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RECURSO DE REVISIÓN: ICHITAIP/RR-1223/2017

RECURRENTE: (*)

SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

PONENTE: ALMA ROSA ARMENDARÍZ SIGALA

1

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS

MIL DIECISIETE.

Visto el estado que guarda el expediente identificado con el número

ICHITAIP/RR-1223/2017 relativo al recurso de revisión interpuesto por quien se

ostenta como (*), en contra del Sujeto Obligado TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA DEL ESTADO, se emite la resolución correspondiente, conforme a los

siguientes:

RESULTANDOS:

1.- Solicitud de Información. El día veintitrés de septiembre de dos mil

diecisiete, (*) mediante solicitud de acceso a la información con número de folio

104752017, requirió del Sujeto Obligado TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DEL ESTADO, lo siguiente:

“…

pdf o version publica o escaneo de la sentencia dictada en expediente Juzgado: Galeana - Juzgado 1o. de lo Civil Expediente: 529/2010 Actor: (*) Demandado: (*) Juicio: DIVORCIO CONTENCIOSO

…sentencia creo que se dicto 19/01/2012 DISTRITO JUDICIAL GALEANA Juzgado Primero Civil Nuevo Casas Grandes…” (sic)

2.- Respuesta. El día dos de octubre de dos mil diecisiete, el Sujeto

Obligado otorgó respuesta a la solicitud, informando lo siguiente:

“…

Después de verificar los archivos de este Sujeto Obligado, conforme lo dispone la fracción IX del artículo 38 de la Ley de la materia, se advierte que la información solicitada es de libre acceso al público, por lo que resulta procedente la solicitud formulada, quedando a su disposición en archivo adjunto la versión pública de la sentencia ejecutoriada de fecha diecinueve de enero de dos mil doce, dictada por el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, dentro del expediente marcado con el número 529/2010 del índice de dicho tribunal, documento mediante el cual se da respuesta a sus planteamientos. De igual forma, sírvase encontrar el acuerdo de clasificación de información número CT/UT/PJECH/AC/13-2017, de fecha veintiséis de abril del año en curso, emitido por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, por medio del cual se protegen los datos personales o sensibles de los intervinientes contenidos en las resoluciones que hayan causado estado

…” (sic)

3.- Recurso de revisión. El día seis de octubre de dos mil diecisiete, la

parte recurrente interpuso recurso de revisión, manifestando lo siguiente:

“…

Acto o resolución que se impugna: 104752017 la respuesta recaida al folio señalado así como el acuerdo de clasificación CR UT PJECH AC 13/2017 DE FECHA 26 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE SIC=

Hechos en que se funda la impugnación: NO SE OTORGÓ RESPUESTA COMPLETA A LA SOLICITUD PUES SE LIMITARON ENTREGAR UNA VERSION PÚBLICA DE LA SENTENCIA OMITIENDO, LA DEMANDA, CONTESTACIÓN, ACUERDO DE FIRMEZA, SOLICITGADOS, ADEMAS SEÑALAN QUE CONTIENE DATOS LOS CUALES NO JUSTIFICAN SU CLASIFICACION COMO DATOS PERSONALES, PUES EN TODO CASO LOS UNICOS DATOS PERSONALES SON LOS NOMBRES, Y NO EL CONTENIDO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS Y LOS HECHOS DE LA DEMANDA LA CONTESTACIPON Y Y LA RECONVENCION LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE LO QUE SE SOLICITO FUE pdf o version publica o escaneo de la sentencia dictada en expediente Juzgado: Galeana - Juzgado 1o. de lo Civil Expediente: 529/2010 Actor: (*) Demandado: (*) Juicio: DIVORCIO CONTENCIOSO tambien el acuerdo

* ELIMINADO: Nueve fragmentos de renglón. Fundamento legal: Artículo 128 párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. En virtud de tratarse de información que contiene datos personales de la parte recurrente.


RECURRENTE: (*)



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de firmeza de la sentencia y en su caso el cumplimiento que se dio a esa sentencia del juez, Alcuerdo que tuvo por contestada la demanda y la reconvencion y copia del documento completo de 06/05/2011 SE RECIBE LA CONTESTACION DE LA RECONVENCION lo anterior privilegiando el principio de maxima publicidad.

COMO QUEDO PLASMADO EN EL PROPIO SISTEMA Y EN EL ARCHIVO ADJUNTO A LA SOLICITUD INICIAL VISIBLE EN EL PROPIO PORTAL

…” (sic)

4.- Recepción, turno, admisión y notificación del recurso. Recibido el

recurso de revisión, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 146, fracción I

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Chihuahua, se turnó el expediente a la comisionada ALMA ROSA ARMENDARÍZ

SIGALA, quien por auto de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, admitió el

recurso de revisión y dio vista a las partes en los términos que dispone la fracción

II del Artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Chihuahua, otorgándoles un plazo de siete días hábiles para

que manifestaran respecto a su derecho, ofrecieran pruebas y formularan

alegatos.

5.- Manifestaciones del Sujeto Obligado. El día veinticuatro de octubre de

dos mil diecisiete, el Sujeto Obligado responsable, formuló las manifestaciones

que estimó convenir a su derecho al tenor de lo siguiente:

“…

Primeramente, debe apuntarse que el medio de impugnación que se informa deviene improcedente, toda vez que se actualiza la causal a que hace alusión la fracción VII del artículo 156 de la Ley que rige la materia, consistente en que el recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, lo anterior, virtud a que la promovente intenta que mediante el remedio procesal presentado se le entregue información que no fue solicitada ante esta Unidad de Transparencia, ya que su petición consistió únicamente por lo que hace a la versión pública de la sentencia del expediente 529/2010, más no así por lo tocante a la demanda, contestación y acuerdo de firmeza correspondiente.

