La Confederación UrquicistaLa estrategia de Urquiza dirigida hacia la organización de un gobierno nacional tendió, después de Caseros, a consolidar la unidad política del territorio nacional y neutralizar la posible generalización de conflictos provinciales o regionales. La alianza de fuerzas litoraleñas que depuso a Rosas con el auxilio de efectivos extranjeros tuvo como objetivo incorporar los poderes locales a la organización del gobierno nacional mediante acuerdos interprovinciales. Esta estrategia suponía respetar las autonomías provinciales y no afectar la estabilidad política de los poderes constituidos en cada una de ellas durante el período anterior, salvo el caso de Buenos Aires. Dada su situación política peculiar luego de la batalla de Caseros, Buenos Aires habría de permanecer bajo control militar.

La provincia constituía el principal marco de referencia para la organización política, y el poder del caudillo local, un elemento de cohesión esencial. Así, entonces, Urquiza promovió la unidad política del territorio mediante un sistema institucional nacido de acuerdos interprovinciales. La concurrencia de las provincias a la organización de la nación ocurrió sin dificultades, salvo el caso de Buenos Aires. El reconocimiento de la autonomía de esta provincia y la aceptación del gobierno nacido después de Caseros dio finalmente por resultado que Buenos Aires no reconociera los pactos preliminares conducentes a la organización nacional y se negara a integrar la Confederación Argentina. En cuanto a la construcción del aparato institucional, el hecho más destacable es que la autoexclusión de Buenos Aires privó a las autoridades de la Confederación de la única fuente significativa de recursos fiscales que existía en el territorio. Fuera del circuito económico formado por la provincia de Buenos Aires y el mercado externo, no existía una economía suficientemente dinámica como para construir una fuente de recursos fiscales capaz de solventar la construcción del aparato institucional de la nación. Al mismo tiempo, ninguna de las precarias administraciones provinciales podía proveer al gobierno nacional los medios para empezar a hacer efectiva su presencia a lo largo del territorio que formalmente se hallaba bajo su jurisdicción.

En mayo de 1852, mediante el Acuerdo de San Nicolás, las provincias otorgaron a Urquiza el cargo de Director Provisorio de la Confederación Argentina. En tal carácter debía:

Reglamentar la navegación de los ríos interiores. Organizar la administración general de los correos y todo lo atinente a transportes y comunicaciones. Se lo facultó de intervenir en cualquier lugar del territorio nacional. Se disponía que las fuerzas militares permanentes de cada provincia formaran parte del ejército nacional. Las provincias debían contribuir a los gastos del gobierno nacional proporcionalmente a sus recursos.

Sin embargo, casi todos los recursos con que contó en un comienzo el Director Provisorio provinieron de la federalizada provincia de Entre Ríos. Y a dos años de San Nicolás, la existencia del gobierno nacional era aún sumamente precaria: no se habían organizado las rentas nacionales; el gobierno nacional contaba solamente con las recaudaciones de la provincia de Entre Ríos, el ingreso proveniente de unas pocas operaciones de crédito interno y pequeñas contribuciones de los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Mendoza; la centralización de la conducción militar sólo se daba realmente en los casos de acuerdos bilaterales entre Urquiza y los gobiernos provinciales; en el ámbito civil, según Urquiza, el gobierno nacional sólo actuaba a través de las instituciones locales de cada provincia. La construcción de las instituciones nacionales no pudo superar los lazos que ligaban la existencia del gobierno nacional a los recursos de Entre Ríos y se atrofió en el estrecho marco del Litoral. Las bases materiales para llevar a cabo la efectiva unificación del territorio nacional se hallaban en la provincia de Buenos Aires, donde, mientras tanto, se consolidaba un gobierno independiente.

Uno de los principales problemas que enfrentó el gobierno de la Confederación fue la organización de un aparato recaudador. Ya desde el primer momento el gobierno comenzó a señalar la falta de un medio de circulación uniforme, de rentas y crédito, de un banco, de una organización aduanera y portuaria.

