consejo de gobierno 26.01.pdf2021/01/27 · consejo de gobierno andalucía, 26 de enero de 2021...

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Andalucía, 26 de enero de 2021

En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la

habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha

adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

► Acuerdo relativo al informe sobre los recursos asistenciales en cada

provincia ante el escenario de 7.500 pacientes ingresados por Covid

► Acuerdos por los que se declara de emergencia la contratación por 38,5

millones de obras, suministros y servicios en materia sanitaria ante el Covid

► Acuerdo relativo al informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante

el Covid-19 en centros residenciales y en domicilios a 26 de enero de 2021

► Acuerdo relativo al informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la

situación del cribado de cáncer de colon en Andalucía

► Acuerdo por el que se aprueba la formulación de la Estrategia de Salud de

la Infancia y Adolescencia en Andalucía 2021-2025

► Informe de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

sobre la gestión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía

► Informe sobre el posicionamiento unánime de Andalucía frente al proyecto

de Real Decreto de transición de ayudas directas de la PAC 2020-2021

► Informe de la Consejería de Agricultura sobre el grado de cumplimiento de

la regla N+3 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

► Acuerdo relativo al proyecto de decreto que regula la calificación

ambiental y la declaración responsable de los efectos ambientales

► Acuerdo por el que se aprueba la formulación de la Estrategia de

Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía 2021-2027

► Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y

funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego


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► Acuerdo por el que se autoriza el expediente de gasto para la ejecución de

las obras del proyecto de una planta de compostaje en Villamartín (Cádiz)

► Acuerdo relativo a las subvenciones para la conservación-restauración e

inventario de bienes muebles del patrimonio histórico de carácter religioso

► Nombramiento


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Andalucía se prepara ya para un escenario previsible de 7.500 ingresos por Covid-19

Esta organización de recursos asistenciales habilitaría 15.384 camas convencionales y 2.622 de UCI en toda la comunidad

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la actualización del estudio

sobre recursos asistenciales elaborado por la Consejería de Salud y Familias

ante un posible escenario de 7.500 pacientes ingresados por Covid-19 en

Andalucía. Atendiendo a este estudio y llegada esta situación, la Consejería ha

previsto la activación de todos los planes de contingencia hospitalarios, así como

un cese de la actividad asistencial normal en función de las instrucciones

recogidas en los planes de contingencia de cada hospital.

De este modo, Andalucía incrementaría su capacidad hospitalaria actual de

13.532 camas convencionales y 1.462 UCI disponibles a un total de 15.384

camas convencionales y 2.622 de UCI (incluyendo 534 quirófanos sin actividad

quirúrgica).

El Plan de Contingencia se ha diseñado en función de la gestión previa de los

dos picos epidémicos asistenciales del 30 de marzo y del 17 de noviembre. El

modelo de proyección está basado en los porcentajes de hospitalización

provinciales y porcentajes de pacientes en hospitalización convencional y UCI.

Por esta experiencia previa, la Consejería de Salud asume que entre el 10 y el

15% de las hospitalizaciones se ubicarán en centros privados.

Con este Plan 7.500 se activan todos los planes de contingencia a su máximo

nivel y se produce un cese de la actividad asistencial en función de las

instrucciones recogidas en cada plan hospitalario.

A esto se suma que, gracias al Plan de Infraestructuras Sanitarias puesto en

marcho durante el verano, se ha mejorado la estructura hospitalaria y de

Atención Primaria, con 930 actuaciones desarrolladas por todo el sistema que

han permitido incrementar en más de 883 las camas de hospitalización

convencional (un 7,14% más) y en más de 272 las camas de UCI con respirador

(lo que supone un 32,65% más).


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Previsiones por provincias

Estas previsiones se han calculado atendiendo a la proyección epidemiológica

que se está produciendo en Andalucía, al igual que las tasas actuales de

hospitalización y UCI en cada provincia. En un escenario de 7.500

hospitalizaciones en toda Andalucía, se sucederían los siguientes escenarios en

los centros públicos:

En Almería, tras la activación de los planes de contingencia en sus distintos

niveles de acción y el cese de actividad asistencial normalizada, se pasaría de

1.179 camas convencionales y 158 de UCI disponibles en la actualidad a un total

de 1.417 camas convencionales y 168 de UCI. Por otro lado, con el 8,91% de

las hospitalizaciones totales en la provincia de Almería a día de hoy, en un

escenario de 7.500, se contabilizarían 668 hospitalizaciones, de los que 100

pacientes estarían en UCI. Por tanto, llegado dicho escenario, no sería necesaria

la implementación de recursos asistenciales adicionales.

En Cádiz, tras la activación de los planes de contingencia en sus distintos niveles

de acción y el cese de actividad asistencial normalizada, se pasaría de 1.800

camas convencionales y 153 de UCI disponibles en la actualidad a un total de

1.857 camas convencionales y 224 de UCI. Por otro lado, con el 19,17% de las

hospitalizaciones totales en la provincia de Cádiz a día de hoy, en un escenario

de 7.500 se contabilizarían 1.438 hospitalizaciones, de los que 216 pacientes

estarían en UCI. Por tanto, llegado dicho escenario y teniendo en cuenta la

variabilidad de la ocupación no Covid, es necesaria la implementación de

recursos asistenciales adicionales, habilitándose las camas de hospitalización

del Hospital San Carlos como centro de referencia para evacuación y

complementadas con los recursos de hospitalización privada.

En Córdoba, tras la activación de los planes de contingencia en sus distintos


1.315 camas convencionales y 136 de UCI disponibles hoy a un total de 1.554

camas convencionales y 164 de UCI. Por otro lado, con el 8,41% de las

hospitalizaciones totales en la provincia de Córdoba actualmente, en un

escenario de 7.500 se contabilizarían 631 hospitalizaciones de los que 95

pacientes estarían en UCI. Por tanto, llegado a dicho escenario, no sería

necesaria la implementación de recursos asistenciales externos; además, la

provincia tendría capacidad para recibir a pacientes de otras provincias.

En Granada, tras la activación de los planes de contingencia en sus distintos


1.877 camas convencionales y 224 de UCI disponibles en la actualidad a un total



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las hospitalizaciones totales en la provincia de Granada a día de hoy, en un

escenario de 7.500 se contabilizarían 939 hospitalizaciones, de los que 141

pacientes estarían en UCI. Por tanto, llegado a dicho escenario no sería

necesaria la implementación de recursos asistenciales adicionales, pudiendo

recibir pacientes de otras provincias.