Por otro lado, en el caso de que eso H. Autoridad desestime lo antes puesto, me permito argumentar lo siguiente.

CONTESTACIÓN EN CUANTO A LOS HECHOS:

En cuanto a las manifestaciones vertidas por el recurrente en el capítulo denominado HECHOS EN QUE SE FUNDA LA IMPUGNACION DEL RECURSO, en esencia se duele de lo siguiente:

Por un lado, alega la impugnante que no se le otorgó completa la información o la solicitud que formuló, puesto que únicamente se le entregó un versión pública de la sentencia.

Al respecto debe decirse que es infundado lo señalado por lo recurrente todo vez que lo mismo solicitó ante esto Unidad de Transparencia lo siguiente: "pdf o version publica o escaneo de la sentencia dictada en expediente Juzgado: Galeana - Juzgado 1o. de lo Civil Expediente: 529/2010 Actor: (*) Demandado: (*) Juicio: DIVORCIO CONTENCIOSO sentencia creo que se dictó 19/01/2012. DISTRITO JUDICIAL GALEANA Juzgado Primero Civil Nuevo Casas Grandes"

A dicha petición recayó el acuerdo de respuesta emitido por esto Unidad con fecha dos de octubre del año en curso, mediante el cual se puso a su disposición lo versión público de la sentencia que fue requerida por el solicitante "jus" a través de lo solicitud de información identificado con número de folio 104752017.

De lo antes señalado se advierte que contrario o lo expresado por la impugnante este Sujeto Obligado cumplió o cabalidad lo que le fue requerido, puesto que la mismo recurrente establece que se le entregó la versión pública de la sentencia.

Asimismo, debe establecerse que también deviene inoperante lo referido por la solicitante en el recurso de revisión, puesto que ésta pretende o través del aludido medio de


RECURRENTE: (*)



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impugnación que se obligue o éste ente público o entregar información que no fue requerido por la promovente de forma primigenia en la solicitud de información, específicamente lo relativo a la demanda, contestación y acuerdo de firmeza que obran dentro de los autos del expediente 529/2010; toda vez que como se observa de la petición transcrita en líneas precedentes, en ningún momento requirió dicha información, pues se reitera, la solicitud planteada ante esta Unidad de Transparencia se concentró solamente en entregar la sentencia, lo que en la especie se hizo.

Consecuentemente, no es factible, como lo quiere hacer la promovente, que mediante el recurso de revisión a que refiere el presente informe, se pida la entrega de información respecto de la cual este ente obligado no tuvo la oportunidad de pronunciarse ante la omisión de la solicitante de pedirla, de lo que deriva la inoperancia del motivo de inconformidad pues pretende introducir en esta instancia cuestiones novedosas que no fueron materia de la petición primigenia.

Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud de razón, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 52, que a letra dice:

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida.”

De igual forma, resulta también resulta aplica la ejecutoria emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Página 2887, misma que es del rubro y texto siguientes:

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso a toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren."

B) Por otra parte, en cuanto al segundo hecho o agravio relativo a que no se justificó la clasificación de datos como personales, puesto que solamente debían comprender dicho término los nombres de las partes, no así las prestaciones reclamadas y los hechos contenidos en la demanda, contestación y reconvención.

Al respecto, debe decirse que lo manifestado por la recurrente es infundado toda vez que ésta pasa por alto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, publicada en el


RECURRENTE: (*)



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Periódico Oficial del Estado el siete de septiembre de dos mil diecisiete, el Poder Judicial se encuentra obligado a proteger los datos personales que se encuentren en su poder.

Asimismo, debe establecerse que en atención al contenido de la fracción VIII del ordinal 11 de la legislación antes citada, por dato personal se entiende: "Cualquier información que se manifieste en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica, o en cualquier otro formato, concerniente a una persona física identificada o identificable.

Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información."

En ese tenor, de lo antes trascritos se advierte que este Sujeto Obligado actuó conforme al marco legal correspondiente, puesto que en la versión pública de la sentencia 529/2010, se omitió cualquier dato que, a juicio de esta Unidad de Transparencia, permitiera identificar a las partes que se vieron inmersas en el procedimiento judicial que dio origen al expediente de referencia, situación de igual forma se ve reflejada en el acuerdo emitido por el veintiséis de abril del año en curso, es decir, las determinaciones tomadas en dicho proveído, así como en el versión pública entregada, tiene como fundamento y motivación la obligación a cargo del Poder Judicial, como se dijo, de garantizar la protección de los datos personales de los justiciables, de ahí que se diga que es infundado lo señalado por la promovente.

…”

6.- Recepción de manifestaciones y cierre de instrucción. Mediante

auto de fecha veiticinco de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el

escrito de expresión de manifestaciones presentado por el Sujeto Obligado y se le

tuvieron por ofrecidas y admitidas pruebas, y una vez transcurrido el plazo que

previene la fracción II del artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente para el Estado de Chihuahua, se decretó el cierre de

instrucción, conforme lo dispone el citado artículo en sus fracciones V y VI, previo

estudio y análisis del recurso de revisión se somete a la consideración del Pleno

de este Instituto el presente proyecto de resolución, conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Competencia. Este Pleno es competente para conocer y

resolver el recurso de revisión que nos ocupa, de acuerdo a lo dispuesto por los

Artículos 4 fracción II de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 12, 13,

17, 19 apartado B fracción II y 136 al 158 primer párrafo de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua (en lo

subsecuente la Ley)1, en virtud de que el presente asunto versa sobre una

controversia con motivo de la aplicación de la misma, dado que deriva de la

inconformidad contra la respuesta otorgada a una solicitud información.