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Los experimentos de creación de un Banco Nacional y de emisión de papel moneda fueron seguidos por la rápida depreciación de este último y el ulterior cierre del primero. La rápida depreciación de la moneda fiduciaria llevó a que se suprimiera su circulación en septiembre de 1854. El intento de centralización de las aduanas, casas de moneda y correos provinciales, mediante un sistema de Administración de Hacienda y Crédito, también fue un fracaso. El sistema debía centralizar el funcionamiento de las aduanas y correos y la emisión de giros bancarios, a través de la “Administración de Hacienda y Crédito”, que se crearían en cada localidad. Sin embargo, en 1855 las aduanas se encontraban aún en manos de los gobiernos locales, a pesar de que se reconociera su dependencia del gobierno nacional. Sin la centralización de la recaudación aduanera, única fuente de recursos genuinos del gobierno nacional, no se podía organizar el sistema de rentas nacionales. No era posible controlar la recaudación, ni los gastos de cada oficina receptora, ni formular si quiera un cálculo aproximativo de los recursos con que se contaría en el futuro. A pesar de los esfuerzos, la aduana más importante, la del puerto de Rosario, continuó atendiendo indistintamente a los libramientos del gobierno provincial, del gobierno provincial y de un administrador que actuaba independientemente atendiendo los gastos de guerra que ocasionaba el enfrentamiento con Buenos Aires. En definitiva, el gobierno de la Confederación nunca alcanzó una situación económicamente estable, y permanentemente se vio acosado por los gastos de guerra. No pudo obtener empréstitos externos significativos, y siempre debió manejarse con operaciones crediticias a pequeña escala, destinadas casi siempre a atender vencimientos acumulados.

La actividad del gobierno nacional destinada a regular y desarrollar las relaciones económicas tampoco tuvo mayores alcances. El objetivo central fue facilitar las relaciones comerciales entre las provincias y con el exterior. Se obtuvo un éxito relativo en la abolición de los impuestos aduaneros, pero se fracasó absolutamente en el intento de introducir una moneda uniforme y crear un sistema crediticio. Mediante tratados de libre navegación, el gobierno intentó incentivar el comercio del puerto de Rosario. Pero el resultado de estas medidas fue muy limitado debido a la escasa capacidad de los comerciantes con asiento en esta ciudad. Durante varios años se negoció con Europa la construcción de un ferrocarril que uniría Córdoba con Rosario, pero las obras se iniciaron recién en la década siguiente. El correo oficial, reorganizado por el gobierno de la Confederación, fue muy poco usado por particulares. A pesar de los esfuerzos del gobierno, los pasajeros particulares continuaron siendo por mucho tiempo el principal vehículo de la correspondencia privada. De todos modos, el gobierno de la Confederación logró centralizar el servicio de correos. Las provincias, por su parte, al ser abolidas las aduanas internas y nacionalizadas las externas, se vieron privadas de los recursos necesarios para atender los gastos de las antiguas administraciones locales. El gobierno nacional debía subsidiar el déficit que esto generaría. Sin embargo, subsistieron diversos gravámenes contrarios a la prescripción constitucional, y el gobierno nacional, que no se hallaba en condiciones de prestar ningún auxilio económico, se limitó a presentar su protesta ante las respectivas legislaturas provinciales. Al finalizar la década del 50, la Confederación se hallaba estrangulada económicamente. A pesar de que los afanes centralizadores de la Confederación tuvieron algún éxito, su endeble situación financiera esterilizó todo esfuerzo organizativo. En vísperas de Pavón, el lamentable cuadro de recursos y la acumulación de créditos impagos anticipaban el colapso de este intento de construir el aparato institucional del Estado sin el concurso de los recursos bonaerenses.

En cuanto a la organización militar, el gobierno de la Confederación Argentina no llegó a contar con un ejército nacional en sentido propio. La única fuerza militar a disposición del gobierno nacional fue el ejército de la provincia de Entre Ríos. Las prescripciones del Acuerdo de San Nicolás, que colocaban las fuerzas permanentes de cada provincia bajo el mando del Director Provisorio, así como el carácter de comandante en jefe, sólo trascendieron el plano formal a través de alianzas entre el ejecutivo nacional y gobernadores provinciales. El grueso de las fuerzas militares permanentes se hallaba destinado a custodiar las fronteras internas con los indios en la región chaqueña y al sur de las provincias de San Juan, San Luis y Córdoba. En cada caso, se hallaban bajo el mando del respectivo gobierno provincial.

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La permanente desorganización del ejército y el gran número de bajas sufridas durante la campaña, redujo su potencial bélico. En vísperas de Pavón, el ejército permanente resultaba insuficiente para defender adecuadamente las fronteras y ciudades principales.

