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Concurso “Alianza público-privada como herramienta para promover estrategias para la buena gobernanza”
Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs)
Tema: “Complejidad, cibernética y transdisciplinariedad en la lucha contra la corrupción: la Mesa de Control como parte de un enfoque holístico y sistémico de fomento de
valores y la buena gobernanza”
Presentado por: Cesáreo Rhadamés Guillermo Veloz
Cámara de Cuentas de la República Dominicana Septiembre de 2015.
Índice
A modo de presentación
Constancia que avala la autoría del presente trabajo de investigación
Dedicatoria
Introducción
Marco teórico 1 .......................................................................................................................................
I. Promoción de la buena gobernanza en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) 2 ...............................................................................................................................................
II. Un encomiable esfuerzo de coordinación en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD): la experiencia de la Mesa de Control 12 .................................................................................
III. Lineamientos mínimos para una propuesta de alianza público-privada para fomento de la buena gobernanza: un modelo exportable 19 ...................................................................................................
VSM del sistema nacional de fiscalización propuesto como objeto de una gran alianza público-privada 25 ........................................................................................................................
Componentes y contenido mínimo para el proyecto de alianza público-privada propuesto 27 ...
Conclusión 28 .........................................................................................................................................
(Anexo) Propuesta esquematizada del contenido mínimo, bajo una matriz del Marco Lógico, para implementar la alianza público-privada propuesta 30 .............................................................................
Bibliografía & e-grafía
A modo de presentación
El presente documento contiene el trabajo titulado “Complejidad, cibernética y
transdisciplinariedad en la lucha contra la corrupción: la Mesa de Control como parte de
un enfoque holístico y sistémico de fomento de valores y la buena gobernanza”, que
fuera presentado al concurso “Alianza público-privada como herramienta para promover
estrategias para la buena gobernanza” de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena
Gobernanza (CTPBG) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), resultando ganador del segundo lugar, con una diferencia
de tan solo 0.55 puntos en la calificación ponderada con respecto al primero, obtenido por el
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de la República de Honduras, nuestra EFS hermana, a la 1
que felicitamos.
De todas maneras, nuestra intención primigenia al elaborarlo se centró en el elevado interés de
compartir algunas ideas que nos surgieron en el seno de las enseñanzas de la “Especialidad en
Pensamiento Complejo, Ciencias de la Complejidad y Teoría del Caos” impartida por el iGlobal,
recipiente adicional, aplicando preceptos de este nuevo campo del conocimiento al combate del
fenómeno mutante de la corrupción, con miras a propiciar un debate en torno a estrategias de
abordaje sistémico que, tomando como punto de partida una iniciativa tan novedosa como
exitosa de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (la Mesa de Control), puedan
contribuir a generar soluciones a tan ominoso problema global, sobre la base de una gran
alianza que aglutine las fuerzas vivas de nuestras respectivas sociedades, al tiempo que provee
a las EFS un mecanismo pertinente para el desarrollo de capacidades colectivas orientadas a la
fiscalización del cumplimiento de los indicadores que cada país debe abocarse a definir para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), recientemente aprobados en el seno de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) como parte de la Agenda 2030.
En este sentido, se ha considerado la concepción más amplia de lo que representa una alianza
público-privada, más allá de la acotación que representan las Asociaciones Público-Privadas,
mejor conocidas como APP (o PPP, por sus siglas en inglés), las que en sentido general
EFS = “Entidad de Fiscalización Superior” o “Entidad Fiscalizadora Superior”.1
constituyen un contrato a largo plazo entre ambos sectores, generalmente para la provisión de
una obra de infraestructura o servicio público, las que de por sí deben ser objeto de
fiscalización por parte de las EFS, para lo cual deben desarrollar capacidades y contemplarlas
como parte del esquema que en el presente trabajo proponemos.
La presente versión se ha formateado y corregido en su estilo para facilitar la lectura, por lo que
se ha incrementado el tamaño del texto con relación a su versión original. Por las restricciones
de espacio que formaban parte de los criterios de participación en el supra citado concurso, el
contenido puede considerarse como un esbozo general del sistema que se propone, que
debiera ser objeto de desglose en una versión ampliada, ofreciendo una relación detallada de
las responsabilidades de cada uno de los actores que habrá de integrar los subsistemas
delineados, así como la articulación con otros sistemas nacionales, atendiendo siempre a las
realidades del entorno.
El autor, enero de 2016.
Constancia que avala la autoría del presente trabajo de investigación
Santo Domingo, R. D. 25 de septiembre de 2015.
Señores Titulares y enlaces de las EFS que conforman la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), Presentes.-
Atención: Honorables miembros del jurado evaluador.
Estimados todos:
Quien suscribe, Cesáreo Rhadamés Guillermo Veloz, actual encargado del Departamento de Relaciones Internacionales de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), da fe y constancia de que el presente trabajo es de su autoría, con el tema: “Complejidad, cibernética y transdisciplinariedad en la lucha contra la corrupción: la Mesa de Control como parte de un enfoque holístico y sistémico de fomento de valores y la buena gobernanza”, el que ha sido elaborado para los fines del concurso “Alianza público - privada como herramienta para promover estrategias para la buena gobernanza” que la CTPBG tiene a bien promover.
Cabe resaltar que en cuanto a su forma hemos seguido los lineamientos provistos, por lo que para contrarrestar las limitaciones de espacio, hemos adelantado las explicaciones relativas al contexto histórico de actuación institucional y a las nuevas Ciencias de la Complejidad (base para el desarrollo de nuestra propuesta) como parte de la introducción, cuyas páginas, según las Bases del Concurso, no se contabilizan para el total permitido. Asimismo, hemos aplicado las nuevas reglas de la Real Academia de la Lengua Española en cuanto a la escritura de las mayúsculas, según las cuales lo correcto sería escribir “Intosai” y no “INTOSAI” (si son pronunciables, a partir de cuatro letras se escribe solo la inicial en mayúscula).
La reciente adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para los cuales tanto la Intosai como la ONU proponen un nuevo “paradigma” a las EFS para su seguimiento integral, nos ha animado a realizar esta investigación. Agradecemos sobremanera la oportunidad provista para poder intercambiar nuestras consideraciones sobre un tema de singular importancia como el que tan pertinentemente seleccionaron para el concurso supraindicado, lo que reconocemos.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente, queda de ustedes, con sentimientos de alta estima y consideración,
Cesáreo Rhadamés Guillermo Veloz Encargado de Relaciones Internacionales
Cámara de Cuentas de la República Dominicana
Dedicatoria
A la Dra. Licelott Marte de Barrios, presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, así como a los demás Miembros de su honorable Pleno, como una muestra de nuestro reconocimiento personal por los encomiables esfuerzos desplegados para rescatar a la entidad del ostracismo en que la sumergió la crisis interna de 2007 - 2008 que heredaron, lo que resulta innegable y que sin duda marca “un antes y un después” favorable en el devenir histórico de la institución, contribuyendo así al fortalecimiento de nuestra democracia.
Introducción
“La gente quiere democracias genuinas, donde realmente pueda intervenir y tener el control de
su destino” . Frases como estas intentaron caracterizar los intensos cambios que se 2
produjeron a partir de la última década del siglo XX para contrarrestar los grandes déficits
fiscales que se venían registrando en gran parte de las economías en desarrollo, con miras a
elevar la productividad del Estado con una serie de corrientes y herramientas que conformaron
lo que se denominó “Nueva Gerencia Pública (NGP)”, entre las que resaltaron la planificación
estratégica con escenarios prospectivos, el incremento de la participación ciudadana, la
transparencia, la rendición de cuentas, la ética, las alianzas público - privadas, la gobernanza y
la gobernabilidad (son diferentes), la eficiencia y la eficacia, la innovación, la calidad total, entre
otros. Cabe resaltar que aun cuando muchos Estados ya tenían tradición de trabajo conjunto
con entidades del sector privado, esto se concentraba en acuerdos con empresarios para la
construcción de una gran obra de infraestructura o la oferta de un servicio social, pero la nueva
ola de esquemas se refirió a las alianzas público-privadas como el trabajo sinérgico entre
entidades públicas, empresarios, sociedad civil organizada y/o entidades de cooperación
internacional para la consecución de un objetivo común, que genere valor público, según
podemos colegir de la referencia que al respecto brinda el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID): “… [en este tipo de alianzas] pueden participar organismos internacionales, nacionales y/
o regionales, organizaciones donantes y otras partes interesadas que trabajan juntas para
aportar soluciones a dialogar en torno a intereses comunes (…). Además de ayuda económica,
estas alianzas pueden ser plataformas de conocimientos, de asistencia técnica y formación, de
contactos con los pequeños productores y otras partes interesadas de las cadenas locales de
suministro…” . 3
De su parte, el término gobernanza nos refiere a un bagaje de definiciones, según sea leído
desde el punto de vista académico, político, empresarial, de la función pública, de la sociedad
Kliksberg, Bernardo; “El rediseño del Estado para el desarrollo socioeconómico y el cambio: una agenda estratégica para la discusión”; 2
Revista CLAD para la Reforma y Democracia, n.º2, julio 1994; Caracas.
STDF/BID; “Alianzas público-privadas para mejorar la capacidad MSF: ¿qué enseñanzas pueden extraerse de este enfoque 3
cooperativo?”; documento conjunto del Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), 2012; Washington.
civil o de las agencias internacionales de cooperación. Todas, empero, tienen un denominador
común: relacionan eficiencia, eficacia, economía, probidad y equidad en la entrega de servicios
públicos con las respuestas a demandas realmente sentidas de una población con crecientes
niveles de participación en la definición y entrega de estos servicios, para así generar valor público, lo que redundaría en mayores niveles de legitimidad, de gobernabilidad y de
consolidación de un Estado Democrático de Derecho. La propia Intosai publicó una serie de
directrices para garantizar la buena gobernanza (Intosai - GOV) y ha puesto mucho hincapié en
su promoción como parte de los esfuerzos para garantizar el valor y los beneficios de una
Entidad Fiscalizadora Superior (EFS). El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil
realizó recientemente un importante esfuerzo para sintetizar diversos conceptos, logrando
formular una definición de gobernanza útil para las EFS: “Gobernanza en el sector público
comprende esencialmente los mecanismos de liderazgo, estrategia y control puestos en
práctica para evaluar, dirigir y monitorear la actuación de la gestión, con miras a la conducción
de políticas públicas y a la prestación de servicios de interés para la sociedad” , concluyendo 4
que el concepto puede observarse desde las perspectivas de sociedad y Estado, poder y
políticas públicas, organismos y entidades y de las actividades intraorganizacionales. De
acuerdo con el Informe Mundial 2007 del Banco Mundial, citado por el TCU de Brasil , los 5
principios de la gobernanza son “la legitimidad, la equidad, la responsabilidad, la eficiencia, la
probidad, la transparencia y la accountability”.
Ahora bien, cabría esperar que con todo este esfuerzo encaminado a mejorar la capacidad de
los Estados, con un claro énfasis en la transparencia y la accountability, las estrategias de lucha
contra la corrupción hayan logrado su cometido. Sin embargo, cuando visualizamos el Indice
de Percepción de la Corrupción que cada año prepara Transparencia Internacional nos
percatamos de que el escenario luce sombrío. ¡Peor aún, si revisamos los Indicadores
Globales de Gobernanza que prepara el Banco Mundial, advertimos que los indicadores 6
“Efectividad del Gobierno”, “Calidad Regulatoria”, “Imperio de la Ley” y “Control de la
Tribunal de Cuentas de la Unión, “Referencial básico de gobernanza aplicable a los organismos y entidades de la administración 4
pública”, 2.a versión, Brasilia, TCU, Secretaría de Planificación, Gobernanza y Gestión, 2014.
