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CONFLICTOS HÍDRICOS ENTRE MINERÍA Y COMUNIDADES INDÍGENAS
EN CHILE: UNA APROXIMACIÓN ONTOLÓGICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C.
2019
CONFLICTOS HÍDRICOS ENTRE MINERÍA Y COMUNIDADES INDÍGENAS
EN CHILE: UNA APROXIMACIÓN ONTOLÓGICA
Trabajo de grado para optar por los títulos de politóloga e internacionalista
CAMILA MEJÍA SALAMANCA
DIRECTOR DEL TRABAJO
MIGUEL GOMIS BALESTRERI
Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C.
2019
Agradecimientos
A mi director por su gran guía, apoyo y ánimo desde el comienzo del proceso. Por
impulsarme siempre a hacer un mejor trabajo.
A todos los entrevistados que me recibieron tan amablemente en su país y compartieron
conmigo su valiosa perspectiva.
A Nicolás por su aporte gráfico. A María del Rosario por su paciencia. A Simón por
terminar de convencerme de estar en el lugar indicado. A Catherine por su indispensable e
incondicional ayuda.
La minería para Chile es, prácticamente, el sustento del país, su estructura y su desarrollo.
O sea, en el fondo, sin la minería, prácticamente desde la independencia a la fecha, Chile
sería un país bastante pobre, muy atrasado
(Académico Ingeniero de Minas)
El agua llega, crea la naturaleza, crea la vegetación, crea la fauna, crea los paisajes que
hoy en día vemos. (…) Agua, pacha mama, ser humano, o seres vivientes, somos uno solo.
Si uno se afecta obviamente que este cosmos también se ve afectado. Si mi agua se ve
afectada, yo como ser humano también me veo afectado, mis hermanos menores que son,
en este caso, los flamencos, los animales, también se ven afectados. Para qué decir la
pacha mama, no produce. Entonces tiene un significado bien importante, es vida, agua es
vida, eso es.
(Representante atacameño)
Resumen
El presente trabajo se pregunta por el papel que han tenido las concepciones sobre el agua en
los conflictos vinculados con la explotación minera y el pueblo atacameño en Chile. Para
analizar los conflictos se propone una aproximación ontológica y centrada en la subjetividad
y narrativas de los actores, apoyándose en los postulados de la ecología política, el framing y
el enfoque ontológico. A través de una metodología cualitativa, se explora el contexto nacional
de Chile y las relaciones entre el modelo económico, la minería y los pueblos indígenas. Como
caso de estudio se toma el conflicto de Pampa Colorada en el desierto de Atacama. A partir de
ello, se analizan las percepciones del conflicto por parte del Estado, las compañías mineras, el
pueblo atacameño y sus apoyos en las organizaciones no gubernamentales (ONG). Luego, se
caracterizan y comparan las perspectivas ontológicas de las partes y su concepción sobre el
agua. Se encuentra que existen diferencias ontológicas entre los actores y sus concepciones
sobre el agua y que éstas ayudan a explicar el origen de los conflictos, motivando las posiciones
de pretensión y resistencia. La narrativa del pueblo atacameño se centra en el agua, aunque
ésta se aprovecha como un medio para visibilizar problemáticas estructurales. Por su lado, el
discurso estatal y de las empresas recurren al «desarrollo sostenible», pero esto se contradice
con el modelo aplicado en la práctica, de mercantilización de la naturaleza y exclusión de otras
visiones sobre el desarrollo. También se halla que las tensiones han tendido a mantenerse
debido a que la percepción del problema por parte de los actores difiere, por lo que las
propuestas de solución resultan insuficientes.
Contenido
I. Introducción .................................................................................................................... 1
II. Estado del arte ................................................................................................................. 4
III. Marco teórico y conceptual............................................................................................. 6
i) La ecología política y los conflictos socioambientales ............................................... 6
ii) El framing y la subjetivación del conflicto ................................................................. 8
iii) El enfoque ontológico y la raíz profunda del conflicto .............................................. 9
IV. Metodología .................................................................................................................. 12
i) Recolección de la información .................................................................................. 13
ii) Análisis de la información ........................................................................................ 13
V. Nivel descriptivo: los conflictos hídricos en Antofagasta y contexto nacional .............. 14
i) Contextualización política y económica de Chile ..................................................... 16
ii) La importancia de la minería para Chile ................................................................... 19
iii) El papel de los pueblos indígenas del norte .............................................................. 21
iv) Caso de estudio: el conflicto de Pampa Colorada .................................................... 23
VI. Nivel analítico: caracterización subjetiva y ontológica de los conflictos hídricos ...... 27
i) Dimensión subjetiva del conflicto ............................................................................. 27
ii) Dimensión ontológica del conflicto .......................................................................... 39
VII. Discusión y conclusiones .......................................................................................... 46
VIII. Anexos ...................................................................................................................... 51
IX. Bibliografía .............................................................................................................. 71
1
I. Introducción
La situación de los recursos hídricos en América Latina es paradójica: aunque se trata de una de
las regiones del planeta con mayores reservas de agua dulce1, existen enormes desigualdades
frente a su acceso. Según Pochat, Donoso, & Saldarriaga (2018) el 35% de la población no tiene
acceso al agua potable y el 78% no lo tiene al saneamiento, además de los problemas en la calidad
del servicio y del elemento mismo que son más graves en las zonas rurales.
Como sostienen Ramírez & Yepes (2011), las desigualdades en el acceso no sólo vienen
determinadas por factores naturales, sino también por asimetrías socioeconómicas y políticas.
Esto convierte al agua en un elemento escaso y disputado, capaz de originar conflictos (Torres,
García, & Rojas, 2017). Gran parte de los conflictos hídricos en la región se vinculan con la gran
minería, una de las actividades económicas primordiales en muchos países latinoamericanos.
Esto se debe a que la minería a gran escala implica un elevado consumo de agua y genera
contaminación de las fuentes hídricas, de las cuales dependen muchas poblaciones (Ávila, 2016;
Rivera et al., 2016). Según la Comisión Chilena del Cobre (2018), para 2017, en Chile el
consumo de agua continental en la minería de cobre fue de 13.264 litros por segundo. Es decir
que en un minuto de operación se utilizan más de 795.840 litros de agua o lo equivalente al
consumo de 400 personas para sus actividades diarias por 20 días2. Consecuentemente, Silvers
(2000) señala que, aunque en la minería se apliquen todas las medidas de mitigación y reparación,
sigue siendo una actividad de alto impacto.
El caso chileno destaca en la región pues en este país la minería, especialmente de cobre, es el
sector económico más importante, habiendo representado en promedio el 10,61% del PIB entre
2012 y 2017 y el 55% de las exportaciones totales para el mismo periodo (Comisión Chilena del
Cobre, 2018). Esto se ha reflejado en una tendencia creciente del consumo de agua por parte del
sector (ver figura 1). Consumo que proviene en un 74% de aguas dulces, que son 41%
subterráneas y 33% superficiales (Comisión Chilena del Cobre, 2018).
1 La región tiene una tercera parte del total del agua dulce y una dotación per cápita notablemente mayor a la media
mundial (Ramírez & Yepes, 2011). 2 Según la recomendación de 100 litros diarios por persona de la Organización Mundial de la Salud (Howard & Bartram,
2003).
2
Chile también es un caso de interés debido a su legislación hídrica marcadamente neoliberal, la
cual ha persistido con pocas reformas desde la época dictatorial de Pinochet (Torres & García,
2009). El llamado Código de Aguas de 1981 promueve la privatización del agua, buscando que
su distribución se dé acorde con las reglas del mercado, mientras contempla pocas condiciones
ambientales y sociales (Costa, 2016; Panez, Faúndez, & Mansilla, 2017; Rivera et al., 2016).
Estas condiciones han favorecido que en Chile proliferen los conflictos hídricos y
socioambientales en general, pues las comunidades afectadas han reaccionado y se han
movilizado para defender sus intereses (Delamaza, Maillet, & Neira, 2017). Señalan Fuenzalida
& Quiroz (2012) que en todas las regiones del país existe al menos un conflicto de este tipo. La
minería destaca como uno de los sectores que más conflictividad genera (Delamaza et al., 2017)
(ver figura 2).
Una parte significativa de los conflictos hídricos relacionados con minería en Chile involucra
comunidades indígenas. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) (2012) para
2012, se registraron 29 conflictos vinculados con agua y minería de los cuales 62% implicaba
territorios indígenas. Esto se debe, por un lado, a que las actividades extractivas afectan el medio
ambiente del cual dependen las actividades tradicionales y de subsistencia de algunos grupos
indígenas. Y por otro lado, a desacuerdos con los procesos de consulta realizados por el Estado
(Delamaza et al., 2017; Fuenzalida & Quiroz, 2012; Silvers, 2000). Este tipo de conflictos se
concentran en la zona norte del país (regiones I, II y III), donde tradicionalmente han habitado
los pueblos atacameño, aymara, colla y quechua, que actualmente suman alrededor de 20.000
personas (Agostini, 2014; Delamaza et al., 2017; Madaleno & Gurovich, 2007).
Múltiples trabajos han abarcado la temática de los conflictos hídricos en Chile, enfocándose
principalmente en las consecuencias del Código de Aguas de 1981 (Bakker, 2014; Bauer, 2004;
Budds, 2004; Cannoni & Crocco, 2017; Guerrero, Fonseca, Garrido, & García, 2018; Larraín,
2006; Prieto, 2015; Sturla & Irlanes, 2006; Urquiza & Billi, 2018) y en el agotamiento del agua
debido a la actividad minera (Ávila, 2016; Delamaza et al., 2017; Fuenzalida & Quiroz, 2012;
Madaleno & Gurovich, 2007; Rivera et al., 2016; Silvers, 2000; Torres et al., 2017). Esta
investigación, aunque reconoce la importancia de tales factores, propone una mirada alternativa
para explicar el origen de los conflictos, contemplando la dimensión subjetiva y las perspectivas
3
ontológicas de los actores involucrados. Distintos investigadores coinciden en que los conflictos
hídricos no solamente responden a una rivalidad por el uso del agua, sino que existe un trasfondo
ontológico o de lecturas divergentes sobre la naturaleza y el agua que produce un choque de
concepciones (Delamaza et al., 2017; Ramírez & Yepes, 2011; Sault, 2018; Torres et al., 2017;
Yates, Harris, & Wilson, 2017).
En consecuencia, la inquietud central del presente trabajo es: ¿qué papel han tenido las
concepciones sobre el agua en los conflictos vinculados con la explotación minera y el pueblo
atacameño en Chile? Geográficamente, el trabajo se delimita a la región de Antofagasta (II
región) ubicada en el norte del país, donde históricamente se ha concentrado la mayoría de la
actividad minera y ha sido el territorio ancestral del pueblo atacameño. También se trata de una
zona extremadamente árida, lo cual aumenta la presión sobre los recursos hídricos y ha
favorecido el surgimiento de conflictos socioambientales (Cannoni & Crocco, 2017; Machado,
2010; Madaleno & Gurovich, 2007; Rivera et al., 2016; Torres & García, 2009). En esta región,
la demanda de agua supera notablemente su disponibilidad (Rivera et al., 2016) (ver figura 3).
El caso de estudio seleccionado, Pampa Colorada, se ubica específicamente en el desierto de
Atacama, una de las zonas más secas del planeta (Madaleno & Gurovich, 2007; Prieto, 2016a).
Los conflictos socioambientales, particularmente aquellos ligados con el agua, son un fenómeno
cada vez más importante en el mundo y en América Latina. El caso latinoamericano evidencia
que los conflictos hídricos van más allá de la distribución natural desigual y que, más bien,
encarnan un problema político en el cual los actores estatales, transnacionales y locales juegan
un papel fundamental. Esto convierte tales fenómenos en un objeto de interés para la Ciencia
Política. La propuesta de análisis ontológico y subjetivo explora una nueva forma de abarcar los
conflictos en la disciplina.
También es un objeto de interés para las Relaciones Internacionales ya que el estudio de los
conflictos hídricos vinculados con minería permite analizar las relaciones entre actores locales,
nacionales y trasnacionales (Silvers, 2000). Asimismo, este sector productivo se caracteriza por
su alto grado de globalización: la explotación de la materia prima, realizada en su mayoría por
empresas transnacionales, se destina casi exclusivamente para su exportación y procesamiento
en otras latitudes del mundo (Machado, 2010).
4
Chile, dada la importancia de su sector minero, su particular legislación sobre el agua, la
presencia de comunidades indígenas y la creciente conflictividad asociada con estos elementos,
es un caso de estudio que puede contribuir con valiosas lecciones para el resto de América Latina,
incluyendo Colombia. Este último, siendo un país donde los conflictos hídricos y
socioambientales están adquiriendo mayor relevancia y atención en el marco de un modelo de
desarrollo también fuertemente apoyado en la minería y de la controversia generada en torno a
los procesos de consulta previa (El Espectador, 2018; OCA, s. f.)
El objetivo central de la investigación es analizar cuál ha sido el papel de las concepciones sobre
el agua en los conflictos vinculados con la explotación minera y el pueblo atacameño en Chile.
Los objetivos específicos para ello y que guían la estructura del trabajo son: primero, describir
el contexto general y los hechos del conflicto hídrico vinculado con minería y pueblos indígenas
en Antofagasta. Segundo, caracterizar las percepciones y narrativas del conflicto por parte de sus
actores. Y, finalmente, identificar y comparar las perspectivas ontológicas de las partes,
enfatizando en su concepción sobre el agua.
II. Estado del arte
Los numerosos trabajos sobre conflictos por agua en América Latina evidencian la importancia
creciente del tema en la región. La siguiente revisión del estado del arte se concentra en el
material reciente sobre los conflictos hídricos en Chile y se complementa con estudios
desarrollados en otros países latinoamericanos.
Para comenzar, algunos estudios buscan entender las causas de la creciente conflictividad en
torno a temas hídricos y socioambientales en Chile (Fuenzalida & Quiroz, 2012; Ramírez &
Yepes, 2011; Rivera et al., 2016; Silvers, 2000). El más reciente, de Delamaza et al. (2017)
analiza los conflictos asociados con asuntos territoriales y proyectos extractivos en Chile, desde
la democratización de 1990. El estudio halla una presencia generalizada de conflictos territoriales
en todo el país y una concentración de aquellos vinculados con minería en la zona norte. Además,
señala como principales causas de movilización social la extracción y contaminación de la
naturaleza, destacando allí el agua (Delamaza et al., 2017).
5
Otro tema central en los estudios de los conflictos hídricos en Chile es el Código de Aguas de
1981 (Bauer, 2004; Budds, 2004; Cannoni & Crocco, 2017; Donoso, 2003; Sturla & Irlanes,
2006). Esta es la preocupación central del trabajo de Guerrero et al. (2018), el cual argumenta
que en Chile el sistema regulatorio orientado por una lógica de mercado está fuertemente
vinculado con el surgimiento de conflictos. Guerrero et al. (2018) encuentran que la legislación
ha permitido la sobreexplotación y contaminación del agua por parte de las grandes empresas
que ostentan los derechos, perjudicando a las comunidades y motivando protestas.
Otros trabajos recurren al estudio de caso (Calderón et al., 2016; Madaleno & Gurovich, 2007;
Panez et al., 2017; Sepúlveda & Villarroel, 2012; Torres & García, 2009; Torres et al., 2017;
Urkidi, 2008). Azócar (2015) y Bolados (2014) se centran en el conflicto surgido en torno al
proyecto de Pampa Colorada de Minera Escondida. El primero se pregunta por el desarrollo del
Movimiento Indígena Atacameño a raíz del conflicto y concluye que el enfrentamiento con la
empresa minera sirvió para cohesionar al pueblo atacameño, en un proceso de «identidad por
contraste» (Azócar, 2015). Bolados (2014) plantea una aproximación socio-antropológica e
histórica a los procesos de construcción étnica atacameña, bajo un contexto de globalización.
Según la autora, el Salar de Atacama se ha configurado como un enclave de las industrias
transnacionales mineras y turísticas, generando conflictos socioambientales y motivando la
consolidación de las comunidades atacameñas como sujetos políticos que reivindican sus
derechos étnicos, ambientales y territoriales (Bolados, 2014).
Otra línea en los estudios de los conflictos hídricos en América Latina se enfoca en las distintas
concepciones y discursos sobre el agua de los actores y el choque entre éstos como fuente de
conflictos (Babidge, 2016; Bottaro, Latía, & Sola, 2014; Machado, 2010; Molina, 2016;
Napadensky & Azocar, 2017; Orlove & Caton, 2010; Usón, Henríquez, & Dame, 2017). Una
de las publicaciones más recientes es el trabajo de Sault (2018) que evidencia la problemática de
los efectos ambientales y sociales para las comunidades adyacentes a las zonas de explotación
minera en Perú y Bolivia, enfatizando en el tema del agua y su privatización como factor central
en los conflictos. Sault (2018) presta especial atención a la visión de mundo de los actores para
comprender el trasfondo ontológico de las tensiones.
6
La revisión de la literatura indica que los conflictos socioambientales y, particularmente,
hídricos, son una problemática y un objeto de estudio creciente en Chile y otros lugares de
América Latina. Mediante los trabajos reseñados, se evidencia que tal situación se vincula con
un modelo económico extractivo que genera resistencias en las comunidades y, en el caso
chileno, con su legislación hídrica mercantil. También, se ve un creciente interés por el análisis
del trasfondo ontológico de los conflictos, línea en la cual se ubica la presente investigación.
III. Marco teórico y conceptual
El presente estudio propone analizar los conflictos hídricos en el norte de Chile bajo la óptica de
tres corrientes teóricas que se articulan y complementan entre sí: la ecología política, el framing
y el enfoque ontológico.
i) La ecología política y los conflictos socioambientales
La ecología política se ha desarrollado desde los años 70 con el reconocimiento de la crisis
ambiental y su traslado de la escena contestataria y los movimientos sociales, al plano político y
académico convencional (Comas, 1999; Dobson, 2009; Leff, 2003). Esta corriente teórica
permite comprender las problemáticas ambientales como problemáticas sociales, atravesadas por
relaciones y recursos de poder. Así, la ecología política funciona como una teoría marco que
inserta la variable medioambiental en el campo de estudio de la Ciencia Política.
