Una contundente propuesta de Estado

República Dominicana transparente

El acceso a la información pública

ONAPI y la calidad

1EDIC

IÓN

ENER

O 20

11

2

Existe consenso mundial sobre la necesidad de la comunicación gubernamental como proceso que expresa las relaciones entre las instituciones –como integradoras de la sociedad moderna, con roles de autoridad y servicio– y sus públicos, como sujetos con derechos y deberes que ejercer, inclu-so el del acceso a la información.

El actual sistema de información y comunicación del gobierno, que encabeza el Presidente Leonel Fernández, se caracteriza por un conjunto de enfo-ques que abarcan:•Contactos comunicativos planificados, oportunos, precisos y adecuados de los distintos sectores que integran el gobierno y sus miembros con los diver-sos públicos, encaminados a lograr la coherencia entre el ser y quehacer de cada sector y la imagen percibida.•Relación permanente, fluida y sistemática de la Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia con las distintas dependencias de comunicación de las instituciones que integran el gobierno.•Desarrollo de una cultura de mecanismos forma-les de monitoreo y evaluación del accionar de la co-municación y de programas tendentes al desarrollo profesional de los recursos humanos del área.•Utilización orquestada de la gama diversa de me-dios de comunicación gubernamental.

Los Gabinetes de Comunicación, creados por el presidente Leonel Fernández, mediante el decreto No. 525-08, bajo la rectoría de la Dirección de In-

formación, Prensa y Publicidad de la Presidencia, representan la plataforma estructural básica del sis-tema de información y comunicación gubernamen-tal, como instancias que permiten la creación de un clima de coordinación institucional e intersectorial capaz de garantizar la coherencia del mensaje gu-bernamental y su correcta difusión.

La revista Clic Institucional, que nace en esta fecha, constituye uno de los frutos de los Gabinetes de Comunicación Gubernamental. Será un medio en el que se difundirán mensualmente, y de manera pluralista, los logros y perspectivas de las diferen-tes instituciones del Estado dominicano, así como los principales programas y proyectos de desarro-llo realizados y por ejecutar, y el impacto de las ac-ciones gubernamentales en el mejoramiento de la vida de la población.

Será además un medio en el que los 19 Gabinetes difundirán temas de comunicación institucional y que acogerá, como columnistas invitados, a repu-tados profesionales de la comunicación al servicio del Estado y de otras instancias sociales.

Con un enfoque y estilo de redacción bien cuidado, ameno y profundo, Clic Institucional se caracteriza-rá por una narrativa viva, que romperá con la rigi-dez que impone la conocida técnica de la pirámide invertida, donde además el emisor apelará a la in-teligencia del lector.

En cada número de la publicación se difundirán reportajes de fondo, notas en perspectiva y enfo-ques de distintos ángulos del acontecimiento. La revista aportará datos comprobables y argumentos que no suelen aparecer en otras publicaciones de su tipo, y se caracterizará por un estilo moderno y vanguardista.

¡Bienvenida sea Clic Institucional!, publicación que estamos seguros garantizará el conocimiento necesario para establecer lazos de comunicación fuertes, permanentes y confiables entre las institu-ciones que conforman el gobierno y sus distintos públicos.

Abriendo espacios de comunicación

staffeditorialDirección GeneralRafael Núñez, Secretario de Estado, Director de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia Coordinador General de los Gabinetes de Comunicación GubernamentalDirección EditorialHelen Hasbún Producción de ContenidosGabinete de Comunicación Sector Presidencia de la República

Corrección de EstiloEmilia PereyraAsistente de CoordinaciónAdelaida Martínez FotografíaJosé Méndez, Ricardo Santos y Stock Diseño y DiagramaciónERAS Advertising Agency ImpresiónImagraf

Clic InstitucionalRevista oficial de los Gabinetes de Comunicación Gubernamental. © Todos los derechos reservados. Edición No. 1. Enero 2011.Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización.

¡Bienvenida sea Clic Institucional!, publicación que estamos seguros garantizará el conocimiento ne-cesario para establecer lazos de comunicación fuertes, permanentes y confiables entre las instituciones que conforman el gobierno y sus distintos públicos.

Rafael NúñezSecretario de Estado, Director de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia.

3

En un tiempo récord, el Gabinete de Comunicación Sector Presidencia logró una reunión editorial bajo dirección de Helen Hasbún, con el objetivo de de-finir el contenido del primer número de Clic Institu-cional.

Cada gerente de comunicación tuvo la oportunidad de plantear las directrices de los temas a tratarse desde su ámbito profesional, enmarcados en el eje central: la transparencia.

Elementos y vestuarios de color blanco se asocia-ron con esta temática junto a la conjugación de la naturaleza que simboliza la fuente de agua emana-da clara y transparente entre los arbustos del Jar-dín Botánico Nacional.

El juego creativo del lente fotográfico estuvo a car-go de José Méndez, de la Dirección de Información Prensa y Publicidad de la Presidencia.

Previo a todo este proceso, se realizó un intensivo taller de redacción y estilo con la periodista y es-critora Emilia Pereyra. Se sumó a esta propuesta, el taller de Comunicación y Contenido Hipermedia para la Web 2.0, con Adonis Subit Lamí, profesor

titular del Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, Cuba.

Otros procesos de interés se desarrollaron al mar-gen del lanzamiento de esta revista de categoría plural, mixta y participativa, la cual responde a un concepto vanguardista, innovador y productivo, desde el Estado, para toda la sociedad dominicana en su conjunto.

Entre las instituciones que conforman el citado ga-binete, se encuentran la Comisión Nacional de Éti-ca y Combate a la Corrupción (CNECC); el Consejo Nacional para la Reforma y Modernización del Es-tado (CONARE); la Oficina Presidencial de Tecno-logías de la Información y Comunicación (OPTIC); el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Moderni-zación de la Justicia (CARMJ); el Departamento Ae-roportuario (DA); la Junta de Aviación Civil (JAC); el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC); el Centro de Información Gubernamental (CIG); el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI).

Gabinete de Comunicación Sector Presidencia

En la foto: Magdalena Núñez (CIG); Ydaisa Castillo (ONAPI); Ángel Barriuso (CONARE); Helen Hasbún (CNECC);

Clara Silvestre (CARMJ); Federico Cabrera (FONPER); Alma Santana (DA); Pedro Jiménez (IDAC) y Mabel Joa (MAP).

COMO SE HIZO

4

“La construcción de ese Liceo significa que nosotros podremos salir de ahí profesionales y ser buenos estu-diantes en toda esta región”. Estas son las palabras de Nathanael de León, un estudiante del Batey 6, que irradia alegría y gratitud hacia Fondo Patrimonial de las Empre-sas Reformadas (FONPER), que construye una escuela a beneficio de varios bateyes en el distrito municipal de Santa Bárbara de la provincia Bahoruco.

