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Radicado: 11001-03-15-000-2019-03996-00

(Acumulado No. 1 Rad: 11001-03-15-000-2019-04010-00 Acumulado No. 2. Rad: 11001-03-15-000-2019-04011-00)

Demandante: Procuraduría General de la Nación y Otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Radicación: 11001-03-15-000-2019-03996-00

(Acumulado No. 1. Rad: 11001-03-15-000-2019-04010-00

Acumulado No. 2. Rad: 11001-03-15-000-2019-04011-00)

Demandante: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Otros

Demandado: SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ SOLARTE - Representante a la

Cámara por el Departamento del Atlántico 2018-2022

Tema: Ausentismo parlamentario. Inasistencia en un mismo período de

sesiones a seis reuniones plenarias en las que se votan proyectos

de acto legislativo o de ley.

Agotado el trámite previsto en la Ley 1881 de 2018, la Sala Veintidós Especial de

Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

procede a dictar sentencia de primera instancia, dentro del proceso acumulado de

Pérdida de Investidura formulado por la Procuraduría General de la Nación, la Mesa

Directiva de la Cámara de Representantes (2019-2020), y la ciudadana Diana Sofía

Nítola Vianchá, correspondiente a los Radicados No. 11001-03-15-000-2019-03996-00,

No. 11001-03-15-000-2019-04010-00 y No. 11001-03-15-000-2019-04010-00,

respectivamente, contra el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, Representante a

la Cámara por el Departamento del Atlántico, para el período constitucional 2018-2022,

en representación del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC

(Acto Legislativo 03 de 2017, art. 2), por haber dejado de asistir, desde el comienzo de

las sesiones de la legislatura 2019-2020, a seis (6) reuniones plenarias en las que se

votaron proyectos de ley y de actos legislativos, causal prevista en el numeral 2º del

artículo183 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

1. Las solicitudes de pérdida de investidura

1.1. Expediente No. 11001-03-15-000-2019-03996-00, solicitante Procuraduría

General de la Nación

El 3 de septiembre de 2019, la Procuraduría General de la Nación, a través del

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, debidamente facultado por el

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numeral 10 del artículo 30 del Decreto Ley 262 de 20001 y por el artículo 303 de la Ley

1437 de 20112, solicitó a esta Corporación: i) la pérdida de investidura del

Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico, Seuxis Paucias

Hernández Solarte, para el período constitucional 2018-2022, en representación del

Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, con fundamento en la

causal prevista en el numeral 2º del artículo 183 de la Constitución Política, por haber

dejado de asistir, sin mediar justificación alguna, a las sesiones plenarias del 23 de julio,

30 de julio, 31 de julio, 5 de agosto, 14 de agosto y 20 de agosto de 2019, y/o las que

se lleguen a probar adicionalmente durante el trámite de la presente solicitud3; y ii) que

se ordene la cancelación de la credencial del mencionado congresista, que lo acredita

como Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico, para el período

constitucional 2018-2022.

Los sustentos de la petición fueron los siguientes:

Con ocasión del Acto Legislativo 03 de 20174, por medio del cual, se reguló el

componente de reincorporación política que hizo parte del Acuerdo Final para la

terminación del conflicto firmado por el Estado colombiano y la organización armada

FARC-EP, en el que se dispuso la participación en la vida democrática del país de sus

excombatientes, y se asignó cinco (5) curules tanto en Senado como en Cámara de

Representantes, a este grupo desmovilizado, el Partido Fuerza Alternativa

Revolucionaria del Común, FARC, inscribió por la circunscripción territorial del

departamento del Atlántico al señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, como candidato

a la Cámara de Representantes para las elecciones del 11 de marzo de 2018. Como

consecuencia de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución No.

1597 del 19 de julio de 2018, le asignó una curul en la Cámara de Representantes y le

expidió la correspondiente credencial que lo acreditaba como miembro de dicha

Corporación.

Informa que el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, no tomó posesión el 20 de

julio de 2018, por estar privado de la libertad con fines de extradición, sino después,

cuando se le otorgó su libertad y se le permitió tomar posesión de su cargo el día 11 de

junio de 2019, y como es de conocimiento público (hecho notorio), el 30 de junio de

2019, abandonó el esquema de seguridad y desde entonces, se desconoce su

paradero, pues solo se sabe que se encontraba en el espacio de reincorporación de

Tierra Grata del municipio de San Juan del Cesar, Departamento de la Guajira.

Indica que de acuerdo con la certificación expedida por el Secretario General de la

Cámara de Representantes, desde el inicio del primer período de sesiones ordinarias

correspondiente a la legislatura 2019-2020, el señor Hernández Solarte inasistió a seis

(6) reuniones plenarias en las que se votaron proyectos de ley y de actos legislativos,

1 Artículo 30. Funciones de intervención judicial en procesos contencioso administrativos. Los procuradores delegados ejercen las siguientes funciones de intervención judicial en procesos contencioso administrativos: (…) 10. Promover las acciones de pérdida de investidura conforme a la ley (…)”. 2 Artículo 303. Atribuciones del Ministerio Público. El Ministerio Público está facultado para actuar como demandante o como sujeto procesal especial y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. 3 Folios 1 a 12 del cuaderno No. 3 del expediente. 4 “Por medio del cual se regula parcialmente el componente de reincorporación política del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

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por lo que, no ha dado cumplimiento a su obligación principal de Congresista, cual es,

asistir a las sesiones en pleno, tal como lo prescribe el artículo 268, numeral 1º de la

Ley 5ª de 1992.

Concluye que para este ente de control, están configurados todos los elementos para

que se decrete la pérdida de investidura del Representante a la Cámara, Seuxis

Paucias Hernández Solarte, de conformidad con la causal prevista en el numeral 2º del

artículo 183 de la Constitución Política, toda vez que, a la fecha de presentación de la

solicitud, no ha asistido en el mismo período de sesiones comprendido entre el 20 de

julio al 16 de diciembre de 2019, a seis (6) reuniones plenarias donde se votaron

proyectos de ley y de acto legislativo, los cuales relaciona. Agrega que estas ausencias

no se encuentran justificadas ni han sido producto de un hecho constitutivo de fuerza

mayor, pues, “fue un acto voluntario suyo retomar las armas, para dejar a un lado los

compromisos con su Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC-”.

1.2. Expediente No. 11001-03-15-000-2019-04010-00, solicitante, la Mesa Directiva

de la Cámara de Representantes

El 4 de septiembre de 2019, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes elegida

para la legislatura 2019-2020, con fundamento en la causal establecida en el numeral 2º

del artículo 183 de la Constitución Política, como la del numeral 6º del artículo 296 de la

Ley 5ª de 1992, y el deber impuesto por el artículo 299 del reglamento, pidió decretar la

pérdida de investidura del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, en su calidad de

Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico, para el período 2018-

20225.

Con el escrito contentivo de la solicitud, se allegaron los correspondientes documentos6,

entre ellos, las actas de las sesiones con las que se pretende acreditar la causal

invocada.

Se argumenta que la inasistencia injustificada a las sesiones plenarias de la Cámara de

Representantes del señor Seuxis Paucias Hernández, se adecúa a los presupuestos

fácticos para decretar la pérdida de su investidura, toda vez que, de acuerdo con los

documentos que se aportan, el señor Hernández Solarte, desde el inicio de la

legislatura 2019-2020 (20 de julio de 2019), no ha registrado asistencia alguna, por lo

que, ha completado seis (6) reuniones plenarias sin asistir, en las que se han votado

proyectos de acto legislativo y proyectos de ley. De igual manera, informa que el

mencionado congresista no presentó excusas o justificación alguna por su inasistencia,

razón por la cual, procede la solicitud invocada conforme a lo establecido en el numeral

2º del artículo 183 y el artículo 184 de la Constitución Política, y a los artículos 90, 270,

296.6, 299 y 300 de la Ley 5ª de 19927.

5 Folios 1 a 4 del cuaderno No. 1. 6 Folios 5 a 46 del cuaderno No. 1 7 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”. Diario Oficial No. 40.483 de 18 de junio de 1992. Ley Orgánica del Congreso de la República. En adelante L.O.C.

