía
nacional, ya que interfieren en las decisiones que debe tomar el gobierno de turno de cada uno
de los Estados de manera independiente y sin influencias externas que impongan un obrar u
otro.
La integración global de la economía hace que sean necesarios los diferentes mecanismos
mundiales para hacer frente a las situaciones de dificultades que se puedan presentar en este
ámbito tan primordial para todos los Estados.
Las diferentes crisis que han tenido lugar, sobre todo en la época contemporánea, han puesto
de manifiesto indiscutible lo señalado en el párrafo precedente, otorgándole mayor fuerza a
estos mecanismos internacionales, constituyéndose así el engranaje global para garantizar la
estabilidad financiera.
Según la publicación en el boletín económico del año 2018 del Banco de España “El Fondo
Monetario Internacional es la institución multilateral que está en el centro de la Red Global De
Seguridad Financiera (RGSF). El rápido desarrollo de otros elementos de esta red desde la
última crisis financiera global (en el año 2008), como los acuerdos regionales de financiación,
ha dotado al sistema de mayor solidez, pero también plantea nuevos retos. La amplia membresía
24
del FMI, el volumen de sus recursos y la experiencia acumulada en la gestión de crisis hacen
de esta institución el elemento central para asegurar la estabilidad monetaria y financiera a
escala global. No obstante, el Fondo está sujeto a discusiones recurrentes sobre aspectos de su
gobernanza y de sus políticas de préstamo, incluidos el tamaño y la composición de sus
recursos, y la distribución de poder dentro de la institución”. (Gallego, L´Hotellerie-Fallois, &
López-Vicente, 2018).
Con esto se establece la necesidad de la existencia de entidades financieras que garanticen la
estabilidad y el desarrollo de los pueblos y las naciones, ya que las mismas han existido a lo
largo de mucho tiempo, siendo el caso, sobre todo, en países subdesarrollados o en vías de
desarrollo, de ser necesario el recurrir a los diferentes créditos que otorgan las entidades
crediticias, lo cual se lleva a cabo con aquellas que sean más afines a los ideales políticos que,
al momento de concretarse, ostente como mandante en el país que busque un crédito.
Referente a los criterios que se oponen, que, por lo general, el parecer de la ciudadanía es el
que cobra mayor protagonismo, muchas veces influenciadas por los medios de comunicación
que puedan consumir según su ideología política, lo cual se podría aplicar a quienes defienden
estas relaciones bilaterales.
Según el tratadista Enríquez, las críticas de otros sectores se pueden “categorizar en siete
especies denominadas por él como: 1) Una mala medicina; 2) Injusticia distributiva y
social; 3) Afectaciones a la soberanía; 4) Actitud secreta y opaca; 5) Déficit
democrático; 6) Extralimitación de atribuciones; y 7) Asimetría de obligaciones” (Enríquez,
2007).
Andrés Botero, en su estudio de la “Historia reciente de la economía colombiana: década de
los noventa, siglo XX” hace una “crítica, acerca de la injusticia distributiva social e inequitativa,
argumenta que las políticas impuestas por el FMI incrementan la inequidad e ignoran los
25
aspectos sociales del bienestar de cada país. Con ello, la condicionalidad hiere a la sociedad,
daña el ambiente y deteriora los valores sociales del país afectado. En esencia, la argumentación
—en consonancia con el punto anterior— hace evidente que, si bien las prescripciones del FMI
pueden ordenar de modo agregado las variables macroeconómicas del Estado, lo cierto es que
en un nivel desagregado —a una escala humana— deterioran fuertemente el tejido social”
(Botero, 2003).
Siendo el caso de que lo mencionado constituye sin duda el eje central de los aspectos
contrarios a este tipo de réditos, ya que, debido a estas imposiciones económicas, siempre se
van a ver afectados, desde los inicios, los sectores populares, produciéndose una doble
afectación, ya que, por lo general, se recurre a este tipo de organismos crediticios en momentos
en los que el país atraviesa una inestabilidad económica, la cual ya habría causado algún efecto
en la población y sus ingresos.
2.2. Antecedentes de la investigación
Como antecedentes a la presente investigación nos podemos encontrar un sin número de
artículos de revista, periódicos, investigaciones y análisis respecto a determinados sucesos que
tuvieron lugar dentro del período de julio del 2019 a julio del 2020, mismo que se estudia en el
presente, sin embargo hayamos la peculiaridad que cada uno de estos artículos o trabajos
investigativos se centraban en algo específico, ya sea el paro nacional de octubre del 2019, los
acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, o a su vez la promulgación de la Ley de Apoyo
Humanitario para combatir la crisis producto del Covid-19.
Los trabajos investigativos, como vamos a detallar en el presente acápite, tratan
específicamente estos temas de manera separada, analizando las causas y consecuencias de cada
uno de los acontecimientos relevantes dentro del período a estudiar. A diferencia de estas
investigaciones, mediante la presente investigación y análisis se pretende establecer una
26
relación causa - efecto, respecto a la situación de cada determinado suceso y cómo cada una de
las normas y medidas establecidas han llevado a la situación económica y jurídica que tenemos
hoy en día luego de atravesar estos acontecimientos de relevancia nacional.
En el trabajo de investigación “Ecuador y el FMI como socio estratégico”, realizado por los
autores Walter Ávila, Jeckson Espinoza y Roberto Ascencio en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Guayaquil, los autores realizan un análisis a la reciente
relación entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, describiendo los acuerdos
entablados con éste organismos y ciertas condiciones de los mismos, donde nuestro país se
compromete principalmente por un período de tres (3) años en los cuales recibiría
financiamiento, equivalente a USD$ 4,2 mil millones que serían desembolsados en este período
(Ávila, Espinoza, & Ascencio, 2019).
En dicha investigación se describe la postura del gobierno del Presidente Constitucional
Lenin Moreno, encargado de retomar las relaciones financieras con el FMI y la gestión en su
mandato para encontrar solvencia y dar liquidez a las arcas del Estado, mismas que se
encuentran resentidas por la profunda crisis económica. Entre las gestiones del gobierno
encontramos que se han emitido ciertos planes o documentos que guardan relación con las
condiciones del servicio de esta deuda para el refinanciamiento, con lo que el Estado emitió el
“Plan Prosperidad” que, a su vez, guarda relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable
2030 así como con el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” y, éstos a su vez con la
Carta de Intenciones, donde se plasma las intenciones que tiene el Ecuador para cumplir con
los objetivos planteados por el FMI y así poder garantizar el pago de la deuda.
Los autores describen las medidas que se han tomado a nivel nacional, las cuales forman
parte de una estrategia de reajuste económico, especialmente en el sector público y que guardan
relación con los pilares sobre los cuales se asientan las relaciones entre Ecuador y el FMI, que
consisten en reconstruir y fortalecer los cimientos institucionales de la dolarización, generar
27
empleo y crecimiento a través de mayor competitividad, promover igualdad de oportunidades
y proteger a os pobres vulnerables y, garantizar un clima de transparencia y buen gobierno
(Ávila, Espinoza, & Ascencio, 2019).
Producto de estas relaciones descritas entre el Estado ecuatoriano y el FMI, el 3 de octubre
del 2019 el presidente Lenin Moreno mediante Decreto Ejecutivo No. 833 emitió determinadas
medidas que guardan relación con los acuerdos y condiciones contraídos con la entidad
financiera internacional, destacando en estas medidas la eliminación al subsidio de
combustibles hidrocarburíferos, reducción de aranceles para maquinaria o equipos agrícolas,
eliminación de aranceles para equipos tecnológicos, créditos hipotecarios y medidas destinadas
a una “flexibilización” laboral.
En el artículo “Análisis del levantamiento indígena de 2019 en Ecuador: Entre la respuesta
legal y el Lawfare” publicado en la revista “Nullius: Revista de pensamiento crítico en el
ámbito del Derecho”, que tiene como autores a Luque, Poveda y Hernández, se realiza un
estudio de los acontecimientos que tuvieron lugar producto de este Decreto Ejecutivo No. 833
del 03 de octubre del 2019, que constituyó un Paro Nacional, así como un sinnúmero de
revueltas a nivel nacional. Se dictó incluso un estado de excepción en todo el país y se trasladó
la sede de gobierno a la costa para evitar mayores disturbios (Luque, Poveda, & Hernández,
2020).
Como es de dominio público, dicha medida fue derogada por parte del mismo gobierno,
producto del levantamiento popular en contra de las medidas impuestas por el Estado, ya que
se empezaron a entablar conversaciones entre los sectores indígenas, quienes se consideraron
los más afectados, y el gobierno ecuatoriano. Se suponía que se debía llegar a un acuerdo entre
ambas partes para emitir un nuevo decreto con las medidas que no afectaren a los derechos de
los más desfavorecidos, sin embargo, estas conversaciones nunca llegaron a buen puerto,
únicamente se echó para atrás la medida por un tiempo, ya que actualmente vemos que dicha
28
medida fue aplicada finalmente, bajo otros términos, pero se liberó el precio de los
combustibles, el cual se supone será regulado por la administración estatal.
En el artículo de revista Sur Academia, titulado “Posibles medidas de política económica en
el contexto actual y post Covid-19: Caso Ecuador” las docentes de la Universidad Nacional de
Loja, Alvarado L. María y Arévalo J. María, abarcan una investigación en la cual se realiza un
análisis al escenario económico y político por el cual atravesó nuestro país en la etapa anterior
a la pandemia ocasionada por el Covid-19 y a su vez de la situación del Ecuador durante la
emergencia sanitaria. Parten de un análisis a los datos que evidenciaban una crisis económica
en el país previo a la emergencia sanitaria, con lo que realizan un estudio de cómo afectó la
pandemia de Covid-19 a la ya grave crisis económica que atravesaba nuestro país.
En este artículo científico las autoras realizan un estudio que abarca desde las debilidades
económicas y políticas que ya atravesaba el Ecuador producto de la caída de su PIB y el
crecimiento emergente de la deuda externa, así como la gestión llevada a cabo por parte del
gobierno del Presidente Lenin Moreno respecto a la emergencia sanitaria, destacando la erosión
entre la aceptación social al mandatario y su forma de gobierno, pues se considera que el mismo
y sus decisiones no han estado a la altura de las demandas sociales, más aún luego de
implementar medidas que en ciertos aspectos atentan derechos reconocidos por el ordenamiento
jurídico ecuatoriano. En resumen, se describe la incapacidad del gobierno ecuatoriano de lograr
una estabilidad en el desarrollo social, producto de una erosionada relación política y una
economía en decadencia.
Destacan también las problemáticas que ha atravesado el gobierno durante este período, han
salido a la luz numerosos casos de corrupción que no hacen más que disminuir la aceptación
respecto al actual gobierno, y si a esto sumamos el poco acierto con las medidas económicas
impuestas, así como la Ley de Desarrollo Humano, los cuales han causado un gran descontento
social. Es así como concluyen destacando la incapacidad del Estado para atender las demandas
29
sociales, independientemente de la crisis y emergencia sanitaria que atraviesa el Ecuador,
señalando como el causante de dicha situación al actual gobierno del presidente Lenin Moreno
(Alvarado & Arévalo, 2020).
Podemos apreciar en el trabajo investigativo descrito en los párrafos anteriores, que en el
mismo se hace un estudio de los acontecimientos que han tenido lugar durante la emergencia
sanitaria, un análisis respecto a la situación previa del Ecuador, económica y políticamente
hablando, así como también una descripción de la situación nacional durante la esta emergencia,
tratando además de dar ciertas predicciones del panorama que se puede manifestar en nuestro
país una vez superada esta crisis económica y sanitaria.
Cabe destacar, que a diferencia de lo que se pretende mediante nuestro trabajo investigativo,
a diferencia de las autoras antes referidas, ellas realizan un análisis político, social y económica
de la situación del país, a diferencia de nuestra investigación, la cual se centra en estudiar la
relación que podría existir entre los acontecimientos del período de julio del 2019 a julio del
2020, estudiando además la constitucionalidad y legalidad de las normas que han sido
implementadas y las medidas impuestas en la República del Ecuador dentro del período
delimitado.
El 22 de junio del 2020 entró en vigor la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir
la crisis derivada del Covid-19, la cual está constituida de treinta y cinco (35) artículos que
tratan respecto de diversos temas que afectarían a diversos sectores del ámbito nacional, desde
empresarios hasta el ciudadano de a pie. Esta Ley a la vez que trajo soluciones a diversas
problemáticas ocasionadas por la emergencia sanitaria vino acompañada también de
innumerables críticas a ciertas disposiciones que allí se contemplan, destacando las que afectan
al sector laboral, lo cual incluso ha conllevado a que se interpongan ciertas acciones
constitucionales sobre estas medidas.
30
Se han tachado varias de estas disposiciones de inconstitucionales o ilegales, unas por su
objeto y otras por su ambigüedad, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral o incluso
de la remuneración, lo cual se efectuaría mediante “acuerdo” entre empleadores y trabajadores,
destaca también la implementación de contratos especiales emergentes, constituyendo esto para
muchos una regresión en derechos del trabajador (Benavides & Cisneros, 2020).
2.3. Marco conceptual
2.3.1. Principio de constitucionalidad
El principio de constitucionalidad o supremacía constitucional determina que este cuerpo
legal es una norma suprema, de la cual se van a desprender otras, siendo esta jerárquicamente
superior. Esto debido a que en ella se establecen principios fundamentales en que se van a basar
las normas que de ella se desprendan sin poder ser estas últimas discrepantes.
Ecuador es un país que reconoce de tal manera este principio en la Constitución de la
República en su artículo 424, en el cual manifiesta que “La Constitución es la norma suprema
y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder
público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso
contrario carecerán de eficacia jurídica” (Constituyente, 2008)
2.3.2. Principio de legalidad
El principio de legalidad hace referencia al apego al cual deben someterse las entidades que
se encargan de crear normas, es decir, las autoridades que al momento ostenten el poder para
realizarlo; y, la sujeción a normas previamente establecidas.