Como institución del Estado dominicano, creada para ad-ministrar todo lo relacionado con la participación estatal en las empresas gubernamentales capitalizadas, el FON-PER ha contribuido con su gestión al desarrollo y bienes-tar social de diversas comunidades. Muestra de ello son las obras que actualmente desarrollan: un politécnico de 24 aulas en el sector Pekín, de Santiago, el cual se cons-truye con una inversión de RD$240, 044,563.55 millones de pesos. También aqui se construyó uno similar para una Casa de Cursillos con un monto RD$14, 862,429.60, mientras que Batey 6, municipio de Tamayo, provincia Bahoruco, está a punto de inaugurar un liceo de forma-ción media construido con un monto de RD$26 millones, lo cual totaliza una inversión de RD$280, 904,993.60.

Este organismo que fue creado en virtud de la Ley 124-01, ratificado por el Congreso Nacional el 29 de mayo del 2001 y por el Poder Ejecutivo el 24 de julio de ese mis-mo año, ha dado cumplimiento a un mandato expreso de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, la 141-97, la cual en su artículo 20 dispone la creación de un Fondo Patrimonial de Desarrollo para administrar los recursos que el Estado debe percibir como beneficio de las empresas capitalizadas.

Una obra motivo de alegría desbordante en la comunidad Los avances de la construcción del Liceo de Educación Historial hacen brillar los emotivos rostros de maestros, alumnos y demás pueblerinos que serán beneficiados. Y es que no es para menos, porque los habitantes de este distrito municipal, conocido tradicionalmente, como “Batey 6”, adscrito al municipio de Tamayo, provincia Bahoruco, ven más cerca el fin de las vicisitudes que han venido confrontando para obtener un grado de forma-ción que les permita insertarse con éxito en la sociedad.

Profesores, alumnos, miembros de organizaciones co-munitarias y otros integrantes de esta localidad, cuya fuente económica constituye el cultivo de la caña de azú-car, son una muestra de gratitud a una gestión que tiene como prioridad servir a su país.

La construcción de este Liceo beneficiará a más de 3 mil familias ubicadas en los bateyes 4, 5, 6, 7 y 8, así como a las comunidades de La cuchilla, Uvilla, Mena Arriba, Mena Abajo y Concho Primo.

Yocary Montero I Estudiante

“Esta obra va a representar mucho desarrollo, tanto a nivel de las comuni-dades como a nivel de los estudiantes. Como ustedes saben, estamos en un local prestado y ya pronto tendremos un techo propio para nosotros los estudiantes. Me dicen que habrá un centro de informática, y esos serán conocimientos que vamos a adquirir sin tener que salir de la comunidad¨.

Ana Mercedes Germán I Profesora. “Esto va a ser un boom nunca visto en la educación a nivel de los bateyes. Esto es lo que representa esta obra. Yo siempre promuevo entre mis estudiantes que tomen consciencia del valor que hemos ido tomando nosotros como zona bateyera, y por eso nos han tomado en cuenta”.

Fernando González I Director Liceo Francisco Rosa-

rio Sánchez. “Esta obra es un paso de avance y desarrollo a lo que son las comunidades de las zonas cañe-ras, que son sectores pobres, y vamos a tener un liceo completo, técnico y profesional. Estas zonas están muy pobladas; teníamos aproximadamente, 300 estudiantes y tuvimos que mandar una parte, alrededor de 100, para Uvilla. Cuando se inaugure este Liceo, esos estudiantes volverán y muchos más que no venían, por no existir las condiciones”.

• Aportes de RD$93,696,768.56 al Despacho de la Pri-mera Dama-Programa Progresando, construcción de Jardines Infantiles, remodelación de la Biblioteca Repú-blica Dominicana y otros.

• RD$22 millones al Ministerio de Educación, Superior Ciencia y Tecnología para becas a estudiantes de escasos recursos.

• Al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) sendas estancias infantiles de La Romana y Elías Piña, con inversiones de 12 y 17.7 millones.

• Estancia infantil de niños huérfanos en San Francisco de Macorís, por 10 millones de pesos.

• RD$26 millones de Juegos Escolares 2007 y canchas mixtas Hato Mayor, Santiago, Sabana Grande de Boyá y Barahona con una inversión de RD$9, 367,337.30.

Inversión como garantía de la institucionalidad FONPER Una gestión que transmite bienestar y desarrollo social

INSTITUCIONALIDADFederico Cabrera

Testimonios

Otras inversiones transparentes y tangibles

5

Con gran entusiasmo y palabras cargadas de optimismo habla el ministro Ramón Ventura Camejo sobre la trans-formación que desde hace algunos años se opera en la administración pública dominicana, cambios a los cuales se refiere como “la revolución” o mejor aun “la época de oro de la administración del Estado”.

Y no es para menos llamarle así, pues hoy, tanto usted como cualquier ciudadano, puede ser testigo de impor-tantes avances en materia de profesionalización del em-pleo público y de los esfuerzos que desde el gobierno se realizan para racionalizar, transparentar y eficientizar la administración pública del país; y si bien algunos pro-yectos no han culminado –porque todo cambio lleva su tiempo-, se han dado pasos gigantescos en un proceso que no se detiene y que, como él afirma, “es en beneficio de todos los ciudadanos”.

Su pasión es evidente. Ventura Camejo explica el plan estratégico del Ministerio de Administración Pública (MAP), las metas superadas y aquellas por superar. Con la misma emoción e ímpetu, presenta uno de los mayo-res logros de su gestión: el Sistema de Administración de Servidores Públicos, conocido por sus siglas como SASP.

El SASP fue creado mediante el decreto 558-06, del 21 de noviembre del 2006. Es un sistema basado en las tecnologías de la información y la comunicación, el cual sirve para gestionar integral y eficazmente los recursos humanos de las instituciones estatales. Desarrollado por el MAP con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, constituye una de las iniciativas más tras-cendentales en el proceso de reforma y modernización del Estado, pues viene a dar respuesta a una de las de-mandas más importantes de la sociedad: la transparen-cia y control en la gestión pública.

La República Dominicana es uno de los primeros países de Latinoamérica en contar con un sistema de esta natu-raleza, el cual crea un precedente en la historia del país, pues es la primera vez que se cuenta con un mecanismo radical de transparencia y control de la administración pública. Su implementación conlleva una inversión de más de cinco millones de dólares, de los cuales un millón seiscientos mil fueron destinados al equipamiento del Centro de Datos, ubicado en las instalaciones del MAP.

Esta herramienta se implementa de manera progresiva en las entidades gubernamentales, y abarcará las cen-tralizadas, las descentralizadas y los municipios. En la actualidad, 24 instituciones gestionan efectivamente sus recursos humanos mediante el SASP, con un total de 70,531 empleados ingresados al sistema. Otras 16 están en proceso de implementación, lo cual elevará a 247 mil los servidores públicos pertenecientes al gobierno cen-tral.

