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///nos Aires, 06 de febrero de 2012.-
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa n°
50.085/2010, del registro de éste Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción n°9, Secretaría n°108, sobre la solicitud de indagatoria
formulada por el Sr. Fiscal en el dictamen obrante a fs. 2327/2375 y
respecto de la situación procesal de el Comisario Mayor Ricardo
Ferron, Inspector Diego Castillo, Subinspectores Mario Barrionuevo,
Hugo Sánchez y Rubén Boonstra; Oficial Mayor Juan Carlos Pili,
Sergio Villagra, Christian Rodríguez, Daniel Balor, Rodolfo
Magrassi, Omar Chamorro, Daniel Gutiérrez, Ricardo Picart,
Alejandro González, Daniel Oviedo, Matías Bailate, Hernán
Giulidori, Carina Salvo, Raúl Solís, Gabriel Canavide, José Ponce y
Javier Masmann; Oficiales Yésica Vázquez, Osvado Viollaz –de la
División Operaciones Especiales Metropolitanas (D.O.E.M.) de la
Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-;
Oficial Mayor Rubén Rende, Jorge Smith y Oficial Hernán Fantin –
integrantes de la dotación del carro hidrante de la Policía
Metropolitana-; Subinspectores Claudio Maeso y Víctor Germán
Petraitis, Oficial Mayor Eduardo Darío Garralda, Inspector Alejandro
Benítez, Oficiales Leonardo Salvador Pozos y José Luis Gómez –de
la División Vigilancia Preventiva de la Policía Metropolitana-
Comisario General Roberto Agustín Palavecino, Compisario Mayor
Hugo Ernesto Lompizano, Comisario Inspector Juan Antonio
Quintero, Comisario Emilio Ramón Miragaya, Sargentos Carlos
Alejandro Caruso y Mario Enrique Schefer, Subinspector Hernán
Rubluplak, Agte. Miguel Caci, Cabo Luis Fernández, Sargento 1ro.
Marcos Torres Cejas, Cabo 1ro. Daniel Eduardo Fail –numerarios de
la Policía Federal Argentina-; y Dra. María Cristina Nazar –Juez
titular del Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas nro. 26
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Y CONSIDERANDO:
Que el presente legajo reconoce su
génesis en los disturbios acaecidos en el “Parque Indoamericano” de
Villa Soldati que tuvo lugar el día 7 de diciembre del año 2010.-
En ese contexto, tuvo lugar el
fallecimiento de 2 personas identificadas como Rosmary Chura Puña
y Bernardo Salgueiro.-
Por el hecho, previnieron, en forma
primigenia, las Comisarías 36ª y 52ª de la Policía Federal Argentina,
siendo más tarde apartada dicha Fuerza de Seguridad del trámite de la
pesquisa por órdenes del Sr. Fiscal a cargo de la Fiscalía de
Instrucción nro. 24, Dr. Sandro Abraldes (ver fs. 1vta., últimos cuatro
renglones), en ejercicio de las facultades que le acuerdan el art.
196bis del C.P.P.N., pues no se había logrado, de momento,
individualizar a los responsables de los nombrados.-
La extensa nota confeccionada por la
Actuaria de la Fiscalía, que da cuenta de la circunstancia expuesta en
el párrafo anterior, obrante a fs. 1, también marcó el inicio de estas
actuaciones.-
A fs. 2327 y ssgtes., luego de casi un
año de investigación, el Representante del Ministerio Público Fiscal
remitió el sumario a esta sede en los términos del art. 196quater del
Código Ritual, solicitando, como se ha hecho constar en el
encabezado, se le reciba declaración INDAGATORIA –art. 294 del
C.P.P.N.- a los siguientes funcionarios: Comisario Mayor Ricardo
Ferron, Inspector Diego Castillo, Subinspectores Mario Barrionuevo,
Hugo Sánchez y Rubén Boonstra; Oficial Mayor Juan Carlos Pili,
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Sergio Villagra, Christian Rodríguez, Daniel Balor, Rodolfo
Magrassi, Omar Chamorro, Daniel Gutiérrez, Ricardo Picart,
Alejandro González, Daniel Oviedo, Matías Bailate, Hernán
Giulidori, Carina Salvo, Raúl Solís, Gabriel Canavide, José Ponce y
Javier Masmann; Oficiales Yésica Vázquez, Osvado Viollaz –de la
División Operaciones Especiales Metropolitanas (D.O.E.M.) de la
Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-;
Oficial Mayor Rubén Rende, Jorge Smith y Oficial Hernán Fantin –
integrantes de la dotación del carro hidrante de la Policía
Metropolitana-; Subinspectores Claudio Maeso y Víctor Germán
Petraitis, Oficial Mayor Eduardo Darío Garralda, Inspector Alejandro
Benítez, Oficiales Leonardo Salvador Pozos y José Luis Gómez –de
la División Vigilancia Preventiva de la Policía Metropolitana-
Comisario General Roberto Agustín Palavecino, Compisario Mayor
Hugo Ernesto Lompizano, Comisario Inspector Juan Antonio
Quintero, Comisario Emilio Ramón Miragaya, Sargentos Carlos
Alejandro Caruso y Mario Enrique Schefer, Subinspector Hernán
Rubluplak, Agte. Miguel Caci, Cabo Luis Fernández, Sargento 1ro.
Marcos Torres Cejas, Cabo 1ro. Daniel Eduardo Fail –numerarios de
la Policía Federal Argentina-; y Dra. María Cristina Nazar –Juez
titular del Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas nro. 26
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Concretamente, existió una denuncia
formulada, con fecha 6 de diciembre de 2010 por el abogado Ariel
Solar Grillo, en su calidad de Coordinador del Área Legal y Técnica
de la Coorporación Buenos Aires Sur S.E. vía correo electrónico
(siendo las 17.10 horas) dirigido a la Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y de Faltas nro. 12.-
A la entidad representada por Solar
Grillo, se le había conferido la administración del “Parque
Indoamericano” por decreto nº 993/GCBA/05.-
La misiva en cuestión, informaba que
algunos sectores del predio referido habían sido usurpados, dando
cuenta de dicha circunstancia mediante las diversas fotografías
adjuntas.-
Ese mismo día, 6 de diciembre, a las
17.30 horas, el titular de la Fiscalía Contravencional nro. 12, Dr.
Cristian Carlos Longobardi, y el Jefe de la Comisaría 36ª de la
P.F.A., Comisario Emilio Ramón Miragaya, procedieron a recorrer
en un móvil no identificable el “Parque Indoamericano”,
observando, en dicha ocasión, la construcción de unas 300 casillas
precarias y la delimitación de parcelas mediante sogas.-
La situación verificada, tomó estado
público durante la mañana del día siguiente, 7 de diciembre de 2010,
cuando fue ilustrada por los medios de comunicación -en particular el
portal “Infobae” y el diario “Clarín”- a la vez que informaron sobre
los comentarios efectuados por el Ministro de Ambiente y Espacio
Pùblico del G.C.B.A., Diego Santilli, quién dijo estar en
conocimiento de la cuestión, para luego referir la imposibilidad de
actuar sin una orden judicial.-
La Fiscalía de la Ciudad actuante
solicitó, a las 12.45 horas del 7 de diciembre a la Sra. Juez a cargo del
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 26, Dra. María
Cristina Nazar, el libramiento de una orden de allanamiento del
“Parque Indoamericano”, para ser cumplimentada aquel mismo día
con habilitación de día y hora, a los fines de proceder a la restitución
del predio, en los términos del art. 335 del Código Procesal Penal de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 2303/2007 del Gobierno
de la Ciudad).-
A los fines de fundar su petición, el Sr.
Fiscal Contravencional, entendió que se estaba ante una situación de
urgencia –“porque cada vez se metía más gente en el predio”- y de
cuasiflagrancia -pues el personal policial de la Cria. 36a de la P.F.A.
había observado el preciso instante en el cual los intrusos usurpaban
el lugar- y que en el caso analizado no se habían podido concretar
acciones menos lesivas que la solicitada (allanamiento), ello, de
conformidad con lo establecido en el Criterio General de Actuación
nro. 121/08 dictado por la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos
Aires el 6 de junio de 2008.-
También, se pronunció sobre la cuestión
el Sr. Defensor Contravencional, Dr. Marcelino Norberto Civitillo,
titular de la Defensoría Oficial nro. 7 de ese Fuero, quién solicitó a la
Magistrada interviniente que, previo a expedirse sobre la solicitud del
Acusador Público, se procediera a la identificación de los ocupantes
del predio, a fin de garantizar su derecho de defensa material y
técnica, y, eventualmente, se fijara audiencia a los fines de resolver
sobre la cuestión planteada.-
A su turno, la Dra. Nazar entendió que
la medida solicitada por el Sr. Defensor (identificación de los
ocupantes y fijarles audiencia para recibirles declaración) significaba
un atentado tanto para el sistema acusatorio como para la objetividad
que debía observar ella, al momento de pronunciarse sobre las
cuestiones sometidas a su consideración.-
Por otro lado, entendió que el Sr.
Defensor Oficial resultaba un sujeto innecesario durante aquella etapa
del proceso.-
Finalmente, falló haciendo lugar a la
diligencia peticionada por el Sr. Fiscal y, en consecuencia libró orden
judicial a favor del Sr. Comisario a cargo de la Comisaría 36ª de la
P.F.A. para que procediese al allanamiento del “Parque
Indoamericano” -sito entre las Avdas. Escalada, Castañares,
Autopista Cámpora y la vía del Ferrocarril Metropolitano- el día 7 de
diciembre de 2010, a primera hora, con habilitación de horario
nocturno, a fin de desalojar a sus ocupantes y lograr el inmediato
reintegro del lugar al Coordinador de la Corporación Buenos Aires
Sur.-
La ejecución material de la orden
librada, fue llevada a cabo en forma simultánea por personal de la
Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, dicho extremo no solo fue corroborado a
partir del material documental y fílmico aportado por dichas Fuerzas
de Seguridad, sino también por aquellas grabaciones aportadas por
los diversos medios de Comunicación Audiovisual que cubrieron el
evento.-
La diligencia fue planificada mediante
una reunión de trabajo celebrada entre el personal jerárquico de
ambas Fuerzas en donde se acordó que de la Policía Metropolitana,
únicamente podía tomar intervención el personal que poseía camisa
blanca y chaleco negro, no así el personal con uniforme táctico.
También se dejó en claro que no se debían utilizar gases ni postas de
gomas, como así tampoco munición de guerra.-
Concretamente, por la Policía Federal
Argentina, intervino personal de las siguientes dependencias:
División Operaciones Técnicas Especiales, División Exteriores de
Video, Comisarías 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 34ª, 36ª, 38ª, 39ª, 40ª, 42ª, 44ª,
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45ª, 47ª, 48ª, 50ª y 52ª; Departamento de Cuerpo Guardia de
Infantería, Sección Grupo de Operaciones Motorizadas (G.O.M.),
División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades
Deportivas (D.O.U.C.A.D.), Departamento Cuerpo de Policía
Montada, Superintendencia Federal de Bomberos, Superintendencia
de Transporte, Dirección General de Operaciones y Departamento
Cuerpo Federal de Aviación.-
Y, por la Policía Metropolitana,
intervino personal de las siguientes dependencias: Área de
Operaciones Especiales Metropolitanas, Dirección de Vigilancia
Preventiva, Dirección de Instrucción Policial, Dirección de Seguridad
y Protección Gubernamental, Área de Contravenciones y Faltas, Área
de Delitos y Sumarios, Área Víctima de Violencia de Género, Área
Especial de Investigaciones Telemáticas, Área Despacho, Área
Criminalística, Brigada Especial Comunitaria (B.E.C.), Dirección de
Investigaciones Complejas (D.I.C.).-
Según lo declarado por el Secretario del
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 26, Dr. Carlos
Dobenau, a las 18.00 horas aproximadamente del 7 de diciembre de
2010, recibió un llamado del Sr. Comisario de la Cria. 36ª de la
P.F.A. en el cual le informaba que se habían parapetado algunos
ocupantes del “Parque Indoamericano” frente a la presencia del
personal policial y que no había logrado entablar contacto con
personal de la Fiscalía.-
En una segunda comunicación,
efectuada a los 10 ó 15 minutos de la primera, el Funcionario
Policial, ante la imposibilidad de dar con alguna de las autoridades
del Ministerio Público Fiscal interviniente, consultó al Actuario del
Juzgado interventor sobre los pasos a seguir ante la situación
informada (los disturbios ocasionados por los ocupantes del predio).-
Según las declaraciones del Actuario
del Juzgado Contravencional, las directivas de la Juez -impartidas vía
telefónica- fueron que “hiciera lo que pudiera”, que “avanzara hasta
donde pudiera y que no avance más de lo que tiene que avanzar de
conformidad con lo dispuesto en la orden de allanamiento”. Si la
situación se tornaba riesgosa para alguien y hubiera peligro en las
personas, debía detener su avance y hacer un acta informando lo
sucedido.-
En una tercera comunicación con el
Secretario del Juzgado, el Crio. Miragaya es impuesto sobre las
órdenes emanadas de la Magistrada interventora.-
A los 15 ó 20 minutos, el mencionado
Funcionario Policial informó que el 80% del Parque había sido
desalojado. Luego de otros 15 minutos, informó que la totalidad del
predio (100%) había sido desalojado sin que se hubieran registrado
heridos entre el personal policial y los, hasta entonces, ocupantes.-
Del contenido de ambos llamados, el
Dr. Dobenau puso en conocimiento a la Dra. Nazar.-
En el lugar de los hechos, el inicio del
operativo de desalojo estuvo marcado por la presencia de numerosos
efectivos policiales apostados a la espera de indicaciones de sus
superiores jerárquicos, en la rotonda situada en la intersección de la
Avda. Escalada con la calle José Batlle y Ordónez de ésta Ciudad.-
Según el variado material audiovisual
recolectado, se destacaba, por un lado, la presencia de dos carros
hidrantes de la Policía Federal Argentina y de gran cantidad de
personal uniformado portando armas de fuego largas y de puño,
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como así también de personal policial, vistiendo ropas de civil; y por
el otro, los ocupantes del predio, varios de los cuales ocultaban sus
rostros con alguna vestimenta y arrojaban piedras contra los
integrantes de las Fuerzas de Seguridad.-
También se aprecia en las filmaciones
obtenidas el papel desempeñado por el Comisario Miragaya, quién,
mediante un megáfono anunció a los ocupantes que: “Se va a
restablecer el orden público por orden judicial, aquellas personas
que no quieran confrontar con la policía, por favor, se los está
invitando a retirarse. Por intermedio de la presente se los notifica
que aquellos que no quieran confrontar, están invitados a retirarse.
Se va a proceder a restablecer el orden público”.-
Luego de analizadas las distintas
filmaciones aportadas al sumario tanto por la Policía Federal
Argentina, la Policía Metropolitana, como así también los medios de
comunicación audiovisual, el Sr. Fiscal concluyó que “...el inicio del
desalojo se situó en la franja horaria abarcadora desde las 19:00 hs
hasta las 19:20 hs del 7 de diciembre de 2010...” (transcripción
textual de fs. 2333).-
Durante el horario referido, el ingreso
del personal policial al “Parque Indoamericano” se produjo
mediante un avance estructurado a pie y en forma encolumnada, tras
los dos carros hidrantes.-
La Policía Federal avanzó por la calle
Batlle y Ordóñez en dirección a la Autopista Presidente Cámpora y
focalizó su actuación hacia la izquierda del predio, es decir, desde
Batlle y Ordóñez en dirección, primero al Paseo Islas Malvinas y
luego a la Avda. Castañares.-
Por su parte, la Policía Metropolitana lo
hizo desde Batlle y Ordóñez hacia la derecha, en dirección hacia el
puente ferroviario de la Avda. Escalada, es decir, hacia el límite del
Parque, impuesto por las vías del F.F.C.C. Gral. Belgrano.-
La actividad propia que habría
desplegado el personal policial, en uso de sus facultades, hacia
aquellas personas que huían del “Parque Indoamericano” en
dirección a la Villa 20 -a la cual puede accederse mediante el
traspaso, a pie, de las vías del ferrocarril situadas bajo el puente
ferroviario de la Avda. Escalada- y la tentada incursión de la Policía
Metropolitana en aquella Villa, tras el desalojo, habría dado lugar a
diversos acontecimientos suscitados entre sus habitantes y las Fuerzas
de Seguridad.-
Mientras tenía lugar el enfrentamiento
entre la Policía Federal Argentina y un numeroso grupo de personas
de la Villa 20 sobre el puente de la Avda. Escalada, un nuevo frente
de protesta se gestó sobre la Autopista 7, en las proximidades a la
intersección con la Avda. Castañares. En este nuevo foco de
conflicto, tomó parte la Policía Metropolitana.-
Sostuvo el Dr. Abraldes que “...durante
el desalojo del Parque Indoamericano se produjeron, en cuanto
derivación de su práctica, diversas afectaciones a los bienes
jurídicos “vida e integridad corporal” de distintas personas...”