Íbidem.5
The WGI Project; “World Governance Indicators (WGI)”; Banco Mundial; en www.info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home; 6
consultada el 25/09/2015.
Corrupción” disminuyeron! Esto plantea un escenario preocupante, si consideramos que, cada
día más, la deuda social en países en vías de desarrollo aumenta. Entonces, ¿qué ha pasado?
Parte de la respuesta la encontramos en el carácter multidimensional y complejo de la
corrupción.
Para explicar esto debemos recurrir a un nuevo campo del saber denominado Ciencias de la
Complejidad. En este caso, “complejidad” no es sinónimo de “complicado” o “difícil” sino que
se refiere a ciertos sistemas impredecibles, no lineales, caracterizados por agentes, actores,
nodos o entidades diversos, conectados en redes abiertas, dinámicas y con interdependencia,
en el que pequeños cambios pueden desatar grandes eventos, con capacidad de adaptarse a
las fluctuaciones de su entorno produciendo auto-organización, emergencia “de abajo a arriba”
e innovación. Y resulta ser que la corrupción es un problema con características complejas,
que ha estado enfrentándose con los legados tayloristas, weberianos, lineales y ergódicos de la
Modernidad. En otras palabras, los agentes corruptores logran adaptarse y evolucionar, por lo
que su enfrentamiento requiere de creatividad, transdisciplinariedad , robustez y de un enfoque 7
holístico.
Cuando hablamos de formación de valores, hacemos referencia a la cultura, que a efectos de
la Complejidad se la puede definir como “un conjunto compartido de creencias,
comportamientos y rutinas (…) tanto implícitas como explícitas” . A lo interno de un sistema, las 8
personas tratarán de comportarse como hace la mayoría. En todo sistema político se generan
valores positivos, que si no se logran fortalecer son absorbidos por los negativos, y si se
permite que más y más agentes del sistema expandan las prácticas malsanas, se corre el
riesgo de que las mismas lleguen a legitimarse luego de que más y más actores las hayan
interiorizado, hasta el punto en que la mayoría las considere “normales”. Esto se explica por el
efecto de la homofilia, según el cual las personas buscan interactuar con personas con atributos
parecidos. Mediante la propiedad de recursividad, todo el sistema adquiere entonces una
Edgar Morin, señala que “la transdisciplinariedad actúa a nombre de la visión -la del equilibrio necesario entre la interioridad y la 7
exterioridad del ser humano- y esta visión pertenece a un nivel de realidad diferente del mundo actual”. De ahí, a nuestro juicio, su importancia en la promoción de valores positivos. (Ver “La Transdisciplinariedad, manifiesto” en www.edgarmorin.org/libros-sin-costo/85-la-transdisciplinariedad-manifiesto.html).
Page, Scott E.; “Understanding Complexity”; The Great Courses, The Teaching Company, USA, 2009.8
nueva identidad engendrada por “patrones de interacción social cotidiana” sobre la base de 9
estas conductas negativas, a las que deben recurrir para poder sobrevivir o mantenerse en
dicho sistema. He aquí justamente el peligro que se corre cuando los casos de corrupción se
mantienen impunes, por el efecto replicador que desatan. En República Dominicana, el
periódico Diario Libre, de fecha 8 de diciembre de 2006, destacó en uno de sus titulares: “Una
encuesta revela tolerancia de los dominicanos a corrupción”; fenómeno que se ha podido
estudiar en otros países. La pregunta clave es: ¿cuánta corrupción puede soportar un Estado
sin colapsar? El caso de Guatemala nos ha tomado a todos por sorpresa, constituyéndose en
el espejo obligado en el que debe mirarse gran parte del mundo, pues una especie de
“primavera anticorrupción” puede desatarse si fallan los controles estatales, en gran medida por
no contar con el adecuado régimen de consecuencia al trabajo que realizan muchas EFS. De
ahí que saludamos la iniciativa de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza
(CTPBG) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Olacefs) de promover una cultura de valores de transparencia, rendición de
cuentas y probidad administrativa, pues hoy más que nunca se hace necesario escapar del
círculo vicioso ya que la corrupción genera pobreza, con ella desconfianza en el Estado y consecuentemente más crímenes, incluyendo más corrupción. Y el enfoque de la
Complejidad nos puede ayudar. Como afirmara el profesor Dr. Scott E. Page, de la Universidad
de Michigan:
“Mientras más interactuamos con gente diferente a nosotros, más cómodos nos sentimos cuando esa
interacción se hace necesaria. Para construir confianza y entendimiento necesitamos interacciones entre
grupos diversos. La confianza es sumamente importante para sociedades bien cimentadas. Sociedades
con elevados niveles de confianza tienden a ser más exitosas económicamente y tienen menos
crímenes” . 10
Lo anterior cobra mayor relevancia hoy que el mundo cuenta con una nueva Agenda Post-2015
recién aprobada en el 70.º período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas
Sotolongo C., Pedro Luis; “Teoría social y vida cotidiana: la sociedad como sistema dinámico complejo”; Editorial Somos Literatura; 9Santo Domingo, R. D.; 2011.
Íbidem.10
(ONU), con diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y unas ciento sesenta y
nueve (169) metas relacionadas, en un esfuerzo renovado por erradicar la pobreza global, a
2030. La Intosai, sobre la base de las resoluciones 66/209 y 69/228 adoptadas por la Asamblea
de la ONU, insta a todas las EFS a adoptar un rol de liderazgo en el seguimiento y evaluación
de los indicadores que cada país definirá para cada ODS, lo que supone un “nuevo paradigma”
que requiere el incremento de capacidades para fiscalizar los ámbitos económico, social y
ambiental.
El presente trabajo de investigación se centra en la concepción de una plataforma sistémica a
partir de la exitosa experiencia de la Mesa de Control de la Cámara de Cuentas de la República
Dominicana (CCRD), sobre la base de una gran alianza público-privada extensible a actores no
tradicionales, que se traduzca en un modelo exportable y replicable en otras EFS, con el objeto
de que resulte exitosa la adopción del nuevo paradigma planteado tanto por Intosai como por la
ONU de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aplicando para ello técnicas de
las Ciencias de la Complejidad. En este sentido, brindamos respuestas a las siguientes tres (3)
interrogantes: 1) ¿de qué manera ha implementado la CCRD la buena gobernanza?; 2) ¿qué
experiencia exitosa pudiera ser considerada para adelantar estrategias de colaboración público-
privada en la realización de iniciativas de fiscalización que agreguen valor público?, y 3) ¿cuál
sería el contenido mínimo para un proyecto de alianza público-privada para el fomento de
valores y de la buena gobernanza mediante la fiscalización?
Antes de avanzar, se debe contextualizar la situación en la cual las actuales autoridades de la
Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) tuvieron que implementar las
iniciativas que se describen como respuesta a la primera pregunta. En el año 2007 se gestó
una crisis institucional en la CCRD que en el 2008 obligó a un juicio público por parte de los
legisladores, que resultó en la remoción de ocho (8) de sus entonces nueve (9) Miembros del
Pleno, y la renuncia del restante, con fatales consecuencias: elevada pérdida de la credibilidad
ciudadana, alejamiento de socios nacionales e internacionales y un clima de incertidumbre que
se agravó con el rechazo del informe anual por parte del Congreso Nacional -su principal
producto-, matizado por una reconocida baja productividad del ente fiscalizador. Para
completar el período de cuatro (4) años por el que estaban electos esos Miembros del Pleno,
2006 - 2010, el Congreso Nacional designó a nueve nuevos Miembros, con la Dra. Licelott
Marte de Barrios a la cabeza. Durante dos años y dos meses, de octubre 2008 a diciembre
2010, las nuevas autoridades hicieron ingentes esfuerzos para revertir el deplorable estado de
cosas heredado, logrando encaminar una serie de iniciativas de incremento de capacidades y
de alianzas público-privadas que mejoraron el clima interno, elevaron la confianza ciudadana y
acercaron a la cooperación internacional, a tal punto que se instauró una oficina permanente
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la implementación
conjunta de un proyecto de fortalecimiento institucional y operativo. Se inició con un
diagnóstico de la situación por parte de la reconocida firma PricewaterhouseCoopers (PwC),
que junto a un estudio complementario realizado por el PNUD sirvió como parte de los insumos
requeridos para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional
(Pedsi) 2010 - 2016, que a la par con la definición de misión, visión, valores y principios, sirvió
como marco operativo para todo el accionar conjunto de las distintas áreas de la organización,
que entonces se ajustaron a una nueva estructura interna. Tras la participación en una
iniciativa estatal denominada Iniciativa Participativa Anti Corrupción (iPAC), que contó con una
amplia participación de la sociedad civil organizada y de agencias de cooperación internacional,
la CCRD fue una de las organizaciones que obtuvieron reconocimiento por haber cumplido con
los compromisos que asumió; se aprovechó una ambiciosa reforma constitucional -quizás la
más completa de la historia democrática reciente del país- que reforzó el carácter constitucional
del ente fiscalizador externo del Estado, al tiempo que reducía la cantidad de Miembros del
Pleno a cinco (5), tanto por razones de economía y eficacia, como por el hecho de que ya no
poseían las facultades jurisdiccionales contencioso-administrativas que una vez les había
conferido la ley y que ahora son ejercidas por el Tribunal Superior Administrativo. Se introdujo
una cláusula transitoria de manera que el mandato de las autoridades congresuales,
municipales y de la Cámara de Cuentas transcurriera por un período de seis (6) años, 2010 -
2016, lo que no solo permitía que ciertos órganos tuvieran una planificación de desarrollo
mayor, sino que, principalmente, aunaba las elecciones presidenciales con las congresionales y
municipales, las que se habían separado como parte de las respuestas dadas a la grave crisis
política de 1994, que cercenó en dos años el mandato del presidente de turno, bajo alegatos de
fraude por parte de la oposición y gran parte de la sociedad civil.
Para esta investigación hemos recurrido a un método descriptivo, de revisión de materiales
bibliográficos, tanto de libros de texto como de recursos en Internet, aunado a un análisis e
inferencia del objeto central estudiado (Mesa de Control), con potencial proyección hacia otras
EFS, siempre que se tomen en consideración las realidades de cada una. Animaríamos a que
en un futuro esta investigación pudiera complementarse con una simulación basada en
agentes, en un software como NetLogo, en la que pudiera visualizarse el comportamiento del
sistema propuesto ante los cambios de distintas variables y escenarios en fluctuación.
Finalmente, debo agradecer por la oportunidad brindada para exponer nuestras
consideraciones al respecto de un tema tan trascendental como el que nos convoca.
Complejidad, cibernética y transdisciplinariedad en la lucha contra la corrupción: la Mesa de Control como parte de un enfoque holístico y sistémico de fomento de valores y la buena gobernanza
Por Cesáreo Rhadamés Guillermo Veloz, Cámara de Cuentas de la República Dominicana
Palabras clave: sistema viable, sinergia, coordinación, Complejidad, no linealidad, alianza público-privada, valores anticorrupción, buena gobernanza, externalidades, homeostasis, retroalimentación, “Power Laws”, variedad absorbe variedad.