Entre los beneficios que aporta el sistema, están la mejora de la competitividad con el mercado global, el progreso de los servicios mediante una burocracia profesionaliza-da, la transparencia de la nómina pública y el desarrollo de un panel de control para el monitoreo y seguimiento de la gestión del capital humano.

Ventura Camejo puntualiza que el SASP conforma el Registro Nacional de Servidores Públicos y contiene un banco de información que permitirá conocer la cantidad de servidores del sector gubernamental, quiénes son y dónde están ubicados, para que se produzca un manejo más adecuado y racional de los gastos y del personal, con lo que se incrementará la capacidad de gestión del Estado.

Al centralizar la información consolidada de los emplea-dos públicos, en una sola base de datos, se administrará un expediente único del historial de cada servidor, me-diante el cual se conocerá, oportunamente, su nivel de formación académica, cargos, sueldos y nivel de desem-peño, entre otros.

“Este sistema permitirá monitorear la capacidad y cali-dad de los servidores públicos, y la calidad del servicio ofrecido por las instituciones públicas, pero también -agrega con determinación-permitirá a los ciudadanos conocer el destino de sus recursos, y esto transparenta el gasto público”.

El SASP es uno de los avances de la Administración Pú-blica Dominicana. Es solo una muestra de la voluntad expresa del gobierno del presidente Fernández para for-talecer la capacidad de gestión del Estado, de moderni-zarlo y lograr el desarrollo sostenible del país.

INSTITUCIONALIDAD

una herramienta revolucionaria en el mercado laboral

SASPMabel Joa

Avances al Día

• Ministerio de Hacienda • Ministerio de Educación • Secretaría Administrativa

• Ministerio de Obras Públicas • Ministerio Deportes • Ministerio de Agricultura • Biblioteca Nacional

• CDEEE • Cuerpo de Bomberos • ITLA • Cámara de Cuentas

• Policía Nacional• Procuraduría• Ministerio de Cultura• Ministerio de Turismo

(39 - 244,794)

Centralizadas & Descentralizadas

• MEPyD • MAP • Ministerio de Salud Pública • MESCyT • MIREX • Ministerio de la Mujer •Ministerio de Interior y Policía • Ministerio de la Juventud • MIC • Ministerio de Medio Ambiente • Ministerio de Trabajo

• Contraloría

• DIGEPRES

Minería

• Consejo

Nacional de

Competitividad

• CONAU

• INAP

• ONE

• CONARE

• DIGENOR

• Despacho

Primera Dama

• Solidaridad

• Gabinete Social

• SIUBEN

(3 - 110,000)

(4 - 3,752)

(4 - 38,022)

(4 - 22,489)

( 24 - 70,531)

6

¡Entes vigilantes de la democracia!

Comisiones de Ética Pública

!Elevemos los valores éticos! Es el lema que distingue, identifica y llena de orgullo a los miembros de la Comi-sión de Ética Pública (CEP) del Sistema Único de Be-neficiario (SIUBEN), institución que evalúa, administra y controla la información socioeconómica básica de los hogares dominicanos ubicados en áreas de extrema po-breza, para la asignación del gasto social y la inversión pública.

La transparencia es su norte, así también queda plasma-do en el sello de un botón que cada uno lleva consigo, como distintivo de exclusividad, donde quiera que vayan. Esto es a penas un ejemplo de la labor que articulan y dinamizan estos organismos de carácter cívico en las instituciones públicas, conformadas sin discriminación de sexo, religión, raza, ni partido político.

Pero en realidad: ¿Qué significa una CEP para sus inte-grantes?, ¿Cuáles son sus funciones?, ¿Cuáles experien-cias ponen de manifiesto el trabajo que realizan?

Estas y otras preguntas, solo pueden ser respondidas con testimonios y vivencias de sus más fieles represen-tantes.

He aquí una condición sine qua non, propulsada y defini-da por su mentor, el presidente Leonel Fernández, como: “entes vigilantes de la democracia”.

Las CEP tienen como función principal, promover la vi-gencia y el fortalecimiento de valores éticos, así como fomentar la transparencia en las entidades públicas don-de operan. Creadas por el decreto 149- 98 del 29 de abril del 1998 y regulado su funcionamiento a través del regla-mento de fecha 28 de noviembre de 1998; rinden cuen-tas ante los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), órgano rector de las políticas de ética y transparencia, conforme además, al decreto 324-07, el cual fortalece sus funciones en materia de prevención. Identificadas las CEP como el escenario idóneo para desarrollar ac-ciones que coadyuven a prevenir actos de corrupción y promueven la integridad en la gestión pública, hasta lo-grar la superación de posibles deficiencias y debilidades detectadas, orientan planes operativos hacia las buenas prácticas en el contexto de la administración pública moderna, oportunidad que tienen para desprender una serie de actividades de significativa repercusión social.

Acompañe a la CNECC en este recorrido histórico de experiencias. ¡Conozca el Estado por dentro! También

la probidad, servidores públicos honestos e íntegros es posible palpar. Compruébelo por sí mismo.

Rosa Borg Gil I Coordinadora CEP-SIUBEN “He tenido el privilegio de comprobar que mediante un trabajo de sensibiliza-ción en conductas éticas y de transpa-rencia en el manejo de los bienes del Estado, es posible potenciar un cambio cultural entre el personal, el cual se muestra cada día más comprometido con sus tareas y con el desarrollo de la institución. Con-tamos por ejemplo, con nuestro propio manual de ética, con un buzón de quejas y sugerencias, hacemos talleres de capacitación, cine forums, entre otras iniciativas.

Carmen ReyesI Coordinadora CEP-INFOTEP “Hemos desarrollado una experiencia orientada a construir y fortalecer la cul-tura ética en el ejercicio de la función pública que estamos llamados a des-empeñar. En este propósito, la CEP ha implementado un Sistema de Gestión de Calidad enmarcado en un proce-so de mejora continua, junto a normas y procedimientos que sirven de base a su gestión institucional, combinado esto con el accionar de sus colaboradores, en completo apego a los principios éticos que fundamentan la misión institucional, permitiéndoles exhibir un modelo de ges-tión pública ejemplar”.

Xenia GarcíaI Coordinadora CEP-PROMESE “Hemos asumido esta labor con crite-rio de compromiso y el firme propósi-to de crear un ambiente ético. La ética no es algo que se dice, es algo que se hace, es una decisión de vida, por ello plantea todo un cambio cultural. Hemos reforzado las áreas más vulnerables a la corrupción con mecanismos de control, garantizándose la responsabilidad y una ges-tión transparente, fundamentada en un trabajo de con-cienciación de valores”.

