LA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA DEL GOBIERNO DEL

PRESIDENTE SANTOS IMPIDIÓ UN ACUERDO MÁS AMPLIO A FAVOR DE LA EDUCACIÓN, LOS ALUMNOS Y LOS MAESTROS.

Finalizado el proceso de concertación del Pliego de Peticiones presentado al Gobierno Nacional el 7 de abril, que concluyó con la firma del Acta

Final el 2 de junio, la Federación Colombiana de Educadores valora haber alcanzado 22 acuerdos con el Ministerio de Educación Nacional, en

torno a problemas que revisten importancia para la educación y el magisterio. Resaltamos que se posibilitara buscar soluciones a temas de

trascendencia como: garantías del derecho a la vida, integridad física y salud del magisterio; condiciones laborales; garantías sindicales;

bienestar social; atención inmediata a las instituciones educativas y educadores damnificados por los desastres naturales y, en especial, la

conformación de una Comisión Accidental para concertar un Proyecto de Ley sobre Estatuto Único Docente, integrada por representantes del

Congreso de la República, de FECODE y del Ministerio de Educación Nacional, que tenga por objeto mejorar la calidad de la educación

colombiana, de conformidad con los principios constitucionales de

dignificación, profesionalización y mérito de la carrera docente. Los acuerdos alcanzados constituyen una conquista del magisterio

colombiano.

Esperamos que los acuerdos suscritos por parte del gobierno con FECODE, en esta ocasión se cumplan cabalmente; que no sean sólo un

papel para mostrar ante la OIT y lograr que no se incluyera a Colombia en la lista de países violadores de los derechos de los trabajadores, o

para presentar como desarrollo del llamado “Plan de Acción” suscrito por los presidentes Santos y Obama para descongelar el trámite del TLC en

el Congreso Norteamericano.

Pero de la misma manera FECODE lamenta que este proceso se haya caracterizado por la falta de voluntad política del gobierno para resolver

temas trascendentales a los cuales, fiel a sus políticas neoliberales,

respondió con una rotunda negativa cuyos aspectos centrales reseñamos a continuación:

1. En materia de Política Pública Educativa negó la petición de FECODE de que la educación pública sea financiada, administrada

y atendida directamente por el Estado, sin ningún tipo de intermediación con operadores privados; insistió en que no hay

privatización, a pesar de que el informe de la ministra anterior, señala que la contratación de operadores privados con dineros

estatales creció del 2,9% de la matrícula oficial en 2002 al 11.5%

en 2010 (1.100.300 niños entregados a los particulares de

9.524.756 cupos escolares).

Esta negativa fue justificada con el argumento de que la calidad

de la educación propuesta por FECODE tiene un costo de $20 billones de pesos; no reconoce el gobierno que ese es el tamaño

de la deuda social que tiene con los colombianos en materia educativa.

2. En el tema del respeto a los derechos prestacionales del

magisterio, el MEN respondió con interpretaciones sesgadas de leyes y jurisprudencias vigentes cuyo cumplimiento reclamó

FECODE; so pretexto de la seguridad jurídica de sus funcionarios, el gobierno obliga a los docentes a interponer demandas judiciales

sobre asuntos que han obtenido más de cinco fallos favorables de última instancia, desconociendo lo ordenado al respecto por el

artículo 114 de la Ley 1395 de 2010 y agudizando con ello el detrimento financiero del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

del Magisterio -FNPSM-. En actitud negativa y desobligante el

gobierno cerró la posibilidad de hallar fórmulas que permitieran establecer un plan de pago de la deuda prestacional que tiene el

gobierno con el FNPSM equivalente a $ 49 billones de pesos, circunstancia que permite afirmar que la sostenibilidad financiera

del Fondo no hace parte de sus preocupaciones.

3. En los aspectos económicos el MEN negó las peticiones de incremento salarial propuestas para los años 2011, 2012 y 2013,

la fijación de un mejor salario de inicio para los docentes del 1278 y la eliminación del trato discriminatorio en materia salarial para

los etnoeducadores indígenas, la creación de una prima anual de actualización tecnológica para aplicación de las TIC, el pago del

100% del auxilio por enfermedad, un auxilio para estudios universitarios de los hijos de docentes, el pago de la prima de

vacaciones proporcional al tiempo laborado y el reintegro de los

dineros descontados por participación en actividades sindicales.