(confr. fs. 2334 vta.).-
Concretamente, la investigación
emprendida por el Representante del Ministerio Público Fiscal, ha
llegado a la conclusión de que los incidentes que derivaron del
desalojo del “Parque Indoamericano” -cuya responsabilidad,
endilgada a las personas mencionadas en los primeros párrafos del
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presente resolutorio, causa del pedido de indagatoria aquí evaluado-
tuvieron como damnificados a Wilson Ramón Fernández Pietro,
Emanuel Maximiliano Ríos, José Ronald Meruvia Guzmán, Miguel
Ángel Monotoya, Jhon Alejandro Duré Mora y Juan Segundo Aráoz -
quienes resultaron heridos- y los fallecidos Bernardo Salgueiro y
Rossemary Chura Puña.-
Según los diversos testimonios
transcriptos por el Sr. Fiscal en su dictamen, ante la intrusión del
personal policial en el predio, sus ocupantes se replegaron en
dirección a la Villa 20, mientras contrarrestaban el avance de las
Fuerzas de Seguridad, arrojando piedras y otros elementos contra los
efectivos. Dicha conducta, habría sido imitada por los propios
ocupantes de la Villa.-
En tal sentido se expidieron la abogada
Vanina Panetta (fs. 2337 del dictamen fiscal, a partir del 3º y 16º
renglón), Fernández Prieto (fs. 2337 vta., a partir del 15º , 19º y 26º
renglón), quién a su vez destacó que “Todos disparaban a la gente
que le tiraban piedras” (fs. 2338, 3º renglón), Nicolás Núñez Cabeza
de Vaca (fs. 2338, a partir del 30º renglón), como así también María
Lourdes Ocampos -quién incluso admitió, en declaración
testimonial, formar parte de los individuos que arrojaron piedras
contra el personal policial (ver. fs. 2338 vta., 32º renglón)- y Emanuel
Maximiliano Ríos -otros de los que repelió el accionar policial a
piedrazos ( ver fs. 2340, a partir del 28º renglón y fs. 2340 vta., a
partir del 5º renglón).-
Los pormenores en que los
damnificados mencionados en párrafos anteriores fueron heridos,
surgen de las distintas declaraciones transcriptas por el Sr. Fiscal.-
Por otro lado, la muerte de Bernardo
Salgueiro tuvo lugar el día 7 de diciembre de 2010, a las 19.30 horas
(según el informe de Autopsia confeccionado por los galenos de la
Morgue Judicial) y fue producto de las lesiones provocadas por
proyectil de arma de fuego en abdomen y pelvis, con hemorragia
interna y externa.-
En cuanto al lugar geográfico en que
habría sido alcanzado por los proyectiles, puede estimarse, de los
diversos testimonios recolectados a lo largo de la investigación, que
ello aconteció dentro de la Villa 20, en cercanías a la cancha de fútbol
que está sobre la calle Chilavert y el personal policial -tanto de la
P.F.A. como de la Metropolitana- se hallaba sobre el puente de la
Avda. Escalada.-
En esa misma zona, resultaron
lesionados Fernández Prieto, Meruvia Guzán y Duré Mora.-
En el extremo opuesto del “Parque
Indoamericano”, más precisamente en cercanías a la Autopista
Cámpora y Avda. Castañares, tuvo lugar el fallecimiento de
Rossemary Chura Puña, producto de un disparo de arma de fuego.-
Del mismo modo, resultaron lesionados
Juan Segundo Aráoz y Miguel Ángel Montoya.-
Según los diversos testimonios
recolectados a lo largo de la investigación, siendo las 20.30 ó 20.45
horas aproximadamente, mientras las personas que huían del Parque
continuaban refugiándose en la Villa 20, Rossemary, junto a Lisbett
Gutiérrez Martínez y Sandra Gutiérrez Martínez, se hallaban cerca de
la autopista, aparentemente con la intención de comprar algún lote
que quedara cerca de la autopista 7, pues sabían que algunos estaban
en venta.-
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Concretamente, Rossemary se
encontraba observando el avance policial sobre los manifestantes
desde las protecciones de cemento ubicadas al borde de la autopista.-
Cuando el personal policial se acercaba
a su ubicación, Sandra y Lisbett decidieron huir, cuando fueron
advertidas por otras personas que también se hallaban en el lugar, que
Rossemary se había caído al suelo, por lo que regresaron sobre sus
pasos notando, al intentar ayudar a la víctima, la presencia de sangre
en el piso.-
| Frente a ese panorama, junto con otros
jóvenes alzaron a Rossemary, trasladándola hacia un vehículo que
salía de la Villa Esperanza, que abordaron en dirección hacia el
Hospital Piñeyro, sitio en el que finalmente, falleció.-
Así las cosas, narrados sucintamente los
hechos materia de análisis y llamado el suscripto a resolver sobre la
pretensión Fiscal, corresponde comenzar con una serie de
consideraciones preliminares que permitirán, ya desde el inicio,
formarse una idea de la dirección de este decisorio.-
No pretendo que mi posición guarde en
exceso las formas o que sea percibida como un acto de sutil
discordancia con la opinión del titular de la acción, dentro del marco
de respeto, debo ser claro y coherente con mi íntima convicción; se
ha desperdiciado una oportunidad de gran valor para dar respuesta a
quienes han resultado damnificados en este suceso, a los familiares
de las víctimas fatales y a la sociedad en general.-
Un año ha tenido el Ministerio Público
Fiscal para llevar adelante la investigación, procurar prueba, descartar
o confirmar hipótesis y dar con los autores de los disparos que
terminaron con la vida de Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura
Puña y lesionaron a Wilson Ramón Fernández Pietro, Emanuel
Maximiliano Ríos, José Ronald Meruvia Guzmán, Miguel Ángel
Monotoya, Jhon Alejandro Duré Mora y Juan Segundo Aráoz.-
Sin embargo, luego de un extenso
proceso signado por la acumulación sistemática de prueba, la
insistencia a como dé lugar con una única línea investigativa y las
particulares omisiones en las que se ha incurrido para intentar dar
sustento a las conclusiones a las que arribó, terminan conformando, a
modo de justificación por la propia incapacidad de dar con los
autores materiales, una imputación cuasi genérica dirigida hacia
todos quienes se hallaran comprendidos en sectores distintos de
quienes intentaron ocupar el predio denominado “parque
indoamericano”.-
En síntesis, la ecuación ha sido tan
simple como efectista, los proyectiles debieron provenir del grupo de
funcionarios que pretendían cumplimentar la orden judicial de
desalojo sobre el predio y la responsabilidad debiera extenderse a
todos quienes participaron en la gestación de aquella orden, a
excepción, inexplicablemente, de uno de los pilares fundamentales en
todo sistema acusatorio como lo es aquel que rige el proceso en la
justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me refiero al titular
de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12.-
Como puede advertirse, la solución a la
que arribó el Dr. Abraldes ha tenido un claro objetivo; transcurrido
un año de investigación sin que se hubiera logrado siquiera un
mínimo avance en torno a individualizar a los autores materiales del
hecho, ha pretendido cumplir con la manda de justicia, echando mano
a una responsabilidad compartida, cuasi genérica, violatoria del
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principio de culpabilidad que, como se verá avanzada la resolución,
resulta de imposible adecuación al tipo penal escogido.-
Por estas y otras circunstancia que serán
analizadas a lo largo de este decisorio, es que no caben aquí las
sutilezas o cortesías, debe quedar en claro que la investigación revela
un desconocimiento no solo en aspectos jurídicos esenciales sino
además en la metodología investigativa, inaceptable en un órgano que
tiene a su cargo la titularidad de la acción penal.-
En esa dirección no puedo menos que
hacer notoria y expresa mi decepción al conocer, luego de un año, el
contenido del dictamen fiscal, carente de una estructura lógica que
conecte los argumentos ensayados con los resultados obtenidos, sus
conclusiones son, sin mas, arbitrarias.-
Son varios los aspectos a considerar a lo
largo de este resolutorio, entre ellos la hipótesis criminal
desarrollada, las pruebas en las que se sustenta, el tipo penal escogido
por el acusador público, su estructura, los elementos del tipo, la
construcción de la sospecha sobre la base de la prueba arrimada y la
participación de los distintos imputados en el evento por el cual se
requiere su interpelación en los términos del art. 294 del C.P.P.N.-
Para ayudar a una mejor comprensión
del análisis, intentará respetarse, en lo posible, el desarrollo y
estructura de los argumentos ensayados por el Sr. Fiscal.-
- De la hipótesis criminal:
No es cierto, como pretende hacerse
ver, que la investigación haya sufrido un giro revelador en relación a
la hipótesis criminal sostenida al comienzo, ninguna otra hipótesis se
ha barajado desde el inicio de esta investigación, y es allí, a mi modo
de ver, en donde se ha sellado la suerte procesal del sumario.-
Los argumentos utilizados para
justificar el inicio de la sospecha hacia el personal policial,
concretamente en cuanto presume el Sr. Fiscal que aquellos1,
mediante un procedimiento al que ya se hará referencia, insertaron en
los cartuchos destinados a postas de goma, perdigones de plomo,
aparece como una justificación ficta que pretende dar sustento al
norte que se ha fijado desde el comienzo.-
Prueba de ello es que la información de
la que se ha nutrido para conformar aquella “nueva” hipótesis, nunca
ha podido constatarse, sin perjuicio de lo que no ha sido un obstáculo
para tamaña afirmación.-
Veamos, sostiene que a partir de lo
expuesto por Orlando Damián Scribano (fs. 1118/1120) se encaró una
nueva línea de investigación.-
El nombrado indicó que “al caminar
por dicho sitio, escuchó que unas personas hablaban guaraní
(idioma que el dicente conoce por su lugar de nacimiento), ocasión
en la que se puso a conversar con ellos a propósito de una broma
dicha al pasar por esas personas. Refiere que, a medida que
conversaban en guaraní, uno de ellos, un hombre de alrededor de 55
años (cuya identidad no pudo recabar), le preguntó al dicente si la
presencia de Gendarmería en el lugar se debía a los hechos
ocurridos el 7 de diciembre de 2010, ante lo cual le contestó que sí.
En virtud de ello comenzaron a hablar del tema. En concreto, el
sujeto le refirió que había observado como los policías de la Policía 1 No se refiere a ningún sujeto en particular, todos y cada uno de los integrantes de las fuerzas de
seguridad habrían participado de la adulteración de los cartuchos antitumulto, insertando en ellos
perdigones de plomo.-
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Federal Argentina arrojaban gases y municiones de goma, pero que
también `tiraban del puro´. En consecuencia, el dicente le preguntó a
que se refería con esa expresión, por lo que le contestó que hacía
alusión a munición de plomo. Sobre este punto, quien declara
también le preguntó cómo sabía si eran de plomo, ante lo cual le
contestó el sujeto que su hijo había podido encontrar en el suelo
cartuchos que no habían sido detonados y que, al abrirlos, contenían
municiones de goma y en el medio, de plomo, es decir, que estaban
compuestos por las dos clases de proyectiles. Añade que en ese
marco, el hijo del sujeto, que se encontraba presente, dijo que sabían
que eran de plomo y que las otras municiones eran ´pelotitas
negras`(estas de goma). También, que en ese mismo contexto, el hijo
del hombre que estaba presente se dirigió al pasillo para buscar
dichos proyectiles, de donde regresó solo con los de goma, dado que
los otros no los pudo encontrar en ese momento. Asimismo, comenta
que le preguntó a esa persona si la habían citado a declarar por ello
en alguna oportunidad, ante lo cual respondió ´que no me meto por
la Policía, vos sabes como son´(en guaraní)”.-
Para no discurrir en exceso sobre esta
cuestión, hay que aclarar que este sujeto con el que Scribano habría
mantenido la conversación descripta fue identificado y convocado a
prestar declaración testimonial, ocasión en la que, sencillamente,
negó haberle expresado a Scribano lo que éste indicó.-
Lisa y llanamente contó otra versión de
lo acontecido, hizo referencia a un error de interpretación y a una
confusión entre los términos “cartucho” y “cartuchera”, que dieron
lugar al equívoco, mas dejó en claro que en ningún momento
conversó con el personal de Gendarmería de municiones de
plomo, que de hecho todas las que había hallado su hijo eran de
goma y que las utilizaba para tirar con su gomera.-
Pues bien, aún luego de ello,
inexplicablemente, se sostuvo que los términos de aquella
conversación, descartada por cierto, motivaron la realización del
peritaje tendiente a determinar la posible utilización de cartuchos anti
tumulto (AT), modificados con la inclusión de postas de plomo.-
Antes de introducirme en el análisis de
los resultados obtenidos en aquel peritaje, debo hacer referencia a las
circunstancias que permanecen inexplicadas en torno a aquel cambio
de hipótesis criminal. Ningún elemento probatorio se incorporó en
aquella ocasión, mas allá de una versión, inmediatamente desmentida
por el propio protagonista, que fue utilizada por el titular de la acción
como pretexto de una línea investigativa decidida de antemano.-
No dejo de preguntarme, cómo, frente a
tal novedad, el personal de la Gendarmería Nacional no realizó una
inmediata búsqueda del material al que se refería su interlocutor,
cómo no efectuó inmediata consulta desde el lugar con el Fiscal
actuante y cómo es que no se ordenó una búsqueda exhaustiva en
aquel sitio, por caso, a través de un allanamiento en la vivienda del
sujeto al que Scribano le adjudicó los dichos, a la postre
desmentidos.-
Son estas inconsistencias, seguidas por
la convocatoria a prestar declaración testimonial por simple citación,
dejando librada a la voluntad del testigo el aporte del material
referido, las que me llevan, una vez mas, a desechar el argumento
Fiscal. El modo de proceder resulta inconciliable con la magnitud de
la prueba a la que hiciera referencia Scribano.-
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Pues bien, sobre la base de esta idea, el
Sr. Fiscal, sin embargo, entendió reunidos los elementos que
ameritaban la realización de un peritaje que pretendía obtener
información sobre la “nueva hipótesis” obtenida.-
El salto en la estructura lógica del
análisis es asombroso, la información desmentida sobre la tenencia en
manos de un particular de postas de plomo, se erige como el “dato”
que lleva a fundar la sospecha sobre la inclusión, por parte del
personal policial, de postas de plomo en los cartuchos anti tumulto
(AT).-
Sobre la base de esa idea, se dispuso la
realización del peritaje obrante a fs. 2225/2264, en el básicamente
pudo demostrarse que es posible introducir postas de plomo en un
cartucho del tipo anti tumulto (AT) y que efectivamente el mismo
puede dispararse.-
Por lo demás, pudo determinarse la
distancia que logran alcanzar los tacos plásticos hallados en el lugar
de los hechos, trátense de cartuchos de propósito general como anti
tumulto y finalmente logró determinarse la dispersión de las postas,
de goma, de plomo y aquellas de goma modificadas con la inclusión
de una y dos postas de plomo, disparadas a cincuenta metros de
distancia del blanco.-
El dictamen fiscal concluye así que “la
adulteración del contenido de postas de un cartucho anti-tumulto
(AT), mediante el reemplazo de una posta de goma por una de plomo,
no solo es de muy sencilla y básica manufactura (véase video adjunto
al informe pericial Nº 59.632), sino que permitiría a su autor ocultar
su posesión, encubrir su utilización y garantizar la impunidad
pretendida con su uso”
A esta consideración le siguen los
argumentos por los que el Sr. Fiscal comienza a deslizar la idea de
una utilización de cartuchos anti-tumulto adulterados con postas de
plomo, concretamente por manufactura de los integrantes del
Departamento de Operaciones Especiales Metropolitanas (D.O.E.M.),
integrado mayormente por personal de la División de Intervenciones
Complejas (D.I.C.).
Es éste quizás el segmento del dictamen
en donde se observa con mayor nitidez que nada obstaculizaría la
hipótesis que, desde el inicio ha perseguido el Fiscal, siquiera, como
se verá, importará la ausencia de prueba o nexo causal, pues le basta
para sostener la utilización de cartuchos anti-tumultos adulterados
con postas de plomo por parte del personal policial mencionado, la
circunstancia de tratarse de personal sumamente calificado, que
fácilmente hubiera podido realizar aquella maniobra. En palabras
suyas “….sólo basta leer los antecedentes y el currículum del
personal del personal que conformaba el G.M.I….”-
Destaca la conformación del grupo con
personal de especiales conocimientos –muchos de ellos
desempeñaron labor de instructores- en combate urbano, combate
policial, combate cercano y a cuarto cerrado, paracaidismo militar,
francotiradores, buceo táctico, explosivos y empleo táctico de armas
cortas y largas, entre muchas otras.-
Sencillamente resulta de difícil
comprensión que la preparación y profesionalismo de una fuerza,
cualidades a las que debe aspirarse, los coloque posición de
responder por aquellas actividades ilícitas que, en virtud de sus
conocimientos específicos, se encontrarían en condiciones de
realizar.-
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Por si fuera poco, el Dr. Abraldes
concluye en que “La adulteración de un cartucho de escopeta anti-
tumulto no resultaría obstáculo alguno para alguien con mínimas
nociones técnicas en armamento y munición, pero mucho menos
para quienes tuvieran especial y concretos conocimientos en la
materia”, vale decir, por mucho o por poco, la sospecha recaerá
siempre sobre aquellos sujetos a los que ha decidido imputar.-
Vuelve a argumentar que “no
menoscaba la hipótesis sostenida la alegación de que el personal de
la Policía Metropolitana concurrió al parque indoamericano sólo
provisto de munición anti-tumulto (AT) (según el informe de fs. 1780/
vta), ya que los hechos acreditados –muerte y lesiones- demuestran
que en la ocasión se utilizaron cartuchos con proyectiles de plomo”.
Sigue sin importar la información incorporada al sumario, partiendo
de la base del resultado y de la imputación, en la única hipótesis
investigada, el resultado es obvio y necesario, mediante alguna
artimaña argumental se concluirá en que los disparos con perdigones
de plomo debieron provenir del personal de la Policía Metropolitana.-
Sobre la base de aquella
fundamentación, el titular de la acción construye su hipótesis final,
algunos integrantes de la Policía Metropolitana efectuaron disparos
de armas largas tipo escopetas, contra las víctimas, utilizando
cartuchos de escopeta del tipo anti-tumulto (AT), adulterados
mediante la sustitución previa con una posta de plomo, ese es, a su
criterio, el único modo en que puede explicarse la cantidad de heridas
con un solo perdigón, en diferentes personas.-
Pues bien, esta última afirmación no
resulta desacertada si se tiene en cuenta, como se ha dicho, que la
única línea investigativa es aquella que comprende de un modo
excluyente al personal policial como el sector desde el que debieron
provenir los disparos con postas de plomo, es justamente la visión
acotada sobre la realidad la que conduce inexorablemente a
conclusiones de ésta índole, que no logran explicar lo sucedido.-
Si bien la investigación se ha nutrido de
numerosos informes y testimonios, la idea perseguida desde el inicio,
es decir la responsabilidad policial sobre las muertes han terminado
construyendo una investigación mezquina en aquel sentido, se ha
obviado información que captada en el momento justo, hubiera
podido resultar de interés y de utilidad para individualizar a los
autores de los disparos que causaron las muertes y lesiones.-
Nada se ha investigado sobre la idea de
una arma “tumbera” o de fabricación casera, no se han solicitado
allanamientos ni registros a las fincas ubicadas dentro de la villa 20,
en las que, eventualmente pudieran haberse hallado elementos de
interés, municiones o armas de fuego compatibles con aquellas que
dispararan las postas de plomo extraídas a los cuerpos de las
víctimas.-
La existencia de estas armas también
hubiera podido desentrañar aquel encierro argumental en el que se ve
atrapado el Sr. Fiscal y del que sólo puede salir echando mano a la
teoría sobre la adulteración de los cartuchos anti tumulto por parte del
personal policial especializado.-
Sobre la base de sus propias
conclusiones, resultando el mecanismo de adulteración de los
cartuchos de tan sencilla realización, es que resulta extraña la idea de
descartar, sencillamente porque sí, la utilización de escopetas,
pistolones o armas de fabricación casera “tumberas” por parte de
civiles.-
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Se ha afirmado como dato cuasi
empírico la inexistencia de armas de fuego en manos de particulares
sobre la base de que “ni de los videos ni de las modulaciones
referidos a este primer escenario, se advierte la presencia de algún
civil, que no sea policía, con arma de fuego y menos aún,
disparando”2.-
Aquella afirmación, lisa y llanamente es
falsa, su existencia surge de los mismos testimonios que el Sr. Fiscal
ha valorado para reconstruir la base fáctica de los sucesos
investigados. Claro que al momento de su transcripción olvidó u
omitió aquellos segmentos que hacían referencia a su existencia,
quizás con su inclusión se hubiera permitido conformar una hipótesis
de mayor amplitud o, porqué no, se hubiera visto forzado a desechar,
por estricta aplicación de la lógica, aquella que obstinadamente
siguiera desde el inicio con base en una afirmación dogmática que no
puede explicarse a sí misma: “éste es el único modo en que puede
explicarse la cantidad de heridas con un solo perdigón, en
diferentes personas” (ver fs. 2358 vta).-
Por lo demás, es el propio informe que
realiza la División Balística de la Gendarmería Nacional (fs. 290) que
explica que éste tipo de proyectil, se refiere a las postas de plomo
recuperadas del cuerpo de las víctimas fatales, puede ser disparado
por armas de fuego tipo escopeta o armas de fabricación casera
con cañones de ánima lisa.-
Resulta inexplicable, que la credibilidad
de algunos de los testimonios recabados, sólo sea asignada a
determinados pasajes del relato, particularmente a aquellos que
2 Referencia textual del dictamen fiscal, pag. 51, punto 11.-
avientan cualquier responsabilidad que no pueda ser achacada al
personal policial actuante.-
Tal afirmación deriva del modo en el
que se ha segmentado el análisis sobre el relato de los testigos
presenciales del suceso, se ha incurrido en una arbitrariedad
manifiesta citando textualmente lo expresado por estos, omitiendo
exclusivamente aquellos pasajes en los que se sostenían posiciones
abiertamente contradictorias con la idea que comulga el Sr. Fiscal.,
particularmente en lo que respecta a la hipótesis de la autoría policial
sobre la base de la inexistencia de armas en poder de particulares.-
Así, surge del relato de la testigo María
Luordes Ocampos surge que: “Después, al día siguiente, que
volvimos a tomar tierras, sí pude ver gente armada, los chorritos de
ahí de la villa, que también estaban en la toma queriendo ocupar un
lugarcito con nosotros, pero nosotros no los dejábamos… A ellos si
los ví armados, con armas en la cintura. Nosotros, para que no nos
identifiquen con ellos, y nos ensucien, hicimos una asamblea el día
siguiente, el día 8 de diciembre para poder sacar a esta gente y a
otra gente mas, y los pudimos sacar, sin violencia sino tratando de
hablar bien con ellos” (ver fs. 1120).-
Claro está, podrá decirse que aquellas
armas pudieron adquirirlas ese mismo día 8 de diciembre en que
María Lourdes Ocampos advirtió sobre su existencia, mas parece una
conclusión infantil, cuando no absurda.-
En esa misma dirección se ha expresado
Jorgelina Salgueiro (fs. 169/170): “Mi suegra me señaló que en el
momento que hirieron a mi hermano ella estaba mirando pero no
sabe de donde salió el tiro porque había gente corriendo por todos
lados a los gritos. Solo escuchó sonidos de tiros mas intensos que
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antes, como si estuvieran mas cercanos. Mi suegra vio a un
muchacho que estaba con un arma corriendo y escuchó que la gente
le gritaba que apuntara para arriba y no para abajo”.-
Se oyó por su parte a Emilia Vázquez
Espínola (1425/1426), que preguntada concretamente por el titular de
la acción sobre la existencia de armas de fuego en manos de
particulares, adujo que “no, solo pude escuchar que algunas
personas le decían ´tirá arriba, tirá arriba, no tires abajo´, supongo
que por la cantidad de gente que había y porque había muchos
chicos, yo armas no vi, no vi que tiraran ni nada”.-
Pues bien, se descubre aquí que la
testigo no observó armas de fuego, mas oía cuando se le pedía a
algún sujeto que tirase hacia arriba y no hacia abajo, por lo que,
sumado al resto de los testimonios parece venir a confirmar sobre la
existencia de armas.-
Asimismo, se cuenta con la versión de
Miguel Patiño (fs. 1495/1496)3, herido por una piedra que impactó en
su cabeza cuando conducía a una pasajera en su taxi, llegando a la
rotonda que comunica a las avenidas Cruz y Escalada.-
Cuando Patiño se hallaba ya en la sala
de atención médica del barrio de lugano, tomó contacto con otro
joven, del que recordó se hallaba herido en el hombro 4, con quien
comenzó una breve conversación, manifestándole “que mal que la
policía te tiró un tiro”, a lo que el muchacho le contesto “para mi
que no fue la policía, fue algún otro tipo”, interpretando Patiño que
3 Su versión resulta de gran credibilidad, es quizás el único sujeto que no responde a intereses
particulares, su presencia en el lugar fue absolutamente circunstancial.- 4 Se refiere a Wilson Ramón Fernández, quien fue herido en uno de sus hombros y en la oreja y según
relató, debió aguardar en la salita hasta que finalmente fue trasladado en ambulancia al Hospital
Santojanni.-
se refería a la gente que se encontraba “haciendo quilombo” en el
parque, contratados o enviados por alguien.-
Las circunstancias bajo las que
mantuvieron esta breve conversación, en los albores del suceso,
ambos heridos, a la espera de un traslado y conmovidos por los
sucesos vividos, revelan la absoluta espontaneidad del relato, aspecto
que difícilmente pueda decirse de los testimonios que le han seguido
en esta pesquisa5.-
Se agrega a lo referido un elemento más
que termina de convencerme sobre la elección arbitraria de la prueba
que ha realizado el Sr. Fiscal, en base a lo que, ignorando aquellas
que no le eran funcionales, construyó la secuencia histórica de los
hechos.-
Se trata de la novedad que se incorpora
a la causa a partir del testimonio obrante a fs. 41 y del acta de
secuestro de fs. 42, que dan cuenta de la presentación del agente
Roberto Vitale, numerario de la D.O.U.C.A.D., en la sede de la
Comisaría 52ª de la Policía Federal Argentina, haciendo entrega de
un escudo transparente con inscripción DOUCAD con orificio a la
altura media del lado derecho de dicho escudo, un guante de color
negro con orificio en dedo anular y un chaleco antibalas de color
negro, serie 247, marca ABPC S.A., Nro. 064/03 con orificio a la
altura del pecho, lado derecho, el que fuera utilizado por el Agente
Gabriel Alberto Kier en el marco del conflicto suscitado en la
desocupación del Parque Indoamericano.-
5 El lapso de tiempo durante el que Wilson Ramón Fernández y Miguel Patiño coincidieron en el CESAC
Nº3 de lugano se desprende de las anotaciones insertas en la copia del libro de novedades de la
guardia obrante a fs. 1274, que da cuenta del ingreso de ambos pacientes con diferencia de dos
minutos.-
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Se cuenta además con el memorando
incorporado a fs. 90, de la Dirección General de Sanidad Policía de la
Policía Federal Argentina, del que surge que “ … y al Agente Kier:
TRAUMATISMO Y HERIDA CORTANTE POR DISPARO DE
ARMA DE FUEGO Y/O ESQUIRLA EN DEDO ANULAR DE LA
MANO IZQUIERDA, quedando internado en el piso 4to, cama 48
del servicio de traumatología y ortopedia, siendo su estado estable”.-
Asimismo el referido Kier prestó
declaración testimonial en el marco de estas actuaciones (fs.