Algunos Testimonios

ASI SE HACEMarianne Amparo

DE ACTUALIDAD

El tema de la transparencia se ha ido poniendo de moda en el argot político y en especial en las es-feras gubernamentales. Los gobernados claman por ella y los gobernantes prometen cumplirla. Al definirla se llega a conceptos repetidos y casi se acepta que es transparente lo que no es opaco, lo que se deja ver a través del cristal, lo que es claro, entre otras.

Sin embargo, entiendo que es más que eso. Pri-mero, es un mito pensar que es algo exclusivo del presidente de la República. En realidad es una res-ponsabilidad gubernamental de todos los servido-res públicos. El segundo mito es asumir que es tan sencillo como dejar ver con claridad todo lo que administrativamente se hace.

“En ese sentido, la rendición de cuentas tiene dos vertientes, por un lado los ciudadanos pueden pedirles a los funcionarios públicos que informen sobre sus decisiones, o les pueden pedir que ex-pliquen sus decisiones. Pueden preguntar por he-chos (la dimensión informativa de la rendición de cuentas), o por las razones (la dimensión argumen-tativa) (Zaldívar: 2006: 16).

Zaldívar pone el dedo en la llaga, cuando al definir la transparencia como rendición de cuentas, señala dos vertientes: una informativa y otra argumenta-tiva. La primera puede cuantificar resultados, dar números, nóminas, páginas web, información de oficio que sin dudas es un ejercicio democrático de publicidad. Es el resultado informativo de las deci-siones tomadas.

Por otro lado, el componente ético de la transpa-rencia reside en el elemento argumentativo, que es capaz de dar explicaciones o razones sobre las decisiones tomadas. Si ambas no se comple-mentan, la transparencia pierde sentido, tanto que puede llegar a decirse que hay transparencia en decisiones que no son éticas; por tanto, una falsa transparencia. Lógicamente, lo que lo hace ético

no es solamente el dar las razones de las decisio-nes, sino el fundamento de las decisiones ancladas en el principio de justicia.

Se convierte en un arma de doble filo, si solo se instrumentaliza la publicidad como una caja de re-sonancia de lo que se hace y no del por qué se hace. A tal fin asegura Zaldívar: responder por he-chos (acceso a la información) es parte esencial de la transparencia, dar razones argumentativas de la ética (éticas del diálogo). A la exigencia de nuevas respuestas de transparencia, le corresponden nue-vas propuestas éticas que desborden el deontolo-gismo duro.

La publicidad de lo que se hace desde los gobier-nos aparece como un claro y necesario referente, que sirve de garantía a la probidad de los hechos y a la diafanidad de su exposición. Es necesaria, pero debe acompañarse de ese aditivo moral. Es la consagración de una obligación de gobernar en público.

Solo así entenderíamos la validez de aceptar la transparencia como norma.

Aquello a lo que Bobbio llama “hacer público lo que es público” no es una redundancia, sino un requeri-miento de que ambas variables pertenezcan al do-minio de todos. Las razones de justicia aplicadas.

Aquí pasan a ser cuestionadas las rendiciones de cuentas, técnicamente bien elaboradas, pero que solo cuentan lo que ya está hecho, sin entrar en las razones de por qué se ha hecho y bajo cuáles supuestos, que van dirigidos a la construcción del bien común solicitado, aspirado y fundamentados en el principio de justicia.

Dr. Miguel Suazo I Articulista invitado

Especialista en ética y transparencia pública

La vital transparencia gubernamental

Aquello a lo que Bobbio llama “hacer público lo que es público” no es una redundancia, sino un requerimiento de que ambas variables pertenezcan al dominio de todos.

Dr. Miguel Suazo

7

8

Helen HasbúnTRANSFORMACIÓN

Respuestas contundentes, medibles y palpables como resultado de todo un proceso de socializa-ción, diálogo y discusión amplio, abierto y partici-pativo con los distintos sectores, ponen de mani-fiesto el sentir social más claro, sano y decidido del Estado dominicano de cara a la promoción de la ética y la transparencia, junto a las políticas antico-rrupción en toda la administración pública.

Por su naturaleza, junto a un conjunto de esfuer-zos, es la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), la entidad que ha impul-sado desde este instrumento operativo, los pilares de acción que marcan las bases de la institucio-nalidad. He aquí una invitación extensiva hacia la construcción de un nuevo paradigma en la función pública local. Nuevos retos, en ese sentido, asume el gobierno del doctor Leonel Fernández, al acoger las propuestas de la Iniciativa Participativa Antico-rrupción (IPAC), con el desarrollo y respaldo de 10 mesas de trabajo y el apoyo de organismos in-ternacionales; todas vinculadas, de algún modo, a esta visión global de esfuerzos continuos.

Conozca usted, a través de Clic Institucional, cuáles han sido los ejes neurálgicos que prometen y pro-mueven el fortalecimiento de un Estado de debe-res y derechos. Sea usted testigo de las acciones que hoy cuentan y se hacen realidad desde el Plan Estratégico República Dominicana Transparente, de Ética y Prevención de la Corrupción 2009-2012, a partir de sus 8 pilares de acción.

Fomentar una Cultura en la Gestión Pública Cons-

truida sobre una Ética PropositivaEste eje se ha concentrado en la creación de Co-misiones de Ética Pública (CEP-decreto 149-08) en todas las instituciones gubernamentales, como en-tes “vigilantes de la democracia”. Estas se encar-gan de velar por la correcta aplicación de normas y procesos administrativos, basados en principios como el respeto, honestidad, pulcritud, justicia y equidad, en el ejercicio público. Siendo organis-mos de carácter cívico, sus miembros se adscriben sin distinción de sexo, raza o religión, ni simpatía política. En su rol de vigilantes, ponderan la calidad de la gestión con la realización de diagnósticos que contribuyan a identificar las debilidades, fallas y de-ficiencias existentes y, de este modo, recomendar la superación de las mismas, con la articulación de planes y programas internos de mejoras, concen-trados en el fortalecimiento de la ética y la trans-parencia.

Las CEP, como política de prevención del fenóme-no de la corrupción, se expanden desde la CNECC. Actualmente, cientos de estas promueven también, iniciativas de naturaleza formativa y educativa.

El supradicho pilar de acción número 1 ha motiva-do a la CNECC, como organismo mixto y participa-tivo, a la creación de una conciencia ciudadana so-bre el tema de la ética en otros escenarios, como el periodístico y el campo de la comunicación social, ante la importancia de los medios de comunicación masivos, como difusores de valores, capaces de formar, informar y transformar culturas y prácticas en toda sociedad.

Una contundente propuesta de Estado

Nuevos retos, en ese sentido, asume el gobierno del doctor Leonel Fernández, al acoger las propuestas de la Iniciativa Par-ticipativa Anticorrupción (IPAC), con el desarrollo y respaldo de 10 mesas de trabajo y el apoyo de organismos internacionales; todas vinculadas, de algún modo, a esta visión global de esfuerzos continuos.

