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Popayán, Octubre 24 de 2017
Conflictos y movilizaciones por el derecho al territorio,
los derechos de la naturaleza y su protección, en la Cordillera
del Tambo, departamento del Cauca, Colombia
Una alternativa de participación y comunicación en épocas de
posconflicto
Alexander Luna Nieto1
La presente investigación sobre “Conflictos y movilizaciones por el derecho
al territorio, los derechos de la naturaleza y su protección, en la Cordillera del
Tambo, departamento del Cauca, Colombia” es un fenómeno que representa el
impacto del momento histórico y político por el cual atraviesa el país, en el marco
de los actuales procesos de salidas negociadas al conflicto con las guerrillas de las
FARC y el ELN.
En esa medida, detenerse a reflexionar sobre la actualidad del país, desde lo
local, desde las experiencias de los habitantes que viven (Van Manen, 2016) en los
rezagos de una honda de expansión, nos obliga a transitar más allá del rol y los
servicios educativos ofertados por la Academia (Alape, 1985), del Estado, tanto en
su talante moralizador (Nussbaum, 2012), como en su rol normalizador (Foucault,
2009) y de la sociedad civil; en la consideración de las Ciencias Humanas y Sociales
(Osorio, 2014).
1 Licenciado en Filosofía, Universidad del Valle. Maestrante en Ciencias Humanas y Sociales, Universidad del Cauca. Miembro del Grupo de Investigación PRE-TEXTOS del Programa Académico de Trabajo Social de la Fundación Universitaria de Popayán. Miembro del Grupo de Investigación FENOMENOLOGÍA Y CIENCIA de la Universidad del Cauca.
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Comprender las experiencias vividas (Van Manen, 2016) en el marco de los
conflictos y las diversas movilizaciones por el derecho al territorio, los derechos de
la naturaleza y su protección, en el Departamento del Cauca implica pensar, tanto
en los roles desempeñados por la academia (Aguirre, 2015) como por el Estado. En
tanto produce normas, agencia ciudadanías y subjetividades (Dussel, 2009),
evidenciando que la academia y el estado ejercen una serie de mecanismos de
poder localizados en modos paradigmáticos de asumir e incluir la diferencia, y por
tanto ejerciendo violencia en su humanidad negada por las inclemencias de la
guerra, empobrecida por el desplazamiento forzado, por el uso, manejo y tenencia
sobre la tierra y el territorio, por los conflictos mineros, por la exclusión política, la
desigualdad económica, los cultivos de uso ilícito, y, por lo general, reducida a una
estadística más (Schindel, 2013). Por lo que nuestra pregunta de investigación es:
¿Cuáles son las alternativas de participación y comunicación que ofrece el
Estado colombiano a los conflictos y las diversas movilizaciones por el derecho al
territorio, los derechos de la naturaleza y su protección? y específicamente ¿Cómo
los habitantes de la Cordillera del Tambo, departamento del Cauca, Colombia,
han vivenciado estas alternativas?
Por lo que, resulta fundamental comprender las experiencias vividas de las
personas que han sido víctimas de los conflictos y las diversas movilizaciones por el
derecho al territorio, por los derechos de la naturaleza y su protección, en la
cordillera del Tambo, departamento del Cauca. Para plantearnos otros modos de
investigación en Ciencias Humanas y Sociales. Modos que se han ido configurando,
además del trabajo adelantado en el Semillero de Investigación: ALTERIDADES Y
CONDICIÓN HUMANA (Popayán, 2015) que responde a la Línea de Investigación:
Desarrollo Regional y Gestión Social del GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES EN CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES.
Otros, como los estudios adelantados en el marco de la Maestría en Ciencias
Humanas que se lleva a cabo en la Universidad del Cauca, y finalmente, la
participación en el grupo de investigación denominado FENOMENOLOGÍA Y
CIENCIA, de la misma institución académica.
Esta investigación tiene como referentes teóricos, tanto los diversos marcos
conceptuales y paradigmáticos, como los modos en los que se han conceptualizado
y las metodologías aplicadas en el trabajo con personas que han sido víctimas de
conflictos y las diversas movilizaciones por el derecho al territorio, por los derechos
de la naturaleza y su protección, en la cordillera del Tambo.