1857/1858) e indicó que se desempeña como Agente en la División
de Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas,
específicamente como miembro de contención en el marco de la
desocupación del Parque Indoamericano, el pasado día 07 de
diciembre del año 2010.-
En la fecha señalada, juntamente con el
grupo que conforma en la referida División, se trasladó el testigo
hacia la sede de la Comisaría 52ª de la Policía Federal Argentina,
sitio en el que tomaron contacto con la Policía Metropolitana,
llamada también a intervenir en el desalojo.-
Siendo las 17.00 hs. aproximadamente,
se trasladaron hacia una de las entradas del predio, en donde
aguardaban la orden concreta de desalojo por parte de la
superioridad.-
En ocasión en que la Unidad que
conformaba se desplazaba hacia el sector en donde se encuentra la
playa policial de vehículos, ubicado el testigo sobre el puente allí
existente, frente a la Villa 20, sobre la estructura de cemento que
delimita la autovía, sintió un impacto en el escudo que esgrimía que
ocasionó que éste retrocediera, notando luego que salía sangre de su
dedo, por lo que fue retirado de la formación y trasladado hacia una
ambulancia del SAME en donde se le realizaron las primeras
curaciones, para luego trasladarlo en dirección hacia el Hospital
Piñeiro.-
Agregó el testigo que al arribar al
nosocomio al que fue derivado, advirtió que había sido impactado
por un proyectil de arma de fuego, por el modo en el que había
perforado el escudo y la marca que dejó en el chaleco antibalas.-
Explicó también que deducía que el
proyectil, luego de atravesar el escudo, rozó el dedo anular de su
mano izquierda para luego impactar en el chaleco que llevaba
colocado, no quedando incrustado en el mismo, por lo que no podía
brindar información de su calibre o procedencia.-
La importancia que parece desprenderse
de la información brindada por Kier al sumario, sin embargo, no fue
así apreciada por el titular de la acción, nada dijo, nada dispuso,
ninguna conclusión extrajo de los hechos narrados por aquel.-
Pero la cosa no acaba aquí, lo que
sigue, a mi modo de ver, conforma una situación de absoluta
gravedad que termina por comprometer la objetividad de la actuación
del Dr. Abraldes -sobre este punto se volverá hacia el final de la
resolución-, echando por tierra la teoría sostenida, pues lisa y
llanamente desecha la premisa básica –(la inexistencia de armas de
fuego en manos de particulares)- que le ha permitido sostener que los
disparos debieron, necesariamente y sin mayor argumento, provenir
del grupo de oficiales de la Policía Metropolitana apostados en el
lugar.-
Me refiero al testimonio de Alejandro
David Salvatierra (fs. 440/442), sindicado insistentemente por el
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titular de la acción, en las distintas investigaciones vinculadas a la
ocupación y desalojo del Parque indoamericano, como un testigo
determinante para la construcción histórica de los sucesos que nos
ocupan, sin embargo, ninguna referencia a sus dichos se ha hecho en
el dictamen obrante a fs. 2327/2375.-
La explicación es sencilla, la
información suministrada por Salvatierra, esta vez, no sólo no
comulga con las conclusiones a las que el dictamen Fiscal pretendía
arribar, sino que las contradice.-
No pretendo espontáneamente asignarle
a los dichos del testigo un valor que no le he dado en sumarios
conexos al presente, mas la idea de evadir referencias concretas a la
existencia de escopetas, incluso algunas de caño recortado –armas
compatibles con aquellas que pudieron disparar las postas que
terminaron con la vida de Salgueiro y Chura Puña-6, es sencillamente
inaceptable.-
Veamos, el testigo se refiere a los
distintos enfrentamientos ocurridos durante la jornada del 7 de
diciembre de 2010 y los días siguientes, particularmente aquellos que
protagonizaran el grupo de “vecinos” y aquellos que pretendían
ocupar el predio, en relación a lo que indicó que el día viernes 10 de
diciembre “mas o menos a las 19.30 o 20.00, aunque no tengo bien
en claro la hora, empezó a llegar mucha gente, con bombos, jóvenes
que bajaban de micros, y que ingresaron por la entrada de la calle
Asturias y Castañares… Entraron por esa calle que continúa
6 Nótese que el tipo de armas descriptas por David Salvatierra podría explicar la presencia de los
elementos hallado en el rastrillaje realizado en el pedio en cuestión, particularmente en lo que
respecta a las vainas servidas y los “tacos”, éstos últimos componentes de cartuchos para arma de
fuego de anima lisa (escopetas, pistolones y las llamadas “tumberas” o de armado casero) Esto surge
de las consideraciones efectuadas por los peritos ( fs. 622) de la División Huellas y Rastros, de la
Dirección de Policía Científica de la Gendarmería Nacional.-
Asturias y al llegar a la intersección con la calle que viene de la
entrada principal de escalada, avanzan hacia el lado de Escalada y
las vías del ferrocarril. Ahí veo que empiezan a disparar con armas
de fuego. Yo veía cuando sacaban y tiraban. Yo estaría a unos cien
metros a campo abierto, cerca del predio de la fundación”.-
Luego, preguntado concretamente por el
Sr. Fiscal para que diga qué tipo de armas vio y quién las tenía,
indicó que “sí que vio el día martes 7, mientras se encontraba dentro
del predio del parque una persona con un arma tipo pistolón en la
mano que discutía con una persona propietaria de un caballo por
algún problema con dicho animal. Por otra parte el día viernes 10 de
diciembre, pudo ver que algunas de las personas que se
encontraban entre los vecinos del lugar portaban armas de puño,
sin poder determinar tipo y calibre, mientras que algunos de los
ocupantes del predio también tenían armas, pero mayormente
armas tipo pistolón o escopetas recortadas. Aclara que hubo mayor
cantidad de disparos desde afuera hacia adentro, y que los disparos
de adentro sonaban mayormente como disparos de armas largas,
pero que de ambos lados había de los dos tipos de armas” .-
No salgo de mi asombro, ha podido
pasar inadvertida la información rendida por los distintos testigos?
Puede sostenerse a ultranza una hipótesis criminal sobre la base de
premisas rebatidas de un modo tan evidente por quienes han
protagonizado el hecho que nos ocupa? Son válidas aquellas
afirmaciones que omiten información de relevancia? Es válido el
procedimiento por el cual se selecciona aquella prueba que conduce a
un resultado y se desecha o silencia, sin causa, aquella que lo
contradice? Armoniza este procedimiento sobre el que se ha
construido la sospecha con el interés último del estado de dar
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respuesta a las víctimas de un suceso que ha pretendido perseguir y
sancionar?, la respuesta es única para todos estos interrogantes, NO.-
- De la imputación sobre la muerte de Bernardo
Salgueiro y las lesiones de Fernández Prieto, Meruvia Guzmán y
Duré Mora:
Sobre éste tópico corresponde hacer una
breve referencia a las circunstancias que han llevado al titular de la
acción a determinar la responsabilidad, en cabeza de los miembros de
la División Operaciones Especiales Metropolitanas de la Policía
Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(D.O.E.M.)7, de la dotación del carro hidrante de esa misma fuerza8 y
de la División Vigilancia Preventiva de la Policía Metropolitana9, por
el delito de homicidio y lesiones en agresión (Art. 95 del C.P.),
producida en las proximidades del puente de la avenida Escalada y
que tuviera por víctimas a Bernardo Salgueiro, Fernández Prieto,
Meruvia Guzmán y Duré Mora, el primero de ellos herido
mortalmente.-
En esa dirección, comienza el dictamen
destacando las declaraciones testimoniales de Vanina Panetta (fs.
349/352), a la que le asigna especial valor para la reconstrucción
7 Comisario Mayor Ricardo Ferron, Inspector Diego Castillo, Subinspector Mario Barrionuevo,
subinspector Hugo Sánchez, Subinspector Rubén Boonstra, Oficial Mayor Juan Carlos Pili, Oficial Mayor
Sergio Villagra, Oficial Mayor Christian Rodríguez, Oficial Mayor Daniel Balor, Oficial Mayor Rodolfo
Magrassi, Oficial Mayor Omar Chamorro, Oficial Mayor Daniel Gutiérrez, Oficial Mayor Ricardo Picart,
Oficial Mayor Alejandro González, Oficial Mayor Daniel Oviedo, Oficial Mayor Matías Bailate, Oficial
Mayor Hernán Giulidori, Oficial Mayor Carina Salvo, Oficial Mayor Raúl Solís, Oficial Mayor Gabriel
Canavide, oficial Mayor José Ponce, Oficial Javier Masmann, Oficial Yesica Vázquez y Oficial Osvaldo
Viollaz 8 Oficial Mayor Rubén Rendre, Oficial Mayor Jorge Smith y Oficial Hernán Fantin
9 Subinspector Claudio Maeso, Oficial Mayor Eduardo Darío Garralda, Inspector Alejandro Benítez,
Subinspector Víctor Germán Petraitis, Oficial Leonardo Salvador Pozos y Oficial José Luis Gómez
histórica de lo sucedido10, para luego hacer lo propio con el relato de
Wilson Ramón Fernández Prieto (fs. 1762/1765), Nicolás Núñez
Cabeza de Vaca (fs. 430/431), María Lourdes Ocampos (fs.
1118/1120), José Ronald Meruvia Guzmán (fs. 1422/1424), Jhon
Alejandro Duré Mora (fs. 1940/1941) y Emanuel Maximiliano Ríos
(fs. 2073), testimonios éstos sobre los que el Fiscal basa la plataforma
fáctica de lo ocurrido.-
Se advierte ya desde el inicio del
análisis que si bien algunos de estos testimonios efectivamente han
servido para establecer criterios fácticos de interés, su análisis y la
construcción posterior de la sospecha que sobre la base de algunos
pasajes de los relatos, evitando otros, ha intentado el Fiscal, distan de
responder a un método deductivo natural capaz de explicar la
responsabilidad que pretende adjudicar al personal policial
involucrado.-
No caben dudas, como bien lo apunta el
Fiscal, que en base a estos testimonios “se da una conclusión
preliminar simple pero de gran importancia para esta investigación
criminal: la causa físico natural que condujo a la muerte de
Bernardo Salgueiro fue puesta en un lapso bien acotado: desde el
inicio del desalojo del parque (19:00-19:20 hs) hasta el momento en
que son iniciadas las maniobras de resucitación cardiopulmonar
(19:35 hs), a cuya práctica no respondió, con la consecuente
declaración de fallecimiento”.-
Vale decir, la muerte de Bernardo
Salgueiro se produce, como era previsible suponer, en un tiempo
acotado y en el marco del conflicto suscitado por el desalojo del
10
No se descubre que aspecto permite destacarla del resto de las declaraciones testimoniales, su
mayor valor probatorio no ha sido explicado
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parque Indoamericano. De allí en adelante, las circunstancia de hecho
no parecen ser tan claras.-
Se destaca la información esencial
aportada por Duré Mora al expediente y en aquel sentido se resalta
parte de su relato, concretamente el segmento que parece explicar las
circunstancias bajo las que Salgueiro habría sido alcanzado por un
perdigón de plomo.-
Dice: “El declarante comienza a correr
por dentro del parque bordeando la Av. Escalada, en dirección a las
vías del ferrocarril. En el camino se encuentra con Bernardo
Salgueiro que venía también corriendo en dirección al mismo lugar.
Su intención era ingresar a la villa 20 por debajo del puente de la
Av. Escalada y las vías del tren (…) él corría por delante de
Bernardo Salgueiro. En un momento Bernardo se detiene para
ayudar a una nena de diez o doce años que había caído. Cuando
Bernardo va a ayudarla o estaba ayudándola, no lo sabe, aquel le
dijo en guaraní `me pegaron un tiro´ (sic)”.-
Luego se destaca, en nota al pie, la
fiabilidad que cabe asignar a ese testimonio no solo en virtud de
haberse verificado su presencia en el lugar a partir de sus propias
heridas, sino además por el relato de otros testigos y la coincidencia
en relación al lugar en donde buscaran refugio todos ellos, el pasillo
que daba a la calle Chilavert.-
Así, parece comprenderse que en la
hipótesis del Fiscal, aquellas versiones le han aportado al expediente,
cuanto menos, las circunstancias de tiempo y lugar en las que
Salgueiro perdiera la vida a consecuencia de un proyectil de plomo
que ingresar por la zona del abdomen y pelvis.-
Sin embargo, a poco que se revisan las
distintas declaraciones testimoniales, puede darse con una de ellas
que no es precisamente un relato para desmerecer, se trata de la
versión de María Lourdes Ocampos11, quien indicó que ese día,
estaba “ tomando terrenos 12 … cerca de las vía del FFCC
Sarmiento, a cincuenta o cien metros de Av. Escalada. En horas del
medio día lo vi a Bernardo a quien yo conocía como `Gallo´… le
pedí a Bernardo que me fuera a comprar cigarrillos y hielo. Serían
mas o menos las seis menos cuarto de la tarde cuando Bernardo fue
para el barrio. Después de aproximadamente veinte minutos desde
que se fue Bernardo, la policía empezó a entrar al parque y reprimir,
y ahí nosotros corrimos para el barrio, por abajo del puente. Ahí
cuando llego a la casa de Roberto Bernal, que está justo frente de la
cancha de futbol, sobre Chilavert, lo veo a `Gallo´, que estaba
parado solo. Ahí ya veníamos todos corriendo desde el parque, y le
dije que se corriera porque venía la policía. Él se cruzó al frente de
la calle y se puso en el costado de la canchita, protegiéndose con una
chapa que hay en el tejido, cerca de un árbol que hay ahí. Yo le dije
medio en broma `salí de ahí boludo, ahora que te bañaste por
primera vez en tu historia, estos te van a ensuciar toda la ropa´
(aclara que ella se refería a que lo iban a ensuciar con el agua que
tiraban los carros, que era de color). Yo me quedé ahí cerca de
donde estaba él. Yo le tiraba piedras a la Policía que estaba arriba
del puente, y en un momento Bernardo se agarró con las dos manos,
apretándose a la altura de la cintura. Yo le pregunté que le había
pasado y me decía que le quemaba. Entonces lo agarré del brazo y lo
11
Al ser preguntada por las generales de la ley, adujo haber mantenido una amistad con el fallecido
Bernardo Salgueiro, de modo que resulta lejana la idea de alguna confusión en la identidad de quien
dijo haber ayudado inmediatamente después de haber sido herido fatalmente 12
Sobre las expresiones de este tenor se volverá avanzada l resolución
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crucé hacia el otro lado de la calle. Hacia un lugar que hay un
kiosco y una lavandería. Ahí lo solté porque había un bidón de agua
que use para derramarme en la cara porque no podía respirar por el
gas lacrimógeno que tiraba la policía. Bernardo se fue caminando
hacia la casa de la suegra de su hermana, que vive ahí al lado. Entró
a la casa y yo me volví de vuelta a tirarle piedras a la policía… a
Bernardo lo vuelvo a ver cuando lo sacan de la casa de la suegra de
su hermana entre dos hombres a quienes conozco de vista pero no se
sus nombres, que lo cargaron uno tomándolo de las piernas y el otro
por debajo de los brazos, y lo llevaron hasta encontrar un remís. Lo
llevaron mas o menos dos cuadras y media… hasta frente a otra
canchita que hay, y ahí lo subieron en un auto color blanco… de ahí
lo llevaron a Bernardo a la salita…”
A su tiempo se le recibió declaración
testimonial a Alejandra Gonzalez (fs. 37), amiga de Salgueiro quien
manifestó que: “En un momento dado, la policía comenzó a avanzar
para retirarlos mediante un carro que tiraba agua, comenzando a
correr la deponente junto a Bernardo por la Av. Escalada, cruzando
por las vías del ferrocarril Belgrano Sur en dirección a la Villa 20,
llegando hasta ese asentamiento a un sector en el que se encuentra
una cancha, perimetrado por la Av. Escalada, las vías del ferrocarril
y el lugar donde guarda la policía los coches secuestrados. En esos
instantes la policía comenzó a disparar con escopetas desde la parte
superior de la Av. Escalada, distante unos 150 metros de donde la
deponente y su amigo se encontraban, notando que Bernardo se
toma el abdomen, cayendo al piso, trasladándolo hasta la casa de
una conocida de la declarante, de la cual no recuerda el nombre,
pero sabe que tiene coche, pudiendo llegar solo hasta la casa de esta
mujer personalmente, desde donde trasladaron a Bernardo hasta el
Centro de Salud Nro. 3 de Villa Lugano. Lugar éste donde luego de
revisarlo, le avisaron que había fallecido”
Asimismo, se oyó en declaración
testimonial a Leandro Luis Ríos (fs. 263), quien arguyó que observó
cuando el personal policial que se encontraba sobre el puente de
Escalada extraía sus armas reglamentarias y disparaban contra
quienes resistían el desalojo, agregando que al momento en el que
hieren a Bernardo Salgueiro, éste se hallaba sobre el puente,
observándolo el testigo cuando quedó shockeado por el impacto,
desplomándose luego en el suelo. Allí explicó que él junto con otras
personas que rodeaban a la víctima, lo condujeron hasta el pie de la
escalera que conduce a la Villa 20, apoyándolo en una parte de
cemento mientras pedían auxilio y agua para reanimarlo.-
Por su parte, Librada Esther Fernández
González (fs. 317/318), en relación a la ubicación de Bernardo
Salgueiro al momento de ser impactado por el proyectil, aseguró
haberlo visto tomándose su estómago e incorporándose al segundo,
adujo que se hallaba a unos cincuenta metros del puente.-
Resulta evidente, el cotejo entre las
distintas versiones nos permite conocer realidades diametralmente
opuestas, o bien Salgueiro corría junto con otras tantas personas y fue
alcanzado por un perdigón en momentos en que detuvo su carrera
para ayudar a una pequeña, o bien fue alcanzado por aquel elemento
mientras se encontraba agazapado, cubriéndose con una chapa que
formaba parte del enrejado de la cancha de futbol ubicada allí o bien
mientras se hallaba sobre el puente de Escalada, desplomándose en
aquel momento, o bien a ciento cincuenta metros del referido puente
(del testimonio de Alejandra González) mientras corría junto a ésta o
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bien a cincuenta metros de allí (del testimonio Librada Esther
Fernández González).-
Luego de recibir el impacto, o bien
caminó sólo hasta la casa de la suegra de su hermana o bien fue
acompañado por María Lourdes Ocampo hasta dicha vivienda,
regresando la testigo cuando la víctima ingresó a la finca, o bien fue
acompañado ya no por Ocampo sino por Alejandra González hasta la
vivienda de una conocida, de la que no recordó siquiera su nombre de
pila, mas sí que era propietaria de un vehículo en el que habría sido
trasladado al centro de salud, o bien fue llevado por varias personas,
entre ellas Leandro Luis Ríos, hacia el pie de la escalera ubicada en el
ingreso de la villa 20.-
Nada parece quedar en claro o dicho de
otro modo, solo queda en claro que estas versiones no pueden
compatibilizarse para conformar un mismo hecho fáctico, pues
sencillamente cuentan distintas realidades que no se condicen entre
sí.-
Si bien los testimonios referenciados
coinciden en aspectos temporales y espaciales generales, no han
podido dar mínimas certezas sobre un aspecto de extrema relevancia,
sino medular, en lo que atañe a esta investigación. No es otra cosa
que las circunstancias en las que Bernardo Salgueiro perdiera la
vida.-
Aquello no solo constituye un obstáculo
para la construcción de la verdad histórica, sino que compromete
seriamente las afirmaciones que le siguen en torno a la ubicación de
los autores de los disparos.-
Para determinar la ubicación desde
donde pudieron provenir los disparos, no da igual una víctima
estática, agazapada tras una chapa, de frente al sector en donde se
ubicaban las fuerzas de seguridad, que una víctima corriendo,
alejándose de allí o agachado, ayudando a una pequeña que acababa
de caer.-
Pretender que cualquier posición en la
que se encontrara la Bernardo Salgueiro indique que el lugar desde el
que se efectuaron los disparos es aquel que ocupaban las fuerzas de
seguridad, equivale a construir históricamente el suceso desde el
resultado o desde la imputación hacia la prueba, vale decir, a la
inversa, burlando la estructura del razonamiento deductivo lógico y
desechando, sencillamente porque sí, las versiones que colocan a la