República Dominicana Transparente

1

9

Desarrollar un Estado In-teligente con una Admi-

nistración Profesional al Servicio de Todos los DominicanosDentro del contexto de aplicación de la Ley de Función Pública se establecen las directrices que impulsan un sistema de carrera que parte de la captación de profesionales altamente competiti-vos, con garantía de permanencia y desarrollo en la gestión pública moderna. Como muestra de esta encomienda, el Ministerio de Administración Públi-ca (MAP) ha logrado incorporar a través de concur-sos, a más de 40 mil servidores públicos, lográn-dose un valor agregado, el cual viene a fortalecer la diafanidad de los procesos de reclutamiento de personal, lo que contribuye además a la erradica-ción del cultural flagelo del “clientelismo y nepotis-mo político”.

Al respecto, el ministro Ramón Ventura Camejo asegura que: “Es muy significativo superar esta ci-fra de empleados, porque constituye un elemento de consagración de la meritocracia en la adminis-tración pública dominicana”.

Otras de las modalidades que ocupan este ren-glón es el denominado Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), una base de da-tos completa y actualizada que registra recursos humanos, según categorías y competencias, pre-paración académica, experiencia y capacidad pro-badas. Se identifica también, el SISMAP, el cual, basado en tecnologías aplicables, monitorea indi-cadores definidos para evaluar el grado de avance de las oficinas públicas en los distintos ámbitos; re-visa los esquemas y organigramas para ofrecer un panorama detallado de las situaciones y agrupa los criterios que componen la herramienta de amplio espectro, conocida como Barómetro del Servicio Civil.

Promover una Gestión Financiera Integral,

Efectiva y Transparente Cita reglamentos relacionados con el mane-jo pulcro y transparente de los fondos pú-blicos y los procedimientos financieros, auditorías internas y otros elementos de Contraloría. La Ley de Compras y Contrataciones Públicas es uno de los componentes esenciales y la creación de un órgano rector de la misma deno-minación, dirigido por Eric Hazim.

Sobre esta temática el presidente del Consejo Rector de la CNECC, doctor Marino Vinicio Castillo opina que: es “crucial” para el

ordenamiento jurídico del aparato estatal y que, a pesar de los desafíos que tiene por delante el go-bierno para alcanzar niveles óptimos en el manejo de la cosa pública, existe una inmensa mayoría de servidores probos con determinación para lograr los avances.

“Yo los he visto y lo he comprobado”, dice el doctor Castillo y aquí expone, como ejemplo, la forma diáfana en que actúa el Programa de Medicamen-tos Esenciales (PROMESE) en el manejo de las licitaciones públicas que materializa. Castillo en diversas ocasiones destaca la limpieza de sus ope-raciones y califica de “transparencia asombrosa” las adjudicaciones de compras que esta organiza-ción realiza.

Promover una disponi-bilidad de Información y

Participación para Una Adminis-tración Pública TransparenteComo protagonista de este pilar, se describe la Ley de Acceso a la Información Pública (200-04), me-canismo de transparencia por excelencia. Funda-mental instrumento ciudadano, el cual facilita que toda información de carácter público pueda ser so-licitada y suministrada en tiempo oportuno y esté a la vista de todos los entes sociales, para ser anali-zada, evaluada y juzgada conforme a los actos de sus representantes.

La aplicación de esta normativa establece la publi-cidad como canal de exposición de todas las ac-tividades administrativas: nóminas, presupuestos, documentos de interés y otros. Incluye a los orga-nismos centralizados y descentralizados, así como a todos aquellos que tengan participación estatal. Cuenta, bajo la coordinación del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE), con una Unidad Especializada para seguimiento de las OAI (Oficinas de Acceso a la Información), con miras a la creación del órgano rector en la materia.

La instauración del Gobierno Electrónico desde la Oficina Presidencial de Tecnologías de In-

formación y Comunicación (OPTIC) ha propiciado el acceso y la entrega de

servicios que motivan la partici-pación y la transparencia en beneficio de la ciudadanía: atención al ciudadano, Buen Gobierno (Gestión Interna eficiencia, productividad para la competitividad gu-bernamental y participación

democrática.

2

4

3

Marino Vinicio Castillo

10

Otra de las instituciones que cabe mencionar, como parte del Gabinete de la Presidencia, es el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Moderniza-ción de la Justicia (CARMJ) por sus aportes a los proyectos que enmarcan el Plan República Domi-nicana Transparente, al cual acota este necesario recorrido explicativo, pues su compromiso se tra-duce en muestras de disciplina y austeridad.

Promover los Princi-pios Democráticos y de

Transparencia en el Fortaleci-miento de la Institucionalidad del Sistema PolíticoOrientado este pilar hacia la pertinencia de los re-cursos transparentados en los partidos políticos, la correcta y efectiva promoción de la Ley de Lavado de Activos y Ley de Acceso a la Información Públi-ca, como praxis permanente dentro de este con-texto.

Mejorar la Efectividad de la Persecución de los

Delitos Contra la Administración PúblicaFortalecer el Ministerio Público y dotarle de una mayor capacidad de investigación de los delitos, en consonancia con la Dirección Nacional de Per-secución de la Corrupción Administrativa (DPCA).

Fortalecimiento Institu-cional de la Comisión

Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC)Procura desde esta vertiente, tal como se indica, el fortalecimiento del marco jurídico de la CNECC como órgano rector de las políticas de prevención de la corrupción, promoviéndose la probidad, a partir de la construcción y establecimiento de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Rendición de Cuentas

A propósito de lo anterior, pone de relieve las De-claraciones Juradas de Bienes (DJB) de los fun-cionarios públicos y exterioriza, vía Informes de Rendiciones de Cuentas institucionales, todas las experticias, resultados y ejecutorias desarrolladas durante un período o gestión. Los distintos orga-nismos gubernamentales están en la obligación de transparentar y poner al alcance de la ciudadanía todo cuanto realicen y materialicen.

Toda esta vista panorámica de frutos y efectos transversales conforman la columna vertebral de una contundente propuesta de Estado: Plan Repú-blica Dominina transparente.

Súmese. También usted puede parpar, sugerir y re-comendar, asi se seguirá abriendo paso a paso la ventana de la solidaridad, la integración y voluntad del pueblo dominicano.

TRANSFORMACIÓN

5

6

7

8

Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) de la Procuraduría General de la República, modelo de transparencia en el país.

11

Fabián Díaz Casado

El acceso a la información pública y la normativa que lo rige constituyen uno de los pilares funda-mentales de la transparencia en el país. Contribu-yen a mejorar las relaciones entre gobernantes y gobernados, generan confianza, previenen la co-rrupción, inciden positivamente en la instituciona-lidad democrática, aumentan la capacidad de diá-logo de la ciudadanía y fortalecen la cultura cívica.