Su preocupación central son los conflictos socioambientales o de distribución ecológica
(Martinez-Alier, 2004). Para efectos de esta investigación, éstos se entienden como “un complejo
conjunto de confrontaciones entre distintos sectores de la sociedad, que surgen debido a su
interrelación diferenciada con los sistemas ecológicos” (Cardoso, Bandeira, Lobao, & Modercín,
2015, p. 2). Estos autores señalan que “el conflicto va más allá de un foco centrado en choques
políticos y económicos e incorpora elementos socioculturales divergentes, relativos a la
cosmología, el ritual, la identidad y la moral” (p. 2).
Los conflictos hídricos, siguiendo a la CEPAL (Martín & Justo, 2015), se definen como
el resultado de la multiplicidad de demandas y pretensiones o aspiraciones que confluyen sobre los limitados
recursos hídricos y que, por consiguiente, no pueden satisfacerse simultáneamente (…) Ellos materializan relaciones
antagónicas que surgen de la colisión de posiciones e intereses en torno a la cantidad, calidad y oportunidad de agua
disponible para los diferentes actores. (p. 11)
7
A esta definición debe agregarse la dimensión sociocultural ya señalada por Cardoso et al.
(2015).
Para la ecología política los conflictos socioambientales se vinculan con las relaciones de poder
asimétricas que se dan en torno a la naturaleza y la distribución de los recursos naturales
(Martínez-Alier, 2015; Palacio, 2006). Comas (1999) sostiene que “la degradación ambiental no
puede ser entendida al margen de los procesos sociales y políticos asociados a ella” (p. 95). En
la misma línea se ubica Martínez-Alier, quien menciona que “no todos los seres humanos son
afectados de la misma manera por el uso que la economía hace del ambiente. Algunos se
benefician más que otros, y algunos llevan una carga de costos mayor (…)” (2004, p. 13).
Señalan Comas (1999) y Loftus (2019) que las asimetrías que favorecen los conflictos
socioambientales no son sólo locales, sino que se ven influenciadas por las desigualdades del
sistema económico y político internacional. Por su lado, América Latina se ubica como un
proveedor global de productos primarios, lo cual genera una situación de presión sobre los
recursos naturales y degradación ambiental. Esto implica que el análisis de los conflictos en la
región debe hacerse desde esa perspectiva contextualizada (Comas, 1999; Loftus, 2019).
Martinez-Alier (2009) hace el mismo reconocimiento con lo que él llama «el ecologismo de los
pobres», que rechaza la idea de que los ciudadanos de países tercermundistas no tienen interés
en defender el medioambiente por estar más preocupados por su supervivencia económica. Por
el contrario, el autor sostiene que en los países en desarrollo muchas personas están tan o más
interesadas en la protección ambiental que en países ricos, pues gran parte de ellas depende
directamente de los recursos naturales para subsistir. Esto sugiere que el estudio de los conflictos
en América Latina debe hacerse considerando la estrecha relación entre las afectaciones
medioambientales y los impactos económicos y culturales en las formas de vida de algunos
sectores de la población. Sin embargo, como aclara Martinez-Alier (2009), no debe caerse en el
error de asumir que «los pobres» siempre apoyan la conservación.
Por otro lado, varios autores de la ecología política comparten una crítica hacia las tradiciones
intelectuales occidentales que han excluido de sus análisis el elemento de la naturaleza y las
relaciones de ésta con los seres humanos, cuestionando la separación occidental
8
humanidad/naturaleza (MacGregor, 2009; Palacio, 2006; Togerson, 2009; Toro & Martín, 2018).
Algunos autores, como Leff (2003) han ido más allá. Para el autor, esta teoría debe cuestionar
los fundamentos ontológicos modernos y considerar otras posibilidades de significación de la
naturaleza, ayudando a comprender el fondo de los conflictos socioambientales, más allá de la
distribución de los recursos (Leff, 2003). No obstante, la postura de Leff se ubica más bien en la
frontera con el enfoque ontológico, del cual se hablará más adelante.
ii) El framing y la subjetivación del conflicto
La teoría del framing sirve para reconocer que los conflictos tienen una importante dimensión
subjetiva y para comprender mejor la perspectiva de cada actor. Shmueli (2008) trabaja
específicamente el framing para los conflictos socioambientales con un fuerte componente
territorial. La autora sostiene que esta teoría, además de reconocer las relaciones de poder entre
las partes, explica su comportamiento a partir de sus valores y objetivos.
Shmueli (2008) resalta que el framing tiene dos grandes vertientes complementarias. Por un lado,
está la dimensión cognitiva, donde los «marcos» funcionan como lentes subjetivos, a través de
los cuales las personas filtran sus percepciones para entender el mundo que los rodea, según sus
experiencias y creencias. Por otra parte, la dimensión comunicativa es un medio por el cual los
actores, influenciados por sus marcos cognitivos, presentan su versión de los hechos, haciendo
énfasis en los aspectos que les son más convenientes y minimizando los que no.
La autora define la dimensión cognitiva como un proceso “mediante el cual individuos y grupos
filtran sus percepciones, interpretaciones y entendimientos de situaciones complejas de manera
consistente con sus propias experiencias sociopolíticas, económicas y culturales del mundo”
(Shmueli, 2008, p. 1). Por su parte, Goffman (2006) sostiene que la realidad no es plenamente
objetiva, sino que cada persona construye una versión de ésta, a través de sus percepciones
filtradas por un marco de creencias y experiencias. Menciona el autor: “resulta claro que la
caracterización retrospectiva del «mismo» acontecimiento o de la «misma» ocasión social puede
diferir ampliamente, ya que el rol de un individuo en una tarea puede proporcionarle un juicio
valorativo distinto (…)” (Goffman, 2006, p. 10).
Shmueli (2008) señala que la dimensión comunicativa puede tratarse de un proceso estratégico
o inconsciente, para promover la versión narrativa del conflicto -y del problema- más
9
conveniente para un determinado actor. Así, se buscarían sumar apoyos de sectores afines y
mejorar la propia posición en la negociación. Esto concuerda con lo expuesto por Martinez-Alier
(2004), quien menciona que no todos los actores en un conflicto utilizan el mismo lenguaje y
que éste se acomoda a la situación, dependiendo de los grupos sociales involucrados.
Martinez-Alier (2004) también menciona que cuando existen valores, visiones y narrativas
disonantes sobre un problema, los conflictos suelen darse en términos inconmensurables,
complicando cualquier negociación. Esto suele suceder, como sostienen el mismo autor y
Shmueli (2008) en los conflictos socioambientales que implican elementos como pérdida de
biodiversidad, patrimonio cultural, formas de vida, lugares sagrados o autonomía. Asimismo, es
fundamental reconocer las asimetrías que se reflejan en la narrativa dominante y el lenguaje
utilizado, pues el control sobre el relato también es un ejercicio de poder (Martinez-Alier, 2004).
iii) El enfoque ontológico y la raíz profunda del conflicto
Algunos autores destacan la importancia de indagar por el trasfondo de los conflictos
socioambientales, considerando que además de un problema distributivo subyace un choque de
concepciones sobre la naturaleza (Leff, 2003; Martinez-Alier, 2004). Particularmente -aunque
no única, ni necesariamente- cuando se involucran poblaciones indígenas (Escobar, 2012b; Yates
et al., 2017). Sostiene Blaser (2009): “más allá del acceso y control sobre los «recursos
naturales», el conflicto puede provenir de la propia definición de las «cosas» que están en juego”
(p. 14). Esto se propone comprender de la mano del enfoque ontológico.
En este contexto y siguiendo a Escobar (2012a) la ontología se entiende como “aquellas premisas
que los diversos grupos sociales mantienen sobre las entidades que realmente existen en el
mundo”. Según el autor, las ontologías se materializan a través de prácticas, que “crean
verdaderos mundos”, pues según la concepción que se tenga se interactúa e incide en el mundo
de una determinada manera (Escobar, 2012a, p. 6).
El «giro ontológico» se originó en la Antropología, en parte como reacción a la crisis ecológica
global, la cual favoreció que se cuestione la forma como entendemos las relaciones entre lo
humano y lo no-humano desde el paradigma occidental (Dos Santos & Tola, 2016; Escobar,
2012a; Kohn, 2015). Su proyecto es reconocer que existen múltiples maneras de concebir y
relacionarse con el mundo y que la occidental, caracterizada por la división cultura/naturaleza,
10
es sólo una entre varias ontologías (Descola, 2012; González, 2015; Loera, 2015; Vallejo &
Sánchez, 2011). Tal reconocimiento también favorece que se critique la idea imperante de
desarrollo y que se abran diálogos con otras visiones (Acosta, 2014; Loera, 2015).
El giro ontológico implica más que un reconocimiento de la multiculturalidad. Blaser, uno de los
principales defensores de esta tesis, critica que el concepto de «cultura» asume que existe una
realidad objetiva y una multiplicidad de perspectivas sobre la misma, bajo la noción de «una sola
naturaleza y múltiples culturas». Esto implica que algunas concepciones de mundo se acepten
como más «precisas» o «correctas» por supuestamente asimilarse más a la «realidad objetiva».
Así, se da lugar a una jerarquización de culturas y saberes, donde lo occidental, respaldado por
la ciencia moderna, se ha atribuido una posición privilegiada, mientras que otros conocimientos
se catalogan como creencias culturales y superstición (Blaser, 2009, 2013; Dos Santos & Tola,
2016; Escobar, 2012a; Yates et al., 2017).
Considerando todo lo anterior, Blaser (2009) define el conflicto ontológico, no como un choque
cultural, sino como un desacuerdo sobre cómo es la realidad. Esta definición resulta útil para
explicar la base de los conflictos socioambientales, incluidos los hídricos. Como señalan Yates
et al. (2017), muchas veces estos conflictos se remontan a la propia concepción del agua.
Descola (2012) ha realizado una de las más más importantes contribuciones al giro ontológico.
También sostiene que el binomio naturaleza/sociedad es una construcción occidental que ha
tendido a mostrarse como universal y «verdadera». El autor destaca que el momento de
separación tajante del ser humano y la naturaleza en Occidente se da con la modernidad, pero
que tiene sus antecedentes en la tradición intelectual y moral de la Antigua Grecia y del
cristianismo. En efecto, ambos promovieron una concepción de la naturaleza como externa,
inteligible, potencialmente controlable y como subordinada al hombre (Descola, 2012).
Reconociendo que la visión dualista de naturaleza/cultura es producto de una ontología
particular, Descola (2012) reafirma que existen otras posibles miradas “capaces de inventar por
sí mismos realidades distintas de la nuestra, y dar con ello testimonio de una creatividad que no
puede juzgarse con la vara de nuestros propios logros” (p. 135). Sin embargo, el autor, como
otros (Delgado, 2014; Escobar, 2012a; Loera, 2015), advierte que ha existido una tendencia a
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ordenar las sociedades según su grado de realización, utilizando a Occidente como referente.
Así, se etiqueta a aquellas comunidades «no-modernas» como atrasadas, inferiores o en una etapa
de infancia de la razón, donde prima la superstición, que es como desde Occidente se califican
los conocimientos que “carecen de la ayuda de las ciencias exactas” (Descola, 2012, p. 137).
El antropólogo propone una tipología para aprehender las distintas ontologías basada en los
modos de identificación que los grupos humanos establecen con el resto de lo existente, humano
y no-humano. Así, se marcan continuidades y discontinuidades en los aspectos de la «fisicalidad»
y la «interioridad». Con ello, Descola (2012) enuncia las categorías de totemismo analogismo,
animismo y naturalismo (ver anexo 1). El autor señala que estos modos de identificación inciden
en la forma en la cual los seres humanos se relacionan con su entorno, pero advierte que no se
trata de un proceso determinista a priori (Descola, 2012).
Esta propuesta ha recibido críticas por su aparente simplificación y por una supuesta falta de
compromiso ético-político con las comunidades indígenas (Harris & Robb; Bessire & Bond
citados por Dos Santos & Tola, 2016). Sin embargo, Descola (2012) advierte que los modos de
identificación no son modelos culturales exhaustivos, sino «esquemas de integración de la
experiencia» y no niega la posibilidad de matices y situaciones híbridas. Por otro lado, nunca
sugiere una preminencia normativa de ninguna ontología sobre otra, aunque admite la existencia
de relaciones de poder. Al contrario, su trabajo busca reconocer y valorar la multiplicidad de
concepciones del mundo (Descola, 2012; Dos Santos & Tola, 2016).
La rama de la ontología política se especializa en el estudio de los conflictos que surgen cuando
diferentes ontologías intentan mantener su existencia, interactúan y se entremezclan, dándose
una disputa “por la definición misma de qué es lo visible, lo legítimo y lo legible en el mundo
contemporáneo” (Ruiz & Del Cairo, 2016, p. 200). Blaser es considerado su principal exponente,
por su definición de los conflictos ontológicos y el reconocimiento de que las ontologías están
atravesadas por relaciones de poder (Blaser, 2013; Dos Santos & Tola, 2016; Escobar, 2014).
Blaser (2009, 2013) sostiene que cuando hay una disputa vinculada con el ambiente y distintas
concepciones de éste chocan, aquella del grupo con mayor poder tenderá a definir el acceso, el
uso y la relación que se puede establecer con «la cosa» en disputa. Aunque muchos Estados dicen
12
mantener una visión pluralista, la imposición y la coerción se legitiman cuando esas otras
visiones “cruzan los límites de lo que es comúnmente percibido como razonable y concebible”
(Blaser, 2013, p. 555). Para el autor, esto se evidencia cuando las comunidades indígenas buscan
defender sus mundos, oponiéndose a proyectos de desarrollo y conservación. Se considera que
no todas las formas de conocer y de relacionarse con la «naturaleza» son válidas en el marco de
la racionalidad política, donde se toman las decisiones. Así, los reclamos y argumentos de los
grupos indígenas son descalificados como irracionales o «creencias» sin fundamentos
científicos. Se asume que confunden «su visión cultural» con la «realidad como realmente es»,
una situación que deriva de la idea de culturas múltiples y naturaleza única (Blaser, 2009, 2013).
Escobar (2012a, 2014) también ha aportado a la ontología política, partiendo de su propuesta del
«pluriverso». Para Escobar (2012a, 2014) en esta lógica que busca reconocer otras visiones de
mundo, se inscriben las múltiples luchas de pueblos indígenas y afrodescendientes en América
Latina. Pueblos cuyas ontologías se han visto subyugadas como parte del binario
tradición/modernidad.
Para el autor, aparte de la ontología moderna -comparable con el naturalismo de Descola- existen
ontologías relacionales que no conciben una separación entre los mundos biofísico, humano y
supernatural ni entre naturaleza y cultura, individuo y comunidad. Destaca el vínculo que los
grupos con ontologías relacionales mantienen con el territorio, que es concebido como más que
una base material para la reproducción de la comunidad. Se entiende también como un espacio
de interrelación y complementariedad con los demás seres, con los que se mantienen relaciones
sociales, extendiéndose el concepto de comunidad a los no-humanos (Escobar, 2012a, 2014).
IV. Metodología
Para responder a la pregunta de qué papel han tenido las concepciones sobre el agua en los
conflictos vinculados con la explotación minera y el pueblo atacameño en Chile, se propone una
metodología cualitativa, orientada por las tres corrientes teóricas expuestas. Se busca así un
análisis que reconozca las asimetrías de poder y en la distribución de los costos y beneficios del
uso de los bienes naturales, que dé cuenta de las percepciones y narrativas de las partes y que
permita caracterizar y comparar la perspectiva ontológica de cada una.
13
El alcance del trabajo es correlacional, al indagar por el vínculo entre los conflictos hídricos y
las concepciones sobre el agua. La hipótesis propuesta es que las concepciones sobre el agua de
los principales actores divergen en su base ontológica y que esto es una de las causas de los
conflictos. Al conflicto hídrico le subyacería un conflicto ontológico: por un lado, una ontología
naturalista que intenta imponerse y por otro, una ontología alternativa que ejerce resistencia para
subsistir.
i) Recolección de la información
En primer lugar, se recurrió a la revisión documental de fuentes académicas y periodísticas.
Primero, para establecer el panorama general de los conflictos hídricos vinculados con minería
y pueblos indígenas en Chile. Segundo, para identificar el problema, los principales sucesos, los
actores involucrados y sus dinámicas de interrelación en el caso de estudio: Pampa Colorada.
Luego, se buscó establecer la dimensión subjetiva del conflicto y la perspectiva ontológica de
las partes. Esto se hizo mediante 24 entrevistas semiestructuradas a representantes de los sectores
involucrados (Estado, compañías mineras3, comunidades indígenas y ONG) y a académicos
chilenos expertos en minería, pueblos indígenas y medio ambiente4 (ver anexo 2). También se
revisaron las declaraciones oficiales de los actores en artículos de prensa, publicaciones oficiales,
páginas web propias y de terceros. Se complementó con trabajos previos con un enfoque similar.
ii) Análisis de la información
El análisis de la información se desarrolló en dos niveles. El primero, de carácter descriptivo,
buscó reconstruir las características y el contexto de los conflictos hídricos, en general, y del caso
de estudio, en particular, identificando los principales actores involucrados y sus dinámicas de
interacción. Para el caso de estudio, se hizo uso del marco de análisis de conflictos hídricos de
la CEPAL que identifica el objeto, los sujetos y las formas (Martín & Justo, 2015) (ver anexo 3).
Con el análisis general se buscó evidenciar que el conflicto hídrico en Chile se enmarca en una
dinámica conflictiva amplia y compleja que involucra a los actores de interés. Se muestra que el
3 Como representante del sector se tomó a la Sociedad Nacional de Minería, organización gremial que agrupa a las
empresas mineras en Chile. Se intentó contactar a las compañías directamente, particularmente a Minera Escondida,
pero no estuvieron dispuestas a participar en las entrevistas. Algunos aspectos se suplen con la información proveída
en las páginas web de BHP Billiton, Barrick y CODELCO. 4 La identidad de todos los entrevistados se mantuvo anónima para garantizar su seguridad.
14
caso de estudio no es un incidente aislado, limitado a una afectación medioambiental específica,
sino que está inscrito en una problemática nacional generalizada y sistemática. Estas dinámicas
más amplias ayudan a entender el origen y desarrollo del conflicto local, así como las posiciones
de los actores, que pueden trascender las circunstancias específicas del mismo. Por su parte, el
caso permite visualizar las tensiones identificadas en el contexto general, de forma concreta.