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1.3. Expediente No. 11001-03-15-000-2019-04011-00, solicitante Diana Sofía Nítola

Vianchá

El 4 de septiembre de 2019, la ciudadana Diana Sofía Nítola Vianchá, también radicó,

ante esta Corporación, solicitud de pérdida de investidura del Representante a la

Cámara, Seuxis Paucias Hernández, teniendo en cuenta que “como se constatará en

los registros de asistencia solicitados como prueba, el señor Hernández Solarte no ha

asistido los días 23, 30 y 31 de julio; y 5, 6, 13, 14, 20 y 21 de agosto”8, a las sesiones

plenarias de la legislatura 2019-2020, lo cual trae como consecuencia, la configuración

de la causal de pérdida de investidura a que se refiere el numeral 2º del artículo 183 de

la Constitución Política.

2. Trámite procesal

2.1. Admisión de la solicitud

Mediante auto de tres (3) de septiembre de 2019, dictado por el magistrado

sustanciador, dentro del proceso con Radicado No. 11001-03-15-000-2019-03996-00,

se admitió la solicitud de pérdida de investidura presentada por la Procuraduría General

de la Nación contra el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte. Como quiera que esta

autoridad manifestó desconocer el lugar para llevar a cabo la notificación de dicho

proveído al demandado, se dispuso que, por Secretaría General de la Corporación, se

elaborara el edicto emplazatorio y se emitieran los oficios correspondientes a fin de que

la parte interesada procediera a efectuar las publicaciones de que trata el artículo 108,

en concordancia con el artículo 293 del Código General del Proceso, aplicable a esta

clase de procesos por expreso mandato del artículo 21 de la Ley 1881 de 20189.

Con providencia del 12 de septiembre de 2019, se decretó la acumulación de procesos

frente al radicado No. 11001-03-15-000-2019-03996-00 (principal), de los expedientes

Nos. 11001-03-15-000-2019-04010-00 (Mesa Directiva de la Cámara de

Representantes) y 11001-03-15-000-2019-04011-00 (Diana Sofía Nítola Vianchá)10. En

tal sentido, se ordenaron las notificaciones de ley.

Una vez surtido el emplazamiento y allegadas las publicaciones correspondientes,

mediante auto de 25 de noviembre de 2019, se designó al abogado Gustavo Enrique

Gallardo Morales como Curador Ad litem para representar los intereses del señor

Seuxis Paucias Hernández Solarte, en calidad de defensor de oficio, tal como lo

dispone el artículo 48.7 del CGP11. En la misma fecha, el abogado Gallardo Morales

tomó posesión del cargo de Auxiliar de Justicia, según consta a folio 119 del cuaderno

No. 3 del expediente.

El 2 de diciembre de 2019, dentro del término establecido en el artículo 10 de la Ley

1881 de 201812, para contestar la solicitud de pérdida de investidura, el Curador Ad

litem Dr. Gustavo Enrique Gallardo, presentó su escrito de oposición13.

8 Folios 1 y siguientes del cuaderno No. 2. 9 Folios 36 y 27 del cuaderno No. 3. 10 Folios 58 a 60 del cuaderno No. 3. 11 Folios 117 y 118 del cuaderno No. 3. 12 Ley 1881 de 2018, art. 10: “El congresista dispondrá de los cinco (5) días siguientes, contados a partir de la fecha de notificación, para referirse por escrito a lo expuesto en la solicitud. Podrá aportar pruebas o pedir las que considere conducentes, en los artículos del artículo siguiente”

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2.2. El escrito de oposición

Indicó el memorialista que existe coincidencia en las tres (3) solicitudes de pérdida de

investidura, en cuanto a la narración fáctica que sustenta las peticiones, las cuales

están relacionadas con la inasistencia del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte,

como Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico para el período

constitucional 2018-2022, a las sesiones plenarias de dicho cuerpo legislativo, en las

fechas relacionadas. Por lo tanto, estima que en su condición de Curador Ad litem se

atendrá “a lo que se logre probar mediante los medios lícitos y legales que se alleguen

de manera oportuna al presente diligenciamiento y que harán parte del debate

probatorio”.

Frente a las pretensiones de los convocantes, señaló que se refieren únicamente a la

causal segunda del artículo 183 de la Constitución Política, adicionado por el Acto

Legislativo 01 de 2009, según el cual, “los congresistas perderán su investidura: (…) 2.

Por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las

que se voten proyectos de actos legislativos o mociones de censura”. En consecuencia,

consideró que esta es la única pretensión sobre la cual versará el debate contencioso

en el presente proceso de pérdida de investidura y no sobre los derechos adquiridos por

el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC contenidos en el Acto

Legislativo 03 de 2017.

Sostuvo que es necesario esperar la totalidad de los documentos que acrediten la

inasistencia del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte a seis (6) reuniones plenarias

en las que se hubieren votado proyectos de actos legislativos o mociones de censura

pues, en su criterio, debe existir plena prueba de ello. Finalmente, expresó que “en la

presente solicitud, no se avizora ninguna causal de nulidad, por cuanto se observa

después de realizar el estudio de las diligencias, total apego a las normas

constitucionales y legales, así como el respeto al debido proceso y derecho

fundamental de defensa del señor SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ SOLARTE”.

2.3. Auto que decreta pruebas

Mediante proveído de 30 de enero de 2020, y con fundamento en lo previsto en el

artículo 11 de la Ley 1881 de 2018, se decretaron las pruebas dentro del proceso de

pérdida de investidura adelantado contra el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte14.

En el mismo auto se dispuso que, una vez allegadas las pruebas decretadas, se

corriera el traslado de las mismas por el término de tres (3) días, para garantizar el

derecho de defensa y contradicción.

Recaudado el material probatorio y surtido el traslado a las partes15, el despacho del

magistrado sustanciador profirió auto el 27 de febrero de 2020, a través del cual, fijó el

día miércoles 18 de marzo de 2020 a las 11:00 a.m., para llevar a cabo la Audiencia

Pública de que trata el artículo 12 de la Ley 1881 de 201816. No obstante, por razones

13 Folios 127 a 129 del cuaderno No. 3. 14 Folios 137 a 141 del cuaderno No. 3. 15 Fijaciones en lista No. 033 de 4 de febrero de 2020 y No. 063 de 18 de febrero de 2020 ((Fls. 148 y 194 del cuaderno No. 3). 16 Folio 200 del cuaderno No. 3.

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de la suspensión de términos judiciales ordenados en los Acuerdos PCSJA20-11517,

PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-

11527, PCSJA20-11528 y PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546,

PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11557 de 2020, expedidos por el

Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión de la pandemia causada por el

coronavirus COVID-19, y declarada por la Organización Mundial de la Salud como una

emergencia sanitaria de salud pública de impacto mundial, no se pudo desarrollar la

diligencia programada para esa fecha. Una vez levantada la suspensión de términos,

mediante el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020, el despacho mediante

auto de 10 de julio de 2020, fijó para el día miércoles 22 de julio de la presente

anualidad a las 8:00 a.m., la realización de la audiencia pública.

2.4. La audiencia pública

La audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018 se llevó a cabo

de manera virtual17, el 22 de julio de 2020 con la presencia de los magistrados que

conforman esta Sala Especial de Decisión de pérdida de investidura, y la intervención

de los solicitantes: i) Vladimir Fernández Andrade en su condición de Procurador

Primero Delegado ante el Consejo de Estado, ii) Diana Sofía Nítola Vianchá y, iii) del

apoderado de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, Dr. Navik Said Lamk

Espinosa; de la señora Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporación, en

calidad de agente del Ministerio Público, y del Curador Ad Litem del demandado, Seuxis

Paucias Hernández Solarte.

Los escritos de intervención fueron allegados a través del correo electrónico de la

Secretaría General de la Corporación, y se resumen de la siguiente manera:

1.- El señor Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, en

representación de la Procuraduría General de la Nación, señala que está acreditada la

condición de congresista del demandado, Seuxis Paucias Hernández Solarte, así como

la inasistencia durante el primer período de sesiones de la legislatura 2019-2020, a seis

(6) reuniones plenarias en las que se votaron proyectos de ley y de actos legislativos.

Relaciona in extenso las pruebas documentales allegadas al proceso, y con fundamento

en la jurisprudencia de esta Corporación, analiza cada uno de los elementos

constitutivos de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183.2 de la

Constitución Política, los cuales, considera que están acreditados en el presente caso.