víctima en un cono de trayectoria distinto de aquel que permita
incluir al personal policial como ejecutor de la maniobra.-
Esta modalidad sobre la que se
construye la sospecha choca, como se ha hecho constar, con la
estructura deductiva lógica que debe primar en el razonamiento de
cualquier decisión, máxime de índole judicial.-
Desde esta perspectiva se habla de una
justificación interna y una externa en las decisiones, en esta última lo
que importa será cómo se probó el hecho, conforme qué pruebas,
conforme qué medios y procedimientos probatorios, luego de ello la
atención deberá centrarse en justificar las razones por las cuales se
considera válida y aplicable la premisa normativa y cómo es que fue
probado, interpretado y reconstruido el hecho que forma la premisa
fáctica. Esta metodología aplicable a cualquier decisión describe
cómo es que se justifican las premisas que conforman el silogismo.-
Sin embargo, soy de la idea que las
particularidades evidenciadas, lejos de responder al desconocimiento
sobre las premisas fundamentales del razonamiento, conforman el
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único modo de arribar a un resultado que, en la teoría, pretende
justificar el tiempo transcurrido, los recursos técnicos y los recursos
humanos empleados a lo largo del proceso, sobre la base de una única
hipótesis criminal barajada desde el inicio e insuficiente para dar
explicación a un suceso de suma complejidad.-
Volviendo al nudo de la cuestión, la
imputación sobre el personal policial que se hallaba en el puente de la
avenida Escalada, encuentra sustento, desde la óptica del Fiscal,
además en el peritaje incorporado a fs. 2092 que tuvo por objeto
determinar la trayectoria posible de los distintos disparos que
impactaron sobre las víctimas.-
Claro está, a los efectos de determinar
la posición del cuerpo de Bernardo Salgueiro al momento de ser
impactado por el proyectil que le diera muerte, se encomendó al
personal de la Gendarmería Nacional que especialmente debería
tenerse en cuenta la versión de los testigos María Lourdes Ocampos y
Nicolás Núñez Cabeza de Vaca. Parece implícitamente reconocer el
Sr. Fiscal lo inconciliable de las distintas versiones existentes en
relación a la ubicación y actividad concreta de Salgueiro al momento
del impacto.-
La elección sobre cuál de la versiones
existentes es aquella que refleja con mayor certeza lo ocurrido,
insisto, responde a la idea de sostener la hipótesis defendida desde el
inicio mismo de las actuaciones, pues ningún otro elemento habilita a
inclinarse por un de ellas en detrimento de las restantes.-
Pues bien, el peritaje, respondiendo a
las premisas establecidas, finalmente se llevó a cabo, arrojando como
conclusión los distintos conos posibles de trayectoria de los
proyectiles que impactaran en las víctimas.-
Para todos los casos de análisis, los
expertos explicaron que “Teniendo presente que el cuerpo posee una
estructura dinámica multi-articulable que puede adoptar diferentes
posturas, las cuales pueden hacer variar notablemente las
trayectorias, para el presente informe únicamente se tendrán en
cuenta las posiciones dadas por los testigos, víctimas e informes de
autopsias según el caso”13.-
Asimismo, se hizo saber que “para
graficar las trayectorias conforme la posición del cuerpo, la herida,
las características del proyectil y del arma, se trazará un cono de
posibles trayectorias donde podría haberse encontrado el tirador, la
cual podría ser mas acotada si se contara con mayores datos al
respecto.-”14
Ambas referencias, citadas
textualmente, permiten conocer los límites de la experticia con la
información disponible en el sumario, la determinación del cono de
trayectoria será, la ubicación desde la que resultaría factible que
hubieran provenido los disparos, mas no excluyente.-
En lo que respecta a Bernardo
Salgueiro, logró establecerse sobre la base de dos versiones que
concordaban en muchos aspectos entre sí, dos conos de trayectoria
que comprenden espacios geográficos distintos como así también
distancias diversas en relación a la boca de disparo. También debe
decirse que comparten una pequeña porción del cono que se
corresponde con el sitio en el que se hallaban, en la versión de los dos
testigos escogidos, el personal policial.-
13
Textual del peritaje de la Dirección de Policía Científica de la Gendarmería Nacional, punto III,
Desarrollo Fundamentado, 1er párrafo.- 14
Textual del peritaje de la Dirección de Policía Científica de la Gendarmería Nacional, punto III,
Desarrollo Fundamentado, 2do párrafo.-
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Aquella conclusión permite entonces
sostener, en la versión de los testigos escogidos para establecer el
sitio en el que fuera herido mortalmente Salgueiro, que el cono de
trayectoria trazado, en un vértice del mismo, incluye el sector en el
que se hallaba el personal policial como un lugar factible desde el que
pudo provenir el proyectil que lo impactara.-
Necesario es aclarar, como ocurrirá en
los restantes casos, que las limitaciones técnicas esgrimidas por los
expertos, permiten arribar a una probabilidad que no excluye otros
sectores desde los que pudieron efectuarse los disparos. Esto
determina que la experticia no sea determinante sino ilustrativa. Su
fiabilidad se hubiera visto incrementada de haberse contado con
mayores elementos o certezas en el expediente.-
En relación a las heridas que sufriera
Wilson Ramón Fernández Prieto, éste ha dicho que el día 7 de
diciembre de 2010, regresó a su domicilio, siendo aproximadamente
las 16.50 hs., luego de realizar unos trabajos de albañilería cuando se
presentó en su domicilio Bernardo Salgueiro quien le preguntó por
“Nelson”, indicándole el declarante que se hallaba en el piso superior
de la finca. Allí Salgueiro permaneció por tiempo aproximado de
cinco minutos, luego de lo que se fue, acotando Fernández Prieto que
aquella fue la última vez que vio a Salgueiro.-
En primera instancia dijo haberse
negado a concurrir al sector en el que se realizaba la toma de los
terrenos, sin embargo luego de ser invitado por “chichi” y “Cintia”,
accedió y los acompañó, siendo las 17.40 hs., hasta el sector del
conflicto, sitio en el que también se encontraban “líder” y Nelson
“chata”.-
Una vez en el lugar fue invitado
concretamente a tomar uno de los lotes por parte de los dos
mencionados en primera instancia, negándose Fernández Prieto, pues
para quedarse allí debía perder su trabajo.-
Luego, se dirigió hacia el sector en el
que se encontraban “líder” y Nelson “chata”, acudiendo hacia la
entrada del parque en respuesta a los llamados de los distintos sujetos
que solicitaban, al grito de “vengan miedosos, si quieren su terreno
vengan”, apoyo en la resistencia a la orden de desalojo.-
Finalmente, el damnificado regresó a la
canchita de futbol ubicada frente a la avenida Escalada, observando
que mucha gente corría por arriba y por debajo del puente siendo
perseguidos por personal de la Policía Metropolitana y de la Policía
Federal que efectuaban disparos de escopeta, replegándose
Fernández Prieto hasta una cancha de vóley, desde donde comenzó a
observar la situación.-
Luego de ello comenzó a caminar por la
calle Chilavert en dirección hacia el puente de la avenida Escalada,
deteniendo su marcha en el punto identificado como (14) del mapa de
referencia adjunto a su declaración de fs. 1762/176515.-
Allí “El había comenzado a darse
vuelta hacia la derecha para volver por sus pasos y dirigirse a la
segunda canchita de futbol. En ese momento, mientras su hombro
izquierdo estaba en dirección al puente, sintió un golpe en su
hombro. Con el golpe detuvo su giro. Se miró el hombro y sintió que
15
Es de hacer notar que la ubicación descripta por el testigo del momento en el que recibe el impacto,
difiere de aquella brindada en su otra declaración de fs. 257/259. Allí se reconoce en la cancha de
voley, indicada en el plano de referencia adjunto al acta de fs. 1762/1765 como punto 12, mientras
que en esta ocasión lo hace con el punto 14, de mayor proximidad al sector en donde se hallaba el
personal policial.-
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le quemaba la oreja derecha y escuchó un ruido en un paredón que
está allí en forma transversal al puente. Primero siente el impacto
del hombro y en forma inmediata que le quemaba la oreja. Fue
distinto tiempo pero en forma inmediata uno de otro. Calcula que ahí
serían las 19:15 o 19:20 horas. Se vio un moretón con un agujero en
el hombro y la oreja le empezaba a sangrar. Terminó de hacer su
giro y se dirigió a la segunda canchita…”
Sobre la base de su relato se realizó la
proyección sobre el cono de trayectoria posible del disparo que
impactara en su hombro y oreja, graficándose dicha circunstancia
mediante la incorporación del plano de fs. 2144 y sstes.-
Pues bien, amén de las limitaciones a
las que se ha hecho referencia en los párrafos que anteceden sobre las
precisiones del informe que pretende trazar la trayectoria del disparo,
deben destacarse además algunas otras circunstancias de interés para
la pesquisa.-
Se muestra en el grafico referenciado
que Wilson Fernández Prieto se hallaba a unos treinta y cinco metro
del puente de la avenida Escalada, concretamente del sitio en el que
ubicó al personal policial, mas aquello tampoco guarda relación con
lo manifestado por él mismo, quien afirmó que se hallaba a unos
ciento cincuenta metros el puente cuando recibió el impacto.
Concretamente dijo “que de los policías que se encontraban arriba
del puente estaría a unos 150 metros aproximadamente, y de los que
estaban debajo del puente, a unos 200 metros aproximadamente”.-
Por lo demás, como ha sucedido con
casi la totalidad de los testimonios de relevancia y mas allá de lo
referido en cuanto a la distancia que existía entre el personal policial
y la víctima, su ubicación tampoco puede deducirse con claridad de
otros testimonios incorporados a la causa, su propio relato a variado
de un modo llamativo.-
En su primer intervención ha hecho
referencia a que se hallaba corriendo al momento de los impactos (fs.
44), insistiendo con aquella versión al momento de ser preguntado
para que diga si pudo identificar a la persona que efectuara los
disparos, manifestando que “no pudo ver de quien provenía ya que se
encontraba corriendo de espaldas”, sin perjuicio de lo que luego ha
dicho que aquellas referencias no eran del todo precisas o exactas (fs.
258), sin que se adviertan o haya sido indagado sobre los motivos de
aquellas imprecisiones.-
Por otro lado, estas imprecisiones se
alimentan de otros testimonios, por caso el de Miguel Patiño que se
ha referido a la conversación que mantuviera con Fernández Prieto
mientas ambos eran asistidos, en la que éste le manifestó que creía
que los disparos no habían provenido del personal policial y, por
tanto, tampoco del lugar que ahora señala.-
Resta decir lo que parece obvio pero
que sin embargo no ha sido explicado a lo largo del extenso dictamen
fiscal, si la víctima oyó un solo disparo, y es aquello lo que le permite
sostener la hipótesis de la autoría policial, cómo se explica el segundo
impacto. La respuesta parece inclinarse hacia idea de un segundo
disparo, quizás, desde un sitio mas alejado, desde el cual pudo
confundirse con cualquier otro ruido producido por distintos
elementos, por caso, aquellos petardos a los que aludiera, entre otros,
Sandra Gutiérrez (ver fs. 18).-
Sin embargo, aquella explicación
refutaría nuevamente la hipótesis Fiscal, de modo que ha resultado de
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mayor comodidad argumental, dejarlo inexplicado. El segundo
disparo, sencillamente, no habría emitido sonido.-
En lo que respecta a José Ronald
Merivia Guzman, ha podido constatarse que recibió un impacto en la
pierna en momentos en que regresaba a su domicilio en el interior de
la villa 20.-
Dijo al respecto que “Desde ahí me
dirigí caminando hacia la villa 20 por Av. Escalada y antes de llegar,
donde esta la entrada principal de escalada del cementerio de autos
de la Policía Federal veo gente que viene corriendo por arriba de
Av. Escalada y se lanzaban por la barranca para bajar a la villa;
algunos tiraban piedras. También veo policías que venían por Av.
Escalada pero del otro lado, detrás de la gente. Yo sigo caminando
rápido hacia la villa y al llegar a la bajada de pasto que está ahí,
baje bien pegado al límite del cementerio de autos. Antes de llegar al
final de la barranca hay como un descanso, y ahí giré un poco a la
derecha, en dirección al puente, justo cuando giro hacia la derecha,
y me encuentro en el descanso de la barranca, mirando de frente al
puente que pasa por encima de las vías del ferrocarril siento un
impacto en la pierna derecha. Sin darme cuenta demasiado, porque
sentí sólo como un calos, empecé a correr para adentro de la
villa…”
Se cuenta además con el informe
realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional (fs.
2165/2166) que concluye que las lesiones que presentara José Ronald
Meruvia Guzmán lo han imposibilitado para el trabajo por un lapso
menor al mes a partir de la fecha de comisión del hecho.-
En lo que atañe al mecanismo de
producción de las heridas, pudo establecerse que las mismas
reconocen la penetración y trayectoria de proyectil de arma de fuego,
vale decir, no existen dudas en cuanto a que el damnificado fue
alcanzado por un proyectil disparado por arma de fuego, mas aquello
en modo alguno permite afirmar o sospechar sobre la autoría del
mismo, pues siquiera la propia víctima ha hecho referencias concretas
en aquel sentido, limitándose a describir su ubicación al momento de
ser herido.-
Aquella imposibilidad de determinar
con un grado de precisión atendible la dirección de los disparos,
particularmente en lo que atañe a establecer el orifico de entrada y el
de salida del proyectil guarda íntima vinculación con el tiempo
transcurrido desde el momento del hecho hasta que fuera examinado
por los galenos del Cuerpo de Peritos Médicos, ocho meses después.-
A su tiempo, también expuso sobre las
heridas recibidas Jhon Alejandro Duré Mora y sostuvo que comenzó
a correr por dentro del parque bordeando la Av. Escalada, en
dirección a las vías del ferrocarril, siendo su intención la de ingresar a
la villa 20 por debajo del puente de la Av. Escalada y las vías del
tren. Allí detuvo su marcha (véase el punto 1 de la fotografía
incorporada a fs. 1942), desde donde comenzó a arrojarles piedras a
unos cinco o seis policía que intentaban bajar por el puente Escalada.
Es en ese preciso instante en el que dijo haber sentido un fuerte
impacto en la pierna izquierda que le hizo sentir que su pierna se
había quedado pegada al asfalto.-
Es así que la víctima comenzó a gritar,
levantando los brazos hacia el sector en el que se hallaba el personal
policial, como queriendo indicarles a éstos que no podía moverse. En
ese instante dijo haber advertido un impacto en el suelo, a su lado,
que habría originado chispas.-
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Identificó al personal policial que se
encontraba en aquel momento sobre el puente Escalada, por el tipo de
vestimenta, como perteneciente a la Policía Federal Argentina.-
El peritaje relacionado con el cono de
trayectoria posible para establecer la boca de disparo, lo ubica en una
posición que difiere de la indicada por Duré Mora al momento de
prestar declaración testimonial, no se ubica ya sobre la calle paralela
al puente Escalada tal como surge del punto 1 de la fotografía de fs.
1942, sino sobre el terraplén del referido puente (véanse gráficos 48 y
49 de fs. 2131 y 2132 respectivamente).-
Sin perjuicio de ello se trazó el cono
posible de trayectoria conforme se aprecia en el informe de fs. 2146 y
sstes, determinándose que el sector en el que se hallaba el personal
policial comprende aquel desde el que resulta factible que hubiera
provenido el disparo que impactara en su pierna.-
Amén de ello, no parece responder a
una posición natural la adoptada por Duré Mora, de perfil al puente
Escalada con su vista hacia el extremo opuesto del incluido como
aquel en el que pudo encontrarse la boca de disparo, pues además se
contradice con su propia versión, en la que indicó que al momento de
ser impactado se encontraba arrojando piedras al personal policial.
Vale decir, a partir de esta afirmación debiera presumirse que se
encontraba de frente al puente, no de costado, y menos aún, con su
centro de visión hacia el otro extremo (véase la posición adoptada en
el gráfico 50 de fs. 2132 y el giro de su cabeza para visualizar el
sector en donde se habría ubicado la boca del cañón, representada por
la boca de la cámara fotográfica).-
Desde esta perspectiva resulta
sencillamente ilógico sostener que se encontraba arrojando piedras
hacia el sector desde el que se presume se efectuaron los disparos, a
tal punto, que el gráfico 51 de fs. 2133 lo muestra prácticamente
dando la espalda a aquel sector.-
Quizás, de haberse incluido la hipótesis
que se desprende de la probada existencia de armas (pistolones y
escopetas) en manos de particulares, no hubiera tenido que forzarse la
razón de tal forma. La posición de Duré Mora para la determinación
del cono posible de trayectoria se reconoce como un intento por parte
de éste en demostrar, a ultranza, que el disparo debió provenir de
aquel sector, aún a costa de burlar la lógica.-
No pretendo discutir la posibilidad
fáctica de que los hechos se hubieran producido como lo sostiene la
hipótesis Fiscal, sino sólo dejar en claro que no puede quedar librado
a la voluntad individual de ningún funcionario judicial la elección
entre distintas hipótesis que reconocen la misma probabilidad técnica,
máxime, cuando la prueba mediante la que se pretende sostener una
de ellas, en detrimento de las demás, se ha construido sobre la base
de testimonios contradictorios que, siquiera, han servido de
fundamento para desechar las restantes hipótesis criminales.-
Posibilidad técnica no equivale a
sospecha.-
- De la imputación sobre la muerte de Rossemary Chura
Puña y las lesiones de Juan Segundo Araoz y Miguel Ángel
Montoya:
Como se ha hecho constar al inicio de
esta resolución, en el extremo opuesto del Parque Indoamericano,
sobre el autopista Cámpora, en cercanía con la intersección de la
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avenida Castañares, se hallaban Rossemary Chura Puña, herida
mortalmente por un proyectil de arma de fuego, Juan Segundo Aráoz
y Miguel Ángel Montoya, ambos heridos por impacto de bala de
plomo.-
En relación a las circunstancias que
rodearon el episodio del fallecimiento de Chura Puña, el Sr. Fiscal
destaca fundamentalmente dos testimonios que le permiten
reconstruir los momentos previos a que la víctima fuera impactada
por un proyectil de plomo.-
En esa dirección, transcribe parte de la
declaración de Lisbett Gutiérrez Martínez, quien manifestó “el día 07
de diciembre de 2010, nosotras -Rossmary, mi hermana Sandra y yo-
habíamos ido al lugar donde estaban ocupando los terrenos a
mirar… ellas estaban sobre el autopista, a unos 300 o 400 metros de
Av. Castañares, a la altura del barrio Carrillo, y lo único que
alcanzaban a ver era un camión que tiraba agua a la gente que venía
corriendo dentro del parque por al costado de Av. Castañares…
siendo aproximadamente las 20:30 o 20:45, la gente seguía viniendo
para ese lado y decía que venía la policía. Parte de la gente que
venía corriendo, paraba y peleaba con la policía y tiraba piedras,
botellas palos, y después seguía corriendo… Rosmary estaba parada
sobre una de las protecciones de cemento que hay al borde de la
autopista, y decía que quería mirar bien quien era que perseguía a la
gente. Nosotras le decíamos que se bajara pero ella insistía que
quería ver y nos decía que esperáramos, que la policía nos estaba
tan cerca, y que cuando estuvieran cerca, iban a poder salir
corriendo…Rosmary dijo en un momento que se aproximaba más la
policía, le insistimos que bajara, yo di la vuelta para salir corriendo.