En el Estado de Buenos Aires, entretanto, se enfrentaban dificultades similares. Bajo el gobierno de Valentín Alsina se revelan serias dificultades para el reclutamiento militar. Se intentó superar las dificultades de enrolamiento mediante el establecimiento de severas sanciones a los desertores o a quienes trataran de evitar su enganche. Pero a pesar de estas dificultades, el Estado de Buenos Aires conto en todo momento con la posibilidad de movilizar recursos financieros para la organización y sostenimiento de su ejército. Para ello utilizó el crédito del Banco Provincia, la afectación de rentas aduaneras y el producto de la venta y arriendo de tierras públicas. Si bien el plano militar, la Confederación y Buenos Aires tenían cierta paridad numérica, muy diferente era la situación de sus respectivas finanzas. Buenos Aires dispuso de todo momento del control de su Aduana y el apoyo de su Banco, pilares de la viabilidad del Estado provincial. El monopolio comercial ejercido por el puerto de Buenos Aires hacía de su aduana un poderoso instrumento de apropiación de recursos, al tiempo que el Banco de la Provincia saldaba el déficit presupuestario del gobierno, y a través de la emisión monetaria resolvía las situaciones de mayor apremio. Sólo así pudo la provincia escindida sostener el extraordinario presupuesto militar que exigió la defensa de su territorio y las campañas que permanentemente debió librar ante el avance indígena.

Durante el lapso que duró la secesión de Buenos Aires, si bien no se llegó siquiera a sentar las bases del aparato estatal, se produjeron avances decisivos en la consolidación de vínculos nacionales entre las provincias. Buenos Aires permaneció separada por diez años con un gobierno independiente, pero no dejó de ser reconocida como parte integrante de la nación. A su vez, el resto del territorio dio los primeros pasos hacia la formación de un mercado único con la desaparición de las barreras aduaneras internas y la nacionalización de las externas. No obstante, dado el escaso desarrollo de las relaciones económicas interregionales, la coextensividad del territorio y mercado nacionales fue mucho más que una formal expresión de acuerdo entre las provincias que un sistema de relaciones sustantivas. Asimismo, pese a las limitaciones y fracasos, el territorio se mantuvo formalmente bajo la jurisdicción de instituciones que facultaban a sus titulares a tomar decisiones de carácter nacional. El gobierno nacional llegó a gozar de un cierto de estabilidad y del reconocimiento formal de su soberanía. Pero al estabilidad de sus instituciones estuvo supeditada a que no se restringiera la autonomía de los gobiernos provinciales. La capacidad efectiva del gobierno nacional para tomar decisiones que afectaran al conjunto de la población fue escasa o nula. La provincia siguió constituyendo el marco de referencia de las relaciones sociales, y la autonomía provincial, la condición de legitimidad de los actos del gobierno nacional. La construcción de un aparato institucional que trastocara la relación entre provincias y gobierno nacional y permitiera hacer efectivo el poder formalmente otorgado a las autoridades nacionales era aún una tarea por iniciarse. Sólo después de Pavón, sobre la base de instituciones provinciales de Buenos Aires, sería llevada a cabo efectivamente. Pero mientras el gobierno nacional permaneció privado de la contribución de la Aduana y el Banco porteños, el sistema tributario y el aparato militar no pudieron arraigarse como instituciones nacionales.

ALIANZAS POLÍTICAS Y ORGANIZACIÓN NACIONAL. A principios de los años 50, las provincias de Corrientes y Entre Ríos rompieron la alianza que había posibilitado que el partido federal de Buenos Aires liderara la política nacional y postergara los compromisos relativos a la organización de la nación contraídos por el pacto de 1831. Este partido representaba los intereses terratenientes y comerciales identificados con la consolidación del circuito económico formado por la provincia de Buenos Aires y el mercado externo. Su política tendía a fortalecer internamente a Buenos Aires y postergar la organización nacional. Cuando el federalismo litoraleño puso fin a la alianza con Rosas, contaba con la pasividad del interior mediterráneo y el apoyo activo de los unitarios y segmentos del federalismo porteño. A esta reunión de fuerzas contribuyeron el Brasil y el Uruguay.