“El principio de legalidad como principio fundamental está para intervenir cuando no existe
el apego debido a la legalidad por parte del Estado en la afectación al subordinado. Controla la
aplicación de normas adjetivas y sustantivas. Se enfoca en la competencia y la legalidad, y es
31
en parte estático y en parte dinámico. Establece quien debe realizar el acto y como debe hacerlo.
Verifica la conformidad de actuación de la autoridad y conformidad del resultado de su
actuación con la Ley y la Constitución” (Parra, 2020).
En concordancia con lo citado anteriormente, podemos decir que el principio de legalidad
no es más que la sumisión a las leyes por parte del grupo que ejerza el poder político de un
estado, es decir, la función legislativa tiene la obligación de emitir disposiciones legales que
siempre estén en concordancia con este principio, sin contraponerse a las disposiciones de
alguna parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano.
2.3.3. Fondo Monetario Internacional
El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un organismo crediticio internacional creado en
la década de 1940 por 44 países, con la finalidad de mitigar los efectos de la gran depresión,
teniendo como objetivos: fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una
institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones
monetarias internacionales; facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio
internacional.
Los objetivos del FMI están destinados a alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y
de ingresos reales y a desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros como
objetivos primordiales de política económica; fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que
los países miembros mantengan regímenes de cambios ordenados y evitar depreciaciones
cambiarias competitivas; coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos para las
transacciones corrientes que se realicen entre los países miembros, y eliminar las restricciones
cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial; infundir confianza a los países
miembros poniendo a su disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos
generales del FMI.
32
De acuerdo con los fundamentos y objetivos de dicha entidad internacional, aporta
oportunidades de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas
perniciosas para la prosperidad nacional o internacional; y, de acuerdo con lo que antecede,
acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de pagos de los países
miembros (FMI, 2004).
2.3.4. Red Global de Seguridad Financiera (RGSF)
“La Red Global de Seguridad Financiera (RGSF) es un conjunto de instituciones,
procedimientos y mecanismos concebidos con el objeto de contribuir a mantener la estabilidad
del sistema financiero y proteger la función de intermediación que desarrollan las entidades
financieras y su papel en el sistema de pagos nacional. Específicamente, busca reducir la
probabilidad de quiebras de entidades financieras y, cuando a pesar de todo estas ocurren,
procura evitar el contagio a otras instituciones para salvaguardar la fortaleza del sistema”
(Guerrero, Focke, & Rossini, 2010).
Se podría decir que una RGSF tendría un correcto desempeño si fomentara de manera eficaz
la disciplina del mercado, regula de una manera sólida para fortalecer el sistema financiero,
identifica y supervisa determinadas dificultades en el sistema financiero, permite reducir costos
de ciertos problemas de las instituciones financieras, siempre y cuando cuente con un sistema
legislativo correcto y adecuado.
2.3.5. Medidas económicas
Según el Ministerio de Economía y Finanzas del Estado vecino de Perú define como medidas
económicas como “el conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado
regula y orienta el proceso económico del país, define los criterios generales que sustentan, de
acuerdo con la estrategia general de desarrollo, los ámbitos fundamentales e instrumentos
correspondientes al sistema financiero nacional, al gasto público, a las empresas públicas, a la
33
vinculación con la economía mundial y a la capacitación y la productividad. Todo ello pretende
crear las condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de la política social,
la política sectorial y la política regional” (Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 2020).
2.3.6. Estado de excepción
El estado de excepción es un mecanismo establecido en la Constitución de la República, el
cual, como su nombre lo indica, se va a dar en determinadas circunstancias que lo requieran por
parte de la función ejecutiva, debido a la gravedad de la situación que lo ocasione, que puede
ser aplicado en todo el territorio nacional o en una parte de él debido a una “agresión, conflicto
armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural
[…]. El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad,
temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción
contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el
periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse
o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo con la Constitución y a los tratados
internacionales. Durante el estado de excepción la presidenta o presidente de la República
únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio,
inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y
libertad de información, en los términos que señala la Constitución.” (Constituyente, 2008).
2.3.7. Calamidad pública
La calamidad pública mencionada y, en la cual se basa el estado de excepción establecido
mediante el Decreto No. 1017 y que se refleja en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para
combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19 hace referencia a la “situación catastrófica
que se deriva de causas naturales o técnicas, y que produce una alteración grave e intempestiva
de las condiciones sociales, económicas y ecológicas de una región o de todo el país, o, como
34
aquella desgracia o infortunio que afecte de manera intempestiva a la sociedad, o a un sector
importante de ella y que perturbe o amenace perturbar de manera grave, inminente o
intempestiva el orden económico, social o ecológico. Esta situación catastrófica puede tener
una causa natural, por ejemplo: terremotos, sismos, avalanchas, desbordamientos de ríos,
inundaciones, tsunamis (maremotos), incendios, entre otros, o puede tener una causa técnica,
por ejemplo: accidentes mayores tecnológicos (García, 2011).
2.4. Marco Contextual
2.4.1. Relaciones con entidades financieras internacionales
El Fondo Monetario Internacional, entidad financiera internacional, en la actualidad cuenta
con 188 países miembros, los cuales ponen a disposición del organismo dinero de sus reservas
internacionales para que sean usadas, de ser necesario, en operaciones de crédito a los Estados
que presenten inestabilidades financieras y dificultades para cumplir con sus obligaciones.
En la gran mayoría de ocasiones, los créditos son entregados de manera conjunta con otros
organismos con igual finalidad, como son el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), entre otros.
Los créditos son entregados mediante diferentes desembolsos que se dan según el
acatamiento de ciertas condiciones impuestas por el Fondo, para garantizar el cumplimiento del
pago de la deuda y de los objetivos para los cuales son aprobados.
El Fondo Monetario Internacional no sólo realiza operaciones de crédito, sino que, además,
como consecuencia de estos, hace un rastreo esporádico de la política económica de los países
que lo componen y con base a esto hace recomendaciones, presenta previsiones económicas
globales, regionales y por país; y, proporciona asistencia técnica y entrenamiento en su área de
competencia.
35
En la actualidad se realizan debates en relación a las políticas económicas que han sido
adoptadas por el gobierno, a raíz de haber retomado las relaciones bilaterales con entidades
crediticias internacionales, como consecuencia de las imposiciones al país como acreedor, para
garantizar así el pago o la gestión del servicio de la deuda, causando que, en ocasiones, dichas
imposiciones, puedan parecer que sobrepasan los preceptos legales nacionales, llegando a
causar terribles conmociones sociales y desestabilización de la economía y de los gobiernos,
como fue el caso del levantamiento indígena de octubre del 2019.
Los acuerdos con el FMI se retoman luego de que, en los diez años del anterior gobierno,
presidido por el economista Rafael Correa Delgado, no hubiera entendimiento para desarrollar
acuerdos con los organismos multilaterales, ya que sostenía que estos atentaban el principio de
soberanía nacional, el cual está establecido en la Constitución de la República.
En este período, los acuerdos crediticios y las relaciones comerciales se desarrollaron con
China, el gigante asiático, como es bien conocido. Llegando a obtener hasta quince líneas de
crédito por el valor total de 11.3200 millones de dólares, según el analista económico Walter
Spurrier, detallando que los créditos se otorgaron de la siguiente manera: “El Banco de
Desarrollo de China (CDB) financió cuatro líneas por 7.000 millones de dólares. El Banco de
Importaciones y Exportaciones de China (Eximbank) concedió siete créditos por 3.457 millones
de dólares. El Banco de China y la sucursal en Hong Kong del Deutsche Bank AG entregaron
conjuntamente tres préstamos por 697 millones de dólares y el Banco de China aprobó uno que
asciende a 167 millones de dólares. Existe otro crédito por 970 millones de dólares del Banco
Industrial y Comercial de China (ICBC), en el que aparece Petroecuador como deudor. Sin
embargo, informes internos de la petrolera muestran que ese dinero fue para proyectos a cargo
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)” (Spurrier, 2017).
36
En el año 2017, con el cambio de gobierno, se empieza a reestructurar la deuda externa, que
estaba en sus límites más altos, pudiendo sobrepasar el límite establecido. La intención fue
buscar otro acreedor con niveles más bajos del tipo de interés, ya que ese era el principal
inconveniente de los créditos con China, las tasas elevadas de intereses.
Los créditos con el gigante asiático estuvieron marcados por un porcentaje por encima de
los 6,5% puntos de intereses, siendo este valor el más reducido y se dio en el último crédito
otorgado a Ecuador por China, representado ya por Lenin Moreno, en 2018.
Es por ello que se inician las negociaciones con el FMI, los cuales conllevan una serie de
imposiciones o recomendaciones que inciden en las decisiones de que deba tomar el gobierno,
ya que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas y efectuar los
desembolsos correspondientes, este debe seguir lo establecido por el Fondo Monetario
Internacional, limitando, en cierto punto, la libertad de decisión en el territorio nacional por el
grupo que desempeñe funciones en la función ejecutiva.
El organismo multilateral, en marzo del 2019 presentó un programa crediticio de rescate
enfocado en dar estabilidad en el ámbito fiscal y hacer más competitivas a las naciones, dando
prioridad a Suramérica, beneficiándose Ecuador de este por la cantidad de $4.2 mil millones,
con el 5% de intereses, en el marco del Servicio Ampliado de Fondo (SAF), valor que sería
desembolsado en tres años, siempre y cuando se cumplan los compromisos establecidos en el
acuerdo de aprobación del crédito.
Ecuador se vió en la necesidad de recurrir a créditos con este organismo internacional por la
crisis económica que atravesaba como consecuencia, entre otras cosas, de la caída del precio
del barril de petróleo, el mismo que en los meses precedentes alcanzó su mínimo histórico,
37
provocando el colapso de las arcas del Estado que, en su mayoría, dependen de los ingresos
derivados de este producto.
El Ministerio de Economía y Finanzas, dirigido por el economista Richard Martínez, a través
del anexo que se adjunta a la carta de intención presentada al FMI establece que: “Ecuador se
encuentra en una transición histórica para modernizar la economía y fortalecer el crecimiento
económico y la generación de empleo para las generaciones futuras. Esta transición se está
dando con especial atención a los ciudadanos más vulnerables, a fin de asegurar el
mejoramiento continuo de su calidad de vida” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019),
justificando de esta manera las circunstancias por las cuales el gobierno decidió volver a realizar
acuerdos multilaterales y someterse a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional,
intentando así mitigar los efectos la situación económica y evitar un colapso de la economía.
Para poder realizar la operación de crédito, en la carta de intención emitida por el Ministerio
de Economía y Finanzas, se manifiesta que, para cumplir con las obligaciones derivadas de la
operación de crédito, se creó en el año 2018 el Plan Prosperidad, el cual consiste en
modificaciones de los programas establecidos previamente, en lo concerniente al enfoque social
y macroeconómico.
Este programa tiene proyecciones para el cumplimiento de la deuda, en su mayoría, la
variabilidad del precio del barril de petróleo, el cual se encuentra en un momento de
recuperación, luego del desplome sufrido en los primeros meses del año 2020, lo cual genera
cierta desconfianza, debido a que hay inseguridad por un posible escenario de colapso en el
sector petrolero, de la misma manera que ocurrió finalizando la primera década del presente
milenio.
38
Las medidas económicas que han sido adoptadas en nuestro país están enfocadas en cumplir
con los objetivos fundamentales del gobierno, los cuales son: crecimiento de la producción,
desarrollo económico, aumentar las tasas de empleo formal y combatir la precarización, regular
la inflación estabilizando los precios de los productos y servicios, la redistribución de la riqueza
para reducir la desigualdad social; y, reducir el déficit exterior, para lograr un equilibrio en la
balanza de pagos.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el anexo a la Carta de Intención determina
que “este programa es coherente con los objetivos de nuestro Plan Nacional de Desarrollo y
con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas para el año 2030. Cuatro
pilares fundamentales lo sustentan: i) reconstruir y fortalecer los cimientos institucionales de la
dolarización; ii) generar empleo y crecimiento a través de mayor competitividad; iii) promover
igualdad de oportunidades y proteger a los pobres y vulnerables; y, iv) garantizar un clima de
transparencia y buen gobierno. Para fortalecer el sistema de dolarización se requerirán acciones
en los siguientes frentes: restaurar la prudencia en la política fiscal, fortalecer el marco
institucional del Banco Central, aumentar la solidez del sistema financiero, y apoyar la
generación de empleo con base en mayor competitividad y crecimiento” (Ministerio de
Economía y Finanzas, 2019).
Respecto al plan establecido por el Fondo Monetario Internacional y sus objetivos, en
contraposición con la postura del gobierno, a modo de crítica, hay algunos especialistas del
tema que manifiestan que: “la médula espinal de la estrategia del programa es el
restablecimiento de la confianza de los inversionistas en la economía. Sin embargo, el primer
obstáculo para este aumento de la confianza es la política macroeconómica del programa en sí,
y lo más importante, el gran ajuste fiscal que conlleva, lo cual equivale a alrededor del 6% del
PIB en los próximos tres años, incluido un superávit fiscal muy grande del 3.8% del PIB en
39
2020, el que es poco probable que ocurra. El ambiente de crecimiento entre negativo y bajo que
se espera sea inducido por esta consolidación fiscal, tendría un impacto adverso hacia la
confianza en la economía” (M, Weisbrot; A, Arauz, 2019).
De esta manera podemos comparar criterios y puntos de vista acerca de las relaciones con
los multilaterales, estableciendo que las medidas que se van a implementar son de carácter
impopular, pese a que las intenciones de aplicarlas son el desarrollo de esta parte de la sociedad,
generando un resultado adverso al esperado, según previsiones esto va a ser en el inicio del
establecimiento de las medidas económicas, para luego de aquello poder alcanzar un punto de
inflexión y posteriormente cosechar resultados positivos.