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En esta medida víctima, es aquel otro que siendo quien que me interpela, es
con quien creamos relaciones, esas que más que una adecuación, nos llevan a
encontramos en una especie de negociación (Aguirre, 2015). Las personas víctimas
están cargadas de intencionalidad y, por ende, producen una serie de juegos del
lenguaje y de poder que también agencian la Academia y el Estado (Molano, 2017).
Aquello que negocian e interpelan las personas víctimas, es su necesidad de vivir.
Porque, en este caso, narrar las experiencias de vida de las personas que han sido
víctimas, desvela la fuerza de las circunstancias en la construcción de su propia
existencia, desde sus sentidos.
Es fundamental el reconocimiento de la existencia fáctica de las personas
víctimas. Toda ésta propuesta asume la necesidad de pensar la vida humana a
partir de la existencia de quienes han sido víctimas de los conflictos y las diversas
movilizaciones por el derecho al territorio, por los derechos de la naturaleza y su
protección, esto es, de los excluidos del “sistema mundo”. Que permiten pensar el
encubrimiento en términos de un posicionamiento crítico hacia la modernidad
porque:
La Modernidad se originó en las ciudades europeas medievales, libres,
centros de enorme creatividad. Pero "nació" cuando Europa pudo
confrontarse con "el Otro" y controlarlo, vencerlo, violentarlo; cuando pudo
definirse como un "ego" des- cubridor, conquistador, colonizador de la
Alteridad constitutiva de la misma Modernidad. De todas maneras, ese Otro
no fue "des-cubierto" como Otro, sino que fue "en-cubierto" como "lo
Mismo" que Europa ya era desde siempre. De manera que 1492 será el
momento del "naci- miento" de la Modernidad como concepto, el momento
concreto del "origen" de un "mito" de violencia sacrificial muy particular y,
al mis-mo tiempo, un proceso de "en-cubrimiento" de lo no-europeo.
(Dussel, 2009)
Ésta perspectiva nos ubica en los modos históricos en los que surge el
conflicto, como pretensión de apropiación individual de todos los aspectos de la
vida. Históricamente, en occidente, el conflicto surge por la pretensión humana de
violentar al otro, lo que produce deseos de posesión, adquisición y acumulación de
capital, manifestado en la posesión de la tierra (Molano, 2016).
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Deviniendo el Estado en otro actor del conflicto, susceptible también de ser
estudiado. Tales encubrimientos operados por los marcos normativos diseñados
por el Estado, asumido ahora desde el avance e incursión de las normas que
pretenden regular la atención a las personas víctimas del conflicto armado en
Colombia, nos arrojan a pensar en perspectiva moral y jurídica que permitan
trascender la perpetuación de las personas que han sido víctimas, en su humanidad
negada, en la superación y alternativas al conflicto y las actuales reivindicaciones
de los victimarios (Córdoba, 2016).
Sin embargo en Colombia se encubren las vivencias que no están ligadas al
conflicto armado, moviéndonos sobre un "relato histórico, colectivo, narración de
nación en el que no nos encontramos” (Perea, 2017). De ahí que, hablar de derecho
al territorio, de los derechos de la naturaleza y su protección, nos afirma distintos
“lenguajes de valoración” (Gudynas, 2014, pág. 85), donde los actores locales se
organizan de una u otra manera para reclamar mediante distintas expresiones su
presencia, autoridad o derechos.