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El interior mediterráneo no tuvo una participación relevante en el conflicto entre el gobierno de la Confederación y Buenos Aires. Su pasividad era, sin embargo, importante para que el Litoral pudiera presionar libremente a Buenos Aires. Las resoluciones de San Nicolás, que otorgaban a Urquiza funciones nacionales con un poder prácticamente discrecional y adjudicaban a cada provincia el mismo número de diputados haciendo caso omiso de diferencias en la cantidad de habitantes o en la cuantía de los recursos con que cada provincia contribuiría a la sustentación del futuro gobierno nacional, produjeron el primer conflicto abierto entre Buenos Aires y la Confederación, con posterioridad a Caseros. Inicialmente, Urquiza se había apoyado en sector unitario liderado por Valentín Alsina para neutralizar la oposición de los restos del federalismo rosista porteño. Pero como no obtuvo del unitarismo el apoyo para llevar a cabo sus planes de organización nacional, buscó más tarde reconciliarse con los federales para ganar a través de ellos el control directo de la provincia. Sin embargo, la relación Buenos Aires- Litoral era esencialmente conflictiva y se superponía a toda coincidencia parcial o coyuntural de intereses u objetivos entre cualquier fracción política de Buenos Aires y Urquiza. Lejos de servir como nexo de la política urquicista en Buenos Aires, estas fuerzas se aliaron frente a los intentos de Urquiza de controlar la provincia, y finalmente se apoderaron del gobierno provincial en 1852. El nuevo gobierno provincial reunía a antiguos federales y unitarios, que a partir de entonces lucharon por el predominio en el ámbito provincial. Los federales buscaron el apoyo del Litoral, pero sin adherir a su política de organización nacional. Los unitarios, aprovecharon la amenaza de una guerra con la Confederación para consolidar su situación en el gobierno provincial.

A lo largo de la lucha por el predominio interno, que se dio en el marco del conflicto con la Confederación, se fue configurando una nueva fuerza política. El partido unitario, que pasó a llamarse liberal, permaneció unido y en el control del gobierno provincial a lo largo de casi todo el período que duró el conflicto. Pero al mismo tiempo se fue desprendiendo la facción liberal-nacionalista conducida por MITRE, opuesta al sector liberal que posteriormente se denominaría autonomismo. El liberal nacionalismo, si bien postulaba la defensa y fortalecimiento de los intereses locales de la provincia, tenía como objetivo central crear las condiciones para iniciar un nuevo proceso de organización nacional, que en vez de ser conducido por el Litoral, fuera liderado por Buenos Aires. La otra facción liberal –más tarde autonomista- se distinguió por seguir una política de conflicto abierto con la Confederación. Aún cuando defendía el autonomismo provincial como cuestión central de su política, lo que la caracterizó mientras duró el conflicto entre el gobierno nacional y la provincia, fue su posición antiurquicista extrema y el considerar la unidad nacional más como algo a ser negociado que como objetivo político fundamentalsector radicalizado de la revolución de septiembre.

En 1854 se sancionó la constitución provincial, declarando a Buenos Aires, al menos provisoriamente, Estado independiente. El carácter de la constitución, la confirmación de Pastor Obligado como gobernador y la política exterior tendiente a obtener el reconocimiento de Buenos Aires como Estado independiente, muestran el predominio del sector radicalizado de la revolución de septiembre en el gobierno de la provincia. La fracción liderada por Mitre participaba minoritariamente, perfilándose cada vez más como una tendencia diferenciada. En diciembre de 1854 y enero de 1855, Buenos Aires y la Confederación firmaron dos convenios que, más allá de las promesas de reunificación nacional, reafirmaron la situación autónoma de la provincia. Este ablandamiento de la política de la Confederación respondía al fracaso de las invasiones realizadas por los federales disidentes, la sólida situación de las autoridades provinciales en los planos internos e internacional y las dificultades que afrontaba el gobierno nacional a dos años de su existencia. Ante esta evidencia, la política de Buenos Aires consistía en estirar al máximo posible los plazos para la reincorporación. El progresivo deterioro del gobierno de la Confederación favorecía a Buenos Aires, cualquiera que fuera la política dominante. A mediados de marzo de 1856 el Ministro del Interior comunicó a Buenos Aires la caducidad de los pactos de diciembre y enero. Entre 1856 y 1859 el gobierno de la Confederación fue endureciendo su política hacia Buenos Aires. Todo esto no hizo más que consolidar la unidad del partido liberal.