En punto del elemento subjetivo de la causal, argumenta, que no se logró desvirtuar

que las ausencias del señor Hernández Solarte hayan sido justificadas, o que hubieren

ocurrido por motivos de fuerza mayor, pues, “no obra prueba en el expediente que

permita constatar que las inasistencias se produjeron por amenazas a la vida e

integridad personal o por persecución política”. Indica, que la inasistencia se produjo por

decisión propia (libre y consciente) del demandado, según se puede deducir de los

documentos que reposan en el expediente, tales como, la copia del auto TP-SA 289 de

13 de septiembre de 2019; la Resolución No. 2651 de 5 de noviembre de 2019; y el

17 Disponible en el siguiente enlace: https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/8a83c6e2-2bbf-4fd8-8ef1-e7f24ad6de6d?vcpubtoken=1b1e3912-fd64-44bc-8e43-94a14f2a4367.

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oficio suscrito por la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la

Unidad Nacional de Protección.

A juicio del solicitante, la conducta atribuida al demandado fue cometida a título de dolo,

en cuanto que el congresista “era consciente de la situación”, y de manera libre y

voluntaria no asistió a ninguna de las sesiones plenarias y emprendió la huida para

retomar las armas. Con fundamento en lo anterior, reitera la solicitud de pérdida de

investidura del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, por haber incurrido en la

causal prevista en el numeral 2 del artículo 183 de la C.P., y la cancelación de la

respectiva credencial.

2.- La señora Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, en

calidad de agente del ministerio público, considera que se encuentra plenamente

acreditado que el demandado, en su condición de integrante del Partido Fuerza

Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), no asistió a las sesiones plenarias que

se celebraron el 23, 30, 31 de julio, 5, 14, 20, 26, y 27 de agosto y 2 de septiembre de

2019, y no justificó su inasistencia, como tampoco la ocurrencia de hechos constitutivos

de fuerza mayor, que le imposibilitaran el cumplimiento de su deber funcional.

Argumenta que la conducta del demandado es dolosa, en tanto, concurren los

elementos cognoscitivo y volitivo para la declaratoria de la responsabilidad subjetiva.

Esto por cuanto, el señor Hernández Solarte, hizo dejación de las armas, y se incorporó

a la vida política en el marco de un proceso de negociación para la construcción de una

paz estable y duradera y, sin embargo, dejó de asumir la obligación de asistir, en su

condición de congresista, a las sesiones plenarias correspondientes al primer período

de la legislatura 2019-2020.

Para el Ministerio Público están demostrados los supuestos normativos para que se

declare la pérdida de investidura del demandado con fundamento en la causal prevista

en el numeral 2 del artículo 183 de la Constitución Política.

3.- El Curador Ad litem del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte indica en su

escrito lo siguiente: “(…) respecto a los hechos planteados en las demandas

acumuladas, me permito señalar que me atendré a lo que se logre probar mediante los

medios lícitos y legales que se alleguen de manera oportuna al presente

diligenciamiento y que harán parte del acervo probatorio”.

Luego de referirse al carácter fundamental del derecho a la participación política de los

ex miembros de las FARC-EP, finalizado el proceso de dejación de armas, señala que

“la curul que se encuentra en disputa es indispensable para el desarrollo de la actividad

política del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, pues hace

parte de los 10 escaños asignados en virtud del acuerdo y responde como asevera la

Corte, al promedio de parlamentarios de un partido minoritario y como garantía mínima

para igualar las condiciones de su representación en el Congreso”. Hace mención al

Acto Legislativo 03 de 2017 que “busca abrir un espacio de participación en la vida

política del país a quienes harán parte del partido o movimiento político que conformen

las FARC-EP, de esto surge la necesidad de diseñar y garantizar espacios de

participación política para quienes se encuentran en tránsito hacia la legalidad, en virtud

de un acuerdo de paz”.

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Reitera que el presente asunto se contrae a determinar si operó la causal del numeral 2

del artículo 183 de la Constitución Política, y no determinar los derechos del partido

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, derivados del Acto Legislativo 03

de 2017. Finalmente agrega, como lo señaló en su escrito de oposición, que la presente

actuación se ha adelantado conforme a las normas constitucionales y legales y las

garantías al debido proceso y derecho de defensa del accionado.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala Veintidós Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de

Estado es competente para conocer, en primera instancia, de la solicitud de pérdida de

la investidura formulada por la Procuraduría General de la Nación, la Mesa Directiva de

la Cámara de Representantes y por la ciudadana Diana Sofía Nítola Vianchá contra el

señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, Representante a la Cámara por el período

constitucional 2018-2022, con fundamento en los artículos 184 y 237 numeral 5º de la

Constitución Política, 37 numeral 7º de la Ley 270 de 1996, el numeral 6º del artículo

111 de la Ley 1437 de 2011, así como el artículo 1º del Acuerdo 11 de 201818 de la Sala

Plena del Consejo de Estado y el artículo 33 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de

201919, proferido por la misma Sala.

2. Oportunidad del medio de control

El artículo 6º de la Ley 1881 de 2018, establece que la solicitud de pérdida de

investidura deberá presentarse dentro del término de cinco (5) años, contados a partir

del día siguiente a la ocurrencia del hecho generador de la causal, so pena que opere la

caducidad. En el presente asunto, el primer hecho generador que se aduce por los

actores, data del 23 de julio de 2019 y, como las solicitudes se presentaron el 320 y 421

de septiembre de 2019, se concluye, que las acciones públicas fueron ejercidas dentro

de la oportunidad señalada en la ley.

3. Legitimación en la causa y acreditación de la calidad de Congresista

3.1. Legitimación en la causa por activa

3.1.1. La Procuraduría General de la Nación, a través del Procurador Primero

Delegado ante el Consejo de Estado, está legitimada para promover el presente juicio

de pérdida de investidura, de conformidad con el artículo 277 superior, el numeral 10

del artículo 30 del Decreto 262 de 2002 y el artículo 303 de la Ley 1437 de 2011.

3.1.2. La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes elegida para la Legislatura

2019-2020, de igual manera, está legitimada para presentar la solicitud de pérdida de

18 “Por medio del cual se conforman las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura de que trata el artículo 2° de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018 y se reglamenta su funcionamiento”. 19 Reglamento Interno del Consejo de Estado, publicado en el Diario Oficial 50913 del 1° de abril de 2019, en el que se incluyen, entre otros, el Acuerdo 011 del 31 de enero de 2018, por medio del cual se conforman las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de investidura de que trata el artículo 2° de la Ley 1881 de 2018 y se reglamenta su funcionamiento. 20 Por la Procuraduría General de la Nación. Folio 1 del cuaderno No. 3. 21 Por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes y por la ciudadana Diana Sofía Nítola Vianchá. Folio 1 de los cuadernos Nos. 1 y 2, respectivamente.

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investidura, en cumplimiento del deber impuesto por el artículo 299 del Reglamento del

Congreso de la República22 y en los términos del artículo 143 de la Ley 1437 de 2011.

3.1.3. La ciudadana Diana Sofía Nítola Vianchá, es titular de esta causa por activa, ya

que esta es una acción pública que puede ser ejercida por cualquier ciudadano, de

conformidad con la facultad que le otorga el artículo 40 constitucional en su numeral 6º,

en armonía con el artículo 143 de la ley 1437 de 201123.

3.2. Legitimación en la causa por pasiva

La condición congresual del ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte se sustentó

en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una

paz estable y duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional

y el grupo guerrillero FARC-EP, cuyo contenido comprendió cinco (5) ejes temáticos,

uno de los cuales, fue el de la participación política. Ciertamente, según el punto

3.2.1.2., del Acuerdo Final, las partes acordaron que una vez firmado este documento y

después de efectuada la dejación de armas por parte de las FARC-EP, con el fin de

facilitar la transición a la vida política y asegurar un escenario para la promoción de su

plataforma ideológica, el Gobierno Nacional pondría en marcha las reformas

constitucionales y legales necesarias para garantizar, mediante una fórmula transitoria,

la representación política en el Congreso de la República al nuevo partido o movimiento

político, que se creare, durante dos períodos constitucionales a partir del 20 de julio de

2018.

En desarrollo de este marco normativo, el Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento

del Acto Legislativo 03 de 2017, expidió la Resolución No. 1597 de 19 de julio de

201824, a través de la cual, asignó al señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, una (1)

curul en la Cámara de Representantes, para el período 2018-2022, por el departamento

del Atlántico, en representación del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria

del Común, FARC25, y la respectiva credencial26, tomando posesión del cargo el 11 de

junio de 201927, ante la imposibilidad de hacerlo al inicio del periodo congresual, por

motivos de fuerza mayor, dado que se encontraba privado de la libertad con fines de

extradición28.

