A2. el comercio lunes 4 de mayo del 2015

Tema del da

EN CIFRAS

Conflictos sociales con mayor cantidad de heridos

Ao de los hechos Total de muertos Total de heridosEn porcentaje En porcentajeCASOS ENTRE AGOSTO DEL 2011 Y MARZO DEL 2015

Pichanaki

La Parada

Espinar

Conga

Ley Universitaria

Madre de Dios

Electro Sur Este (Andahuaylas)

Aeropuerto de Jauja

2015

2011

2012

2011 y 2012

2013

2012 y 2014

2015

2012

TOTAL

1

4

3

5

0

4

0

1

18

172

154

137

129

73

66

56

56

843

20,4%

18,3%

16,3%

15,3%

8,7%

7,8%

6,6%

6,6%

100%

5,6%

22,2%

16,7%

27,8%

--

22,2%

--

5,6%

100%Fuente: Defensora del Pueblo

El paro que acatan tres distri-tos de la provincia arequipea de Islay en contra del proyecto minero Ta Mara cumple hoy 43 das.

Entre las prdidas que han marcado la regin desde que estall el conflicto se encuen-tran: la muerte de un mani-festante, que 2.800 escolares hayan perdido sus clases, y la produccin casi arruinada de 6 mil hectreas de arroz, con-secuencia del abandono de las chacras. En otro extremo, las prdidas sociales: inseguridad, vulneracin del principio de au-toridad y desconfianza en una solucin por la va del dilogo.

Segn la Defensora del Pue-blo, el caso de Ta Mara resu-me el problema que persigue al pas en los ltimos 10 aos: crisis social por falta de previ-sin y de comunicacin con el Estado. Estas cifras coinciden con las de la Oficina Nacional de Dilogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Mi-nistros (PCM), que en el ltimo ao logr poner paos fros a 41 discrepancias [ver infografa].

Pese a que la mayora de conflictos tiene origen en te-mas socioambientales o por falta de lmites oficiales, todos segn observa el socilogo Vctor Caballero Martn, ex je-fe de la Oficina de Gestin de Conflictos Sociales de la PCM tienen la particularidad de ex-

Per, cantera de conflictosLa mayora de disputas entre ciudadana y Estado tiene su origen en temas de contaminacin ambiental y falta de demarcacin territorial.

La defensora da cuenta de ms de 150 conflictos sociales en desarrollo. De ellos, 43 son considerados por la Presiden-cia del Consejo de Ministros co-mo muy crticos. La desinfor-macin agrava la violencia.

cristina fernndez aguilar

Espinar (CusCo): 8 aosEn mayo del 2005, la poblacin de la provincia de Espinar exigi a la Compaa Minera Antapac-cay y al Estado resolver la conta-minacin de las fuentes de agua, causada por la actividad extrac-tiva. En mayo del 2012, despus del enfrentamiento que caus la muerte de tres personas, se ins-tal una mesa de dilogo que concluy en el 2013. Un ao des-pus, la poblacin an exiga el cumplimiento de los acuerdos asumidos. Conga (CajamarCa): 5 aosEl conflicto empez en abril del 2010. Autoridades, organiza-ciones civiles y comuneros de las provincias de Cajamarca, Ce-lendn y Hualgayoc rechazaron el proyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha, por los im-pactos ambientales negativos que tendra la presunta afecta-cin de cuatro lagunas en la ca-becera de cuencas hidrogrficas. El pasado 30 de abril ocurri el l-timo enfrentamiento.

Los ms Antiguosciones del Gobierno Central ya fueron transferidos a las regio-nes. El incumplimiento de las metas de desarrollo tiene que ver con su incapacidad para hacer obras, precisa.

Para Caballero, la persis-tencia de las comunidades al abrazar la violencia, antes que el dilogo, respondera a su ur-gencia por revertir dicho olvido capitalino. Lamentablemente, este impulso los lleva a desesti-mar prcticas como mesas de dilogo.

Para superar estos escena-rios, y conseguir salidas con-versadas a los conflictos, am-bos especialistas sugieren acompaar las exhortaciones al dilogo con polticas institu-cionales que empoderen a las comunidades y den resultados en el mediano plazo. Conviene, adems, hacer visible el segui-miento a los conflictos, a fin de afianzar la confianza en que los acuerdos sern cumplidos.

tenderse hasta por 20 aos. Ta Mara, por ejemplo, tiene un origen ms lejano al conoci-do, en el 2009. Curiosamente, se desencaden por una dispu-ta entre las regiones de Moque-gua y Arequipa por el acceso al agua, asevera Caballero.

Para David Montoya Chom-ba, actual encargado de la cita-da oficina, la mayora de discre-pancias se agrava por la falta de desarrollo de los pueblos, don-de se percibe como lejanas a las autoridades de Lima y se recha-za a las empresas privadas por psimas experiencias de ges-tin en dcadas pasadas.

Luego de ms de 12 aos de regionalizacin, el resultado no es el esperado. De esto se va-len los sectores radicales, que con motivaciones polticas se aprovechan de la pobreza para agitar a las comunidades, la-menta Montoya.