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Luego de la batalla de Cepeda, Buenos Aires se comprometió a revisar la Constitución de 1853. Si no surgían objeciones a la Constitución Nacional, la provincia se incorporaría de inmediato a la Confederación. Por otra parte, Buenos Aires se comprometía a hacer entrega de su aduana a las autoridades nacionales, quienes garantizarían el presupuesto provincial de 1859. El resto de las instituciones provicniales seguirían bajo jurisdicción de la autoridad local. Por otras cláusulas del acuerdo, la provincia se comprometía a no ejercer un papel independiente en relaciones exteriores, a dar una total amnistía política y a rehabilitar a los funcionarios civiles y militares desplazados desde 1852. La Confederación retiraría de inmediato su ejército del territorio provincial. El gobierno de Buenos Aires hizo todas las concesiones mencionadas, pero no se desprendió de ningún recurso de poder y mantuvo la estabilidad política característica de toda esta etapa de vida independiente y virtual soberanía política. La variación en la correlación de fuerzas luego de la batalla de Cepeda, se dio en el interior de la alianza que sustentaba el gobierno de la provincia desde 1852. El sector liberal-nacionalista pasó a desempeñar un rol crucial, en tanto eral el interlocutor más apropiado para negociar con la Confederación en un momento en que la misma había llevado al extremo sus esfuerzos por incorporar a Buenos Aires. La correlación de fuerzas entre Buenos Aires y la Confederación era de un equilibrio inestable y hasta entonces no había puesto en peligro la estabilidad del gobierno de la provincia ejercido por el partido liberal. A principios de 1860, Mitre inició una ofensiva política contra el sector radicalizado de la revolución de septiembre, que ocupaba la mayor parte de los cargos políticos y predominaba en la legislatura provincial. En las elecciones de marzo de 1860 para la renovación de la legislatura la fracción mitrista obtuvo mayoría en ambas cámaras. Posteriormente, Mitre fue elegido gobernador. Mitre propuso incorporar la provincia a la Confederación. El gabinete fue duramente criticado y se acusó al gobierno de haber traicionado la revolución de septiembre. La redistribución de fuerzas en el interior del partido liberal creó en el Litoral expectativas de una alianza con el sector liberal-nacionalista, para unificar el territorio y reiniciar la organización nacional sobre nuevas bases políticas. A fines de 1859 había sido electo presidente Derqui, representante hasta entonces de una política intransigente para con la política de Buenos Aires. Por su parte, Urquiza seguía siendo la figura política clave de la Confederación como gobernador de Entre Ríos, jefe del partido federal y comandante en jefe del ejército. Urquiza era partidario de una política más flexible con respecto a Buenos Aires y seguía viendo en la posibilidad de una alianza del Litoral con la provincia disidente la base fundamental para la organización definitiva del gobierno nacional. Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires continuó prolongando los plazos de la incorporación, reafirmó el reconocimiento de su soberanía y reaseguró el control sobre sus principales instituciones: continuaría ejerciendo la administración directa de la aduana y la conducción del ejército de Buenos Aires, hasta que sus representantes se unieran al congreso nacional. Por otra parte, fortaleció su influencia económica sobre la Confederación: Buenos Aires pagaba un subsidio al gobierno nacional, pero centralizaba la percepción de las rentas nacionales, pues casi la totalidad de las importaciones consumidas en todo el territorio se introducían a través del puerto de Buenos Aires. Cuando la aduana pasó a corresponder formalmente a la jurisdicción del gobierno nacional, Buenos Aires siguió ejerciendo la administración directa, y la tesorería general sólo recibió los excedentes de la recaudación una vez deducido los gastos provinciales al que se hallaban afectadas las rentas aduaneras. Que la tesorería nacional recibiera sólo el excedente de la recaudación aduanera evidenciaba que seguían coexistiendo dos poderes independientes en la nación. Al tiempo que se desvanecían las expectativas litoraleñas de una alianza con el liberal-nacionalismo, Mitre, por su parte, estableció lazos con los gobiernos del interior mediterráneo, para lograr el desconocimiento de las autoridades nacionales y crear desde Buenos Aires las condiciones para una organización nacional alternativa.

A los largo de 1861 se fueron agotando las instancias de conciliación entre Buenos Aires y el gobierno nacional. El gobierno de la Confederación había llegado al límite de su crítica situación económica y para cada paso debía recurrir a una medida de emergencia. No lo quedaba otro recurso que la guerra. Pero ahora la guerra no contaba con la concurrencia incondicional del Litoral, a lo cual se sumaba la cada vez más estrecha vinculación del gobierno del interior mediterráneo con Buenos Aires.

