¿Conciencia Social o Vivienda Social?El impacto político de los proyectos de Vivienda Social en el municipio de Escuintla en la década

2000-2010.

William Sosaѱ

Diplomado en Análisis de Políticas PublicasUniversidad Mariano Gálvez de Guatemala

ResumenLa vivienda, el bien deseado de una inmensa mayoría de habitantes de nuestro planeta, imprescindible para todos, derivado del derecho de acceder a un recinto en donde el comportamiento de las personas como entes sociales pueda ser delimitado espacialmente para su completo desarrollo humano, se ha traducido en consigna populista de algunos gobiernos, en negocio lucrativo para otros y focos de corrupción para el resto, pero ninguno ha logrado el equilibrio entre beneficio colectivo e interés social. En este trabajo se pretende hacer un análisis de cómo han impactado políticamente los proyectos de vivienda social que el Gobierno de la Republica ha desarrollado en el Municipio de Escuintla, durante la década 2000-2010. Como estas propuestas se han manejado y llevado a cabo, durante las dos administraciones anteriores y la mitad del presente cuatrienio, un breve análisis del trasfondo político que ha existido detrás de ellos y el impacto que los proyectos han tenido en la percepción de los ciudadanos escuintlecos.

1. Definición del problema

Leemos y nos informamos que la principal preocupación de los ciudadanos en Guatemala es la in-seguridad, que es la palabra con la que resumimos una cadena de efectos secundarios de las acciones tomadas por gobierno, empresarios y sociedad civil, en este intento por hacer visible y palpable la idea abstracta de “alcanzar la paz”. Seguimos con nuestras vidas, después de la sacudida matutina de los noticieros y nos preparamos para comenzar el día, a integrarnos a un nuevo capítulo en la definición de la sociedad que no buscamos, pero que al final todos construimos con nuestras acciones. Entonces, se reconoce a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la Sociedad. Se dijo, y solemnemente se decretó1, pero, ¿Acaso para hablar de familia no debemos hablar de hogar?, y para hablar de hogar, obligadamente ligamos a familia con vivienda.

Vivienda es el espacio habitable donde enmarcamos nuestras emociones, nuestro actuar y devenir social, político, incluso el económico. El Diccionario de la R.A.E. define a la vivienda como un lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. Habitar, puesto que allí descansamos y nos reponemos de la energía utilizada para actuar en sociedad, nos alimentamos, nos nutrimos, compartimos experiencias, intercambiamos sentimientos, tomamos decisiones. Ningún gobierno que se jacte de democrático debe dejar pasar por alto este pequeño pero trascendental acontecimiento: es aquí donde se toma la decisión de elegir y ser electo.

La incipiente democracia guatemalteca se tambalea cuando el individuo o el colectivo social levanta la mano y estira el dedo para señalar al estado, recalcándole que ha fallado en su deber de garantizarle a

1 Constitución Política de la República de Guatemala

los habitantes de la Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Esto naturalmente se convierte en un desafío para la consolidación democrática.

Bien, el estado ya ha sido desafiado, ahora veremos como se ha defendido.

Se ha venido arrastrando datos, inexactos y antiguos acerca de cuál es la realidad social de la necesidad de vivienda en Guatemala, no digamos en el Municipio de Escuintla, ya que de los pocos estudios que existen a propósito del desarrollo de conjuntos habitacionales para vivienda, la mayoría se focaliza en tipologías de vivienda que no han sido diseñadas tomando en cuenta las características micro-climáticas y del entorno de las comunidades donde se requieren, o no representan una solución arquitectónica adecuada y se enmarcan en contextos que ya no nos pertenecen. Ejemplo, "La vivienda Popular en Guatemala, antes y después del terremoto de 1976". Otro aspecto que reduce la posibilidad de generar una guía adecuada sobre cómo abordar el problema, es el hecho de que en el estado, las instituciones que se han encargado de recopilar datos no tienen ninguna competencia con el ámbito arquitectónico, a quien principalmente compete el desarrollo de estrategias urbanísticas de vivienda social (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social2).