Ello explicara por qu en ca-da discurso contra los ms con-trovertidos proyectos de inver-sin, los agitadores achacan a Lima desdn u olvido para con las regiones. El 96% de las fun-

41 CAsos rEsUEltosdurante el 2014 (38) y entre enero y marzo del 2015 (3).

43 ConfliCtos UrgEntEs (pArA El EjECUtivo):Del total existente en el pas, unos 100, se monitorea los que podran representar mayores prdidas.

oficinA nAcionAL de diLogo y sostenibiLidAd (onds) de LA Pcm

De los 43: 16 minera (37%)6 hidrocarburos (14%)4 minera informal (9,3%)2 agrarios (4,7%)4 demarcacin territorial (9,3%)2 hdricos (4,7%)3 energticos (7%)6 otros (14%)

Adems hay

113 diferencias y

controversias atendidas

por la ONDS.

48de ellas son

por temas relacionados

con la minera.

13 por discrepancias

en el acceso y explotacin

de hidrocarburos.

Fuente: deFensora del pueblo / presidencia del consejo de ministros (pcm)

informe mArzo 2015 defensorA deL PuebLo

155 cONflictOS ActivOS reportados y monitoreados en todo el pas.74,1% (115 casos) corresponde a conflictos de corte socioambiental, en los que la poblacin teme a la contaminacin.16,7% (26 casos)corresponde a conflictos por ambigedad de lmites o falta de demarcacin territorial.9% (14 casos) corresponde a conflictos con gobiernos locales, en los que hay rechazo a las autoridades por presunta corrupcin.

de Los 115 confLictos socioAmbientALes Activos o LAtentes

66,7% (94 casos) corresponde a conflictos relacionados con la actividad minera. los de mayor duracin estn en cajamarca y Arequipa.

15,6% (21 casos) corresponde a conflictos por actividades hidrocarburferas. la mayora ocurre en loreto.

Heridos y muertos en Los Ltimos 10 Aos (del 2006 a abril del 2015)251 fallecidos (219 civiles y 32 policas) 4.047 heridos (2.807 civiles; 1.235 policas; 5 ff.AA. )

Hasta ayer, el conflicto por ta mara cobr la vida de una persona y dej heridas a 131 (77 policas).

si los conflictos socia-les que se suceden con frecuencia en el Per fueran situaciones ru-tinarias, estos se resolveran por las vas regulares previs-tas en el derecho civil.

Pero no lo son. Dada su complejidad, to-

dos los conflictos sociales en

Punto de vistA

Las capacidades que nos falta fortalecerRolando luque m.Adjunto de la Defensora para la Prevencin de Conflictos Sociales

nuestro pas tienen un carc-ter excepcional: mltiples actores, variados problemas, demasiados intereses pol-ticos en uno y otro bando, prcticas violentas, etc. Ha-cerse cargo de ellos requiere una lgica en la que las jerar-quas y las rigideces propias de las administraciones p-blicas se relativizan para dar paso a espacios ms horizon-tales, legitimados por la vo-luntad de las partes y en don-de fluya la negociacin.

Son tres las capacidades estatales que se ponen en jue-go. En primer lugar, un equi-po encargado de la lectura minuciosa de las realidades locales, el cual se debe hacer responsable de elaborar una estrategia de intervencin y tiene el control del conflicto.

En segundo lugar, aparece un equipo especializado de las entidades competentes en la materia que se discute (mi-nisterios, gobiernos regio-nales, etc.), responsable de

componer frmulas tcnicas y legales que aporten a la solu-cin y cuyos titulares expre-san la voluntad poltica.

En ltimo lugar, aunque no por eso menos importante, un equipo en la Polica Nacional que analizar las implicancias en la seguridad y que plani-ficar sus incursiones enten-diendo a la peculiaridad del escenario y la de sus actores.

Solo despus de este anli-sis, este grupo podr deter-minar los lmites en el uso de la fuerza, a fin de recuperar la tranquilidad social que que-br el conflicto. Lamentable-mente, es en este aspecto don-de muchas veces se comenten ms errores y, de ser guardia-nes de la paz, la PNP pasa a ser

el malo de la pelcula y contri-buye a la deslegitimizacin de las autoridades.

El promedio anual de con-flictos sociales en el pas pa-rece no disminuir de los tres dgitos desde hace dcadas. Muchos de ellos, por no decir la mayora, incluso estn por cumplir los 20 aos. A qu podemos atribuir tal resisten-cia? A una falta de coordina-cin entre todas las autori-dades responsables, no solo para prevenir los conflictos, sino para saber reaccionar una vez que estos estallen.

Si estas dos ideas no son comprendidas se har difcil terminar con las prdidas per-sonales y econmicas que se generan.

Hacerse cargo [de los conflictos sociales] requiere una lgica en la que las jerarquas y las rigideces propias de las administraciones pblicas se relativizan para dar paso a espacios donde fluya la negociacin.

la ausencia del esTado es apRovechada poR agiTadoRes

www.elcomercio.pesigA lA notiCiAms de tres mil policas retoman el control de la provincia de islay. A14