Corro tres pasos, y como la gente ya estaba casi encima corriendo, y
me avisan que se había caído Rosmary, me di vuelta para verla, y ahí
la veo que esta caída, aunque no pude ver cuando cayó, y pensé que
se había caído de la protección de cemento. Cuando la alzo, pido a
gritos que llamen a Sandra, la alzamos, y vimos que había sangre en
el piso, pero no podíamos ver de donde salía. Pedimos ayuda a unos
jóvenes de los que venían corriendo, la alzamos y nos ayudaron a
trasladarla unos cien metros. Había un coche que salía de la Villa
Esperanza y le pedimos si nos acercaba a un hospital, y yo la
acompañé en ese coche hasta el Hospital Piñeyro, y en el viaje sólo
me agarraba la mano y me miraba pero no podía hablar. Cerraba un
poco los ojos, los abría de nuevo, y al llegar al hospital la pusieron
en una camilla… cuando estábamos conversando con el marido,
salió el médico y nos dijo que había fallecido… Rosmary que es más
alta, y estaba sobre la contención de material, dijo en algún
momento que venía la policía por detrás del camión que arrojaba
agua, y además mucha gente venía también de mas atrás de donde se
encontraban ellas, hacia Av. Castañares… La posición de Rosmary
era siempre mirando hacia el lugar donde estaba el camión que
arrojaba agua, y cayó después, boca abajo hacia la autopista”.-
Por su parte, también se ha destacado el
testimonio de Sandra Gutiérrez Martinez (fs. 184/186) quien se
hallaba en compañía de la testigo Lisbett Gutiérrez Martínes y de la
víctima mortal Chura Puña.-
Expuso que “el martes 7 de diciembre,
a las 19.30 horas aproximadamente, tanto la dicente como su
hermana, Lisbett Gutiérrez Martínez, y Rosamarie Chura se habían
dirigido a las cercanías del lugar donde se estaban produciendo
desalojos en el Parque Indoamericano, con la finalidad de poder
comprar algún lote que quedara cerca de la autopista 7, pues sabían
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que algunos estaban en venta. Precisa que se ubicaron sobre dicha
autopista a unos 600 o 700 mts. (seiscientos o setecientos metros) de
la avenida Castañares, y que, al momento de llegar, vieron que desde
esta última avenida habían empezado a producirse corridas –había
empezado el desalojo- en sentido a Ricchieri, que era de donde
venían ellas… En ese contexto, indica que Rosamarie se subió a los
guardarrail de cemento que bordeaba la autopista 7, para poder ver
mejor lo que sucedía. Aclara que, más allá de las corridas, el carro
policial permanecía en el mismo lugar; que la gente corría, pero
algunos (a los que se refiere como “chorritos”) , que tenían cubierto
el rostro y llevaban machetes, le arrojaba al móvil hidrante piedras y
petardos. En ese marco decidieron comenzar a correr en el mismo
sentido en que corría la gente (hacia Ricchieri), pero Rosamarie –
que veía mejor desde su posición-, les decía a la dicente y a su
hermana que no corrieran, que les convenía quedarse, porque la
policía no avanzaba. No obstante, como las corridas y los disturbios
fueron incrementándose, finalmente la dicente comenzó a corre con
su hermana; y, al cabo de aproximadamente diez metros, escuchó
una explsión fuerte, distinta a la que había escuchado antes en el
lugar, momento en el que se dio vuelta y no encontró a Rosamarie,
sino después de quedarse en el lugar y buscar bien, dado el bullicio
que había, a la cual halló desplomada en el suelo. Agrega que por
ese entonces pensó que estaba lastimada por haberse caído, o
incluso fracturada, pero advirtió que estaba inconsciente y con
algunas gotas de sangre en la cabeza; “cinco gotitas nomás”, en
frase de la dicente. En ese marco intentaron levantarla, tarea que se
las hacía muy dificultosa, a lo que se sumaban el caos producido por
las corridas e, incluso, las pisadas sobre Rosamarie; empero uno de
los “chorritos” las ayudó a trasladarla hasta llegar al comienzo de
Villa Esperanza (a cien metros de allí estimativamente), donde había
una autopista donde ocasionalmente encontraron un coche
particular, cuyo conductor las llevó al Hospital Piñero. Por último
sostiene que en ese nosocomio fue anoticiada de la muerte de su
amiga y, recién allí, que había sido herida por arma de fuego…
estuvieron siempre mirando derecho –en línea recta- hacia donde
estaba el carro hidrante…”
En relación a este episodio, el Fiscal
insiste con la teoría de la autoría policial de los disparos,
circunstancia ésta que como se ha hecho constar aparece inexplicada
frente a la ausencia de datos objetivos que permitan sostenerla con
mínima seriedad.-
Amén de ello, se advierten ciertas
contradicciones e inconsistencias que le son propias al caso de Chura
Puña en concreto, por lo que corresponde sean abordadas en este
punto, aunque en definitiva, vienen a consolidar la idea de un criterio
arbitrario en la construcción de la hipótesis con la que se pretende dar
respuesta a un año de desaciertos.-
Veamos, en primer lugar corresponde
dejar en claro algo que surge con absoluta nitidez de los testimonios
referenciados, esto es, que no existen testigos que puedan dar fe de la
posición en la que se encontraba Chura Puña al momento de ser
impactada por el proyectil que le causara la muerte.-
Vale decir, sin perjuicio que se ha
intentado hacer ver como un hecho de la realidad que la víctima se
encontraba subida a la contención de cemento del autopista, de frente,
casi estática, al personal policial, lo cierto es que la conclusión que se
extrae de los testimonio citados, es justamente la contraria y se
caracteriza la falta de certeza sobre su posición.-
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Se desconoce por completo si en el
momento en el que las testigos comenzaron a correr, la víctima
sostuvo la posición en la que se había ubicado durante los instantes
previos y es allí cuando recibió el impacto o, si por el contrario, al
igual que el resto de la gente decidió bajar de la contención para
comenzar a correr o, si por caso, había dado ya algún paso y recibió
el impacto no ya desde el sector policial sino desde aquel en el que se
encontraban los particulares.-
Nada de esto, por mayor esfuerzo que
se ponga a la explicación, puede ser acreditado o desechado,
sencillamente porque no existen testigos que nos permitan inclinarnos
en alguna dirección.-
Al respecto véase que tanto Lisbett
Gutiérrez Martínez como Sandra Gutiérrez Martínez explicaron que
luego de comenzar a correr por el autopista y habiendo recorrido diez
metros aproximadamente, advirtieron, la primera de ellas según dijo
por comentarios de otras personas del lugar, que Chura Puña se
hallaba caída, agregando Sandra Gutiérrez Martínez que se dio
vuelta y no encontró a Rossemary, sino después de quedarse en el
lugar y buscar bien.-
Sin perjuicio de esto, debo decir que los
argumentos que me llevan a desechar nuevamente la hipótesis Fiscal,
no se agotan en la elección arbitraria por parte de éste de la posición
de la víctima, aspecto que por otro lado no ha sido acreditado y sobre
el que, sin embargo, avanzó disponiendo prueba que daba por cierto
aquel dato; existen muchas otras circunstancias que me obligan desde
mi mas íntima convicción a apartarme de sus hipótesis y
conclusiones, quizás, aquella que choca de un modo grosero con mis
principios y el respeto por los derechos fundamentales de todo ser
humano, sea la idea de avalar un dictamen construido sobre la base
de apreciaciones personales que en muchos de los casos no logran
explicar los eventos en su totalidad y en otros, sencillamente los
contradicen.-
Volviendo a lo concreto sobre las
circunstancias que rodearon la muerte de Chura Puña, uno de los
aspectos sobre los que entiendo debe ahondarse es en aquellas
manifestaciones a las que no se ha hecho referencia en el dictamen
Fiscal pero que sirven para ubicar, fundamentalmente a quien no se
encuentre impregnado de estas actuaciones, sobre la ubicación de la
víctima en relación al personal policial al que se adjudican los
disparos que le causaran la muerte.-
Sandra Gutiérrez (fs. 18) ha dicho al
respecto que ella, tanto como su hermana y Chura Puña, se ubicaron
“sobre la autopista mencionada, mas precisamente en la mano que
va hacia el Riachuelo, a aproximadamente unos quinientos metros
del puente de la avenida Castañares, a la altura del barrio Ramón
Carrillo…Rosmary se encontraba parada sobre un bloque de
cemento de unos 50 cm de altura, el cual es parte de muro de
contención de automóviles de la autopista, con su cuerpo en
dirección hacia el puente de Castañares, en razón de que ésta como
quien depone y su hermana, miraban como a unos 400 o 500 metros
–dentro del predio del Parque Indoamericano, entre lo que sería la
avenida Castañares y el denominado Piletón- tiraba agua un camión
de esta policía…”
Luego, ya en sede de la Fiscalía de
Instrucción Nº 24, la testigo Sandra Gutiérrez Martínez, volvió a
referirse a las distancias que las separaban de la avenida Castañares,
sitio en el que se hallaba el personal policial, indicando en esta
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oportunidad “que se ubicaron sobre dicha autopista a unos 600 o
700 mts. (seiscientos o setecientos metros) de la avenida
Castañares”, sin perjuicio de lo cual, luego de ser interrogada en
relación a algunas imprecisiones con las distancias, se rectificó,
indicando que “ahora se da cuenta que la policía estaba como a diez
cuadras aproximadamente”
Por su parte, Lisbett Gutiérrez Martínez
(fs. 181) con pequeña diferencia ratificó aquella distancia aproximada
“Explica que ellas estaban sobre la autopista, a unos 300 o 400
metros de Av. Castañares, a la altura del barrio Carrillo… dijo en
algún momento que venía la Policía por detrás del camión. Según la
declarante, el personal policial debía estar lejos, porque el camión al
que hizo referencia estaba lejos…”
Pues bien, a partir de las distancias a las
que hicieran referencia Sandra y Lisbett Gutiérrez Martínez, surgen
inevitables los siguientes interrogantes; cómo puede explicarse la
hipótesis de la autoría policial, sobre peritajes que han probado los
disparos de cartuchos modificados a cincuenta metros del blanco? Es
posible trasladar los ensayos sobre una distancia de cincuenta metros
a una distancia de mil metros sin que surjan diferencias, cuanto
menos a explicar?
Por lo demás, tampoco se ha puesto
énfasis en las declaraciones de las testigos en cuanto afirman haber
oído una explosión distinta de aquellas que se escuchaban por aquel
entonces y luego de la cual advirtieron que Chura Puña se había
desplomado en el piso, menos aún se ha considerado que conforme
sus dichos, esta explosión no provino del sector en el que se hallaba
el personal policial ni el carro hidrante, sino del barrio Carrillo, sitio
del que salían numerosas personas con la finalidad de enfrentar al
personal policial.-
Sería aquella la prueba sobre la
utilización de armas de fabricación casera en manos de particulares?,
lamentablemente para la investigación no podrá saberse, nada se hizo
al respecto, permanecieron inexplicadas aquellas circunstancias que
no guardaban relación con la hipótesis de la autoría policial.-
Luego, y quizás esto guarde alguna
vinculación con los interrogantes planteados, se advierte que el
informe del Cuerpo Médico Forense realizado al cuerpo de quien
fuera en vida Rossemary Chura Puña reconoce como trayectoria del
proyectil el sentido de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo16, a
todas luces inconciliable con la ubicación que ha pretendido darse a
su cuerpo al momento del impacto.-
No se requiere de un mayor esfuerzo
intelectual para advertir que no es posible que quien se encuentre en
un plano superior al de la boca del cañón (sobre el guardarrail de
contención del autopista) sea atravesado por el proyectil en el sentido
de arriba hacia abajo, a excepción, claro está, que aquella explicación
provenga de un estudio de las distintas parábolas posibles a distintas
distancias de disparo.-
Lo que no parece, sin ánimo de abrir
juicio de valor sobre aspectos técnicos específicos, es que pueda
16
En cara lateral del hemitorax derecho, línea axilar anterior, a 5 cm por debajo del pliegue axilar hay
una herida contusa redondeada de 7mm, rodeada de un halo equimótico excoriativo de 2 mm, con
características de orificio de entrada de proyectil de arma de fuego. Explorado en profundidad, el
proyectil ingresa al tórax por el 4º espacio intercostal derecho, perfora pleura y pulmón derecho en su
lóbulo medio, perfora el pericardio, atraviesa el corazón a nivel de los ventrículos derecho e izquierdo,
sale del corazón y perfora el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. En su recorrido genera una
hemopleura derecha de 900 ml de sangre, 200 ml de sangre en pericardio y 700 ml de sangre y
coágulos en espacio pleural izquierdo. El proyectil sale del tórax por el 6º espacio intercostal izquierdo,
línea axilar media y queda alojado sobre la mama izquierda, cuadrante superointerno, desde donde se
extrae un proyectil de plomo desnudo deformado tipo posta de munición múltiple (textual de la
autopsia 2900/10, examen traumatológico, punto 2 de fs. 140)
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hablarse de una parábola tan pronunciada en base a las distancias
sobre las que se han realizado los peritajes (cincuenta metros).-
Quizás la respuesta no conlleve una
complejidad extrema, o bien la víctima ya no se encontraba estática
mirando hacia la avenida escalada, sino bajando de aquel montículo,
en alguna posición que permita la trayectoria descripta, inclinando su
cuerpo, o bien el disparo en esas mismas condiciones, provino desde
un sitio de mayor cercanía, por caso, desde el sector en el que se
produjo aquella explosión que llamó tanto la atención de las testigos.-
Aquella información sin embargo, y a
pesar de lo expresado por los propios expertos en balística, en cuanto
a que el proyectil extraído del cuerpo de Rossemary Chura Puña,
pudo ser disparado por armas de fuego tipo escopetas o armas de
fabricación casera con cañones de ánima lisa (ver último párrafo del
peritaje balístico de fs. 280/290), nada representó para la hipótesis
Fiscal.-
En aquel mismo contexto, como se ha
señalado, fueron heridos Miguel Ángel Montoya y Juan Segundo
Aráoz.-
El primero de los nombrados expuso
que “el día 7 de diciembre de 2010, yo estaba en la casa de un amigo
que vive en Los Piletones o Villa Esperanza… Estábamos ahí y
cuando se escucha todo el quilombo, alguien vino y le dijo algo y él
se fue y me dijo a mi que no salga. Se escuchaban los escopetazos.
Salgo y miro de lejos y veo que había policías y un camión parado y
toda la gente tirándole piedras. El camión estaba en la autopista 7 y
Castañares, pero había policías mas adelante del camión que venían
caminando por arriba y por el costado de la autopista 7, reprimiendo
a la gente. Yo seguía en la autopista, a la altura de Los Piletones,
mirando, y veo que viene Fede corriendo y me dice que le habían
dado al hermano, y que fuera a ayudarlo. Fuimos corriendo, siempre
por la autopista, hacia el lado de Castañares. La policía seguía
avanzando hacia donde estábamos nosotros. Llegamos hasta donde
estaba el hermano de mi amigo y lo levantamos porque estaba tirado
en el piso. Pasó un auto y lo subimos al auto. Arranca el auto, y yo
quedo ahí solo con Fede. Toda la gente iba corriendo para el lado de
Los Piletones. En ese momento, la policía estaba a unos diez o
quince metros de donde estábamos nosotros; eran tres o cuatro que
estaban del lado de adentro del parque; había mas policías sobre la
autopista pero mas lejos. Ahí veo a uno de los policías que estaba
mas cerca de nosotros, que prendió lo que creo que era una bomba
de gas y la tiró hacia donde estábamos nosotros. Cuando veo que la
prende, hace mucha luz y veo a un policía que estaba con una
escopeta. Después escucho un disparo y siendo algo en la pierna,
como que me pegó algo, pero no me dolía, y al darme vuelta,
inmediatamente siento algo en la espalda. Apoyé la pierna y no podía
caminar, y como pude me fui rengueando para atrás y me subí al
mismo auto al que habíamos subido al otro pibe y nos llevaron a los
dos al Hospital Piñeiro. Ahí me revisaron y me curaron. Vino una
doctora que anotó todo, y después me dieron el alta. Volví a la casa
de Fede en Los Piletones, pero me dijeron que no me quedara ahí
porque era menor, y entonces me fui a mi casa…”
Preguntada la víctima para que diga
concretamente si podía identificar el lugar desde el que le habrían
disparado, indicó que “si bien no pude ver, seguramente me
dispararon los policías que estaban adentro del Parque, porque vi
que tenían escopeta y escuché un disparo. Creo que me dispararon
con un cartucho de escopeta con bala de plomo, porque escuché un
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solo disparo, y fueron tres balas, dos que me pegaron en el cuerpo y
otra que pasó por la camiseta y la agujereó. Debe haber sido con un
cartucho de escopeta tumbera, porque yo estaba parado de frente y
según donde fueron las heridas y la rotura de la remera que yo tenía,
tiene que haber sido un solo cartucho de esos, que son de fabricación
casera. Además, yo estaba parado de frente a esos policías y sentí el
impacto de bala en la pierna, e inmediatamente, al darme vuelta, el
de la espalda”… “que él se encontraba sobre la Autopista mirando
de frente hacia el lugar en que se encontraba la policía en el interior
del Parque Indoamericano, y ahí recibí el primer impacto en la
pierna izquierda; con ese primer disparo, giré hacia la izquierda e
instantáneamente sentí el segundo impacto en la espalda. Del
impacto en la parte delantera de la remera no me di cuenta en ese
momento sino después en la casa de la madre de mi hija, de nombre
Vanesa Domínguez, que vive también en Los Piletones; fue ella quien
se dio cuenta de que tenía un agujero en la parte delantera de la
camiseta”.-
Finalmente, preguntado para que diga si
pudo ver armas de fuego en manos de particulares adujo que “no, yo
no vi armas en poder de la gente que estaba tirando piedras; si había
mucha gente colgada de un muro que separa Soldati del Autopista,
pero no se si tendrían armas”.-
Al igual que ocurre con todas las
víctimas mencionadas hasta aquí, no existen dudas en cuanto a que
Miguel Ángel Montoya fue herido por proyectil de arma de fuego, así
lo ha hecho constar el informe Médico Forense de fs. 1984, que da
cuenta de la existencia de dos heridas producidas por arma de fuego,
la primera en el muslo izquierdo con orificio de entrada en región
anterior y salida en cara interna sin compromiso óseo y la segunda en
región lumbar izquierda con entrada y salida de tipo dedal.-
Luego, las circunstancias que
permitirían determinar el sector desde el que recibiera ambos
disparos reconocen ya algunas contradicciones que impide certeza en
la determinación.-
Veamos, dice la víctima haber oído un
solo disparo, luego del cual sintió un impacto en su pierna izquierda.