La división política del país, también representa una limitante en cuanto a la presentación de una solución típica que se adapte a las necesidades de los municipios que la abarquen. Ejemplo, Guatemala se divide políticamente en ocho regiones, identificadas con numerales romanos, la V denominada Región Central, es la que abarca los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla. Ninguno de ellos comparte tipología de suelos, zonas de vida silvestre, climatología ni características propias del contexto socio-cultural urbano o rural. Pero cuando una solución se presenta incluida en el Listado Geográfico de Obras de la Republica, esta va dirigida para ejecutarse por una entidad regional, si bien es el caso específico de los Consejos de Desarrollo, en donde los proyectos se supone, deben ser creados y solicitados a nivel local por los COCODES –Consejos Comunitarios de Desarrollo-, en otros casos, aparecen instituciones manejando proyectos de conjuntos habitacionales para vivienda, donde las soluciones han salido de manera centralizada desde una Oficina de Planificación, que conoce muy poco de las necesidades puntuales del municipio a donde van dirigidos los proyectos, resultando en soluciones inefectivas que luego son abordadas políticamente en beneficio de intereses particulares, resultando en fracasos.

Y como regla, en Guatemala, lo probado, ya no se vuelve a intentar. Tal es el caso del Banco Nacional de la Vivienda, que en cumplimiento del Artículo 105 de la Constitución Política de la Republica apoyaba la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo sistemas de financiamiento para atender los programas que manejaba. Clausurado después de haberse visto envuelto en escándalos por corrupción. El Fondo Guatemalteco para la Vivienda –FOGUAVI- en el mismo camino.

Mientras tanto la demanda social por un módulo habitable crece, reduciendo a la vivienda como un bien alcanzable únicamente a través del ahorro de los integrantes de una familia cuyos ingresos escapan, al quintil más amplio de la población (que subsiste con menos de una tercera parte del valor de la canasta básica mínima). En donde la oferta privada ha visto un negocio hiper-rentable, ofreciendo habitáculos que no satisfacen los mínimos de espacio y confort y al estado copiándoles la plana.

Entonces venimos a ponerle otra guinda al pastel, resulta que para proporcionar una solución habitacional adecuada que satisfaga los requerimientos ergonómicos y biométricos de confort, se necesita de un mayor volumen espacial y de una más amplia extensión de terreno, pero en Escuintla (y en muchas otras regiones de Guatemala) el crecimiento horizontal está limitado por los bordes legales que ofrecen los vastos desarrollos agro-industriales y la ausencia de una política integral de acceso al suelo.

2 Decreto 90-97 del Congreso de la Republica. Código de Salud: El MSPAS en coordinación con las municipalidades debe regular los nuevos asentamientos y velar porque la vivienda no ofrezca riesgo para la salud y la vida.

Porque hablar de vivienda es hablar de suelo donde ubicar la vivienda, y suelo es tierra, hablar de tierra en Guatemala y su regulación, es un tema que aún se debate únicamente en tertulias sociales, pero que no se plantea directamente a donde compete: al Congreso de la Republica, a lo mejor la percepción política de otras necesidades ha relegado el tema vivienda-suelo a otras gavetas, o a panteones o solicitudes de extradición. Entonces, ese tema no se maneja. Quizás por ello es que no exista una Política de Vivienda Social en Guatemala. Y solo se pueda hablar de esbozos de intento por proporcionarle una “aspirina”, a una sociedad que se sacude violentamente por la migraña de necesidades que la aqueja.

Tenemos (en Guatemala) leyes3, un vice-ministerio4, hemos firmado tratados y pactos internacionales5, sabemos que 3 de cada 4 guatemaltecos vive en condiciones de pobreza, y de estos 3, dos se encuentran en situación de pobreza extrema6, tenemos estadísticas de la producción de vivienda en condiciones de habitabilidad y con servicios básicos7, entonces:

¿Por qué no definir una Política Nacional de Vivienda Social?

En los años 2000-2003, la postura del gobierno a propósito de la vivienda se enmarco en la Matriz de Política Social que bajo el lema de “Un gobierno que trabaja con usted”, se trazó como objetivo: “Incrementar la producción de soluciones habitacionales, mediante la participación de todos los entes que trabajan en el sector, procurando que el mayor número de familias puedan acceder a una vivienda digna y adecuada”, la línea de acción se planteó preparar una política nacional de vivienda “de largo plazo” en forma consensuada con los representantes de organismos públicos y privados, se vieron involucrados BID, BCIE, MICIVI, INFOM, FOGUAVI, MINFIN, FHA, MUNICIPALIDADES. Durante esta administración, el proyecto de vivienda más cercano al municipio de Escuintla, fue el “Proyecto Peña Flor” desarrollado y ejecutado de manera centralizada por FONAPAZ (una institución que no se menciona como responsable en la política de la Matriz de Política Social).