Por tanto, el conflicto en Colombia, debe pensarse más allá de lo armado, ya
que, en su definición se exige tener una posición frente a algo, es decir, que hay
varias partes involucradas en un mismo asunto y entre ellas, una tiene que ceder,
de ahí que se hable de, confrontación y/o negociación. Existe un conflicto cuando
una de las partes interfiere con la otra. Ahora bien, en Colombia, existen diversos
tipos de conflictos, entre ellos el conflicto por los extractivismos mineros, casi todos
se entienden según Gudynas dentro de la “tríada ambiente/sociedad/mercado”, por
ello lo define como
(…) dinámica de oposiciones, que resulta de diferentes valoraciones,
percepciones o significados sobre acciones, que discurre como un proceso
que se expresa en acciones colectivas, donde los actores en oposición
interaccionan entre sí en ámbitos públicos (Gudynas, 2014, pág. 87)
Es interesante abordar la perspectiva del autor porque toma otra dimensión
del conflicto, por un lado que lo ancla directamente a los extractivismos mineros, y
de otro lo expresa desde la percepción de las acciones colectivas. Lo cual comparte
con la socióloga Sassen, cuando menciona que el territorio no es un simple atributo
sino una institucionalización compleja que se constituyen mediante procesos
específicos y surge de luchas e intereses conflictivos. (Sassen, 2015. a., pág. 23)
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La postura de Sassen frente al territorio, será asumida para la presente
propuesta, en la medida que asume el concepto como un constructo histórico, en el
que convergen procesos específicos, de intereses, luchas y competencias de las
comunidades. En esa medida se podría expresar el territorio nacional “concebido
éste como un conjunto elaborado de normas y capacidades administrativas
nacional” (Sassen, 2015. a., pág. 340). Sin embargo, el territorio nacional se ha
desdibujado en sus líneas fronterizas, desde una acción política, y ha dado paso a
un territorio “nómada”, puesto que, la jurisdicción nacional asume otros países en
la cabeza.
Inmersos en las lógicas de las políticas neoliberales, los planes de la
locomotora del desarrollo y con ello los extractivismos, Colombia erige un
andamiaje de mano a los sistemas globales que permite la “redistribución interna
del poder”, ya que, como lo menciona Sassen, la naturaleza del poder se desplaza
hacia la rama ejecutiva, y el aparato político crea una división formalizada entre la
esfera pública y la esfera privada. (Sassen, 2015. a., págs. 335-379)
El territorio es un “conjunto contingente de prácticas y objetos que pueden
diferenciarse” (Sassen, 2015. a.), de ahí que se hable de territorios, ya que este
refiere a una construcción que surge de la vivencia y el uso del espacio por los
actores sociales. Es un producto de la historia, en el que confluyen componentes
geográficos, económicos, ideológicos, culturales, políticos y por supuesto, los
significados que cada actor social hace de su entorno. Las instituciones políticas,
los actores y agentes sociales, ostensiblemente provocan cambios que se expresan
en una multiplicidad de apropiaciones del territorio. Dichas transformaciones
manifestadas desde lo político, lo económico, lo cultural o lo social, promueven
procesos como la desnacionalización, que en palabras de Sassen, se define como
“transformación territorial e institucional del poder y la autoridad del Estado”.
(Sassen, 2015. a.)
La desnacionalización, legitima y faculta de poder institucional a otros
agentes -extranjeros-, no obstante, a quien corresponde dicho poder, es al Estado
nacional. Esto es que, las multinacionales extractivistas, tiene derechos sobre el
territorio y la naturaleza. Introducidos en las dinámicas de estas transformaciones,
Colombia debe indemnizar las empresas extractivas, si no se proveen todas las
garantías para que estás puedan explotar libre y seguramente los bienes naturales
no renovables del país, y en suma a ello, les debe brindar potestad para extraer
todos los minerales del subsuelo.
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En ese contexto económico, político, social y cultural que se estaba
conformando, la naturaleza se asume como un recurso puesto al servicio de las
necesidades humanas. De modo que, puede y debe ser explotada para cubrir las
necesidades del ser humano, aun cuando los “recursos” que ella produce sean no
renovables, es decir, que lo que existe en los territorios, es lo único que existe en el
mundo. Por esta razón en la presente propuesta se habla de bienes naturales, ya
que, al decir de Orduz, heredamos como nación, una riqueza que debería ser
custodiada por el Estado (Orduz, 2013). Un bien, según la real academia española,
es un patrimonio, no obstante, para esta abogada se trata de un patrimonio
nacional, que no puede ser vendido, en caso tal
El Estado no está previendo que los daños van a costarle más que el
ingreso por regalías, porque no está calculando la pérdida de especies,
de ríos, el deterioro ambiental, los desplazamientos que a fuerza
causa este asunto, las indemnizaciones (Orduz, 2013)
Sin embargo, los lineamientos legales y normativos permitieron cosificar los
bienes naturales del país, dispuestos como recursos que circulan en el libre
mercado. Así, la extracción de bienes no renovables del país, haría que Colombia
saliera de su pobreza, de sus dificultades educativas, sobre la salud y otros
aspectos, que según el Plan de Desarrollo (DNP, 2014-2018) nacional del gobierno
de turno, la Locomotora minera iba a proveer.