En Huelva, tras la activación de los planes de contingencia en sus distintos


955 camas convencionales y 68 de UCI disponibles en la actualidad a un total


las hospitalizaciones totales en la provincia de Huelva a día de hoy, en un

escenario de 7.500 se contabilizarían 438 hospitalizaciones, de los que 66

pacientes estarían en UCI. Por tanto, llegado dicho escenario, no sería necesaria

la implementación de recursos asistenciales adicionales.

En Jaén, tras la activación de los planes de contingencia en sus distintos niveles

de acción y el cese de actividad asistencial normalizada, se pasaría de 1.241

camas convencionales y 144 de UCI disponibles hoy a un total de 1.442 camas

convencionales y 159 de UCI. Por otro lado, con el 7,38% de las

hospitalizaciones totales en la provincia de Jaén a día de hoy, en un escenario

de 7.500 se contabilizarían 554 hospitalizaciones, de los que 83 pacientes

estarían en UCI. Por tanto, llegado dicho escenario, no sería necesaria la

implementación de recursos asistenciales alternativos, pero no tendría

capacidad para recibir posibles pacientes de otras provincias.

En Málaga, tras la activación de los planes de contingencia en sus distintos


2.243 camas convencionales y 281 de UCI disponibles hoy a un total de 2.506

camas convencionales y 441 de UCI. Por otro lado, con el 21,49% de las

hospitalizaciones totales en la provincia de Málaga a día de hoy, en un escenario

de 7.500 se contabilizarían 1.612 hospitalizaciones con 242 pacientes en UCI.

Por tanto, llegado dicho escenario, sería necesaria la implementación de

recursos asistenciales adicionales.

Por último, en Sevilla, tras la activación de los planes de contingencia en sus

distintos niveles de acción y el cese de actividad asistencial normalizada, se

pasaría de 2.922 camas convencionales y 298 de UCI disponibles a día de hoy

a un total de 3.618 camas convencionales y 566 de UCI. Por otro lado, con el

16,28% de las hospitalizaciones totales en la provincia de Sevilla actualmente,

en un escenario de 7.500 se contabilizarían 1.220 hospitalizaciones, con 183

pacientes en UCI. Por tanto, llegado dicho escenario, no sería necesaria la

implementación de recursos asistenciales adicionales y, además, la provincia

tendría capacidad para acoger pacientes de otras provincias.


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Recursos Asistenciales Alternativos

El Plan contempla la habilitación de otros recursos asistenciales si es necesario.

Dichos recursos cuentan con características clínicas aprobadas por distintos

comités provinciales de evaluación y suponen un total de 5.421 camas

adicionales para toda Andalucía. Por provincias:

Almería dispondría de 739 camas adicionales ubicadas en el Hotel AR

Almerimar (El Eijido) y la Residencia de Tiempo Libre Aguadulce.

Cádiz dispondría de 847 camas adicionales ubicadas en los albergues Inturjoven

de Chipiona y El Bosque, y en la Residencia de Tiempo Libre de la Línea de la

Concepción.

Córdoba dispondría de 400 camas adicionales ubicadas en Centro de Andalucía

(Lucena).

Granada dispondría de 500 camas adicionales ubicadas en el Antiguo Hospital

San Cecilio.

Huelva dispondría de 763 camas adicionales ubicadas en el Albergue Inturjoven

Punta Umbría y en el Apartahotel Leo Punta Umbría.

Jaén dispondría de 354 camas adicionales ubicadas en el Edificio Puerta de

Andalucía, el Hospital Doctor Sagaz, en la Residencia de Andújar y en la

Residencia de Tiempo Libre de Siles.

Málaga dispondría de 1.146 camas adicionales ubicadas en el Hospital de

Campaña Ciudad Polideportiva de Carranque, donde hay 165 camas más 10 de

UCI con capacidad de ampliar hasta 400 camas, y en la Residencia de Tiempo

Libre de Marbella.

Sevilla dispondría de 672 camas adicionales ubicadas en el hotel Exe Macarena,

en el Albergue Inturjoven Constantina y en el Hotel Ciudad del Sol Pirula (Écija).


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La Junta destina otros 38,5 millones de euros para afrontar gastos extraordinarios por Covid

El Consejo de Gobierno autoriza contratos de emergencia para adaptar la asistencia sanitaria a las necesidades de la pandemia

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de emergencia de diversos

contratos de suministros y obras del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por un

importe total de 38.481.440,84 euros, realizados para hacer frente a la asistencia

sanitaria durante la pandemia.

Entre ellas, destaca la contratación de obras, servicios (limpieza, control de

accesos…) y suministros para los centros sanitarios adscritos a la Plataforma

Logística Sanitaria de Granada, con un importe estimado de 16.037.652,78

euros y la contratación de suministros, servicios y obras desde el 31 de octubre

al 31 de diciembre por 10.353.098 euros por parte de la Agencia Pública

Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.

El Consejo ha autorizado la contratación de los servicios de mantenimiento de

los equipamientos ubicados en los distintos centros de proceso de datos del SAS

cuyo fin es garantizar, con los niveles de calidad establecidos, la prestación diaria

de los servicios de tecnologías de la información utilizados por los profesionales

del SAS y los ciudadanos, por un importe de 8.198.641,01 euros.

Por otro lado, se han aprobado las obras de ampliación del edificio de urgencias

del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, así como el proyecto,

dirección de obras y coordinación de seguridad y salud por un importe total de

1.414.727,94 euros; así como la contratación del suministro de reactivos de

amplificación-coronavirus y para serología, con destino a los centros que

integran la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba, por 718.548.

Igualmente, se ha dado el visto bueno a las obras de ampliación del laboratorio

de Microbiología en la primera planta del edificio de urgencias del Hospital

General del Regional de Málaga, por importe de 550.000 euros, y a la reforma y

ampliación de la tercera planta del edificio de urgencias para la Unidad de

reanimación anestésica, por 709.708,97.

También, debido a la emergencia de las actuaciones derivadas de la crisis

sanitaria ocasionada por el coronavirus, se ha validado la obra de reforma de las


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urgencias del Centro de Salud de Baena, por importe total de 457.744,31 euros,

así como la reforma de la bahía de pacientes de Urgencias del Hospital Infanta

Margarita de Cabra, por 41.319,83.


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El 88,7% de los centros sociosanitarios, sin casos de Covid entre sus residentes

Andalucía cuenta con 29 residencias medicalizadas entre las 1.107 instalaciones que están en seguimiento proactivo

La Consejería de Salud y Familias ha dado a conocer al Consejo de Gobierno el

informe sobre el estado de los centros sociosanitarios en Andalucía ante el

coronavirus. En la actualidad, se mantienen en seguimiento proactivo 1.107

centros en toda Andalucía, de los que 125 presentan algún caso positivo entre

usuarios, lo que supone el 11,3% del total (el 88,7% está libre de Covid-19 en

usuarios). Por su parte, otras 157 contabilizan casos solo en trabajadores, por lo

que los residentes no se han visto afectados y las plantillas han podido ser

aisladas.