Hipótesis: Si se mira con los “nuevos lentes” de las Ciencias de la Complejidad, que propician
un enfoque transdisciplinar holístico (integrador), no reduccionista, no ergódico y de distinción
de interacciones no lineales, la actual Mesa de Control de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana (CCRD) puede devenir en la piedra angular de todo un sistema abierto,
adaptativo y evolutivo, sobre la base de una alianza público-privada de mayor alcance, que
permita a las EFS no solo promover mejor los valores y la buena gobernanza, sino encarar los
nuevos retos que tanto la Intosai como la ONU le presentan para fiscalizar, adicionalmente, los
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los fondos de cooperación internacional
para el desarrollo.
Objetivo General: Potenciada la Mesa de Control de la Cámara de Cuentas de la República
como parte de un sistema nacional de fiscalización centrado en lo que pudiera considerarse
como una histórica alianza público-privada que incorpore actores no tradicionales en la
adopción del “nuevo paradigma” que se plantea a las EFS para concretar sus mandatos legales
y la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recién adoptados por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Objetivos Específicos: 1. Identificado cómo la CCRD ha implementado la buena gobernanza en el país.
2. Presentada la experiencia única de la Mesa de Control como parte de una estrategia exitosa
de colaboración entre los sectores público y privado para realizar diversos proyectos de
fiscalización.
3. Propuesto, sobre la base de la experiencia anterior, un modelo ampliado sustentado en una
gran alianza público-privada para la fiscalización de áreas no tradicionales en las EFS.
Pág. � de �1 30
I. Promoción de la buena gobernanza en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD)
Sobre la base de la contextualización plasmada en la introducción, haremos ahora un recorrido
sucinto por las iniciativas a través de las cuales la CCRD ha implementando las directrices de la
Intosai referentes a la buena gobernanza, las que no son exhaustivas, pero que, por la
naturaleza de cada una, poseen incidencia elevada en la manera como se han venido
adoptando las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Issai, por
sus siglas en inglés), en específico las relativas al Principio 9 sobre “Garantizar la buena
gobernanza de las EFS” mediante acciones apropiadas de información [ciudadana]; realizar 1
evaluaciones independientes de desempeño, incluso entre pares; poseer una gestión
organizacional y estructura adecuadas y la evaluación periódica del riesgo organizativo, así
como en los demás principios relativos a la eficiencia organizacional, la transparencia, la
rendición de cuentas y la ética. A saber:
• Preparación del Informe Anual al Congreso Nacional y de su versión amigable. Siendo
este el principal producto de carácter constitucional que la CCRD entrega a la sociedad a
través del Congreso Nacional, desde 2008 a la fecha la CCRD ha entregado puntualmente,
tanto en formato físico como digital, cada Informe al Congreso Nacional de la Evaluación de la
Ejecución Presupuestaria y la Rendición de Cuentas Generales del Estado, de forma
responsable y con la periodicidad requerida, sin que el mismo haya sido devuelto ni una sola
vez. Cada año, el informe es objeto de mejoras considerables, incluyendo adicionalmente
acápites dedicados a la evaluación de la deuda pública, las necesidades de financiamiento, el
déficit fiscal, el gasto social, los recursos de las municipalidades y las transferencias a las
ONG, lo que figura en las evaluaciones internacionales que se han realizado al respecto. El
mismo está disponible abiertamente a todo público interesado a través del portal web de la
entidad. A solicitud, se imparten sesiones técnicas a senadores y diputados que forman parte
de la Comisión Bicameral de Cámara de Cuentas, para comprender mejor el contenido, con
énfasis en el alcance de las recomendaciones que requieren seguimiento y las mejoras a
Intosai; “Issai 12: El Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - marcando la diferencia en la vida de los 1
ciudadanos”; Secretaría General de la Intosai; Viena, Austria, 2010.Pág. � de �2 30
introducir en la gestión financiera pública. Asimismo, reconociendo que para una efectiva
participación de la sociedad civil en asuntos del control de los recursos públicos es
imprescindible que se posea información actualizada y en un formato que resulte
comprensible para la población en general -más allá de los tecnicismos-, con apoyo del Banco
Mundial se elaboró una versión amigable de este informe, también disponible en formatos
físico y electrónico.
• El Control Social y el “Manual de Deliberación Pública”. Aun cuando estaba previsto
desde el año 2004 como uno de los cuatro (4) pilares del Sistema Nacional de Control y
Auditoría, junto al Control Interno (Contraloría General de la República), al Control Externo
(Cámara de Cuentas) y al Control Legislativo (Congreso Nacional), la responsabilidad de
impulsar la participación ciudadana que como rectora del sistema posee la CCRD se
encontraba muy mermada. Lo que era una simple y olvidada oficina dentro de la Dirección de
Auditoría fue objeto, en menos de dos años, de dos reformas estructurales que elevaron su
nivel para constituirla -dependiendo directamente de la Presidencia- en el Departamento de
Control Social, con su División de Recepción y Trámite de Denuncias y su Sección de
Divulgación. Desde entonces, la sociedad civil organizada cuenta con un mecanismo a través
del cual se hacen consultas, denuncias de fraudes e indicios de corrupción, y solicitudes de
auditorías o investigaciones especiales, las que son debidamente depuradas y remitidas al
Pleno de la institución, que las aprueba, incluyéndolas como parte del Plan Anual de Auditoría.
También, con apoyo de AC Colombia, se preparó el Manual de Deliberación Pública mediante
el cual los ciudadanos aprenden a hacer un árbol sencillo de las causas, consecuencias y
posibles soluciones de los problemas que les afectan, y su validación se realizó con
representantes de organizaciones de base, tomando como tema los problemas que ellos
entendían afectaban a la Cámara de Cuentas de la República, lo que resultó sumamente
interesante. El Control Social ha realizado encuentros en universidades, escuelas,
comunidades y ferias, en los que los participantes aprenden sobre los servicios que ofrece la
entidad y la manera como pueden encaminar sus denuncias y constituirse en veedores del
accionar de los funcionarios públicos en sus respectivas comunidades. Para facilitar el
acceso a estos servicios, la CCRD habilitó un espacio abierto en su website de manera que la
Pág. � de �3 30
población pueda incoar sus denuncias de manera virtual, sin necesidad de trasladarse
directamente al edificio sede.
Un esfuerzo muy encomiable lo constituye el programa “Yo rindo cuentas”, que persigue el
fomento de valores de responsabilidad cívica, transparencia y rendición de cuentas en la
población juvenil, desde muy temprana edad, con énfasis en las escuelas, iglesias y centros
comunitarios, mediante métodos participativos que han sido elogiados incluso en el ámbito
internacional. El Departamento de Control Social ha logrado articularse con la Comisión
Técnica de Participación Ciudadana (CTPC) de la Olacefs, a tal punto que se está
encaminando a apoyar la definición de indicadores regionales para medir el impacto de la
participación ciudadana en las EFS. Asimismo, fue un brazo colaborador con el programa de
GIZ/AC Colombia para promover la rendición de cuentas, y República Dominicana fue uno de
los países escogidos para la validación de los esquemas y metodologías para el Manual de
Rendición de Cuentas que actualmente circula a nivel regional. En adición, colabora con la
Dirección de Análisis Presupuestario para ayudar a las ONG con los reportes que por ley
deben remitir sobre la ejecución de los fondos públicos que reciben. Estos esfuerzos han
suscitado un acercamiento creciente de la sociedad civil, lo que se ha visto impulsado por una
campaña que no solo ha incluido material divulgativo a través de distintos medios de
comunicación, sino el entrenamiento de periodistas y comunicadores (en colaboración con el
Depto. de Relaciones Públicas y Comunicaciones) y la edición de un Cómic titulado “Cuentas
Claras”, destinado a estudiantes de primaria, que explica en forma de historieta el accionar del
control externo del Estado dominicano y el valor de la transparencia.
• Género y transparencia en la fiscalización superior. Es innegable que la buena
gobernanza ha de incluir un aspecto de equidad de género. En este sentido, como legado
de su reconocida trayectoria de lucha al respecto, la presidenta, Dra. Licelott Marte de Barrios,
lanzó esta iniciativa en 2012, en momentos en que unas once (11) incumbentes femeninas
estaban al frente de igual número de EFS de la región, con miras a aunar esfuerzos para
incrementar la participación de la mujer en las actividades de fiscalización. Lo que inició con
un masivo encuentro en Santo Domingo con apoyo de la GIZ y su consecuente Declaración
de Santo Domingo, refrendada incluso por la Olacefs, provocó un encuentro con la entonces
Pág. � de �4 30
presidenta de ONU-Mujer, la Dra. Michelle Bachelet -hoy presidenta de la República de
Chile-, que resultó en la firma de un memorando de cooperación entre la Olacefs y ONU-
Mujer, que hoy está siendo implementado en su fase inicial con auditorías de género en tres
EFS en países piloto: Chile, Puerto Rico y Costa Rica.
• Oficina de Libre Acceso a la Información Pública. Creada al amparo de la Ley n.º200-04
de Libre Acceso a la Información Pública, esta dependencia provee un mecanismo a los
ciudadanos, tanto físico como virtual, para solicitar información sobre cualquier asunto
contemplado en dicha ley, desde aspectos de funcionamiento interno hasta certificaciones de
auditorías y de investigaciones especiales. A través de esta oficina la CCRD forma parte de la
iniciativa país de Gobierno Abierto que promueve la Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental (Digeig), participando en las evaluaciones que se realizan sobre una base
anual tendentes a medir el nivel de apertura y calidad de la información servida, incluso en el
portal web institucional. Las últimas calificaciones obtenidas en el Índice Anual de
Transparencia han promediado 92 puntos de 100, desde 2012 a la fecha, al igual que las 2
encuestas de satisfacción que periódicamente se practican a los usuarios externos.
• Website y cuentas en las principales redes sociales. Una de las grandes preocupaciones
de las autoridades de la CCRD radicaba en cómo acercar más al ciudadano al quehacer
institucional así como en la necesidad de mejorar su portal web, ante las numerosas quejas
que recibía por parte de clientes internos y externos, en cuanto a que dificultaba el acceso a la
información que deseaban consultar. En este sentido, con apoyo del PNUD, se implementó
un nuevo y mejor portal en Internet (www.camaradecuentas.gob.do) que resulta más atractivo
y amigable para los usuarios, sobre una base transaccional que le da mayor vitalidad y
utilidad. El mismo fue presentado a la sociedad civil y a una comunidad de periodistas y
comunicadores sociales, con una explicación de su accesibilidad. El portal es también objeto
de evaluaciones, tanto a nivel de Gobierno Abierto en su sección “Transparencia” como de las
normativas de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(Optic), logrando al momento las ansiadas certificaciones Nordic A1 y A2 de Gobierno
Electrónico. En adición, se creó una cuenta Twitter a través de la cual los ciudadanos pueden
El Índice Anual de Transparencia es una iniciativa de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que mide los 2
avances a nivel institucional en esta materia.Pág. � de �5 30
leer noticias actualizadas y comentarlas, así como “postear” mensajes relativos al proceso de
control externo y sus propias expectativas. La CCRD posee cuentas de YouTube, donde pone
a disposición del público los videos institucionales, y en LinkedIn, donde se ofrece información
sobre la entidad y los concursos que realiza para llenar las vacantes de personal que posee,
con presencia también en Facebook y Google Plus.