2.4.2. Modificaciones en las políticas económicas y financieras
El Plan Prosperidad recoge las medidas que se van a implementar en los próximos tres años
con la finalidad de conseguir créditos con organismos internacionales y que se establecen en el
memorando adjunto a la carta de intención emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas
en el año 2019.
Como consecuencia de los avances en lo propósitos establecidos en el plan mencionado en
líneas anteriores, en el año 2018 se dio la promulgación de la Ley Orgánica para el Fomento
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal
por parte de la Asamblea Nacional.
La mencionada ley supuso un nuevo escenario fiscal con la finalidad de que sea vea reducida
desde el corto plazo en adelante la deuda pública mediante el cambio de enfoque de las políticas
públicas en todos sus ámbitos, dándole principal atención, en primer lugar, a las relacionadas
con la eliminación a los subsidios de los combustibles, con la intención de reducir el costo para
40
el Estado por este concepto y el uso del mismo y, de esa manera, poder redireccionar esos
recursos a los sectores sociales que por sus condiciones necesitan más atención y ayuda social.
2.4.2.1. Eliminación del subsidio a los combustibles
El subsidio a los combustibles es un tema que ha generado controversias hace ya algún
tiempo, siendo en octubre del 2019 cuando tuvo toda la atención y protagonismo, debido a la
eliminación de este, mediante el Decreto Presidencial No. 883, tal como se había establecido a
inicios de año en el anexo a la carta de intención para el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional.
Con miras a reducir el déficit no financiero y disminuir en cinco puntos del Producto Interno
Bruto (PIB) en un lapso de tres años se establece en el anexo a la Carta de Intención presentada
por el Ministerio de Economía y Finanzas que: “la optimización de los subsidios a los
combustibles mediante la normalización de los precios del diésel de uso industrial, con el
propósito de reducir las distorsiones y de asegurar que los beneficios de los subsidios vayan a
las poblaciones que más los necesitan. Esta optimización continua permitirá que el Ecuador
establezca un sistema de subsidios a los combustibles que promueva la equidad social y la
eficiencia económica, a la vez que reduce los costos ambientales y los efectos adversos para la
salud de un consumo excesivo. También continuaremos ahorrando como consecuencia del
incremento de los precios de las gasolinas adoptado en 2018. Vale la pena resaltar que estas
decisiones de política pública han sido diseñadas para evitar afectaciones a los pobres y
vulnerables y que estimamos que no tendrán impacto sobre los niveles de precios para los
consumidores” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019)
Respecto a esta intención de optimizar recursos y que los sectores sociales más vulnerables
no se vean afectados, encontramos aquí el error por parte del ejecutivo, ya que en el decreto
que eliminaba los subsidios a los combustibles, se debería de haber establecido una
41
reestructuración de estos no una completa supresión, debiendo haber determinado los ámbitos
en los cuales se podía mantener, sin causar el impacto social que no logró contener.
El Decreto Presidencial No. 883, documento legal que cumplía, como lo establece en su
considerando, con el Art. 313 de la Constitución de la República, en el cual se le atribuye al
Estado el manejo de los sectores estratégicos, lo cual se va a dar a través del grupo que ejerza
la función ejecutiva, siendo parte de estas facultades el control y administración de los
hidrocarburos en todas sus fases.
En este artículo también se establecen los principios por los cuales se deben regir,
estableciendo entre ellos el de eficiencia y la necesidad del enfoque en el interés social.
Es aquí donde podemos encontrar una posible contradicción en el mismo ámbito, como es el
constitucional, ya que se puede entender que, en este caso concreto, el principio de eficiencia
de los recursos destinados a los subsidios de los hidrocarburos no va de la mano con el interés
social en un primer momento, aunque la finalidad sea redireccionarlos y enfocar la optimización
de esos recursos en los sectores sociales más desfavorecidos.
En concordancia con el artículo mencionado en líneas anteriores, se establece en la Ley de
Hidrocarburos, en sus artículos 6, 9 y 72, que la función ejecutiva es la encargada de determinar
la política de manejo de estos recursos, la cual será aplicada a través del ministerio de ramo que
tenga la atribución, en este caso concreto, el Ministerio de Hidrocarburos, siempre conforme a
lo determinado por el presidente de la República, incluso en lo referente a los precios de venta.
La promulgación de este decreto ejecutivo ocasionó en octubre del 2019 un paro nacional
del transporte promovido por los dirigentes de este gremio, debido a la afectación que esto
ocasionaría a su economía, ya que sus costos de producción serían más elevados, sin embargo,
los valores para los usuarios se mantendrían.
42
Este paro del sector transportista del país desembocó en movilizaciones nacionales
encabezadas por los dirigentes indígenas y apoyadas por distintos sectores de la ciudadanía,
puesto que consideraban que esto suponía un perjuicio para sus economías familiares por el
incremento en el valor de la canasta básica que intuían iba a ocurrir, además de los precios del
transporte generalizado y, por último el perjuicio que suponía esta eliminación al sector
agrícola, principal fuente de ingresos de la población y que le genera múltiples beneficios al
Estado como actividad económica principal.
Por otro lado, la intención con la que fue emitido este decreto por parte del gobierno fue, en
primer lugar, reducir el gasto que supone mantener estos subsidios debido a la grave crisis que
presentaba el país, provocada, precisamente a la caída del precio del barril de petróleo, que en
los meses precedentes a la promulgación del decreto No. 883 había llegado a mínimos
históricos; y, en segundo, reducir el contrabando de este producto.
Respecto al contrabando de los combustibles, encontramos que, “no hay cifras oficiales de
la salida ilegal de combustibles a través de nuestras fronteras, un estudio realizado en el 2010
por la Universidad Católica estima que el contrabando del gas licuado de petróleo llega al 22%,
de diésel al 13% y de gasolina al 7%. ¿Qué quiere decir esto? Que el perjuicio anual al Estado
ecuatoriano representa 146,65 millones de dólares por concepto del gas, 251,54 millones en
diésel y 123,02 millones en gasolina. Es decir, una pérdida para el Estado de 521,21 millones
de dólares al año” (Mantilla, 2019).
En un artículo más reciente, encontramos datos correspondientes al año 2015, en el cual “un
total de 80.753 galones de combustible que pretendían salir por las fronteras norte y sur de
Ecuador fueron decomisados en 2015 en varios operativos realizados por unidades militares,
informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Según las estadísticas, en 5.076
43
operaciones realizadas el año pasado, los uniformados incautaron 24.247 galones de diésel y
56.506 galones de gasolina extra, blanca y artesanal” (Agencia Andes, 2020).
Finalmente, el 14 de octubre del mismo año este decreto fue derogado tras varios días de
movilizaciones mediante el Decreto No. 894, en el cual, en sus dos artículos establece que se
deja sin efecto en Decreto Ejecutivo No.883 y que de manera inmediata se proceda a elaborar
uno nuevo, en el cual se atiendan todas las necesidades en lo referente a la regulación del precio
de los hidrocarburos.
La elaboración de un nuevo decreto en el cual se focalice de manera adecuada el subsidio
que se estableció con el documento que constituyó el retorno a la situación anterior al
levantamiento popular de los primeros días de octubre nunca fue llevada a cabo, lo que
consistió en un grave error, puesto que no se cumplió con lo establecido, contraviniendo la
norma que así lo establecía, ni se redireccionaron los subsidios en atención a los sectores que
sí necesitan de este beneficio y lo que, como se mencionó anteriormente, fue el grave error de
fondo que contenía el Decreto No. 883.
2.4.2.2. Fortalecimiento de la dolarización
La dolarización es un proceso que se llevó a cabo en Ecuador hace veinte años, como muchos
otros Estados que optan por realizar este cambio de moneda nacional por el dólar
estadounidense, debido a la necesidad de prevenir posibles inflaciones elevadas y
devaluaciones realizadas por países con más fuerza económica a fin de beneficiarse de los
réditos que pueda obtener de este acto.
En la actualidad, el sistema de la dolarización está, de manera generalizada, asimilada y
aceptada por la población, la cual se adaptó en los primeros años de haberse realizado el cambio
44
de moneda, siendo prácticamente inexistente la posibilidad de retomar al sucre, que era la
moneda nacional usada hasta los últimos años de la década de 1990.
Se ha demostrado en el tiempo de uso del dólar que genera beneficios económicos a nivel
internacional, ya que permite el acceso a los créditos con entidades crediticias, tales como el
Fondo Monetario Internacional, los mismos que son materia de análisis en el presente trabajo
investigativo.
Por el contrario, en el balance de la dolarización, encontramos como detrimentos la pérdida
de competitividad con los países con los cuales comparte frontera, que son Colombia y Perú.
Esto debido a que estos mantienen su moneda nacional y tienen a su conveniencia el manejo de
la fluctuación de la moneda.
El hecho de conservar la moneda nacional por los países vecinos les ha permitido poder
devaluarla, reduciendo así las condiciones de competencia respecto a Ecuador, haciendo a
nuestro país menos llamativo frente a nuevas inversiones internacionales, exceptuando ciertos
sectores en los cuales ya se ha compensado esta falencia y están rígidamente establecidos en
mercados internacionales.
Cabe recalcar que esta adversidad es subsanable mediante la correcta aplicación de medidas
económicas que vayan encaminadas a fortalecer la dolarización, tales como alianzas
comerciales con otros Estados.
“Para fortalecer el sistema (dolarización) hay que consolidar sus fundamentos: Tener una
macroeconomía equilibrada en las cuentas públicas para racionalizar el endeudamiento, mejorar
recaudación, desincentivar la corrupción, aumentar la transparencia, desinvertir o concesionar
activos, insistir en eliminar subsidios indefendibles de manera gradual con compensaciones
bien diseñadas. Contar con un fondo de estabilización para épocas malas. Mayor apertura
45
internacional. Una agenda contundente de productividad y competitividad. Más flexibilidad
laboral. Dinamizar e integrar el mercado de capitales. Potenciar las exportaciones con más valor
agregado. Ampliar la cobertura y cultura digital. Fortalecer las instituciones en los sectores
judicial, educación y seguridad que son vitales para un contexto favorable” (Salas, 2020).
Es con la finalidad de proteger la dolarización y hacer al país más competitivo que el
Gobierno ha pretendido encaminar sus relaciones internacionales en el retomo de relaciones
con las entidades crediticias internacionales que tienen su gestión en base a esta moneda y están
establecidas en la mayoría de los estados a escala mundial.
En este contexto, en la carta de intención emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas
se manifiesta que: “el compromiso absoluto con el régimen de dolarización obliga a reconstruir
y fortalecer la base institucional que gobierna al Banco Central bajo un marco legal claro. Estos
esfuerzos para robustecer la dolarización asegurarán que se proteja la capacidad adquisitiva de
las familias ecuatorianas, así como el valor de sus bienes inmuebles y otros activos de los
hogares, lo que facilita el acceso al crédito y genera estabilidad y predictibilidad al momento
de tomar decisiones económicas” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019).
2.4.2.3.Aumento de la competitividad y la creación de empleo
En el convenio crediticio entre el gobierno de Ecuador y el Fondo Monetario Internacional
se contempla, entre sus ejes de reestructuración, una reforma a las condiciones laborales que
tienen vigencia en el país. Son estas catalogadas como rígidas y, a criterio de inversionistas y
de delegados de la organización internacional, suponen un motivo más de disminución de la
competitividad frente a otras naciones a la hora de decidir sobre el lugar de realizar nuevas
inversiones.
46
Desde la publicación de la Carta de Intención se manifestó que las reformas que consideran
necesarias no iban a ser establecidas en el año 2019, pero estas estarían enfocadas en “nuevos
tipos de contratos que permitan más participación de mujeres y jóvenes en la fuerza laboral; el
incremento del período de prueba y la reducción de los costos de contratación y despido, lo que
implicaría eliminar las indemnizaciones por despido cuando los trabajadores renuncien
voluntariamente” (González & Tapia, 2019).
Una de las posibles modificaciones a realizar como consecuencia de esto, anunciada por el
Ministro de Finanzas, es la regulación del teletrabajo, modalidad de trabajo no presencial, que
hasta el momento no se encuentra regulada en el Código de Trabajo como un tipo de contrato,
lo cual podría traer ciertos problemas al momento de que se lleve a cabo una terminación de la
relación laboral, si haber establecido antes los mecanismos de manera oficial para ello.
Por otro lado, para el fomento del empleo joven si se han tomado ciertas medidas con
anterioridad, tales como beneficios e incentivos a las compañías que integren a jóvenes en su
nómina de personal, quienes previamente no hayan tenido experiencia laboral y se encuentren
en un rango de edad determinado.
Según Patricio Alarcón, representante del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), además
de lo ya mencionado, para que las empresas contraten más personas jóvenes se deben dar
facilidades para que su ingreso sea por un tiempo como pasantes, para que, en el caso de no
encajar en el cargo, la terminación de la relación laboral sea sin costo (González & Tapia, 2019).
Esto atenta contra lo establecido ya en el Código de Trabajo, que en su Art. 15 establece que
los contratos ya acarrean un periodo de prueba, que debe estipularse en el contrato y que no
tendrán duración de más de 90 días y que en este lapso la terminación de la relación laboral se
47
puede realizar libremente por cualquiera de las partes, lo cual quiere decir que no se debe
indemnizar al trabajador en el caso de no encajar en el perfil.
Como eje central de las intenciones del gobierno está hacer de Ecuador un país competitivo
a nivel internacional, atrayendo inversión extranjera, para lo que espera realizar una reforma
tributaria, y que de esa manera se amplíe la demanda de mano de obra y se creen puestos de
empleo que sean sostenible en el tiempo y reducir los niveles de formas informales de
desarrollar esta actividad, tan importante, tanto como para cada persona y su núcleo familiar,
como para el Estado, que mediante la misma determina sus niveles de economía y es un pilar
fundamental para esta.