El segundo nivel es analítico, compuesto de una parte subjetiva y una de aproximación
ontológica. La primera se dirigió a caracterizar la perspectiva subjetiva del conflicto por parte de
los actores. Se tomaron los elementos de autoidentificación, percepción externa, percepción del
problema/objetivos y estrategia narrativa, haciendo uso de la teoría del framing, propuesta en los
términos de Shmueli (2008) (ver anexo 4). La parte ontológica pretendió caracterizar y comparar
las perspectivas ontológicas de los actores, para establecer su concepción de la naturaleza y
especialmente, del agua. Para tal fin se usó la matriz ontológica propuesta por Descola (2012).
Se utilizaron criterios de identificación de lo no-humano como externo o interno (a la comunidad)
y como holístico o fragmentado. Para la concepción del agua se siguió un criterio de unidad o
separación frente a lo humano y lo no humano y según el fin que se le atribuya.
V. Nivel descriptivo: los conflictos hídricos en Antofagasta y contexto nacional
El agua es un elemento esencial tanto para la supervivencia de los seres humanos y de los
ecosistemas como para los sistemas productivos. No es de extrañar entonces que surjan conflictos
cuando la misma escasea y la demanda es creciente. En Chile los conflictos hídricos y
socioambientales se han hecho más frecuentes desde los años 2000, cuando se produjo un boom
en los precios de los minerales y con ello una intensificación de las industrias mineras (Delamaza
et al., 2017). Esto se debe a que, aunque se apliquen las medidas de mitigación y reparación, la
minería es una actividad de alto impacto en el ambiente: implica alteraciones en el paisaje y su
composición, con efectos no solo en el lugar de operación, sino en el ecosistema circundante
(Bridge, 2004; Silvers, 2000; Urkidi, 2010).
La región de Antofagasta ha sido históricamente y de forma exponencial desde los años 2000 un
terreno predilecto para la minería, dada la riqueza de su subsuelo (Bolados, 2014; Grosjean &
Veit, 2005). La minería allí representa alrededor del 60% del Producto Regional Bruto y aporta
cerca del 30% de las exportaciones del país (Cademartori, 2002). Por lo mismo, la región se ha
15
visto expuesta a un consumo hídrico intensivo5 y creciente y a una importante contaminación de
sus fuentes de agua6. Situación que es agravada por las condiciones naturales de aridez de la
región, una de las más secas del país y del mundo7, e intensificada por el cambio climático
(Cannoni & Crocco, 2017; Urquiza & Billi, 2018).
Adicionalmente, la legislación hídrica chilena mercantiliza los recursos hídricos y en el norte ha
tendido a favorecer la concentración de los derechos de agua en las grandes mineras (Borzutzky
& Madden, 2013; Carrasco, 2016). Esta problemática ha afectado directamente a las
comunidades vecinas de los proyectos mineros, dada la cercana relación que muchas de éstas
mantienen con su entorno en términos económicos y espirituales.
Distintas comunidades indígenas, incluyendo la atacameña, han pasado de tener provechosas
actividades agrícolas, pecuarias y de pesca, a la virtual desaparición de estas formas de vida por
la escasez hídrica, lo que ha provocado migración forzada en busca de oportunidades (Calderón
et al., 2016; Carrasco, 2016; Madaleno, 2007). Adicionalmente, la reducción y mercantilización
del agua ha modificado las costumbres de las comunidades, generando divisiones y pérdidas
culturales, ha degradado significativamente la riqueza ambiental y ha comprometido el consumo
humano básico (Calderón et al., 2016; Guerrero et al., 2018; Machado, 2010).
De tales circunstancias han surgido los conflictos hídricos en Antofagasta, entre éstos los más
sonados de Pascua Lama, Quillagua y el de Pampa Colorada. En los últimos años, la mayoría de
las comunidades damnificadas ha reaccionado ante la afectación de sus formas de vida,
intentando prevenir que las compañías amplíen su control sobre las aguas (Bridge, 2004). Así
como se intensificó la actividad minera desde el 2000, también lo hizo el activismo de las
comunidades, mediante protestas y movilizaciones, recursos jurídicos y búsqueda de apoyos
5 Según Azócar (2015) el consumo de agua fresca por parte de la minería de cobre en Antofagasta es de 4.952 litros por
segundo, representando el 40% del consumo hídrico de este sector en el país. Esto la convierte en la región donde mayor
cantidad de agua se extrae para la minería de cobre. Asimismo, sostienen Guerrero et al. (2018) que la minería consume
alrededor del 66% del agua en el norte del país. 6 La minería genera altos volúmenes de contaminación a raíz de los residuos generados en los procesos de extracción y
procesamiento del mineral. En la producción de cobre, el 99.5% del material es descartado. Asimismo, la utilización de
químicos en los procesos puede producir contaminación del aire y el agua (Bridge, 2004). 7 En la región se cuenta con 500m³/habitante/año de agua, mientras que la media considerada como umbral para el
desarrollo sostenible es 2.000m³/persona/año (Sturla & Irlanes, 2006). Además, es una situación que contrasta
notoriamente con el sur del país, donde se alcanzan niveles de 160.000 m³/persona/año (Larraín, 2006).
16
extra-locales8 (Delamaza et al., 2017; Fuenzalida & Quiroz, 2012; Guerrero et al., 2018; Torres
et al., 2017). Esto ha generado tensiones con las empresas y casi siempre con el Estado, actores
que buscan resguardar los intereses del sector minero, considerado como esencial para la
economía del país y como una fuente de bienestar y estabilidad para la mayoría de la nación
chilena. Se trata de una situación marcadamente asimétrica, dada la distribución de recursos entre
las partes (Delgado, 2010; Torres & García, 2009).
Antes de entrar en el caso de estudio, es fundamental entender que los conflictos hídricos del
norte de Chile no son eventos locales aislados. Más bien, son el reflejo de tensiones complejas
que provienen del nivel nacional, vinculadas con el modelo de desarrollo, el rol de la minería en
éste y la posición que las poblaciones indígenas han ocupado y reivindicado en el país. En el
anexo 5 se ilustra la progresión de las políticas mineras, ambientales e indígenas en el país.
i) Contextualización política y económica de Chile
Chile es considerado un país de ingreso alto9, cuyo crecimiento económico ha sido sostenido y
considerable, sobre todo, desde la década del 2000 (Quiero, 2017). Pese a ello, sigue siendo un
país altamente desigual, aunque con significativas mejorías desde los años 90 (Banco Mundial,
2019a). Sus principales exportaciones provienen de la minería de cobre y sus importaciones son
bienes de alto valor tecnológico (OEC, 2018). Su economía se ha caracterizado por ser
marcadamente abierta desde los años 70, consolidándose actualmente como el segundo país más
atractivo para la inversión extranjera en Suramérica (Ghorbani & Seng, 2017).
Tales indicadores económicos están íntimamente relacionados con el modelo de desarrollo, que
algunos consideran la clave del «milagro chileno» (Gajardo, 2014). Éste, como en otros países
latinoamericanos, se basa en el uso intensivo de los recursos naturales, especialmente, la
extracción de minerales. Razón por la que también se ha criticado su dependencia de las materias
primas (Ahumada & Sossdorf, 2017; Cademartori, 2002). Pese a significativos cambios
políticos, este modelo se ha mantenido a través de la historia del país10.
8 Aunque la demanda mundial por minerales se ha desacelerado y sus precios han bajado desde mediados de la década
del 2010 (El Economista, 2015), la conflictividad se ha mantenido (Delamaza et al., 2017). 9 En 2017 registró un PIB de US $277 millones, con un PIB per cápita de US $15,3 (Banco Mundial, 2019c, 2019b). 10 Por tal razón, el presente trabajo toma como actor al Estado y no a los gobiernos de turno.
17
Incluso en la segunda década del siglo XX, cuando los países latinoamericanos intentaron
industrializarse y reducir su dependencia de las materias primas, la minería persistió como un
pilar de la economía chilena bajo el gobierno de Allende (Cademartori, 2002). Aunque entonces
se buscó un modelo estatalizado, la situación fue revertida tras el golpe militar de 1973. Éste dio
lugar al gobierno dictatorial de Pinochet y sus políticas neoliberales de privatización y libre
mercado, además de represión y violencia contra cualquier expresión de un modelo distinto
(Carruthers, 2001; Iglesias, 2017).
Su gobierno reprivatizó e internacionalizó gran parte del sector minero11 e implementó medidas
-aún vigentes- aconsejadas por la «Escuela de Chicago», para favorecer los capitales privados y
para profundizar este modelo de desarrollo. El Código Tributario de 1974 hizo de Chile uno de
los países con menos impuestos para la minería de cobre (Lagos, Blanco, Bustos, & Torres,
2002). La política de apertura redujo marcadamente los aranceles12. El Código de Aguas de 1981
mercantilizó el agua. El Código de Minería de 1982 fortaleció la seguridad para la inversión
extranjera, sin consideración con las comunidades indígenas. Y la Constitución de 1980,
consagró de forma especial la protección de los derechos de propiedad, incluyendo el agua, y,
en su momento, omitió referirse a los derechos humanos (Rivera et al., 2016; Saavedra, 2014).
Con la democratización de 1990 y hasta 2010, llegó al poder la Concertación, conformada por
grupos de oposición al gobierno militar. Si bien estos gobiernos implementaron políticas e
instituciones ambientales y sociales más fuertes que las existentes en la dictadura, mantuvieron
y profundizaron la estrategia económica neoliberal del régimen de Pinochet y el modelo basado
en recursos naturales, por lo que persistieron las tensiones con algunas comunidades indígenas
(Cuadra, 2014; Figueroa, 2016; Saavedra, 2014). Esto es cierto incluso para un gobierno
considerado de izquierda como el de Bachelet (2006-2010, 2014-2018) y su modelo
neoextractivista13 (Babidge & Bolados, 2018).
11 A excepción de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) que se mantuvo en manos del Estado,
principalmente por la presión de las Fuerzas Armadas beneficiadas por sus regalías (Fuentes & De Cea, 2017). 12 Antes del golpe militar, las tasas arancelarias superaban en promedio el 100% y en algunos casos el 1000%. El
gobierno militar homogeneizó los aranceles hacia un 15% (Saavedra, 2014).
13 Modelo que mantiene la extracción intensiva de recursos naturales, con mayor distribución y compensación social
(Babidge & Bolados, 2018).
18
Un elemento crucial del modelo chileno es el Código de Aguas de 1981 que continúa vigente
con pocas reformas. Esta legislación, creada en la dictadura neoliberal, se basa en la premisa de
que el mercado es el mejor medio para regular la distribución de las aguas, trasladándolas de
usos de menor a mayor valor (Donoso, 2003). Aunque el agua es legalmente un bien público,
sobre su uso se establecen derechos de aprovechamiento particulares, privatizándola de facto
(Rivera et al., 2016). Éstos inicialmente fueron concedidos por el Estado de forma gratuita, libre
de impuestos y a perpetuidad, a través de la Dirección General de Aguas (DGA). Brindan total
libertad a su titular para su uso, venta, alquiler, etc., convirtiendo el agua en un bien transable,
como cualquier otro (Bauer, 2004). Antes de las reformas, el único requisito para solicitar los
derechos era que existiese disponibilidad en la cuenca hídrica solicitada, sin perjuicio de terceros
(Donoso, 2003). También se buscó formalizar, bajo el nuevo modelo, el uso histórico que habían
hecho del agua algunas comunidades y grandes empresas (Budds, 2004).
El Código de Aguas separó los derechos de agua de la tenencia de la tierra, con el fin de crear el
mercado. De igual forma, no requirió que se justificaran los usos del recurso, ni estableció
prioridades entre éstos. Además, la participación estatal en el sistema se hizo mínima, limitada
al monitoreo de la calidad y abundancia hídrica. De modo que, los conflictos emergentes debían
solucionarse de forma privada o en las cortes civiles (Bauer, 2004; Borzutzky & Madden, 2013;
Larraín, 2006; Oyarzún & Oyarzún, 2011; Prieto, 2015).
Algunos, como el Banco Mundial, han considerado el modelo hídrico chileno como un éxito
(Bauer, 2004; Budds, 2004). Sin embargo, éste ha tenido múltiples fallas en el funcionamiento
del mercado, como un subregistro de derechos, la acumulación especulativa y la inflación de los
precios (Budds, 2004; Oyarzún & Oyarzún, 2011). Además, el modelo ha provocado efectos
ambientales y sociales negativos asociados a la sobreexplotación y el deterioro de las cuencas
(Calderón et al., 2016; Carrasco, 2016; Guerrero et al., 2018). Y tampoco considera las
condiciones hídricas locales ni las formas de gestión colectiva de algunos grupos (Prieto, 2015).
Desde la democratización, se buscó modificar el Código para mejorar su funcionamiento, pero
sin alterar su lógica mercantil. En 1992 se introdujo una reforma que no se aprobó hasta 2005 y
consiguió solo parte de sus objetivos iniciales. Los cambios incluyeron, primero, la limitación al
acceso de aguas subterráneas en las regiones de Tarapacá y Antofagasta (Yañez & Gentes, 2005).
19
Segundo, la exigencia de una justificación para solicitar nuevos derechos. Tercero, el gravamen
de aguas no aprovechadas. Y por último, el mantenimiento de un caudal ecológico y la
posibilidad de que la DGA restringiese asignaciones de aguas subterráneas por motivos
ambientales (Oyarzún & Oyarzún, 2011; Reyes, 2010). Sin embargo, estas medidas sólo aplican
a los derechos entregados tras la reforma, cuando la mayoría habían sido ya otorgados y los daños
ecológicos y sociales ya habían ocurrido. Por años se ha intentado aplicar reformas más radicales,
pero la oposición de las empresas ha sido férrea, apoyada en la protección constitucional a la
propiedad privada (Borzutzky & Madden, 2013; Madariaga, 2018).
ii) La importancia de la minería para Chile
Chile es reconocido como uno de los países mineros más importantes del mundo (Ghorbani &
Seng, 2017). La industria minera ha sido esencial para su economía durante toda su historia,
comenzando con el auge del salitre en el siglo XIX y luego, en el siglo XX, con el cobre (Baros,
2003; Pinto, 1994). En el país se explota gran diversidad de minerales, pero el cobre representa
más del 95% de las rentas mineras (Accorsi, Figueroa, López, & Sturla, 2018). Con el boom de
los años 2000, la producción cuprífera chilena llegó a representar el 31% del total mundial
(Accorsi et al., 2018; Ghorbani & Seng, 2017) (ver figura 4). Además, el país tiene las mayores
reservas del mineral en el mundo y es considerado uno de los destinos más atractivos y
competitivos para la inversión minera (Arellano, 2012; Baros, 2003; Lagos, 2018).
Consecuentemente, la minería es un sector estratégico para la economía chilena (Ghorbani &
Seng, 2017). Entre 2012 y 2017, representó el 10,61% del Producto Interno Bruto y el
55% de las exportaciones del país (Comisión Chilena del Cobre, 2018). Del 2000 al 2010,
se observó un aumento acelerado de la participación minera en el PIB, llegando a rondar
el 15% y 20% (Banco Mundial, 2019d) (ver figura 5). En concordancia, señalan Sturla &
Irlanes (2006) que Chile es el quinto país en el mundo más dependiente de la minería, por
la participación de ésta en su PIB.
Además, históricamente y hasta la actualidad, el sector ha brindado rentas estatales para el
desarrollo de infraestructura y bienes públicos como educación y salud, además de propiciar
procesos de urbanización. Todo lo cual ayudó a consolidar el Estado (Baros, 2003; Lagos, 2018;
Ortega, 1982; Sturla & Irlanes, 2006).
20
La importancia de la minería también se evidencia en la normatividad. Desde la primera parte
del siglo XX, el Estado mostró interés en fomentar el sector, mediante la creación de
institucionalidad especializada (Fuentes & De Cea, 2017). Más aún, durante el gobierno militar,
se hizo evidente la preferencia por la industria minera: se introdujeron medidas como el Código
Tributario de 1974 y la más importante, el Código de Minería de 1982. Éste favoreció la
seguridad inversionista, garantizando la estabilidad de las «reglas de juego» y las condiciones de
trato nacional a la inversión extranjera (Lagos et al., 2002). También estipuló el derecho de los
concesionarios mineros para acceder a recursos hídricos aledaños, sin contar con un título, bajo
la figura de las «aguas del minero», así como un amplio acceso a las tierras y demás facilidades
requeridas para las labores mineras (Cannoni & Crocco, 2017; Obando, 2004).
El modelo minero de Chile tiene un carácter mixto, puesto que grandes empresas privadas, en su
mayoría transnacionales, generan alrededor del 75% de la producción en el país, mientras que la
empresa estatal CODELCO sigue siendo la mayor productora de cobre en el mundo (Larraín,
2006). El sistema es resultado de los procesos de nacionalización y privatización que se dieron
durante los gobiernos de Allende y Pinochet y el auge de la inversión extranjera de los 90 (Lagos,
2018; Sturla & Irlanes, 2006). Se critica que, aunque más de dos tercios de la extracción de cobre
están en manos privadas, CODELCO aporta alrededor del 60% de los ingresos fiscales
provenientes de la minería (Lagos, 2018). Sin embargo, se debe reconocer que las empresas
transnacionales fueron las primeras en adoptar políticas ambientales y de responsabilidad social,
antes de que existieran regulaciones fuertes en el país y también que han sido un medio para traer
innovaciones tecnológicas (Bridge, 2004; Liverman & Vilas, 2006).
Hasta los años 90, la normatividad ambiental fue laxa frente a la actividad minera y se rigió
principalmente por los estándares privados de cada compañía (Carruthers, 2001; Ghorbani &
Seng, 2017). Sólo tras la democratización y con la presión internacional, las normas ambientales
se hicieron más firmes: se creó la primera ley unificada en la materia (Ley 19.300), se aumentó
el presupuesto del sector y se formaron instituciones especializadas, como la Comisión Nacional
de Medio Ambiente (CONAMA), los Comités Regionales del Medio Ambiente (COREMA) y
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Ghorbani & Seng, 2017; Madariaga,
2018). No obstante, se critica que la nueva legislación siguió privilegiando el crecimiento
21
económico y que sus medidas fueron insuficientes para garantizar la protección ambiental en los
proyectos de inversión (Carruthers, 2001; Cuadra, 2014; Sepúlveda & Villarroel, 2012).