SEGUNDO.- Procedencia. Si bien al momento de admitir el Recurso de

Revisión se consideró que en el mismo no se surte causal de improcedencia

alguna, además de encontrarse colmados los requisitos de forma a que se refiere

el artículo 138, de la Ley, no pasa desapercibido para este Pleno que el Sujeto

Obligado responsable solicita en su escrito de manifestaciones se declare

improcedente el recurso de revisión, cuestión que por ser considerada de orden

público es de estudio preferente.2

1 De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua

ARTÍCULO 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

XXII. Ley. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. 2 Criterio contenido en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa


RECURRENTE: (*)



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El Sujeto Obligado manifiesta que se actualiza el supuesto contemplado en

el artículo 156 fracción VII3 de la Ley, por considerar que la recurrente intenta se le

entregue información que no fue solicitada, ya su petición consistió únicamente a la

versión pública de la sentencia del expediente 529/2010, más no así por lo tocante

o la demanda, contestación y acuerdo de firmeza correspondiente.

El recurso de revisión resulta improcedente respecto a estos últimos

requerimientos, ya que la recurrente en el recurso de revisión se inconforma

porque no se entregó información que no fue objeto de la solicitud inicial, es decir,

amplia el contenido de su solicitud de información, actualizándose efectivamente la

causal de improcedencia prevista por el artículo 156, en su fracción VII, de la Ley,

que establece que el recurso de revisión será desechado cuando el recurrente

amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos

contenidos.

En la solicitud inicial la peticionaria solicitó la versión pública de la sentencia

dictada en Expediente: 529/2010 del Juzgado 1o. de lo Civil, Distrito Judicial

Galeana, misma que le fue proporcionada en la respuesta.

En el recurso de revisión se inconforma por considerar que no se otorgó

respuesta completa, omitiendo, la demanda, contestación y acuerdo de firmeza.

Como se puede observar, de un contraste entre la solicitud inicial y lo

expuesto en el recurso de revisión, advertimos que la demanda, contestación y

acuerdo de firmeza, no fueron objeto de planteamiento en la solicitud de

información, constituyendo una ampliación de su petición inicial.

En razón de lo anterior resulta procedente sobreseer el presente recurso de

revisión, únicamente en lo que respecta a las manifestaciones mediante las que

amplía su solicitud inicial, al actualizarse la hipótesis prevista el artículo 157

fracción IV, en relación con el artículo 156 fracción VII, ambos de la Ley.

En cuanto a la manifestación donde se inconforma contra la clasificación

como confidencial de ciertos datos de la resolución solicitada, el recurso de

revisión es procedente ya que se ubica en la hipótesis prevista por en el Artículo

137, fracción I, de la Ley, además de haber sido presentado oportunamente en el

plazo establecido por el Artículo 136 de la Ley, y al encontrarse colmados los

requisitos de forma previstos por el numeral 138 de cuerpo normativo en mención,

por tanto, se debe continuar con el estudio de tales motivos de inconformidad.

TERCERO.- Precisión de la inconformidad. De lo expresado por la parte

del Séptimo Circuito, de la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

en su Apéndice de Junio de 2011, Tomo XXXIII, página: 1595, Tesis número: 161742, en Materia Común,

del rubro y texto siguiente: “SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES

PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, PREFERENTE Y

DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO

DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR

LOS ARTÍCULOS 95, FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE

AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA DE AQUÉLLAS.” De aplicación

analógica al caso en estudio. 3 ARTÍCULO 156. El recurso será desechado por improcedente cuando:

VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto a los nuevos

contenidos.


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recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión y en aplicación de

la suplencia en la deficiencia de la queja de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 41 y 141 de la Ley, se advierte que se inconforma contra la clasificación

como confidencial del contenido de las prestaciones reclamadas, los hechos de la

demanda y la contestación así como la reconvención.

En consecuencia la Litis se fija en torno a determinar si es factible clasificar

como confidencial tales datos, advirtiéndose de ello un conflicto de derechos (el

derecho a protección de datos y el derecho de acceso a la información) por lo que

el presente asunto se resolverá en términos de lo dispuesto por el artículo 144 de

la Ley.

CUARTO.- Estudio de Fondo Este Pleno advierte de las constancias del

expediente, que el Acuerdo de Clasificación aportado por el Sujeto Obligado no

conteniente los elementos mínimos requeridos para fundar y motivar la negativa al

acceso a la información, por tanto incurrió en una violación procesal en términos

de lo previsto por los artículos 111 de la Ley4, Quinto5, Octavo6 y Cuadragésimo

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la

Información, además de advertir que la versión publica no muestra la aprobación

del Comité de Transparencia, en términos de lo establecido por el Cuadragésimo

sexto de los Lineamientos en mención.