Otro mecanismo que fomentar por parte del régimen es el emprendimiento, como medio de
creación de nuevas fuentes de empleo y crecimiento económico, para lo cual, además de los
beneficios que para el inicio de estos se establecieron en la Ley de Fomento Productivo, se
espera crear una nueva ley que vaya enfocada exclusivamente en otorgar beneficios
administrativos a las empresas para la constitución de estos.
La realidad es que, a pesar de estos acuerdos y las intenciones respecto a la fomentación de
empleo, debido a la emergencia sanitaria el sector obrero del país ha sido de los más afectados,
así como lo señala Gabriela Coba, en su artículo de la revista Primicias, donde manifiesta:
“Según las estadísticas, en un año el número de personas con un empleo adecuado cayó 21
puntos porcentuales, al pasar de 37,9% en junio de 2019 o el equivalente a 3,1 millones de
trabajadores, a 16,7% en junio de 2020, es decir 1,2 millones de personas” (Coba, 2020).
Estas cifras evidenciarían un gran reto para el Ecuador en cuanto a llevar a cabo sus objetivos
respecto a su planificación y propuestas sobre la creación de empleo, afrontando además un
48
ámbito incierto producto de una pandemia que no tiene fecha de finalizar y un Estado con sus
finanzas trastocadas luego de la crisis económica que se atraviesa.
2.4.2.4. Disminución del tamaño del estado
Debido a la delicada situación económica en la que se encuentra el Ecuador, el Estado optó
como medida económica reducir el gasto público, lo cual conllevará a la ejecución de ciertas
medidas que tendrán un destacado impacto en la sociedad y en las arcas públicas.
Con la finalidad de disminuir el gasto público se propone hacer un recorte al tamaño del
Estado, lo cual va a implicar reducir el número de servidores públicos, así como la
reestructuración de los activos públicos, que va a realizarse mediante fusión, supresión y
extinción de entidades públicas, además de iniciar y continuar procesos de concesión de
empresas públicas para obtener beneficios económicos y liberarse de esa carga presupuestaria,
además de hacer más productivas a estas y continuar con ese crecimiento una vez se cumpla el
plazo por el cual fueron entregadas. Para lograr este propósito el gobierno se enfoca en:
a) Reajuste del número de servidores públicos
En lo referente al gasto público por el cumplimiento de obligaciones con los servidores
públicos, en el documento adjunto a la carta de intención se establece que se realizará “un
cuidadoso reajuste de la masa salarial por medio de una estrategia que equilibre la restricción
salarial con decisiones prudentes en la renovación de contratos ocasionales y en la contratación
de nuevos funcionarios. Ya hemos anunciado las primeras medidas en este sentido, incluyendo
cambios en las empresas de propiedad del Estado. También tenemos el plan de renovar
únicamente uno de cada dos contratos que expiren en los sectores no sociales y de armonizar
los sueldos de los nuevos empleados del sector público con los del sector privado, cuyos niveles
49
son, en promedio, más bajos que en el sector público” (Ministerio de Economía y Finanzas,
2019).
La realización de este reajuste, tanto de personal como de salario, entró en una polémica
debido a que se consideró que se vulneran derechos de estos trabajadores, lo cual a nivel
constitucional en el Art. 284, numeral seis, en el que se determina el fomento al “pleno empleo
y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales” (Constituyente,
2008).
En el Art. 229 ibidem se establecen los derechos de todos los servidores públicos, sin
distinción según ejerzan por contrato de prestación de servicio o por concurso previo de méritos
y oposiciones.
Sin embargo, en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), que es la norma que regula
de manera más específica la contratación de los funcionarios que prestan los servicios
ocasionales, establece en su Art. 58 que este tipo de contratos no generan estabilidad, por ser
de naturaleza de libre remoción. Por lo tanto, esto hace que se cumpla con el objetivo de reducir
el gasto que genera mantener demasiados cargos públicos y reducir los costos, sin menoscabar
los derechos de las personas que se desempeñan en esos cargos.
Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio
Público, se establece las causales por las cuales se puede finalizar el contrato de los servidores
públicos, donde no se contempla una situación como la emergencia sanitaria o similares, lo cual
imposibilitaría al Estado a despedir a dichos funcionarios al no tener un sustento legal.
Por otro lado, esto va a permitir que se eliminen funcionarios que han sido puestos de manera
irregular, en muchas ocasiones, incluso, desarrollándose el nepotismo, lo cual está prohibido a
nivel normativo en la CRE, en su Art. 230, numeral 2.
50
b) Reestructuración de activos públicos
Tal como se menciona en líneas anteriores, la reestructuración de los activos públicos es otro
de los mecanismos a implementar para reducir el gasto y obtener beneficios de empresas,
secretarías y demás tipos de instituciones públicas que no resultan del todo rentables, llegando
algunas, incluso, a presentar pérdidas por la mala administración que han tenido.
Entre las medidas adoptadas por el gobierno destaca la fusión o venta de ciertas empresas
estatales, que como indica la periodista Evelyn Tapia en Diario el Comercio;
“El Ejecutivo cerrará y fusionará 10 empresas públicas, entre ellas la aerolínea Tame,
Inmobiliar, Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Correos del Ecuador y otras. Moreno
precisó que Tame ha perdido más de USD 400 millones en los últimos cinco años. Tame entrará
en liquidación, preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas”
(Tapia, 2020).
En virtud de la incertidumbre sobre la rentabilidad de estos activos el gobierno ha decidido
“monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión
serán otorgados a socios privados. Este proceso se realizará de manera absolutamente
transparente, maximizando los beneficios para el Estado, asegurando que la cobertura de
servicios no sea afectada y evitando pasivos contingentes en la presupuestación” (Ministerio de
Economía y Finanzas, 2019).
El realizar por determinado lapso concesiones de empresas públicas supone un beneficio
económico para el Estado, ya que va a permitir optimizar recursos, además de ser consecuente
con los principios constitucionales de eficacia y eficiencia, establecidos en el Art. 277,
referentes a la administración pública.
51
2.4.2.5.Fortalecimiento del sistema fiscal
Con miras a dar cumplimiento con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
en marzo del 2019 en la carta de intención, se procedió a crear el proyecto de ley con el carácter
que le puede otorgar el ejecutivo de económico urgente, el cual tiene el enfoque en los ejes
estratégicos que han sido determinados por el documento con el cual se consagra la relación
crediticia.
El proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto
Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y
Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas tiene como pilares fundamentales
la transparencia fiscal, la optimización del gasto tributario, el fomento a la creación de empleo,
el afianzamiento de los sistemas tributarios; y, el manejo responsable de las finanzas públicas.
En primer lugar, en lo concerniente a la transparencia fiscal, los cambios que se proponen
van encaminados a modificar los mecanismos herméticos de acceso a la información tributaria
de ciertos grupos de contribuyentes, que por el poder económico que representan han
encontrado la forma de proteger y de negar el acceso a información pública.
En segundo lugar, la optimización del gasto tributario hace referencia a incentivos, tales
como exenciones y exoneraciones tributarias, a ciertos sectores que forman parte de la
economía nacional; y, a la creación de impuestos que van a recaer sobre los contribuyentes y la
eliminación de otros, como sería el caso el impuesto a la salida de divisas.
Tal y como se ha mencionado en el presente trabajo y ser una de las finalidades principales
de todo gobierno, el generar nuevos empleos, no es la excepción para el oficialismo de turno,
por lo que, mediante esta nueva norma también pretende impulsarlo planteando una reducción
de impuestos a las empresas para poder conseguirlo. Esto tiene que ver con dejar atrás los
impuestos directos en un grado considerable y centrase en la recaudación por medio de los
indirectos.
52
Por otro lado, relativo al afianzamiento de los sistemas monetarios, propone “la creación de
un nuevo marco jurídico-institucional para garantizar la independencia del Banco Central
básicamente con referencia al Ministerio de Economía y Finanzas; la prohibición de utilizar las
reservas del Banco Central (BC) para créditos al Ministerio de Economía y Finanzas; y, los
cambios institucionales, entre ellos la definición de una nueva Junta Monetaria que reemplace
a la anterior Junta de Regulación Financiera y Monetaria” (Dávalos, 2019).
Como último eje transversal de los que tiene la atención primordial en este proyecto de ley
es el manejo responsable de las finanzas públicas, las reformas que se proponen van
encaminadas a implementar reglas en el ámbito macro fiscal enfocadas instituciones públicas
que reciben parte del erario del Presupuesto General del Estado, tales como el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GADs).
Esto se llevaría a cabo mediante ”reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, las cuales asegurarán que se fortalezca el rol del Ministro de Economía y Finanzas
como la autoridad de supervisión fiscal; que los presupuestos anuales sean preparados en línea
con las mejores prácticas internacionales; que se introduzcan límites vinculantes al gasto en
concordancia con el marco fiscal global; que se restrinja la discrecionalidad gubernamental para
enmendar presupuestos ya aprobados y que se cree un marco riguroso para la asignación de
contingencias; que se mantenga el control de la ejecución del presupuesto mediante una
contabilidad gubernamental y reportes completos, oportunos y apropiados, así como la
aplicación de las mejores prácticas en la administración de caja” (Ministerio de Economía y
Finanzas, 2019).
El proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto
Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y
Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas analizado en líneas anteriores fue
53
presentado a la Asamblea Nacional en octubre del 2019, dando inicio al trámite de ley para su
futura promulgación, siendo el caso que este cuerpo legal, después de múltiples observaciones,
modificaciones y cierto rechazo por parte del legislativo, fue finalmente aprobado en mayo del
presente año, en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el virus del COVID-19,
el cual va a ser analizado en el presente trabajo.
La Superintendenta de Bancos del Ecuador, Ruth Aguerri, en una entrevista con la resista
Líderes manifestó la finalidad de las medidas económicas adoptadas en el Ecuador, con las
cuales “buscamos la resiliencia del sistema financiero ecuatoriano, pero sobre todo su
fortalecimiento de cara al futuro. Para ello es imperativo contar con instrumentos que permitan
la sostenibilidad de la cadena de pagos y en principio mantener la actividad económica para
que luego retorne a los niveles que permitan crecimiento en la economía ecuatoriana” (Aguerri,
2020).
De acuerdo con lo manifestado en dicha entrevista, se evidencia que el Estado no ha podido
dar cumplimiento a ciertos aspectos de estos objetivos que ellos mismo se han propuesto, ya
que, por ejemplo, no se ha podido garantizar la sostenibilidad en la cadena de pagos, como se
ha evidenciado en los últimos meses que ciertos sectores del servicio público no han gozado de
sus remuneraciones al tiempo correspondiente.
2.4.3. Crisis por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19
2.4.3.1. Estado de excepción
Mediante Decreto Presidencial No. 1017, de fecha 16 de marzo del 2020, se decreta el
estado de excepción en el territorio nacional ecuatoriano y se declara la emergencia sanitaria
como calamidad pública, esto producto de la pandemia vivida a nivel mundial ocasionada por
el virus denominado COVID-19. Podemos establecer este decreto como el inicio oficial de la
54
pandemia en nuestro país, es así como, mediante el mismo se establecen ciertas disposiciones
orientadas a mitigar dicha emergencia y a proteger los derechos de los ciudadanos.
En este decreto el Estado emite ciertas disposiciones como la restricción a la movilidad
ciudadana, estableciendo un toque de queda a nivel nacional, regulaciones respecto de la
circulación vehicular, movilizaciones de las fuerzas armadas, policía nacional, funcionarios de
la salud, entre otros. Concretamente en el análisis que nos corresponde estudiaremos el artículo
sexto (6), referente a disposiciones relacionadas con el derecho al trabajo.
El artículo 6 del Decreto Presidencial No. 1017 trata sobre la suspensión de la jornada laboral
tanto en servidores públicos como en trabajadores del sector privado, en primer orden por un
período determinado que se irá evaluando y prorrogando de así considerarlo conveniente. Así
mismo, se fijan ciertos sectores en los cuales se deberá continuar con sus operaciones debido a
la actividad que realicen, destacando la producción y distribución de víveres, prestación de
servicios básicos, servicios de salud, entre otros.
Se decreta además que las entidades correspondientes deberían emitir las resoluciones que
consideren idóneas para mitigar la emergencia sanitaria y además precautelar los derechos de
los ciudadanos, al menos por un período de sesenta (60) días que duraría principalmente el
estado de excepción.
No se ha podido determinar que este decreto 1017 del 16 de marzo del 2020 pueda
contravenir derechos constitucionales o aspecto alguno del ordenamiento jurídico ecuatoriano,
pues la Ley y la Constitución facultan al Estado para tomar decisiones como la estudiada en
circunstancias como la vivida, por lo que se debe considerar que este decreto se apega a los
principios de constitucionalidad y legalidad que son objeto de esta investigación, sin embargo,
loa problemas y el descontento social comienzan con determinadas resoluciones y/o acuerdos
55
que han sido emitidos durante este período de emergencia sanitaria, los cuales van a ser
analizados en este mismo capítulo.
2.4.3.2. Recortes presupuestarios
El primer acontecimiento de relevancia dentro de la emergencia sanitaria a tratar consiste en
la crítica que recibió el Estado ecuatoriano al realizar un desembolso de USD$ 325 millones de
dólares, correspondientes al pago de deuda externa, valores y acciones confirmadas por el
Ministro de Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas manifestó que dicha decisión fue
tomada en aras de precautelar la solvencia económica del país, así como evitar posibles
sanciones como el congelamiento de cuentas en el exterior, bloqueo a transferencia por
exportaciones, litigios legales, etc.