• Carta Compromiso al Ciudadano. La edición de este material se inscribe en una estrategia
impulsada por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para fomentar la transparencia
de la gestión pública, incrementar la calidad de los servicios y fortalecer la confianza entre los
ciudadanos y el Estado, de la cual la CCRD forma parte. Con un lenguaje llano y accesible, el
documento presenta a la ciudadanía lo que es la Cámara de Cuentas, con sus declaraciones
de misión, visión y valores, un desglose de su normativa y un detalle de los servicios que la
entidad ofrece, indicando los atributos de los mismos, estándares de calidad e indicadores, los
que incorporan plazos de respuesta al ciudadano por cada servicio que solicite. Posee
acápites que indican las vías para comunicarse con la institución, cómo realizar trámites de
quejas y sugerencias, así como las medidas de subsanación correspondientes. También
disponible en el portal web.
• Guías de auditorías y el uso de las TIC. Respondiendo al interés de mejorar los servicios
de las áreas sustantivas de la entidad, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (Usaid) se diseñaron guías, tanto para los auditores y analistas
presupuestarios como para los entes auditados, de manera que el trabajo se realice con
uniformidad y respondiendo a ciertos estándares establecidos. Así, el Manual Operativo de
Auditoría Gubernamental describe paso a paso el proceso para realizar experticias
gubernamentales con enfoque integral; la Guía del Sujeto de Fiscalización busca perfeccionar
la relación entre los entes auditados y los representantes de la Cámara de Cuentas,
precisando los derechos y obligaciones de las partes que convergen en el proceso de
auditoría, y la Guía de Análisis Presupuestario ofrece un marco para la elaboración de los
informes de evaluación de las ejecuciones presupuestarias y los destinados al Congreso
Nacional. Todas disponibles en el portal web.
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• El Sistema de Gestión para la Gobernabilidad Democrática (Sigob), el sistema de metas, los indicadores de gestión y el “Boletín Estadístico”. Una de las primeras medidas
implementadas por las autoridades de la CCRD con el concurso del PNUD fue la
implementación de un sistema de información gerencial, que posee módulos para
transparentar la información que fluye tanto a lo interno como a lo externo de la entidad
(TransDoc); los Trámites Regulares Estructurados (TRE), que iniciaron con el TRE de
Compras y prosiguen con el TRE de Auditoría, y el Sistema de Gestión. El TransDoc se hizo
acompañar de una política aprobada por el Pleno de “cero papel”, lo que refleja un
compromiso progresivo hacia la protección del medioambiente, y el Sistema de Gestión posee
un submódulo de metas institucionales enmarcadas en el plan estratégico de la entidad
(Pedsi) y un subsistema de indicadores de gestión mediante el cual cada área define hitos
con sus medios de verificación para articular su accionar con los objetivos institucionales, lo
que apoya la medición del desempeño individual y colectivo, los que tras una primera fase de
implementación están siendo redefinidos y sincerados de cara a las nuevas prioridades y a la
capacidad institucional. Estos indicadores proporcionan parte de los insumos para la
elaboración del “Boletín Estadístico” que muestra al público en general las principales
estadísticas emanadas del accionar de las distintas áreas de la entidad, con una edición
trimestral.
• Evaluación MMD-EFS (SAI-PMF). Cónsonos con las recomendaciones de la Intosai, en
2013 los Miembros del Pleno de la CCRD aprobaron que la entidad fuera una de las EFS
piloto de la Intosai en la implementación de la evaluación de desempeño, sobre la base de la
herramienta diseñada al efecto por el Grupo de Trabajo sobre Valor y Beneficios de las EFS
(WGVBS, por sus siglas en inglés). Esta fue realizada bajo la modalidad de autoevaluación
asistida, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), concentrándose en las
esferas del ambiente de la EFS, su independencia y marco legal, la estrategia de desarrollo
organizacional, las normas y metodologías de auditorías, las estructuras y directivas de
apoyo, los recursos humanos y el liderazgo, y la comunicación y gestión de las partes
interesadas. La evaluación y su revisión de calidad finalizaron en agosto 2015 y se espera
que para octubre 2015 el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil finalice la revisión
de la adherencia a la metodología de la IDI/Intosai. La CCRD ha participado asimismo en
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diversos encuentros promovidos por el Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la
Olacefs y la propia Intosai para compartir experiencias sobre la aplicación de esta
metodología, con miras a lograr una versión definitiva que pueda oficializarse en el Congreso
Internacional de la Intosai (Incosai) de 2016.
• Evaluación entre pares con la EFS de Honduras. Observando las recomendaciones
brindadas tanto por la Olacefs como por la Intosai sobre la materia, la CCRD aprobó participar
en una “evaluación par”, la que fue conducida por el Tribunal Superior de Cuentas de la
República de Honduras, finalizada en 2014. Fruto de esta evaluación, se firmó un acuerdo de
cooperación con la EFS de Honduras y se gestaron las condiciones para la implementación
de un proyecto tripartito con la Auditoría Superior del Estado de Puebla, México, tendente a
implementar un sistema de gestión de la calidad y de evaluación del desempeño de los
funcionarios de la CCRD, que se está encaminando actualmente.
• Evaluación de la Cooperación Intosai-Donantes. La CCRD fue uno de los cuatro (4)
países seleccionados por la Intosai para evaluar en el terreno el grado de avance en la
implementación del Memorando de Entendimiento de la Cooperación Intosai - Donantes,
suscrito en octubre de 2009 entre la Intosai y quince (15) agencias de cooperación, con los
objetivos de movilizar financiamiento para el fortalecimiento de las EFS, adoptar un enfoque
estratégico del rol de las EFS en materia de gobernanza, desarrollo y reducción de la
pobreza, mejorar la coordinación del apoyo ofrecido y ampliar las iniciativas de desarrollo.
Esta evaluación finalizó a mediados de 2015 y se espera que el informe sea conocido en una
reunión del Comité Directivo de la Cooperación Intosai - Donantes, que será celebrada en
octubre de 2015 en Brasil.
• Una oficina para la declaración jurada de patrimonio. Respondiendo al clamor de parte de
la sociedad dominicana, en el sentido de que las declaraciones juradas de bienes no eran
suficientes para establecer si un funcionario público se enriquecía de manera ilícita, el
Congreso Nacional aprobó la Ley n.º311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, del 8 de
agosto de 2014, que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones
Juradas de Patrimonio, facilitando la coordinación, promoviendo la ética y proveyendo las
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herramientas necesarias para los órganos públicos de control e investigación involucrados. La
misma ley señala los funcionarios que deberán realizar sus declaraciones juradas de
patrimonio, así como la periodicidad, plazos, contenido y notarización, y en su artículo 4.º
otorga a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) las atribuciones de
órgano responsable del control, fiscalización y aplicación de la referida ley. Cumpliendo con
estas disposiciones, la CCRD instaló la Oficina de Evaluación y Fiscalización del
Patrimonio de los Funcionarios Públicos en su edificio sede, lo que se pudiera considerar
como un indicador de la renovada confianza pública que la entidad ha ido recuperando tras la
crisis de 2008, que le ha significado su segundo incremento presupuestario (aunque todavía
no alcanza el porcentaje establecido por Ley). El inicio de las operaciones de esta oficina se
ha hecho acompañar de una campaña informativa y de concienciación en los medios de
comunicación, así como de la elaboración del correspondiente reglamento de aplicación.
• Programa de Jóvenes Auditores. Como una forma de ampliar las oportunidades de la
juventud dominicana, la CCRD lanzó en 2013 el Programa de Jóvenes Auditores, orientado a
captar los nuevos talentos emanados de las principales universidades del país, lo que también
representa un esfuerzo de equidad para este segmento importante de la población, que a su
vez introduce visiones y esquemas novedosos de trabajo que complementan el aprendizaje
institucional. Los jóvenes son escogidos mediante concursos abiertos para las áreas de
auditoría, jurídica, finanzas, fiscalización de obras, etcétera, según las necesidades puntuales
de las áreas sustantivas de la entidad; luego son objeto de un riguroso esquema de formación
de tres (3) meses, en el cual no solo reciben capacitación técnica sobre cómo realizar una
auditoría gubernamental, sino que se acompaña de sesiones prácticas al incluirlos como parte
de los equipos de auditoría, con lo que ganan experiencia en el terreno y construyen
confianza.
• Promoción de la ética y la integridad. Periódicamente la CCRD retroalimenta las iniciativas
de la Comisión Interamericana contra la Corrupción a través de la Digeig, respondiendo a
diversos cuestionarios y remitiendo un informe de avance en la materia sobre una base anual.
En adición, el Pleno de la CCRD aprobó la implementación de la iniciativa IntosaINT de la
Intosai, que posee herramientas para la evaluación de la vulnerabilidad y riesgos a las
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transgresiones de integridad, evaluando sus controles internos y proponiendo alternativas de
corrección. Se tiene una moderadora formada en un taller patrocinado por la Intosai y la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México y se está actualmente en el proceso de
implementación del taller interno para sus funcionarios clave.
• Promoción de la gobernanza mundial y las Comisiones Pares a las de la Olacefs. En
sus directrices para la buena gobernanza, la Intosai hace hincapié en que las EFS no solo
deben fomentar la gobernanza organizacional y a lo interno de sus respectivas sociedades,
sino también interesarse y participar activamente en las iniciativas internacionales para
construir una fuerte gobernanza mundial, que tenga como centro la mejora de la calidad de
los servicios públicos para así contribuir a crear bienestar humano. Es así como desde el
2008 la CCRD ha venido incrementando su participación en los comités, comisiones y grupos
de trabajo, tanto de Olacefs como de la Intosai, así como su activismo en diversas iniciativas
de agencias de cooperación internacional (existe un grupo de trabajo de la cooperación
internacional, liderado por el Banco Mundial, que periódicamente se reúne con la Presidenta
de la CCRD para evaluar el avance en materia de transparencia, fiscalización y rendición de
cuentas del país) y de entidades regionales como la Organización Centroamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Occefs), a tal punto que sus pares han
confiado a la CCRD la Presidencia de Occefs para el período 2015 - 2017, en un claro
reconocimiento a sus niveles de liderazgo y de fortalecimiento institucional. Como una forma
de viabilizar la coordinación a lo interno de la CCRD para dar respuesta a la creciente
demanda de apoyo, en 2010 el Pleno aprobó la creación de comisiones, comités y grupos de
trabajo pares a los de Olacefs, bajo la coordinación de alguno de los Miembros del Pleno y la
participación de los incumbentes de las áreas afines, sobre una base rotativa, flexible y bajo
los lineamientos de un reglamento preparado a tales efectos, las que periódicamente son
revisadas y adecuadas según vayan cambiando las de Olacefs. Actualmente, la CCRD es la
auditora de gestión de la Olacefs, habiendo ya practicado la primera auditoría.