Al instante giró sobre si mismo sintiendo un segundo impacto, esta
vez en su espalda.-
Si solo se efectúa un disparo pero
presenta dos lesiones que se producen en dos momentos distintos la
lógica indica que, como poco, la boca de salida del proyectil que
impacta en segundo término deberá buscarse en un sitio distinto al
señalado por Montoya, prueba de ello resulta del peritaje realizado
para determinar el cono de trayectoria posible, particularmente el
cono trazado en el informe de fs. 2142 y sstes, da cuenta de las
contradicciones aludidas, para cuya resolución debieron perfilarse
dos conos de trayectoria posible, uno para cada impacto recibido.-
Lo llamativo es que no existe punto de
conexión entre ambas, no se trata de una zona genérica, dentro de la
cual se incluye a otra de mayor precisión, sino de trayectorias que
ubican la boca del cañón en direcciones opuestas, por lo que
resultaría imposible, cuando no antojadizo, establecer sobre esa base
el sector desde el que debieron provenir los proyectiles.-
Menos aún, en cuanto se descubre que
Montoya manifestó que al momento de recibir el primero de los
impactos se hallaba sobre el autopista, de frente hacia el sector en el
que se hallaba el personal policial y a los efectos de determinar la
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trayectoria inversa del disparo se ubica en el playón lindante a Los
Piletones, cambiando luego su posición unos 13.60 metros al sureste
de la anterior.-
Por si fuera poco, la víctima discurre
luego sobre aspectos vinculados al tipo de arma que habría sido
utilizada conforme su posición, las heridas presentadas y el tipo de
marca que habría dejado sobre su remera, aludiendo a aquellas de
fabricación casera, afirmando la existencia de un único cartucho de
ese tipo, lo que no hace mas que contradecir sus propias afirmaciones
vinculadas a aquellos policías a los que parece sindicar como autores
de los disparos y que portaban escopetas, lo mismo ocurre con su
propia experiencia de haber sentido dos impactos en tiempos muy
acotados pero distintos entre sí.-
Sus explicaciones y elucubraciones
diversas sobre el mismo asunto, va de suyo, carecen de la fuerza
probatoria necesaria como para sostener una acusación de tamaña
gravedad.-
A su tiempo expuso Juan Segundo
Aráoz (fs. 1966) “Que el día 7 de diciembre de 2010 se encontraba
en el domicilio de su padre en el calle “F”, casa 308, del barrio
Ramón Carrillo de esta Ciudad, mirando televisión y pudo ver que
había una toma en el Parque Indoamericano, por curiosidad, siendo
aproximadamente las 19:00 o 19:30 horas, se dirigió al lugar
acercándose por el lado de la Villa Esperanza, porque en la
autopista 7 había gente que había hecho un piquete y la Policía
Federal desde arriba del puente de la Av. Castañares estaba
reprimiendo. Entonces ingresó al predio del Indoamericano por el
lado de la Villa Esperanza. Había personal policial que venía desde
la Av. Castañares bordeando la autopista 7 y también algunos venían
desde adentro del parque por el bajo de Los Piletones. El se fue
caminando, bordeando la autopista 7, para el lado de la av.
Castañares, por un playón de asfalto que hay en el lugar. Cuando
estaba a la mitad del playón, entre las casillas que se habían
montado en el lugar, un policía, de los que venían bordeando la
autopista en el sentido contrario que el declarante, se asomó de entre
una casilla y le disparó con lo que podría ser una escopeta. Como
estaba oscuro no pudo ver bien con que arma le disparó. El sintió un
dolor en la rodilla izquierda del lado de afuera. La gente que estaba
en el lugar lo ayudó y lo llevaron al Hospital Piñero. En ese mismo
auto había otro pibe que estaba herido. No conoce a ese otro pibe,
pero puede ser que él lo conociera al declarante del barrio”
Éste es, sin dudas, el testimonio que
mejor se adecua a pautas mínimas de seriedad y certeza, la
imputación que lanza Juan Segundo Aráoz es concreta y vinculada a
un oficial, presuntamente de la Policía Federal Argentina, que aún no
ha sido identificado.-
Sin perjuicio de ello, la víctima ha
brindado una descripción precisa, -se trataría de un sujeto de 1.80
metros de altura, tez trigueña, no muy oscura, sin barba ni bigote,
delgado, vestido de ropas oscuras, con chaleco y casco- como para
ahondar en aquella dirección y dar, no a modo genérico sino
particular por el hecho denunciado, con quien, en la versión del
damnificado le habría efectuado un disparo con un arma de fuego.-
Por lo demás, la víctima también hizo
alusión a que creía ver a su agresor habitualmente, junto con otros
policías indicando la zona precisa a la que se refiere.-
Luego, las características del proyectil
con el que fuera herido Araoz y eventualmente su comparativa con
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aquellos de los que se provee el personal de la Policía Federal
Argentina, en virtud de haber quedado alojado en la zona posterior de
la víctima, aparece cuanto menos hoy, como un dato de dificultosa
obtención.-
A modo de conclusión, puede decirse ya
a esta altura del análisis que la hipótesis criminal sostenida por el Sr.
Fiscal no reconoce mayor argumento que su propia obstinación, por
momentos desafiando a la razón, la lógica, la experiencia y la
psicología.-
Algunos pasajes en particular han
venido a ejemplificar de un modo evidente, las fallas en la estructura
lógica sobre la que se ha pretendido conformar la imputación penal,
ello, amén de las omisiones a las que me he referido en los primeros
párrafos.-
Sólo a modo de ejemplo: En el
contexto de los hechos que damnificaran a Juan Segundo Araoz
destaca el titular de la acción el recalcado valor probatorio de lo
manifestado por la víctima al serle exhibidas las imágenes del video
Nº 6, oportunidad en que aquel declaró “A tiempo de 1:21:36 puede
observarse personal policial con ropa oscura caminando por la zona
del parque en dirección al declarante igual que lo ocurrido en esa
oportunidad. También puede observarse personal policial al tiempo
1:36:30. Agrega que al tiempo 1:37:07 puede ver el Peugueot 504
color negro, en el que habría sido trasladado al Hospital Piñero,
justo cuando pasa por detrás del carro hidrante…”.-
El dictamen continúa destacando que el
reconocimiento espontáneo, por parte de Aráoz, del vehículo en el
que había sido trasladado al Hospital ofrece a la investigación un
parámetro temporal de utilidad, afirmación que en efecto comparto,
mas la apuesta se redobla afirmando que aquel reconocimiento
constituye además, otro elemento que valida la imputación al
personal policial actuante en la zona.-
Por mayor esfuerzo intelectual que
realice, no logro descubrir el vinculo entre el reconocimiento del
vehículo que trasladara a Aráoz hacia el hospital, que en todo caso
pareciera validaría su propia versión, con la imputación policial que
se ha pretendido. Afirmaciones de este tenor se repiten a lo largo de
todo el dictamen.-
-Del encuadre legal
A los efectos del encuadre legal el
titular de la acción destaca un dato, a su criterio concluyente, que se
proyecta sobre la categoría de la autoría: “los proyectiles disparados
por estos tipos de armas no son pasibles de ser cotejados con la
finalidad de identificar el arma con el que fueron disparados por no
presentar los complejos microestriales necesarios para la
identificación ARMA-PROYECTIL” (fs. 289).-
Ello, sostiene el Fiscal, sumado a que
del resto de la prueba rendida tampoco puede extraerse, al menos de
momento, la determinación del autor o coautores de la muerte y las
lesiones en cada uno de los dos escenarios delineados, provoca que se
abra paso la aplicación de los tipos legales del homicidio y lesiones
en agresión (Art. 95 del C.P.).-
Explica que la acción castigada es la de
ejercer violencia sobre la persona del ofendido, en el marco de una
agresión o riña, en la que tomasen parte al menos tres personas y
discurre luego por los distintos elementos objetivos del tipo,
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destacando en ese sentido la existencia de una agresión, la que
describe como el acometimiento de varios contra uno u otros que se
limitan a defenderse pasivamente.-
Desde el punto de vista subjetivo, luego
de un salto inexplicable en el nexo de causalidad al afirmar que “se
ha corroborado que los disparos efectuados con las armas y
municiones descriptas, desde la formación policial hacia el lugar en
el que se encontraban las víctimas, a pocos metros de distancia,
causaron la muerte de Salgueiro y Chura Puña y las heridas de
Fernández Prieto, Merivia Guzmán, Duré Mora, Montoya y Araoz,
que pusieron en peligro sus vidas”, se destaca el conocimiento y
aceptación de la concreción de aquellas consecuencias por parte de
los imputados.-
Para ello, refiere a la utilización de
armas y municiones de efectos letales, a escasos metros de distancia,
con las que apuntando a la zona en la que estaban los perjudicados,
dispararon con un ángulo que necesariamente impactaría en sus
cuerpos.-
Pues bien, son varias las
consideraciones a realizar. En primera instancia diré que la elección
de un tipo penal reconoce necesariamente una conducta previa de
relevancia jurídica atribuible a determinado o determinados sujetos,
premisa ésta que no ha sido demostrada en absoluto como se ha visto
a lo largo de la resolución.-
Las afirmaciones dogmáticas realizadas
en aquel sentido no suplen la falta de prueba, pues sencillamente no
responden a los criterios de razonabilidad exigidos para la
demostración de cualquier hecho fáctico. Por el contrario, las razones
esgrimidas a lo largo de esta resolución han logrado desvirtuar
aquellas afirmaciones, demostrando sobradamente la inexistencia de
criterios objetivos que habiliten a tener por cierta la conducta que se
le pretende achacar al personal policial actuante.-
Esta circunstancia determina la
ausencia, ya desde el inicio del análisis, de unos de los elementos
objetivos del tipo penal en estudio, esto es, la concurrencia o
participación de dos o mas personas que tomen parte directa en la
agresión sobre la víctima.-
De extrema sencillez resulta la tarea de
distinguir al grupo que en aquel momento protegía intereses distintos
a los de las víctimas y con ello justificar, sobre la base de una
incursión por la fuerza, su participación en hechos singulares que
terminaran las muertes y lesiones aquí investigadas.-
Claro está, la cuestión presenta alguna
complejidad mayor, no solo deberá demostrarse la participación
concreta del imputado en la agresión sobre la persona del ofendido,
sino además, que aquella agresión guarde relación causal general con
el resultado.-
Dicho de otro modo, la norma
contempla aquellos casos en que se conoce a los intervinientes en la
agresión, se los ha identificado, pero se desconoce, por resultar
incierto, cual de ellos ocasionó tal o cual herida que en definitiva
produjo el deceso.-
La Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha tenido oportunidad de expedirse al respecto en el fallo
Antiñir17 (citado incluso por el propio Fiscal). Allí estableció que las
exigencias propias del tipo penal contenido en el Art. 95 del C.P. son
17
“Antiñir Omar Manuel, Antiñir Néstor Isidro, Parra Sanchez, Miguel Alex S/ Homicidio en riña y
lesiones leves en riña en concurso real” (CSJN, A. 2450. XXXXVIII, resuelta el 04 de julio del año 2006)
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las siguientes: a) que intervengan directamente en la riña o agresión,
b) que ejerzan violencia sobre la persona del ofendido y c) que esas
vías de hecho, en alguna medida, hayan tenido cierta idoneidad
causal general en relación con el resultado.-
Estos elementos estructurales del tipo
penal, pretenden justamente, evitar que la norma se constituya en una
suerte de autorización para solucionar las dificultades probatorias
echando mano a acusaciones genéricas que consagrarían una “pena
de sospecha”, vedada por el Art. 18 de nuestra Carta Magna.-
Dice Ferrajoli “…ningún daño, por
grave que sea, puede estimarse penalmente relevante sino como
efecto de una acción…” 18. Con ello, se excluye del nexo causal toda
responsabilidad objetiva por hechos de otro. La conducta del autor,
para que sea reprochable penalmente debe guardar una relación
causal general con el resultado muerte, lo que se traduce en una
probabilidad verificada. Solo así, se estará respetando el principio de
culpabilidad.-
El principio de culpabilidad, representa
para Zaffaroni “…el mas importante de los que se derivan en forma
directa del estado de derecho, porque su violación importa el
desconocimiento de la esencia del concepto de persona. Imputar un
daño o un peligro para un bien jurídico, sin la previa constatación
del vínculo intersubjetivo con el autor (o imponer una pena solo
fundada en la causación) equivale a degradar al autor a una cosa
causante.”19-
En el mencionado Fallo Antiñir, el Dr.
Eugenio Zaffaroni sostuvo que “…la conducta peligrosa es la 18
Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del galantismo penal, Ed. Trotta, Madrid, 1995, Pag. 480. 19
Zaffaroni Eugenio, Alagia Alejandro, Slokar Alejandro, Derecho Penal. Parte General, 2° edición, Ed.
Ediar, Buenos Aires, 2002, Pag. 139
participación en una riña o agresión ejerciendo violencia sobre una
persona, y el peligro se concreta en la muerte o lesión de la
persona…”.-
Por lo demás, el tipo penal escogido
tampoco parece armonizar con la idea rectora que cuanto menos,
hasta el momento de abordar la calificación jurídica, parecía
perseguir el titular de la acción.-
La construcción de la hipótesis criminal
parece responder, en la mente del acusador público, a una conducta
coordinada, mediante la cual, el personal policial imputado,
aprovechando sus conocimientos específicos adulteró los cartuchos
anti-tumulto con la inclusión de postas de plomo, para luego acudido
al desalojo ordenado por la Justicia Penal Contravencional y de Falta
de esta Ciudad, con un claro objeto, cometer homicidios y lesionar
indiscriminadamente.-
No se trata de llevar las posiciones al
extremo, simplemente no cabe otra concepción respecto de quien
acude a un sitio de alta conflictividad, conociendo que seguramente
deberá utilizar el armamento del que fue provisto, y lo hace con
proyectiles letales.-
Desde esa perspectiva, el tipo penal
escogido tampoco resulta de aplicación, pues tanto la riña como la
agresión han de ser espontáneas, circunstancia que necesariamente
obsta a la posibilidad de un acuerdo previo.-
“…si alguna presunción juris existiese,
sería la de que en el tumulto no se puede establecer participación
conforme a las reglas generales, lo que tampoco es una verdadera
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presunción, sino el resultado de la experiencia común de los
hechos…”20 .-
La propia semántica del articulado
excluye la posibilidad de complicidad, en los términos de los
artículos 45 y 46 del C.P., la figura requiere de una espontaneidad
que proviene del término “resultare”, incompatible con la idea de
convergencia de intención en la producción del resultado. Del mismo
modo, cabe desechar la idea de instigación o tentativa.-
Es una figura que responde a la idea del
autor incierto 21 y reconoce una responsabilidad común en todos los
participantes de la riña o agresión, existe la presunción de que todos
ellos han contribuido en mayor o menor medida con el resultado. Sin
que pueda determinarse quien ha producido tal o cual herida, o
incluso la muerte del ofendido, deberán responder todos quienes de
un modo activo han contribuido de propia mano con el resultado.-
-De la imputación sobre el uso excesivo de la fuerza
implementada por el personal policial de campo y de la
responsabilidad de los directores policiales del desalojo: Roberto
Agustín Palavecino, Hugo Ernesto Lompizano, Juan Antonio
Quintero y Emilio Ramón Miragaya
En lo que se refiere a la actividad
desplegada por el personal policial en el campo de terreno, el
dictamen Fiscal destaca que su ingreso se produjo mediante un
avance estructurado a pie del personal policial encolumnado tras dos
20
Apartado 15° de su voto. 21
La idea de autor incierto no equivale a la de autor indeterminado
carros hidrantes, por la calle Batlle y Ordóñez en dirección hacia el
autopista Presidente Cámpora, focalizando su actuación hacia la
izquierda del predio, es decir, desde la calle Batlle y Ordóñez en
dirección primero al Paseo Islas Malvinas y luego a la avenida
Castañares.-
Por su parte, la Policía Metropolitana
desplegó su actuación desde Batlle y Ordóñez hacia la derecha, en
dirección hacia el puente ferroviario de la avenida Escalada, es decir,
hacia el extremo del predio que da hacia las vías del ferrocarril
Belgrano.-
Del video identificado con el Nro. 6, se
reconocen las correspondientes al inicio del desalojo del predio. Allí
se aprecia a personal policial uniformado de fajina color negro que
ingresa al parque y se desplaza, en dos grupos, hacia el acceso de la
Villa 20. Luego se suma al grupo personal de Vigilancias Preventivas
de la Policía Metropolitana.-
Se observa además el carro hidrante de
la Policía Metropolitana, sobre el puente de la avenida Escalada,
secundado por unos seis oficiales de esa misma fuerza, que portaban
y disparaban sus escopetas en dirección hacia sector en el que se
emplaza la Villa 20.-
El video N° 50, aportado por la
auditoría externa Metropolitana (Archivos MOV257, MOV258,
MOV259 y MOV25A) , permite apreciar al personal de Infantería de
la Policía Metropolitana (D.O.E.M.), secundado por la División
Vigilancias Preventivas de esa misma fuerza, dirigiéndose hacia el
paso peatonal ubicado debajo del puente de la avenida Escalada,
ocasión en la se aprecian distintos disparos efectuados con las
escopetas que portaban en la ocasión.-
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Finalmente, sostiene el Sr. Fiscal que se
advierte el modo en el que traspasan, varios metros, el ingreso de la
Villa 20 por el paso peatonal ubicado debajo del puente Escalada,
ocasión en la que lanzan gases lacrimógenos, concluyendo que
ninguno de los disparos efectuados reúne la condición de defensivos,
sino precisamente el extremo opuesto.-
Destaca en nota al pie (46) que resulta
un dato llamativo el traspaso del personal policial sobre el límite del
ingreso a la villa 20, habida cuenta que el desalojo había sido
ordenado sobre el predio indoamericano, mientras que el
asentamiento conocido como la Villa 20, se encuentra claramente
fuera de sus límites.-
En primer lugar, debo remarcar mi
discrepancia en relación al modo en el que se ha explicado la
actuación policial, aparentando una intrusión descontroladamente
violenta frente a la pasividad absoluta de los ocupantes, quienes
pacíficamente soportaban el acometimiento policial. Aquello, no se
corresponde con la realidad observada por todos.
El grupo que ocupaba el predio,
juntamente con algunos habitantes de la Villa 20 enfrentaron y
resistieron por la fuerza y mediante agresiones de todo tipo, con la
utilización de armas de fuego, pirotecnia, machetes, piedras y palos,
la orden judicial de desalojo. Este es un dato objetivo conocido por
todos y reafirmado, incluso, por las diversas declaraciones
testimoniales recepcionadas durante el trámite de la investigación.-
Desde esta perspectiva, resulta una
obviedad lo sostenido por el Sr. Fiscal en cuanto a que “ninguno de
los disparos efectuados reúne la condición de defensivos”, aquellos
han sido evidentemente disuasivos de la actitud agresiva y desafiante
asumida por muchos de quienes se hallaban en el lugar.-
Tal afirmación, surge como se ha dicho,
de los distintos testimonios recepcionados en la sede de la Fiscalía
actuante.-
A modo de ejemplo cabe destacar solo
alguno de ellos: “Pudo ver 20 o 25 personas que desde la canchita
de futbol tiraba piedras a la policía que estaba sobre el puente. Otro
grupo de 20 personas estaba sobre la calle Chilavert tirando piedras
a los policías que entraron por debajo del puente. Desde donde él
estaba podía ver a los policías que estaban sobre el puente, pero no
los que aparecieron por debajo. Ese evento, de la gente tirándole
piedras a la policía duró como 20 minutos. La policía que estaba
arriba el puente retrocedía y avanzaba todo el tiempo” (del
testimonio de Wilson Ramón Fernández Prieto, fs. 1762/1765).-
Se reconocen así pasajes de esta
declaración que permiten advertir que lejos se hallaban las personas
que ocupaban el parque de adoptar una posición pacífica, meramente
defensiva en relación al personal policial que pretendía llevar a
adelante la orden de lanzamiento emanada de autoridad judicial.-
En esa dirección también se ha referido
el testigo a que “ya se veía que había mucha policía en la entrada del
parque. La gente que estaba en el frente de parque llamaba a todos
para que concurrieran a cerrarle el paso a la policía. Les gritaban
`vengan miedosos, si quieren su terreno vengan´ … Estuvo con Lider
y Pablo como una hora y media, cuando comenzaron a llamarlos
para ir a la entrada. Lider, Pablo y el declarante se fueron para la
entrada, respondiendo a los llamados. Lider le entrega un machete
que tenía y le dice que se lo lleve a la Sra. Delia, que era la dueña
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del machete… encontró a Delia en la segunda canchita y le entregó
el machete…”
Surge además de lo declarado por
Guadalupe Tagliaferri (fs. 1773/1774), miembro del programa
Buenos Aires Presente (BAP) que “…con el correr de la tarde fue
llegando mayor cantidad de personal policial de ambas fuerzas.
Cuando estaban en la rotonda muchas personas que estaban en el
interior del parque comenzaron a acercarse a la entrada, algunos
con palos y rostros tapados… cuando el camión hidrante comienza a
avanzar la gente que estaba en la entrada se fue sola… entre 30 y 40
minutos después de iniciado el procedimiento, advirtió que había un
cruce entre la gente de la villa 20 y la Policía Federal. Los primeros
les arrojaban piedras desde abajo. No recuerda que el personal de la
Policía Federal les disparara a aquellos… no cree que hubiera
habido disparos con arma de fuego. La policía Federal estaba sobre
el puente antes de llegar a la vía… En este tipo de tomas los
ocupantes no están dispuestos a retirarse del lugar si no reciben
algún tipo de beneficio y es algo casi habitual para esta época del
año…”.-
Finalmente, se cuenta con las distintas
declaraciones testimoniales que han dado cuenta de la existencia de
armas de fuego en manos de particulares, y que han sido
mencionadas en reiteradas oportunidades a lo largo de esta
resolución, como así también se han hallado “facas” o cuchillos con
agregados caseros en su agarre, lo que pone en evidencia que la
actitud de quienes resistían el desalojo, lejos de ser pacífica resultaba
sumamente agresiva hacia el personal policial (véase fotografía de fs.