La normatividad ambiental se robusteció después del año 2000, lo cual se manifestó en el rechazo
y postergación de algunos proyectos por consideraciones ambientales, incluyendo el caso de
Pampa Colorada (Madariaga, 2018). Hacia 2010, se dieron otras regulaciones importantes, como
la creación del Ministerio de Medio Ambiente, en reemplazo de CONAMA (Sepúlveda &
Villarroel, 2012). En parte, este fortalecimiento normativo iniciado en 1990 respondió a
presiones internacionales, como los Tratados de Libre Comercio y el ingreso a la OCDE, y no a
un cambio en el proyecto económico (Carruthers, 2001; Madariaga, 2018).
iii) El papel de los pueblos indígenas del norte
En el norte de Chile habitan distintos pueblos indígenas, incluyendo al pueblo atacameño o
lickanantay. La mayoría de atacameños reside en la región de Antofagasta, aunque las
comunidades se encuentran divididas entre Chile y Bolivia (Agostini, 2014). Gran parte de esta
población es urbana y un grupo importante trabaja en la industria minera (Agostini, 2014;
Carrasco, 2016). Sin embargo, como apuntan Carrasco & González (2014), el carácter urbano
de los indígenas no implica la desaparición de su cultura, sino que, al contrario, se han creado
fuertes vínculos entre estas personas y sus comunidades rurales de origen.
Señala Agostini (2014) que, pese al crecimiento económico que ha experimentado el país en las
últimas décadas y la reducción generalizada de la pobreza, los grupos indígenas siguen
presentando niveles desproporcionados de ésta. Sin embargo, los atacameños son de los grupos
indígenas con menor tasa de pobreza. Aun así, llama la atención que, aunque Antofagasta es una
de las regiones que más contribuye al PIB nacional, los indicadores de desarrollo humano de esta
población continúan siendo comparativamente más bajos (Cademartori, 2002). Además, es
importante destacar que los atacameños se han visto especialmente afectados por la escasez,
contaminación y privatización hídricas, que son causas importante del abandono de la vida rural
(Carrasco & Fernández, 2010; Madaleno & Gurovich, 2007; Molina, 2012).
Es fundamental entender la relación histórica de estos pueblos con el Estado chileno. Desde la
independencia en el siglo XIX, la construcción de la nación se hizo excluyendo lo indígena, con
22
una visión peyorativa de ello (Figueroa, 2016). Luego, durante la primera parte del siglo XX, se
intensificó la política de «chilenización» o asimilación forzada, donde se buscaba una anulación
de las diferencias culturales y persistió el despojo territorial (García, 2014; Madaleno &
Gurovich, 2007). Es clave destacar la Guerra del Pacífico (1779-1883), tras la cual los llamados
indígenas nortinos14 y sus territorios fueron anexados a Chile. Hasta la actualidad, esta
percepción de extranjería genera una distancia entre los nortinos y otros pueblos indígenas, así
como cierta invisibilización ante el resto del país (Madaleno & Gurovich, 2007).
Con el pasar de las décadas, las políticas se hicieron menos forzadas y más paternalistas (De la
Peña, 2005; Madaleno & Gurovich, 2007). En la segunda mitad del siglo se asimiló a los
indígenas como campesinos. Se centraron las políticas en el tema de la tierra, pero se ignoraron
las diferencias culturales. Aun así, esto sirvió para que algunas comunidades recuperaran parte
de sus tierras ancestrales bajo las reformas agrarias de los gobierno de Frei y Allende (García,
2014). Sin embargo, con la dictadura las medidas se revirtieron y se retomaron algunas políticas
de asimilación. Además, las políticas neoliberales, como los códigos de Aguas y Minería,
desconocieron las tradiciones y territorios indígenas (Madaleno & Gurovich, 2007).
Sólo hasta la democratización y como resultado del Acuerdo de Nueva Imperial15 se elaboró una
legislación que reconoce la diversidad de las comunidades indígenas. La Ley Indígena 19.253
buscó promover su bienestar e intereses. Para ello, creó la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, como encargada de coordinar y ejecutar las políticas de desarrollo integral y defender
a las poblaciones en caso de conflictos (Lagos et al., 2002). También estableció un Fondo de
Tierras y Aguas Indígenas, destinado a la compra de derechos para las comunidades. Y determinó
la protección sobre las vegas y bofedales de uso de las etnias nortinas (Gentes, 2001; Yañez &
Gentes, 2005). No obstante, se le ha cuestionado la falta de recursos, que no reconoció los
«territorios», sino las «tierras» indígenas, y con ello, que no brindó seguridad sobre las aguas, ni
impidió el traslado de las comunidades en caso de proyectos de inversión (Zelada & Park, 2013).
14 Término con el que se conoce a los indígenas de la zona norte en Chile 15 Producto de la reunión que se desarrolla en 1989, entre el futuro presidente Patricio Aylwin y múltiples representantes
indígenas. En ésta se acordó el apoyo de las organizaciones indígenas al entonces candidato y el compromiso de la
Concertación de crear la legislación e institucionalidad para los asuntos de los pueblos indígenas, reconocerlos en la
constitución y ratificar el Convenio 169 de la OIT (Aguas & Nahuelpan, 2018).
23
También se ha cuestionado que la institucionalidad tuvo un carácter retórico y que no incidió de
ninguna forma en el modelo económico, pues promovió el reconocimiento cultural sin trastocar
otras cuestiones de fondo como el territorio, los recursos naturales y el derecho a decidir de las
comunidades indígenas, en lo que Aguas & Nahuelpan (2018) denominan «multiculturalismo
neoliberal». Igualmente, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas ha sido una
tarea imposible hasta el momento, pese a ser una promesa que viene desde el Acuerdo de Nueva
Imperial y una tendencia en la región (Fuentes & De Cea, 2017; García, 2014).
Aun así, el nuevo escenario ha servido para fortalecer e impulsar la organización indígena, que
ahora cuenta con mayor soporte jurídico y legitimidad para sus luchas. Además, en 2008, tras 19
años de su emisión, se aprobó el Convenio 169 de la OIT y la consulta indígena (Aguas &
Nahuelpan, 2018). Ésta dictamina la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas
sobre las decisiones que les afecten directamente (Fuentes & De Cea, 2017). No obstante, la
implementación del Convenio en los gobiernos de Bachelet y Piñera (2008-2014) fue criticada
por las organizaciones indígenas. Se acusó de ser un proceso más bien informativo, sin real y
efectiva participación de los indígenas (Aguas & Nahuelpan, 2018; Astudillo, 2017)
Argumenta Gundermann (2013) que las movilizaciones y demandas indígenas no son nuevas,
pero en los últimos años se han fortalecido la conciencia étnica y las exigencias de los pueblos
indígenas nortinos. Gran parte de estas demandas se vinculan con el reconocimiento de la
diferencia, la autodefinición y el derecho a vivir de una forma distinta, con los recursos
necesarios (Aguilar, 2006; De la Peña, 2005; Pehrson, González, & Brown, 2011). Respondiendo
a la minería y la mercantilización hídrica, los atacameños, como otros grupos indígenas, se han
organizado y contestado bajo nociones como «el agua vale más que el oro» (Machado, 2010).
Las movilizaciones locales han buscado apoyos y formado redes a nivel nacional e internacional,
con actores indígenas y no-indígenas como ONG ambientales, de derechos humanos y grupos
religiosos (Bowen, Fábrega, & Medel, 2012; Urkidi, 2008).
iv) Caso de estudio: el conflicto de Pampa Colorada
En este contexto que entrelaza al Estado, el sector minero y los pueblos indígenas, se desarrolló
el conflicto de Pampa Colorada, entre 2005 y 2007. Es un caso menos estudiado que otros
conflictos hídricos y que tuvo un desenlace poco usual en el cual el Estado negó a la empresa la
24
explotación de los recursos hídricos16. A continuación, se describen los hechos de este conflicto,
que involucró al pueblo atacameño, la empresa Minera Escondida y las autoridades ambientales
y de gestión hídrica. En el anexo 6 se presenta un cuadro resumen del conflicto de Pampa
Colorada, usando el marco analítico de la CEPAL (Martín & Justo, 2015).
Pampa Colorada es un territorio cercano a los pueblos de Peine, Socaire y Toconao. Se ubica en
las inmediaciones de San Pedro de Atacama, en el desierto de Atacama que es uno de los lugares
más secos del mundo. Allí las comunidades atacameñas han practicado históricamente el
pastoreo y la agricultura, principalmente, para el autoconsumo (EJ Atlas, 2018). Desde la
segunda mitad del siglo XX una parte importante de los habitantes trabaja como asalariada en la
minería, lo que ha permitido aumentar sus ingresos, pese a las consecuencias negativas de la
actividad en la comunidad (Calderón et al., 2016).
Minera Escondida es una compañía transnacional, mayoritariamente propiedad de BHP Billiton
y con participación de Río Tinto, JECO Corporation y, en el momento del conflicto, la IFC del
Banco Mundial (Azócar, 2015). Funciona en Chile desde 1990 y su principal lugar de operación
es La Escondida, a 170 km de la ciudad de Antofagasta. Es la mayor productora de cobre en el
mundo y la segunda en el país, después de CODELCO (Cademartori, 2002; Lagos et al., 2002).
En ese entonces, CONAMA era la institución ambiental central y tenía sus instancias
descentralizadas regionalmente en las COREMA. El Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) funcionaba desde 1997 y la DGA tenía un papel un poco más relevante en la
asignación de derechos hídricos, tras la reforma del Código de Aguas de 2005. Estas instituciones
se encontraban bajo el gobierno de Michelle Bachelet, aún perteneciente a la Concertación. Se
venía de un contexto donde las administraciones Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Lagos (2000-
2006) habían mantenido tensas relaciones con los grupos indígenas y las instituciones
ambientales se habían desprestigiado, considerándose politizadas a favor de los inversores
(Aguas & Nahuelpan, 2018; Sepúlveda & Villarroel, 2012).
Antes del inicio del conflicto, existían algunas relaciones de cooperación y de tensión entre las
partes. Además del mencionado vínculo laboral de los atacameños con la minería, la empresa
16 Entre 1977 y 2006, sólo el 7% de los proyectos de inversión fue rechazado en Chile (Azócar, 2015).
25
venía ejecutando desde 1996 proyectos de desarrollo local, bien recibidos por la comunidad.
(Babidge & Bolados, 2018). No obstante, ya existían tensiones por el agua y el territorio. Desde
los años 90, la comunidad de Peine reclamaba que la minera se ubicaba en sus territorios y que
el Estado le había entregado sus aguas. Con ello consiguió una compensación monetaria de la
compañía. Asimismo, existía una tensión entre el Estado y las comunidades pues, pese al plazo
de tres años establecido en la Ley Indígena de 1993, éste seguía sin otorgar los títulos sobre sus
tierras ancestrales a los atacameños, incluyendo la zona de Pampa Colorada (Azócar, 2015).
En 2005, la empresa Exploraciones Mundo S.A. (EMSA) inició la exploración de aguas en la
zona de Pampa Colorada, contando con el consentimiento de la comunidad de Socaire, que había
recibido un pago por ello. Poco después, la empresa inscribió los derechos de las aguas
subterráneas allí presentes, despertando inquietudes en Peine y Socaire. En 2007, Minera
Escondida realizó una petición para comprar y explotar las aguas adquiridas por EMSA e ingresó
su estudio de impacto ambiental al SEIA. El proyecto de $300 millones de dólares se denominaba
«Suministro de agua de Pampa Colorada» y buscaba la extracción de 1.027 l/s por 20 años para
abastecer La Escondida (Azócar, 2015; COREMA Antofagasta, 2007). Se considera así que
Escondida, sujeto necesario, encarna la posición de «pretensión» (Martín & Justo, 2015).
Este proyecto era muy importante para la compañía debido a la baja disponibilidad hídrica de la
zona. De hecho, la escasez ha impulsado a que la empresa intente hacer un uso más eficiente y
sustentable del recurso, mediante el ahorro, la reutilización y la búsqueda de alternativas, como
la desalinización (Azócar, 2015). Sin embargo, en ese entonces, la exploración de nuevas fuentes
de agua dulce seguía siendo necesaria, en parte, por sus costos más bajos.
La explotación de las aguas de Pampa Colorada hubiese provocado una serie de efectos negativos
hasta por 60 años después de concluido el proyecto, como reconocía el estudio de impacto
ambiental de la empresa (COREMA Antofagasta, 2007). Esto se debía a la gran cantidad de agua
que sería extraída y que afectaría bofedales, vegas y lagunas (Bolados, 2014). Si bien la compañía
propuso medidas de mitigación con riegos artificiales, éstas fueron desestimadas por la población
y por las autoridades ambientales (Azócar, 2015; COREMA Antofagasta, 2007). Además, se
preveían afectaciones a la vegetación y la fauna, así como la generación de 100 a 200 kilos diarios
de residuos peligrosos (COREMA Antofagasta, 2007).
26
Al poco tiempo de ingresado el informe, las comunidades atacameñas de Socaire, Peine, Toconao
y San Pedro de Atacama se opusieron al proyecto, adoptando la posición de «resistencia» como
sujetos necesarios (Martín & Justo, 2015). Lograron articularse y superar sus diferencias en favor
de la causa común, bajo el liderazgo del Consejo de Pueblos Atacameños y consiguieron el apoyo
de la municipalidad de San Pedro de Atacama (Azócar, 2015). Recurriendo a la autodefensa
(Martín & Justo, 2015), realizaron protestas, declaraciones públicas, difusión digital y el
«enlutamiento» de los poblados con banderas negras en las casas. Esto atrajo la atención de la
prensa y consiguió apoyos a nivel nacional (Bolados, 2014; Calderón et al., 2016). Así, las
comunidades se aliaron con terceros: ONG ambientalistas y de derechos humanos como el
Observatorio de los Derechos Indígenas (actualmente Observatorio Ciudadano), Chile
Sustentable, y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que aportaron
recursos técnicos y económicos para la defensa de la comunidad y de las aguas (Babidge &
Bolados, 2018; Gundermann & Göbel, 2018).
Luego, recurriendo a la heterocomposición (Martín & Justo, 2015), las comunidades presentaron
sus observaciones al SEIA (COREMA Antofagasta, 2007), pero ampliaron la discusión técnica
con sus demandas históricas por el control de sus territorios y la explotación de sus aguas por
parte de la minería (Bolados, 2014). El movimiento soportó sus argumentos en normativa
nacional e internacional como la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT (entonces no ratificado
por Chile) y pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Bolados,
2014).
Finalmente, en octubre de 2007, la COREMA de Antofagasta rechazó el proyecto hídrico de
Minera Escondida (EJ Atlas. 2018; Gundermann & Göbel, 2018). Se argumentó la generación
de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales
renovables, las comunidades aledañas y sitios de valor antropológico, arqueológico e histórico,
sin proveer medidas de mitigación adecuadas (Azócar, 2015; Yañez & Molina, 2008).
Inmediatamente después, Minera Escondida pidió reconsiderar la negativa del organismo
(MiningPress, 2007), pero no apeló a la resolución. En cambio, recurrió a la alternativa -más
costosa- de desalinizar agua de mar (Azócar, 2015). Aun así, sostiene Azócar (2015) que en los
27
pueblos atacameños permaneció una sensación de inseguridad y desconfianza frente al futuro de
las aguas, pues su protección legal continuó siendo débil y permanecieron en manos de EMSA.
Es fundamental señalar que el Estado chileno, si bien no se presenta como actor directo del
conflicto, más allá de su rol como árbitro mediante las autoridades ambientales, es un importante
artífice de éste. Como se ha mencionado, el Estado ha sido el principal promotor del modelo
económico intensivo en minería, a la vez que ha brindado instancias para la participación de los
pueblos indígenas, pero también ha generado inconformidades relacionadas con la propiedad de
los territorios y las aguas. Esto lo convierte en un sujeto necesario (Martín & Justo, 2015).
VI. Nivel analítico: caracterización subjetiva y ontológica de los conflictos hídricos
A continuación, se busca explicar las situaciones anteriores desde los componentes subjetivos y
ontológicos del conflicto. Con ello, se intenta mostrar que la complejidad de los conflictos va
más allá de un asunto distributivo y cómo las percepciones, las narrativas, las visiones de mundo
y las relaciones de poder pueden ser claves para entender su origen.
i) Dimensión subjetiva del conflicto
Para caracterizar el conflicto de Pampa Colorada y la situación general en que éste se enmarca
desde la perspectiva subjetiva de las partes y siguiendo la propuesta de framing de Shmueli
(2008), se presentan: autoidentificación, percepción externa, percepción del problema y
objetivos y estrategia narrativa. La tabla sintética se encuentra en el anexo 7.
Comenzando por la autoidentificación, el sector empresarial minero se reconoce como una fuente
de desarrollo, en términos de crecimiento económico, provisión de bienes materiales y creación
de empleo. Así es señalado por los académicos del sector y miembros de la Sociedad Nacional
de Minería entrevistados. “La minería para Chile es, prácticamente, el sustento del país, su
estructura y su desarrollo” (Académico, comunicación personal 2); “un motor de desarrollo, eso
es” (Representante SONAMI, comunicación personal 9). Así mismo se describen compañías
como BHP Billiton y CODELCO en sus páginas web oficiales (BHP, 2019b; CODELCO, s. f.).
Las compañías transnacionales se identifican como quienes han proveído estándares de calidad,
responsabilidad social y ambiental e innovación para el país y la industria nacional
(Representantes SONAMI, comunicación personal 9 y 16; Barrick, s.f.-b; BHP, 2019b).
28
Por su parte, desde el Estado se asocia la minería con la identidad chilena y como una clave en
la consolidación estatal: “definitivamente, somos un país minero” y “Chile se destaca por ser un
país minero a nivel internacional y es uno de sus motores principales, desde el punto de vista del
crecimiento, si no el motor central”, señalaron respectivamente funcionarios del Ministerio de
Medioambiente y de Minería (comunicación personal 18 y 19). Consecuentemente, los
funcionarios están de acuerdo con algunos académicos y el sector privado en que la minería es
«el sueldo de Chile» (comunicación personal 18 y 19).