La realidad es que el descontento ciudadano fue tal que en varias ocasiones representantes
de la Función Ejecutiva salieron a dar explicaciones a la ciudadanía de lo que implicaba el pago
de dichos valores. Si analizamos el contexto, nos podemos dar cuenta que dicha acción incluso
contradice a lo establecido en el Decreto No. 1017, ya que en su artículo 12 establece que el
Ministerio de Economía y Finanzas proveerían los recursos que fueren necesarios para mitigar
la emergencia sanitaria, lo cual se contrapone a los hechos. Además, dicha acción iría en contra
de los derechos garantizados en la constitución, concretamente en su artículo 290 numeral 2, ya
que con el pago de estos valores por concepto del servicio de deuda externa se está pasando por
encima de derechos constitucionales, como la educación, salud, entre otros.
Diversos grupos sociales manifestaron su descontento, así lo contempla el periódico El
Comercio: “La FEUE denuncia la violación de los artículos 26, 28, 39, 82, 229, 298, 326, 328,
349, 351, 355, 356, 357 y en especial el 165, que indica que durante el estado de excepción el
Presidente únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de
domicilio, libertad de tránsito, de asociación y reunión, de información, en los términos que
56
señala la Constitución. También declarar la recaudación anticipada de tributos, destinar fondos
públicos que eran para otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación” (Rosero,
2020).
Pese a la presión ciudadana, la emergencia sanitaria que vivía el Ecuador, los recortes
presupuestarios y de personal efectuados en el sector público, destacando los recortes en el
sector sanitario y de educación, el Ecuador realizó el pago de la deuda externa en lugar de
garantizar servicios fundamentales para la ciudadanía, lo cual se podría tildar completamente
de inconstitucional al atentar a lo establecido en el numeral 2 del artículo 165, más aún en la
situación que atravesaba el país en aquel entonces.
El gremio estudiantil, amparado por diversas universidades a nivel nacional, presentaron
ante la Corte Constitucional diversas acciones con la finalidad que se declare esta medida como
inconstitucional y que se deje sin efecto este recorte presupuestario, sin embargo, estas acciones
no hallaron como destino buen puerto, ya que las acciones fueron resueltas a favor del Estado
por parte de la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional, en resolución denegó las acciones, según relata la revista GK City
manifestaron: “La sentencia, que se hizo pública la mañana del 10 de septiembre, dice que no
se puede verificar una “suspensión” del derecho a la educación por parte del Ministerio de
Finanzas. La sentencia, además, determina que, durante un estado de excepción, el manejo
presupuestario está a cargo de este Ministerio. Por ende, puede realizar las modificaciones en
él que se requieran para responder ante un déficit económico” (GK City, 2020).
A pesar de la acción interpuesta por ciertos grupos sociales, la resolución de la Corte
Constitucional no dejó indiferente a ninguno de éstos, pues para sorpresa de la ciudadanía la
Corte Constitucional resolvió que no existe vulneración al derecho a la educación, pues la Ley
57
faculta al Ministerio para manejar el presupuesto en los estados de excepción, lo cual es el caso
actual. El Ministerio de Finanzas, además, justificó su acción al alegar que el presupuesto para
educación, especialmente el destinado a las entidades de educación superior, surge de la
recaudación de tributos por el pago de impuesto al valor agregado (IVA), cuya recaudación se
ha visto afectada por la emergencia sanitaria.
La Senescyt manifestó los motivos por los cuales se realizó el recorte presupuestario,
manifestando que “la reducción de asignación a las universidades se produce por la disminución
del IVA y el impuesto a la renta, de los que el 80 % se destina a las instituciones” (Jácome,
2020).
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sostuvo su defensa manifestando que jamás
se utilizaron fondos que eran destinados para salud o educación, en su defecto, manifiesta que,
al haber mermado la recaudación del IVA, la caída del precio del petróleo y la crisis a la cual
ya se enfrentaba el Ecuador, conllevo a que sin supuesta alternativa alguna el Estado redujera
su presupuesto, el que era destinado a las entidades de educación, tanto como el propio
presupuesto general del Ecuador.
2.4.3.3. Acuerdos emitidos por el Ministerio del Trabajo
Dentro de la emergencia sanitaria, además, en lo referente a temas laborales, el Ministerio
del Trabajo emitió ciertos acuerdos ministeriales mediante los cuales se trató de regular de una
forma adecuada la situación de las relaciones laborales, tratando temas referentes a la situación
contractual, suspensión y/o reducción de jornada laboral, entre otros.
En primer lugar, se emitió el Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-077 en fecha 15 de marzo
del 2020. En este acuerdo se trataba sobre la reducción de la jornada laboral durante la
emergencia sanitaria, facultando al empleador para aplicar esta disposición. Dicha disposición
58
se encuentra en concordancia con lo establecido en el artículo 47.1 del Código del Trabajo,
faculta además al empleador incluso a la imposición de realizar trabajos en fines de semana, no
sin superar los límites de la jornada laboral como lo establece el Código del Trabajo.
A su vez, en el octavo artículo se establece la modalidad en cómo sería recuperada la jornada
laboral que habría sido suspendida o modificada, quedando el empleador facultado el
empleador a establecer la modalidad cómo se recuperarían las horas de trabajo, siendo esto
facultativo si se realiza en horarios de fines de semana o en su defecto la imposición a cumplir
horas extra entre semana con un máximo de 3 horas.
Podría considerarse esto una regresión de derechos o que estas medidas implicaren renunciar
a ciertos derechos de los trabajadores, sin embargo, la finalidad de estas medidas consiste en
proteger el trabajo, de tal manera que no se dé por terminada la relación laboral y que se
recupere la actividad económica una vez reiniciadas las actividades laborales.
En fecha 28 de marzo del 2020 se emite el acuerdo ministerial No. MDT-2020-080, mismo
que establece una reforma al acuerdo MDT-2020-077, estableciendo obligatoriamente dos días
consecutivos de descanso por cada semana de trabajo, lo cual se encontraría de conformidad a
lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico. A parte del artículo quinto, el artículo siete es
reformadas también, estableciendo como un máximo de la jornada laboral un límite de 12 horas
de trabajo y 8 diarias en los sábados.
Se establece en este acuerdo ministerial que los temas relacionados con el pago de la
remuneración, mismo que dependería del eventual acuerdo que se pudiere dar entre empleador
y trabajador. De esta misma manera, empleador y empleado pueden llegar a un acuerdo
referente a la fecha de inicio y falsación del período de vacaciones.
59
De acuerdo con el artículo cinco se trata respecto a las modalidades de trabajo que se podrían
acordar durante la emergencia sanitaria y mientras no sean derogados estos acuerdos, pudiendo,
de mutuo acuerdo establecer modalidades distintas de trabajo que se encuentren permitidas en
nuestro ordenamiento jurídico.
Estas disposiciones cumplen con lo establecido en el artículo 284 numeral 6 de la
Constitución de la República del Ecuador, así como con el artículo 539 del Código del Trabajo,
pues las disposiciones emitidas por el Estado tienen como finalidad proteger las plazas de
empleo, de tal manera que sea posible llegar a determinados acuerdos entre empleadores y
trabajadores durante la emergencia sanitara, de tal manera que la relación laboral continúe y
que sean el menor número posible de plazas de empleo las perdidas.
Estos fueron los acuerdos que contienen las disposiciones con mayor relevancia en cuanto a
las situaciones de las relaciones laborales durante la emergencia sanitaria, ya que, debido a la
grave situación vivida en el país, el Estado se vio en la necesidad de emitir una Ley con
disposiciones específicas que regulen diversos aspectos jurídicos que requerían cierta
regulación de acuerdo con la emergencia por la que se atravesaba, surgiendo como propuesta
la Ley de Apoyo Humanitario. Es así como, mediante acuerdo ministerial MDT-2020-181 de
fecha 14 de septiembre del 2020, mismo que dispone las regulaciones para fomentar el
teletrabajo y cómo éste se aplicará en el ámbito laboral, las condiciones que debe cumplir el
empleador para sus trabajadores puedan cumplir con las funciones.
2.4.3.4. Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada
del COVID-19
Mediante Registro Oficial No. 229 del 22 de junio del 2020 entró en vigor la Ley de Apoyo
Humanitaria para combatir la crisis sanitaria derivada del COVD-19, instrumento legal
constituido por treinta y cinco artículos y una disposición interpretativa, además de las
60
disposiciones derogatorias o reformatorias, concernientes a asuntos de relevancia jurídica y
social debido a lo sucedido durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del
Covid-19.
En el análisis que nos corresponde respecto a esta Ley, nos centraremos en los artículos
relacionados al ámbito laboral, pues éstos han sido los que han generado grandes debates en las
esferas sociales, al ser consideradas estas disposiciones como inconstitucionales o como una
regresión de derechos hacia los trabajadores.
En primer lugar, el artículo 16, consagrado en el Capítulo III sobre las medidas para apoyar
la sostenibilidad del empleo, trata al respecto de los acuerdos con la finalidad de preservar las
fuentes de trabajo, de tal manera que de común acuerdo empleador y trabajador puedan
modificar las condiciones de la relación laboral, en virtud de garantizar la preservación del
trabajo y que a su vez así se pueda garantizar la estabilidad en los puestos de trabajo. Establece
la condicionante de que dichos acuerdos no podrían afectar a los salarios básicos o sectoriales
ni en jornada completa ni en lo equivalente en los casos de jornada reducida.
Contiene además ciertas disposiciones en caso de que el trabajador sea despedido posterior
a la realización de un eventual acuerdo, o a su vez, en los casos que el empleador afecte los
derechos del trabajador incurriendo en algún tipo de fraude en los acuerdos éstos pueden ser
impugnados e incluso podría alcanzar este conflicto una índole penal.
El contenido de este artículo generó un gran descontento en las organizaciones de
trabajadores, pues consideran una violación a los derechos del trabador, debido a que estos
acuerdos, a pesar de ser bilaterales, siempre van a dejar al trabajador en una situación de
inferioridad y vulnerabilidad, pues es el empleador quien se beneficiaría de dichos acuerdos.
La realidad es, que, a pesar de posiblemente afectar al goce efectivo de los derechos del
61
trabajador, esta medida se ha llevado a cabo con apego a la CRE en su artículo 284 numeral 8,
y el ordenamiento jurídico ecuatoriano, pues el propio Código del Trabajo ya contemplaba los
acuerdos entre empleadores y trabajadores, de acuerdo con el artículo 47.1, además del artículo
539 faculta a las autoridades correspondientes para regular las disposiciones concernientes a la
reglamentación, organización y protección del trabajo.
El artículo 18 comprende las condiciones que deberá cumplir el empleador para efectuar los
acuerdos laborales. Los empleadores deberán dar a conocer íntegramente la situación financiera
de la empresa, y éstos mismos se comprometerán a destinar los recursos de la empresa
eficazmente y sin incurrir en engaños, además quedan impedidos a distribuir dividendos durante
la vigencia de estos acuerdos y tampoco podrán reducir el capital social de la compañía.
En los casos que el empleador llegare a un acuerdo con el mayor porcentaje de sus
empleados, este acuerdo será vinculante también para aquellos que no hubieren aceptado el
acuerdo, además en los casos de contratos colectivos y su negociación será suscrita por los
representantes legítimos.
El artículo 20 que se contempla en el referido cuerpo legal ha sido otra de las disposiciones
fuertemente criticadas y debatidas por la sociedad, pues en él se trata acerca de la reducción de
jornada laboral y a su vez de la remuneración, la cual será proporcional a las horas de trabajo,
sin poder ser inferior al 55% de la misma. El empleador está obligado a cumplir con el pago de
la afiliación con relación a las horas de desempeño y deberá reportar al Ministerio del Trabajo
las condiciones y duración de estos acuerdos. Se establece además la forma a liquidar si un
trabajador es despedido durante la vigencia de dicho acuerdo, así mismo vuelve a hacer énfasis
en la imposibilidad de repartir dividendos ya que éstos deberían ser destinados a reinversión en
la misma empresa.
62
En el análisis que nos compete y en la comparación realizada con los dispuesto en el Código
del Trabajo, así como en la CRE se podría decir que el artículo 20 de la Ley de Apoyo
Humanitario se podría considerar como ilegal si se lo relaciona con el artículo 4 del Código del
Trabajo, donde se establece la irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores, por lo cual no
podrán éstos renunciar a recibir su remuneración completa durante la duración del contrato, sea
cual sea la circunstancia. A su vez, el artículo referido se contrapone a lo establecido en el
artículo 7 del Código del Trabajo, donde se establece la aplicabilidad de la norma más favorable
al trabajador, lo cual no ha sido aplicado en un artículo que se encuentra en conflicto con
diversos apartados del ordenamiento jurídico.
Además, no se contempla un caso fortuito o calamidad nacional como motivo de pérdida o
disminución en la remuneración, esto en el artículo 54 del CT, con lo cual, según estos artículos,
esta disposición iría en contra del Código del Trabajo y por lo tanto no cumpliría con el principio
de legalidad al aplicar esta nueva Ley de Apoyo Humanitario.
Contrario a estos preceptos, encontramos concordancias entre el artículo analizado y cierta
codificación del CT, como lo es el artículo 50 donde se trata el límite de la jornada laboral que
no debe superar las cuarenta horas, tal cual lo establece la Ley de Apoyo Humanitario. A su
vez, en lo referente a la reducción de la jornada laboral y la reducción en cuanto a la
remuneración coincide con lo que establece el artículo 79 del CT, a igual trabajo igual
remuneración, es decir, remuneración proporcional al tiempo de trabajo y al desempeño, por lo
cual no únicamente se encuentra en contraposición al Código del Trabajo, pues como se ha
relatado también contempla las disposiciones con las que coinciden ambos instrumentos
legales.
En la Constitución de la República del Ecuador se contempla en el artículo 11 en su numeral
6 consagra la irrenunciabilidad de derechos y principios consagrados en el ordenamiento
63
jurídico, además se manifiesta que todos son de igual jerarquía, además, en el numeral 2 del
artículo 326, expresamente establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y
que cualquier estipulación en contrario será nula. Por último, en el artículo 328 se trata sobre la
remuneración justa y las condiciones sobre las cuales se fijará la misma. Evidenciamos así, por
lo tanto, que el artículo 20 de la Ley de Apoyo Humanitario debe ser considerada
inconstitucional por r en contra de los derechos establecidos en la CRE y por lo tanto no
cumpliría con el principio de constitucionalidad que toda nueva Ley debe cumplir para poder
entrar en vigor.