4. En cuanto al tema del estricto cumplimiento de los acuerdos pactados en la concertación del año 2009, negó toda posibilidad

de resolver lo relacionado con el cumplimiento de la jornada laboral docente de acuerdo con lo contemplado en la Directiva

Ministerial No. 10 del 16 de junio de 2009; y sobre Régimen Nacional de Traslados no se pronunció acerca del establecimiento

de una veeduría previa a la expedición del acto administrativo por

parte de la organización sindical que tenga el mayor número de

afiliados.

Mientras rechaza estas peticiones prioritarias y de trascendencia,

escudado en un trillado discurso sobre la calidad de la educación y la sostenibilidad fiscal, el gobierno desarrolla una política presupuestal que

dedica $ 21,5 billones a los gastos de seguridad, $ 37,1 billones al servicio de deuda pública y sólo $ 16 billones a educación, y algunos

de sus ministros se ven enredados en los escándalos protagonizados por las EPS que han propinado billonarias defraudaciones al erario público.

FECODE reafirma la denuncia sobre la creciente privatización de la

educación pública impuesta en los últimos 12 años por los gobiernos de turno y en particular durante el mandato de Uribe Vélez, no son 44 sino

70 los colegios entregados en concesión; tampoco es el 0.67% de la matrícula oficial entregada a los intermediarios sino el 11.5%; la

contratación del servicio público educativo con particulares no se ha hecho para las regiones apartadas sino en las grandes ciudades como

Bogotá, Barranquilla, Medellín, Ibagué, Montería, Valledupar, Santa

Marta, Cartagena, Sincelejo, Cali, entre otras.

FECODE rechaza la manera tendenciosa y malintencionada mediante la cual el gobierno justifica los desacuerdos en temas como la calidad de la

educación, el mejoramiento salarial y el acatamiento a la ley de descongestión judicial en el reconocimiento y pago de las prestaciones

sociales del magisterio; esconde su falta de voluntad política para concertar sobre los asuntos referidos afirmando que las pretensiones de

FECODE ponen en riesgo la financiación de la educación pública, cuando en realidad lo que propone la Federación es la refinanciación del sector

educativo para garantizarles a más de 10 millones de niños y niñas una educación gratuita, obligatoria y de calidad.

La calidad de la educación es un compromiso de FECODE y el magisterio

con el país, entendida como una educación para la formación integral en

los saberes, conocimientos y valores que necesitan la niñez y la juventud para el desarrollo material, cultural y espiritual de la sociedad;

para que ello sea posible se requiere por parte del gobierno la asignación de recursos suficientes y no la política de racionalización y

recorte que se viene practicando desde hace una década.

Los puntos no concertados con el gobierno son de vital importancia y se constituyen en banderas de lucha fundamentales para el país y el

magisterio colombiano. Por lo tanto, el hecho de que el gobierno se haya negado a darles solución, nos obliga a redoblar esfuerzos para,

junto con la comunidad educativa y el pueblo colombiano, seguir en la

movilización hasta conquistarlos.

Finalmente hacemos público nuestro reconocimiento a las bases

magisteriales que se movilizaron entusiasta y combativamente durante todo este proceso en apoyo al Pliego Nacional de Peticiones y llamamos

a mantenernos en Estado de Alerta, a prepararnos para la lucha en el segundo semestre y a estar vigilantes para que los compromisos

pactados se cumplan. Para acompañar el trabajo de FECODE en la Comisión Tripartita acordada en este proceso, los docentes colombianos

deberán hacer un esfuerzo particular en conocer a profundidad la propuesta de Estatuto Docente Único elaborada por FECODE, hacer

aportes para su perfeccionamiento y adoptarlo como una bandera central cuya conquista requerirá de una lucha decidida de todo el

gremio.

COMITÉ EJECUTIVO

SENEN NIÑO AVENDAÑO LUIS EDUARDO VARELA R.

Presidente Secretario General