Ahora bien, el Estado chileno no es una unidad homogénea y sus distintas áreas tienen
identidades diversas, acordes con sus campos de acción. Mientras el Ministerio de Minería se
identifica como promotor y facilitador de la actividad minera (Ministerio de Minería, s. f.), el de
Medio Ambiente se reconoce como agente en la protección y conservación de los recursos
naturales y garante del desarrollo sustentable (Ministerio de Medio Ambiente, s. f.). La DGA y
el SEA se identifican como órganos técnicos especializados de administración y evaluación de
recursos hídricos y proyectos de inversión (DGA, s. f.; SEA, s. f.).
Las instituciones estatales tienen en común que se conciben a sí mismas como mediadores y
facilitadores en la relación entre inversionistas y comunidades locales. “A nosotros nos compete
hacer un rol, por decirlo así, articulador, de acercar a las partes” (Funcionario, comunicación
personal 19); “(…) lo que buscamos, específicamente, fue que lográramos tratar de tener esta
convivencia que nos permita escucharnos a todos y entender las problemáticas de todos”
(Funcionaria, comunicación personal 18).
Los atacameños se autoidentifican como un pueblo ancestral, destacando su ocupación de la zona
por miles de años y con ello sus derechos sobre el territorio y el agua (Representante atacameño,
académicos, comunicación personal 8, 16 y 22; Consejo de Pueblos Atacameños, s. f.-a). Debe
señalarse que los atacameños han tenido un proceso de «reindigenización» propiciado sobre todo
desde la Ley Indígena de 1993, que reconoció legalmente a los pueblos indígenas y les brindó
algunos beneficios (Académicos, comunicación personal 13 y 22). Destaca un académico que
antes los atacameños no se denominaban como tal ni se reconocían como indígenas, pues esto
tenía un carácter peyorativo. Sin embargo, una parte importante de las comunidades mantuvo, y
mantiene hasta hoy, costumbres y formas de vida tradicionales, que incluyen el pastoreo y el
29
culto a los cerros y el agua (académicos, comunicación personal 13 y 22). Actualmente, esta
forma de vida tradicional y su reivindicación también son rasgos importantes en la
autoidentificación atacameña (Representantes atacameños, comunicación personal 6 y 8).
Otro elemento para resaltar es su vínculo con el agua. Al preguntar por rasgos distintivos del
pueblo, tanto a sus representantes, como a académicos que han trabajado con éste, la estrecha
relación con el agua fue destacada como parte esencial de la comunidad (comunicación personal
4, 6, 7, 11 y 13). Además, existe un fuerte sentido comunitario, que los atacameños consideran
característico y clave para sus luchas por el agua y el territorio. En la misma lógica, de forma
colectiva, se consideran como agentes con capacidad de incidencia en los proyectos mineros
(Representante atacameño, comunicación personal 8; Radio Toconao, s. f.).
Finalmente, las ONG que han servido de apoyo al pueblo atacameño se autodefinen como
promotoras y defensoras de los derechos humanos y medioambientales (Chile Sustentable, s.f.;
Observatorio Ciudadano, s. f.-b; OCMAL, s. f.; OLCA, 2019). Comparten la idea de que son
organizaciones para el acompañamiento de los pueblos indígenas y su reivindicación de derechos
ambientales y de reconocimiento, pero que son éstos quienes llevan la “vocería política”
(Representantes ONG, comunicación personal 12 y 23).
Sobre la autoidentificación se observa que a partir de la forma cómo los actores se entienden a sí
mismos y los valores que consideran representar, definen derechos que les corresponden y
justifican sus acciones. Desde el sector empresarial, la autoidentificación como generadores de
progreso y bienestar es una justificación para la realización y ampliación de la labor minera, a
pesar de los impactos en las comunidades y ecosistemas locales, pues estiman que se aporta al
bien común del país. Por otro lado, desde la relación estrecha que el Estado establece entre
minería e identidad nacional, así como su autoidentificación como mediador, se entiende por qué
su discurso se centra en buscar el diálogo entre las partes, siempre y cuando éste no cuestione el
modelo minero. Asimismo, los reclamos y demandas sobre las aguas y territorios de los
atacameños surgen y se legitiman a partir de la idea de ancestralidad y de su estrecha relación
con el agua. Su autoidentificación como actores colectivos con capacidad de incidencia favorece
la movilización social constante. Movilización que ha sido respaldada por organizaciones, cuya
razón de ser se identifica con la lucha por los derechos de estos pueblos.
30
En cuanto a la percepción externa, puede decirse que el sector empresarial encuentra en el Estado
un socio estratégico, que ha brindado las facilidades y seguridad para la inversión y el desarrollo
de proyectos mineros (Académicos y Representantes SONAMI, comunicación personal 2, 9, 14
y 16). No obstante, también existe la percepción de que las barreras de autorización en ocasiones
son muy altas y pueden llegar a ralentizar los procesos: “hay ciertas lentitudes en el proceso de
aprobación de los proyectos de lo cual se quejan muchas mineras, grandes especialmente”
(Representante SONAMI, comunicación personal 9).
Por otra parte, las empresas muestran un creciente interés por acercarse más a las comunidades
indígenas, en el marco de la llamada «responsabilidad social corporativa» y con miras a
establecer comunicación. Esto se evidencia en las directrices sobre relacionamiento con
comunidades que tienen las mineras (Barrick, s.f.-a; BHP, 2019a) e igualmente fue expresado
por los representantes de SONAMI (Comunicación personal 9 y 16).
Hay que vivir en paz con las comunidades y, al contrario, hoy en día la tendencia es al revés, es como vincularme
más con la comunidad, como vincular más las comunidades al negocio minero, de manera que se beneficien
directamente, no solamente porque no se saque el agua, sino que además son parte del negocio (…) hoy en día hay
un cambio radical: hoy en día nadie puede hacer minería en Chile, si no habla con las comunidades y llega a acuerdos
primero. (Representante SONAMI, comunicación personal 16)
Esto parece indicar que se estaría considerando a las comunidades como actores relevantes en el
territorio, con incidencia en los proyectos mineros, más allá de la relación paternalista
tradicional, señalada por académicos, atacameños y los representantes de SONAMI
(comunicación personal 6, 13, 15 y 16). La importancia dada a la relación con las comunidades
puede, al menos en parte, explicar por qué Minera Escondida no insistió en el proyecto de Pampa
Colorada.
La percepción de las comunidades indígenas por parte del Estado se ha ido transformando, lo
cual se ve en la Ley Indígena y en los avances en materia de la consulta indígena. Antes de ello
e históricamente, existían prejuicios negativos sobre estas comunidades, a la vez que se les tendía
a ignorar y marginar, según señalaron varios académicos (comunicación personal 4, 15 y 20).
Sin embargo, persiste una percepción de poca capacidad de agencia y, con ello, una imposición
sobre las formas de manifestarse y restricciones a la autonomía. Una académica señaló:
31
El Estado impuso, tal vez quiso hacerlo bien, pero en mi opinión no fue tan bien, porque impuso nuevamente lo que
había venido haciendo toda la vida: subordinar a los pueblos indígenas y decirles cómo debían organizarse, cómo
debían comportarse, qué debían hacer. (Comunicación personal 13)
El Estado percibe que el descontento de las comunidades proviene de una falta de información
sobre los proyectos, mas no de la realización de los mismos en su territorio. Por ello se considera
que la solución es la participación ciudadana, aunque no sea vinculante, ni trate cuestiones de
fondo, como el modelo de desarrollo (Funcionarios, comunicación personal 18, 19 y 24).
De las compañías mineras se tiene una idea positiva, de contribución al bienestar del país,
mientras se haga bajo los estándares legales. Esto no solo en términos de la actividad minera
propiamente, sino de las «externalidades» que trae consigo, como la generación de
infraestructura, provisión de bienes y servicios a las comunidades circundantes y trabajadores
locales. Sin embargo, también hay conciencia sobre los efectos negativos:
Nadie va a creer que la minería no genera impacto. El tema es cuáles son las externalidades positivas que sus
proyectos pueden llevar a las comunidades. Cómo se hacen cargo. Porque si yo voy a dañar, por ejemplo, una
determinada zona, que tiene a lo mejor una riqueza ecosistémica, cuáles son las medidas que voy a hacer para
compensar ese daño. Entonces, al final, aquí hay un juego de impacto versus cómo me hago cargo de esos impactos.
No va por un tema de desconocer los efectos tanto positivos como negativos que un proyecto minero tiene.
(Funcionario, comunicación personal 19)
Los atacameños perciben al Estado como un actor distante que ha tendido a ignorar a su pueblo,
que se niega a reconocer sus derechos y que no se ha preocupado por entender su perspectiva:
“porque se mira muy desde lejos, como ellos no están aquí, entonces, no miran la cosmovisión,
no miran la realidad de una comunidad porque no la conocieron y, por lo tanto, se dejó de lado”
(Representante atacameño, comunicación personal 7).
Ha sido una relación muy lejana, lejos de lo que el Estado debiera hacer, o el Estado debiera trabajar con nuestros
pueblos originarios. Actualmente no somos reconocidos en la Constitución política chilena, que eso quiere decir
que como que no existimos dentro del país. Tampoco ha reconocido o no ha sabido aceptar los derechos que nosotros
tenemos sobre nuestras tierras, sobre nuestras aguas, que ancestralmente siempre hemos dicho que nos pertenecen.
(Representante atacameño, comunicación personal 8)
El centralismo del Estado es una queja común en distintas manifestaciones del pueblo atacameño
(Comunidad de Toconao, 2008; Consejo de Pueblos Atacameños, s. f.-b; Radio Toconao, 2012).
Asimismo, se percibe que en el marco de un modelo de privatización el Estado generalmente
protege los intereses de las compañías, mientras desprotege a las comunidades:
32
(…) no ha sido capaz de poder darle una calidad de vida como corresponde a sus pueblos originarios, dejándolos en
el total olvido y empobreciéndolos cada vez más. Usurpando actualmente todavía sus territorios, a través de los
permisos que está otorgando con concesiones mineras, donde pareciera que el poder económico para él tiene mayor
relevancia que la sobrevivencia de una cultura, de un pueblo. Por lo tanto, la relación con ellos ha sido muy mala,
ha sido de decepción, ha sido de olvido, ha sido una relación triste (…) Chile es lo que es, es un país que no cumple
sus obligaciones. Primero, que privatiza todo, todo en Chile es privatizado, falta que nos privaticen el aire y sería lo
último. Y que todo lo mercantiliza, para un “desarrollo” que no llega a todos, sino que llega a algunos y donde
algunos se han beneficiado y otros se ven totalmente empobrecidos. (Representante atacameño, comunicación
personal 8)
Frente a las compañías mineras, la situación es más complicada, pues como reconocen los
mismos miembros de la organización atacameña, existe una dualidad en la percepción, a razón
de los beneficios y los impactos negativos generados (comunicación personal 6 y 8). Por un lado,
la percepción de los dirigentes tiende a ser principalmente negativa, concibiendo a las compañías
como explotadoras y destructoras del ambiente, a la vez que existe poca confianza hacia éstas
(representantes atacameños, comunicación personal 7 y 8). Por otro, entre los comuneros se
asocian las compañías mineras con empleo y progreso material, aunque se conocen los efectos
ambientales y sociales negativos (Miembro Organización Atacameña, comunicación personal 6;
Académico, comunicación personal 22).
Ahora bien, como señalaron algunos académicos, los atacameños también son conscientes de las
capacidades económicas de las mineras, lo cual ha favorecido que se establezcan relaciones de
transacción (comunicación personal 4, 13 y 22). Así, los líderes negocian con las compañías
mineras para recibir financiación para proyectos de la comunidad (Babidge & Bolados, 2018).
Por otro lado, las ONG muestran una percepción notoriamente negativa, tanto del Estado como
de las compañías. Destacan elementos como el fuerte extractivismo del modelo económico, la
desigual distribución de la riqueza generada por la actividad minera, la degradación ambiental y
la afectación de las comunidades locales, en lo que se ha denominado «zonas de sacrificio17».
Consecuentemente, no se considera que el Estado vele por los intereses de las comunidades
indígenas ni del ambiente (Representantes ONG, comunicación personal 12, 17 y 23;
Observatorio Ciudadano, 2018). Sin embargo, es importante señalar que la percepción acerca de
17 Éstas se entienden como territorios donde los ecosistemas y las comunidades locales son expuestos a graves
situaciones de deterioro, bajo el argumento del desarrollo de industrias que generan ingresos para el beneficio de la
mayoría del país (Fundación Terram, 2017).
33
las compañías trasnacionales es peor que la de la minería nacional, debido a la contribución fiscal
de ésta (Representantes ONG, comunicación personal 17 y 23).
Desde la percepción externa empiezan a dilucidarse las tensiones entre los actores, así como la
complejidad de sus relaciones. Tanto el Estado como las mineras consideran que los atacameños
son actores con capacidad de incidencia en el territorio y que, por tanto, deben ser tenidos en
cuenta. Ahora bien, lo que se busca es incluirlos en el modelo de desarrollo establecido, no en la
discusión sobre éste. Por su parte, los atacameños tienen una percepción primordialmente
negativa del Estado y de las compañías mineras que es compartida, con sus propias
características, por sus apoyos en las ONG. No obstante, también son conscientes de que
requieren de los otros actores para negociar y recibir beneficios.
Pasando a la percepción del problema y objetivos, para el empresariado minero, el problema
parece centrarse en la escasez hídrica, producto de la competencia con el crecimiento
demográfico y turístico, la agroindustria y el cambio climático. Sus objetivos serían continuar y
ampliar la producción minera para generar utilidades a sus inversionistas, disponiendo de los
recursos necesarios y manteniendo las buenas relaciones con la población local (Académicos y
representantes SONAMI, comunicación personal 1, 2, 9, 14 y 16; Barrick, s.f.-b; BHP, 2019c).
Desde el sector se proponen soluciones técnicas que reduzcan la competencia por el agua fresca,
como el aumento en la eficiencia, la reutilización y, sobre todo, la desalinización de agua de mar
(Académicos y representantes SONAMI, comunicación personal 1, 2, 9, 14 y 16).
Para el Estado el problema, más allá del tema hídrico, giraría en torno a una falta de
comunicación y transparencia entre las partes, cuando se plantea el desarrollo de un proyecto
(Funcionarios, comunicación personal 4, 18, 19 y 24).
Siempre existe una legítima preocupación de cuáles van a ser los efectos que un determinado proyecto puede causar
dentro de los estilos de vida de las personas que habitan un determinado lugar (…). Entonces, nosotros creemos que,
hoy en día, las relaciones entre las empresas y las comunidades deben darse en términos muchísimo más
transparentes de lo que se ha dado anteriormente (...). (Funcionario, comunicación personal 19)
Dentro de sus objetivos centrales se encuentra el fomento de la minería, en un marco de
desarrollo sostenible, que equilibre aspectos económicos, sociales y ambientales. También, es
claro que dentro de sus prioridades está mantener la seguridad inversionista característica del
34
país, lo cual incluye tramitar los conflictos por vías institucionales, evitando la inestabilidad
(Funcionarios y académico, comunicación personal 18, 19 y 22; Ministerio de Minería, s.f.;
Ministerio de Medio Ambiente, s.f.). Consecuentemente, la solución desde su punto de vista
estaría en la generación de diálogo entre las partes, que permita un desarrollo exitoso de los
proyectos.
Nosotros creemos que una de las conclusiones concretas que se puede hacer es desarrollar unas plataformas, qué sé
yo, más tecnológicas, de encuentro que permitan (…) tanto para los desarrolladores de proyectos conocer quiénes
son las comunidades de un determinado lugar, quiénes son sus representantes, cómo pueden acceder a contactarlos.
(…) también creemos que el diálogo es necesario para ambos lados, no solo cuando estamos con las comunidades.
(Funcionario, comunicación personal 19)
La idea es que todos podamos conversar juntos y que nos escuchemos, porque cuando el representante de pueblos
indígenas escucha al representante de pueblos no indígenas, escucha a un privado, escucha a una ONG, y escucha
al gobierno, tú puedes entender mejor cuál es la visión que se le está dando. Y eso es lo que se busca. (Funcionaria,
comunicación personal 18)
Para el pueblo atacameño, la extracción hídrica es un problema muy importante y fue clave en
el conflicto de Pampa Colorada. Por ello, no han dudado en denominar su territorio “zona de
sacrificio hídrico” (Consejo de Pueblos Atacameños, s. f.-b).
Nos estaban extrayendo el elemento vital, nos estaban matando, o sea, no solo a nosotros si no que a todos los seres
vivientes que hay en el territorio. Por eso eran las banderas negras, de rechazo, de luto, de saber que en cualquier
momento puedes desaparecer como cultura. De que te están llamando, prácticamente, como llaman a las ovejas al
matadero, así nos estaban llamando a nosotros por más que algunos piensen que es exagerado. Pero el que te extraiga
agua una empresa, donde hay una cultura que ha sobrevivido a -si no es al desierto más árido del mundo- donde
escasea el agua y viene una empresa que te saca 1.400 litros y al lado tiene una comunidad que muere porque no
tiene agua, que no tiene vida. (…) Y a eso obedecían las banderas negras, o sea, decirle al Estado: “oye me estas
matando, o sea, cómo quieres que siga subsistiendo si me estas sacando lo primordial, lo más sagrado para mí: el
agua”. (Representante atacameño, comunicación personal 8)
No obstante, esto se enmarca en problemáticas más amplias que van desde la destrucción de los
ecosistemas y las formas de vida tradicionales por intereses económicos, hasta la negación del
reconocimiento como habitantes ancestrales, de su capacidad para decidir lo que ocurre en su
territorio y de la inclusión de su perspectiva en las políticas (Representantes atacameños y
Académicos, comunicación personal 6, 7, 8, 11 y 22; Consejo de Pueblos Atacameños, s. f.-b);
Consejo de Pueblos Atacameños, s. f.-c; Radio Toconao, 2012).
