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* Artículo recibido en marzo de 2006.Artículo aprobado en abril de 2006.

1 Socióloga, Magister en Estudios de Paz de la Universidadde Lancaster, Reino Unido.

CENTROS DE PODERECONÓMICOY

POLÍTICO EN MEDELLÍN:DILEMAS

ESTRUCTURALES YSELECTIVIDADESTRATÉGICA*

POR VILMA LILIANA FRANCO R.1

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INTRODUCCIÓN2

n el marco de las transformacio-nes de la estructura económica amediados del siglo XX se empe-zó a desarrollar una diferencia-ción entre los dominios econó-mico y político, que a su vezmarcó el punto de partida de una

nueva fase de reorganización de los centros de po-der en la región antioqueña.3 En lo económico seoperó un tránsito de la hegemonía de un sector in-dustrial organizado gremialmente y en grandes em-presas de propiedad familiar,4 a la hegemonía delGrupo Empresarial Antioqueño que, afianzando elsector financiero, tiende a la expansión de su capi-tal en obediencia a las leyes coercitivas del capital.5

Asimismo, en el ámbito político se pasó del predo-minio del notablato6 en los altos cargos del aparatode Estado y la conducción de los partidos políticosal ascenso de los emergentes.7 En el espacio urba-no-regional, ese tránsito permitió la disolución deun patrón plutocrático de conducción política y susustitución por el proceso de “plebeyanización” yprofesionalización de la política,8 sin que ello llega-ra a significar una democratización sustantiva de lavida política local.

Esta separación entre el dominio económico ypolítico (Poulantzas, 1969) hizo necesario el esta-blecimiento de una coalición política dominanteentre centros de poder económico y redes de poderpolítico,9 dejando atrás un modelo oligárquico degobierno caracterizado por la superposición entrelos ocupantes de los cargos más elevados de lasburocracias gremiales, empresariales, partidistas ypúblico-estatales.

Pese a las tensiones y malestares, dicha coali-ción ha encontrado distintos campos para el des-pliegue de acciones –en las que justamente se reve-la su existencia– dirigidas a afectar aquellos elemen-tos que constriñen estratégicamente. Es decir, másque afirmar que la pérdida de peso relativo de laciudad y su entorno regional es producto de la in-capacidad de sus centros de poder, de las malas

decisiones en torno al modelo industrial y de la faltade un proyecto político incluyente, se trata de deter-minar cuáles han sido sus focos de interés y cómohan respondido a los dilemas que han planteado losdistintos procesos espaciales y económicos entre 1970y 2000. Esos ejes de realización de la coalición, enlos que se devela la selectividad estratégica –estruc-turalmente inscrita y, en tal sentido, determinada porlos intereses específicos de clase y por la interpreta-ción de dilemas y coyunturas– tienen que ver global-mente con el gobierno de la sociedad urbano-regio-nal, la regulación de las condiciones que garantizanla realización máxima de la ganancia y la preserva-ción de la hegemonía, en un contexto socioeconó-mico y político conflictivo y cambiante.

Cada uno de los campos de actuación de lacoalición, en los que se configuraron objetivos yestrategias, se fueron formando de manera paralelaa la producción de: 1) cambios en el patrón de acu-mulación, que requerían una modificación en laorganización territorial; 2) limitaciones funcionalesen la organización del aparato de Estado, que exi-gían procesos de reestructuración; 3) conflictos so-ciales de los que participaban sectores sociales sub-alternos en oposición y rebelión; 4) aceleración delproceso de urbanización.

En ese contexto, los cursos de acción elegidoshan buscado en términos generales varios objeti-vos. Primero, presionar un proceso de adecuaciónformal del Estado que afectara su estructuración je-rárquica y propiciara una reorganización funcional.Segundo, agenciar la organización del territoriometropolitano mediante actuaciones urbanísticas degran escala y la formulación o actualización de losmecanismos normativos. Tercero, adelantar una re-organización del espacio de producción mediantela desconcentración de la actividad industrial, quepermitiera tanto cierto equilibrio regional como elcontrol del crecimiento urbano. Cuarto, gestionar elsistema urbano mediante un ejercicio estratégico deplaneación que intente la regulación de las discor-dancias en el patrón espacial y el amortiguamientode las contradicciones entre las exigencias del capi-tal y la necesidad del desarrollo de las condicionesgenerales de acumulación. Quinto, procurar la ad-

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ministración de los conflictos sociales –mediante suresolución o contención– para reducir el potencialde movilización o confinar el afloramiento de lascontradicciones sociales a un estado refractario.