• Participación en auditorías coordinadas regionales. Ante el nuevo paradigma que tanto la
Intosai como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han estado forjando para las
EFS, las que de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda Post-2015
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deben incrementar sus capacidades para realizar auditorías financieras, sociales y
ambientales, la CCRD se ha interesado en participar en iniciativas regionales de auditorías
coordinadas, para así empezar a ganar experiencia en áreas con las que hasta el momento
no está muy familiarizada. Actualmente participa en la Auditoría Coordinada de Pasivos
Ambientales de la Industria Extractiva Minera de la Comisión Técnica de Medio Ambiente
(Comtema) de la Olacefs, conducida por la EFS de Paraguay, así como en la Auditoría
Coordinada de Obras de Viviendas Populares que adelanta el Grupo de Trabajo de Obras
Públicas (GTOP) de la Olacefs, liderado por la EFS de Brasil. El Pleno también aprobó
participar en el año 2016 en la Auditoría Coordinada de Educación, sobre la base de ciertos
indicadores de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco).
• La Mesa de Control. Quizás uno de los esfuerzos de coordinación más trascendentales que,
a juicio del experto argentino en finanzas públicas Oscar Díaz constituye “una iniciativa única
en Latinoamérica” , es la Mesa de Control, un espacio de creación de sinergias entre los 3
órganos rectores de las entidades afines al control del Estado dominicano, con participación
del Control Social y diversas agencias internacionales de cooperación, como el PNUD y la
Unión Europea. A dos años de operación, sus frutos son reconocibles y se han revertido en
una mejora de los procesos intra e interinstitucionales, así como en la recuperación de
importantes sumas de dinero pertenecientes al fisco, que no eran reportadas por algunos
agentes retenedores y que la CCRD detectó en sus auditorías. Este mecanismo, que ha
operado de forma flexible y fluida, posee ciertas consideraciones que pueden ser analizadas
desde el punto de vista de las Ciencias de la Complejidad, por lo que constituye el punto a
desarrollar en la siguiente sección del presente trabajo.
Díaz, Oscar; “Mesa de Control: sinergia útil para una mejor gestión de las finanzas públicas” (artículo); Proyecto de Fortalecimiento 3
Institucional y Operativo CCRD/PNUD; Santo Domingo, R. D.; 22 de octubre de 2015.Pág. � de �11 30
II. Un encomiable esfuerzo de coordinación en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD): la experiencia de la Mesa de Control
Desde inicios de su gestión como presidenta de la Cámara de Cuentas de la República
Dominicana, la Dra. Licelott Marte de Barrios se percató de la elevada incidencia que en el
quehacer institucional tenía una de las graves falencias de muchos Estados en vías de
desarrollo: la falta de coordinación interinstitucional. Esto se hacía evidente en el déficit de
seguimiento a las recomendaciones de las auditorías; el bajo interrelacionamiento entre el
Control Interno (ejercido por la Contraloría General de la República) y el Control Externo, aun
cuando la ley n.º10-04 taxativamente ordenaba la conformación de un comité ad-honórem entre
ambas; la falta de sanciones a aquellos casos con indicios de responsabilidad administrativa,
civil y/o penal; la pérdida millonaria de recursos del Estado por parte de agentes retenedores
de impuestos que no reportaban oportunamente al fisco, aun cuando esta situación se reflejaba
constantemente en las auditorías de la CCRD; en la asignación cada vez mayor de recursos
públicos a entidades con serias fallas estructurales en sus sistemas de control interno; en el
bajo involucramiento del Control Legislativo y la prácticamente inexistente participación de la
sociedad civil en aspectos del control. Pero quizás uno de los puntos más impactantes tenía
que ver con la salida tardía del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR),
preparado por el Poder Ejecutivo y que por mandato constitucional se constituye en el insumo
básico para que la CCRD realice la evaluación de las cuentas públicas y de la ejecución del
Presupuesto General de la nación, lo que se aunaba al hecho de que la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental (Digecog) y la Dirección General de Presupuesto (Digepres) no
habían logrado ponerse de acuerdo y manejaban catálogo y clasificador presupuestario no
avenidos, es decir, ¡el Estado dominicano no contaba con un catálogo de cuentas armonizado,
requisito sine-qua-non para una adecuada gestión financiera pública! En la práctica, la CCRD
debía analizar y preparar el Informe al Congreso Nacional de la Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria y la Rendición de Cuentas Generales del Estado en un promedio de 22 días…
Diversas acciones se llevaron a cabo: se firmó un acuerdo con la Contraloría General de la
República; se remitieron las auditorías cuyos hallazgos entrañaban responsabilidad penal a la
Procuraduría General de la República, al tiempo que se colgaban junto a todas las auditorías
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realizadas en un portal web cada vez más amistoso y transaccional; se fortalecieron
mecanismos de participación ciudadana; se produjo un acercamiento con la prensa y se
celebraron jornadas con los comunicadores para comprender mejor los servicios del Control
Externo; se impartieron talleres técnicos a senadores y diputados del Congreso Nacional para
una mejor comprensión y seguimiento a las recomendaciones del informe anual que la CCRD
les remitía; se fortalecieron los lazos con las agencias internacionales de cooperación, a tal
punto que desde el 2009 funciona una oficina técnica del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en el marco de un proyecto conjunto de fortalecimiento institucional y
operativo, entre muchas otras acciones; sin embargo, los efectos seguían siendo limitados
producto de un mismo problema que resultaba transversal: la falta de coordinación
interinstitucional. Como nos indica la Complejidad: es tan importante la variedad como las
interacciones que existan entre los diferentes nodos de una red, en especial cuando hay
externalidades, es decir, cuando las acciones de unos dependen de las de otros.
Consciente de esto, la presidenta Licelott Marte de Barrios concibió la idea de realizar una
reunión conjunta con los principales actores institucionales afines al control, lo que fue bien
visto por los demás Miembros que conforman el Pleno de la entidad, procediéndose a realizar
el 21 de febrero de 2013, en las instalaciones de la propia CCRD. Visualizando el alcance que
pudiera tener esta iniciativa, el entonces Secretario General Auxiliar de la CCRD le propuso a la
Presidenta levantar una minuta de esa reunión, la que contendría un resumen de los “puntos
objeto de seguimiento”, para así establecer un cierto hilo conductor entre potenciales reuniones
futuras. Participó una veintena de representantes y técnicos de seis (6) entidades rectoras,
constituyéndose en todo un éxito, con una relación de diecisiete (17) asuntos objeto de
seguimiento, entre los que se reflejó “Implementar una mesa de trabajo interinstitucional
permanente con las entidades de Control (con mecanismo de seguimiento)”. Resulta ilustrativa
la motivación que realizó la presidenta, Dra. Licelott Marte de Barrios, en la apertura:
“Tanto las leyes que les rigen a ustedes como la que rige a la Cámara de Cuentas requieren de acciones
conjuntas, pero real y efectivamente nosotros hemos estado inmersos en un proceso de transformación muy
fuerte en la Cámara de Cuentas y quizás en una oportunidad, cuando intentamos una reunión similar a esta, no
pudo lograrse; porque es necesario que las acciones que nosotros tomamos tengan el seguimiento debido si no,
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no estamos haciendo nada, y ese seguimiento solo se puede lograr si las instancias que ustedes dirigen dan
seguimiento. Ustedes han oído, como yo, que en la República Dominicana se dice que no hay régimen de
consecuencia y en alguna medida es falta de seguimiento; naturalmente hacemos abstracción de lo que
comprende la justicia, pero por las medidas administrativas que nosotros detectamos en las experticias que hace
la Cámara de Cuentas a través de los informes de auditorías, real y efectivamente el seguimiento que tienen es
muy deprimente –por no decir que prácticamente nulo– y lograrlo devendría en un mejoramiento de la calidad del
desempeño de todos nosotros, en beneficio del país y para satisfacción nuestra, porque de todas maneras
somos servidores públicos, pero también nos anima el deseo de dejar una impronta en la labor que realizamos,
todos estamos de paso pero debemos tener una mística alta para poder dejar algo para los que vienen detrás.
Entonces esta es una reunión de intercambio de opiniones para que ustedes nos digan qué podemos
nosotros mejorar y en qué ustedes nos pueden ayudar, que de alguna manera lo que ustedes hagan por
nosotros lo estarán haciendo por sus respectivas instituciones, porque ustedes también requieren de un
desempeño adecuado, oportuno y de calidad”.
En un principio, dado que todo fluyó naturalmente y respondiendo a necesidades muy
puntuales (por lo que no hubo lineamientos rigurosos preestablecidos, lo que resulta cónsono
con las teorías de la Complejidad) no se sabía qué nombre ponerle a la minuta, debatiéndose
los de “Minuta de las entidades afines al Control” y “Minuta de la Mesa de Control”. Al final, se
utilizaron indistintamente ambos nombres, con preeminencia del primero.
La minuta se remitió con una comunicación firmada por la Presidenta y para plena satisfacción
la misma fue muy bien acogida, sin mayores observaciones. Era como si las demás entidades
del Estado relacionadas con el Control finalmente lograban un espacio en el que pudieran
“desahogarse”, solicitar apoyo y exponer sus propias ideas; todas hicieron evidente la
necesidad de coordinarse mejor. La segunda reunión se realizó el 1.º de octubre de 2013, con
una asistencia todavía mayor. Meses después se produjo un encuentro, que formaba parte de
los acuerdos de la segunda reunión, en el que se tocó un punto de elevada preocupación para
todos: la rendición de cuentas por parte de las municipalidades, centrado en un informe
preliminar sobre la base de un muestreo preparado conjuntamente por el PNUD y la CCRD,
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cuya aceptación provocó la ampliación del estudio a nivel nacional, que está publicado en el
portal web.
Ante la relevancia que este mecanismo estaba teniendo, junto a un inusitado fervor de
participación, la Presidenta de la CCRD tomó entonces la acertada decisión de retomar las
reuniones de la Mesa de Entidades Afines al Control con el apoyo del PNUD y de la Unión
Europea, quienes facilitaron la contratación de un experto internacional en Finanzas Públicas y
Auditoría, el Lic. Oscar Díaz, para brindar un seguimiento día a día como coordinador, con
énfasis en los compromisos asumidos en el seno de las reuniones. Un consultor internacional,
en este caso argentino, impregnaba un carácter de imparcialidad a la mesa, lo que contribuiría
al fomento de la confianza, tan necesaria en instancias de esta naturaleza. Una vez alistado
todo un marco de seguimiento, con las matrices correspondientes, la tercera reunión se celebró
el 8 de septiembre de 2014, en la que se presentó al Coordinador de la Mesa, se consensuó un
esquema de medios de presentación de informes de avances, que entraña visitas periódicas a
enlaces técnicos que a lo interno de cada entidad fueron definidos para hacer operativas las
soluciones identificadas, se acordó preparar un reglamento operativo y se adaptó la minuta de
las reuniones para responder a esta nueva dinámica. A decir del propio Oscar Díaz, a propósito
de la escritura de un artículo para orientar la realización del guión para un video promocional
que sería presentado en la XXV Asamblea General Ordinaria de la Olacefs, a celebrarse del 23
al 27 de noviembre de 2015 en Querétaro, México:
“Desde entonces, las reuniones de la Mesa de Control se han desarrollado regularmente de forma
bimestral, habiéndose realizado a la fecha 7 reuniones ordinarias y 1 reunión extraordinaria a pedido de sus
integrantes. Cabe destacar que al reconocerse los primeros resultados y beneficios derivados de las
reuniones, la asistencia y participación en las mismas ha crecido paulatinamente, pasando de cerca de 15
asistentes a más de 30 en la actualidad, con solicitudes expresas de espacios de participación en las
reuniones para la presentación de propuestas o información por parte de los distintos integrantes, todo lo
cual ha excedido las expectativas que se tenían sobre este espacio de articulación, coordinación y
convergencia (…).