Es una oportunidad para concretar el Estado social y democrático de derecho. Un derecho y deber ciu-dadano de acceder a la información pública. Desde el 2004 la nación cuenta con una ley que ampara esta materia, reforzada en los artículos 49 y 146 de la Constitución de la República. En ese sentido, el doctor Marcos Villamán (MV), director ejecutivo del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE), ofrece una entrevista especial a Clic Institucional.

Con firmeza, Villamán responde las siguientes inte-rrogantes formuladas por Díaz Casado (DC).

DC: ¿Cuál es el rol del CONARE en la implemen-tación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (LGLAIP 200-04)?

MV: El CONARE, como parte del Plan Estratégico de la Comisión Nacional de Ética, es responsable de dar seguimiento y facilitar su cumplimiento en las instituciones del Estado. Para los trabajos de implementación se conformó un equipo interinstitu-cional que asumió la agenda e inició los procesos. Luego logró la Unidad Especializada (2008), con el objetivo de coordinarlos, profundizarlos y ampliar-los. Incluye la búsqueda de alternativas para crear una instancia que asuma la rectoría del acceso a

la información. CONARE coor-dina esa unidad, y estamos en esa discusión. Actualmente se trabaja con las recomendacio-nes de la Iniciativa Participati-va Anticorrupción (IPAC), es-pecialmente en la coordinación de las acciones contempla-das en la mesa número 4.

DC: ¿Cuál es el sustento normativo de la Ley 200-04 en la República Dominica-na?

M.V. Tiene un amplio aval normativo fundamentado primero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Corresponde al Estado y a sus institucio-nes garantizar ese de-recho. Desde enero de 2010, la nación cuenta con una nueva Carta Mag-na que recoge, en sus ar-ticulados, este derecho fun-damental y establece en su marco general la aplicación de las políticas de transpa-rencia. Asimismo, se elaboró una propuesta para la creación del órgano rector, el cual se en-cuentra en fase de discusión. El tema del derecho a la información se ha fortalecido, todavía, más en razón de denuncias, sugerencias, quejas y reclamaciones como con-secuencia de la aplicación del Decreto 694-09 que esta-blece el gobierno con uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación

garantía y democratización del Estado de derecho

El acceso a la información pública

Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes en todas las instituciones de educa-ción pública y privada, se hace obligatoria la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, los valores patrios y los principios de convivencia pacífica.

12

(TIC) y un sistema nacional para su canalización y tratamiento, cuyo enlace es el Responsable de Ac-ceso a la Información Pública (RAI) de cada oficina. Finalmente, es importante recordar la Ley 176-07, que instituye las Oficinas de Acceso a la Informa-ción Municipal y la Ley 481-08, que instituye el Sis-tema Nacional de Archivo.

DC:¿Qué se está haciendo para cumplir con la LGLIAP?

MV: Se trabaja en la institucionalización de las Oficinas de Acceso a la Información Pública y se refuerzan los conocimientos de su personal. Con-comitantemente, se apoya la sensibilización del funcionariado público, así como de los principales actores de la sociedad civil, incluyéndose a gre-mios profesionales y universidades. Los trabajos se coordinan desde la Unidad Especializada (UE) que está integrada por la Oficina Presidencial de Tecno-logías de la Información y Comunicación (OPTIC), la Procuraduría General de la República y se eje-cutan a través de la Unidad de Transparencia del CONARE. La Comisión Nacional Ética y Combate a la Corrupción, el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Institutito Nacional de Adminis-tración Pública (INAP) complementan este equipo operativo.

DC: ¿Qué hace el Estado para promover la trans-parencia y la LGLAIP?

MV: Con la finalidad de formar ciudadanas y ciu-dadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, se hace obligatoria la instrucción en la for-mación social y cívica, la enseñanza de la Consti-tución, de los derechos y garantías fundamentales, los valores patrios y los principios de convivencia pacífica. Por otra parte, se continuarán desarrollan-do los procesos de difusión, educación ciudadana y alianzas con actores públicos, privados y de la sociedad civil.

DC: ¿Cuál es el papel que deben desempeñar los medios de comunicación en la implantación de la normativa?

MV: La información es combustible y razón de ser de los medios de comunicación en la sociedad del conocimiento. Sus aportes a los procesos de información, orientación y educación, juegan un importante papel en cualquier sociedad. Estos, ya sean públicos y privados, como parte del ejercicio de su responsabilidad social, deben contribuir a la información y formación de la ciudadanía. El Esta-do garantiza servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos incorporarán el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías e innovacio-nes, según los requisitos que establezca la ley.

DC: ¿Qué resultados se observan en relación a la Ley 200-04?

MV: Hasta la fecha se han designado 115 RAI. Se ha capacitado personal y se han sensibilizado cientos de funcionarios públicos. Esos esfuerzos se coordinan con el INAP, que es responsable de este componente, ya que la Ley así lo indica. Se han diseminado miles de ejemplares de la Ley y se han hecho amplias jornadas de capacitación, refor-zamiento y sensibilización, tanto del sector oficial como de la sociedad civil. Uno de los principales resultados es el positivo proceso de cambio de mentalidad que se observa, tanto en los directivos de las entidades públicas como en la ciudadanía. Los primeros muestran más disposición a ofrecer la información, que como bien público, deben dar; y los segundos, a demandarla como parte normal del proceso democrático que se fortalece por la rendi-ción de cuentas.

DC: ¿Cuáles son los principales los retos para cum-plir con la normativa?

MV: Profundizar en el cambio de mentalidad, en la transformación desde la cultura de la opacidad, hacia la cultura de la transparencia, en los actores públicos, privados y de la sociedad civil. También profundizar en la adecuación de los organismos públicos para que cumplan con los requerimientos de la ciudadanía en materia de transparencia, ren-dición de cuentas y acceso a la información. Será siempre necesario promover un proceso amplio y sistemático de socialización, dándoles prioridad a los grupos multiplicadores de la sociedad, a los medios, organizaciones de periodistas y comuni-cadores sociales; a los centros de enseñanzas, las iglesias, gremios profesionales, centrales y sindica-tos, asociaciones y federaciones, de mujeres, eco-lógicas y estudiantiles. Como parte de este esfuer-zo, la creación del Órgano Rector, con suficiente autonomía, capacidad operativa para regir, coordi-nar, fiscalizar y orientar el proceso de aplicación de la normativa, es un imperativo impostergable.

DC: ¿Cómo asumen las organizaciones sociales y la ciudadanía este proceso?

MV: La ciudadanía tiene derecho de buscar, inves-tigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la Ley. Las organizaciones sociales en general, y esta en par-ticular, juegan un rol determinante en estos proce-sos. Si la gente no demanda información, la efecti-vidad de las normativas queda truncada. En razón, se hace necesario lograr mayor incorporación de la sociedad civil en la diversidad de sus expresiones, a la demanda de información pública, como factor que se constituye de manera fundamental en ga-rantía para la democratización de la administración pública.