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Después del dudoso triunfo militar de Buenos Aires en Pavón, Mitre desplegó un plan que comprendía la ocupación militar de Santa Fe, el fortalecimiento de los partidos liberales en el interior con el apoyo de los gobiernos provinciales vinculados a Buenos Aires, y la pacificación del Litoral a través de un acuerdo con Urquiza. Los gobiernos provinciales quitaron su apoyo al gobierno nacional, que dejó de existir en diciembre de 1861, y delegaron en el gobernador de Buenos Aires el ejercicio provisorio de las funciones del ejecutivo nacional y la facultad para convocar a un nuevo congreso sobre las bases de la Constitución del 53, reformada en 1860. Durante los primeros meses de 1862 se estableció en la ciudad de Buenos Aires un gobierno nacional provisorio estrechamente ligado a las instituciones locales. Las provincias habían delegado funciones nacionales en la persona de Mitre como jefe de las fuerzas vencedoras y no en su carácter de gobernador de Buenos Aires. No obstante, Mitre colocó el ejercicio de las funciones que la habían delegado bajo la dependencia del gobierno provincial y no trató de establecer instituciones nacionales diferenciadas de las instituciones de la provincia.Mitre centró su actividad en la negociación política, con las fuerzas opositoras de Buenos Aires, concerniente a las condiciones en que se instauraría el futuro gobierno nacional. Además procuró la pacificación del interior a través de los aliados del liberal-nacionalismo.Asimismo, cobraron mayor importancia las diferencias entre el liberal-nacionalismo y el sector radicalizado, ahora decididamente autonomista. Luego de meses de negociaciones, Mitre obtuvo autorización de la Legislatura de Buenos Aires para convocar al Congreso Nacional. Una vez reunido el Congreso, Mitre propuso la federalización de la provincia de Buenos Aires. La medida fue rechazada por la legislatura provincial, cuya conformidad era un requisito constitucional a partir de la reforma de 1860. Lo mismo ocurrió con el posterior intento de federalizar la ciudad de Buenos Aires. El acuerdo a que se llegó permitió la coexistencia de las autoridades nacionales y provinciales en esa ciudad.

CONCLUSIONES. Las condiciones en que se arribó a la instauración de un nuevo gobierno nacional en 1862 sintetizan diez años de lucha, a través de los cuales ni el proceso de organización nacional, iniciado en San Nicolás, pudo materializarse en un efectivo aparato institucional, ni la provincia de Buenos Aires pudo resolver el conflicto entre sus funciones internas en torno al problema de la organización nacional. Más allá del hecho de armas y la derrota militar, Pavón demostró la inviabilidad de la Confederación como Estado nacional. Sin Buenos Aires, la Confederación habría continuado siendo un conglomerado acéfalo; pero con Buenos Aires, el gobierno nacional difícilmente podría haberle impuesto una política que contrariara sus poderosos intereses. En las circunstancias en que se llegó al último enfrentamiento militar, el concurso y el liderazgo de Buenos Aires resultaban cruciales para organizar definitivamente la nación, estructurar un mercado nacional y hacer viable un Estado capaz de asegurar condiciones de estabilidad y progreso material. Por su parte, las facciones políticas de Buenos Aires mantuvieron una conflictiva alianza. El liberal-nacionalismo se apoyó en el autonomismo provincial para acceder a la conducción del proceso de organización nacional. Supo blandir oportunamente tanto la bandera localista como la nacional. Su triunfo, no fue la imposición de una clase políticamente dominante, sino el triunfo de una facción que halló la clave de su éxito en la posibilidad de tomar la bandera nacional e invocar en su favor la unidad de la nación. Buenos Aires pasó a ser entonces la escena y el principal agente de la política nacional. SI bien el liderazgo de Mitre sobre los gobiernos del interior le daba un amplio margen de maniobra en la conducción del gobierno nacional, la oposición interna en su propia provincia le impidió instaurar este gobierno sobre sólidas bases financieras e institucionales, ya que Buenos Aires conservó la mayor parte de sus instituciones bajo jurisdicción provincial. De este modo, el gobierno nacional, establecido en octubre de 1862, nació cautivo de las fuerzas políticas porteñas y dependiendo institucional y financieramente de la administración provincial. No obstante, durante las dos décadas siguientes tendría lugar la formación y consolidación de un sistema de instituciones nacionales relativamente independiente de alianzas actuales o potenciales con poderes locales. Este sistema paulatinamente desplazaría a la relación entre provincias como eje y escenario del proceso político, para dar lugar a otros mecanismos de representación, negociación y control, tales como el Congreso Nacional, los partidos de la oligarquía, y el ejército nacional.

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