De forma pormenorizada, se contabilizan en las residencias de mayores un total

de 1.763 residentes positivos, de los que 150 se encuentran ingresados; en el

caso de los trabajadores, 859 son casos confirmados.

En lo que respecta a la realización de pruebas, desde abril y hasta la fecha se

han realizado 653.698 test a residentes y trabajadores, dando un total de 10.894

positivos. Ese total de pruebas incluye los test de antígenos que se realizan a

todos los trabajadores cada 7 días desde el 24 de septiembre y cada 14 días al

20% de todas las residencias, además del testeo completo en las que hay un

positivo: 93.947 a residentes y 290.632 a trabajadores. En total, se han realizado

384.579 test de antígenos.

Todas estas pruebas se han efectuado en residencias de mayores, centros de

atención a refugiados, centros de acogida, viviendas supervisadas y servicio de

ayuda a domicilio.

Desde que comenzó el estado de alarma hasta la actualidad, se ha intensificado

el seguimiento habitual que se venía realizando en residencias, iniciando un

seguimiento proactivo de llamadas y visitas con apoyo para los cuidados y

prevención del Covid-19 en el caso de aquellas personas atendidas en sus

domicilios y centros residenciales.


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En la actualidad, se encuentran medicalizados, en la provincia de Almería el

Centro Residencial Valleluz de Íllar, el Centro Residencial Bautista Galera de

Chirivel, la Residencia Gerial Albox, la Residencia San Antonio de Vícar; en

Cádiz, la Residencia María Dolores Castañeda de la capital gaditana, la

Residencia San García de Algeciras, la Residencia Nuestra Señora de Los

Barrios, la Residencia Casa Mayor Clece de San Roque, la Residencia Asansull

El Palmeral de La Línea de la Concepción, la Residencia Virgen de la Caridad

de Sanlúcar de Barrameda, la Residencia Aldea Geriátrica Seniors de Tarifa, la

Residencia Aura de Benalup y la Residencia Novo Sancti Petri de Chiclana de la

Frontera.

En Córdoba, la Residencia Vitalia Suite de Palma del Río, la Residencia Vitalia

Guadalquivir de Córdoba capital, la Residencia Divino Maestro de Baena; en

Huelva, el Centro Residencial Domusvi de La Palma del Condado; en la provincia

de Jaén, la Residencia Buenos Aires de Fuerte del Rey, la Residencia Edades

de Villares; en Málaga, la Residencia Hermanitas de los Pobres de Ronda y la

Residencia Blas Infante de Cañete Real. Por último, en Sevilla son la Residencia

Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra, la Residencia Habitare de

Castilleja, la Congregación Religiosa Iglesia Cristiana Palmariana de El Palmar

de Troya, el CER Gregorio Medina Blanco de Espartinas, la Residencia Vitalia

Home Alcosa en Sevilla, la Residencia Vitalia Los Palacios, la Residencia RGA

La Motilla de Dos Hermanas y la Residencia Macrosan de El Ronquillo.

Por su parte, se han habilitado diez centros de evacuación: Centro Residencial

El Zapillo de Almería, el Hospital San Carlos de Cádiz, el HARE de Vejer (Cádiz),

Doctor Olóriz (Granada), Hospital Vithas Sevilla, Hospital Civil de Málaga, Doctor

Sagaz (Jáen), el HARE de Lebrija (Sevilla), la Asociación Frater de Huelva y el

Hotel Pirula de Écija (Sevilla).


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El cribado de cáncer de colon pasa del 10,7% de cobertura al 85% en dos años

El programa se ha extendido ya a más de 600.000 personas de entre 50 y 69 años, casi el 30% de la población de riesgo

El Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento del balance de actividad del

cribado de cáncer de colon en Andalucía. Este programa se ha extendido ya a

un total de 602.138 personas en la comunidad, lo que supone casi el 30% de la

población de riesgo (de entre 50 y 69 años de edad), por lo que la Consejería de

Salud y Familias hace un llamamiento a la participación por parte de la

ciudadanía.

Hasta el momento, se han enviado 2.028.334 cartas a ciudadanos para que

participen en el programa de cribado, superando el 85% de la población diana

en este 2020, una cifra a destacar teniendo en cuenta que era del 10,78% al

inicio de la actual legislatura. Sin embargo, hay una invitación aceptada del

29,69%, pero el porcentaje de personas que participa baja a un 19,2%.

En total, desde su puesta en marcha y según los datos a 31 de diciembre de

2020, se han realizado casi 16.000 colonoscopias, lo que ha permitido extirpar

10.173 pólipos, de los que 3.064 eran de alto riesgo. Ello supone un importante

beneficio para las personas a las que se ha evitado el desarrollo de un cáncer

colorrectal. Además, se han detectado 276 cánceres invasivos.

El programa de cribado de cáncer colorrectal tiene como objetivo reducir la carga

de enfermedad en la población andaluza, en términos de disminución de la

incidencia y mortalidad, así como mejorar la calidad de vida en los casos

detectados.

El cribado de cáncer de colon se lleva a cabo mediante un test de sangre oculta

en heces que se realiza cada dos años. Esta prueba detecta mínimas cantidades

de sangre que no se ven a simple vista. Las personas que aceptan participar en

el cribado rellenando la carta que reciben en su domicilio, recibirán también

posteriormente un kit para la recogida de la muestra, que deberán entregar en

su centro de salud. Las personas que no pertenezcan al sistema sanitario público


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también pueden participar y, en este caso, entregarán la muestra en el centro de

salud más cercano a su domicilio.

El resultado de la prueba se comunicará por carta en caso de ser negativo, o a

través de salud responde, por teléfono, si es positivo. En esta segunda situación,

el comunicado se acompañará de una cita para enfermería con objeto de

completar la información y realizar todos los preparativos para hacer una

colonoscopia.

El cáncer de colon es un tumor que se puede curar en el 90% de los casos si se

detecta en estadios precoces o en forma de lesiones premalignas, lo que se

puede lograr implantando un programa de cribado a toda la población de riesgo

medio (50 y 69 años). De hecho, la detección precoz disminuye la mortalidad a

corto plazo entre un 30% y un 35%, lo que equivaldría en España a salvar unas

4.000 vidas cada año.