No obstante lo antes precisado, tomando en consideración que en el asunto

en estudio los motivos de inconformidad deben de analizarse atendiendo su

prelación lógica y privilegiando el estudio de los que redunden en el mayor

beneficio para la parte recurrente; en este caso, se estima que no procede

modificar la respuesta para el efecto de que se emita un Acuerdo de Clasificación

debidamente fundado y motivado y una versión pública aprobada por su Comité

de Transparencia; pues se considera debe privilegiarse el estudio de los motivos

de inconformidad de fondo por encima de los de forma, que en este caso implica

analizar si la información es susceptible de clasificarse como confidencial por

encima del estudio respecto a si se elaboró un Acuerdo de Clasificación o si se

4 ARTÍCULO 111. Todo acuerdo de clasificación de la información, deberá señalar las razones, motivos o

circunstancias que llevaron al Sujeto Obligado a elaborar dicho acuerdo, además justificar el plazo de reserva

y, en su caso, de la ampliación del mismo.

En todo caso, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar la prueba de daño. 5 Quinto. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse

cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales,

corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de

la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar

cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás

disposiciones aplicables en la materia. 6 Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o

numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el

carácter de reservada o confidencial.

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a

concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también deberá comprender las

circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.

Tratándose de información clasificada como confidencial respecto de la cual se haya determinado su

conservación permanente por tener valor histórico, ésta conservará tal carácter de conformidad con la

normativa aplicable en materia de archivos.

Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como históricos confidenciales no

serán susceptibles de clasificación como reservados.


RECURRENTE: (*)



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observaron las formalidades para ello.

Lo anterior se precisa, ya que en el caso concreto, de ordenarse emitir un

Acuerdo de Clasificación debidamente fundado y motivado, implicaría únicamente

posibilitar a la parte recurrente el conocer los motivos que hubiese tomado en

consideración el Sujeto Obligado para clasificar la información; por tanto, resulta

de mayor beneficio para el particular que se realice el estudio de fondo del motivo

de inconformidad planteado en el sentido de que la información solicitada no es

susceptible de clasificarse como confidencial, pues, de resultar fundado, traería

como consecuencia la desclasificación de la información y su posterior entrega.

Sirve de apoyo a lo anterior, aplicado de manera analógica, el criterio

sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la

Cuarta Región en la jurisprudencia 1o. J/7 (10a.), localizable Gaceta del

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo

II, Página: 1488, con número de registro 2006757, del rubro y texto siguientes:

“VIOLACIONES PROCESALES. ESTÁN SUBORDINADAS AL ESTUDIO DE FONDO

CUANDO ÉSTE REDUNDA EN MAYOR BENEFICIO PARA EL QUEJOSO, AUN

CUANDO SEAN ADVERTIDAS EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE O SE

HAGAN VALER VÍA CONCEPTOS DE VIOLACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO

189 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Del

referido precepto deriva que el órgano jurisdiccional federal, por regla general, estudiará los

conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el

estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en mayor beneficio para el

quejoso. Además, que en todas las materias se privilegiará el análisis de los de fondo

por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir ese orden redunde el

efecto destacado. De conformidad con lo apuntado, se colige que si la quejosa formula

conceptos de violación encaminados a denunciar, tanto violaciones procesales, como de

fondo, o bien, en los casos en que procede la suplencia de la queja el tribunal de amparo

advierte la existencia de aquellas que pudiesen ameritar la concesión de la protección

constitucional para reponer el procedimiento y, paralelamente, se observa que la quejosa

obtendrá un mayor beneficio en un aspecto de fondo; entonces, el estudio de las

violaciones procesales en ambos supuestos, ya sea que se hagan valer vía conceptos de

violación o se adviertan en suplencia de la queja deficiente, debe subordinarse al de fondo

del asunto en tanto en esta temática subyace el mayor beneficio a que alude el numeral

citado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA

CUARTA REGIÓN.

Énfasis añadido.

Precisado lo anterior entramos al estudio de los conceptos de

inconformidad orientados contra la clasificación como confidencial de los datos

correspondientes a las prestaciones reclamadas, los hechos de la demanda,

contestación y reconvención, para lo cual se ha de analizar la naturaleza de los

mismos.

Al clasificarse como confidencial tales datos, nos encontramos ante un

conflicto de derechos entre el derecho a la protección de datos personales

(información confidencial) y el derecho de acceso a la información pública.

Ahora bien, para poder resolver la controversia en cuestión, este Pleno

considera necesario desarrollar los siguientes puntos: (I) explicar el marco

normativo en materia de información confidencial; (II) explicar el marco normativo


RECURRENTE: (*)



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en materia de acceso a la información pública; y (III) determinar si la medida

impugnada supera los tres elementos de la prueba del interés público a la que

doctrinal y jurisprudencialmente se le ha denominado test de proporcionalidad: (1)

idoneidad; (2) necesidad; y (3) proporcionalidad. Por último (IV) se precisarán los

efectos del Recurso de Revisión.

I. Marco normativo en materia de información confidencial

(Protección de datos personales. Derecho a la intimidad)

El artículo 6° Constitucional, en su apartado A, fracción II, establece que la

información referente a la vida privada y a los datos personales será protegida en

los términos fijados por las leyes.

En el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, encontramos el fundamento constitucional del

derecho de protección de datos personales, derecho que se encuentra

consagrado en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en su artículo 4,

en el que se establece además que la Ley protegerá a las personas de cualquier

lesión en sus derechos por el tratamiento de datos personales.