Como comunidades Lickan-Antay, dueñas de nuestros territorios, nos corresponde por derecho ser los protagonistas
directos en decidir cómo queremos el desarrollo económico, social y cultural de nuestra Pata Hoiri (madre tierra)
35
por lo tanto es obligación del Estado considerar nuestra participación en la formulación, aplicación y evaluación de
los planes y programas de desarrollo nacional y regional ahora y siempre. (Asamblea de Dirigentes Atacameños,
2012)
Entonces yo creo que la gran pregunta es: primero, ¿es viable seguir extrayendo agua dulce en un territorio que
históricamente ha sido un territorio seco? y también no poner sobre la vida humana, sobre la calidad de vida de las
personas el poder económico. Es fundamental para entender qué políticas podemos tener o qué políticas podría
instalar el Estado, primero, para la protección de las personas (…) creo que hay ahí una discusión tremenda y
tendremos que agotar esfuerzos para decirle al Estado que aquí tiene que prevalecer primero el ser humano y luego
el tema económico, obvio, el tema económico va al último. Nuestros abuelos, nuestros ancestros pudieron vivir,
hacer todo esto sin ningún peso, entonces, ¿por qué ahora no? el dinero es malo, el dinero crea desunión, crea duda,
crea conflicto, obviamente ayuda y hoy en día todo se mueve con dinero, pero, por qué no pensar en otros modelos
de desarrollo. Lo que es la gran conversación y los grandes temas a plantear a las autoridades (…) [el Estado]
tampoco ha reconocido o no ha sabido aceptar los derechos que nosotros tenemos sobre nuestras tierras, sobre
nuestras aguas, que ancestralmente siempre hemos dicho que nos pertenecen. Me hace recordar que lo que el Estado
no ha entendido es que nosotros hemos estado desde antes que el Estado, muchísimo tiempo antes. (Representante
atacameño, comunicación personal 8)
Sus objetivos en el corto plazo serían que la minería dejase de extraer agua y evitar que se instalen
nuevos proyectos:
Yo creo que Escondida, quiere 10 años más de agua, Zaldívar quiere 10 años más de agua (…) pero ahora, estamos
en un proceso en el cual se están renovando esos permisos y lo que nosotros tenemos como política, (…) es realizar
una oposición para que esos procesos, para que esos permisos no se otorguen. Esa es nuestra visión, esa es nuestra
política y eso es lo que estamos intentando hacer (…) podemos decir que los nuevos proyectos, los que se pretenden
instalar ahora, no los queremos, vamos a hacer todo lo posible para que ni siquiera se puedan instalar. (Miembro
Organización Atacameña, comunicación personal 6)
Sin embargo, en el largo plazo, se aspiraría a tener mayor control sobre lo que ocurre en el
territorio, con el reconocimiento de su derecho sobre éste y sus aguas (Representantes
atacameños y Académicos, comunicación personal 6, 7, 8, 11 y 22). De hecho, Pampa Colorada
es visto como un caso emblemático por los atacameños. Consideran que sus presiones sirvieron
para frenar el proyecto, es decir que cumplieron su objetivo de incidir en las decisiones
(Representantes pueblo atacameño, comunicación personal 6, 7 y 8).
La percepción del problema por parte de las ONG se instala en un nivel macro. Se denuncia que
la minería tiene afectaciones ambientales y sociales y que sus beneficios tienden a concentrarse
en un sector privilegiado y se comparte la idea de que el modelo de privatización ha generado
este fenómeno (Representantes ONG, comunicación personal 12, 17 y 23). Sin embargo, hay
36
visiones distintas, que van desde un completo rechazo a la minería “en ninguna parte se podría
hacer la minería sustentable. No, la minería no es sustentable” (Representante ONG,
comunicación personal 11), hasta otras que consideran que la minería no debe ser el centro de la
actividad económica en el país, pero que, haciéndose de forma más sustentable, sus beneficios
podrían y deberían favorecer a todos los chilenos (Representantes ONG, comunicación personal
17 y 23). Sus objetivos generales se instalan en la esfera nacional, donde se busca favorecer un
modelo político y económico más incluyente y sostenible. Tales propósitos generales se
alimentan con el respaldo a las luchas de las comunidades locales (Chile Sustentable, s. f.;
Observatorio Ciudadano, s. f.-a; OCMAL, s.f.; OLCA, s.f.).
A partir de las percepciones del problema y los objetivos de las partes, se hace evidente la
complejidad del conflicto: mientras que para las compañías es un asunto distributivo y
solucionable por vías técnicas y para el Estado es una cuestión de comunicación y transparencia
proyecto-a-proyecto, para los atacameños y sus apoyos esto podría ser insuficiente. Si bien en el
corto plazo soluciones como la desalinización podrían satisfacer a todas las partes, al aumentar
la disponibilidad de agua, esto no resolvería otras dimensiones más profundas del problema,
asociadas a las reivindicaciones de reconocimiento y capacidad de decisión por parte del pueblo
atacameño. Lo mismo sucede con las transformaciones políticas y económicas perseguidas por
las ONG. Estos objetivos más amplios pueden entrar en disputa con los de las compañías, pues
significarían restringir y condicionar más las oportunidades de explotación minera.
El caso de Pampa Colorada ilustra cómo la diferencia en la percepción del problema perpetúa el
conflicto: aunque el caso puntual se resolvió por vías institucionales (decisión de COREMA) y
técnicas (desalinización por parte de Minera Escondida), las tensiones entre el pueblo atacameño,
el Estado y las empresas mineras persisten y están en aumento en la actualidad. Esto porque se
avecina la renovación de las licencias ambientales para los proyectos existentes y por la llegada
de nuevas industrias como el litio (Representantes atacameños, comunicación personal 6 y 8).
Por último, se consideran las narrativas de las partes, en términos gana-gana o de suma-cero,
elementos destacados u omitidos y recursos discursivos. Comenzando por las empresas, se
evidencia una tónica en términos gana-gana: se propone que es posible continuar su actividad
extractiva, con las medidas de mitigación, reparación y compensación pertinentes, generando a
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la vez beneficios para las comunidades locales (Representantes SONAMI, comunicación
personal 9 y 16; Barrick, s.f.-a; BHP, 2019a; CODELCO, s. f.).
Frente al conflicto en general y en el caso específico de Pampa Colorada, se reconoce la escasez
hídrica como problema, pero se privilegia hablar sobre las posibilidades de solución. Se destaca
cómo las compañías han venido trabajando en las medidas técnicas para ello (Académicos y
Representantes SONAMI, comunicación personal 1, 2, 14, 9 y 16). Sobre el problema, se enfatiza
en que la minería no es el mayor consumidor de agua en el país, sino que lo es la agricultura,
aunque se reconoce que a nivel local su consumo es importante. Se tiende a resaltar otras causas
como el turismo y el crecimiento demográfico. No hay mención a los derechos de los pueblos
indígenas sobre los territorios o las aguas (Académicos y Representantes SONAMI,
comunicación personal 2, 9, 14, y 16).
La narrativa del Estado también presenta una lógica gana-gana en la cual el crecimiento de la
actividad minera y el desarrollo sustentable a nivel nacional y local son posibles y van de la
mano. El desarrollo es uno de los elementos más destacados en el discurso estatal (Funcionarios,
comunicación personal 3, 18 y 19; Ministerio de Medio Ambiente, s.f.; Ministerio de Minería,
s.f.; SEA s.f.). Sobre el problema, hay poca referencia a la escasez hídrica y se enfatiza más en
la necesidad de participación ciudadana y comunicación. La participación se plantea de proyecto-
a-proyecto, de forma que permita mejorar la calidad de éstos sin un carácter vinculante. No hay
referencia a los derechos de los pueblos sobre aguas y tierras, aparte de la mención del derecho
a la consulta previa (Funcionarios, comunicación personal 3, 18, 19 y 24). “No nos podemos
hacer cargo dentro del SEA de demandas históricas” (Funcionario, comunicación personal 3).
El discurso del Estado recurre principalmente al desarrollo sustentable, con la idea de que es
posible un equilibrio económico, social y ambiental y que la minería es parte de ello. Pese a que
se señala que los beneficios pueden y deben llegar al nivel local, el discurso sobre el bienestar se
centra notoriamente en el nivel nacional y sus necesidades (Funcionarios, comunicación personal
3, 18 y 19; Ministerio de Medio Ambiente, s.f.; Ministerio de Minería, s.f.; SEA s.f.).
La narrativa de los líderes atacameños, al menos en el corto plazo y en la temática hídrica, puede
caracterizarse como de suma-cero. Ellos mismos destacaron que se niegan a la instalación de
38
nuevas empresas (Representantes atacameños, comunicación personal 6, 7 y 8). Sin embargo, en
sus problemáticas y objetivos de largo alcance puede identificarse una narrativa con potencial
gana-gana donde, hay lugar para el diálogo con el Estado y la minería ya instalada, en la medida
que se les reconozcan sus derechos sobre el territorio y las aguas. Postura acorde con la de los
comuneros que trabajan en el sector (Representantes atacameños y Académicos, comunicación
personal 6, 7, 8, 11 y 22; Consejo de Pueblos Atacameños, s. f.-b, s. f.-c; Radio Toconao, 2012).
Por otro lado, el agua es un elemento central en la narrativa atacameña. Efectivamente, esto
refleja su rol en la problemática. Sin embargo, también funciona como un recurso discursivo
sobre el cual se enfatiza para visibilizar otras reivindicaciones más amplias del pueblo
atacameño, como el reconocimiento y el territorio. El agua sería entonces un objeto en disputa
estratégico y un recurso narrativo para una población que se ha sentido ignorada (Representantes
atacameños, comunicación personal 6, 7 y 8).
El recurso más utilizado es la mención de los derechos indígenas y ancestrales, en los cuales se
insiste como la base de todas las reivindicaciones (Representantes atacameños, comunicación
personal 6 y 8; Asamblea Dirigentes Atacameños, 2012; Comunidad de Toconao, 2008; Consejo
de Pueblos Atacameños, s. f.-a; Radio Toconao, 2012). Otro recurso es el uso de un lenguaje
técnico y legalista, que permite a los atacameños expresar sus reivindicaciones en los términos
de las reglas de juego dominantes. Se refieren a la normativa indígena nacional y también a los
acuerdos internacionales en el tema (Miembro organización atacameña, comunicación personal
6; Consejo de Pueblos Atacameños, s. f.-a; Radio Toconao, 2012; Comunidad de Peine, 2017).
La narrativa de las ONG también tiende a la suma-cero, mientras se mantenga el modelo de
desarrollo actual, considerado insostenible. La situación se plantea como una lucha de la sociedad
civil contra del modelo extractivista sostenido por el Estado y las compañías (Representantes
ONG, comunicación personal 12, 17 y 23; Chile Sustentable, 2018; OLCA, 2013). Los aspectos
destacados son los efectos negativos del modelo económico en la región, el país y a nivel local.
Se recurre a la mención de los derechos indígenas y las normativas nacionales e internacionales
(Representantes ONG, comunicación personal 12, 17 y 23; Representantes ONG, comunicación
personal 12, 17 y 23; Chile Sustentable, 2018; Observatorio Ciudadano, 2017; OLCA, 2013).
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En definitiva, se observan dos grandes narrativas contrapuestas: por un lado, la de las compañías
mineras y el Estado, cooperativa y constructiva, pero con una mirada reduccionista de la
situación; por otro, la narrativa más conflictiva de los atacameños y sus apoyos en las ONG que
sostiene el agua como elemento central, pero que llama la atención sobre elementos estructurales.
Para los atacameños éstos se refieren al nivel local y su relación histórica con el territorio y el
Estado; para las ONG al modelo de desarrollo y sus efectos a nivel nacional e internacional.
ii) Dimensión ontológica del conflicto
Ahora, se caracterizan las concepciones de los distintos sectores del conflicto sobre la naturaleza
y, especialmente, sobre el agua. Se identifican diferencias y semejanzas para explicar el origen
del conflicto desde una perspectiva ontológica. La tabla sintética se encuentra en el anexo 8.
Para las empresas mineras la naturaleza es muy importante por ser la fuente de recursos para la
producción (Académico, Geólogo, comunicación personal 5 y 10). Así, su concepción se
establece en la forma de recursos naturales. El agua se sitúa como uno de ellos. Es crucial para
el procesamiento de los minerales, así como para la disposición de desechos: “en este minuto el
agua es un recurso esencial para la explotación minera” (Representante SONAMI, comunicación
personal 9); “por ahora, el agua es absolutamente clave en la minería” (Representante SONAMI,
comunicación personal 16); “sin acceso al agua, simplemente no podríamos llevar a cabo nuestro
negocio” (BHP, 2018). Su valor es estratégico y, por tanto, hay una preocupación por optimizar
su uso, particularmente, en un contexto de aridez y competencia (Académicos, Representantes
SONAMI, comunicación personal 1, 9, 14 y 16; Barrick, 2017; BHP, 2018; CODELCO, 2016).
La preocupación por la protección ambiental provendría de presiones externas: del marco
regulatorio nacional e internacional y el interés por mantener una imagen pública y así, el valor
de las acciones (Académicos, Geólogo, Representantes SONAMI, comunicación personal 1, 2,
5, 9 y 16.). La razón para que en los 90 las compañías transnacionales exigieran al gobierno
robustecer la legislación ambiental fue la protección de sus inversiones “necesitábamos que esto
fuera claro de manera que en el largo plazo supiéramos a qué atenernos” (Representante
SONAMI, comunicación personal 9).
Nosotros queremos que regule los aspectos ambientales porque debemos trabajar tranquilos a largo plazo, queremos
saber las reglas del juego (…) eso nos conviene, que las cosas estén claras por largo plazo, la minería es a largo
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plazo, se quiere que todo este a largo plazo, poder planear y poder invertir tranquilo (Representante SONAMI,
comunicación personal 16).
No obstante, las empresas no desean que la legislación sea excesiva, en tanto “las normas estarían
trabando el desarrollo óptimo de proyectos mineros” (Lagos et al., 2002).
Por otra parte, la concepción de la naturaleza desde el sector minero tiene un carácter
fragmentado que ha sido funcional para la actividad minera. En general, se considera lógica y
deseable la separación legal que se ha establecido sobre la tierra, el subsuelo y el agua, pues ha
facilitado la extracción minera en la práctica. La división de la propiedad de la superficie y la del
subsuelo ha permitido que la operación minera se dé con mayor seguridad jurídica, sin verse
restringida por la oposición del propietario superficial (Académico, Geólogo y Representan
SONAMI, comunicación personal 2, 5 y 16). Señala un académico del sector “es un tema de
seguridad de la inversión. No hay minería sin eso” (comunicación personal 2).
En cuanto a la separación del agua y la tierra propiciada por el Código de Aguas de 1981 se
identifican pros y contras. Los beneficios se asocian con la facilitación del acceso al agua para
la minería y la garantía sobre su propiedad, lo que brinda seguridad jurídica a los inversionistas
(Representantes SONAMI, comunicación personal 9 y 16). Sin embargo, también se reconoce
que el agua es necesaria para la vida humana y los ecosistemas, por lo cual esto debería estar
contemplado en la legislación (Académico, comunicación personal 1; BHP, 2018). No obstante,
en su concepción recurso natural, el agua es vista como susceptible de apropiación. Esto se refleja
en que las críticas al Código de Aguas no se deben a la mercantilización del agua, sino a la falta
de regulación sobre el mercado, que ha dado lugar a especulación y acaparamiento no productivo
(Académicos y Representante SONAMI, comunicación personal 1, 2 y 16).
Por otro lado, la naturaleza también es concebida como una fuente de riesgo para la actividad
minera, en términos de eventos climáticos que alteren la disponibilidad de los recursos o que
amenacen la seguridad de las faenas. A la vez, se le considera como susceptible del impacto de
la minería (Académicos, comunicación personal 1; BHP, 2018; CODELCO, 2016). Para ambos
casos se piensa que la acción humana, mediante la tecnología, puede intervenir (Académicos y
Representantes SONAMI, comunicación personal 1, 2, 14, 9 y 16; Barrick, 2017; BHP, 2018;
CODELCO, 2016). En tal sentido, la naturaleza se concebiría como potencialmente controlable.
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En resumen, el sector empresarial tendría una concepción del agua como un recurso natural,
susceptible de apropiación y control, dispuesto para la producción. En la misma lógica, la
naturaleza se entendería como un ambiente externo al ser humano, con utilidad para éste,
potencialmente controlable por medios técnicos y susceptible de subdividirse y apropiarse. Bajo
la clasificación de Descola (2012), podría señalarse que el sector empresarial se orienta por una
ontología naturalista.
Por su parte, el Estado tendría una concepción principalmente técnica de la naturaleza y el agua:
éstas también serían entendidas como recursos naturales, pero no solo en el sentido extractivo,
sino como recursos escasos que requieren ser gestionados por expertos para su aprovechamiento.
En tal sentido, habría una racionalización del territorio, la naturaleza y sus componentes con
miras a establecer control (Académicos, comunicación personal 11 y 20).
La institucionalidad ambiental e hídrica refleja esta concepción, con una aproximación
completamente técnica hacia la naturaleza. El SEA la concebiría como un ambiente externo a los
proyectos productivos, susceptible a impactos que pueden corregirse de forma artificial mediante
medidas de mitigación, reparación y compensación (Funcionario, comunicación personal 3;
SEA, s.f.). La DGA, acorde con el Código de Aguas, entendería el agua como un recurso escaso,
susceptible de apropiación y que requiere de un monitoreo técnico para garantizar su calidad
(DGA, s.f.). Esta idea de un manejo tecno-experto de las aguas dejaría por fuera otras formas de
gestión y comprensión (Académicos, comunicación personal 10 y 11).
La aproximación técnica también se refleja en el manejo atomizado que se hace de los asuntos
ambientales: además del Ministerio, el SEA y la Superintendencia de Medioambiente, existen
numerosas instituciones especializadas por materias como los bosques, la pesca y las aguas
(Funcionarios, comunicación personal 3, 18 y 24). Éstas últimas, principalmente en manos de la
DGA, no se encuentran dentro de la institucionalidad ambiental, sino del Ministerio de Obras
Públicas. El agua misma se encuentra fragmentada en su administración. Comentó un
funcionario de la DGA “Chile hoy tiene 42 instituciones con potestad al respecto de recursos
hídricos” (Comunicación personal 24). Se evidencia así una concepción fragmentada de la
naturaleza. “Entonces el medio ambiente no es nunca una entidad compleja, es siempre una
42
entidad que se puede medir por fracciones. Y por la cual solamente importa lo que es medible
por cada uno de los servicios” (Académico, comunicación personal 11).