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Una nueva estrategia fortalecerá la atención sanitaria en la infancia y en la adolescencia

La Junta elabora un plan que articulará medidas desde un punto de vista integral para favorecer la salud de este sector de población

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la elaboración de la

Estrategia de salud de la infancia y la adolescencia en Andalucía 2021-2025, por

parte de la Consejería de Salud y Familias, con el fin de fortalecer las

actuaciones específicas destinadas a asegurar la salud en este sector de la

población, con una mirada integral y no sólo asistencial y clínica.

Para ello, se articularán medidas y actuaciones de salud e intersectoriales que

favorezcan la salud de los niños, las niñas y los adolescentes; con la búsqueda

de su sensibilización sobre la relevancia de crecer sanos; el fomento de una

cultura de la salud pública como fuente de desarrollo personal y autocuidados;

la intervención sobre los determinantes de la salud infantil, y la óptima

adecuación de las intervenciones sociosanitarias a su edad y características

personales.

Entre los objetivos que se pretenden conseguir están promover los hábitos de

vida saludables en la infancia y en la adolescencia, mediante intervenciones en

todas las políticas y entornos; asegurar una asistencia integral basada en la

prevención, la promoción, la protección y la rehabilitación/recuperación de la

salud y la reducción de la carga de enfermedad infantil y adolescente; e impulsar

la gestión del conocimiento (formación, sistemas de información, investigación)

sobre los determinantes de la salud de la niñez y la adolescencia y la mejora del

conocimiento de la epidemiología de la enfermedad infantil.

Además, se busca promover entornos seguros, amigables e inclusivos que

prevengan los problemas de salud derivados de accidentes, traumatismos y

violencia; favorecer la salud de la madre y el recién nacido y la promoción de la

humanización de la atención perinatal y los cuidados centrados en el desarrollo;

avanzar en la calidad de los servicios de salud y en la capacidad de implementar

respuestas integrales e intersectoriales basadas en la colaboración y la

coordinación entre los diferentes planes y programas del sistema sanitario


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público de Andalucía, así como a nivel intersectorial; o fomentar la visibilidad de

la infancia en los planes y programas de salud y la inclusión de las perspectivas,

expectativas, opiniones y propuestas de los niños, niñas y adolescentes en las

políticas e intervenciones de salud que les afectan.

Finalmente, la estrategia pretende promover las perspectivas ligadas al enfoque

de derechos de la infancia, la salutogénesis y el desarrollo positivo, la visión de

ciclo vital, la mirada de los determinantes de la salud y la promoción de la

parentalidad positiva; y profundizar en la adecuación los espacios asistenciales,

tanto en atención primaria como hospitalaria, para asegurar una atención

sanitaria bajo el enfoque de los derechos de la infancia y adolescencia.

Salud pública

La elaboración de una propuesta inicial de la estrategia será de competencia de

la Consejería de Salud y Familias a través de la Dirección General de Salud

Pública y Ordenación Farmacéutica. Para ello, se constituirá un grupo de trabajo

donde participaran representantes de la Consejería competente en materia de

políticas sociales. Luego se remitirá el borrador inicial del plan a todas las

consejerías para su análisis y aportación de propuestas, y se someterá a la

consideración de las sociedades científicas relacionadas con la salud infantil y

de las entidades y asociaciones de defensa de los derechos de la infancia de

ámbito autonómico. Finalmente, se someterá al trámite de información pública y

se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación.


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La Renta Mínima ha beneficiado a más de 79.000

andaluces en 2020, un 23,8% más que en 2019

Esta prestación ha contado con un presupuesto superior a 135 millones de euros, un 26% más de lo ejecutado el año anterior

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha

informado en Consejo de Gobierno sobre la gestión de la Renta Mínima de

Inserción Social en Andalucía en el ejercicio 2020, que arroja el número de

79.640 personas beneficiarias, es decir, un 23,8% más que el año anterior

cuando el número final fue de 60.684; y un presupuesto ejecutado superior a

135.747.971,43 euros, lo que supone un incremento del gasto del 26% respecto

a los 107.673.708,46 euros ejecutados en 2019. Los números de estos dos años

de legislatura contrastan con los datos de 2018, cuando el anterior Gobierno dejó

la inversión en 57 millones de euros y 40.979 personas beneficiarias.

En esta línea, el número de personas menores de edad atendidas se ha

incrementado en un 31,32%, en un momento en que la Consejería de Igualdad,

Políticas Sociales y Conciliación se ha fijado como uno de sus objetivos para el

presente año, la lucha contra la pobreza infantil.

La Renta Mínima andaluza ha supuesto una fuente de ingresos indispensable

para las familias vulnerables y en riesgo de exclusión en un año marcado por la

pandemia de Covid-19. A la modificación del Decreto-Ley, el refuerzo en la

gestión y el plan de choque previsto por la Consejería de Igualdad, Políticas

Sociales y Conciliación previamente al inicio de la crisis social y sanitaria, surgió

la necesidad de promover medidas para poder agilizar el acceso a la prestación

a las familias más necesitadas.

Así, el Decreto-Ley 6/2020 de 30 marzo recogió medidas extraordinarias para la

concesión provisional de prestaciones con el objetivo de hacer llegar esta ayuda

al mayor número de familias posible, descargando la gestión de los expedientes

para aumentar la capacidad de resolución mediante solicitudes de urgencia y

emergencia social y solicitudes de ampliación y expedientes de alta que llegaran

a fin de prestación durante el estado de alarma.


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Posteriormente, el Decreto-Ley 10/2020 estableció la concesión de una

prestación extraordinaria de cinco meses de duración para las solicitudes de una

nueva modalidad de situación de emergencia social para unidades familiares con

menores a cargo o unipersonales. Asimismo, se incrementó hasta los 12 meses

la duración de la ampliación o la simplificación de los consentimientos en la

solicitud.

Estas actuaciones han supuesto la resolución, durante 2020, de 55.429

expedientes entre solicitudes iniciales y de ampliación. De ellos, 35.758 han sido

concesiones de prestaciones. Esto supone un incremento del 19,53% de las

resoluciones y del 57,66% de las prestaciones concedidas. Todo ello, en unas

circunstancias excepcionales por la pandemia de Covid-19, agravadas por la

nula digitalización de expedientes y una gestión muy condicionada por los

requerimientos de documentación en papel a las personas solicitantes, por las

limitaciones de acceso a información de manera telemática.

Llegada del Ingreso Mínimo Vital

Por otra parte, en contra de lo previsto, la llegada del Ingreso Mínimo Vital por

parte de la Administración estatal supuso un nuevo incremento en la gestión de

la Renta Mínima por las numerosas revisiones de expedientes que supuso.