A efecto de desarrollar este apartado es necesario tener presente además

lo dispuesto por los artículos 5, fracciones, XI, XII y XVII, y 128 de la Ley, 11,

fracción IX, de la Ley de Protección de Datos del Estado de Chihuahua, y

Trigésimo octavo y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la Información.

De tales dispositivos se desprende que la información confidencial es toda

aquella que se encuentre clasificada como tal en los términos de la normatividad

aplicable y que contenga datos personales concernientes a una persona

identificada o identificable, que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya

utilización indebida pueda dar origen a discriminación o intolerancia sobre su

persona, honor, reputación y dignidad o conlleve un riesgo grave para este, y que

se considera como datos sensibles los datos que corresponden a una persona en

lo referente al credo religioso, origen étnico o racial, preferencias sexuales,

filiación o ideología políticas, afiliación sindical, salud física y mental, situación

moral y familiar y otras cuestiones íntimas de similar naturaleza, así como los

secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal,

Información genética, características físicas, morales o emocionales, creencias

religiosas, filosóficas y morales, domicilio y teléfono particulares, correo electrónico

no oficial, patrimonio, huella digital, hechos y actos de carácter económico,

contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil

para un competidor, número de seguridad social u otros similares.

II. Marco normativo en materia de acceso a la información pública

El derecho de acceso a la información encuentra su fundamento

constitucional en el artículo 6°, segundo párrafo, así como en su apartado A,

fracción I.

Del contenido del precepto constitucional en cita se desprende que toda

persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de


RECURRENTE: (*)



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expresión, y que toda información en posesión de algún Sujeto Obligado, es

pública y solo podrá ser clasificada de manera excepcional, aplicándose el

principio de máxima publicidad.

De conformidad con lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo

2° de la Ley, la información pública es un bien de dominio público en poder del

Estado, cuya titularidad reside en la sociedad, misma que tendrá en todo momento

la facultad de disponer de ella para los fines que considere.

Los Sujetos Obligados en el ámbito de su competencia tienen la obligación

de proporcionar a los solicitantes información pública en los términos de Ley, y

corresponde a la Unidad de Transparencia el fomentar la transparencia y

accesibilidad de la información.

Toda persona podrá acceder a la información pública materia de la Ley,

salvo en los casos de excepción7, que son cuando la información se encuentre

clasificada como reservada o confidencial, en cuya aplicación e interpretación se

debe atender el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información,

el que implica realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda

ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la

legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá

clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad

diversa, es decir que esas restricciones se han de aplicar de manera excepcional y

restringida, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de las personas,

tal y como lo establece el Titulo Sexto de la Ley en relación con los artículos 6°8

párrafo primero y 7°9.

La Ley de la materia en su artículo 5, fracciones XVIII y XIX, hace la

distinción entre información de interés público e información pública.

En términos de lo dispuesto por el dispositivo en cita, constituye

información pública todo archivo, registro o dato que los Sujetos Obligados

generen, obtengan, adquieran, trasformen o conserven por cualquier título, y de

ésta se considera que es de interés público aquella cuya divulgación resulta útil

para comprender las actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados, cuyas

hipótesis se enlistan en el artículo 77 de la Ley.

Ahora bien, una vez que se ha expuesto en el marco regulatorio, el alcance

en lo que respecta a la información confidencial y los datos susceptibles de

clasificarse como tales, así como el alcance del derecho de acceso a la

información, este Pleno está en posición de concluir que no son derechos

absolutos, de tal manera que pueden ser limitados con la finalidad de perseguir

algún objetivo constitucionalmente válido.

7 ARTÍCULO 40. Toda persona por sí, o por medio de representante legal, sin necesidad de acreditar interés

alguno, podrá acceder a la información materia de esta Ley, salvo los casos de excepción previstos en la

misma. 8 ARTÍCULO 6. El derecho de acceso a la información pública se interpretará, favoreciendo en todo tiempo la

protección más amplia a las personas, conforme a: 9 ARTÍCULO 7. En la aplicación e interpretación de esta Ley y demás normatividad en la materia, se deberá

atender a los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información, y demás mencionados en

esta Ley.


RECURRENTE: (*)



10

En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que los

derechos fundamentales y sus respectivos límites externos operan como

principios, de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites

encierran una colisión que debe resolverse con ayuda del test de

proporcionalidad.10

Así, para que sea válida la limitación del derecho de acceso a la

información cuando se encuentra en conflicto con el derecho a la intimidad y

protección de datos personales, el Organismo Garante debe atender a lo

establecido por el artículo 144 de la Ley, por, al resolver el recurso de revisión, y al

efecto debe aplicar una prueba de interés público con base en elementos de

idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista conflicto de derechos.

La prueba de interés público, jurisprudencial y doctrinalmente conocida

como test de ponderación, refiere a la argumentación y fundamentación realizada

por los organismos garantes, mediante un ejercicio de valoración, tendiente a

acreditar si el beneficio que reporta dar a conocer la información confidencial

pedida, es mayor a la invasión que su divulgación genera en los derechos de las

personas.11

En la aplicación de la prueba del interés público, los organismos garantes

deben superar el examen de proporcionalidad que debe cumplir con los elementos

de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Precisado lo anterior, pasamos a la realización de la prueba de interés

público a efecto de determinar si el beneficio de dar a conocer la información

clasificada como confidencial, es mayor que el daño que puede generar en sus

titulares su divulgación, en cumplimiento a lo establecido por el Cuadragésimo

noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información.