La noción de recurso natural, como en el caso de las empresas, también está vinculada con la
idea de la naturaleza como fuente de extracción. Esta visión ha acompañado la relación del
Estado con la naturaleza históricamente, pero se exacerbó con el modelo neoliberal de la
dictadura y se mantiene hasta la actualidad (Académicos, comunicación personal 10, 11 y 21).
Esto, en tanto el modelo extractivista y neoextractivista ha sido funcional para los intereses
económicos de particulares y del país. El agua también se entendería entonces como un insumo
de la producción, lo cual se refleja claramente en el Código de Aguas: los usos que establece
para el recurso y la idea de que el mercado transferirá el agua de usos de «bajo valor» a los de
«alto valor» (Académicos, comunicación personal 10 y 11; Carrasco, 2016).
En la misma lógica, la naturaleza se concibe como externa a la sociedad y su deterioro como una
externalidad del proceso de desarrollo y, por tanto, de la búsqueda del «bien común»
(Académicos, comunicación personal 11 y 21). Esto, relacionado con “la épica desarrollista, en
la cual la lógica era que para hacer tortillas hay que romper huevos”. Asimismo, se asume que el
progreso y desarrollo técnico brindarán las soluciones (Académico, comunicación personal 11).
Ahora bien, en los últimos años ha aumentado la conciencia sobre la escasez y el deterioro de
los recursos naturales y dada su importancia, tanto para la producción como para la sociedad en
general, se ha buscado mejorar su administración. Nuevamente, desde una perspectiva técnica y
que no afecte las bases del modelo económico, sino que más bien lo fortalezca (Funcionarios y
Académicos, comunicación personal 3, 11, 18 y 19). “El Estado ha ido cada vez más relevando
los temas ambientales, la importancia de los temas ambientales y la importancia que tienen para
el desarrollo”; “la propia operación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental permite
encontrar mejores proyectos” (Funcionarios, comunicación personal 18 y 19 respectivamente).
Esta preocupación ha sido impulsada internamente, por la presión ciudadana, y externamente,
por las exigencias internacionales (Académicos, comunicación personal 14 y 21).
Pese a esta nueva toma de conciencia, ha sido casi imposible reformar el Código de Aguas.
Sostiene Budds (2018) que, a partir del Código, la relación entre la sociedad y las aguas, se
43
caracteriza por la privatización, «comodificación», individualización, metrización y regulación
privada. Elementos que reflejan la concepción de la naturaleza y el agua mencionada.
Efectivamente, incluso las reformas más radicales que se han planteado al Código no cuestionan
la mercantilización del agua, sino que buscan evitar las fallas del mercado y sus efectos
socioambientales negativos (Académico y Funcionarios, comunicación personal 10, 19 y 24).
En conclusión, se observa una concepción predominantemente técnica y productiva de la
naturaleza y el agua, bajo la noción de recursos naturales. Los elementos identificados como la
fragmentación, la disposición para la explotación productiva, el carácter de externalidad y sus
impactos corregibles por medios técnicos, así como las características del Código de Aguas
indicarían que el Estado también se caracteriza por una ontología naturalista.
El agua también es muy importante para el pueblo atacameño: es una parte central de su
cosmovisión y un elemento estratégico, dada su vida en medio del desierto. A diferencia de los
sectores anteriores, los atacameños no conciben el agua como un elemento independiente, sino
como parte integral de la naturaleza y ésta como parte de la comunidad. Por tanto, en un sentido
de supervivencia y en uno espiritual, el agua es parte de su identidad (Académicos,
Representantes Atacameños, comunicación personal 4, 6, 7,8 10, 15 y 22).
Se concibe también como parte del equilibrio necesario para mantener la vida en el entorno
(Académico y Representante Atacameño, comunicación personal 4, 7 y 8; Carrasco &
Fernández, 2010). “Esto no se trata solo de producir papa o choclo o zanahoria, sino se trata
también de mantener el equilibrio, que no se seque la tierra” (Miembro Organización Atacameña,
comunicación personal 6).
Además, viviendo en el desierto desde hace miles de años, los atacameños han desarrollado un
conocimiento profundo del agua de la zona y con ello formas de gestión propias y exitosas,
(Académicos, comunicación personal 4, 11; Prieto, 2016b). La escasez del elemento favoreció
la organización colectiva de las comunidades atacameñas y con ello, una noción del agua como
elemento comunitario, lo cual actualmente choca con la legislación hídrica chilena (Académico,
comunicación personal 22; Prieto, 2016b).
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Los atacameños establecen una relación comunitaria y de reciprocidad con la naturaleza. Esto se
expresa a través de prácticas materiales y espirituales que comparten las comunidades como el
pago a la tierra -que se da en forma de comida, alcohol y hojas de coca-, el floramiento del
ganado; y la limpia de canales. Mediante éstas se busca preservar el agua, la fertilidad de la tierra
y los animales y, así, la prosperidad del pueblo. Se trata de trabajos y rituales colectivos en los
que se responde de forma recíproca a los favores de la «madre tierra» y los ancestros (Carrasco,
2016; Prieto, 2016; Comundiad de Socaire, s.f.). “Se dice que es el tiempo en donde ella recibe
lo que sus hijos le ofrecen y agradecen” (Radio Toconao, 2011).
No son solo actos espirituales, sino trabajos comunitarios para el mantenimiento de los bienes
naturales. La limpia de canales consiste en el retiro de escombros y plantas de los sistemas de
regadío. Esto se acompaña de pagos y cantos ceremoniales (Comunidad de Socaire, s. f.;
Representante atacameño, comunicación personal 7). Se muestra una simbiosis entre las
dimensiones productiva y espiritual de la naturaleza para los atacameños. Eventos como la limpia
son una forma de estrechar los lazos con los no-humanos mediante los pagos y con los humanos
a través del trabajo comunitario (Carrasco, 2016; Prieto, 2016b).
La limpia de canales cumple una de las más lindas tradiciones nuestras, donde se puede contemplar el trabajo en
equipo, la unificación de una comunidad que se vuelca a un servicio voluntario, comunitario, para poder limpiar lo
que son los canales de regadío, para poder regar la siembra y poder tener los frutos que después tenemos en esta
época más o menos. Y donde también hacemos las rogativas a nuestros cerros, a nuestras aguas, a nuestras vertientes,
a nuestros nacimientos, para que no falte el agua, no falte la producción, para que nos protejan nuestros cerros
tutelares, para que nuestros antepasados se sientan orgullosos de lo que estamos haciendo. (…) compartimos entre
hermanos lickanantay y le damos la importancia tanto al agua, porque nos permite hoy en día hacer agricultura, a la
pacha mama, quien nos da ¿cierto? todos los frutos que nosotros podamos sembrar. (Representante atacameño,
comunicación personal 8)
Los no-humanos para los atacameños no serían disociables de la comunidad y la «naturaleza»
no sería un medio externo. Una manifestación de esto son los mallku o cerros tutelares que para
el pueblo garantizan la provisión de agua y el bienestar, son sagrados y son concebidos como sus
ancestros (Académicos y Representante atacameño, comunicación personal 4, 7, 8, 15, 21 y 22;
Prieto, 2016b). Los atacameños establecen relaciones cercanas con ellos, les hacen ofrendas y se
comunican: “yo hablo con las montañas cuando traigo mis animales y les voy convidando. Y les
digo al agua, a la tierra, a los abuelos: esta es tu comida, la comida para que coman” (Elvira.
45
Entrevista realizada por Prieto, 2016b) “Las montañas están vivas como las personas. Tú puedes
tener una conversación con una montaña” (Atacameño. Entrevista realizada por Carrasco, 2016).
Entonces, el agua no sería vista como un elemento separado, sino como una parte integral en esta
concepción holística de naturaleza y comunidad:
Es quien nos permite subsistir, es quien nos baña de vida. (…) el agua llega, crea la naturaleza, crea la vegetación,
crea la fauna, crea los paisajes que hoy en día vemos. Estoy hablando del agua en general, no de esta separación que
hace el Código de Aguas de Chile (…). Agua, pacha mama, ser humano, o seres vivientes, somos uno solo. Si uno
se afecta obviamente que este cosmos también se ve afectado. Si mi agua se ve afectada, yo como ser humano
también me veo afectado, mis hermanos menores que son, en este caso los flamencos, los animales, también se ven
afectados. Para qué decir la pacha mama, no produce. Entonces tiene un significado bien importante, es vida, agua
es vida, eso es. (Representante atacameño, comunicación personal 8)
A raíz de lo anterior, las concepciones de los atacameños entran en conflicto con la división entre
tierra, agua y subsuelo establecidas en la legislación chilena. Para ellos, tales separaciones
artificiales son ilógicas y se dan para beneficios privados (Representantes atacameños,
comunicación personal 7 y 8). Igualmente, ha sido común que los atacameños se opongan a la
titulación individual del agua, así como a su venta a las compañías mineras, pues esto va en
contra de sus costumbres colectivas y su relación con el elemento, así como de su supervivencia
a largo plazo (Azócar, 2015; Prieto, 2016b).
En el fondo sin agua desaparece el pueblo. O sea, se pueden ganar millones, pero se transa el agua y te van a dar 50
millones mensuales, 100 millones para toda la comunidad durante la eternidad o hasta que dure el proyecto, pero
sin agua vas a tener que salir de Socaire… En el fondo estás transando tu propia historia y un montón de cuestiones.
Estas traicionando a tu cultura, estas traicionando un montón de cosas por un tema de plata. (Ex presidente del
Consejo de Pueblos Atacameños, Entrevista realizada por Azócar, 2015)
Finalmente, para los atacameños las medidas artificiales de mitigación muchas veces no son
aceptables, pues alteran el funcionamiento normal de la naturaleza. Así se evidenció en el caso
de Pampa Colorada, con el rechazo de las comunidades a las medidas propuestas por Minera
Escondida para sustituir los bofedales: “era una cosa bien ridícula. O sea, los bofedales tienen
una importancia tremenda en el ecosistema altoandino y ellos pretendían con maquinaria
producir eso, cosa que es imposible” (Dirigenta de Peine. Entrevista realizada por Azócar, 2015).
Resumiendo, los atacameños tendrían una concepción holística de la naturaleza, que difícilmente
se puede disociar de la comunidad. Para el pueblo, el agua, las montañas y los antepasados
conformarían una unidad con el resto de los habitantes. Por ello, establecen relaciones de
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reciprocidad y comunicación. También se considera que éstos tienen agencia e incidencia en el
porvenir del pueblo. En consecuencia, en términos de Descola (2012) podría identificarse una
ontología con rasgos animistas.
Por último, la concepción de la naturaleza y el agua por parte de las ONG compartiría algunos
rasgos con las empresas y el Estado, en tanto se tiene una visión de éstas como externas. La
noción de recursos naturales es también recurrente y no se establece una relación comunitaria
con la misma, como en el caso de los atacameños. La principal diferencia sería que las ONG no
tienen una concepción extractivista de la naturaleza y el agua, sino que buscan su preservación
para el mantenimiento de los ecosistemas y las poblaciones locales que dependen de ellos
(Representantes ONG, comunicación personal 12, 17 y 23). Su preocupación central frente a la
naturaleza sería cómo se distribuyen los recursos, así como los beneficios y costos de su uso.
Entonces, podría decirse que las ONG tienen una ontología principalmente naturalista. Sin
embargo, como es destacado por Descola (2012), esto mostraría que una misma ontología puede
dar lugar a distintas formas de relación, pues otras variables intervienen. Consecuentemente, se
denotaría que, si bien el trasfondo ontológico es importante, otros elementos como los intereses
económicos y políticos y las relaciones de poder deben ser considerados.
VII. Discusión y conclusiones
A partir de los hallazgos, la hipótesis propuesta se valida: se identifican diferencias e intentos de
imposición y resistencia entre las concepciones sobre el agua y las ontologías de los actores en
conflicto, en concordancia con un conflicto ontológico. Aun así, se ve que grupos con ontologías
distintas pueden compartir objetivos y cooperar, como sucede con el pueblo atacameño y las
ONG. También, que pueden surgir conflictos entre grupos con una misma ontología, como entre
las ONG, el Estado y las empresas. Esto muestra que las ontologías no son en sí mismas causas
de conflicto o cooperación, sino que otros factores intervienen.
En línea con lo anterior y para responder a la pregunta central del trabajo, puede decirse que el
papel de las concepciones sobre el agua ha sido significativo en los conflictos: ha influido en la
posición que las partes han adoptado. Las compañías encarnan la pretensión sobre el agua, siendo
ésta necesaria para su actividad productiva. Desde su ontología naturalista, la naturaleza provee
47
los recursos para la satisfacción de las necesidades humanas y los impactos generados pueden
controlarse y compensarse por medios técnicos. Las externalidades en el nivel local se
justificarían por el aporte al «desarrollo nacional». El Estado también encarna la pretensión, en
tanto ha fomentado un modelo de desarrollo sustentado en la noción de la naturaleza como fuente
de recursos. Esta concepción estaría detrás del Código de Aguas. Desde su visión, el modelo ha
contribuido al desarrollo nacional, proveyendo los recursos económicos. Las externalidades
generadas pueden corregirse mediante la regulación y la gestión de los recursos naturales.
El pueblo atacameño encarna la posición de resistencia, defendiendo no sólo su acceso al agua,
sino su derecho a mantener una forma de vida propia. El papel que han jugado aquí la concepción
sobre el agua y su base ontológica animista es fundamental, pues éstas han motivado la lucha de
la comunidad. Oponerse y resistir bajo las actuales condiciones hídricas resulta más costoso que
aceptar compensaciones de las empresas y trasladarse a otros lugares. Sin embargo, el vínculo
con el territorio, sus formas de vida y relación con los no-humanos parecen tener un valor
suficiente para que gran parte de los atacameños decida oponerse al modelo de desarrollo.
Es clave señalar que, como sostienen Blaser (2013) y Descola (2012), estas ontologías y
concepciones están atravesadas por relaciones de poder que han resultado en la distribución
desigual del agua y de los costos y beneficios de la explotación de la naturaleza. Por un lado, las
compañías y el Estado concentran los recursos económicos y políticos, así como la justificación
que se dan de aportar al bien común. De esta forma, su visión de mundo materializada en el
modelo económico extractivista y neoextractivista de Chile ha tendido a perdurar a lo largo de
la historia, independientemente de la tendencia del gobierno y del modelo de las compañías. Esto
se contrapone con la visión animista y comunitaria de los atacameños, un pueblo que se percibe
históricamente ignorado. Aunque disponen de menos recursos, han encontrado soporte en la
reciente legislación ambiental e indígena, nacional e internacional y en las ONG. Con ello
defienden su forma de vida y cuestionan el modelo de desarrollo que se da a costa de su sacrificio.
Al empoderarse con estos soportes, los atacameños se han hecho más conscientes de su capacidad
de incidencia y han entrado en negociación directa con las empresas, lo que ha generado
relaciones de transacción. Las compañías han respondido, en el marco de la responsabilidad
social corporativa y de la percepción del peso de las comunidades en los proyectos. Esto ha
48
favorecido una relación ambigua entre atacameños y empresas, en medio de la confrontación y
la cooperación. Se muestra así un comportamiento estratégico de las comunidades para mejorar
su posición en la negociación. Distinto ha sido por parte de las ONG, particularmente aquellas
más radicales, que niegan a toda costa la posibilidad de convivir con la minería. Bajo el actual
modelo económico del país, que es además una tendencia a nivel regional, la posición netamente
confrontativa de estas organizaciones puede dificultar la viabilidad de sus demandas.
De forma consecuente con lo planteado por (Shmueli, 2008) y como han hecho otros grupos
indígenas en la región, los atacameños han recurrido de forma estratégica al discurso
ambientalista, enfatizando en la cuestión hídrica. Este discurso responde a una de las
problemáticas del pueblo, a la vez que permitir visibilizar otras situaciones de fondo ya
mencionadas. Ahora bien, para que el discurso tenga una incidencia real en las instancias
estatales como el SEIA, los atacameños han tenido que acomodarlo a términos técnicos y
legalistas que les permiten participar con las reglas de juego establecidas. Esto con la
problemática de que tales reglas de juego vienen determinadas desde la ontología dominante y,
por tanto, no permiten abarcar el problema desde otras visiones de mundo como el animismo de
los atacameños, en concordancia con lo advertido por Martinez-Alier (2004).
Llama la atención el discurso gana-gana y de desarrollo sostenible mantenido por el Estado y
las empresas, pues éste entra en abierta confrontación con el modelo extractivista y neoliberal
que existe en la práctica. Los numerosos conflictos socioambientales del país son producto del
modelo y se han mantenido pese al acercamiento que el Estado y las empresas dicen estar
buscando con las comunidades. Probablemente se deba a que con este diálogo se pretende
«insertar» a las comunidades en el modelo de desarrollo dominante, sin que sus concepciones
del «desarrollo» y cuestionamientos sean realmente tenidos en cuenta.
Una clara manifestación de esta situación es la consulta indígena que, como en otros países de
la región, ha sido controversial. Chile no sólo fue uno de los Estados latinoamericanos que más
tarde la ratificó, sino que su implementación ha sido cuestionada, considerada ilegítima y poco
efectiva (Astudillo, 2017). Se ve entonces como este mecanismo de participación, uno de los más
importantes hitos de normatividad internacional en la temática, resulta limitado y sin la
49
incidencia esperada. Aun así, la consulta es una de las conquistas más importantes de los
movimientos indígenas y una herramienta que éstos utilizan y exigen.
El conflicto entre minería y pueblos indígenas persiste pese a que en algunos casos como Pampa
Colorada se han dado soluciones satisfactorias para las partes, al menos en el corto plazo. Esto
se debe a que no existe un acuerdo sobre cuál es el problema de fondo, por lo que las medidas
resultan insuficientes en el largo plazo. Mientras que las empresas se centran en la escasez y una
solución técnica, para los pueblos indígenas y sus apoyos existe una problemática estructural.