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La Mesa de Control funciona bajo un mecanismo de identificación y reconocimiento de necesidades
individuales o conjuntas sinceradas por sus integrantes, acompañando siempre el respectivo planteo de
compromisos de solución (con fechas límites y responsables) todo lo cual queda registrado en una minuta
que es la base para el posterior seguimiento presencial y virtual a cargo del consultor coordinador, quien
monitorea y presta asistencia técnica para el cumplimiento de dichos compromisos” . 4
La CCRD habilitó un espacio en su website para facilitar las labores de la Mesa de Control:
http://enc.ed.do/mesadecontrol/. Al mismo tienen acceso todos los integrantes de este
mecanismo de coordinación y sus respectivos enlaces técnicos, en el que pueden consultar no
solo las minutas de las distintas reuniones y los compromisos asumidos, sino las matrices
individuales y colectivas de cumplimiento de los mismos, con las requeridas evidencias y la
validación que a nivel individual realiza el Coordinador sobre la base de un “semáforo de
cumplimiento de compromisos”, según se muestra en la ilustración siguiente:
<<En el semáforo: verde, 100%; amarillo, 50%, y rojo, 0%. Diseñado así para
incidir a nivel de la psiquis colectiva sobre la necesidad de llegar a un estado
verde. A septiembre de 2015, se habían establecido más de 100 compromisos,
logrando el considerable cumplimiento de un 80% de los mismos. La base para
esto está en la adopción de metas realistas y con elevada posibilidad de ser
cumplidas desde el inicio, para lograr cimentar la confianza grupal en el esfuerzo
colectivo. Para la Complejidad, las redes deben permitir un actuar fluido y poco
restringido de sus actores, de manera que generen emergencia de fenómenos y
patrones escalares, pero sobre una base de establecimiento de protocolos de
operación>>.
En la medida en que se fueron complejizando los niveles de interacción colectiva, se hizo
más y más evidente la necesidad de adoptar el reglamento que regulara la organización y
funcionamiento de la Mesa de Entidades Afines al Control. Una propuesta que había sido
preparada y circulada por parte del Coordinador para retroalimentación, sencilla pero eficaz, fue
Díaz, Oscar; “Mesa de Control: sinergia útil para una mejor gestión de las finanzas públicas” (artículo); Proyecto de Fortalecimiento 4
Institucional y Operativo CCRD/PNUD; Santo Domingo, R. D.; 22 de octubre de 2015. [Posee reglamento de la mesa en su anexo]. Pág. � de �16 30
aprobada a unanimidad en la reunión celebrada el 18 de febrero de 2015, en la que se decidió
emplear el nombre de “Mesa de Control”. El mismo posee seis (6) títulos, a saber: Título I:
Objeto y ámbito; Título II: Objetivos de la Mesa de Control; Título III: Organización
(presidencia de la mesa, integración, representantes de las entidades afines al control,
adopción de compromisos y temática de la mesa); Título IV: Normas generales de
funcionamiento (convocatoria, lugar de las sesiones, agenda, periodicidad y duración de las
sesiones, desarrollo de las sesiones y elaboración y envío de la minuta); Título V: Seguimiento
a los compromisos asumidos en la Mesa de Control (compromisos asumidos, seguimiento y
medios y frecuencia del seguimiento), y Título VI: Derechos y obligaciones de los integrantes
de la Mesa de Control.
Así, de acuerdo con el “Reglamento de Funcionamiento de la Mesa de Control”, en cuanto a su
ámbito esta “representa una instancia de diálogo abierto y democrático entre las entidades
afines al control para plantear, debatir, dar a conocer y acordar acciones tendentes a fortalecer
la coordinación de los sistemas de administración financiera y de control, los cuales alcanzan a
las instituciones y dependencias responsables por rectorar, controlar, auditar y fiscalizar los
recursos del Estado”. Sus objetivos “se refieren a mejorar los niveles de interacción,
coordinación e interrelación entre las entidades afines al control, para lograr una mayor sinergia
que permita un desempeño eficaz, eficiente y de calidad de dichas entidades a efecto de
fortalecer los sistemas de administración financiera y de control y, por ende, mejorar la gestión
de las finanzas públicas por parte de las entidades del Estado”. La presidencia recae
indefectiblemente en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), al ser la
rectora del Sistema Nacional de Control y Auditoría, y con ella son inicialmente nueve (9) los
miembros permanentes, rectores en sus respectivos ámbitos: 1) la propia CCRD, 2) la
Contraloría General de la República, 3) el Ministerio de Hacienda, 4) la Tesorería Nacional de la
República, 5) la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 6) la Dirección General de
Presupuesto, 7) la Dirección General de Impuestos Internos, 8) la Dirección General de Crédito
Público y 9) la Dirección General de Contrataciones Públicas. En adición, respondiendo a
invitaciones consensuadas, participan representantes del Congreso Nacional (Control
Legislativo), de la sociedad civil (Control Social) y toda otra entidad que pueda coadyuvar en la
consecución de los objetivos de esta instancia.
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De acuerdo al artículo 8 del referido reglamento, los temas a tratar entrañan, de manera no
limitativa, los siguientes: “Información, articulación, coordinación o acciones que una entidad o
dependencia requiere de otra para cumplir sus responsabilidades, mejorar el trabajo en equipo
o contribuir a un mejor desempeño a través de los compromisos asumidos; socialización o
necesidades de políticas y normativa relacionadas al área o desempeño de actividades de otros
integrantes de la Mesa de Control; dificultades en la aplicación de normativa por falta de
recursos financieros, humanos, materiales u otros; necesidad de informes de auditoría sobre
áreas de competencia de alguna entidad o dependencia de control; acciones a tomar por área
de competencia para apoyar la implementación de recomendaciones de auditoría;
complementación de acciones de auditoría para evitar duplicidad de esfuerzos intra e
interinstitucional (…) e identificación de temas de capacitación recíproca para facilitar las
funciones de gestión, control y auditoría”.
En cuanto al valor agregado de esta iniciativa, hasta el momento se pueden destacar los
siguientes: fortalecimiento de la coordinación interinstitucional; mejora en la entrega a tiempo
de insumos; recuperación de más de 1,000 millones de pesos dominicanos para el Estado a
través de los agentes retenedores que no reportaban a la DGII; resolución de conflictos;
involucramiento de la cooperación internacional; mayor flujo de la información; inicio del
desarrollo del Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías (SISA) y operación sinérgica bajo
una visión de conjunto.
Como se colige, este mecanismo, al contemplar al Control Social, le permite a la Cámara de
Cuentas (CCRD) establecer alianzas público-privadas sobre la base de la formalización de
acuerdos específicos. Sin embargo, hasta el momento se estaría aún en el marco de la
tradicional participación Estado-sociedad civil organizada en acciones conjuntas de fiscalización
con los entes rectores de las entidades afines al Control y de abógasis para el cumplimiento de
los compromisos asumidos en un marco de coordinación interagencial que contribuyan a
mejorar los cuatro pilares del control sobre la base de auditorías gubernamentales integrales -
que todavía son netamente financieras-, centradas en la denuncia pública. ¿Cabría pensar en
otros actores usualmente no considerados como afines al control? En la siguiente sección
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propondremos un esquema ampliado que permita el establecimiento de alianzas mixtas para
avanzar el nuevo paradigma al que deben adherirse las EFS, que necesariamente requiere el
concurso de nuevos actores, quizás no contemplados hasta el momento.
III. Lineamientos mínimos para una propuesta de alianza público-privada para fomento de la buena gobernanza: un modelo exportable
Veíamos anteriormente que para poder obtener los mayores beneficios de un sistema complejo
nos debe interesar fomentar la diversidad de sus actores en una red de interdependencia y
constante adaptación a los cambios del entorno. Sin embargo, esa diversidad de actores
conectados en red no debe ser excesiva, pues limitaría la robustez del sistema, el que entonces
se verá forzado a disminuir sus rangos de interacciones para autocalibrarse, lo que disminuirá
el tránsito de la información que debe circular hacia todos sus nodos. Llevado esto a la praxis
inicial de la Mesa de Control, podemos colegir que fue acertada la decisión de ingresar
escalonadamente a actores que, como las organizaciones de la sociedad civil (OSC), requieren
de cierto nivel de madurez del sistema para que pueda dar respuestas a las demandas o
solicitudes que estos de seguro introducirán. De aquí, una lección aprendida: este tipo de
alianzas público-privadas requieren un proceso de planificación bien estructurado, que sobre la
base de una identificación de potencialidades y riesgos de cada uno de los actores, logre
progresivamente ir aumentando su diversidad hasta llegar a un punto que mantenga al sistema
en equilibrio, es decir, que no lo haga colapsar. La entrada de actores debe por tanto abarcar
no solo a los incumbentes de las distintas entidades, sino al nivel técnico, el que en definitiva
pone en ejecución las directrices del nivel superior. Debe haber una estrategia para la entrada,
salida y/o renovación de actores, la que responderá a la siguiente lógica: deben entrar actores
que incrementen los niveles de sinergia; saldrán aquellos que la disminuyan o posean menores
grados de conectividad. Ya es sabido, la diversidad produce robustez e innovación, y en
sistemas que involucran al Control de un Estado, un punto importante es que limita las
retroalimentaciones negativas producidas por las amistades y contubernios. Es así que los
incumbentes necesitan concentrarse en tener nodos o actores que sean “Power Laws", es
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decir, que posean a nivel individual elevados grados de conectividad con diferentes actores e
iniciativas, tanto a lo interno como a lo externo del sistema, mejor si son transdisciplinares,
pues serán justamente estos nodos los que devendrán en estratégicos y permitirán mantener la
identidad y la homeostasis del sistema antes las fluctuaciones del azar. Es esta una de las
razones por las que las entidades que buscan ser exitosas deben lograr balancear empleados
muy disciplinados (que mantienen el equilibrio, pero a costa de la creatividad pues se limitan a
explotar la situación prevalente con métodos tayloristas y lineales) con aquellos “más
inquietos” (que poseen conocimientos transversales, retan al sistema llevándolo más allá de su
umbral crítico mediante una continua exploración, provocan transiciones de fase y fomentan la
innovación y el aprendizaje continuos). Como a los sistemas complejos debe permitírseles un
mayor nivel de flexibilidad, es muy importante reconocer que no debe haber imposiciones, pues
limitan los característicos procesos de auto-emergencia de orden y funcionalidad “de abajo
hacia arriba”, incidiendo negativamente en la cultura del sistema que se habrá producido en el
marco de la alianza público - privada. No obstante, tampoco puede evolucionar el sistema sin
directrices claras que constriñan la aparición de tensiones, por lo que otro requisito es la
definición de normativas de funcionamiento, extensibles a la resolución de conflictos. Como
bien señala el afamado científico Dr. Scott E. Page: “Un actor en un sistema complejo controla
básicamente nada, pero lo influencia todo” . De ahí la importancia de contar con líderes 5
honestos a todos los niveles y/o subsistemas.