Prueba del interés público (test de proporcionalidad)

Como se explicó anteriormente, en esta fase de análisis examinaremos si

en el caso concreto existe una justificación desde el punto de vista legal que

permita identificar el beneficio del interés público obtenido con la divulgación de

los datos clasificados como confidenciales, y si la medida de la clasificación

supera sucesivamente un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

En el caso concreto, es necesario recordar que la medida que se analiza lo

es la clasificación como confidencial de las prestaciones reclamadas, los hechos

de la demanda, contestación y reconvención, al haber sido testados en la versión

publica de la sentencia dictada en el expediente 529/2010 del Juzgado Primero de

lo Civil del Distrito Judicial Galeana, proporcionada en la respuesta. (fojas 18-35).

1. Idoneidad

En esta etapa del examen debe analizarse si la legitimidad del derecho

adoptado como preferente, es la adecuada para el logro de un fin

10

Al respecto, véase la Resolución del AMPARO EN REVISIÓN 237/2014. Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación. MINISTRO PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. 11

Lineamiento Segundo, fracción XIV, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información


RECURRENTE: (*)



11

constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido. En este sentido,

el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación fundada en la

experiencia entre la intervención o limitación al derecho no favorecido y el fin que

persigue dicha afectación, para lo cual es suficiente que la medida contribuya en

algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador.

Apoya lo anterior el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCLXVIII/2016 (10a.) localizable

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de

registro 2013152, del rubro y texto siguientes:

“SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA

IDONEIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. Para que resulten constitucionales las

intervenciones que se realicen a un derecho fundamental, éstas deben superar un test de

proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe

perseguir una finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún grado la consecución de

su fin y no limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en

cuestión. Por lo que hace a la idoneidad de la medida, en esta etapa del escrutinio debe

analizarse si la medida impugnada tiende a alcanzar en algún grado los fines

perseguidos por el legislador. En este sentido, el examen de idoneidad presupone la

existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha

afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a

lograr el propósito que busca el legislador. Finalmente, vale mencionar que la idoneidad

de una medida legislativa podría mostrarse a partir de conocimientos científicos o

convicciones sociales generalmente aceptadas.”

En el caso concreto, debe determinarse si la clasificación como confidencial

los datos antes precisados constituye una medida idónea para proteger el derecho

adoptado como preferente por el Sujeto Obligado (protección de la vida privada y

datos personales).

En la solicitud de información, la persona solicitante requirió la versión

pública de la sentencia dictada en expediente 529/2010 del Juzgado Primero de lo

Civil del Distrito Judicial Galeana.

En la respuesta el Sujeto Obligado proporcionó la versión pública de la

referida sentencia, en la que testó, por considerarlos como confidenciales, los

datos referentes a:

Nombres de las partes y autorizados

Fecha de celebración del matrimonio y datos de registro del acta

correspondiente

Datos de registro de actas de nacimiento

Las causales de la procedencia de la demanda

Ubicación del domicilio conyugal

Datos de los hechos y argumentos contenidos en la demanda,

contestación y reconvención

Como quedó establecido en el apartado correspondiente, la protección de la

vida privada y de los datos personales tiene sustento constitucional y su fin es

proteger los datos de la esfera más íntima de las personas, a los que se les

denomina “datos personales sensibles”, entre los que se encuentra la información

relativa al nombre, estado civil, domicilio y número de teléfono particulares u otra


RECURRENTE: (*)



12

que revele aspectos de la vida privada, de lo que se desprende que la intención

del legislador es evitar la irrupción por parte de terceros en la vida privada de las

personas de cualquier intromisión no consentida.

En relación con la materia de la solicitud encontramos que las obligaciones

de transparencia establecidas en el artículo 81, de la Ley, en su fracción VII12, se

contempla la relativa las versiones públicas de las sentencias que sean de interés

público, advirtiéndose que es de interés de la sociedad el conocer las

determinaciones que emitan las autoridades judiciales, especialmente las que fijen

criterios de interés público, sin que esto excluya la posibilidad de que a pregunta

expresa se puedan solicitar resoluciones de interés de los particulares en las que

se contenga la información que documente decisiones y actos de autoridad

concluidos del ente jurisdiccional, de ahí la obligación de generar versiones

públicas.

Es por ello que es importante señalar qué criterios tomar para elaboración

de versiones públicas, “algunos ejemplos pueden encontrarse, como en el caso

del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que desde 2013, ha contado con una

Guía Técnica para la elaboración de versiones públicas de la documentación que

detentan. En ella se establece que no pueden suprimirse la información que

documente decisiones y actos de autoridad concluidos del Tribunal, los números

de sentencias, ni los nombres de las partes, así como tampoco toda aquella

información que haya servido de base para la determinación en la emisión de la

sentencia así como la que ya está en Ley definida como información susceptible

de ser publicada. De acuerdo con la normativa en cita, deben suprimirse: Los

nombres, alias, pseudónimos o cualquier otra denominación que identifique y/o

haga identificable a una persona, y de la cual no se cuente con el consentimiento

por escrito para hacer pública la información; para el caso del nombre, salvo que