22 ARTÍCULO 299. SOLICITUD OBLIGATORIA DE LA MESA DIRECTIVA. En los eventos indicados si la decisión fuere desfavorable al Congresista, la respectiva Mesa Directiva tendrá la obligación de enviar, al día siguiente la solicitud motivada para que sea decretada por el Consejo de Estado la pérdida de la investidura. A la solicitud se anexarán las actas y documentos del caso. 23 CN., art. 40.- Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (…) 6º) Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Esta norma debe interpretarse, para el caso, en armonía con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 1881 de 2018. 24 “Por medio de la cual se asignan unas curules en Senado de la República y Cámara de Representantes, período constitucional 2018-2022, al PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN –FARC-, en cumplimiento de lo establecido en el Acto Legislativo 03 de 2017” (folios 194 a 196 del cuaderno anexo No.1). 25 Mediante Resolución No. 2691 de 31 de octubre de 2017 el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común- FARC (folios 169 a 193 del cuaderno anexo No.1). Este partido, surgió del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, una vez finalizado el proceso de dejación de las armas, en los términos del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, suscrito el 24 de noviembre de 2016. 26 Folio 16 del cuaderno No. 3 y folio 8 del cuaderno No. 1. 27 Folios 17 y 10 de los cuadernos 3 y 1, respectivamente. 28 Así lo señaló la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 28 de mayo de 2019, al decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la mesa Directiva de la Cámara de Representantes contra la sentencia proferida el día 20 de febrero de 2019 por la Sala Séptima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura de esta Corporación, en el juicio de pérdida de investidura contra el señor Seuxis Paucias

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3. Problema jurídico

Conforme a los planteamientos expuestos por los solicitantes, corresponde a la Sala

determinar si el señor Seuxis Paucias Hernández, en su condición de Representante a

la Cámara por el departamento del Atlántico, dejó de asistir, sin justificación alguna, a

seis (6) sesiones plenarias durante el período legislativo comprendido entre el 20 de

julio y el 16 de diciembre de 2019, donde se votaron proyectos de ley, de actos

legislativos o mociones de censura, que en los términos del numeral 2º del artículo 183

de la Constitución Política, configuraría la pérdida de su investidura.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá al alcance de la causal

invocada de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación y, seguidamente decidirá

el caso concreto.

4. Marco normativo y jurisprudencial de la pérdida de investidura y la causal

prevista en el numeral 2º del artículo 183 de la Constitución Política

4.1. La institución jurídica de la pérdida de investidura

Dada la necesidad de dignificar el Congreso de la República y revitalizar el sistema

político, la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 01 de 1979, a la

sazón, declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia29, en vigencia del

régimen constitucional anterior, consagró la institución de la pérdida de investidura de

los congresistas, bajo la óptica de dos causales dirigidas a sancionar el indebido

ejercicio de la actividad parlamentaria a saber: a) la violación del régimen de

incompatibilidades y el conflicto de interés y b) la inasistencia a las sesiones en un

periodo legislativo anual30. Incluso, su origen se encuentra, mucho antes, en el Decreto

3485 de 1950 expedido por el presidente Laureano Gómez, que con las modificaciones

introducidas por el decreto 2089 de 1953 rigió hasta el advenimiento de la ley 8.ª de

1958. Esta figura fue retomada en el artículo 183 de la Constitución Política de 1991,

como un mecanismo dirigido a depurar las costumbres políticas y preservar la

legitimidad del Congreso. Se trata entonces, como lo ha señalado la Corte

Constitucional31, de una “herramienta mediante la cual el constituyente buscó asegurar

el cumplimiento de las obligaciones de los representantes elegidos popularmente” y

“constituye uno de los mecanismos de la democracia participativa y deliberativa, que

permite a los ciudadanos ejercer directamente un control sobre sus representantes por

Hernández Solarte por la causal prevista en el numeral 3 del artículo 183 de la Constitución Política y el artículo 296.7 de la Ley 5 de 1992, es decir, por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras o de la fecha en que fuere llamado a posesionarse. Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03883-01(PI). 29 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 3 de noviembre de 1981. 30 ARTICULO 13. Son causales de pérdida de la investidura de congresista: 1º. La infracción al régimen de incompatibilidades y al de conflictos de interés previstos en la Constitución; 2º. Faltar en un período legislativo anual, sin causa justificada, a ocho de las sesiones plenarias en que se voten proyectos de actos legislativos o de ley. Corresponde al Consejo de Estado declarar la pérdida de la investidura 31 Corte Constitucional. Sentencia SU-501 de 6 de agosto de 2015. M.P. Myriam Ávila Roldán.

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causales precisas de rango constitucional, y desarrolladas mediante la ley,

encaminadas a preservar la integridad de la función de representación política”.

Las causales que pueden llevar a la declaratoria de pérdida de investidura de los

congresistas, están previstas en los artículos 183 superior, 109 modificado por el

artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 200932 y 110 de la Constitución Política33. Por su

parte, el legislador con el objeto de desarrollar este instituto jurídico, expidió la Ley 1881

de 201834, “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los

Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras

disposiciones”. Esta normativa derogó la Ley 144 de 1994, que consagraba el

procedimiento y, en su artículo 1º, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019,

estableció:

“Artículo. 1º. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución. Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución

Política (…)”. .

De otro lado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido prolija en decantar este

instituto jurídico y, en reiteradas oportunidades ha señalado, que es un juicio ético sobre

el comportamiento de los congresistas35 y constituye “una ampliación de los

mecanismos de participación democrática, que busca la sujeción del congresista a los

límites fijados en el ordenamiento constitucional, y desterrar prácticas indebidas,

depurar conductas indecorosas, evitar abusos de poder con fines personales, garantizar

el interés público y recuperar el prestigio del órgano legislativo”36.

Se tiene entonces que, el juicio de pérdida de investidura es una manifestación del

principio de la participación democrática, a través del cual, los ciudadanos ejercen un

control político dirigido a preservar la dignidad de la función congresual. Es un proceso

autónomo, de carácter sancionatorio y de naturaleza jurisdiccional, que busca castigar la

defraudación de la confianza puesta por los electores en su representante elegido

popularmente y garantizar la transparencia en el desempeño de la tarea legislativa.

32 ARTICULO 109. El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley. (…) Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto. 33ARTICULO 110. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura. 34 Diario Oficial No. 50.477 de 15 de enero de 2018. 35 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Primera Especial de Decisión. Sentencia de 4 de octubre de 2018. Radicación número: 11001-03-15-000- 2018-02151-00(PI). M.P: María Adriana Marín. 36 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 28 de mayo de 2019. Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03883-01(PI). M.P: William Hernández Gómez.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#29http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2009.html#3

Radicado: 11001-03-15-000-2019-03996-00



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4.2. La causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183.2 superior

El artículo 183.2 de la Constitución Política, sanciona la inasistencia a las sesiones del

congreso, en la medida que asistir a las mismas, constituye un deber derivado de la

función que asume quien es elegido congresista y toma posesión de la curul. El

congresista pierde su investidura cuando con su conducta omisiva afecta el

cumplimiento de las competencias propias del órgano legislativo, que a través de su

presencia contribuye a la formación de la voluntad democrática traducida en la

expedición de las leyes, actos reformatorios de la constitución o mociones de censura.

El texto constitucional preceptúa:

“ARTICULO 183. Los congresistas perderán su investidura: (…) 2º) Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. (…) Las causales 2ª) y 3ª) no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor”.

Esta causal también se encuentra prevista en el numeral 6º del artículo 296 de la Ley 5ª

de 199237, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 296. CAUSALES. La pérdida de la investidura se produce: (…) 6. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis (6) reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo y de ley o mociones de censura. (…)”.

De acuerdo con el parágrafo primero del mencionado artículo, esta causal no tendrá

aplicación cuando medie fuerza mayor.