Dadas las bajas cuantías concedidas por el IMV, esto no suponía una extinción

de la Renta Mínima andaluza sino la necesidad de tramitar una revisión completa

para ajustar las cantidades.

Por tanto, debido a los retrasos en las resoluciones de las prestaciones estatales,

las familias han continuado solicitando la Renta Mínima de Inserción Social de

la Junta mientras tanto.


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La Junta lamenta que el Gobierno imponga una tasa plana en la PAC acelerando la convergencia

Andalucía considera que el Real Decreto para el periodo transitorio será perjudicial para las rentas de muchos agricultores

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen

Crespo, ha informado al Consejo de Gobierno sobre el posicionamiento unánime

de Andalucía respecto al Real Decreto de Transición de Ayudas Directas 2021-

2022, cuyo perjuicio sobre los agricultores y ganaderos de la comunidad ha

quedado recogido en un documento firmado por las organizaciones agrarias.

En el mismo se demanda continuar aplicando el actual modelo de convergencia

y se rechaza de manera contundente la decisión unilateral del Ministerio de

acelerar el proceso actual, rompiendo el clima de diálogo y consenso con el que

se deben encarar los debates del futuro modelo de la PAC. El Gobierno andaluz

ha lamentado que desde Madrid se trate de imponer una tasa plana encubierta,

a través de un proceso acelerado de convergencia.

El proyecto de Real Decreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,

que será aprobado por el Consejo de Ministros, no fue recibido por la Consejería

hasta el pasado 20 de enero. Pese a que dicho proyecto fue sometido en

septiembre de 2020 al correspondiente trámite de alegaciones, el texto mantiene

inalterada la convergencia acelerada y profunda de los derechos de pago básico

que ya incluía el primer borrador, sobre el que tanto el sector agrario andaluz

como la propia Junta de Andalucía manifestaron su disconformidad, planteando

alternativas que evitaran el perjuicio que se produciría a sus agricultores y

ganaderos si llegara a aprobarse en esos términos.

De manera paralela a las deliberaciones europeas, se han iniciado los debates

en España para definir el nuevo modelo de aplicación en el país. Estos debates

continúan sin que se haya alcanzado ningún acuerdo. Uno de los principales

elementos en discusión es, precisamente, el sistema de derechos de ayudas y

su convergencia futura. En este sentido, la propuesta de la Comisión contempla

su continuidad y la aproximación progresiva de sus valores, sin que sea


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necesario alcanzar una convergencia plena. Las recomendaciones de la

Comisión indican simplemente que se siga avanzando en la aproximación.

El retraso en los debates europeos ha obligado a demorar la entrada en vigor de

la nueva PAC a 2023 y la aprobación de un período transitorio de dos años, cuyo

reglamento permite a los Estados miembros mantener los derechos en su valor

de 2020.

En contra de una convergencia acelerada

El modelo de convergencia gradual aplicado desde 2015 fue acordado entre el

Ministerio y las comunidades autónomas, pero ahora se plantea una

convergencia acelerada, multiplicada por cuatro, y en la que se eliminan límites

máximos a reducciones. Esta aceleración brusca tendrá graves consecuencias

sobre las rentas de una importante cantidad de agricultores y ganaderos

andaluces. Un 25% aún tiene derechos cuyo valor es superior en más de un 30%

al valor medio de su región. Además, existen determinados tipos de

explotaciones que, por los métodos de cálculo del valor de sus derechos en el

pasado, verían sus niveles de renta comprometidos, como es el caso de los

ganaderos que tenían derechos especiales y poca base territorial.

Desde Andalucía no puede compartirse este drástico cambio, aplicado en un

período que debería ser de simple transición, sin que haya habido un acuerdo

previo entre Ministerio y comunidades autónomas y sin estudios que evalúen

adecuadamente su impacto. Además, se altera el nivel de partida sobre el que

se aplicará la futura PAC, condicionando los debates del nuevo modelo español,

aún no acordado, y es la convergencia uno de los elementos objeto del debate

actual.

Dada la trascendencia de esta medida, el mismo 20 de enero se reunió la Mesa

de Interlocución Agraria de Andalucía, constituida por las organizaciones

profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de

Andalucía, junto a la Junta de Andalucía, representada por la Consejería de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y acordó de forma

unánime el documento de rechazo a este Real Decreto.


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La Junta pagó en 2020 más de 236 millones de fondos Feader para el desarrollo rural

La Consejería de Agricultura informa del cumplimiento de la ‘Regla N+3’ en relación a la certificación de las subvenciones de 2017

La Junta de Andalucía ha pagado en 2020, pese a las adversidades del Covid-

19, más de 236 millones de euros de ayudas en gasto Feader (que suponen

300,2 millones en gasto público) del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de

Andalucía 2014-2020. Así, en lo que va de legislatura (2019 y 2020) el Gobierno

andaluz alcanza una ejecución del 28% de los incentivos incluidos en esta

programación que cuentan con financiación del Fondo Europeo Agrícola de

Desarrollo Rural (Feader).

Este montante gestionado por el Gobierno andaluz el pasado año destaca

especialmente por las dificultades añadidas que han supuesto las medidas

establecidas para intentar evitar la propagación del Covid-19 y, además, muestra

la implicación del actual Ejecutivo autonómico con la gestión de estas ayudas,

ya que el porcentaje de ejecución del período 2015-2018 fue del 20%. En

aquellos cuatro años, el Gobierno andaluz anterior abonó ayudas por 382,78

millones de euros mientras que la Junta de Andalucía actual ha pagado, en dos

años, más de 538,85 millones de euros.

El informe presentado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible al Consejo de Gobierno refleja un saldo positivo de 5,8

millones de euros del cumplimiento de la ‘Regla N+3’ de 2017, que permite un

margen de tres años para la certificación y declaración de los fondos relativos a

cada anualidad. Es decir, en función de este requisito financiero establecido en

los reglamentos comunitarios, las ayudas del PDR financiadas con Feader y

programadas en 2017 debían quedar liquidadas, como máximo, en diciembre de

2020. En caso contrario, la cantidad no certificada debería devolverse a Europa,

como ya ocurrió con más de 154 millones de euros del Programa de Desarrollo

Rural del marco anterior (2007-2014). Esta pérdida de fondos respondía, por un

lado, a no haber cumplido a tiempo con la ‘Regla N+2’ que se aplicaba en ese

momento, y, por otro lado, no haber certificado ayudas previstas en ese marco

por valor de más de 100 millones de euros.