éste corresponda a las personas servidoras públicas en ejercicio de sus funciones,

o bien, los nombres de las partes; la fecha de nacimiento, edad, nacionalidad,

lugar de nacimiento y estado civil; las calificaciones resultado de actividades

académicas; las firmas de las partes en el juicio, representantes y personas

autorizadas, testigos, peritos/ as, terceros mencionados y cualquier otra persona

referida en las constancias de los documentos, expedientes o sentencias; el

domicilio en cualquier caso, con la salvedad de que se trate de la ubicación de

monumentos, inmuebles o áreas públicas; el teléfono particular, teléfono celular o

correo electrónico no oficial; los números, letras o cualquier carácter que conforme

alguna clave vinculada a una persona y que la haga identificada o identificable,

tales como Registro Federal de Contribuyente (RFC) y la Clave Única de Registro

de Población (CURP), entre otros; ello no implica suprimir de manera total el tipo

de documento que contiene estas claves; las cuentas bancarias o cantidades en

dinero relativas al patrimonio de una persona física o moral; los datos de

identificación de vehículos, con la salvedad de los que tengan el carácter de

oficial; los datos biométricos (huella dactilar) de las personas servidoras públicas

12

ARTÍCULO 77. Los Sujetos Obligados deberán transparentar las siguientes obligaciones de transparencia:

XV. XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el

titular del Sujeto Obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto.


RECURRENTE: (*)



13

del Tribunal, y la información que tutele el derecho a la privacidad, intimidad, el

honor, la dignidad y la propia imagen.13

Otro ejemplo lo encontramos el Acuerdo General 84/2008; emitido por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación del que se deriva el Catalogo de Datos

Personales y Sensibles14en el que con el objeto de facilitar la labor del encargado

de generar las versiones públicas, se sugiere que al realizar esa actividad,

considere lo siguiente y suprima, entre otros, los siguientes:

De acuerdo a lo anterior, se hace notar que el Legislador no asignó

expresamente el carácter de información confidencial a aquella relativa a los

hechos de la demanda, contestación, reconvención, etc. que se trascriban en las

sentencias por el contrario, se considera como pública y no podrá omitirse de las

versiones publicas la información que documente decisiones y los actos de

autoridad concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las

facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda

valorar el desempeño de los mismos en términos de lo previsto por la fracción III

del Quincuagésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la Información.

Es así que, para entender el contexto de la versión publica de la sentencia

solicitada, se debe estar en posibilidad de leer los hechos trascritos en la misma,

datos necesarios para valorar la actividad de los órganos jurisdiccionales, es por

ello que no deben ser testados en su versión pública, información respecto de la

cual no procede su clasificación salvo aquellos dados confidenciales en términos

de lo establecido en líneas anteriores, más no en su totalidad.

13

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Comentada. Comentario al artículo 73,

por Por Víctor S. Peña, pag. 276 y 277. 14

Disponible para si consulta en intenet en:

http://www.cjf.gob.mx/transparenciaCJF/Protocolo/Archivos/Triptico%20Catalogo%20de%20Datos%20Pers

onales.pdf consultado el día 17 de noviembre de 2017.

http://www.cjf.gob.mx/transparenciaCJF/Protocolo/Archivos/Triptico%20Catalogo%20de%20Datos%20Personales.pdfhttp://www.cjf.gob.mx/transparenciaCJF/Protocolo/Archivos/Triptico%20Catalogo%20de%20Datos%20Personales.pdf


RECURRENTE: (*)



14

Así, al asignarle la normatividad el carácter de pública para su difusión no

se requiere el consentimiento de sus titulares de acuerdo a lo dispuesto por el

artículo 133, fracción II, que a letra indica:

“ARTÍCULO 133. No se requerirá el consentimiento del titular de la información

confidencial cuando:

II. Por ley tenga el carácter de pública…”

De la transcripción que antecede, se desprende que no se requiere el

consentimiento de los titulares de información confidencial cuando por Ley tenga

el carácter de pública y, siendo el caso que la Ley no le otorga el carácter de

confidencial o reservada a la correspondiente a la totalidad de la considerada a los

hechos de la demanda, contestación o reconvención contenidos en las

resoluciones por tanto es información pública y de libre acceso siempre y cuando

no revelen datos de identidad de los promoventes y en los mismos se testen los

datos personales en términos de lo señalado en líneas anteriores, por lo tanto no

supera esta etapa del escrutinio pues su clasificación no alcanza algún grado de

los fines perseguidos por el legislador, pues su regulación es en el sentido inverso.

Robustece lo anterior el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en

Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, Libro 7, junio de 2014,

Tribunales Colegiados de Circuito, p. 1794, Tesis: III.1o.C.1 K, Registro: 2006639.,

del rubro y texto siguientes:

“PRIVACIDAD. LA PUBLICACIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS

ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONCULCA ESE

DERECHO. El artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental, es una disposición de orden público y de observancia obligatoria

que impone el deber al Poder Judicial de la Federación de hacer públicas las sentencias,

incluso aquellas que no hayan causado estado o ejecutoria y que las partes podrán

oponerse a la publicación de sus datos personales; en consecuencia, el hecho de que se

publiquen las resoluciones que se emitan en un juicio de amparo, no conculca el derecho

de privacidad, ya que basta que el interesado se oponga, para suprimir la información que

la ley clasifica como confidencial, esto porque la finalidad de la ley es garantizar el acceso

de toda persona a la información gubernamental, debiéndose favorecer el principio de

máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados,

que sólo puede restringirse de manera excepcional bajo criterios de razonabilidad y

proporcionalidad, con el fin de que no se impida el ejercicio de aquel derecho en su

totalidad; de no ser así, se haría nugatorio el fin superior de transparentar y dar

publicidad a las sentencias, que redunda en preservar la seguridad jurídica y hacer

prevalecer un Estado democrático de derecho. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN

MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Queja 9/2014. 23 de enero de 2014.