Ahora bien, la asistencia a las sesiones por parte de los Congresistas está consagrada

como un deber en el numeral 1º del artículo 268 de la Ley 5ª de 1992, que a la letra

reza:

“ARTÍCULO 268. DEBERES. Son deberes de los Congresistas:

1. Asistir a las sesiones del Congreso pleno, las Cámaras legislativas y las Comisiones de las cuales formen parte.”

En relación con las excusas que justifican las ausencias de los congresistas a las

sesiones, el artículo 90 de la mencionada Ley 5ª de 1992, señala, que además del caso

fortuito y la fuerza mayor, son excusas aceptables: i) la incapacidad física debidamente

comprobada; ii) el cumplimiento de una comisión oficial fuera de la sede del Congreso;

y iii) la autorización expresada por la Mesa Directiva o el presidente de la respectiva

corporación, en los casos indicados en el mismo Reglamento. En la citada norma se

establece el procedimiento para el trámite administrativo de las excusas por

inasistencia, las que, conforme al parágrafo del mencionado artículo 90, se deben

enviar a la Comisión de Acreditación Documental de la respectiva Cámara, cuyo

37 Ley Orgánica del Congreso de la República.

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dictamen será presentado a la Mesa Directiva “la cual adoptará la decisión final, de

conformidad con la Constitución y la ley”38.

En este orden, el artículo 271 ejusdem, dispone que la falta de asistencia de los

congresistas a las sesiones, sin excusa válida, no causará los salarios y prestaciones

sociales, sin perjuicio de la pérdida de la investidura, cuando hubiere lugar. Y, esto

último acontece, cuando en el juicio de responsabilidad subjetiva que se adelante en su

contra, conforme al procedimiento señalado en la Ley 1881 de 2018, se demuestre, que

con su conducta dolosa o gravemente culposa, incurrió en la causal prevista en la

Constitución Política.

4.3. El alcance hermenéutico de la causal de pérdida de investidura del artículo

183.2 de la Constitución, según la jurisprudencia del Consejo de Estado

El propósito del Constituyente al establecer esta causal, fue el de erradicar el

ausentismo parlamentario39, a través del castigo por el incumplimiento del deber

constitucional que tienen los congresistas, de acuerdo con el artículo 114 superior de: i)

reformar la Constitución, ii) hacer las leyes y iii) ejercer control político sobre el gobierno

y la administración. Estas funciones constitucionalmente atribuidas a los congresistas, a

su vez, se encuentran previstas en el artículo 6º de la Ley 5 de 199240.

En punto de los elementos que configuran la citada causal, la jurisprudencia proferida

por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo41 y las Salas Especiales de Decisión

del Consejo de Estado42, han reiterado la concurrencia de los siguientes supuestos: i) la

inasistencia del congresista; ii) que el ausentismo ocurra en el mismo período de

sesiones; iii) que las seis (6) sesiones a las que deje de asistir, sean de reuniones

plenarias; iv) que en ellas se voten proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de

38 Mediante la Resolución MD No. 0665 del 23 de marzo de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, reglamentó y unificó el procedimiento para la declaración de inasistencia injustificada de los Representantes a la Cámara a las sesiones de la Corporación y su correspondiente descuento en la nómina. 39 Así lo señaló la Sala Plena en sentencia de 19 de noviembre de 2019 dictada dentro del proceso con número de radicación 11001-03-15-000-2018-02405-01. M.P: Rocío Araújo Oñate. Actor: Leonel Ortiz Solano Demandado: Raymundo Elías Méndez Bechara. 40 ARTÍCULO 6o. CLASES DE FUNCIONES DEL CONGRESO. El Congreso de la República cumple: 1. Función constituyente, para reformar la Constitución Política mediante actos legislativos. 2. Función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación. 3. Función de control político, para requerir y emplazar a los Ministros del Despacho y demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. La moción de censura y la moción de observaciones pueden ser algunas de las conclusiones de la responsabilidad política. (…). 41 Cfr., entre otras decisiones: Sentencia de 1 de agosto de 2017. Radicación número: 11001-03-15-000-2014-00529-00(PI). M.P: Danilo Rojas Betancourth. Actor: FABIO MAURICIO OCHOA QUIÑONEZ Demandado: MANUEL ANTONIO CAREBILLA CUÉLLAR; sentencia de 5 de febrero de 2019. Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02035-01(PI). M.P: Stella Jeannette Carvajal Basto. Actor: SERGIO ANDRÉS AYALA VILLOTA Demandado: CHRISTIAN JOSÉ MORENO VILLAMIZAR; sentencia de 27 de marzo de 2019. Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02151-01(PI). M.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor: RICARDO ANDRÉS RAMÍREZ CRUZ Demandado: NIDIA MARCELA OSORIO SALGADO; sentencia de 7 de mayo de 2019. Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02332-01(PI). M.P: Julio Roberto Piza Rodríguez. Actor: JULIO ALEXANDER MORA MAYORGA Demandado: SARA ELENA PIEDRAHÍTA LYONS; sentencia de 19 de noviembre de 2019. Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02405-01.M.P: Rocío Araújo Oñate. Actor: Leonel Ortiz Solano Demandado: Raymundo Elías Méndez Bechara. 42 Cfr., entre otras decisiones: Sala Primera Especial de Decisión. Sentencia de 4 de octubre de 2018. Radicación número: 11001-03-15-000- 2018-02151-00(PI) M.P: María Adriana Marín. Demandante: RICARDO ANDRÉS RAMÍREZ CRUZ Demandado: NIDIA MARCELA OSORIO SALGADO; Sala veintisiete Especial de Decisión. Sentencia de 21 de junio de 2018. Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00781-00(PI) M.P: Rocío Araújo Oñate. Actor: ADRIANA MARÍA POSSO RODRÍGUEZ Demandado: DAIRA DE JESÚS GALVIS MÉNDEZ.

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censura y, v) que la ausencia no esté justificada o no se hubiera producido por motivos

de fuerza mayor.

En sentencia de 1º de agosto de 201743, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, fijó su alcance a partir del ejercicio hermenéutico sobre los

elementos necesarios para que se configure la causal, así:

1. La inasistencia del congresista

Frente a este primer elemento, a través de distintos métodos de interpretación del

enunciado “inasistencia”, la Sala concluyó, que dicha expresión “está relacionada

estrechamente con el momento de la votación, lo que impone consecuencias también

articuladas con los tipos de votación que realiza el Congreso y la forma de probar las

mismas”. Lo anterior quiere decir, “que la inasistencia relevante para la pérdida de

investidura tiene literalmente dos condiciones: (i) que en la reunión se trate al menos

uno de los tres temas indicados y (ii) que tales asuntos sean votados en la plenaria. Al

punto que puede afirmarse que si en tal sesión se trata la temática pero no se vota, la

ausencia del congresista no será relevante para la pérdida de investidura, lo que

refuerza la necesaria relación entre inasistencia y votación” 44.

2. Que la inasistencia ocurra en el mismo período de sesiones

Al respecto se indicó, que la ausencia relevante para la causal de pérdida de

investidura, es aquella que ocurre en cualquiera de las sesiones del Congreso45 que

sean convocadas en un mismo período, siempre y cuando en ellas se voten proyectos

de ley, de acto legislativo o mociones de censura46.

3. Que la inasistencia se verifique en seis (6) reuniones plenarias en las que

se voten proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de censura

Se precisó que el ausentismo parlamentario que da lugar a la pérdida de investidura, es

el relativo a las reuniones plenarias en que se voten, y no en las que simplemente se

debatan, proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de censura. La inasistencia

que se censura es aquella que entorpece el funcionamiento del órgano legislativo que

afecta el desarrollo de la función congresual.

43 Radicación número: 11001-03-15-000-2014-00529-00(PI). En esta sentencia la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, bajo la normativa prevista en la Ley 144 de 1994, negó la pérdida de investidura del señor Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, Representante a la Cámara por el departamento del Amazonas. 44 La Sala Doce Especial de Decisión de Pérdida de Investidura en sentencia de 20 de junio de 2018, en relación con el término “inasistencia” mencionado en la norma, añadió que debe entenderse que con esta expresión no se quiso significar “no permanecer” o “no votar”, sino “no hallarse presente” cuando la presencia del congresista es obligatoria. 45 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 5ª de 1992, las sesiones del Congreso se dividen en ordinarias, extraordinarias, especiales, permanentes y reservadas. 46 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de 7 de mayo de 2019, dictada dentro del proceso con número de radicación: 11001-03-15-000-2018-02332-01(PI).Consejero Ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez, frente a este segundo supuesto, señaló, además, que el artículo 183.2 de la Constitución Política no exige que la inasistencia se presente en un determinado tipo de sesiones, por lo que, la inasistencia puede ocurrir en cualquiera de ellas, “siempre que sean convocadas en un mismo periodo para votar proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de censura”. Se indicó, que “no es posible asimilar el periodo con la legislatura, ni tampoco es viable sumar las inasistencias de dos periodos de una misma legislatura, ni la inasistencia entre sesiones ordinarias y extraordinarias, pues esa interpretación desconocería el principio de legalidad en materia sancionatoria y desbordaría el entendimiento de la causal para extenderla a supuestos fácticos no regulados”.