393 y 394).-
Por lo demás, el propio Fiscal ha
brindado el fundamento normativo para el empleo de la fuerza por
parte del personal policial, cuando transcribe lo dispuesto en el Art.
28 de la ley de seguridad pública de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-
Aquella normativa destaca que
“Durante el desempeño de sus funciones, el personal policial debe
adecuar su conducta a los siguientes preceptos generales: … Ejercer
la fuerza física o la coacción directa en función del resguardo de la
seguridad pública, solamente para hacer cesar una situación en que,
pese a la advertencia de otros medios de persuasión empleados por
el/la funcionario/a del servicio, se persista en el incumplimiento de la
ley o en la inconducta grave y utilizar la fuerza en la medida
estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia del/la infractor/a
y siempre que no le infringiere un daño excesivamente superior al
que se quiere hacer cesar… Recurrir al uso de armas de fuego
solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros y/o
situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave,
inminente y actual para la vida de las personas protegidas o para
evitar la comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro,
debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y
lesiones a terceros ajenos a la situación”.-
Esta disposición se completa con las
advertencias efectuadas, por el personal policial, en los instantes
previos a ejecutar la orden de desalojo que le había sido impartida por
la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 26
de esta Ciudad, en el propio campo de tareas y de las que dan cuenta
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el archivo de video 22 en el que se reconoce al Comisario Miragaya
informando a las personas que se hallaban en el lugar, por medio de
un megáfono “se va a restablecer el orden público por orden
judicial, aquellas personas que no quieran confrontar con la policía,
por favor, se los está invitando a retirarse. Por intermedio de la
presente se los notifica que aquellos que no quieran confrontar, están
invitados a retirarse. Se va a proceder a restablecer el orden
público”.-
La advertencia resulta mas que
elocuente, no solo por su claridad sino además por haber sido
reiterada en mas de una oportunidad.-
Por lo demás la actuación policial
pretendió también hacer cesar una situación, no ya de incumplimiento
a la ley como se ha hecho constar, sino además de peligro inminente
hacia la integridad física de las personas que se hallaban en aquel
sitio.-
No debe olvidarse que este episodio no
se limitó al enfrentamiento de las fuerzas policiales con quienes
ocupaban el predio sobre el que se había ordenado el desalojo,
además, éstos últimos mantuvieron cruces violentos con grupos de
vecinos que impedían, por la fuerza, la ocupación de las zonas
aledañas al parque, situación que motivó la iniciación de un proceso
en el que el propio Fiscal ha hecho manifiesta su opinión en relación
a la existencia de armas de fuego en manos de particulares, así se ha
referido al objeto que ostentaba uno de los sujetos allí imputados,
Julio Cappella.- 23
22
video nº 35, Policía Metropolitana parte IV, archivo MOV255 23
“cappella… y otros s/ disparo de arma de fuego etc, causa N° 48.328/10.
Sobre la base de estas mismas
consideraciones es que cabe descartar el abuso de armas al que se
refiere el titular de la acción, su utilización, no se ha percibido como
desmedida ni abusiva en razón de la resistencia y violencia que
desplegaran quienes pretendían sostener la ocupación del predio, el
empleo de las municiones anti-tumulto, -solo la utilización de éstas
ha sido probada-, guardó proporcionalidad con el tipo de conflicto en
el que tomaran parte las distintas Divisiones de la Policía Federal
Argentina y la Policía Metropolitana.-
Los hechos así ocurridos en el escenario
del conflicto, encuentran su correlato, a criterio del Fiscal, en las
deficientes directivas impartidas a sus subordinados por parte de los
directores del procedimiento policial.-
De tal suerte, entiende que aquellos
(Palavecino, Lompizano, Quintero y Migraya) violando normas
básicas de cuidado y deberes a su cargo, favorecieron la producción
del los resultados lesivos constatados.-
Como se verá, la responsabilidad que
pretende adjudicar el titular de la acción a quienes se hallaban a cargo
del procedimiento descripto, representa una extensión desmesurada
de la responsabilidad por el hecho propio.-
En esa línea argumental, puede decirse
que mas allá de afirmaciones dogmáticas, no ha sido probada ninguna
intervención de agentes de la Policía Federal o Metropolitana en las
muertes y heridas investigadas, de lo que se colige que la
responsabilidad, que a la postre se pretende adjudicar a quienes se
hallaban a cargo del operativo, no reconoce como causa generadora
ninguna conducta “principal”. A partir de esa premisa, la
construcción teórica que se pretende carece de todo sentido práctico.-
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La ausencia de prueba sobre el hecho
principal, impide, por cualquier vía, la adjudicación de
responsabilidad a terceros, sin que resulte necesario, y en esto
coincido con la su postura, acudir a la idea de la prohibición de
regreso.-
Por lo demás, el despliegue de la fuerza,
en virtud del tipo penal sobre el que se ha pretendido adecuar la
conducta (Art. 95 del C.P.) y que se caracteriza por la espontaneidad
de la agresión, no acordada sino surgida de la propia confusión y el
tumulto del suceso, desvanece cualquier posibilidad de
responsabilizar por vía de la autoría mediata a quien no ha puesto
mano sobre el ofendido.-
Finalmente, insistiré con las
afirmaciones dogmáticas en las que incurre reiteradamente el Fiscal,
pretendiendo con ello formar una idea sobre premisas que no
debieran ser controvertidas.-
En ese sentido, luego de citar la
normativa vinculada a los deberes de la fuerza policial que actúa en
procedimientos donde deba reestablecerse el orden público con
motivo o en ocasión de concentraciones de personas, sostiene haber
probado la violación a dicha normativa, sin que se advierta que
norma específica ha sido violentada en la ocasión.-
No pretendo defender la idea de un
procedimiento policial exitoso, ese es un calificativo que resulta
aberrante frente a las lesiones y las muertes constatadas, pero no por
ello puedo validar la atribución de responsabilidad objetiva por la
mera constatación del resultado, habrá de requerirse, por mas
evidente que resulte, que aquel extremo encuentre fundamento en la
violación objetiva al deber de cuidado, consagrado por una norma
específica.-
Amén de lo señalado en éstos últimos
párrafos, soy de la idea que no surgiendo de la prueba incorporada la
participación directa de algún agente de las fuerzas de seguridad
sobre las muertes y las lesiones producidas en el marco de este
evento, la responsabilidad que sobre la base de aquel hecho pretende
extenderse, por imprudencia, a los jefes del operativo, no reconoce
fundamento jurídico capaz de sostenerlo.-
De la imputación a la Dra. María Cristina Nazar, titular
del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
El Fiscal imputa a la Dra. María
Cristina Nazar, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas
N° 26 y autora de la orden de desalojo del Parque Indoamericano una
actitud desaprensiva y prevaricadora24, mediante la cual permitió, o
cuanto menos, no impidió que se concretaran las distintas
afectaciones a bienes jurídicos, concretamente la integridad física y la
vida.-
Para ello sostuvo que con la concesión
del allanamiento para el desalojo del predio, Nazar enfrentó la
posibilidad de afectación de dichos valores jurídicos, lo que a su
criterio surgía evidente del escueto y lacónico dictamen del fiscal de
24
Sobre la base de estos dos conceptos “desaprensiva y prevaricadora” pretende hacerse alusión a dos
imputaciones, la primera vinculada a su responsabilidad a titulo de imprudencia por las lesiones y las
muertes ocurridas. La segunda, vinculada a la decisión adoptada en el marco del expediente iniciado
por la usurpación del predio y con motivo de una presunta contradicción en relación a aquellos
fundamentos que la habilitaran para llevar adelante la medida de desalojo con que se iniciara aquel
expediente.-
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la Ciudad de Buenos Aires, que daba cuenta de la existencia de 300
casillas, considerando que “es una cuestión de urgencia ya que el
número de familias que ingresa se incrementa con el correr de las
horas y se ha tomado conocimiento de que en horas de la noche de
han producido focos de incendio conforme surge de autos, los cuales
pese a directivas del suscripto de constituir en el lugar equipos de
bomberos, lo cierto es que esta situación podría llegar a agravarse
con el transcurso del tiempo” .-
La actuación de la Magistrada, concluye
el Fiscal, se exhibe sumamente desaprensiva frente a las
consecuencias posibles de la orden impartida, haciendo lugar al
pedido Fiscal y facultando en términos amplios para el uso de la
fuerza pública a la Policía Federal Argentina, sin establecer medidas
de regulación ni de control específicas.-
Se destaca además que la Magistrada
Contravencional no mantuvo contacto con la policía a los fines de dar
indicaciones específicas o para expresar la impronta de trabajo,
tampoco ejerció supervisión personalizada sobre el operativo, no se
apersonó para tomar real dimensión de la situación, ni siquiera tuvo
una comunicación telefónica directa con la persona a quien puso a
cargo de la ejecución de la orden.-
Aduna a ello, que la funcionaria no solo
no adoptó recaudos materiales, sino que además habilitó horario
nocturno para la práctica de la medida, lo que implicó una concesión
aún más amplia a la Policía.-
Luego se hace referencia a la
declaración testimonial prestada por el Dr. Carlos Dobenau,
secretario del Juzgado que tuviera a su cargo la medida de desalojo,
quien manifestó “ellos como Juzgado de Garantías no pueden pedir
nada si no lo pide el Fiscal (…) Eso se puso así porque así lo había
pedido el Fiscal. Se copió textualmente el pedido del Fiscal (…) el
sistema acusatorio impide hacer algo si no fue solicitado por el
Fiscal” . (fs. 1731/1732).-
De allí que el Dr. Abraldes se pregunte
citando a Edgardo Donna y con motivo del auge del sistema
acusatorio, ¿Quién controla al Fiscal? Resulta paradójico que sea el
propio Dr. Abraldes quien introduzca un interrogante de ineludible
referencia a la investigación que él mismo que ha llevado adelante
por imperio del Art. 196 bis del C.P.P.N.-
Luego, sobre la base de la actuación de
la Magistrada Conravencional en el desalojo del Parque
Indoamericano, se desarrolla la idea de prevaricato que también
pretende le sea imputada a la funcionaria judicial a tenor de lo
dispuesto por el Art. 269, primer párrafo del Código Penal de la
Nación.-
Sostiene en aquel sentido que la
resolución dictada por la Juez Nazar con fecha 07 de diciembre de
2010, en el trámite de la causa N° 59.884 caratulada “NN S/
Infracción al Artículo 181, inc. 1° del C.P.” del registro del Juzgado
Penal Contravencional y de Faltas N° 26 a su cargo, “resultó sin
lugar a duda contraria al derecho por ella misma invocado” (textual
del dictamen fiscal, fs. 2370 vta., punto C)
Agrega que “la discordancia entre el
derecho penal que se estimó vigente, - y que habría paso por la via
de la verosimilitud del derecho, a la procedencia de una medida
cautelar con injerencia en garantías constitucionales- y aquel en
cuya vigencia realmente se creía se advierte con facilidad con los
fundamentos brindados por la citada magistrada en la resolución
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dictada, en el mismo legajo, en fecha 1° de mazo del corriente año,
sin que se haya aludido a un cambio de opinión”.-
Finalmente, en el dictamen fiscal se
transcriben algunos pasajes de la resolución por la que se dispuso el
allanamiento y desalojo del Parque Indoametricano, para luego hacer
lo propio con la resolución por la que, la misma magistrada, resolvió
la desestimación de la causa iniciada con motivo de aquella
intervención, por inexistencia de delito.-
La conclusión a la que se arriba, errada
desde mi punto de vista, es que el derecho de fondo invocado para
reconocer implícitamente su competencia en el desalojo y para luego
hacer lugar al allanamiento, afirmando que un bien del dominio
público es susceptible de ser objeto de delito de usurpación, fue
contrariado al tiempo de resolver, con fecha 1° de marzo de 2011, el
pedido Fiscal que pretendía el allanamiento del domicilio de los
imputados, en la que aludió a que la cuestión analizada excedía el
marco del derecho penal, sobre la base de que “no se puede sostener
que se trate de un delito de usurpación, porque para su
configuración, previamente el estado debería desafectar del dominio
público al Parque Indoamericano, situación ajena al presente
caso”.-
Finalmente se destaca que tan intensa
fue su real concepción antagónica a lo resuelto en aquel entonces, que
días atrás -en relación a la fecha que lleva el dictamen de su autoría (01/12/2011)-
se excusó de intervenir con sostén en el argumento de la tipicidad de
la conducta: “…actualmente tengo una opinión formada sobre el
caso, al considerar que los imputados deben ser desvinculados del
delito que se les atribuye, al afirmar la inexistencia del mismo. Mal
podría continuar interviniendo en las presentes actuaciones
adoptando decisiones contrarias al juicio que ya emití y opuestas a
mi conciencia que como Jueza debo respetar”.-
Para comenzar diré que la cuestión
atinente a las resoluciones contradictorias en cabeza de la imputada
Nazar, no colman a mi criterio los requisitos subjetivos y objetivos
que requiere la figura en análisis.-
Al respecto es de hacer notar que el
dolo requerido por la figura de prevaricato (Art. 269 del C.P.) es un
dolo directo, que requiere mala fe, un actuar inmoral, extremos éstos
que no se verifican en autos.-
Tiene dicho el superior que “Para que
se configure el delito de prevaricato el autor tiene que poseer
conocimiento y voluntad de resolver contra lo que dispone la ley
como fundamento de su fallo o que los hechos o las resoluciones en
las que se basó no existieron o no tuvieron la significación que él
les otorgó, independientemente de los resultados perjudiciales o
beneficiosos que, para una parte, pueda tener. Es necesario el
dolo directo y la existencia de culpa o error excluyen el prevaricato.
No es suficiente la mera incorrección jurídica de la decisión
impugnada, sino que se requiere la incorrección moral del
judicante. Por tanto, si no existen indicios que autoricen,
siquiera mínimamente, a suponer que existió, de parte del
magistrado, una conducta de tipo dolosa, corresponde confirmar
el auto que dispuso la desestimación de la denuncia por
inexistencia de delito (art. 180, último párrafo del C.P.P.N.)” (C.
Nac. Crim. Y Correcc., Sala VI, BERGES, Mariano., c. 22.807, rta:
11/06/04).-
“… El tipo penal de prevaricato no
consiste en que la resolución impugnada sea objetivamente
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contraria a la ley o se funde en una errónea interpretación del
Derecho, casos en los cuales toda sentencia (o resolución)
revocada constituiría un delito de prevaricato, sino en la malicia o
mala fe del juzgador…” (C. Nac. Crim. Y Correcc., Sala VI, GOGGI,
Carlos Hugo., c. 25.677, rta: 23/03/05).-
Por lo demás, la cuestión lejos de
resultar novedosa constituye una reiteración de los fundamentos
esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos
Aires, atendidos oportunamente por la Cámara de Apelaciones de ese
fuero, que resolvió no hacer lugar al apartamiento de la Magistrada
arguyendo que “no existen motivos para suponer, de momento,
comprometida la imparcialidad de la Magistrada, pese a las razones
invocadas en la presente para revocar lo resuelto debiendo aquella
ajustarse a lo resuelto en la presente resolución”.- (ver copias
glosadas a fs. 2185/2193).-
Las resoluciones encontradas a las que
se ha hecho referencia, lejos de responder a una voluntad
prevaricadora, reconocen un fundamento explicado, que compártase
o no, constituye el argumento de su decisión.-
Los motivos que llevaron a la Juez
Nazar a hacer lugar al desalojo del Parque Indoamericano,
respondieron, evidentemente, a criterios de urgencia, verosimilitud
del derecho y peligro en la demora, circunstancias éstas que imponen
desde el punto de vista práctico mayor laxitud probatoria, pues de
otro modo, resultaría sencillamente imposible disponer medidas de
coerción en los albores de cualquier investigación penal.-
Una vez controlado el peligro que la
demora en la adopción de una medida de esta naturaleza pudiera
acarrear, el análisis posterior que se impone, resulta de mayor
complejidad y no debe, necesariamente, coincidir con los argumento
que motivaron la medida de carácter urgente. De otro modo, el
resultado de cualquier investigación estaría condicionado por los
fundamentos que le dieron inicio.-
Véase que la propia Magistrada al
momento de resolver sobre el pedido de allanamiento y desalojo del
Parque indoamericano, advierte sobre el carácter precautorio de la
medida solicitada, aclarando expresamente, que la procedencia
requerirá de un estado mental de probabilidad acerca del
acontecimiento delictivo.-
Explica además sobre aquellos
presupuestos requeridos para que resulte viable el reintegro del
inmueble en las causas por infracción al Art. 181 del C.P.,
destacándose la existencia de una imputación sobre en relación a
aquel tipo penal, el pedido del damnificado, la verosimilitud del
derecho y el peligro en la demora, todos elementos que han confluido
en el caso concreto, habilitando desde el punto de vista jurídico la
decisión adoptada.-
Las razones que a la postre llevan a la
Dra. Nazar a decidir sobre el archivo de las actuaciones por
inexistencia de delito, como se ha dicho, han sido objeto del remedio
impugnativo correspondiente, en la órbita natural de aquel proceso.-
Por otra parte, la imputación que
se lanza sobre la Magistrada en relación a una actitud desaprensiva
sin establecer medidas de regulación ni de control específicas sobre el
procedimiento de allanamiento y desalojo, amén de no condecirse
con la realidad, encierra en si, un desconocimiento sobre la actuación
de los magistrados en los sistemas acusatorios, como aquel que rige
en el ámbito de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires.-
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Veamos, María Cristina Nazar, en su
calidad de titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°
26 de esta Ciudad, dispuso la orden de allanamiento y desalojo del
predio en cuestión encomendando la intervención de la Dirección de
Minorías y sus Garantías, Consejo de los Niños, Niñas y
Adolescentes, Ente de Higiene Urbana, Defensa Civil, S.A.M.E., y de
la Dirección General de Atención Inmediata del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por intermedio del programa “Buenos Aires
Presente” todo ello, con un claro objeto, asegurar el procedimiento
solicitado por el Ministerio Público Fiscal y velar por la seguridad e
integridad física de los distintos individuos afectados por la decisión.-
Luego, también se observa, a diferencia
de lo sostenido por el acusador público, límites precisos impuestos a
la fuerza de seguridad a la que encomendó la diligencia. En aquel
sentido dispuso el uso de la fuerza pública en caso de ser
estrictamente necesario y que las circunstancias de hecho así lo
impusiesen. Claro está, resultaría absurdo pretender que hubiera
emitido restricciones vinculadas a conductas ilícitas, va de suyo que
la fuerza policía conoce exactamente los límites de su actuación mas
allá de los que le sean impuestos por orden judicial específica.-
También se destaca, del relato de Carlos
Enrique Dobenau, la finalidad que tuviera la Magistrada al tiempo de
emitir la orden de desalojo; habiendo intervenido en un antecedente
de similares características en la Villa Fátima, poco tiempo antes,
intentó mediante el lanzamiento, evitar un conflicto entre los vecinos
y quienes ocupaban el predio.-
Ya iniciado el desalojo, indicó Dobenau
que siendo las 18.00hs. aproximadamente recibió un llamado del Jefe
de la Comisaría 36ª de la Policía Federal Argentina, comentándole
que se habían parapetado algunos ocupantes frente al personal
policial y que no había nadie de la Fiscalía. Textualmente le refirió
“la Fiscalía se abrió de patas”. El comisario aludido le refirió
también en aquella ocasión que lo llamaba debido a que la Juez no lo
atendía.-
Es así que el actuario realizó consulta
con la Magistrada, quien dispuso que avanzara lo que pudiese, pero
no mas allá de lo que se había dispuesto en la orden de allanamiento.-
De lo expuesto no se colige cual ha de
ser la actitud desaprensiva que se le achaca a la Magistrada actuante,
no solo ordenó la intervención de los distintos organismos
mencionados con el evidente propósito de resguardar la integridad
física de los involucrados, sino que además, por fuera de su función
específica y ante la ausencia en el lugar de los hechos del personal de
la Fiscalía actuante, tomó decisiones de procedimiento, propias de la
función, en aquel ámbito, del Ministerio Público Fiscal.-
El sistema acusatorio que rige el
proceso de enjuiciamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
instituye al Fiscal como el director de la investigación penal.-
Sus funciones se encuentran
específicamente reguladas en el C.P.P.C.A.B.A. Así, el Art. 4
establece que “El Ministerio Público Fiscal ejercerá la acción
pública y practicará las diligencias pertinentes y útiles para
determinar la existencia del hecho. Tendrá a su cargo la
investigación preparatoria, bajo control jurisdiccional en los actos
que lo requieran. La promoverá de oficio siempre que no dependa de
instancia privada”.-
La normativa precedente se completa
con aquella consagrada en el Art. 91 del mismo cuerpo legal “El
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Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria
con la finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera
de las vías legalmente previstas o promover o desechar la realización
del juicio. A tal fin el fiscal deberá disponer la investigación para: 1-
Comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y
averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad, 2-
Establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven,
atenúen o justifiquen o influyan en la punibilidad, 3- Individualizar a
los autores, partícipes y/o encubridores 4- Propiciar la utilización de
los medios alternativos de resolución e conflictos legalmente
previstos…”
Aquella normativa viene a dar la idea de
las directrices generales sobre las que se sustenta la función del
Ministerio Público Fiscal, mas en lo que importa al caso concreto que
nos ocupa, el Art. 95 de citado código de forma, referido al uso de la
fuerza pública, permitirá concluir, sin mayor esfuerzo, que la función
específica de controlar la actividad de las fuerzas policiales no
comprometía a la Magistrada Nazar, sino al representante del
Ministerio Público Fiscal, el Dr. Longobardi.-
Dice la norma “En el ejercicio de sus
funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir la
intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que
considere necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los
actos que ordene. El Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y
a las fuerzas de seguridad en función judicial.”.-
El concepto legal se completa con la
interpretación de la jurisprudencia sobre el particular “En un sistema
acusatorio, la acción penal se encuentra en cabeza del Ministerio
Público Fiscal, y atento la independencia funcional de éste, se torna
inconstitucional cualquier ley o acto que pretenda sujetar al titular
de esa acción a otra autoridad, invalidando cualquier instrucción o
directiva vinculada a su competencia procesal. Esta independencia,
que tiene rango inconstitucional por ser una directa derivación del
Art. 13 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, debe
entenderse en el caso, prescindiendo de indicaciones y mucho menos
de órdenes del Juez sobre cómo llevar adelante la acción penal. A
partir de tal postulado, están claramente delimitadas las funciones
entre el titular de la acción y el Juez del proceso, que debe actuar
como Juez de Garantías. Y precisamente, la garantía de
imparcialidad es la que sustenta tal separación funcional” (Cámara
de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas, Sala III, c. 9169-
00-CC-2006, Bermudez Francisco Javier S/ infracción Art. 85 ley
1472, rta: 01/06/2006).-
Se reconoce así que la actuación de la
Magistrada en la dirección del procedimiento policial no solo no
pertenece ya a su órbita funcional, sino que le está vedado como
modo de salvaguardar la garantía de imparcialidad.-
A partir de allí, la afirmación del Sr.