Ahora bien, aplicando todo lo anterior a la Mesa de Control como base para construir nuestra
propuesta de alianza público-privada de fomento de los valores y la buena gobernanza,
debemos inexorablemente reconocer que el pasado viernes 25 de septiembre de 2015, en el
marco de su 70.º período de sesiones, la Organización de las Naciones Unidas aprobó
diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reemplazan los ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), como parte de una ambiciosa Agenda Post-2015 que se
espera cumplir a 2030. Su abordaje debe ser integral, como parte de un esfuerzo que traspasa
las fronteras nacionales. Como esbozáramos en la introducción, el nuevo paradigma que se
plantea para las EFS requiere que desarrollen capacidades y establezcan alianzas para poder
evaluar el logro en la consecución de cada uno de los indicadores que los distintos países se
Page, Scott E.; “Understanding Complexity”; The Great Courses, The Teaching Company, USA, 2009.5
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abocarán a definir para cada uno de los ODS, lo que implica un abordaje no solo de los
aspectos económicos-financieros, sino también de los sociales y los ambientales, realizando
auditorías financieras, de cumplimiento y de gestión. ¡Y ya el reloj está en marcha…!
Nuestra propuesta consiste en ampliar la diversidad de actores y/o el alcance de la Mesa de
Control, de manera que abarque la pluralidad requerida para cumplir con este nuevo paradigma
de la fiscalización, añadiendo una sub-red o clúster de ejecución que permita un abordaje
sectorial, organizados pertinentemente (mesas, grupos de trabajo sectoriales, …) a la luz de los
indicadores de los ODS, sobre la base de una gran alianza público-privada permanente. Esto
requiere la participación de nuevos actores: entidades gubernamentales que tengan a su cargo
la coordinación de los sistemas de planificación e inversión pública (o sus equivalentes en los
distintos países), las universidades, las ONG, las empresas privadas, las iglesias, los centros
de pensamiento, los consejos comunitarios, los sindicatos, los consejos locales de desarrollo,
etc. Pero también se requiere participación del Ministerio Público, pues no será suficiente con
la promoción de la transparencia, la equidad, la rendición de cuentas y la eficiencia, sino que
debe haber sanción para las transgresiones que se puedan comprobar. Nos aproximamos así
a un modelo exportable que conjuga coordinación, ejecución y seguimiento.
Pero el éxito de este modelo, y debemos recalcarlo, radica en los niveles adecuados de
interacción que se deberán suscitar entre actores heterogéneos que provoquen sinergia, con
una concentración en aquellos nodos estratégicos cuyos niveles de conectividad sean
multiniveles, es decir, que para el caso se extiendan desde lo nacional hacia lo local. Esto así,
porque se requiere articulación con el nivel más local, el comunitario, que en definitiva es
donde se ejecutarán muchas de las políticas públicas para alimentar a los indicadores de los
ODS, a través de planes, programas y proyectos de desarrollo.
Cabría ahora preguntarse si ante el alcance de esta necesaria gran alianza finalmente estamos
contemplando todos los ámbitos necesarios. La respuesta es “no”, lo que nos resultará más
evidente con el siguiente análisis: si hacemos una mirada desde el punto de vista sistémico a
lo que sería nuestra renovada Mesa de Control, es fácil percatarnos que estamos frente a tres
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(3) de los subniveles que están llamados a conformar un sistema viable según la teoría VSM 6
de la cibernética organizacional; es decir, la propia Mesa de Control conforma el nivel de
coordinación (subsistema 2), la implementación la realizan los técnicos de las entidades
públicas y privadas, en los niveles nacional, regional, provincial, municipal y local (subsistema
1) y, actualmente, el experto internacional e imparcial que da seguimiento y se asegura que
cada actor cumpla con los compromisos asumidos, amparado en evidencias, realiza acciones
de control (subsistema 3). Para completar los subsistemas, requerimos del nivel de conducción
o dirección del sistema (subsistema 5), aun sea el mismo de la Mesa, y del nivel de inteligencia
(subsistema 4).
Pasamos ahora a una parte importante, pues estaríamos otorgándole a nuestra propuesta de
alianza un carácter holístico. En el caso de la República Dominicana, la propia ley n.º10-04 , 7
instituye en su artículo 5 el Sistema Nacional de Control y Auditoría, al que define como “el
conjunto de principios, normas y procedimientos que regulan el control interno institucional y el
control externo de la gestión de quienes administran o reciban recursos públicos en entidades
sujetas al ámbito de acción de esta ley, con el propósito de lograr el uso ético, eficiente, eficaz y
económico de tales recursos y, además, con el debido cuidado del ambiente” y en su artículo 6
le otorga a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana la rectoría de dicho sistema, con
facultad para “emitir normativas de carácter obligatorio, promover y alcanzar la coordinación
interinstitucional de los organismos y unidades responsables del control y la auditoría de los
recursos públicos y formular un plan nacional tendente a estos fines”. Notemos que es
interesante que esta ley, a pesar de ser de 2004, ya contemplaba el pilar ambiental en el que la
Intosai y la ONU están haciendo tanto hincapié, junto con el social, lo que no nos sorprende si
reconocemos que la elaboración de la misma contó con la asesoría de expertos
internacionales. Sin embargo, notemos también cómo a pesar de que en su artículo 7 dicha
pieza jurídica señala taxativamente que el sistema estará integrado por cuatro (4) elementos (el
Control Interno, el Control Externo, el Control Legislativo y el Control Social), en la definición
que recién transcribimos solo menciona a dos de ellos. Algunos eruditos señalan que esto es
El Viable System Model (VSM), o Modelo del Sistema Viable, fue creado por Stafford Beer en 1959 y desde entonces ha evolucionado 6
para dar respuesta a las fluctuaciones que pudieran afectar un sistema. Hay mucha literatura al respecto. Distingue cinco subsistemas: 5) Dirección (políticas), 4) Orientación (inteligencia y desarrollo), 3) Control (seguimiento), 2) Coordinación y 1) Ejecución.
Congreso Nacional; Ley n.º10-4 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana; aprobada el 20 de enero de 2004.7
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debido a que los controles social y legislativo no deben sujetarse a esa normativa, argumento
que no compartimos bajo el entendido de que los sistemas viables tienen la particularidad de
que se autorregulan y abarcan a todos los elementos que le son inherentes; quizás por esto
en algunos países se habla del Control o la Fiscalización como otro de los poderes del
Estado… Afortunadamente esto pudiera ser objeto de corrección en las modificaciones que al
momento se están planteando para adecuar la referida ley n.º10-04 a las exigencias de los
nuevos tiempos.
En vista de lo anterior, podemos ahora completar nuestro sistema, sobre la base de la
“operativización” primigenia del Sistema Nacional de Control y Auditoría de República
Dominicana. El subsistema (5) de rectoría está bien identificado, pues recae en la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana. Para el subsistema (4) de inteligencia, orientación o
desarrollo, es importante señalar que por definición el mismo articula al sistema con su
medioambiente, de donde cabe reconocer que si queremos ampliar la variedad del sistema
(pues un axioma del VSM es que “sólo variedad absorbe variedad”) entonces este subsistema 4
no puede recaer en una sola entidad, ya que no le sería posible asumir más estados que
aquellos en los que puede colocarse el entorno, por lo que se requiere una instancia horizontal,
la que a nuestro juicio, para el caso, debe estar conformada por los cuatro elementos definidos
por la ley n.º10-04, junto con los más altos representantes de las principales coaliciones de
empresarios (ya vimos en la introducción que estos constituyen un actor que puede ayudar a
avanzar la temática), de universidades, de las ONG (solo las especializadas en la temática para
poder controlar la variedad), de los grupos de agencias donantes internacionales (las que en el
país representen a aquellas que firmaron en 2009 el MOU de la Cooperación Intosai-Donantes),
del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (por ser rector del Sistema Nacional de
Planificación e Inversión Pública, eje de la consecución de los ODS, que brindaría la necesaria
conexión con este sistema), del Ministerio Público (pues se hace necesario la parte de sanción
a los actos de corrupción, en cualquiera de sus manifestaciones), el Ministerio de Relaciones
Externas (para una “diplomacia de la fiscalización”), entre otros actores clave. Esta instancia
del subsistema 4 pudiera denominarse “Consejo Nacional de Fiscalización” o “Consejo Nacional
de Control y Auditoría” (en lo particular, prefiero el primero), y por supuesto requerirá también
de un reglamento operativo propio. Para todo esto es debido consensuar una declaración de
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identidad y para todos los subniveles deben existir lineamientos claros y objetivos, aunque
flexibles, que permitan al sistema sacar el mayor provecho de la Complejidad. Asimismo, debe
haber un fondo de incremento de capacidades, que pudiera denominarse “Fondo Nacional
para la Fiscalización”, con su reglamento y un sistema de incentivos (por ejemplo, se puede
constituir el “Premio a la Integridad y la Buena Gobernanza” que pudiera otorgarse sobre una
base anual, por parte de los integrantes del subsistema 4, lo que permitiría premiar las buenas
acciones y así “predicar con el ejemplo”).
Todo este sistema deberá estar soportado en un bien estructurado sistema de información
gerencial, elaborado sobre una plataforma web amigable, abierta, flexible y transaccional, en la
que cada actor tenga una esfera de actuación bien delimitada (por ejemplo, las organizaciones
de la sociedad civil debieran poder contribuir a un sistema de calificación sobre la base de
criterios predefinidos y consensuados, visibilizado mediante un esquema de estrellas, como las
cinco estrellas que califican las aplicaciones que un usuario desea adquirir de la tienda
AppStore o de Android). Se debe poseer también una herramienta de modelación que permita
realizar escenarios sobre la base de ciertas variables, para apoyar la correcta toma de
decisiones.
Recapitulamos que este sistema sería el objeto de una gran alianza público-privada a nivel de
cada país, según mostramos en la siguiente tabla (fruto de nuestra autoría), con indicación de
su equivalencia para la construcción de un modelo exportable a otros países (para los que
deberán observarse las realidades y estructuración estatal de cada uno) y en el cual las
organizaciones que conforman el Control Social agotarían un proceso de incremento de
capacidades para poder constituirse en veedoras de la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y para participar en todas las etapas del proceso de auditoría
(planificación, ejecución, diseminación y seguimiento a las recomendaciones):
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VSM del sistema nacional de fiscalización propuesto como objeto de una gran alianza público-privada a nivel de cada país con atributos similares
Subsistema / correlación
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y
AUDITORÍA DE REPÚBLICA
DOMINICANA
SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
DEL PAÍS “X” (o nombre que ya posea)
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
SUBSISTEMA 5
Cámara de Cuentas de la República Dominicana
EFS del país Rectoría y conducción de todo el sistema; emite normativas obligatorias sobre las base de las Issai y otras aplicables.
SUBSISTEMA 4Consejo Nacional de Fiscalización
Consejo Nacional de Fiscalización o su equivalente
Estudia el entorno; define políticas y estrategias; articula lineamientos con el resto de los subsistemas.
SUBSISTEMA 3
Oficina de Seguimiento a lo interno de la CCRD
Oficina de Seguimiento a lo interno de la EFS
Brinda control y seguimiento, corrigiendo desviaciones e informando al respecto.