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De otra parte, se señaló que los congresistas deben asistir a las sesiones plenarias en

las que se voten cada uno de los componentes de los proyectos de ley y de acto

legislativo, conforme avanza su trámite en el Congreso, pues, de su aprobación o

improbación depende que un determinado texto pueda llegar a convertirse en una ley

de la República o en un acto reformatorio de la Constitución. Se consideró, además,

que, como existe una unidad en todo proyecto de ley o de acto legislativo, los

congresistas no solo están obligados a votar el articulado y el título del proyecto, sino

también, los informes de i) ponencia, ii) conciliación y iii) objeciones presidenciales, y

las proposiciones de archivo, pues son parte inescindible del trámite de cualquier

proyecto de ley o acto legislativo (este último no admite el trámite de objeciones

presidenciales), que se debaten y votan por separado.

Sobre la moción de censura, se agrega que, de acuerdo con el numeral 9º del artículo

135 de la Carta, es una facultad común a ambas cámaras47, y para su aprobación, se

requiere del voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la

haya propuesto.

4. Que la ausencia no esté justificada o no se haya producido por motivos

de fuerza mayor

En relación con este último supuesto, se indicó, que está relacionado con una condición

subjetiva, consistente en la necesidad de evaluar “la culpabilidad del demandado por

tratarse de un régimen sancionatorio de carácter subjetivo48”. De manera que, el juez

del proceso de pérdida de investidura, debe analizar la conducta del congresista

demandado para establecer si existe alguna razón que justifique su inasistencia a las

reuniones plenarias en las que se voten proyectos de ley, de acto legislativo o mociones

de censura, toda vez que, “la sanción no procede automáticamente solo porque se

verifique que se configuran los primeros cuatro elementos que tipifican la causal”. Así

las cosas, se tiene que, la justificación es de carácter excepcional, pues, conforme a la

jurisprudencia de esta Corporación “la vocación natural de un congresista es la de

participar en los debates y en las decisiones propias del Congreso”49.

Ahora bien, con posterioridad a este precedente de reiteración sistemática en la

jurisprudencia de la Corporación, la Sala Novena Especial de Decisión de Pérdida de

Investidura, profirió la sentencia de 5 de marzo de 201850, en la que precisó el alcance

47 C.N., art. 135. Son facultades de cada Cámara: 1. (…) 9. Proponer moción de censura respecto de los Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Pronunciada una Cámara sobre la moción de censura su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma. 48 Cita original: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de septiembre de 2016, Radicación número: 11001-03-15-000-2014-03886-00. 49 Cita original: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de marzo de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), reiterada en la sentencia de 22 de noviembre de 2011. Radicación número: 11001-03-15-000-2011-00404-00(PI). 50 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Sala Novena Especial de Decisión de Pérdida de Investidura M.P: Gabriel Valbuena Hernández, sentencia de cinco (5) de marzo de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00318-00(PI). Mediante esta sentencia se decretó la pérdida de

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2007.html#2

Radicado: 11001-03-15-000-2019-03996-00



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de la expresión “inasistir” contenida en el numeral 2º del artículo 183 de la Carta

Política, en el entendido que el cumplimiento del deber de asistir a una sesión del

Senado de la República o de la Cámara de Representantes “no se agota simple y

llanamente con el hecho de responder el llamado a lista, sino que al ser la “sesión”, “un

espacio de tiempo ocupado por una actividad”, tal como lo define el diccionario de la

Real Academia de la Lengua Española, debe entenderse que la asistencia implica de

suyo la presencia del parlamentario en la sesión”. Por lo que, en criterio de la referida

Sala, no puede considerarse que el congresista ha asistido a la sesión plenaria, cuando

responde el llamado a lista y luego abandona el recinto, sin mediar una excusa o

justificación, jurídicamente admisible para no permanecer en la sesión.

Por otra parte, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha

sido consistente en sus elementos esenciales, en las decisiones proferidas con

fundamento en la causal de pérdida de investidura del artículo 183.2 constitucional,

cuyas líneas generales pueden encontrarse, entre otras providencias, en las sentencias

del 13 de junio de 201851, 5 de febrero de 201952, 27 de marzo de 201953, 7 de mayo de

201954 y 19 de noviembre de 201955, a partir de las cuales, se puede sintetizar una

hermenéutica, que es posible resumir así:

i) Existe una relación entre el deber de asistir y el deber de votar56. En el

ejercicio congresual, la votación constituye uno de los indicadores de la presencia del

parlamentario en el proceso de formación de la voluntad legislativa y, puntualmente, el

registro del voto nominal, salvo prueba en contrario, indica la presencia del congresista

en la sesión57.

No obstante, como la causal del artículo 183.2 superior se configura por la inasistencia

del congresista a la plenaria, la falta de votación58 no conlleva, necesariamente, la

pérdida de investidura, pero sí constituye un hecho indicador de la ausencia del

parlamentario59, salvo que se demuestre que estuvo presente en una votación nominal,

pero no registró su voto, porque se encontraba impedido o incurso en cualquiera de los

eventos que la Constitución o la ley los autoriza para abstenerse de votar.

ii) Los asuntos que se someten a votación, determinan la configuración de

la causal. Una sesión en la cual únicamente se hayan votado impedimentos, no cuenta

investidura de la Representante a la Cámara por la circunscripción electoral de Caldas, señora Luz Adriana Moreno Marmolejo, elegida para el período constitucional 2014-2018 a nombre del partido de la U, por incurrir en la causal de pérdida de la investidura prevista en el artículo 183 numeral 2 de la Constitución Política. Esta decisión fue confirmada mediante sentencia de 13 de junio de 2018 dictada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P: Guillermo Sánchez Luque. 51 Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00318-01(PI) Actor: JOHANN WOLFGANG PATIÑO CÁRDENAS. Demandado: LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO. M.P: Guillermo Sánchez Luque 52 Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02035-01(PI) Actor: SERGIO ANDRÉS AYALA VILLOTA Demandado: CHRISTIAN JOSÉ MORENO VILLAMIZAR. M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto. 53 Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02151-01(PI) Actor: RICARDO ANDRÉS RAMÍREZ CRUZ Demandado: NIDIA MARCELA OSORIO SALGADO. M.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. 54 Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02332-01(PI) Actor: JULIO ALEXANDER MORA MAYORGA Demandado: SARA ELENA PIEDRAHÍTA LYONS. M.P: Julio Roberto Piza Rodríguez. 55 Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02405-01(PI) Actor: LEONEL ORTIZ SOLANO. Demandado: RAYMUNDO ELÍAS MÉNDEZ BECHARA. M.P: Rocío Araújo Oñate. 56 L.O.C, arts.126, 127 y 268.1. 57 Cfr., sentencia de 19 de noviembre de 2019. 58 De acuerdo con el artículo 124 de la L.O.C, el Congresista “sólo podrá excusarse de votar, con autorización del Presidente, cuando al verificarse una votación no haya estado presente en la primera decisión, o cuando en la discusión manifiesta tener conflicto de intereses con el asunto que se debate”. Conc. Art. 293 ejusdem. 59 Cfr., sentencia de 13 de junio de 2018.

Radicado: 11001-03-15-000-2019-03996-00



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para la configuración de la causal establecida en el numeral 2º del artículo 183 de la

Constitución Política, porque en ella no se están votando proyectos de ley, de actos

legislativos o mociones de censura, que son asuntos que afectan la formación de la

voluntad democrática60, mientras que, los impedimentos son cuestiones incidentales en

el trámite legislativo o de control político.

iii) El cumplimiento del deber congresal no se agota con la respuesta al

llamado a lista61. El parlamentario incurre en la causal de pérdida de investidura, en el

evento en el que atienda el llamado a lista y, luego se retire de la plenaria, sin que

medie excusa que justifique su ausencia62.

iv) La asistencia del congresista no significa la permanencia en el recinto.