Unanimidad de votos. Ponente: Martha Leticia Muro Arellano. Secretaria: Alma Nohemí

Osorio Rojas. Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el

Semanario Judicial de la Federación.”

Es por ello que se llega a la conclusión de que en este caso la clasificación

de la información relativa a la totalidad de los hechos expresados en la demanda,

contestación y reconvención así como las prestaciones reclamadas, contenidos en

la sentencia, no supera la prueba del interés público, dado que como se ha

expuesto, en la colisión del derecho a la intimidad con el derecho al acceso a la

información debe privilegiarse este último, por ser una cuestión de interés público

en términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley y del Quincuagésimo


RECURRENTE: (*)



15

Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones

Públicas, además de que los beneficios que recibe la sociedad con su divulgación

son mayores al constituir la publicación y trasparencia de las sentencias en un

acto que redunda en preservar la seguridad jurídica y hacer prevalecer un Estado

democrático de derecho, además de que al tratarse de versiones públicas en las

que no divulgan datos sensibles de las partes sin su consentimiento, es por ello

que se debe analizar cada caso concreto para elaborar la versión pública

correspondiente ya que en los hechos de la demanda pudieran contener datos

sensibles tales como domicilio particular, información patrimonial, así como estado

civil entre otra.

QUINTO.- ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN. En las relatadas condiciones,

con fundamento en los artículos 144, 147 fracciones III y 148 de la Ley, se estima

procedente revocar la respuesta y ordenar emitir una nueva en la que se

proporcione la versión pública de la sentencia solicitada en la que se incluyan los

datos correspondientes a las prestaciones reclamadas, hechos de la demanda,

contestación y reconvención siempre y cuando de estas no se infiera la identidad

de la persona (de los que se deben suprimir datos personales en caso de que los

hubiera).

Plazo para entregar la información.

La respuesta deberá otorgarla de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 148

fracción III, de la Ley, en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a

partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

Domicilio donde efectuar la notificación.

En el domicilio autorizado en auto de fecha nueve de octubre de dos mil

diecisiete.

Plazo para informar sobre el cumplimiento.

El Sujeto Obligado a través de la Unidad de Transparencia deberá informar

del cumplimiento de la Resolución, en un plazo no mayor a tres días hábiles,

contados a partir de que realice al recurrente la notificación ordenada en este fallo,

lo anterior con fundamento en el artículo 150 de la Ley.

Forma de acreditar el cumplimiento.

Lo que hará anexando a su informe:

a) Copia de la pantalla en la que conste que se notificó a través de

correo electrónico a la parte recurrente, en cuyo reverso la Unidad de

Transparencia incluya la constancia de correspondencia con la

efectuada al recurrente.

b) Una copia de la respuesta otorgada a la parte recurrente, en la que

se incluya la información proporcionada, que muestre la constancia

emitida por la Unidad de Transparencia que dé cuenta de su

correspondencia con la enviada a la parte recurrente.

Apercibimiento


RECURRENTE: (*)



16

Con el apercibimiento de que en caso de no otorgar respuesta al solicitante,

o bien, no informe a este organismo garante del cumplimiento dado a la misma en

los términos señalados para ello en el presente considerando, se aplicaran

medidas de apremio, además de que se difundirá en el portal de obligaciones de

transparencia y se considerará para las evaluaciones que realice este organismo

garante, con fundamento en los artículos 160, 161 y 162, de la Ley.

Por lo expuesto, se resuelve:

PRIMERO.- Es procedente el recurso de revisión interpuesto por la parte

recurrente en contra de la respuesta otorgada por la Unidad de Transparencia del

Sujeto Obligado TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.

SEGUNDO.- Se Revoca la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, por

las razones precisadas y para los efectos señalados en el Considerando Cuarto de

la presente Resolución.

TERCERO.- Se Sobresee el recurso en lo que respecta a las a las

manifestaciones mediante las que amplía su solicitud inicial, al actualizarse la

hipótesis prevista el artículo 157 fracción IV, en relación con el artículo 156

fracción VII, ambos de la Ley, por las razones vertidas en el Considerando

Segundo de esta Resolución.

CUARTO.- Notifíquese a la partes y en su oportunidad archívese el

presente expediente como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y

Acceso a la Información Pública, por unanimidad de votos emitidos en Sesión

Ordinaria celebrada el día veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, ante la fe

del Secretario Ejecutivo, licenciado Jesús Manuel Guerrero Rodríguez, con

fundamento en el artículo 12 fracción XIX del Reglamento Interior de este Instituto.


RECURRENTE: (*)



17

ICHITAIP

Fecha de clasificación Acuerdo C.T 33/2017 de fecha 15 de diciembre de dos mil diecisiete.

Área Dirección Jurídica

Identificación del documento Resolución del Recurso de Revisión ICHITAIP/RR-1223/2017.

Información reservada No Aplica.

Razones que motivan la clasificación

Versión pública del documento para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.

Periodo de reserva

La información confidencial no está sujeta a temporalidad de conformidad con lo establecido en el Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas

Fundamento legal

Artículos 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua

Ampliación del periodo de reserva No Aplica

Confidencial Renglones en que se contienen datos personales

Rúbrica del titular del área

chihuahua, chihuahua, a veintitrÉs de noviembre de …ichitaip/rr-1223/2017 relativo al recurso de...

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