Este ensayo se ocupará de analizar los distin-tos campos de actuación de la coalición entre loscentros de poder económico y político de la ciudadde Medellín y su entorno regional, en los que sesitúan los dilemas estructurales y la selectividad es-tratégica que guía sus respuestas. Dichos ámbitosson: la demanda de descentralización político-ad-ministrativa, la gestión de un proyecto metropolita-no de ciudad, la del espacio de producción en locorrespondiente a desconcentración industrial yadministración del conflicto capital-trabajo, la pla-neación urbana como mecanismo de regulación yla privatización de la seguridad.

CONTRA EL CENTRALISMO

Uno de los asuntos más importantes que inte-graron la agenda política regional hasta la reformapolítica de mediados de los ochenta fue la descen-tralización, como parte de una apuesta por la reor-ganización del aparato estatal acorde con la confor-mación regional del país. El carácter centralista delEstado fue visto como un obstáculo para la gestiónde condiciones para el desarrollo económico, dadoque la tributación y las decisiones sobre la disponi-bilidad presupuestal para los proyectos que integra-ban la adecuación infraestructural del espacio ur-bano-regional estaban concentradas en la escalanacional del gobierno.10 Es decir, el cuestionamien-to persistente al centralismo estaba sustentado en elmalestar por una excesiva concentración de podery por haberse convertido en un problema de func-tionality con respecto a la provisión de garantíaspara las estrategias de acumulación en las escalas

2 Este artículo hace parte de la investigación “Transformaciones en la coalición política dominante y proyecto hegemónico en la ciudadmetropolitana de Medellín y su entorno regional 1970-2000”, financiada por Colciencias y Trocaire, para el Instituto Popular de Capacita-ción.

3 Esa diferenciación significó la disolución de lo que podría denominarse un Estado económico-corporativo y anunció un nuevo ordeninstitucional en medio del advenimiento de una sociedad burguesa moderna. La diferenciación del ámbito de los centros de podereconómico y las redes de poder político y el centro político inicia con la separación entre la economía y la estructura jurídico-política quees el Estado, lo cual se remonta a la década de los cuarenta con la creación de las asociaciones gremiales de las fracciones de clasedominante.

4 Este sector, representado en la Andi y los grandes industriales del sector textilero, constituyó el centro de poder económico regional.5 Lo que expresa dicha transición es un proceso de recomposición del capital que se tradujo en la paulatina pérdida de centralidad del sector

textilero en la estructura industrial de la región, la configuración de un nuevo centro de poder, que supuso una forma distinta deorganización de la propiedad, y el afianzamiento de una fracción financiera.

6 Esta expresión de notablato se refiere a los grandes propietarios del momento –y sus descendientes– que ocuparon los altos cargospúblicos.

7 Los emergentes son aquellos políticos de profesión que siendo de sectores subalternos experimentaron un proceso de movilidad socialascendente. Ésta tuvo lugar de manera simultánea a su incursión en la política y estuvo relacionada con el acceso a la dirección de losdirectorios departamentales de los partidos políticos y a los altos cargos del Estado (por representación o por nominación).

8 La profesionalización de la política estuvo acompañada por la dinámica de faccionalización creciente de los partidos y determinada por lasreformas en el régimen político y el sistema electoral, entre otros.

9 La capacidad de acción de dicha coalición ha estado acotada o condicionada por la resistencia y oposición fragmentaria y sofocada desectores subalternos, la competencia ejercida por poderes extra-regionales, el viraje primacial de la estructura espacial, la condición no-autonómica del Estado local y la agudización de las exigencias de la competencia internacional.