La causal de pérdida de investidura del artículo 183.2 superior no exige permanencia

sino presencia del congresista en el desarrollo de la plenaria convocada para votar

proyectos de acto legislativo, de ley o moción de censura. Esto quiere decir que, para la

declaratoria de pérdida de investidura, no es relevante la ausencia temporal del

congresista, cuando se demuestre que al menos realizó la “votación o intervino o

participó en los debates, en cualquiera de las formas que posibilita el proceso de

formación legislativo y de control político”63.

v) La causal no afecta el derecho de oposición y la actuación de los

partidos políticos con representación en el Congreso, a través del régimen de

bancadas. Esto significa que, “El retiro de un congresista de una sesión plenaria en que

se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura, en cumplimiento

de una disposición de bancada por razones de tipo político, tales como oposición o

minoría, no constituye una inasistencia para efectos de la causal de desinvestidura

(arts. 107, 108 y 112 de la CN)”64.

vi) El principio de legalidad de la sanción, impone una interpretación

restrictiva del enunciado normativo. La literalidad de la disposición constitucional,

esencialmente sancionatoria, no permite: i) asimilar el período con la legislatura; ii)

sumar las inasistencias de dos (2) periodos de una misma legislatura, ni tampoco, iii)

acumular la inasistencia entre sesiones ordinarias y extraordinarias. Una interpretación

contraria “desconocería el principio de legalidad en materia sancionatoria y desbordaría

el entendimiento de la causal para extenderla a supuestos fácticos no regulados65”.

En los anteriores términos se ha expuesto el criterio hermenéutico desarrollado por la

jurisprudencia del Consejo de Estado, que tiene como fundamento que quienes

ostentan la representación política en un estado social y democrático de derecho, no

60 Cfr., sentencia de 27 de marzo de 2019. 61 L.O.C. art. 89. LLAMADA A LISTA. Llegada la hora para la cual ha sido convocada la sesión, cada uno de los Presidentes de las corporaciones ordenarán llamar a lista para verificar el quórum constitucional. En el acta respectiva se harán constar los nombres de los asistentes y ausentes a la sesión, y las razones de excusa invocadas, con su transcripción textual. Su desconocimiento por el Secretario es causal que puede calificarse de mala conducta. Para el llamado a lista podrá emplearse por el Secretario cualquier procedimiento o sistema técnico que apruebe o determine la Corporación. 62 Cfr., sentencias de 13 de junio de 2018, 5 de febrero de 2019 y 7 de mayo de 2019. 63 Cfr., sentencias de 5 de febrero y 7 de mayo de 2019. 64 Cfr., sentencia de 13 de junio de 2018. 65 Cita original: Sentencias del 20 de junio de 2018, expediente N° 111001031500020180078200, MP Ramiro Pazos Guerrero, y del 27 de agosto de 2018, expediente N° 11001031500020180175700, M.P: Stella Jeannette Carvajal Basto. Reiteradas en sentencia de 7 de mayo de 2019 ya referenciada.

Radicado: 11001-03-15-000-2019-03996-00



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pueden sustraerse de las responsabilidades atribuidas para cumplir el mandato

constitucional, según el cual, los senadores y representantes deben actuar “consultando

la justicia y el bien común”66. El constituyente instituyó esta causal de pérdida de

investidura con la finalidad de castigar el incumplimiento de las obligaciones

congresuales, que por disposición de los artículos 2, 123 y 133 superiores, les compete

a quienes ostentan esta dignidad. La sanción de la desinvestidura del congresista es

una manifestación del principio de responsabilidad del servidor público.

5. El caso concreto

La Sala Veintidós Especial de Decisión debe establecer si dentro del presente juicio

de responsabilidad subjetiva que se adelanta contra el ciudadano Seuxis Paucias

Hernández Solarte, procede la declaratoria de la pérdida de investidura como

Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico, con fundamento en la

causal señalada en el artículo 183.2 de la Constitución Política, al haber inasistido a

seis (6) sesiones plenarias en las que se votaron proyectos de acto legislativo y de ley,

en el período legislativo comprendido entre el 20 de julio y el 16 de diciembre de 2019,

como lo sostienen los solicitantes.

Para tal efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 16467 del Código General

del Proceso68, en adelante CGP, se tendrán en cuenta las pruebas que obran en el

expediente, incluidas las copias aportadas por los solicitantes, conforme a lo dispuesto

en los artículos 24469 y 24670 ejusdem, normativa aplicable a esta controversia por

remisión del artículo 21 de la Ley 1881 de 201871. A su vez, debe señalarse que para

garantizar el derecho de contradicción y defensa del procesado se surtió el traslado de

las pruebas recaudadas, mediante el auto de 30 de enero de 2020, conforme al artículo

110 del CGP, término durante el cual, no se cuestionó ni tachó de falso ninguno de los

documentos que constan en el plenario.

Así las cosas, le corresponde a esta Sala Especial de Decisión de Pérdida de

Investidura, estudiar si con fundamento en las probanzas válidamente aportadas al

proceso, y bajo el principio de la libre apreciación de la prueba72, en el presente caso,

66 C.N., art. 133. Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. 67 “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”. 68 Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 69 “(…) La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad”. 70 “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia”. 71 Ley 1881 de 2018, art. 21 “Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de forma subsidiaria el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. 72 En el derecho colombiano el principio de la sana crítica o principio de la libre apreciación de la prueba está consagrado en el artículo 176 del CGP que establece “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2009.html#5

Radicado: 11001-03-15-000-2019-03996-00



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se configuran los elementos objetivos y subjetivos necesarios para decretar la

desinvestidura del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, por incurrir en la causal

prevista en el artículo 183.2 de la Constitución Política.

Por razones metodológicas, primero se analizarán los aspectos objetivos y,

posteriormente, los componentes subjetivos de la causal.

5.1. Análisis de los presupuestos objetivos de la causal de pérdida de investidura

prevista en el artículo 183.2 de la Constitución Política

Lo probado en el proceso

Conforme a lo dispuesto en el decreto de pruebas, obran en el plenario los siguientes

documentos:

➢ Certificaciones S.G. CERTI.0272/2019 del 23 de agosto de 2019 y S.G.

CERTI.0016/2020 de 7 de febrero de 2020, en las que constan que desde el

inicio del primer período de sesiones de la legislatura 2019-2020, el señor Seuxis

Paucias Hernández no registró su asistencia a las reuniones plenarias en las

cuales se votaron proyectos de ley y de actos legislativos73.

➢ Disco compacto que contiene seis carpetas en las que constan los siguientes

documentos74:

Oficios números SbSG.2.1.-0568-19 de 1º de agosto de 2019, SbSG.2.1.-0593-

19 de 6 de agosto de 2019, SbSG.2.1-0594-19 de 6 de agosto de 2019,

SbSG.2.1-0605-19 de 14 de agosto de 2019 y SbSG.2.1-0632-19 de 23 de

agosto de 2019, que contienen la certificación de asistencia a la sesión plenaria

de los días 23, 30 y 31 de julio de 2019, 5 y 14 de agosto de 2019,

respectivamente, el registro manual y la relación de los Representantes a la

Cámara que no asistieron a dichas reuniones, incluidos los que presentaron

excusas y aquellos que no lo hicieron.

Registros electrónicos de asistencia y de votación de las sesiones plenarias

del 23, 30 y 31 de julio de 2019, 5, 14 y 20 de agosto de 2019, donde se votaron

proyectos de ley y/o acto legislativo75.

➢ Certificación de asistencia, sesión por sesión, SbSG.2.1 – 0042 – 2020 del 4 de

febrero de 2020, del Representante a la Cámara, Seuxis Paucias Hernández

Este principio, de arraigo en la tradición jurídica continental, supone, a diferencia de los sistemas que acogen la prueba legal o tasada, “la confianza del legislador hacia el juez en lo que atañe a la decisión sobre los hechos. Por ello, será el juez, o en su caso el jurado, quien decida sobre los hechos probados en el caso, a la luz de los elementos de juicio aportados al proceso, y sin indicaciones legales que le prescriban el resultado que debe atribuirse a la presencia de elemento de juicio alguno” (Ferrer Beltrán, Jordi, La valoración racional de la prueba, Colección Filosofía y Derecho, Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 61). 73 Folios 19 a 24 del cuaderno No. 3 y 99 a 107 del cuaderno anexo No. 1. 74 Los discos compactos constan en los folios 25 del cuaderno No. 3 (aportado por la Procuraduría General de la Nación) y 17 del cuaderno No. 1 (allegado por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes). Los documentos aportados con las solicitudes, tienen el mismo contenido. 75 Los registros de votación sobre proyectos de ley y/o actos legislativos, que constan en el documento, coinciden con las votaciones nominales que certificó el Subsecretario General (E) de la Cámara de Representantes en el documento S.G.CERTI.0272/2019 que consta en los folios 19 a 24 del cuaderno No. 3 del expediente.