Fiscal en relación a que “Tanto si se piensa en una acción cuidadosa
de su parte como si se contempla el fin de protección de las reglas de
cuidado infringidas, cabe concluir que los resultados muertes y
lesiones ocurridos en el marco del lanzamiento, se encuentran
ligados normativamente a la violación del deber de cuidado por
parte de Nazar mediante un nexo de determinación” ha perdido
virtualidad.-
De las nulidades.-
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El análisis global efectuado en este
decisorio ha debido superar algunos obstáculos de índole formal que
por momentos desviaron la atención sobre el fondo del asunto.-
Algunos escollos no han pasado
representar dificultades menores, por caso, aquellas declaraciones
testimoniales que mutan permanentemente entre un discurso en
primera persona hacia un discurso en tercera persona, circunstancia
que en ocasiones particulares tornaba dificultosa la tarea de distinguir
el relato fiel del testigo de aquellas apreciaciones que, sobre el
mismo, realizaba el Sr. Fiscal.-
Sin embargo, no son éstas las falencias
a la que corresponde referirse en una decisión de esta magnitud, sino
a aquellas que pudieran comprometer garantías de índole
constitucional.-
En esa dirección, el análisis me conduce
indefectiblemente a analizar el contenido de las distintas
declaraciones testimoniales, muchas de las cuales, anticipo, han
transitado por carriles próximos a la nulidad.-
Me refiero concretamente a aquellos
testimonios que reconocen, en declaración juramentada, actividades
que pudieran reputarse ilícitas.-
Sólo por mencionar algunos ejemplos,
véanse la declaración de Emanuel Maximiliano Ríos (fs. 261)
“nosotros el día lunes 6 de diciembre fuimos al parque
indoameriocano para agarrar un terreno…” , la declaración de
Alejandra Elizabeth González (fs. 307) “…sólo nos estaba
acompañando a nosotros, que estábamos tomando terrenos” , la
declaración de Jhon Alejandro Duré Mora (fs. 1940) “él día 7 de
diciembre de 2010 él estaba tomando lotes en el Parque
Indoamericano. Había ingresado al lugar para tomar un lote a las
6:30 o 7:00 horas…”.-
Expresiones de este tenor se repiten a lo
largo de la investigación, mas constituyen, a mi modo de ver, una
expresión coloquial que pretende hacer ver que aquellos se
encontraban inmersos en episodio de la toma de los terrenos, vale
decir, que conformaban el grupo que ocupaba el predio sin que surja
necesariamente de allí una actividad concreta de éstos en aquel
sentido.-
En esa senda, la interpretación
restrictiva con la que deben evaluarse las reglas que rigen las
nulidades, aconseja la convalidación de los actos si no se advierte una
afectación sustancial a las garantías constitucionales en danza.-
“… En materia de nulidades
procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo
cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o
interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, siendo
inadmisibles cuando no existe una finalidad práctica, que es razón
ineludible de su procedencia…” (C. Nac. Crim. Y Correcc., Sala V,
RAPPAZZINI, Horacio, c. 29.000, rta: 16/05/06).-
Distinta habrá de ser la solución que
corresponde adoptar respecto del acta documentada a fs. 1128/1129.
Allí, depuso testimonialmente Lider Fernández Prieto sobre los
sucesos ocurridos el pasado día 07 de diciembre de 2010.-
En esa ocasión indicó que “El lunes 6
de diciembre de 2010 por la noche fue a ver la toma del Parque
Indoamericano. Allí se encontró con unos amigos y decidió quedarse
ocupando un lote que encontró vacío, a unos 200 metros de la villa
20, cercano a las vías y a unos 200 metros de la Av. Escalada. Puso
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una carpa en el lugar y se quedó toda la noche.” . Asimismo,
expresó que “… después la policía intentó bajar por el otro lado del
puente, del lado del cementerio de autos, entonces el declarante y los
demás comenzaron a incendiar los autos de allí…” .-
El relato de Lider no es susceptible de
ser interpretado en un sentido coloquial ni restrictivo, no solo hace
referencia a la ubicación exacta y al modo en que habría ocupado el
terreno, permaneciendo allí durante la noche luego de haber instalado
una carpa en aquel sitio, sino que avanza aún mas en relación a otro
de los sucesos investigados, adjudicándose la autoría, junto a otros
sujetos, sobre el incendio de los vehículos estacionados en la playa
policial.-
Su declaración en esos términos, debió
ser detenida al comienzo inmediatamente, pues hoy, tal omisión, sólo
puede ser resuelta por la vía de la sanción de nulidad absoluta del
acta, al haberse compelido al testigo, mediante juramento de decir
verdad, a incurrir en una autoincriminación (Art. 167 inc. 2° del
C.P.P.N.).-
“… los actos de tal naturaleza adolecen
de “una nulidad absoluta”, dado que la prohibición de obligar a una
persona a declarar contra si misma se ve violada si se interroga
como testigo, bajo juramento de decir verdad, a la persona que
según el interrogatorio aparece sospechada de ser autor o cómplice
de los supuestos hechos que se rata de esclarecer…” (C. Nac. Crim.
Y Correcc., Sala VII, Miro Armando, c. 24508 bis, rta: 19/10/04).-
Amén de lo expresado, es de hacer
notar que la sanción de nulidad a imponerse no afectará actos
anteriores o posteriores, pues no se reconoce una relación de
dependencia con alguno de ellos en el sentido expresado por el Art.
172 del código de rito.-
Consideraciones finales.-
La ocupación del predio conocido como
“Parque Indoamericano” y su posterior desalojo por orden judicial, se
dio en el marco de un conflicto sumamente violento que reconoce
distintas aristas, protagonistas, causas, fundamentos y
consecuencias.-
Se reconoce además como un conflicto
de extrema complejidad social que difícilmente pueda ser explicado
desde la perspectiva de dos grupos antagónicos, uno atacando y el
otro defendiéndose. La cuestión aparece vinculada además a intereses
superpuestos de distintos sectores políticos que pugnan por ocupar
los espacios de poder a través de los “punteros” políticos arraigados
profundamente en las zonas marginales.-
Sin embargo, la manifiesta complejidad
que reviste el asunto, así como el de cualquier otro que sea sometido
a la justicia, no puede servir de fundamento para justificar la
incapacidad del Estado en reconstruir de un modo confiable los
hechos investigados y sancionar a sus responsables.-
El Estado tiene la obligación de dar
respuestas por vía de sus funcionarios, alcanzando a los responsables
y sancionándoles, extremo que no ha de cumplirse a cualquier costo
ni de cualquier manera, una actuación objetiva y responsable también
es obligada en ese sentido.-
No caben dudas en cuanto a que la
actuación de las partes en el proceso no responde a parámetros de
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imparcialidad, si la imparcialidad es un atributo inherente, necesario
y esencial del juzgamiento, mal puede actuar imparcialmente quien
no va a juzgar.-
Sin embargo, cabe exigir una actuación
despojada de intereses personales y apreciaciones subjetivas, pues
con ello se satisfacen las propias aspiraciones, no así las de la
sociedad en su conjunto.-
De allí que se destaque que el
Ministerio Público Fiscal reviste una importante función como
guardián de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad
(art. 1° y 25, inc. a, de la ley 24.946 –que rige la actuación del
Ministerio Público– y art. 120 de la Constitución Nacional)
representando y defendiendo el interés público en todas las causas y
asuntos que se requiera (art. 25, inc. b de la ley 24.946).
A más de lo expuesto, existe un deber
de objetividad para los funcionarios del Ministerio Público Fiscal que
encuentra fundamento en el estricto apego y cumplimiento de la ley,
aquella objetividad –legalmente obligatoria– no impide, sin embargo,
mantener una óptica persecutoria y coherente a lo largo de todo el
proceso.-
Las consideraciones que anteceden
vienen a colación, como debe presumirse, de las críticas dirigidas
hacia la actuación concreta del Fiscal en esta investigación. Mi
postura en relación a ello entiendo ha quedado suficientemente clara,
por lo que no discurriré mas sobre aquellas cuestiones que,
eventualmente, podrán ser revisado por su superior jerárquico. Si, en
cambio, corresponde abordar las consecuencias que a mi entender ha
acarreado la investigación desarrollada en esos términos.-
Las principales, son aquellas
relacionadas con la prueba que por el transcurso del tiempo ha
perdido virtualidad. Resulta hoy imposible retrotraer las actuaciones
al inicio para ampliar el espectro de la pesquisa en búsqueda de
respuesta a aquellos interrogantes que han quedado sin desentrañar.-
Las consecuencias de todo ello,
necesariamente deberán ser soportadas por el propio Estado que no
ha podido o no ha sabido avanzar, siquiera mínimamente, hacia la
identificación y sanción de los autores materiales de las muertes y las
lesiones.-
La solución jurídica que en base a estas
consideraciones se impone y que satisface criterios de razonabilidad
y objetividad, será aquella que desvincule definitivamente a los
imputados de este proceso.-
Como se ha dicho, los acusados no han
de soportar al avance de estas actuaciones sobre la base de una
imputación creada a partir de afirmaciones dogmáticas y
elucubraciones subjetivas.-
Tienen derecho, agotada la prueba en
ese sentido y sin que se hubiera arribado a la sospecha suficiente que
requiere la norma del Art. 294 del C.P.P.N. -pues además no se ha
dado a conocer una conducta concreta sobre la que interrogar en
aquellos términos mas allá de haber intervenido por disposición
legal en el procedimiento de desalojo-, a que su situación procesal
sea resuelta cuanto antes, poniendo fin al estado de incertidumbre en
el que se encuentran tras un año de investigación.-
El agotamiento de las medidas
probatorias direccionadas a acreditar la participación criminal del
personal policial llamado a intervenir en el operativo de desalojo y el
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pronóstico negativo que se deduce de la situación probatoria actual,
impone una solución que cuanto menos, de aquí en adelante, evite un
desgaste jurisdiccional estéril.-
En esa senda, el sobreseimiento de los
acusados aparece como la única herramienta capaz de enderezar la
cuestión en el sentido de una decisión objetiva, razonable y
respetuosa de las mas elementales garantías constitucionales, sin que
pueda soportarse profesional, ética y moralmente, la idea de
proseguir con una pesquisa, so pretexto de hallar a “algún
responsable” y con ello justificar, tiempos y recursos valiosos
invertidos.-
Este es un punto al que la propia
querella ha aludido, mediante la presentación que luce agregada a fs.
1969 del expediente.-
Allí, el Dr. Nicolás Gabriel Tauber
Sanz, abogado apoderado de la querella, solicitó una audiencia con el
Sr. Fiscal, haciendo expresa su preocupación por el avance de la
pesquisa, denotando que “luego de 6 meses de investigación, y luego
de que esta querella haya acercado decenas de testigos y haya
participado activamente en el progreso de la investigación, no hay
ningún imputado, ni siquiera ninguna persona indicada como
posible responsable del asesinato de Bernardo Salgueiro” .-
Las consideraciones del acusador
particular merecieron la respuesta inmediata del Sr. Fiscal en decreto
seguido a su presentación, mediante la que se le concedió la
entrevista solicitada, previa aclaración de algunas cuestiones
vinculadas al número de testigos que la querella aseguraba haber
acercado al expediente y de aquellas medidas probatorias que
propiciaba la parte.-
Se aseguró además que “En primer
lugar, debe señalarse que el sólo transcurso del tiempo no
conforma un elemento de cargo que aporte a una imputación
penal” (textual de lo dispuesto por el Fiscal a fs. 1970).-
A aquella afirmación, sin embargo, le
siguió un repentino direccionamiento de la investigación hacia una
imputación genérica de todos quienes habían participado, desde el
sector público, en el desalojo del Parque Inodamericano.-
Lo inexplicable de aquella mutación en
la dirección de la causa, resulta de la circunstancia de que no se
incorporó luego de ella, prueba objetiva que pudiera hacer variar de
tal modo el pronóstico negativo que por aquel entonces y frente a la
acertada incursión de la querella, reconocía el propio Fiscal25.-
Me permito interpretar que lo que la
querella pretendía mediante el cuestionamiento de la investigación y
sus avances, o dicho de otro modo sobre la ausencia de éstos, era un
cambio sobre aspectos profundos vinculados a la estructura o
metodología investigativa, mas no, la individualización de “algún
responsable” sobre la base de lo actuado hasta aquel entonces.-
25
Entre la prueba incorporada al expediente luego de las manifestaciones de la querella en relación
a su preocupación por el avance de la pesquisa, se cuenta, entre aquella de mayor importancia con:
- Peritaje de fs. 2076 tendiente a determinar los restos deflagración en el armamento secuestrado a
las fuerzas de seguridad, cuyos resultados, previsible era de suponer, han variado entre aquellas armas
que si presentaban signos de haber sido disparadas y aquellas que no. Ni una realidad ni la otra aporta
mayores datos de interés para la causa. Es de hacer notar que la preocupación debiera surgir en
presencia de armas que no presenten signos de haber sido disparadas, pues ello indicaría la ausencia
total de entrenamiento de nuestras fuerzas de seguridad.-
- Peritaje de fs. 2091, tendiente a establecer los conos posibles de trayectoria inversa de aquellos
disparos que impactaran en las víctimas. En relación a esta diligencia ya se han hecho las observaciones
en cada uno de los casos en concreto, resultando de sus conclusiones que las trayectorias descriptas se
erigen como una mera posibilidad técnica.-
- Peritaje de fs. 2225 tendiente a determinar la distancia que pueden alcanzar los tacos plásticos
encontrados en el lugar de los hechos y la viabilidad del procedimiento por el cual se podría adulterarse
un cartucho anti-tumulco, con la inclusión de uno o dos postas de plomo.
- Finalmente, Peritaje de fs. 2280, mediante el que se pretendió establecer los horarios en las que
fueran captadas las distintas imágenes almacenadas en los discos compactos incorporados como
prueba a estas actuaciones.- Ninguno de ellos permite objetivamente, achacar la producción de los
disparos que ocasionaran las heridas y los decesos a autores determinados.-
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Colofón de lo expuesto, la intervención
que el Representante del Ministerio Público Fiscal ha tenido en estas
actuaciones, traducida en la pretensión punitiva que motivara esta
resolución, habrá de acarrear, por esa parte, casi con certeza, la
interposición de diverso remedio procesal . Siendo así, atento a los
lineamientos y críticas que sobre su intervención se ha realizado, será
el Fiscal General el encargado de ponderar, en definitiva, los carriles
por los que se ha conducido la investigación en cabeza de ese
ministerio público, representado en la ocasión por el Dr. Abraldes.-
Por lo expuesto, las constancias del
expediente, las razones esgrimidas y las normas citadas, es que
corresponde y así:
RESUELVO:
I) Decretar la nulidad absoluta de la
declaración testimonial de Lider Fernández Prieto, protocolizada
mediante el acta de fs. 1128/1129, nulidad que se ciñe
exclusivamente al acta referenciada (Art. 167 inc 3° y 172 a
contrario sensu del C.P.P.N.).-
II) Sobreseer al Comisario Mayor
Ricardo Ferron, Inspector Diego Castillo, Subinspectores Mario
Barrionuevo, Hugo Sánchez y Rubén Boonstra; Oficial Mayor Juan
Carlos Pili, Sergio Villagra, Christian Rodríguez, Daniel Balor,
Rodolfo Magrassi, Omar Chamorro, Daniel Gutiérrez, Ricardo Picart,
Alejandro González, Daniel Oviedo, Matías Bailate, Hernán
Giulidori, Carina Salvo, Raúl Solís, Gabriel Canavide, José Ponce y
Javier Masmann; Oficiales Yésica Vázquez, Osvado Viollaz –de la
División Operaciones Especiales Metropolitanas (D.O.E.M.) de la
Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-;
Oficial Mayor Rubén Rende, Jorge Smith y Oficial Hernán Fantin –
integrantes de la dotación del carro hidrante de la Policía
Metropolitana-; Subinspectores Claudio Maeso y Víctor Germán
Petraitis, Oficial Mayor Eduardo Darío Garralda, Inspector Alejandro
Benítez, Oficiales Leonardo Salvador Pozos y José Luis Gómez –de
la División Vigilancia Preventiva de la Policía Metropolitana-,
Sargentos Carlos Alejandro Caruso y Mario Enrique Schefer,
Subinspector Hernán Rubluplak, Agte. Miguel Caci, Cabo Luis
Fernández, Sargento 1ro. Marcos Torres Cejas y Cabo 1ro. Daniel
Eduardo Fail –Agentes de la Policía Federal Argentina- con
motivote de que el hecho que se les reprocha no fue cometido por
éstos, dejándose expresa mención que la formación de la presente
causa no afecta el buen nombre y honor del que gozaran (Art. 334,
336 inc. 4° del C.P.P.N).-
III) Sobreseer al Comisario General
Roberto Agustín Palavecino, Compisario Mayor Hugo Ernesto
Lompizano, Comisario Inspector Juan Antonio Quintero, Comisario
Emilio Ramón Miragaya, con motivo de que el hecho que se les
reprocha no encuadra en una figura penal, dejándose expresa
mención que la formación de la presente causa no afecta el buen
nombre y honor del que gozaran (Arts. 334 y 336 inc. 3° del
C.P.P.N.).-
IV) Sobreseer a María Cristina Nazar –
Juez titular del Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas
nro. 26 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con motivo de que el hecho que se le reprocha no encuadra en una
figura penal, dejándose expresa mención que la formación de la
presente causa no afecta el buen nombre y honor del que gozara
(Arts. 334 y 336 inc. 3° del C.P.P.N.).-
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IV) Encomendar al personal de la
Prefectura Naval Argentina, la individualización de los autores del
hecho aquí investigado, a cuyos fines, se convocará personal
especializado a los efectos de impartirle las directivas específicas que
el caso amerita.-
Notifíquese urgente a las partes,
incluidos a los imputados que no han nombrado defensa sobre el
contenido del Art. 104 del C.P.P.N, para que ejerzan su derecho a
nombrar un abogado de la matrícula, bajo expreso apercibimiento de
asignarle intervención a la Sra. Defensora Oficial que por turno
corresponda.-
Cumplido que sean las notificaciones de
estilo, archívese la presente causa, hasta tanto arroje resultados la
medida dispuesta en el punto IV).-
Ante mi:
En del mismo notifiqué al Sr. Agente Fiscal y firmó. Doy fe.-
En del mismo notifiqué a la Sra. Defensora Oficial y firmó. Doy
fe.-
En la misma fecha se libró cédula a la querella. Doy fe.-
En la misma fecha se libraron despachos para la notificación de los
imputados a tenor de lo dispuesto en el Art. 104 del C.P.P.N.-
En la misma fecha se cumplió. Conste.-