No obstante, los lugares donde intervienen los extractivismos están
desprotegidos, abandonados, en conflicto constante. Diversos estudios constatan
que los excedentes de la minería y el petróleo no provocan mejoras significativas en
las condiciones de vida de la población: la red de mercados es débil, la producción
interna no es suficiente para abastecer los territorios donde se ubican las
explotaciones minero-energéticas, las vías internas son deficientes y las troncales
que las atraviesan no dan origen a procesos endógenos de desarrollo (Guerrero,
2012, pág. 4)
Las categorías del conflicto en Colombia han sido hegemonizadas por el
conflicto armado y lo que no aparece vinculado a los modos como se conceptualiza
la violencia en Colombia desaparece (Perea, 2017), los extractivismos generan
personas víctimas, desplazamientos, atrocidades contra la naturaleza, entre otros
factores. Ejerciendo a través de la violencia control sobre la tierra y sobre el Estado
(Molano, 1995). Así, la naturaleza puesta al servicio de las necesidades del ser
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humano, es una medida adoptada y sustentada por multinacionales extractivas,
como la Anglo GoldAshanti (AGA), empresa sudafricana que posee 341 concesiones
mineras, lo cual la convierte en la mayor poseedora de títulos mineros a nivel
nacional (Valencia, 2013). La AGA, asegura que lejos de hacer daño en las zonas
donde intervienen, llevan desarrollo a través del cuidado y protección no solo el
medio ambiente, sino también el entorno comunitario y familiar.
Según la AGA, la minería bajo procedimientos estrictos de control y
vigilancia, hacen del oro un elemento trascendental para la humanidad, ya que,
ningún dispositivo tecnológico moderno existiría sin este metal. Para obtener el
mineral, la tierra y la piedra deben ser sometidas a procedimientos de difícil
extracción; una vez conseguido, se necesita de un elemento químico que permita
separar el oro, de la piedra y de otros elementos a los cuales se encuentra adherido.
Para ello, conviene el uso del cianuro, ya que éste, es el único proceso amigable con
el medio ambiente, según sus declaraciones aunque es tóxico, también es
“degradable, de fácil manejo, de bajo riesgo y reutilizable” (AngloGold, 2013).
Además aseguran que aunque el cianuro se relacione con enfermedades,
intoxicación o muertes, este producto gracias a sus propiedades químicas es usado
en una serie de procesos, como textiles, elementos de aseo, entre otros. “Sin
embargo, el cianuro es un poderoso asfíxco (así llamado porque fácilmente
reemplaza al oxígeno en muchas reacciones químicas), altamente venenoso y
altamente reactivo” (Sassen, 2015. b., pág. 182)
La AGA afirma que la minería causa pánico porque se ha relacionado con los
procesos de minería ilegal, los cuales han impacto con el uso del mercurio,
elemento químico que causa daños irreparables, “esto ha afectado la imagen de la
actividad minera a escala global” (AngloGold, 2013)
En América Latina existen “alrededor de 200 conflictos mineros” (Zibechi,
2013), en Colombia según los registros del DANE existen 1.123 municipios, de los
cuales 519 son mineros, en estos municipios “la presencia institucional es bastante
débil y la incidencia del conflicto, medida como la victimización de la población
civil, es mucho mayor” (Ibáñez & Laverde, 2013).
Si bien es cierto, Colombia ha sido un país que ancestralmente práctica la
minería como forma de subsistencia, pero ha prevalecido la principal actividad
económica, a saber, la agricultura. Esto es que, en los territorios se ha podido hacer
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minería y conservar la tierra, no obstante, los rezagos de una empresa extractivista
(legal o ilegal) sobre el territorio son funestos.
Bajo los discursos de las mejoras en la calidad de vida de los habitantes
donde intervienen los extractivismos mineros legales o ilegales, la población asume
estas prácticas como sus formas de subsistencia, ya que, al decir de las
comunidades de la cordillera del Tambo, cuándo se cultiva un alimento, existe el
riesgo de que se dañe, de que las condiciones climáticas lo deterioren, o
simplemente de que no haya cómo sacar el producto de los lugares de cultivos, en
cambio el oro, tiene comprador incluso antes de extraerlo de las profundidades de
la tierra.