Radicado: 11001-03-15-000-2019-03996-00



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Solarte por la circunscripción electoral del Atlántico, para el período

constitucional 2018-202276.

➢ Copias de las órdenes del día de las sesiones plenarias de la Cámara de

Representantes correspondientes a las siguientes fechas: 23, 30 y 31 de julio; 5,

6, 13, 14, 20 y 21 de agosto y 2 de septiembre, todos de 201977.

➢ Oficio SbSG.2.1.-0081-20 de 6 de febrero de 202078, suscrito por el

Subsecretario General de la Cámara de Representantes por medio del cual

remitió, con destino a este proceso, copia de los registros electrónicos y

manuales de votaciones realizadas entre el 23 de julio y el 02 de septiembre de

2019 en la Cámara de Representantes, período constitucional 2018-202279.

➢ Oficio SbSR 2.1.0010-2020 de 6 de febrero de 202080, suscrito por el Jefe (E)

de la Sección de Relatoría del Congreso de la República, Cámara de

Representantes, mediante el cual, informó al Secretario General de dicha

Corporación, que las actas de las sesiones de plenaria correspondientes al

primer periodo de la legislatura 2019-2020, para la fecha en la que fueron

solicitadas, se encontraban en proceso de elaboración, para posteriormente ser

publicadas en la Gaceta del Congreso81.

➢ Oficio S.G. 2-0114.20 de 7 de febrero de 2020, del Secretario General de la

Cámara de Representantes por el cual, remitió copia en medio magnético de las

grabaciones de audio y video de las sesiones plenarias correspondientes a las

siguientes fechas: 23, 30 y 31 de julio; 5, 6,13, 14, 20 y 21 de agosto y 2 de

septiembre de 2019, en formato DVD82.

En este orden de ideas, lo primero que debemos señalar es que los anteriores medios

de prueba son conducentes, pertinentes y útiles para acreditar con grado de certeza,

cada uno de los presupuestos objetivos necesarios para que se configure la causal de

pérdida de investidura por ausentismo parlamentario. Se trata de documentos

auténticos que dan cuenta de la inasistencia del señor Seuxis Paucias Hernández

Solarte a las sesiones plenarias durante el primer período de la legislatura 2019-2020,

de la siguiente manera:

76 Folios 5 a 8 del cuaderno anexo No. 1. 77 Folios 9 a 80 del cuaderno anexo No. 1. 78 Cuadernos anexos Nos. 2, 3 y 4. Los datos registrados en el cuadro explicativo que contiene este oficio, coinciden con los que constan en los documentos que reposan en los discos compactos aportados al proceso por los solicitantes y que ya fueron enlistados en esta providencia. 79 Registro de votación (software de conferencias DCN-SW BOSCH). 80 Folio 1 del cuaderno anexo No. 1. 81 Dentro de las pruebas decretadas mediante el auto de 30 de enero de 2020, el Despacho sustanciador solicitó a la Secretaría General de la Cámara de Representantes, copia de las gacetas en las que se publicaron las actas de las sesiones plenarias del 23, 30 y 31 de julio de 2019, 5, 6, 13, 14, 20 y 21 de agosto de 2019. 82 Folios 180 a 182 del cuaderno No. 3 y folios 2 a 4 del cuaderno anexo No. 1.

Radicado: 11001-03-15-000-2019-03996-00



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LEGISLATURA 2019-2020

PRIMER PERÍODO DE SESIONES (Art. 138 CP)

20 de julio de 2019-16 de diciembre de 2019

83 Folios 6 a 8 del cuaderno anexo No. 1. 84 Folios 5 a 8 del cuaderno anexo No. 1. 85 Folios 215 a 254 del cuaderno anexo No. 2. 86 Folios 255 a 310 del cuaderno anexo No.2. 87 Folios 311 a 364 del cuaderno anexo No. 2. 88 Folios 365 a 415 del cuaderno anexo No.2. 89 Folios 35 y 36 del cuaderno anexo No. 1. Orden del día para la sesión ordinaria del martes 6 de agosto de 2019. 90 Disco compacto que contiene la Sesión Plenaria del 13 de agosto de 2019. Folio 3 del cuaderno anexo No.1. 91 Folios 469 a 516 del cuaderno anexo No. 3.

Fecha

sesión

Acta

No.

Asunto o tema de votación Registro de

asistencia y

de votación

Presentó

excusa

Oficio remisorio83

1 20 de julio

de 2019

6984

Congreso en pleno

No

No

SbSG.2.1-0561-19

de julio 26 de

2019

2 23 de julio

de 2019

7085 -Articulado con proposiciones avaladas a los artículos 3,5,6,9 y otros, más

articulo nuevo del PL 287/18

-Articulado Proyecto de Ley 327 de 2019

-Informe con el que termina la ponencia del PL 020/18

-Bloque de artículos sin proposición Proyecto de Ley 020/18

-Bloque de proposiciones sin aval PL 020/18

-Bloque de artículos ponencia y con proposiciones avaladas y artículo nuevo

-PL 020/18

-Proposición artículo 10 PL 020/18

No No SbSG.2.1-0578-19

de agosto 01 de

2019

3 30 de julio

de 2019

7186 -Informe con el que termina la ponencia Proyecto de Ley Orgánica 396/19

-Proposición Artículo 2-HR German Navas y otros Proyecto de Ley Orgánica

396/19

-Proposición parágrafo artículo 1 sin aval Proyecto de Ley Orgánica 396/19

-Artículo 1 con proposiciones avaladas Proyecto de Ley Orgánica 396/19

-Reapertura artículo 1 Proyecto de Ley Orgánica 396/19

-Proposición artículo nuevo HR Juanita Goebertus Proyecto de Ley Orgánica

396/19

-Proposición artículo nuevo HR Harry González y otros avalada Proyecto de

Ley Orgánica 396/2019

No No SbSG.2.1-0593-

19de agosto 06

de 2019

4 31 de julio

de 2020

7287 -Reapertura artículo 1 Proyecto de Ley Orgánica 396/19

-Proposición sustitutiva Subcomisión Proyecto de Ley Orgánica 396/19

-Título y pregunta Proyecto de Ley Orgánica 396/19

-Informe con el que termina la ponencia Proyecto de Ley 232/18

-Informe con el que termina la ponencia Proyecto de Ley 163/18

-Proposiciones sin aval Proyecto de Ley 163/18

-Título y pregunta Proyecto de Ley 163/18

No No SbSG.2.1-0594-19

de agosto 06 de

2019

5 5 de

agosto de

2020

7388 -Informe con el que termina la ponencia Proyecto de Ley 037/18

-Articulado con proposiciones avaladas a los artículos 3, 10 y artículo nuevo

avalado del Proyecto de Ley 329/19

-Título y pregunta Proyecto de Ley 329/19

No No SbSG.2.1-0605-19

de agosto 14 de

2019

6 6 de

agosto de

2020

Debate según proposición No. 005 de julio 31 de 201989. No No SbSG.2.1-0615-19

de agosto 14 de

2019

7 13 de

agosto de

2020

Sesión reservada90

No se votaron proyectos de ley y/o de acto legislativo.

No No SbSG.2.1-0627-19

de agosto 23 de

2019

8 14 de

agosto de

2020

7691 -Ponencia negativa Proyecto de Acto Legislativo 355/19

-Informe con el que termina la Ponencia Proyecto de Acto Legislativo

355/19

-Bloque de artículos sin proposición Proyecto de Acto Legislativo 355/19

-Proposición artículo 1 HR Juanita Goebertus y Otros Proyecto de Acto

Legislativo 355/19

No No SbSG.2.1-0632-19

de agosto 23 de

2019

Radicado: 11001-03-15-000-2019-03996-00


Demandante: Procuraduría General de la Na

consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sala veintidÓs especial de ... · 2020....

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