En esta Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del
Covid-19 se contempla además una disposición interpretativa al numeral 6 del artículo 169 del
Código del Trabajo, luego de la supuesta mala aplicación de este artículo por parte de los
empleadores, quienes aprovecharon la situación para terminar relaciones laborales realizando
despidos sin pagar indemnizaciones algunas. Esta interpretación entró a regular las formas de
terminar la relación laboral, de manera que se proteja los derechos de los trabajadores y se
garantice una justa liquidación con las indemnizaciones que por Ley corresponden.
Desde un punto de vista objetivo y a criterio personal, el artículo 169 en el numeral 6 ya
establece claramente lo que se considera caso fortuito, se podría decir que existía un vacío en
esta disposición al no contemplar una calamidad nacional o una emergencia sanitaria, lo cual sí
constituiría un caso fortuito, sin embargo, el legislador no contempló estos aspectos al momento
de la redacción de este cuerpo legal, por lo tanto lo correcto debería haber sido una reforma a
este artículo, de manera que se extienda la conceptualización de caso fortuito, en lugar de darle
una nueva interpretación totalmente distinto a algo que ya contemplaba el propio artículo.
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2.5. Marco legal
2.5.1. Constitución de la República del Ecuador
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.
5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y
la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.
6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento
del proceso de autonomías y descentralización.
En este artículo se refleja lo que el Estado ecuatoriano debería haber protegido mediante la
toma de decisiones durante la emergencia sanitaria, sin embargo, el sector de la salud y la
educación han sido los más afectados por las medidas implementadas por el gobierno, no se ha
respetado la planificación y los recursos son insuficientes o mal gestionados.
Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles,
interdependientes y de igual jerarquía.
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la
jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones
necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya,
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.
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9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados
en la Constitución.
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad
pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta
o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus
funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
Es vital analizar los principios sobre los cuales se debe sustentar el derecho de la ciudadanía,
la toma de decisiones y las acciones por parte del Estado, los cuales no han sido respetados en
las disposiciones que analizamos en este trabajo.
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible
e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en
el proceso educativo.
Si bien es cierto no se ha privado directamente a la ciudadanía el acceso a la educación
consiste una gran afectación al derecho a la educación aplicar recortes presupuestarios a las
entidades educativas, pues mediante esto se está violentando una educación de calidad y se
coartan las oportunidades de muchos estudiantes.
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio
de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física,
el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
66
Al igual que la educación, el sector de la salud ha sido afectado gravemente, tanto por las
decisiones del Gobierno, como por los emergentes casos de corrupción que han salido a la luz
de estas entidades.
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el
pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
Como se podrá apreciar en capítulos precedentes el derecho al trabajo constituye uno de los
objetos de mayor debate en la gestión de la emergencia sanitaria, al considerarse vulnerados
estos derechos.
Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
Distintas de las decisiones económicas que se han implementado en el Ecuador han causado
debates en la ciudadanía, sin embargo, basándonos en estos principios y en la finalidad de estas,
podríamos decir gracias a este artículo que las mismas cumplen con el principio de
constitucionalidad.
Art. 290.- El endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones:
1. Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos
provenientes de cooperación internacional sean insuficientes.
2. Se velará por que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen
vivir y la preservación de la naturaleza.
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El presente artículo contempla lo referente a la gestión de la deuda externa, con lo que
comparado a las acciones del Estado de desembolsar valores para el pago de dicha deuda se
estaría violentando ciertos derechos constitucionales.
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:
1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo.
2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en
contrario.
3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales
en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.
4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.
5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio,
que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.
11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos
y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.
15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental,
educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado,
producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles,
transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren
el funcionamiento de dichos servicios.
Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades
básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el
pago de pensiones por alimentos.
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En lo referente al derecho al trabajo es el sector que se considera más afectado producto de
las medidas y normas establecidas por el gobierno que regulan este sector, al verse afectados
principios que rigen este derecho y disposiciones específicas que han causado gran descontento
social. En esta investigación se ha tratado de establecer una relación entre lo que establece la
CRE, el Código del Trabajo y las normas y medidas que se han implementado en el Ecuador
en este período de julio del 2019 a julio del 2020.
2.5.2. Ley Orgánica de Servicio Público
Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos. - Son derechos irrenunciables
de las servidoras y servidores públicos:
a) Gozar de estabilidad en su puesto;
b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia,
profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este concepto
correspondan a la servidora o servidor, son irrenunciables;
i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la reparación
de los derechos que consagra esta Ley;
l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad,
seguridad, higiene y bienestar;
n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del reconocimiento o
goce en el ejercicio de sus derechos.
Art. 25.- De las jornadas legales de trabajo. - Las jornadas de trabajo para las entidades,
instituciones, organismos y personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta Ley podrán
tener las siguientes modalidades:
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a) Jornada Ordinaria: Es aquella que se cumple por ocho horas diarias efectivas y continuas, de
lunes a viernes y durante los cinco días de cada semana, con cuarenta horas semanales, con
períodos de descanso desde treinta minutos hasta dos horas diarias para el almuerzo, que no
estarán incluidos en la jornada de trabajo; y,
b) Jornada Especial: Es aquella que por la misión que cumple la institución o sus servidores, no
puede sujetarse a la jornada única y requiere de jornadas, horarios o turnos especiales; debiendo
ser fijada para cada caso, observando el principio de continuidad, equidad y optimización del
servicio, acorde a la norma que para el efecto emita el Ministerio del Trabajo.
Art. 47.- Casos de cesación definitiva. - La servidora o servidor público cesará definitivamente
en sus funciones en los siguientes casos:
a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada;
b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente;
c) Por supresión del puesto;
d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;
e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período
fijo, en caso de cesación del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite
adecuado para ocupar el puesto. La remoción no constituye sanción;
f) Por destitución;
g) Por revocatoria del mandato;
h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición;
i) Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización;
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j) Por acogerse al retiro por jubilación;
k) Por compra de renuncias con indemnización;
l) Por muerte; y,
m) En los demás casos previstos en esta ley.
Art. 48.- Causales de destitución. - Son causales de destitución:
a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa evaluación de desempeño e
informes del jefe inmediato y la Unidad de Administración del Talento Humano;
b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos;
c) Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de: cohecho, peculado,
concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento lícito y en general por los delitos señalados
en el Artículo 10 de esta Ley;
d) Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajenos a su remuneración;
e) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los lugares de
trabajo;
f) Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o proferir insultos a compañeras o
compañeros de trabajo, cuando éstas no sean el resultado de provocación previa o abuso de
autoridad;
g) Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias
estupefacientes o psicotrópicas;
h) Incurrir durante el lapso de un año, en más de dos infracciones que impliquen sanción
disciplinaria de suspensión, sin goce de remuneración;
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i) Suscribir, otorgar, obtener o registrar un nombramiento o contrato de servicios ocasionales,
contraviniendo disposiciones expresas de esta Ley y su reglamento;
j) Incumplir los deberes impuestos en el literal f) del Artículo 22 de esta Ley o quebrantar las
prohibiciones previstas en el literal d) a la n) del Artículo 24 de esta Ley;
k) Suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales contraviniendo disposiciones
expresas de esta Ley y su reglamento;
l) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier índole
en contra de servidoras o servidores públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus
funciones, actos que serán debidamente comprobados;
m) Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación del desempeño,
por segunda vez consecutiva;
n) Ejercer presiones e influencias, aprovechándose del puesto que ocupe, a fin de obtener
favores en la designación de puestos de libre nombramiento y remoción para su cónyuge,
conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad;
ñ) Atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la institución,
mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión; y,
o) Las demás que establezca la Ley.
Art. 89.- Garantías adicionales. - Además de los derechos que se les otorga en el Artículo 23
de esta Ley, las y los servidores públicos de carrera gozarán de las siguientes garantías
adicionales:
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a) Estabilidad en sus puestos. Solo serán destituidos por las causas determinadas en esta Ley y
luego del correspondiente sumario administrativo; y,
b) Derecho preferente, a que, en caso de supresión de su actual puesto, sea trasladado a puestos
vacantes de naturaleza similar.
El articulado anteriormente citado constituye aquello que consideramos se haya visto
afectado o en su defecto guarde relación alguna con las acciones del gobierno en el período
objeto de estudio, destacando lo relacionado a la reducción presupuestaria del sector pública y
los recortes de personal que han tenido lugar.
2.5.3. Código del Trabajo
Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos. - Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será
nula toda estipulación en contrario.
Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador. - En caso de duda sobre el alcance de las
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios
judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores.
Art. 11.- Clasificación. - El contrato de trabajo puede ser:
a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal;
b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto;
c) Por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional;
d) Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, por tarea y a
destajo;
73
Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador: 1. Pagar las
cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de acuerdo con las
disposiciones de este Código;
Art. 47.1.- En casos excepcionales, previo acuerdo entre empleador y trabajador o trabajadores,
y por un período no mayor a seis meses renovables por seis meses más por una sola ocasión, la
jornada de trabajo referida en el artículo 47 podrá ser disminuida, previa autorización del
Ministerio rector del Trabajo, hasta un límite no menor a treinta horas semanales.
Respecto de los ejercicios económicos en que acordó la modificación de la jornada de trabajo,
el empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente cancela a los
trabajadores las horas que se redujeron mientras duró la medida. (…)
Art. 54.- Pérdida de la remuneración. - El trabajador que faltare injustificadamente a media
jornada continua de trabajo en el curso de la semana, tendrá derecho a la remuneración de seis
días, y el trabajador que faltare injustificadamente a una jornada completa de trabajo en la
semana, sólo tendrá derecho a la remuneración de cinco jornadas.
Tanto en el primer caso como en el segundo, el trabajador no perderá la remuneración si la falta
estuvo autorizada por el empleador o por la ley, o si se debiere a enfermedad, calamidad
doméstica o fuerza mayor debidamente comprobadas, y no excediere de los máximos
permitidos.
La jornada completa de falta puede integrarse con medias jornadas en días distintos.
No podrá el empleador imponer indemnización al trabajador por concepto de faltas.
Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual. - El contrato individual de
trabajo termina:
74
1. Por las causas legalmente previstas en el contrato;
2. Por acuerdo de las partes;
3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato;
4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante, si no
hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio;
5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo;
6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto,
tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento
extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar;
7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código;
8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y,
9. Por desahucio presentado por el trabajador.
Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo. - El empleador que despidiere
intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo
de servicio y según la siguiente escala:
Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de remuneración; y, (…)
El articulado establecido en este acápite constituye las disposiciones que consideramos se
han visto afectadas producto de las normas y medidas adoptadas en el Ecuador durante el
período a estudiar, pues en ciertos casos se ha constituido en un retroceso de ciertos derechos,
a diferencia de otros que avalarían las medidas adoptadas.
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2.5.4. Disposición Interpretativa al Art. 169 #6 del Código del Trabajo
En la Ley de Apoyo Humanitario, implementada mediante Registro Oficial No. 229 en fecha
22 de junio del 2020, en sus disposiciones interpretativas se establece la siguiente:
“Única. - Interprétese el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, en el siguiente
sentido:
En estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará
ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o
jurídica. Esto quiere decir, que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo
tanto por los medios físicos habituales como por medios alternativos que permitan su ejecución,
ni aún por medios telemáticos.”
Esta interpretación al artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo constituye en una
modificación a lo establecido en el mismo, ya que en él se encontraba una especificación clara
de qué es considerado caso fortuito, sin embargo, se le da una nueva interpretación mediante la
disposición a la que nos referimos en este acápite.
2.5.5. Decreto Ejecutivo No. 883
Mediante Decreto Ejecutivo No. 833, suscrito en fecha 1 de octubre del 2019, se dispone lo
siguiente:
“Reformar el Reglamento Sustitutivo para la Regulación de los Precios de los Derivados
de los Hidrocarburos expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro.338, publicado en el
Registro Oficial Nro. 73 de 02 de agosto de 2005, en los siguientes términos:
Artículo 1.- Elimínese del inciso primero del artículo 1, lo siguiente:
Gasolina extra comercial 1.1689
Gasolina extra con etanol comercial 1.1689
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Artículo 2.- Sustitúyase el séptimo inciso del artículo 1, por el siguiente:
"El precio de venta en terminal para la Gasolina Súper, Extra, Extra con Etanol, Diésel
Premium y Diésel 2 para el sector automotriz, será determinado en forma mensual por
lo Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, con base al costo promedio
ponderado más los costos de transporte, almacenamiento, comercialización de la EP
PETROECUADOR y los tributos que fueren aplicables.
Los costos de las Gasolinas Extra y Extra con Etanol para el sector automotriz, será el
resultado de la ponderación de los costos de EP PETROECUADOR de los dos
productos.
Los costos de Diésel Premium y Diésel 2 para el sector automotriz, será el resultado de
la ponderación de los costos de EP PETROECUADOR de los dos productos.”
En resumidas cuentas, mediante este decreto se efectuó la eliminación a los subsidios de los
combustibles hidrocarburíferos, mismo que fue el causante de las movilizaciones del mes de
octubre del 2019, el cual desembocó en un paro a nivel nacional y revueltas en distintas
ciudades del País.
2.5.6. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Art. 5.- Principios comunes. - Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente
código, se observarán los siguientes principios:
1. Sujeción a la planificación. - La programación, formulación, aprobación, asignación,
ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás
presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los
lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia
a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República.