CONSEJ

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NO

En el caso concreto del pasado ejercicio, las complicaciones derivadas de la

pandemia por coronavirus han supuesto una causa de fuerza mayor con

repercusiones en la ejecución del PDR que, como contempla la normativa,

permiten a la Junta de Andalucía ampliar este plazo para aquellas subvenciones

que no se hayan podido certificar a tiempo. Las restricciones relacionadas con

el Covid-19 han afectado, por ejemplo, a la disponibilidad del equipo humano

encargado de los trámites o a la posibilidad de realizar controles de campo.

El presupuesto total del PDR 2014-2020 supera los 1.910 millones de euros en

gasto Feader para que, unido a la cofinanciación nacional (Estado-Junta)

alcance los 2.400 millones totales de gasto público que, en su mayoría, se

gestionan a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible y sus agencias. En menor medida, también tramitan

incentivos incluidos en esta programación las Consejerías de Turismo,

Regeneración, Justicia y Administración Local; de Presidencia, Administración

Pública e Interior; de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y

Universidades; y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

La relevancia de estas ayudas radica en la importancia del Programa de

Desarrollo Rural tanto en el ámbito puramente económico como por ser una

herramienta fundamental para la transformación del tejido productivo de

Andalucía.

Fondo pesquero

En cuanto al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) 2014-2020, la

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible es la

encargada de gestionar íntegramente los 137,5 millones de euros que

corresponden a Andalucía. Durante 2020, este Departamento de la Junta ha

ejecutado más de 13,4 millones de euros.

La ‘Regla N+3’ también se aplica a estas ayudas, pero, al igual que ocurre con

las subvenciones del Programa de Desarrollo Rural, es posible justificar ante

Bruselas la reasignación de determinadas inversiones al año 2021 debido al

impacto del Covid-19 en la economía y en la gestión administrativa.


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La normativa sobre calificación ambiental se actualizará para ofrecer más seguridad jurídica

Andalucía aprobará un decreto que homogeneizará los criterios relativos a declaraciones responsables de efectos ambientales

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha

informado al Consejo de Gobierno del inicio de la tramitación del proyecto de

decreto por el que se regula la calificación ambiental y la declaración responsable

de los efectos ambientales, que son competencia de los ayuntamientos o de las

entidades locales en las que delegan estas instituciones. El objetivo del Gobierno

andaluz es simplificar y acabar con la inadecuada regulación de estos

instrumentos en Andalucía, que genera inseguridad jurídica al dar pie a

tramitaciones dispares en los municipios andaluces.

Además, la aprobación de esta nueva norma, que se encuentra en fase inicial

de tramitación tras haber superado el paso de consultas públicas previas,

contribuirá a eliminar barreras innecesarias que se encuentran quienes están

interesados en desarrollar una nueva actividad económica en la comunidad

autónoma. Estas trabas son consecuencia del desfase de la regulación

actualmente en vigor, aprobada hace 25 años.

Esta iniciativa legislativa es un ejemplo más de la apuesta de la Junta de

Andalucía por simplificar los procesos administrativos para mejorar su eficiencia

y facilitar los trámites a los ciudadanos.

La entrada en vigor de este Decreto de carácter ambiental supondrá un avance

en el ámbito de la transparencia del que se beneficiará la sociedad andaluza, ya

que hará posible que todos los ciudadanos interesados puedan conocer si las

actuaciones puestas en marcha en la comunidad autónoma cuentan con el

respectivo instrumento de prevención ambiental. Esta información estará

disponible en el Registro Municipal de Calificaciones Ambientales y

Declaraciones Responsables, de libre acceso para toda la población.


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Homogeneización de criterios en el territorio andaluz

La nueva normativa también ofrecerá importantes beneficios a los empresarios,

que, al contrario de lo que ocurre ahora, podrán tener la certeza de no estar

expuestos a un posible procedimiento sancionador por no haber sometido su

actuación al instrumento de protección adecuado.

Para ofrecer esta garantía a quienes impulsan las iniciativas, la norma establece

la obligatoriedad de una comprobación previa de la declaración responsable de

los efectos ambientales por parte del órgano ambiental local competente, que la

registrará en caso de considerarla procedente. Así, estos instrumentos se

integrarán entre los documentos necesarios para el inicio de la actividad junto a

las licencias y otras declaraciones responsables.

Actualmente, la Ley de aplicación prevé la posibilidad de sustituir la calificación

ambiental de un proyecto por una declaración responsable, pero esta decisión

depende del órgano ambiental local y, por tanto, puede diferir en función de la

ubicación donde se desarrollan los proyectos.

Ante esta situación de discrecionalidad, el Decreto en el que trabaja la

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible apuesta por

homogeneizar los criterios de aplicación de estos instrumentos en el territorio

andaluz, incluyendo un anexo en el que se determinen las actuaciones que

quedan excluidas de esta posibilidad y, consecuentemente, siempre deben ir

acompañadas de una calificación ambiental.

Éste será el caso de los mataderos, las obras costeras, los proyectos de

urbanizaciones, las estaciones de servicio, el almacenamiento y las actividades

relativas a productos inflamables o explosivos, los parques zoológicos en suelo

urbano o urbanizable, los crematorios, las instalaciones radioeléctricas y las

instalaciones industriales para la fabricación, refinado y transformación de

grasas y aceites vegetales y animales.


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Luz verde a la formulación de la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad

Contempla las actuaciones públicas en materia de investigación, innovación, transición industrial y cambio climático entre 2021/27

El Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la formulación de la Estrategia

de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía 2021-2027-S4

Andalucía. Con este instrumento se persigue avanzar en los objetivos y retos de

innovación y adecuarlos al marco socio-económico actual. A ello se suma dar

cumplimiento a los nuevos requerimientos de la Comisión Europea en su

propuesta legislativa de Política de Cohesión para el marco financiero plurianual

2021-2027, con nuevas condiciones habilitantes para el acceso a fondos de

gestión compartida, entre ellos el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER).

La Estrategia S4 Andalucía dará continuidad a la actual RIS3 Andalucía (del

inglés, Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation of

Andalusia). Este documento recogerá las medidas necesarias para mejorar los

modelos productivos de la región, identificando sus puntos fuertes -modelos

innovadores- para poder compartir sus ventajas competitivas con otras regiones

europeas -modelos colaborativos- y poder, de este modo, afrontar con garantías

de éxito los grandes retos sociales y ambientales, inabordables de forma

individual por cada región.

La Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía

2021-2027 servirá de referencia a los agentes públicos y privados implicados en

la transformación económica de la comunidad y articulará el marco estratégico

para una región más inteligente a través de la innovación, el emprendimiento, la

transición industrial y la digitalización. La elaboración de esta Estrategia S4

Andalucía se hará con el personal adscrito a la Consejería de Transformación

Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, por lo que no supone

aumento de gasto o variación en los ingresos de la Administración de la Junta

de Andalucía.

Partiendo de la evaluación de la RIS3, la S4 Andalucía contendrá, en primer

lugar, un diagnóstico donde se identifiquen los problemas y las necesidades y se


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establezcan los retos a los que deberá dar respuesta. En segundo lugar, incluirá

la definición de los objetivos estratégicos y específicos con sus metas asociadas,

en coherencia con la planificación económica, social y ambiental de la Junta.

Especificará, en tercer lugar, las líneas estratégicas, programas, medidas e

instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, asignando

competencias y estableciendo indicadores de realización y resultados.

La S4 Andalucía contará, asimismo, con un sistema de gobernanza participativo,

que integrará a representantes de las empresas, organismos de investigación,

administración pública, sociedad civil y mercado. Todos ellos serán los

responsables de localizar oportunidades empresariales eficaces y eficientes. La

Estrategia deberá contener un sistema de evaluación y seguimiento.

Grupo de trabajo

Para su elaboración, la Consejería de Transformación Económica creará un

grupo de trabajo, presidido por el consejero Rogelio Velasco, en el que

participarán la secretaría general de Empresas y las direcciones generales de

Transferencia del Conocimiento y Planificación Económica. Se unirán a este

grupo responsables en materia de I+D+i de la Consejería de Salud y de Fondos

Europeos (Consejería de Hacienda).

La Agencia IDEA, al ser la entidad instrumental con competencias en materia de

desarrollo y promoción de la actividad económica y del tejido empresarial

andaluz, actuará como oficina técnica de la S4 Andalucía.

El borrador inicial de la Estrategia se someterá a la consideración de todas las

consejerías de la Junta de Andalucía que tengan vinculación a ella, así como de

los agentes económicos y sociales, de tal manera que puedan incorporarse sus

aportaciones. Una vez validado, el titular de Transformación Económica,

Industria, Conocimiento y Universidades elevará la propuesta al Consejo de

Gobierno para su aprobación mediante acuerdo.


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El Gobierno autonómico aprueba el Reglamento del Consejo Andaluz del Fuego

El órgano colegiado se adecúa a la actual estructura orgánica de la Administración de la Junta de Andalucía

El Consejo de Gobierno ha aprobado el reglamento de Organización y

Funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego para incorporar disposiciones

acordes con la actual estructura orgánica de la Administración de la Junta de

Andalucía, especialmente para adaptarla a la estructura de la Secretaría General

de Interior y Espectáculos Públicos.

La actualización a la normativa actual del Decreto 290/2003, de 14 de octubre,

por el que se regula la composición, organización y régimen de funcionamiento

del Consejo Andaluz del Fuego, era necesaria exclusivamente respecto de los

órganos de la Administración de la Junta de Andalucía que lo componen.

El Consejo Andaluz del Fuego tiene como finalidad constituir un instrumento de

participación y coordinación de las administraciones públicas y agentes sociales

en materia de servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento,

adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior,

competente en materia de protección civil.

El Consejo Andaluz del Fuego funcionará en Pleno y en Comisión Permanente.

El Pleno estará compuesto por:

• Presidencia: titular de la Consejería competente en materia de protección civil.

• Vicepresidencia: titular de la Viceconsejería competente en materia de protección civil, quien, además de las funciones previstas en las

disposiciones de desarrollo del presente decreto, o aquellas que pudieran

serle encomendadas por la presidencia, sustituirá a ésta en los casos de

vacante, ausencia o enfermedad.

• Vocales: titular del órgano directivo competente en materia de interior con rango, al menos, de director o directora general; titular del órgano directivo

competente en materia de protección civil con rango, al menos, de director

o directora general; titular del órgano encargado de la formación y


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perfeccionamiento del personal de seguridad pública, en las áreas de

policías, bomberos y protección civil: titular del órgano directivo

competente en materia de Administración Local con rango, al menos, de

director o directora general; dos vocalías designadas por la persona titular

de la Consejería competente en materia de protección civil; diez vocalías

designadas por la entidad asociativa municipal con mayor

representatividad en Andalucía; seis vocalías designadas por los

sindicatos más representativos en el ámbito de la Administración Local en

la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Actuará como titular de la secretaría una persona designada por la presidencia entre el funcionariado de la Consejería competente en

materia de protección civil, con rango, al menos, de jefatura de servicio.

Por otro lado, en la composición de la Comisión deberá respetarse la

representación equilibrada de mujeres y hombres en los términos previstos en el

apartado 2 del artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la

promoción de la igualdad de género en Andalucía y los artículos 18 y 19.2 de la

Ley 9/2007, de 22 de octubre, incluyendo en el cómputo a aquellas personas que

formen parte de los mismos en función del cargo específico que desempeñen.

La Comisión Permanente estará formada por:

• Presidencia: la persona titular de la Viceconsejería competente en materia de protección civil.

• Vicepresidencia: una persona designada por la entidad asociativa municipal con mayor representatividad en Andalucía de entre sus vocales

del Pleno, correspondiéndole sustituir a la presidencia en los casos de

vacante, ausencia o enfermedad, así como el ejercicio de las funciones

que le fueran encomendadas por ésta.

• Vocales de la Comisión Permanente: titular del órgano directivo competente en materia de interior con rango, al menos, de director o

directora general; titular del órgano directivo competente en materia de

protección civil con rango, al menos, de director o directora general; titular

del órgano encargado de la formación y perfeccionamiento del personal

de seguridad pública, en las áreas de policías, bomberos y protección

civil; titular del órgano administrativo competente en materia de

Administración Local con rango, al menos, de director o directora general;

cuatro personas designadas por la entidad asociativa municipal con

mayor representatividad en Andalucía, en representación de la

Administración Local; tres personas designadas por los sindicatos más

representativos en el ámbito de la Administración Local en la Comunidad

Autónoma de Andalucía.


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La Junta aprueba 9,7 millones para la planta de

tratamiento de biorresiduos de la Sierra de Cádiz

La actuación de Economía Circular persigue recuperar la basura orgánica biodegradable de los 19 municipios de la comarca

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Desarrollo Sostenible una inversión de 9,7 millones de euros para

ejecutar las obras correspondientes a una planta de tratamiento de biorresiduos

procedentes de la recogida selectiva. Esta actuación, consistente en la

construcción de una planta de compostaje, se enmarca en el Proyecto de

Economía Circular de la Sierra de Cádiz.