10 Según Reveiz Roldán esa concentración fue en parte una consecuencia de la financiación externa y la modernización del aparato de Estadodesde fines de los sesenta: “la complementación del ahorro interno con fuentes externas, para la financiación del desarrollo, aceleró elproceso de centralización administrativa, ya que es más fácil negociar y administrar con institutos descentralizados del orden nacional quecon 22 departamentos” (Reveiz Roldán, 1984, 163).

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regionales y a la reproducción de las relaciones eco-nómicas. Pero esa pugna era al mismo tiempo partede una disputa por las asignaciones sectoriales, dadauna relativa especialización del gasto entre las enti-dades territoriales.11

El malestar de los centros de poder regionalcon respecto al centralismo estuvo relacionado tam-bién –al menos hasta la creación del nuevo ordenconstitucional– con los desequilibrios en la asigna-ción presupuestal territorial y en la distribución decargas y beneficios entre nación y región. Es decir,los problemas percibidos eran: de un lado, la con-centración de inversión en la capital; y del otro, unaasignación presupuestal que no compensa los apor-tes tributarios de la región a la nación. Como unejemplo de este debate, el concejal conservador Jai-me Posada Londoño, en una discusión sobre el pro-yecto de reorganización nacional del sistema deelectrificación, argumentaba:

“el vasto movimiento de opinión que se inicia enAntioquia como protesta contra el arbitrario re-parto del presupuesto nacional que favorece des-medidamente a la ciudad capital y excluye siste-máticamente a Medellín, impidiéndole la reali-zación de sus obras vitales. A una ciudad endonde habita una porción considerable de lapoblación colombiana y que con su esfuerzo des-medido produce la mayor parte de los ingresosnacionales, apenas se le asigna una cuota insig-nificante de los recursos de la nación. Esta pro-testa no tiene signo político. En ella participandesde las autoridades hasta los ciudadanos ra-sos. Es la desesperación de un conglomerado maltratado, que no encuentra justicia redistributivaen los altos poderes públicos, ya que desde tiem-po atrás se le ha venido gravando con desigualescargas económicas, sin que compensatoriamen-te el Estado acuda a asistirlo en sus necesidadesy apremios” (Concejo de Medellín, Acta No. 34,1 de agosto de 1973).

En correspondencia con estos elementos deldebate, los emergentes que alcanzaron la cúspide

del estrato político, los notables y los grandes pro-pietarios con los gerentes de grandes empresas, semovilizaron en una lucha contra el centralismo, ar-ticulando una demanda reiterada por la reformadescentralista. Esto tenía como trasfondo el legadode las ideas federalistas de la centuria anterior –aunque moderadas– y la invocación de la regióncomo elemento articulador. La perspectiva no eratanto la democratización como una apuesta políticasino desbloquear la capacidad de decisión local yrecuperar la autonomía en la definición del gasto,como condición para garantizar los intereses domi-nantes en la región.

PROYECTO METROPOLITANO

En la década del setenta la expansión urbanade la ciudad por migración y conurbación que re-basaba los dispositivos locales de poder, le planteóa la coalición política dominante la necesidad deemprender un proceso de reorganización del espa-cio urbano-regional. La respuesta fue asumir el di-seño de un proyecto metropolitano, a través del cualintentaba hacer frente a las transformaciones delespacio urbano. Ello implicaba no sólo la creaciónde una figura político-administrativa –amparada poralgunos de los cambios en la organización del Esta-do– sino también un cambio en el sentido de losproyectos de adecuación infraestructural, que erande escala o connotación metropolitana. La construc-ción de dicho proyecto se manifestó en dos campos:

• La coalición de centros de poder se vio aboca-da a un proceso de gestión intrarregional y anteel Estado central para la creación del Área Me-tropolitana. Con esta figura se pretendió unaintegración político-administrativa del Valle delAburrá, con el fin de atender al fenómeno de laconurbación –dinamizado por la industrializa-ción–, que experimentaba la ciudad. De hecho,

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la seccional de la Andi sería la primera en ini-ciar estudios para la conformación de dichaÁrea; y años más tarde, compartiendo el mismointerés, la Asamblea Departamental impulsaríalos estudios correspondientes para la formula-ción de un plan metropolitano12 y el Concejode Medellín facultaría al alcalde para participaren la elaboración de éste.13 Hacia octubre de1976, el comité intergremial nuevamente de-mandaría planeación para el Valle del Aburrá ydel Oriente para abordar los problemas que atri-buían a la concentración poblacional y a la di-námica de metropolización.