En los años 2004-2007, la postura gubernamental para la vivienda fue: “Un país de propietarios”, enfocados en financiamientos a través del FOGUAVI para desarrollos privados de conjuntos habitacionales de vivienda, convirtiendo de nuevo a la vivienda en un bien únicamente asequible para quienes calificaran económicamente para obtener dicho financiamiento, en Escuintla, no se ejecutó ningún proyecto habitacional de vivienda social durante esta administración. La demanda seguía creciendo.

En el 2005, la Tormenta Stan, alcanzo el istmo de Tehuantepec en México, y sus embates se dejaron sentir en el territorio nacional, principalmente en la región denominada Costa Sur del país (Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu), aprovechando la coyuntura, durante los primeros dos años del actual gobierno 2008-2010, se desarrolló el Proyecto Agua Blanca, en el Cantón Los Voladores, del Municipio de Escuintla. 133 familias se vieron beneficiadas, financiadas por el Fondo de Cohesión Social y ejecutadas por el Instituto de Fomento Municipal y la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

El presidente, recalco en la entrega: “… estas colonias, que representan la viva imagen de las personas necesitadas que desde hace mucho tiempo no recibían ayuda”.

3 “Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos”4 Viceministerio de la Vivienda. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.5 Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Artículo 11. Numeral Primero: “Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados tomaran medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.6 Datos del INE.7 Camara Guatemalteca de la Construccion. Se produjeron 1990-1995: 300 viviendas por cada millón de habitantes que cubre el 3.73% de la necesidad anual que se estimo en 80,422 viviendas por año.

Bien, la viva imagen de las personas necesitadas a las que él se refería no es la imagen real de la falla continuada que se está dando en el país. Principalmente, porque la necesidad de vivienda es tan grande, que eso mismo ha propiciado que cualquier solución en donde el estado intervenga se degenere y corrompa, provocando desde los iniciales favoritismos políticos en los que solo se ven beneficiados con la entrega de viviendas los más allegados al político de moda o los que han “adquirido” su derecho a ser beneficiario por vías corruptas enquistadas desde los comités pro-desarrollo hasta las instituciones centralizadas que manejan los recursos.

Entonces, entendemos que en el año 2009 se entrega un proyecto que pretende paliar una necesidad surgida 4 años atrás, y no surgido de la necesidad social, sino derivado de un desastre, una nueva falla: el tiempo de respuesta.

La falta de vivienda es el portal que atraviesan tantos otros problemas sociales, como la falta de acceso a sistemas de agua sanitariamente segura, el manejo adecuado de excretas, hasta meternos a la cama de los ciudadanos, pensando que en el país, en cada módulo conviven 4.8 personas en la misma habitación8 (esto es un valor moral ya debilitado, cuando los hijos ven a los padres sostener relaciones sexuales porque duermen juntos, en promiscuidad), derivándose en embarazos adolescentes y hasta relaciones incestuosas, una mala alimentación en la que el mismo lugar donde se consumen los alimentos es el lugar en el que se mantiene a los animales domésticos, como gallinas y cerdos, hasta los psico-sociales más profundos al hablar de proyectos habitaciones generados espontáneamente (incluso algunos producto de diseños y planificaciones estatales), en donde el hacinamiento origina inestabilidad emocional y violencia9, convirtiéndose en “puntos rojos” o de violencia urbana.

Hablar del derecho a la vivienda, es hablar de un derecho humano, Y cualquier tratado internacional que competa a estos derechos debe prevalecer sobre cualquier ley nacional.

La urgencia por encontrar y definir una Política Nacional de Vivienda Social debe competer al estado de manera prioritaria, las personas vivimos en sociedad, por tanto, entes sociales, sociales y humanos y dice Gregorio Peces Barba que un derecho humano es: “la igualdad, a su participación política o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción”.

Entonces fundamentados en nuestro libre derecho de petición, debemos exigir al estado de Guatemala, a que promulgue políticas nacionales, regionales, departamentales y municipales de vivienda; a corto, mediano y largo plazo, sin orientaciones ni sesgos, pero enfocados a resolver la demanda misma desde la raíz: que no existe una oferta de empleo lo suficientemente amplia para hablar de la vivienda como un bien asequible a través del ahorro, y tampoco un ingreso que justifique el pago de cualquier subvención o financiamiento a proyectos privados.

Ahora el cuestionamiento es: ¿Cómo la proponemos?

8 Estadistica del Banco Mundial.9 Patterns of Crime Victimization in Latin America. IDB –Washington.