La planta de tratamiento de biorresiduos es una de las actuaciones

contempladas en la ITI de Cádiz y responde a los planteamientos de la Unión

Europea con el fin de evitar que estos residuos acaben depositados en

vertederos y generando emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho,

el tratamiento de los biorresiduos se recoge en las líneas de Next Generación,

planteando la necesidad de su recogida separada y su posterior tratamiento.

La Junta de Andalucía apoya un proyecto que apuesta por la economía circular

y la lucha contra el cambio climático, dos importantes pilares en los que se

sustenta su Revolución Verde.

La recogida y tratamiento de biorresiduos en la Sierra de Cádiz

El proyecto pretende implantar un sistema de recuperación de los biorresiduos

de 19 términos municipales de la comarca de la Sierra de Cádiz. Esto se lleva a

cabo de manera eficiente mediante la aplicación de las mejores técnicas

disponibles de segregación, recogida, transporte y tratamiento desarrollando en

el territorio una estructura de empresas e instalaciones especializadas en dicho

proceso que concluya en la preparación para la reutilización y el reciclado de

estos residuos.

La eficiente gestión de estos residuos y su aprovechamiento como compost es

de gran interés para la agricultura y la jardinería como abono orgánico, el

paisajismo o para el control de la erosión. Al mismo tiempo se favorece el


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desarrollo de la conciencia ambiental y se incide en el crecimiento económico y

la creación de empleo verde.

19 municipios y 120.000 beneficiarios

Los municipios que componen la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz tienen

una extensión de 2.000 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de

120.000 personas, con poblaciones que oscilan entre los 500 y los 30.000

habitantes. Los 19 municipios son Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de

la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, Espera, El Gastor, Grazalema,

Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre

Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.

La mayor parte de la superficie de esta comarca se encuentra dentro del Parque

Natural Sierra de Grazalema. Por sus características geográficas, sociales y

económicas y, en particular, por su valor ecológico, es un espacio óptimo para

implantar un sistema de gestión eficiente que sea un compendio de técnicas

sobradamente contrastadas en otras regiones de España y Europa y que se

diseñe a la medida de los municipios que constituyen la mancomunidad

rompiendo con el actual sistema que se ha demostrado poco eficiente.


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Un total de 88 beneficiarios reciben casi 1,5 millones de euros de ayudas al arte sacro

El Gobierno andaluz muestra su compromiso con la conservación del patrimonio histórico de carácter religioso

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la resolución, por parte de

la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, de la concesión de

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la conservación-

restauración e inventario de bienes muebles del patrimonio histórico de carácter

religioso en Andalucía.

Con esta iniciativa, pionera en España y Andalucía, se atiende por primera vez

al patrimonio histórico de carácter religioso en la comunidad, contribuyendo a su

conservación, conocimiento y difusión. Será, igualmente, un instrumento para el

estímulo de la economía a través de la creación de puestos de trabajo

especializados vinculados a la conservación y a la restauración, y un refuerzo

para el turismo cultural, atraído por la belleza de las tradiciones andaluzas.

Así, el 25 de mayo de 2020 se procedió a la publicación de la convocatoria de

dos líneas de ayudas a las que se destinaron 750.000 euros, en concreto,

495.000 euros para la línea 1, dirigida a la conservación-restauración de bienes

muebles del patrimonio histórico de carácter religioso, y 255.000 euros para la

línea 2, destinada a su inventario.

El éxito de la convocatoria ha propiciado, mediante expedientes de ampliación

de crédito, que la cuantía inicialmente prevista se haya visto duplicada,

habiéndose concedido finalmente 1.442.225,43 euros en ayudas para un total

de 88 beneficiarios. En concreto, en la línea 1 han resultado beneficiarios 73

entidades, que percibirán 1.267.131,42 euros, mientras para la línea 2 se han

concedido 175.094,01 euros de ayudas para 15 beneficiarios.

De este modo, el Gobierno andaluz reconoce el compromiso, esfuerzo y

dedicación de las hermandades, cofradías, corporaciones, parroquias y órdenes

religiosas en el cuidado del patrimonio histórico de carácter religioso en

Andalucía con un doble objetivo: ayudar en la preservación del rico patrimonio

andaluz e incentivar a un sector, conformado principalmente por autónomos,


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pequeñas empresas y artesanos, que se ha visto gravemente afectado por la

crisis sanitaria.

Las subvenciones, en cifras

Las propias exigencias contenidas en las bases reguladoras de las ayudas al

arte sacro de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico han promovido la

formación de equipos multidisciplinares de trabajo bajo la dirección de técnicos

responsables, lo que va a permitir la generación de empleo en un amplio número

de profesionales. Entre ellos se beneficiarán, al menos, 70 restauradores, 50

historiadores y 24 fotógrafos, además de químicos, arquitectos y otros

profesionales como los especialistas en técnicas artesanales integrados en los

distintos equipos de trabajo.

Además, las ayudas han supuesto una herramienta al servicio de la cohesión

territorial de las ocho provincias andaluzas, con un 70% de los proyectos en

ciudades medias y pequeños municipios y el 30% restante, en las capitales

andaluzas. Han resultado beneficiarios 51 hermandades y cofradías, 26

parroquias, seis órdenes religiosas, cuatro obispados y una fundación.

Gracias a estas subvenciones se va a actuar en dos proyectos en Almería, 17

en Cádiz, diez en Córdoba, nueve en Granada, ocho en Huelva, cuatro en Jaén,

seis en Málaga y 32 en Sevilla en una amplia diversidad de bienes, como 30

esculturas, 16 retablos, 16 conjuntos textiles, ocho pinturas sobre lienzo o tabla,

una pintura mural y dos pasos procesionales. Igualmente, se han realizado

nueve trabajos de inventario, comprendiendo tanto patrimonio mueble como

documental y bibliográfico.


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Manuel Antonio Conde, delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva

Graduado en Educación Social, es funcionario de carrera y tiene una amplia trayectoria sindical y en el sector del voluntariado

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Manuel Antonio Conde

del Río como nuevo delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y

Conciliación en Huelva.

Graduado en Educación Social y Máster en Comunicación y Educación

Audiovisual por la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de

Andalucía, Manuel Antonio Conde es funcionario de carrera.

Cuenta con una amplia trayectoria sindical y en el sector del voluntariado. Entre

otras funciones, es miembro del Consejo Independiente de Protección de la

Infancia desde 2014, desarrolla labores de comunicación y como educador en el

Scout Movement y es educador social en ACCEM en el marco del programa de

atención humanitaria a personas inmigrantes.

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