77
2. Sostenibilidad fiscal. - Se entiende por sostenibilidad fiscal a la capacidad fiscal de
generación de ingresos, la ejecución de gastos, el manejo del financiamiento, incluido el
endeudamiento, y la adecuada gestión de los activos, pasivos y patrimonios, de carácter público,
que permitan garantizar la ejecución de las políticas públicas en el corto, mediano y largo
plazos, de manera responsable y oportuna, salvaguardando los intereses de las presentes y
futuras generaciones. La planificación en todos los niveles de gobierno deberá guardar
concordancia con criterios y lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en
el artículo 286 de la Constitución de la República.
3. Coordinación. - Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y de las finanzas
públicas, y todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas
públicas, tienen el deber de coordinar acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines.
6. Descentralización y Desconcentración. - En el funcionamiento de los sistemas de
planificación y de finanzas públicas se establecerán los mecanismos de descentralización y
desconcentración pertinentes, que permitan una gestión eficiente y cercana a la población.
En la codificación detalla anteriormente se establecen los principios que deberían sostener
las finanzas públicas, dentro de los cuales se podría decir que ciertos de ellos han sido
incumplidos por parte del gobierno en la administración estatal del presidente Lenin Moreno,
pero a su vez, ciertas de las mismas avalan ciertas medidas adoptadas por él mismo.
2.5.7. Código Orgánico Monetario y Financiero
De acuerdo con el artículo 4 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se trata sobre los
principios en los que se basa dicho cuerpo legal, estableciendo la prelación del ser humano
sobre el capital, la soberanía monetaria y financiera precautelando las relaciones
internacionales, inclusión y equidad, confianza y protección a los derechos de los ciudadanos.
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Este artículo se considera relevante por cuanto en las medidas económicas adoptadas por el
Estado ecuatoriano no se han respetado determinados principios aquí consagrados, ya que
algunas de estas medidas no han garantizado la protección a los derechos de los ciudadanos.
79
CAPÍTULO III
3.1.Metodología de la investigación
3.1.1. Método investigativo
El presente método es el primordial en el trabajo a desarrollar debido a la necesidad de
recolectar y evaluar datos, a partir de los cuales se va a poder establecer una conclusión,
aportando conocimiento sobre el tema a desarrollar.
3.1.2. Método empírico-analítico
El método empírico-analítico se va a reflejar en el trabajo a desarrollar, debido a que, desde
la experiencia de haber vivido de cerca lo ocurrido en el periodo julio 2019-julio 2020 se va a
poder dar una conclusión lógica de los resultados de las medidas económicas adoptadas en
dicho período.
3.1.3. Método inductivo
Este método consiste en la generalización a partir de premisas particulares, es por ello por lo
que ha resultado uno de los necesarios en la futura realización del trabajo de investigación, ya
que vamos a analizar distintos hechos y decisiones concretas de la administración pública
nacional y de esa manera poder aportar y generar, a modo de conclusión, el balance de las
medidas económicas establecidas en el período julio 2019-julio 2020
3.2.Enfoque de la investigación
El presente trabajo de investigación posee un enfoque cualitativo por la propia materia que
se analiza, perteneciente a las ciencias sociales, además de ir directamente relacionado con el
método inductivo, el cual es el central a lo largo del contenido y desarrollo del trabajo
presentado.
Este enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado que se
utiliza para refinar preguntas de investigación, iniciando con la observación de la sociedad para
80
a partir de ese ejercicio formular una teoría, sin ser esta, en la mayoría de las ocasiones
comprobada.
Se basa principalmente para su desarrollo en la recolección de datos contundentes a
reconstruir la realidad tal cual se desarrolla el problema planteado, según la perspectiva de sus
autores.
Mediante este enfoque se hacen interpretaciones y análisis de experiencias con una muestra
pequeña, en este caso concreto de dos personas, que, en el desarrollo de sus actividades
profesionales, pueden aportar claridad a la resolución del problema y la confirmación de la
hipótesis planteada.
Por una parte, el Ab. Marcos Villanueva desde un punto de vista empresarial, económico y
como docente, ya que en esos ambientes profesionales se desenvuelve; y, el Ab. Roberto López
Moreno, quien fue asesor en la Asamblea Constituyente de Montecristi en el año 2008, desde
la óptica constitucional.
3.3.Técnicas de la investigación
3.3.1. Investigación documental
La investigación documental, como su propio nombre lo indica, consiste en la recopilación
de información necesaria para el desarrollo del trabajo mediante la revisión de bibliografía
relacionada al tema del cual se busca la información.
Los instrumentos que se analizan son publicaciones en bibliotecas virtuales, artículos
periodísticos, así como la información oficial de entidades públicas.
El proceso que realizar empieza con la recolección y análisis de la información encontrada
para proceder a organizarla y a realizar un análisis exhaustivo de aquella que va a ser la
adecuada para la investigación que se está realizando.
81
3.3.2. Investigación de campo
La investigación de campo hace referencia a las herramientas que permiten obtener información
más acertada y apegada a la realidad social del tema específico que se trata a lo largo del trabajo
de investigación, mediante un método científico.
Es conocido este tipo de investigación también con el nombre de “investigación in situ” por
la proximidad con la realidad, en el caso concreto del presente trabajo, a través de expertos en
los temas centrales de la investigación. La proximidad con determinada realidad va a permitir
manejar algunos datos y provocar ciertas situaciones para, de cierta manera poder conducir al
resultado esperado.
El mecanismo para desarrollar la investigación de campo seleccionado en este trabajo de
investigación es la entrevista, por lo tanto, se desarrolla un cuestionario, el cual va a tener la
misma utilidad para las distintas personas a quienes se les va a realizar la misma para obtener
la información necesaria y relevante para poder comprobar la hipótesis planteada y poder lograr
la resolución del problema planteado.
“La entrevista se define como "una conversación que se propone con un fin determinado
distinto al simple hecho de conversar". Es un instrumento técnico de gran utilidad en la
investigación cualitativa, para recabar datos. El presente artículo tiene como propósito definir
la entrevista, revisar su clasificación haciendo énfasis en la semiestructurada por ser flexible,
dinámica y no directiva. Asimismo, se puntualiza la manera de elaborar preguntas, se esboza la
manera de interpretarla y sus ventajas. Finalmente, por su importancia en la práctica médica y
en la educación médica, se mencionan ejemplos de su uso” (Díaz-Bravo, Torruco-García,
Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2013).
82
La entrevista planteada se va a realizar mediante una guía previamente establecida, la misma
que se adjunta como un anexo al presente.
3.4. Instrumentos para la recolección de datos en la investigación
El instrumento para aplicar la recolección de datos en el presente trabajo es la guía de
entrevista, el cual se va a utilizar con los profesionales involucrados en el ámbito jurídico
relacionado con la investigación las apreciaciones que consideren relevantes sobre las normas
establecidas y medidas adoptadas en el Ecuador en el período de julio del 2019 a julio del 2020,
así como sus perspectivas respecto a su constitucionalidad o legalidad.
La entrevista será realizada a profesionales del derecho que cuentan con años de experiencia
en el libre ejercicio en el ámbito empresarial, económico y constitucional, respectivamente.
La entrevista realizada está compuesta por seis (6) preguntas abiertas, las cuales fueron
contestadas por los entrevistados en una duración no mayor a quince (15) minutos por cada uno
de ellos.
3.5.Análisis de resultados
En el presente trabajo investigativo se han llevado a cabo dos entrevistas a especialistas en
materias relacionadas a lo tratado en esta investigación, en primer lugar, el Ab. Marcos
Villanueva Andrade, Mgs., Especializado en temas relacionados al Derecho Financiero y
Económico, actual docente en la Universidad de Guayaquil, quien fue también director del
Banco del Pacífico, entre otros; y, por otro lado, al Ab. Roberto López Moreno, quien fue asesor
en la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi en el año 2008, especializado en
derechos constitucional con incursiones en el derecho económico.
Los entrevistados fueron cuestionados sobre el cumplimiento o no de los principios de
constitucionalidad y legalidad de las norma y medidas económicas y laborales implementadas
83
en el Ecuador en el periodo a estudiar, a lo cual el Ab. Villanueva manifestó que a su apreciación
los decretos emitidos por el Gobierno están mal focalizados, ya que afectan a diversos ámbitos
de la sociedad. Considera ilegal la interpretación al artículo 169 numeral 6 del Código del
Trabajo, ya que existe abuso al derecho del trabajador, considera que lo correcto hubiera sido
una reforma al artículo en el mismo Código del Trabajo, ya que en él ya se establecía un
concepto de caso fortuito, por lo tanto, dicha interpretación la considera ilegal.
A su vez, el Ab. Roberto López considera que el decreto presidencial que declara el estado
de excepción y establece la reducción de jornada laboral cumple con los preceptos
constitucionales, sin embargo, se debería haber manejado de manera adecuada la excepción
respecto a la libertad de contratación. Además, lo que el Estado debó de haber realizado una
aplicación del principio de proporcionalidad al existir una colisión de derechos, la
irrenunciabilidad de derechos y el derecho al trabajo, esto respecto a las medidas laborales en
cuanto a la implementación de acuerdos entre empleador y trabajador. Al aplicar este principio
se debía tomar una decisión adecuada para precautelar el derecho al trabajo, aún si esto
conllevare a renunciar a ciertos derechos laborales, pero de una manera que se garantice un
pago adecuado a los ingresos del empleador y a la jornada laboral, de tal forma que se mitigue
la situación del trabajador y así conserve su empleo y por lo tanto goce del derecho al trabajo.
Considera que estas disposiciones no se manejaron de una manera adecuada, al no establecer
específicamente las condiciones de los acuerdos laborales que se establecieren, la reducción de
jornada laboral, el pago de remuneración y la situación de la relación laboral, producto de una
incapacidad e inoperancia por parte de la función ejecutiva y legislativa.
El segundo interrogante propuesto trataba sobre la posible vulneración de derechos
garantizados en el Ecuador producto de las medidas adoptadas en el lapso a estudiar, a lo cual
el primer entrevistado expuso su postura considerando correcta la implementación de la Ley de
Apoyo Humanitario, pues la focalización de aquella está destinada a conservar los empleos y
84
por esto el fomento a los acuerdos respecto a reducción de jornada y posible reducción salarial,
por lo tanto no se podría considerar una vulneración del derecho al trabajo.
Coincide esta postura con el segundo entrevistado, quien hace una apreciación que, a pesar
de no existir una vulneración de derechos, existe un instrumento jurídico mal implementado,
mal redactado y lo cual ha causado tanta controversia producto de la incapacidad del ejecutivo.
En lo concerniente a la posible afectación a la soberanía nacional ocasionada por la
supremacía de los acuerdos con organismos internacionales en los cuales se establecen ciertas
condiciones que conllevan a reformas o modificaciones en el ordenamiento jurídico, a lo cual
el interpelado en primer lugar respondió que no considera una afectación a la soberanía, pues
lo realizado por el gobierno está destinado a reestructurar el pasivo de una inmensa deuda
externa, que en sus relaciones con China se veía afectada por imposiciones más elevadas, por
lo cual, considera correcto la gestión sobre la deuda, al ser la única alternativa y por lo tanto no
constituiría una afectación a la soberanía. Respecto a la gestión de la economía nacional
considera acertada la decisión de la reducción del tamaño del Estado, pues debido al tamaño
del mismo y a la grave crisis que enfrentamos, sumado a la enorme deuda internacional con
tasas muy elevadas, era necesario reestructurar el pasivo del Ecuador a largo plazo y con un
valor menor de manera que se pueda solventar la deuda existente, con lo cual se consiguió una
mejora en la condiciones de pago que permitirían liquidez y consecuentemente mayor garantía
de cumplimiento con el servicio de la deuda externa.
El siguiente locutor manifestó una postura similar, a diferencia que realiza un análisis más
profundo, exponiendo que la propia CRE otorga la potestad el presidente respecto a la gestión
exclusiva sobre las políticas públicas, por lo tanto, producto de una enorme deuda externa
heredad por gobiernos anteriores y a la asentada crisis económica que atraviesa el Ecuador, la
única alternativa era reestructurar la deuda externa implementando medidas para las cuales
estaba facultado por la CRE, por lo que no se habría afectado a la soberanía.
85
Menciona además lo establecido en el artículo 422 de la CRE y agrega que el Ecuador no
cede soberanía al establecer estos acuerdos con entidades financieras o crediticias
internacionales, alega que no existe tal vulneración a la soberanía, pues esta se constituye en la
potestad que se tiene para gobernar dentro de un territorio determinado y reconocido por la
comunidad internacional, y, en base a esta soberanía es que el Estado negocia las condiciones
para establecer determinados acuerdos con estas entidades, en los cuales puede decidir qué
acepta y qué no, similar a cuando una persona natural negocia un crédito con una entidad
bancaria.
Los entrevistados fueron consultados sobre la afectación en su ámbito de ejercicio
profesional si existió una afectación a su desempeño o a sus derechos producto de las medidas
y normas adoptadas en el Ecuador dentro del año estudiado, a lo cual coindicen manifestando
que en su desempeño no han afectado estas medidas, pues a quien más afectaría sería a las
personas que se encuentren en situación de dependencia.
Al ser cuestionado sobre la posible afectación a derechos producto de la implementación de
la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario el primer entrevistado nos indica que no considera una
vulneración a los derechos por lo que se dispone mediante este cuerpo legal, a lo que sí hace
una importante apreciación es al considerar ilegal la disposición interpretativa que se
comprende en este mismo cuerpo legal, respecto al numeral 6 del artículo 169 del Código del
Trabajo, pues propone que lo correcto habría sido una reforma al articulado referido, de manera
que se podría haber evitado cierto descontento por los sectores populares.
Por último, el siguiente entrevistado nos dio a conocer su apreciación respecto al tema, quien
no considera que la implementación de esta Ley constituya una afectación a los derechos, pues
el Estado está llevando a cabo ciertas medidas para las cuales se encuentra facultado por la CRE
y que además están destinadas a mitigar la crisis del país y sobre todo a tratar de proteger de
una manera efectiva el derecho al trabajo, de una manera que se pierdan el menor número de
86
plazas laborales posibles, además manifiesta que para esto el Estado tubo que tener en cuenta
el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde
se trata respecto a la relación de preferencia que debe darse entre derechos y principios cuando
se encuentran en colisión, que es lo que se vive en nuestro país.