Situación similar al problema de los cultivos de uso ilícito, que se convierte
en una alternativa jugosa, ante la debilidad de la presencia del Estado en lugares de
difícil acceso, por la tensión de los conflictos socioeconómicos, culturales y
ambientales. El Tambo, ha sido catalogado como zona roja por casi 50 años, la
complejidad de sus conflictos es un reflejo no solo del departamento del Cauca,
sino también de Colombia, existen escasas alternativas laborales, falta de
fortalecimiento a los procesos educativos, uso inadecuado del tiempo libre,
deterioro de la naturaleza, agotamiento de agua (Cáceres & Rincón , 2013), entre
otros aspectos.
En el intento por subsanar la pobreza que acaece sobre Colombia, promover
una serie de mejoras nacionales que propenden por la “movilidad social; la
transformación del campo; seguridad, justicia y democracia para la construcción de
paz; y crecimiento verde” (DNP, 2014-2018). Presupuesto que dio inicio con la
incursión de las políticas neoliberales del ex presidente César Gaviria, entre 1990 y
1994 (Chamorro, 2014, pág. 47), y con cada gobierno han ido tomando más fuerza.
De esta manera Colombia se enmarca en el siglo XX, según Álvaro Uribe Vélez ex
presidente de Colombia y actual senador del país, en su mandato de gobierno,
sobre la actividad minero energética, durante sus ocho años de mandato “la
superficie de hectáreas con título minero pasó 1,13 millones a 8,53 millones. Y las
hectáreas tituladas en los páramos se duplicaron con creces” (Osorio, 2010), a
pesar de que existía una reforma al código minero que regulaba la explotación y
prohibía que se hiciera en páramos.
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La política de Uribe acogía la explotación a gran escala en el país, sin
embargo, las condiciones particulares de orden político, le impidieron llevar a cabo
dicho proceso como lo había planteado, esto refiere a los grupos guerrilleros, que
desde hace más de 50 años se ubican en algunos territorios rurales, y quienes
impedían acceder a los lugares donde se asentaban.
A esta política continuada desde el 2010 hasta la actualidad, por el
presidente Juan Manuel Santos, también le acompañan los grupos guerrilleros, de
modo que, su propuesta radicó en los procesos de paz, específicamente con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo cual permitirá que
dichos actores se vinculen a la vida legal y actúen en otros territorios diferentes a
los acostumbrados, esto es, apartar la insurgencia de los territorios posiblemente
explotables en términos mineros.
Ahí donde la guerrilla de las FARC residía, el gobierno aseveró la protección
estatal, sin embargo, actualmente no hay presencia militar que resguarde la vida de
las personas, lo que ha producido que los grupos al margen de la ley se apoderen de
estos espacios, para dar rienda suelta a una nueva era de violencia que devela un
futuro devastador.
Esta investigación de corte fenomenológico, se lleva a cabo a través del
dialogo comprensivo con las personas que han sido víctimas de todos estos
procesos, lo que da lugar al análisis de las instituciones que producen los discursos
y los modos de representación acerca de las personas víctimas del conflicto en la
cordillera del Tambo, Departamento del Cauca. La revisión exhaustiva de las
fuentes bibliográficas bibliográficas del fenómeno, nos permitió tener una lupa de
visión sobre la realidad, sin embargo, también es preciso desvestirse de estas
técnicas, para lograr un diálogo fluido con la gente, poder escuchar y comprender
los “motivos-porque y los motivos-para” (Schütz, 1993) que han tenido las personas
para actuar de tal o cual modo, no es gratuita la actual realidad de la cordillera del
Tambo.
De ahí que la revisión de fuentes primarias sea con la comunidad, “El
análisis fenomenológico necesita material vivencial sobre el que pueda trabajar la
reflexión” (Van Manen, 2016). De ahí que lograr acercamientos con la comunidad
consista en el primer paso para observar la realidad vivida de los habitantes, en ese
intento de aproximación. Ya han existido acercamientos que permitieron reconocer
los momentos históricos de la cordillera del Tambo y en qué circunstancias se
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encuentra actualmente sus habitantes, lo cual resultó en una propuesta
contundente para contribuir al desarrollo socioeconómico en la participación y
comunicación de sus habitantes, a quienes le han vulnerado sus derechos al
territorio, los derechos de la naturaleza y su protección.