A VIVA VOZ

13

EJECUTORIAS

Un 2010 fructífero en proyectos y actualización profesional

Taller de gestión y posicionamiento de contenido hipermedia

Seminarios de planificación en comunicación gubernamental

Taller de redacción y estilo para Revista Clic Institucional

A raíz de la creación de los Gabinetes de Comunicación Gubernamental, creados me-diante el decreto número 525-08, la Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia, realizó varias actividades enca-minadas a actualizar y capacitar a los 208 ge-rentes de comunicación pertenecientes a 19 sectores del Estado dominicano. Es así como 29 profesionales del área viajaron a La Haba-na, Cuba, para recibir entrenamiento especial sobre Periodismo Digital y Multimedia, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí.

Un valioso taller de gestión y posicionamiento de conteni-do hipermedia, durante las jornadas de capacitación, fue también ofrecido en los meses de noviembre y diciembre por el profesor cubano Adonis Subit Lamí del Instituto Inter-nacional de Periodismo José Martí, titulado “Comunicación y Estrategia para Gestión de Contenido Hipermedia en la Web 2.0”. Más de 50 gerentes de relaciones públicas y en-cargados de prensa, de los distintos sectores del Estado Dominicano, aprovecharon al máximo estas enseñanzas.

Fueron realizados el III y IV Seminario de Comunicación Gubernamental. El primero, efectuado en junio en el Banco Central, planteó el diseño del Plan Operativo correspon-diente al segundo semestre del año y permitió una evalua-ción del desempeño durante el 2010; en octubre el Club de Aduanas sirvió de escenario para ejecutar la “Jornada de Planificación Operativa Anual 2011”, la cual tuvo como objetivo planificar las nuevas acciones de comunicación.

Como parte del proceso de organización de la primera edición de la Revista Clic Institucional, ejemplar que usted ahora tiene en sus manos, la periodista y escritora Emilia Pereyra impartió, en el Salón Hermanas Mirabal del Pala-cio Presidencial, el taller de redacción y estilo a miembros de los Gabinetes de Comunicación, para establecer crite-rios de línea editorial bajo un concepto vanguardista, plu-ralista e innovador, para que así pueda llegar a los lectores un producto digerible y exquisito.

Adelaida Martínez

14

BUENAS PRÁCTICASAngélica Santos

Cuando usted visite las instalaciones de la Oficina Nacio-nal de la Propiedad Industrial (ONAPI), notará de inme-diato el trato inigualable que recibe. El ambiente que se respira por los pasillos de esta oficina, impregna cordia-lidad y actitud de servicio. Y es que la manera como le atienden, tiene solo un nombre: profesionalidad encami-nada hacia la satisfacción de sus clientes.

Actitud de servicio, disposición y agilidad, definen a esta institución pública modelo. Su creación se fundamenta en la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial (PI), y desde entonces su objetivo ha sido dar prioridad al manejo de la eficiencia y procurar que sus usuarios reciban un trato digno y respetuoso.

Esta organización con autonomía técnica y patrimonio propio, ha pasado en los últimos cinco años por un pro-ceso de desarrollo y maduración. Un ejemplo de ello es la aplicación de nuevas metodologías y herramientas de gestión, las cuales han impulsado la transformación ra-dical de la calidad de los servicios que ofrece y la ima-gen tradicional de oficina pública, en la República Domi- nicana.

El 2004 fue clave para la ONAPI. Llevar la modernidad a la institución gubernamental era una meta y se logró. Pero no sólo se planteaba la visión de adaptarse a los nuevos tiempos, sino de orientar los esfuerzos y con-vertirse en una oficina, predominantemente técnica, autónoma y con profunda vocación de atención al ciudadano. A una entidad que cumpliera con las ex-pectativas del mismo, e incluso las superara.

De esta manera, pensando siempre en el usua-rio y en ofrecer servicios de calidad, se formulan cuatro objetivos estratégicos proyectados en el 2008 y se determinan tareas elementales: la eficiencia operativa, facilitar a los ciudadanos el acceso a las labores de asistencia, el respeto de la autonomía técnica y patrimonial, así como el posicionamiento nacional y regional en materia de PI.

A partir de 2005, la entidad puso en marcha la re-cuperación, ordenamiento y conservación de todo el fondo documental de Signos, Distintivos e Inven-ciones (SDI), con la cooperación invaluable de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI), lo que ha representado para la nación un importante aporte, ya que con el rescate y la provisión de con-diciones de confianza, conforme a las últimas tecnologías disponibles, se garantiza la segu-ridad jurídica de los titulares de los derechos de PI, y se mejora el clima de inversión y competitividad comercial.

La calidad y los ciudadanos en primer ordenCuando usted visita las instalaciones de ONAPI, en seguida aprecia la disposición y el buen trato. El empeño por el valor de la eficiencia y el deseo de facili-tar a los ciudadanos el acceso a los encargos, encauzan a esta organización por el sendero de la calidad.

Es así como empiezan a transformarse los procesos y a crearse espacios de contacto con el cliente-ciudadano, para demostrarle que es importante y bienvenido, que se comprenden y satisfacen sus necesidades.

Los retos no se detienen y el equipo de trabajo de ONAPI demuestra que sí puede lograrlos. A mediados de 2006, la oficina decide participar en la segunda versión del Pre-mio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prác-ticas Promisorias y expone, a partir de la evaluación ba-sada en evidencias, las buenas prácticas incorporadas a la gestión. En esta primera postulación, logra un primer contacto con lo que sería, posteriormente, un instrumen-

to permanente de mejora: el Modelo Marco Común de Evaluación, (CAF, por sus siglas en inglés Common Assessment Framework).

Ser referente de calidad en la administra-ción pública dominicana, ha hecho a ONAPI acreedora de los siguientes reconocimien-tos:

• Finalistas en la categoría “Gobierno” del Concurso Arrob@ de Oro 2007 y 2008.

• Reconocimiento por la OMPI como una de las Oficinas de Propiedad Industrial de mayor avance en América Latina.

• Medalla de Oro del Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias del Sector Público Dominicano en las ediciones 2006

y 2007.

• Gran Premio Nacional a la Calidad y Prác-ticas Promisorias del Sector Público Domini-cano en el año 2008.

• Premio The Bizz Awards 2010 a la excelen-cia empresarial, otorgado por la World Confe-deration of Businesses.

• Postulación al Premio Iberoamericano de la Calidad 2010, del que fue finalista.

• Premio Iberoamericano a la Calidad- categoría Plata 2010.

Eficiencia y transparencia al servicio del país ONAPI y la calidad

Su norte se centra en una gestión basada en la calidad de sus servicios, en-focados siempre en colocar, en primer orden, la satisfacción de sus usuarios para lograr instituciones públicas modernas, eficientes y transparentes.