Las ideas manifestadas por los entrevistados se encuentran en concordancia con criterios
establecidos en esta investigación, pues como también hemos manifestado, diversas de estas
disposiciones sí cumplirían con las principios de constitucionalidad o legalidad, pues el mismo
ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla dichas medidas o a su vez otorga facultades al
ejecutivo para desenvolverse como lo ha hecho en situaciones de estado de excepción o con
medidas sobre las cuales tiene competencia exclusiva.
Claro que, una cosa es decir que cumplen con los principios de legalidad y
constitucionalidad, otra muy distinta es decir que estas normas y medidas adoptadas por el
gobierno del presidente Lenin Moreno sean justas y beneficien a los ciudadanos, sobre todo las
que tratan respecto a derechos laborales, donde se considera una gran afectación a los
trabajadores.
87
CAPÍTULO IV
4.1. Propuesta
Luego de haber realizado el análisis respectivo en el presente trabajo para la obtención del
título de Abogado/a de los Juzgados y Tribunales del Ecuador, tenemos a bien establecer una
propuesta enfocada en garantizar los derechos de la ciudadanía, tal cual lo establece la
Constitución.
Existen decisiones llevadas a cabo por el gobierno que implican la implementación de
determinadas medidas, o, en su defecto, la promulgación de nuevas normas, las cuales según
argumentaciones de la función ejecutiva o legislativa están orientadas a garantizar el goce
efectivo de los derechos, a proteger los mismos, o simplemente a mejorar situaciones o ámbitos
que se están viendo afectados por algún motivo.
El problema con estas decisiones, la promulgación de nuevas normas o la aplicación de
nuevas medidas de cualquier carácter, sea laboral, económico, etc., es que no siempre logran
cumplir su objetivo de precautelar ciertos derechos, sino que, en ocasiones, como las que se han
analizado en esta investigación, para proteger un determinado derecho debe pasar por encima
de otros derechos accesorios, lo cual en cierto modo implicaría una afectación a los mismos.
En virtud de lo manifestado, consideramos como una propuesta oportuna que se cree un
organismo conformado por representantes de los diversos grupos de la sociedad, a quienes se
les otorgue facultad y capacidad para establecer criterios de viabilidad de implementación de
nuevas normas o medidas de cualquier carácter, a fin de garantizar un organismo independiente
y arbitrario, sin interferencias políticas, que éste tenga facultad para vetar normas de carácter
social y así garantizar que las nuevas normas o medidas no menoscaben los derechos de la
ciudadanía, que a pesar de su constitucionalidad y legalidad, como se evidencia en las últimas
decisiones del ejecutivo durante el período estudiado.
88
4.2. Conclusiones
Después de haber realizado un análisis exhaustivo a las medidas económicas adoptadas en el
período planteado, esto es, desde julio del 2019 hasta julio del 2020, en el país como resultado
de haber retomado las relaciones de crédito con organismos internacionales como lo es el FMI
debido a la crisis que atravesaba el país y, profundizada tiempo después por la pandemia global
del coronavirus (Covid-19), la cual causó, además, una emergencia social y sanitaria podemos
concluir que:
No se ha podido constatar la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación,
pues en el análisis de constitucionalidad y legalidad efectuado sobre las normas y medidas
adoptadas en el Ecuador en el período que se estudia, las mismas cumplen con las
disposiciones constitucionales, ya que la misma CRE otorga facultades al ejecutivo para
manejar los fondos públicos durante un estado de excepción, además, en lo referente al
ámbito laboral, ciertas disposiciones no se encontrarían en conflicto con la legalidad, pues
los acuerdos entre empleadores y trabajadores ya se encontraban contemplados en el Código
del Trabajo, así como la reducción de jornada laboral, el teletrabajo, entre otros.
Consideramos ilegal la Disposición Interpretativa al artículo 169 numeral 6, por cuanto, a
nuestro parecer, habría sido de mayor eficacia realizar una reforma en el mismo cuerpo
legal y no implementar una interpretación extensiva a lo que ya establecía el mismo Código
del Trabajo como caso fortuito.
Ser deudor del Fondo Monetario Internacional no vulnera la soberanía nacional, ya que,
como cualquier entidad de crédito, solicita requisitos para que se cumpla con el pago de la
deuda otorgada; y, bajo la potestad conferida al grupo que ostenta el poder político, este
llega a un acuerdo para conseguir el crédito.
89
Ecuador se va a beneficiar de un tipo de interés más bajo, ya que China, que era el principal
acreedor de nuestro país, otorgó créditos con mínimo 6,5% de interés, mientras que, en el
nuevo acuerdo con el FMI, esta tasa es del 5%.
Las reformas y la creación de ciertas normas del ordenamiento jurídico nacional cumplen
con la finalidad de promover la inversión internacional y hacer un país más competitivo.
En la Constitución de la República se establecen los principios de eficacia, eficiencia de la
administración pública en el ejercicio de sus funciones, así como en lo referente al régimen
tributario, lo cual ha tenido en cuenta para realizar las modificaciones en el ordenamiento
jurídico.
En el contexto de la emergencia sanitaria se han observado los principios establecidos en la
Constitución de la República para estas situaciones, por tanto, no se puede establecer que
las normas dictadas en el lapso del estado de excepción vayan en contra de lo establecido y
por tanto sean inconstitucionales.
Las acciones interpuestas contra el Estado por parte de sectores del gremio estudiantil se
podrían considerar inviables, por cuanto la misma Corte Constitucional manifestó la
inexistencia de inconstitucionalidad, ya que no se ocuparon valores que correspondían a
presupuesto destinado a educación o salud, sino que el presupuesto general del estado se
vio reducido debido a la crisis económica del Ecuador y a la emergencia sanitaria
atravesada, por lo cual lo que se realizó fue una reestructuración del presupuesto general
del Estado.
El derecho al trabajo como tal no se ha vulnerado, ya que las medidas implementadas en
ese ámbito están encaminadas a que se mantengan activos el mayor número posible de
puestos de trabajo, garantizando así el ejercicio de éste, aunque suponga una reducción en
carga horaria y remuneración, sin embargo, se podría considerar un estado de vulnerabilidad
90
del trabajador, pues en la vida cotidiana es evidente que el trabajador se encuentra en una
posición de dependencia, con lo cual el empleador siempre saldrá favorecido por las
disposiciones adoptadas por el Gobierno del Presidente Lenin Moreno.
4.3. Recomendaciones
Como cuasi profesionales del derecho, pero, sobre todo, como ciudadanos de a pie en este
país podemos proponer ante la situación que atraviesa el país en el ámbito económico que:
Se realice una fiscalización y una auditoría respecto a los créditos internacionales
solicitados, a fin de garantizar que sean destinados a mitigar la crisis del Ecuador, como fin
para el que han sido promocionados, así mismo que se cumpla con el objetivo de hacer más
competitivo a Ecuador para poder crear empleo y recuperar los puestos perdidos a causa de
las medidas económicas y la crisis por la emergencia sanitaria y así mismo conocer si
verdaderamente se han destinado los recursos para terminar con la emergencia sanitaria y
acomodar las arcas del Estado.
Que se derogue la Disposición Interpretativa al artículo 169 numeral 6 del Código del
Trabajo contenida en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y que, a su vez, se realice una
reforma a dicho artículo, estableciendo específicamente cuándo consiste en un caso fortuito,
pues ya existía un concepto en dicho cuerpo legal, sin embargo, dada la situación se
consideró inadecuado para los derechos del trabajador y por esto se emitió apresuradamente
dicha interpretación, cosa que no pasaría con una reforma definitiva y eficaz.
Que se solicite apoyo a las organizaciones internacionales de las cuales el Estado
ecuatoriano es parte, a fin de conformar un grupo completamente independiente al
Gobierno, mismo que sea el encargado de supervisar la toma de decisiones por parte del
legislativo y ejecutivo, realizando un filtro respecto a la eficacia y adecuación de las normas
y medidas que sean adoptadas por el Gobierno Central, así como también sean los
91
encargados de velar por los recursos estatales, garantizando que los mismos se destinen
verdaderamente para las necesidades del país.
92
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30. Tapia, E. (19 de Mayo de 2020). Lenín Moreno anuncia siete medidas; recorta USD 4 000
millones del gasto público. El Comercio.
96
ANEXOS
Anexo I. - Guía de entrevista
OBJETIVO:
Identificar en los profesionales involucrados en el ámbito jurídico relacionado con la
investigación las apreciaciones que consideren relevantes sobre las normas establecidas y
medidas adoptadas en el Ecuador en el período de julio del 2019 a julio del 2020, así como sus
perspectivas respecto a su constitucionalidad o legalidad.
La entrevista será realizada a profesionales del derecho que cuentan con años de experiencia en
el libre ejercicio, a representantes del gremio de trabajadores, constitucionalistas, entre otros.
La entrevista a realizarse está compuesta por seis (6) preguntas abiertas, las cuales serán
contestadas por el entrevistado en una duración no mayor a quince (15) minutos por cada sujeto
entrevistado.
CUESTIONARIO:
1) ¿Considera Ud. que las medidas económicas y laborales adoptadas por el gobierno
central para satisfacer los requerimientos de los organismos financieros internacionales
cumplen con los principios de constitucionalidad y legalidad?
2) ¿Las medidas adoptadas por el gobierno producen la vulneración de algún derecho ya
garantizado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano?
3) ¿Está de acuerdo en la supremacía de los acuerdos con los organismos financieros
internacionales para la imposición de condiciones que impliquen modificar el ordenamiento
jurídico nacional?
97
4) ¿Cree Ud. que la relación entre Ecuador y los organismos internacionales de crédito
desarrollada en el gobierno del Presidente Lenin Moreno vulnera el principio de soberanía
nacional?
5) En su ámbito profesional, ¿cuál ha sido la mayor afectación producida por las medidas
adoptadas en el periodo de julio del 2019 a julio del 2020?
6) ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario promulgada el 22 de junio
del 2020 por la Asamblea Nacional del Ecuador vulnera derechos de los trabajadores?
98
99
ANEXO III. – FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE
TITULACIÓN.
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE DE LA PROPUESTA DE
TRABAJO DE TITULACIÓN:
CONSTITUCIONLIDAD Y LEGALIDAD DE LAS NORMAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ECUADOR ENTRE EL PERIODO JULIO 2019-JULIO 2020
NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES: JASMIN LICETTE ARAY MUÑOZ/ RONAL ARAY MUÑOZ
FACULTAD: JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA: DERECHO
LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN:
INSTITUCIONES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO; y, POLÍTICAS
PÚBLICAS.
SUB-LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
FINALIDAD Y APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO; INSTITUCIONES (EN UN
AMPLIO SENTIDO DE LA PALABRA) POLÍTICAS Y ECONÓMICAS, EN EL ECUADRO Y REGIÓN LATINOAMERICANA; y, POLÍTICAS ECONÓMICAS.
FECHA DE
PRESENTACIÓN
DE LA PROPUESTA
DE TRABAJO DE
TITULACIÓN:
8 DE JULIO DEL 2020
FECHA DE
EVALUACIÓN DE
LA PRPUESTA DE
TRABAJO DE
TITULACIÓN:
ASPECTOS POR CONSIDERAR OBSERVACIONES
SI NO
TÍTULO DE LA PROPUESTA DE
TRABAJO DE TITULACIÓN:
X
LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN/SUBLÍNEA DE
INVESTIDACIÓN:
X
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA:
X
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: X
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: X
PRESUPUESTO Y
FINANCIAMIENTO:
X
APROBADO
APROBADO CON OBSERVACIONES
NO APROBADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FACULTAD
CC: Director de Carrera
Gestor de Integración Curricular y Seguimiento A Graduados
X
100
ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CARRERA DERECHO
Título del Trabajo: CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LAS NORMAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ECUADOR EN EL PERÍODO DE JULIO 2019 A JULIO 2020” Autores: ARAY MUÑOZ JASMIN LICETTTE y ARAY MUÑOZ RONAL
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE CALFICA COMENTARIOS MÁXIM -CIÓN
O
ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2 Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.4
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.3 No se anexan todas las requeridas.
Redacción y ortografía. 0.6 0.5 Existen errores de redacción.
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.5
Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.3 No se anexan todas las requeridas.
RIGOR CIENTÍFICO 6 4 El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.3 El titulo de la investigación es muy amplio para su desarrollo.
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 0.6 0.5 No está estructurada
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. conforme al formato desarrollo del tema.
El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.4 La Proyección de los objetivos es muy amplia debido al título.
Losobjetivosespecíficos contribuyen alcumplimiento del objetivo general. 0.7 0.5 Falta mayor coherencia
sistémica entre ellos.
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 0.7 0.4 Buena parte son
desarrollo de la investigación. referencias situacionales,
sin mayor
fundamentación filosófica
Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.4 Solo se realizan conceptuaciones
generales respecto de los
3 métodos utilizados; existiendo otros que pudieren contribuir mejor. Debió utilizarse otras técnicas acordes a la
naturaleza del trabajo.
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.2 No se adjuntan anexos de
instrumentos utilizados.
Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.3
Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.2 Solo referencian contraste de hipótesis.
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.3
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.5
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4
101
Dr. Stalin Arana Vera, M. Sc
DOCENTE TUTOR REVISOR
C.I. 1203184047
FECHA: 18.10.20
La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 0.3 0.3
profesional.
Contribuye con las líneas / Sublínea de investigación de la Carrera. 0.3 0.3
CALIFICACIÓN TOTAL* 10 7
*El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. ****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación).
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Firmado electrónicamente por: ROBERT BOLIVAR DIAZ
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