Resulta fundamental mantener un diálogo constante con la comunidad, oír
atentamente las narraciones de comunidad, quienes tienen profundos sentimientos
de esperanza en los procesos de posconflicto. Por un lado tenemos los cultivos de
uso ilícito y por el otro la minería ilegal, lo que nos llevó a proponer alternativas de
participación y comunicación con la comunidad desde una perspectiva productiva,
ya que, las personas suelen trabajar, luchar y movilizarse en grupos, por ende nos
remitimos al sector solidario, puesto que entre los puntos del acuerdo final de paz,
se especifica que para llevar a cabo lo acordado se necesita, seguir haciendo
pedagogía de los acuerdos, para que la población sepa dónde acudir, cómo hacerlo
y bajo qué requisitos. De otro lado, se demanda que el Gobierno destine los
recursos necesarios y ejecute lo acordado, así, organizar la comunidad dentro del
sector solidario, permite canalizar los recursos para que lleguen directamente a las
manos de la población que ha sido víctima del conflicto. Y finalmente, se invita a la
sociedad colombiana a participar en la “implementación, veeduría y control social”
(Santos Calderón, y otros, 2016), de ahí que, el Tambo, pueda participar en estos
mecanismos.
El sector solidario, se define como un principio de vida y fuente generadora
de riqueza económica y capital social, lo cual permite que las organizaciones en la
participación, democracia y autogestión sean socialmente competentes y
económicamente sostenibles, posee varios campos de acción, entre los que
encontramos, social, cultural y educativo; medio ambiente y salud; participación
ciudadana y civismo, promoción de colectivos y derechos humanos; desarrollo
socioeconómico y tiempo libre; entre otros. (DANSOCIAL, 2007).
De modo que, a través de la creación de empresas del sector solidario se
puede ofrecer una alternativa de participación en procesos de posconflicto y
comunicación de empalme con las personas mayores y los jóvenes para lograr un
trabajo integral y armonioso en pro del desarrollo socioeconómico. Así, la
población decidirá qué tipo de proyecto quiere implementar según sus
conocimientos, y nosotros podremos ayudar a la sensibilización, creación y
fortalecimiento de organizaciones sociales y solidarias con enfoques de género,
etnia, ambiente, territorialidad y DDHH para el pos conflicto, y lograr la
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construcción de una paz estable y duradera de la mano con la comunidad. De tal
modo que, una vez lograda la creación de las empresas, se concrete un proyecto
para orientarlo al banco de convocatorias de la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias (UAEOS).
Por lo que, esperamos que nuestra propuesta impacte positivamente en la
región:
Impacto esperado Plazo (años) después de
finalizado el proyecto:
corto (1-4), mediano (5-
9), largo (10 o más)
Indicador
verificable
Supuestos*
1). Capacitación en
economía solidaria y
organización social.
2 años. Certificado
s en Curso Básico
en Economía
Solidaria.
Los líderes
de las
comunidades
aceptan y
acompañan estos
procesos.
2). Aceptación social
de las personas
víctimas del conflicto
y excombatientes.
3 años. Encuestas
y entrevistas a
profundidad.
Las
comunidades
conviven con
víctimas del
conflicto armado
y excombatientes.
3). Mejoramiento en
la calidad de vida, a
través de la
implementación de
proyectos
productivos propios
de la región con las
3 años. Evaluación
de calidad
Las
personas víctimas
del conflicto
armado
desarrollan
proyectos
12
personas víctimas del
conflicto de la
cordillera del Tambo.
productivos.
4). Progreso en el
clima organizacional
de las empresas. A
través de la
implementación de
procesos de
adecuadas
interacciones sociales
de las personas
víctimas del conflicto
armado en el
Departamento del
Cauca.
4 años. Encuestas
de clima
organizacional.
Las
empresas y
organizaciones
mejoran su clima
laboral.
5). Promoción de
procesos de
empoderamiento
individual, grupal y
comunitario para
alcanzar bienestar
común de las
personas víctimas del
conflicto y la sociedad
en general.
1 año. Encuestas
y entrevistas a
profundidad.
Las
personas víctimas
del conflicto
armado en el
Departamento
del Cauca se
empoderan y
crean
mecanismos
alternativos de
sustento y
bienestar.
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