SUBSISTEMA 2Mesa de Control Mesa de Control o su
equivalenteCoordina los técnicos, comisiones, comités y grupos de trabajo que se formen en el subnivel 1
SUBSISTEMA 1
Subredes sectoriales de técnicos de todas las entidades afines al Control y otros actores en los niveles nacional, regional, provincial y local.
Subredes sectoriales de técnicos de todas las entidades afines al Control y otros actores en los niveles que apliquen (federal, nacional, regional, provincial y local).
Implementa a través de mecanismos emergentes y flexibles los políticas, estrategias y lineamientos predefinidos, ejecutando las acciones correspondientes a cada ámbito, participando en todas las fases del proceso fiscalizador con énfasis en alcanzar los ODS.
POTENCIAL DEFINICIÓN:
Es el conjunto de principios, normas y procedimientos que regulan las relaciones de interdependencia sinérgica de las entidades que conforman los ámbitos interno, externo, político (legislativo) y social del Control del Estado [dominicano] con el propósito de lograr el uso ético, eficiente, eficaz y económico de los recursos públicos, protegiendo así el patrimonio del Estado y abarcando los pilares económico, social y ambiental que garanticen bienestar humano.
PRINCIPIOS ORIENTADORES:
Transparencia - Participación - Buena Gobernanza - Coordinación - Rendición de Cuentas - Integridad - Consistencia - Desarrollo Inclusivo.
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Es muy importante enfatizar que aun cuando pueda haber una jerarquización implícita, para
cumplir con los preceptos de la Complejidad el sistema debe entenderse como una operación
dinámica más horizontal, en la que no hay “jefes y subordinados” sino actores pares con
responsabilidades diferentes, pero con un mismo objetivo común. Esto fomenta la confianza y
el sentido de pertenencia. Para completar la viabilidad del sistema, podemos recurrir a una
adaptación de la reconocida técnica Tascoi, según se indica:
• Transformaciones: Convierte la información que fluye a través de todo el sistema, así como
las demandas de sus actores, en la medida que redunden en una adecuada fiscalización
integral del Estado. Se implementan los planes, programas y proyectos de lugar.
• Actores: Todos los actores que formen parte del sistema, nacionales e internacionales, como
parte de una gran alianza público-privada.
• Suministradores: Las entidades que alimenten el sistema de información gerencial (con
auditorías, estudios especiales, lineamientos, etcétera) que se defina en la plataforma web,
accesible para todos los actores, incluyendo los cuatro componentes del Control en sus
respectivas atribuciones legales para suministrar los recursos necesarios.
• Clientes o usuarios: La sociedad en sentido general.
• Owners o dueños: El Consejo Nacional de Fiscalización.
• Intervinientes: La Cámara de Cuentas de la República Dominicana o la EFS del país de que
se trate, amparada en la Constitución y/o en la normativa legal correspondiente.
Finalmente, en un proyecto de alianza público-privada como el propuesto deben figurar al
menos los siguientes componentes:
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En el anexo se muestra una propuesta mínima bajo una matriz del Marco Lógico para realizar
esta gran alianza público-privada que proponemos para la fiscalización del patrimonio público,
la promoción de valores, el fomento de la buena gobernanza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en cada país.
Componentes y contenido mínimo para el proyecto de alianza público-privada propuesto
Componente de identificación:
• Estudio del entorno.• Diagnóstico de actores para cada subsistema (mapeo sinergético y de
recursos), nacionales e internacionales.• Identificación de oportunidades y objeto de la alianza.
Componente de estructuración:
• Estructuración de grupo “semilla”.• Elaboración de lineamientos y normativa base. Consenso sobre objetivos a
proponer.• Selección de actores, con énfasis en los “Power Laws”.• Firma de acuerdos y documentación para la gran alianza público-privada.• Estructuración de los mecanismos correspondientes a cada subsubsistema,
en los ámbitos geográficos correspondientes (federal, nacional, regional, provincial, municipal y local).
• Formulación consensuada del plan estratégico, a la luz de la política anticorrupción del país.
• Definición de la estrategia de comunicación interna y externa, con sus instrumentos.
Componente de consolidación:
• Implementación de controles y diferentes tipos de auditorías.• Formación pertinente a cada subsistema (auditorías forenses, proyectos
sociales, liderazgo, …)• Participación escalonada de la sociedad civil en todas las fases de la
fiscalización.• Seguimiento a recomendaciones de auditorías.• Veedurías sectoriales por cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).• Ejecución de planes, programas y proyectos contenidos en la planificación.
Componente de retroalimentación:
• Informes de seguimiento y evaluación; veedurías.• Encuestas y otros instrumentos de medición de calidad del servicio.• Innovación.
Componente de incentivos:
• Establecimiento del “Fondo Nacional para la Fiscalización” y su esquema de proyectos.
• Instauración del “Premio a la Integridad y la Buena Gobernanza”.
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Conclusión
Superadas las visiones “modernistas” caracterizadas por su reduccionismo, linealidad y
ergodicidad gracias a los nuevos “lentes” de la Complejidad, comprobamos que la exitosa Mesa
del Control creada en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) puede
evolucionar hacia un verdadero sistema-país más dinámico y abierto, auto-organizante,
diseñado sobre la base de una gran alianza público-privada que articule actores no
tradicionales para así poder implementar con éxito el “nuevo paradigma” que la Intosai y la
ONU impulsan para poder fiscalizar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
forman parte de la Agenda 2030, lo que requerirá abarcar todos los indicadores que a nivel de
cada país se definan para los pilares económico, social y ambiental. Todo esto con el fin de
promover valores positivos en un marco de buena gobernanza, que generen valor público.
Hemos advertido que la corrupción responde a un sistema complejo, en el que los agentes
corruptores buscarán contrarrestar los constreñimientos que se les impongan para mantenerse
activos. El peligro radicaría en que si no se toman a tiempo medidas tanto de prevención como
de castigo (régimen de consecuencia), los valores positivos serían reemplazados por otros
negativos, los que con la praxis de la cotidianidad forzarían a que el sistema-sociedad adopte
una identidad malsana, con legitimidad y tolerancia hacia la misma. En consecuencia, las
entidades del Estado se pudieran ver mermadas por el accionar más acelerado y certero de
organizaciones paraestatales que, aun cuando contribuyan a la lucha contra la corrupción,
minan la confianza ciudadana en sus instituciones públicas. El reciente caso de Guatemala
debiera constituirse en un espejo para todos.
Para que la alianza planteada bajo esta nueva concepción sea exitosa, junto a una adecuada
planificación estratégica que articule una visión común y haga uso de los recursos que fruto de
las interacciones entre agentes diversos puedan apalancarse, es necesario respetar los
preceptos de la Complejidad en cuanto a su flexibilidad, horizontalidad y emergencia de
patrones, pero con lineamientos claramente establecidos para que el sistema no colapse.
Asimismo, la entrada y salida de nuevos actores debe darse sobre la siguiente lógica: ingresan
actores que generen más sinergias, salen los que resten. Esto implicará que algunos actores
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ingresarán automáticamente atraídos por las dinámicas internas que se generen, otros deberán
ser convencidos y otros excluidos (por ser tóxicos). Lo realmente importante es lograr una
interconexión total de la red, lo que permitirá que la información fluya hacia todos los puntos y
fuerzas vivas de la sociedad, fomentando actores que sean “Power Laws”, es decir, que posean
un grado de conectividad tal que devengan en nodos estratégicos que permitirán al sistema
autocalibrarse ante cualquier fluctuación que de seguro se suscitará, bajo un esquema de
confianza compartida y de formación permanente, lo que entonces redundaría en un exitoso
modelo de alianza público-privada para la promoción de valores y la buena gobernanza.
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(*) BOP=“Beginning of Project”; MOP=“Mid of Project”; EOP=“End of Project”; M&E= “Monitoreo y Evaluación”.
Narrativa Indicadores Medios de verificación
Supuestos importantes
Fin: Se ha contribuido al bienestar y desarrollo inclusivo y equitativo de la sociedad [dominicana] gracias al incremento de la eficiencia de la gestión e inversión públicas, en un marco de valores positivos y buena gobernanza.
- A los # años se producen mejoras en las variables de desarrollo e indicadores de los ODS en un % mayor que años de línea base.
- Informe Desarrollo Humano (IDH)
- Informe país sobre ODS
- Mejora la inversión pública
- Se articulan los demás sistemas
- Gobernabilidad
Propósito: Consolidado un sistema nacional de fiscalización, abierto, holístico e inclusivo, sobre la base de una gran alianza público-privada, que permita el efectivo seguimiento a los ODS 2030.
- El sistema opera sin interrupción al EOP(*), con incidencia en los demás sistemas nacionales.
- Documentos soporte
- Encuestas de satisfacción
- Se aplican reco-mendaciones de auditorías
- Recursos adec.
Componentes:
1. Identificadas las oportunidades y potenciales actores de la alianza.
2. Estructurado una plataforma nacional de fiscalización, integral, abierta y participativa.
3. Consolidada la plataforma sobre la base de interacciones sinérgicas.
4. Implementado un mecanismo de retro-alimentación continua.
5. Fomentados los incentivos y sostenibilidad del sistema.
- A los 3 meses de iniciado el proyecto, se produce un diagnóstico situacional, mapeo de recursos e identificación de actores.
- Al 6to mes de operación se implementan las normas del sistema.
- Al 8vo mes de operación se firman acuerdos requeridos.
- Al concluir el primer año se cuenta con un plan estratégico del sistema
- Al MOP(*) se lanza la alianza con programa de formación, esquema M&E (*) y subvenciones.
- Informes elaborados
- Listas de participantes en las diversas actividades
- Acuerdos firmados
- Encuestas por grupos focales a integrantes de la alianza
- Observación directa
- Evidencias de subsistemas en marcha
- Se logra consolidar una alianza con actores públicos no tradicionales comprometidos.
- La cooperación internacional apoya
- Se implementan las normas Issai
- La EFS participa activamente en la elaboración de los indicado-res país de los ODS
Actividades:1.1 Realizar diagnóstico del entorno y actores.1.2 Mapear recursos y razón de la alianza.
2.1 Grupo “semilla” y elaboración de normativa. 2.2 Consensuar beneficios y riesgos compartidos.2.3 Selección de actores y firma de acuerdos.2.4 Realizar formulación consensuada del plan estratégico, a la luz de la política anticorrupción del país.2.5 Estructurar los mecanismos de cada sub-subsistema, a todos los niveles.2.6 Definir la estrategia de comunicación interna y externa, con sus instrumentos.
3.1 Implementar un sistema de seguimiento a las recomendaciones de auditorías.3.2 Ejecutar un programa de formación.3.3 Operar los subsistemas y sus planes.
4.1 Elaborar/implementar mecanismo de M&E (*).
5.1 Crear un fondo de promoción, incentivos y sosteniblidad, con sus lineamientos operativos.
(Presupuesto)
- Convenios de financiación
- Evidencias de la ejecución presupuestaria
- Documentos de sistemas contable y financiero
- Se consiguen los recursos necesarios.
- Existen actores dispuestos a apoyar el Control Social sobre la base de una alianza público - privada
- La legislación permite la instauración del sistema
- No ocurren fenómenos que impidan la ejecución
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(Anexo) Propuesta esquematizada del contenido mínimo, bajo una matriz del Marco Lógico, para
implementar la alianza público-privada propuesta (se completa de acuerdo a la realidad de cada país).
Bibliografía & e-grafía
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