15

OPINIÓNHelen Hasbún

Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional

2011Justo al cierre editorial de este primer número de la Revista Clic Institucional, dedicada al tema de la transparencia, hemos recibido la buena noticia de que ha sido emitido el decreto 728-10, del Poder Ejecutivo, el cual declara al 2011: Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional.

Es propicia la ocasión para que hagamos un ejercicio francamente transparente.

La Presidencia ha considerado esencial el establecimiento de una cultura de transparencia, rendición de cuentas, prevención y combate de la corrupción, a partir de la promoción y aplicación de normativas en base a un ordenamiento jurídico tan contundente como lo es la Ley de Acceso a la Información Pública; las leyes de Compras y Contrataciones, Función Pública, entre otras.

A todo esto se suma la creación de organismos de seguimiento y monitoreo, como la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, de categoría mixta y participativa, entidad conformada por la sociedad civil, el gobierno, representantes de las iglesias Católica y evangélicas y de la empresa privada. También se ha contemplado la acogida de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC).

El Estado ha vinculado el principio de la transparencia al mismo seno de la Constitución de la República en su artículo 138, para que toda la Administración Pública tenga la obligación de sujetarse al mismo, como garantía de la institucionalidad democrática.

Como muestra de todos estos esfuerzos, el Ministerio de Administración Pública (MAP), en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), celebrará a principios de año,

la Tercera Semana de la Calidad, incluyéndose el día Domínico Americano con la participación especial de don W. Fox, consejero general y director adjunto de la Oficina Gubernamental de Ética de los Estados Unidos de América. Veremos además, la institución merecedora del Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias 2010.

Y es que esto nos parece más que una buena noticia. Una noticia llena de un espíritu alentador, reconfortante y optimista para iniciar un nuevo año, pero no basta con leerla, argumentarla y comentarla; es necesario asumirla con criterio de responsabilidad, tomándose en cuenta elementos éticos que se desprendan de un escenario honesto, para que podamos hablar de una verdadera “transformación estructural de la vida pública”, desde los gobiernos, desde el sector privado, desde la ciudadanía en general.

Si todos hacemos un ejercicio verdaderamente transparente, sano y constructivo, entonces podremos hablar de bien común, de intereses colectivos, de deberes y derechos.

En esta edición especial dedicada al tema de la transparencia y a las políticas anticorrupción que promueve el Estado dominicano, encaminado con iniciativas y propuestas que se desprenden de este accionar, hagamos un ejercicio francamente transparente; dialoguemos y adentrémonos en un espacio de reflexión, el cual no improvise ni desperdicie esfuerzos.

De manera especial a partir del 2011, hagamos una práctica transparente apegada a la verdad, con cambios y transformaciones valiosas de cara a una sociedad cada vez más racional, justa y equilibrada. Anímate a formar parte de este momento y construye tú también la historia...

16

La República Dominicana, desde la presente administra-ción del presidente Leonel Fernández Reyna, ha venido incorporando mejoras en el orden de la participación de todos los sectores de la vida nacional como apoyo a la toma de decisiones políticas y económicas, pero funda-mentalmente de carácter social.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han tenido un papel protagónico en el desarrollo de solu-ciones de corto y mediano alcance en la construcción de ciudadanía responsable, permitiéndole al gobierno mos-trar con alto nivel de madurez, una actitud abierta ante las mismas, para recibir sugerencias, quejas, denuncias y reclamaciones en todos los órdenes, ya sea de seguri-dad ciudadana, programas asistenciales, la salud y una marcada atención, gracias al Gobierno Electrónico.

En este contexto de pluralidad y propiciando la participa-ción ciudadana, desde septiembre de 2009, el Ministerio de la Presidencia, junto a la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) y la Dirección Nacional de Persecu-ción de la Corrupción Administrativa (DPCA), ha puesto en marcha uno de los servicios más ágiles para la atención al ciudadano, haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Se trata del Sistema de Atención Ciudada-na 3-1-1, pues solo accediendo a estos tres

dígitos telefónicos, o bien desde el portal de internet www.311.gob.do es posible canalizar denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias, atendidas bajo los más altos estándares de calidad, y despachadas desde el Centro de Contacto Gubernamental, bajo la gestión de la OPTIC.

El 3-1-1, soportado por tecnología con amplios contro-les de seguridad informática, proporciona una platafor-ma amigable para el usuario. Con su aplicación se da un paso gigantesco en los esfuerzos por transparentar la gestión del gobierno, el acceso a la información y los trá-mites que los ciudadanos en general, y de manera gratui-ta, pueden proponer para la mejora continua. Su simpli-cidad, los niveles de cortesía y el acceso en un esquema de 24 horas, los siete días de la semana, aseguran que en todo momento, tanto la lucha contra la corrupción administrativa, como los servicios públicos, tienen en la ciudadanía un aliado de capital interés.

Es por ello que hoy día los portales de gobierno han empezado a moverse hacia un esquema transaccional, esfuerzo que ha coincidido con el marcado interés de la administración del presidente Fernández de redoblar los controles administrativos para promover el aumento de transparencia en el Estado.

Sin duda alguna, pese lo joven del Sistema 3-1-1, ya su más de millón y medio de llamadas recibidas y centena-res de visitas al portal estimulan a la administración a me-jorar y a ampliar los canales de Atención al Ciudadano; tal como lo está haciendo la OPTIC con la apertura de su primer Centro de Atención Presencial en la República Dominicana, que por primera vez, con la más alta tecno-logía disponible, es instalado con el criterio internacional de los “shared services center”, que concentran bajo un mismo techo los servicios más demandados. Con esto, se aporta un mayor nivel de satisfacción, con una impor-tante reducción de costos por desplazamiento para los usuarios y el ahorro de tiempo, para lograr una mayor eficiencia. Como se sabe, las variables señaladas son las que tradicionalmente constituyen una preocupación para el ciudadano común.

Estemos muy atentos a las mejoras que estará introdu-ciendo la administración pública en el futuro

cercano, ya que investigaciones realizadas a lo largo del año 2010 han aportado un

insumo que nos indica que sin lugar a dudas las TIC jugarán un papel de primer orden en el acceso a la infor-mación, en la lucha anti-corrupción y en la obtención de los servicios más

demandados por los ciudadanos.

Ya su más de 1.5 millones de llamadas recibidas y cente-nares de visitas al portal estimulan a la administración a me-jorar y a ampliar los canales de atención al ciudadano.

Mario Grullón DamiánGerente del Centro de Estudios e Investigación de Gobierno Electrónico de la OPTIC

posibilidades de mejoras en los servicios públicos y la transparencia gubernamentalTICLA

S

Solo accediendo a estos tres dígitos tele-fónicos, o bien desde el portal de internet www.311.gob.do es posible canalizar denuncias, quejas, reclamaciones y suge-rencias, atendidas bajo los más altos es-tándares de calidad, y despachadas des-de el Centro de Contacto Gubernamental, bajo la gestión de la OPTIC.

EN PERSPECTIVA