Pampa Colorada ilustra cómo las medidas técnicas no bastan: la solución a este conflicto se dio
hace más de 10 años y en la actualidad las tensiones entre los atacameños, las compañías y el
Estado van en aumento. Esto se evidencia en la oposición de las comunidades a la instalación de
nuevas empresas y la renovación de los derechos hídricos de las existentes. A pesar de la
implementación de la desalinización y la optimización en el uso del agua por parte de la minería,
el problema continuará, en tanto para los atacameños sigue sin resolverse la cuestión de su
capacidad de decisión sobre su territorio y forma de vida. Incluso medios de decisión claves
como la consulta han resultado insuficientes, pues se centran en el aval o rechazo a proyectos
concretos, pero no permiten trastocar el fondo del modelo de desarrollo desde otras visiones de
mundo.
Este estudio del caso chileno muestra que los conflictos hídricos entre minería y pueblos
indígenas no solo se vinculan con situaciones de distribución natural desigual, sino con factores
políticos, económicos y valorativos. El caso evidencia la complejidad de este tipo de conflictos:
las relaciones de tensión, cooperación y ambigüedad entre los sectores involucrados, las
asimetrías de poder entre los mismos, la imposición de unas visiones de mundo sobre otras y el
surgimiento de resistencias. Elementos que pueden ser comunes a otros países de la región,
considerando que en muchos proliferan los conflictos socioambientales.
Asimismo, denota la dificultad para resolver una tensión entre dos visiones de mundo, cada una
con sus necesidades, demandas, valores y justificaciones. Por un lado, una ontología naturalista
aplicada en un modelo de desarrollo intensivo en recursos naturales, que ha generado los ingresos
para consolidar el Estado y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Por
otro lado, una ontología animista que ha motivado a un pueblo a luchar por su supervivencia y
50
la de su comunidad humana y no-humana, por el control sobre su territorio y por la reivindicación
de su forma de vida.
Se trata de una situación compleja, donde no es fácil señalar una vía de resolución. A partir de
los hallazgos de esta investigación, se considera que las soluciones técnicas y de participación
ciudadana ofrecidas por los sectores minero y estatal pueden contribuir, pero resultarán
insuficientes, pues no abarcan la problemática estructural. Esto puede servir como indicación
tanto para el caso chileno, como para otros países latinoamericanos con situaciones similares,
donde el problema evidentemente va más allá de lo hídrico. Sin embargo, quedan preguntas sobre
la posibilidad real de encontrar vías de solución que cuestionen el modelo económico,
considerando que Chile y otros países de la región no son casos aislados, sino parte de un sistema
global de producción y consumo.
Este trabajo buscó mostrar que las diferencias ontológicas y en las concepciones sobre el agua
tienen un papel significativo en el surgimiento y el desarrollo de los conflictos hídricos entre
minería y pueblos indígenas. Se encontró que así es para el caso del norte de Chile y se considera
que estos hallazgos pueden aplicarse a otros contextos latinoamericanos. Confirmar esta
inquietud se deja como recomendación para el desarrollo de próximas investigaciones.
Ahora bien, aunque el estudio encontró que las diferencias ontológicas y de las concepciones
sobre el agua provocan que haya dos grandes posturas difíciles de conciliar, esto no implica la
negación total del diálogo. Sin embargo, no puede tratarse de cualquier conversación, sino de un
diálogo «inter-ontológico» que reconozca y valore las visiones de mundo distintas a la propia.
Para ello, es crucial la continuidad de las luchas políticas de los atacameños y otros grupos
indígenas y sociales, pero también la voluntad política de los Estados para escucharlos. Queda
claro que los intereses económicos y políticos, así como las asimetrías de poder dificultan que
procesos así se lleven a cabo. No es tarea sencilla, pero revaluar -desde distintas compresiones
de la realidad- el modelo de desarrollo de Chile y de otros países de la región y del mundo es un
asunto de suma importancia. Más aún en el contexto de una crisis ecológica global.
51
VIII. Anexos
Figura 1: Consumo de agua continental en la minería de cobre en Chile. 2009-2017
Figura 2: Conflictos por sector económico en Chile. 2005-2017
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Chilena del Cobre
(COCHILCO) (2018)
Co
nsu
mo
lts
/seg
Fuente: Delamaza, Maillet, & Neira (2017)
0
5
10
15
20
25
30
52
Figura 3: Demanda vs. Disponibilidad de agua en Chile por regiones
Figura 4: Participación de los mayores productores de cobre en la producción mundial.
2014
Fuente: Rivera et al. (2016)
Disponibilidad Demanda
m3/s
Fuente: Accorsi et al. (2018)
31%
8,7
%
7,5
%
7,3
%
5,9
%
C H I L E C H I N A P E R Ú E S T A D O S U N I D O S R E P . D E M . D E L
C O N G O
53
Figura 5: Rentas anuales de la minería como proporción del PIB. 1994-2010
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2018)
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
1994 1998 2002 2006 2010
54
Anexo 1: Matriz ontológica de Philippe Descola (2012) (Resumen de elaboración propia)
Identificación externa Id
enti
fica
ción
in
tern
a
SÍ NO
SÍ
Totemismo
La organización totémica es la
asociación de entidades y fenómenos
no-humanos con grupos de personas
humanas. En ésta, los individuos
forman parte de grupos de personas
que llevan el nombre de un objeto
natural y que están especialmente
asociadas con él.
La ontología que sustenta esto parte
de la idea básica de una unicidad de la
vida que comparten el humano y las
demás especies, lo cual significa que
éstos forman un todo orgánico,
biológico y social. A partir de ello, se
establece que los humanos y los no-
humanos comparten una serie de
propiedades, físicas y espirituales, lo
suficientemente estables para
transmitirse a través de las
generaciones.
Surge entonces la idea de que la
persona humana comparte
características intrínsecas con una
especie totémica, a partir de lo cual se
establece un parentesco entre los
humanos y otros seres del mismo
tótem. Así, dentro de un mismo linaje
totémico se considera que no hay
discontinuidades, físicas ni
espirituales, incluso entre humanos y
no-humanos. Sin embargo, sí existen
discontinuidades entre grupos con
distintos tótems.
Animismo
Las personas humanas atribuyen a los
no-humanos una interioridad idéntica
a la suya. Esto implica que se les
atribuye un alma a los demás seres y,
por ende, se les considera sujetos, con
un punto de vista propio. Lo anterior
se hace bajo la idea de que existe un
sustrato universal común y que los
seres tienen una sustancia compartida
y un origen espiritual único.
Además, lo anterior permite que los
humanos establezcan relaciones de
comunicación con los no-humanos y
que estos últimos también se
consideren poseedores de normas
sociales y preceptos éticos.
Un elemento clave de la ontología
animista es que posee una idea más
amplia de la cultura, al considerar que
los no-humanos también la tienen,
incluyendo aspectos como dominio de
técnicas, comportamientos
ritualizados y respeto de las
convenciones. Esto no significa que
los animales y plantas actúen igual a
los humanos, sino que, desde el punto
de vista de éstos, sus comportamientos
particulares corresponden con los de
una cultura propia.
Ahora bien, las continuidades no son
completas, pues las fisicalidades, es
decir, las formas y características
corporales y los comportamientos y
modos de vida inducidos por las
55
Se considera que la identidad de la
persona, incluyendo aspectos
biológicos y sociales, está
fuertemente vinculada con los rasgos
del animal, planta o fenómeno del
tótem de su grupo. Esto dificulta
notablemente que se pueda trazar una
línea entre naturaleza y cultura.
Para la ontología totémica, todos los
seres tienen un origen común, pero
desde antes de convertirse en sus
formas actuales, el mundo ya se
encontraba categorizado según las
divisiones de los tótems.
Tener un tótem común no implica
necesariamente una relación en pie de
igualdad o de persona-a-persona con
todos los demás seres, sino que se
limita a compartir ciertas cualidades
materiales y esenciales. Esto es
relativo según la comunidad con una
ontología totémica de que se trate,
pues para algunas debe existir una
relación de especial protección,
mientras que en otras cazar y
consumir a los miembros de otras
especies que compartan el tótem no
tiene ningún impedimento.
El estilo de relación que puede
inferirse de la ontología totémica es el
de una relación básica que mantienen
todos los miembros de un mismo
tótem: una relación de origen,
emparentamiento, similitud o
simplemente de inherencia.
primeras, marcan la diferencia entre
humanos y los no-humanos. Las
propiedades físicas del cuerpo
también marcan las discontinuidades,
y así, la particularidad, entre humanos
Por otro lado, se considera que la caza
y la alimentación permiten adquirir las
habilidades de otros seres, bajo la idea
de que la vitalidad, la energía y la
fecundidad circulan constantemente
entre los organismos, mediante la
captura, el intercambio y el consumo
de carnes.
Del modo de identificación animista
puede inferirse un estilo de relación
intersubjetiva o de persona-a-persona
entre los humanos y los no-humanos,
a raíz de la interioridad compartida y a
pesar de que existan diferencias en la
fisicalidad. Cuando un humano se
comporta con un no-humano como un
afín o amigo ceremonial, asume que el
otro reconocerá tal actitud y
responderá en forma recíproca, de
acuerdo con sus convenciones. Esto
produce una gran anexión de lo que
Occidente denomina «naturaleza» a la
vida social.
56
NO
Naturalismo
Uno de sus rasgos fundamentales y
distintivos es la división tajante que
establece entre la naturaleza y la
cultura, la cual se considera una
característica exclusiva de los
humanos. Esta ontología se encuentra
en el trasfondo de la modernidad.
Asimismo, parte de la idea de
unicidad de la naturaleza y
multiculturalismo. Esto quiere decir
que existe una realidad objetiva, “ahí
afuera” y que alrededor de ésta se
crean varias perspectivas según la
cultura. Esto implica que algunas
culturas puedan ser más acertadas que
otras para comprender y explicar el
mundo, según las herramientas de
conocimiento con las que cuenten
para ello. La ontología naturalista-
moderna, de la mano de la ciencia se
considera a sí misma la más adecuada
para descifrar el “mundo real”.
Precisamente, una de sus
características claves, y de la cual
proviene su denominación18, es la de
presentar su propia visión como
“natural”.
El naturalismo se caracteriza por
considerar que existe continuidad en
las fisicalidades de humanos y no-
humanos y discontinuidad en sus
interioridades. En síntesis, existe una
singularidad de la interioridad
humana individual y universalidad en
las determinaciones materiales.
Analogismo
Como rasgo básico, se establecen
discontinuidades físicas y espirituales
entre todas las criaturas y objetos del
mundo, siendo esencial en la ontología
la multiplicidad y diversidad de los
seres. De hecho, el cosmos se
considera mejor -más cerca de la idea
de lo Bello, del Bien y de la Verdad-,
cuanto mayor es la cantidad y la
diversidad de las cosas que contiene.
No obstante, lo anterior no implica que
no exista interacción entre los
múltiples y diferenciados seres, por el
contrario, se les considera a todos
profundamente interconectados en
una compleja red de analogías, donde
las propiedades intrínsecas de las
entidades, aunque distintas, se
vinculan y afectan mutuamente.
El mundo es concebido como la
diferencia infinitamente multiplicada
en todo lo existente. Por su parte, la
semejanza es un medio para introducir
orden en este cosmos supremamente
diverso del analogismo que, de lo
contrario, sería caótico. Las
semejanzas no se establecen entre las
similitudes de las cosas mismas, sino
entre las relaciones que éstas
mantienen entre sí.
Así, lo existente se fracciona en una
variedad de esencias, formas y
sustancias separadas por pequeñas
distancias, que pueden estar ordenadas
en una escala graduada, distribuidas
en una red de relaciones analógicas.
18 Denominación determinada por el mismo autor.
57
La continuidad de las fisicalidades se
establece, por un lado, a partir del
desarrollo del conocimiento de la
estructura molecular y el
metabolismo que dan cuenta de
elementos compartidos entre todos
los organismos. En el caso de los
objetos no vivientes, a partir de las
leyes de la química y la
termodinámica. Sin embargo, la idea
de continuidad física ya existía en
Occidente desde antes de estos
descubrimientos, bajo las ideas
cristianas de una separación entre las
criaturas espirituales o celestiales y
las criaturas corporales, que incluyen
a los humanos y las demás criaturas
del mundo terrenal, los cuales se
consideran todos compuestos de los
cuatro elementos y sus cualidades.
Por otro lado, los humanos se
diferencian por la conciencia
reflexiva, la subjetividad, la
capacidad de significar, el dominio de
los símbolos, y el lenguaje. Los
grupos de seres humanos se
diferencian entre sí por sus maneras
particulares de desarrollar tales
aptitudes y eso es lo que se conoce
como cultura. Además, la interioridad
humana también es considerada como
distintiva de individuo a individuo,
aunque en el marco de una tendencia
general de la cultura a la que cada uno
pertenece.
La apreciación de interioridades
distintas también tiene sus raíces en
creencias religiosas que han
considerado el alma humana como
Las diferencias se hacen mayores
cuanto mayor sea la distancia entre los
eslabones que conforman la red.
El elemento fundamental en la
definición y particularización de los
seres es la posición que éstos ocupan
dentro de la red cósmica, lo cual se
refleja en la posición física y social de
cada individuo. Esta ubicación
cósmica define las metas perseguidas
de cada ser, de acuerdo con el destino
fijado de antemano por su suerte.
Otro rasgo clave de esta ontología es
que, en medio de la gran variedad de
seres diferenciados, pero
interconectados, se dificulta establecer
aquello que hace parte de la
interioridad y aquello que conforma la
fiscalidad de cada uno. En
consecuencia, la clasificación de
discontinuidad interior y física en el
analogismo no debe tomarse de forma
literal, considerando lo difuso de los
contornos entre ambas categorías. La
fisicalidad y la interioridad de cada ser
están fragmentadas entre
componentes múltiples, móviles e
incluso extracorporales, cuya
combinación particular da lugar a
identidades individuales únicas.
Por otro lado, es común la idea de la
correlación entre el microcosmos y el
macrocosmos, donde el primero -la
escala micro de la cotidianidad, el
cuerpo, etc.- puede tener
consecuencias a gran escala, como la
organización social, los fenómenos
naturales, etc.
58
única y separada del dominio de la
naturaleza. Con el tiempo, esa
concepción se ha mantenido mediante
la idea de la excepcionalidad humana,
que considera al hombre como
moralmente superior a las demás
criaturas.
Frente a los posibles estilos de
relación inferidos de la ontología
naturalista, a raíz de la discontinuidad
de interioridades y particularmente,
las diferencias que se asumen entre la
mente humana y la del resto de las
criaturas, no puede establecerse que
exista un parámetro de relación
generalizable a los humanos y los no-
humanos. Es decir que la marcada
diferencia de interioridades hace que
las relaciones de los humanos con el
resto del mundo dependan de la
identidad del otro.
En esa relación del micro y el
macrocosmos, los humanos tienen un
lugar privilegiado, en medio de la gran
variedad de existentes únicos, pues su
persona brinda un modelo reducido, y
así manejable, de las relaciones y los
procesos que gobiernan la mecánica
del mundo. Sin embargo, esto no
significa que las ontologías analógicas
sean completamente antropomórficas,
pues la complejidad del cosmos es tal
que una sola criatura no podría
tomarse como único parámetro.
Las relaciones que pueden inferirse
del analogismo están vinculadas con la
compleja red cósmica en la que se
ubican e interrelacionan de forma
analógica la multiplicidad de seres
diversos. En consecuencia, las
relaciones posibles son múltiples, en
tanto, en la compleja red, hay varios
caminos de encuentro entre las
entidades y, por ende, múltiples
posibilidades de relación.
59
Anexo 2: Información general de los participantes en las entrevistas
Las entrevistas fueron realizadas de forma presencial entre el 4 y el 24 de abril de 2019,
en Santiago y San Pedro de Atacama, Chile. Se contó con el consentimiento informado
de todos los entrevistados para hacer uso de sus aportes en la presente investigación,
manteniendo su identidad de forma anónima. A continuación, se relaciona la información
general de los participantes.
Sector Actor Fecha de
entrevista Número
Em
pre
sas
min
eras
Representante de la Sociedad Nacional de
Minería (Ex empleado de Minera Escondida)
15/04/2019 9
Representante de la Sociedad Nacional de
Minería (Ex empleado de Minera Escondida)
17/04/2019 16
Est
ado
Funcionario del Servicio de Evaluación
Ambiental
08/04/2019 3
Geólogo - Servicio Nacional de Geología y
Minería
08/04/2019 5
Funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente 18/04/2019 18
Funcionario del Ministerio de Minería 18/04/2019 19
Funcionario de la Dirección General de Aguas 24/04/2019 24
Pueb
lo
Ata
cam
eño
Miembro Organización Representante del Pueblo
Atacameño
09/04/2019 6
Representante del Pueblo Atacameño 09/04/2019 7
Representante del Pueblo Atacameño 09/04/2019 8
ON
G
Representante Observatorio de Conflictos
Mineros de América Latina
16/04/2019 12
Representante Asociación Nacional de Mujeres
Rurales e Indígenas
17/04/2019 17
Representante Programa Chile Sustentable 24/04/2019 23
60
Aca
dem
ia
Profesor del Departamento de Ingeniería de
Minería – Universidad Católica de Chile
04/04/2019 1
Profesor del Departamento de Ingeniería de
Minería – Universidad de Chile
05/04/2019 2
Profesor del Programa de Antropología –
Universidad Católica de Chile
08/04/2019 4
Profesor del Departamento de Ciencias
Ambientales y Recursos Naturales Renovables –
Universidad de Chile
15/04/2019 10
Profesor del Instituto de Sociología – Universidad
Católica de Chile
15/04/2019 11
Profesora del Departamento de Ciencias del
Derecho – Universidad de Chile
16/04/2019 13
Profesor del Departamento de Ingeniería de
Minería – Universidad Católica de Chile
16/04/2019 14
Profesor del Instituto de Historia - Universidad
Católica de Chile
16/04/2019 15
Profesor del Departamento de Geografía Humana
– Universidad Católica de Chile
22/04/2019 20
Profesor del Departamento de Antropología –
Universidad de Chile
22/04/2019 21
Profesor del Departamento de Antropología –
Universidad de Chile
23/04/2019 22
61
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