• En el contexto de un sistema político centralistaen las décadas de los setenta y ochenta, la bur-guesía industrial con sus gerentes, los orientado-res de las facciones partidistas y los gobernantesdel departamento y la ciudad se vieron en lanecesidad de buscar mecanismos de coordina-ción para realizar la gestión política y económi-ca de los grandes proyectos de infraestructura,que habían sido prospectados en decenios ante-riores14 y estaban dirigidos a la adecuación delespacio urbano de circulación y consumo. Den-tro de los proyectos que en dicho período mere-cieron tal movilización se cuentan la construc-ción del Metro de Medellín, que tras su realiza-ción cambió no sólo la simbología urbana sinoque estimuló también un proceso acelerado derenovación urbana; el puerto de Urabá comopunto de conexión con el mercado internacio-nal; la autopista Medellín-Bogotá, la Carretera alMar15 y otras vías como estrategia de interco-nexión nacional; el aeropuerto de Rionegro comosolución a la falta de capacidad y seguridad aé-

rea del Olaya Herrera y como soporte de la des-concentración industrial hacia la subregión delOriente; y el Túnel del Oriente como forma deenlace de los dos valles, entre otros.16 Las gestio-nes para lograr compromisos políticos con elgobierno nacional para el acceso a empréstitosfueron adelantadas conjuntamente o de maneraseparada. Esto fue posible gracias a la existenciade un consenso implícito sobre objetivos estra-tégicos, los cuales, pese a la rotación de los par-tidos en el gobierno departamental y municipal,nunca requirieron de discusión ni sufrieron inte-rrupción en su desarrollo.

Es evidente que la construcción de ese pro-yecto metropolitano, que atendía a las transforma-ciones del espacio urbano derivadas de la conur-bación y migración, y a los requerimientos físicosde la acumulación, puso el acento en la adecua-ción del espacio de circulación a favor del de pro-ducción. La pregunta que surge es: ¿la coalicióndesatendió los asuntos concernientes al espacio deconsumo que guardaban relación con la explosiónurbana y la injusticia distributiva en la ciudad? Loprimero que hay que anotar es que, como en cual-quier otra ciudad capitalista, el proceso de urbani-zación ha enfrentado varias limitaciones relaciona-das con el financiamiento de la infraestructura parala generación de condiciones de vida urbana; lacompetencia anárquica por el suelo urbano y lasubsiguiente diferenciación espacial entre zonasmejor y peor equipadas; y la segregación espacialcomo producto de los precios diferenciales de latierra urbana –en la lucha por su apropiación– yde la desigualdad en el ingreso. En segundo lugar,la responsabilidad de regulación de estas contra-

11 Como lo sustenta Reveiz la nación controlaba el gasto de infraestructura y defensa, los departamentos el gasto social y los municipios elgasto en servicios públicos y pequeña infraestructura (ibíd.).

12 Dicha decisión se toma específicamente en noviembre de 1972, mediante Ordenanza 02.13 La autorización del Concejo data de febrero de 1973, mediante el Acuerdo 9.14 Incluso algunos de ellos fueron proyectados a comienzos de siglo y otros en el decenio del cincuenta (Véase Restrepo Uribe, 1972).15 La proyección y gestión de esta obra se remonta a comienzos de siglo XX.16 Otros proyectos de importancia se ejecutaron en la década de los ochenta, ratificando el metropolitano. Dentro de estos se cuentan la

construcción de la Alpujarra, las centrales de mercado y la terminal de trasporte del norte.

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dicciones estuvo depositada en el Estado localcomo centro de poder político y agente principalde regulación de los procesos anárquicos que afec-tan la construcción del espacio urbano. Éste asu-mió la financiación de los medios de consumo co-lectivo, aunque ha enfrentado como dificultades elcarácter centralizado del aparato estatal17 y, luego,la tendencia a la recentralización, y dentro de ellola limitación de las atribuciones locales en materiatributaria.18 De otra parte, reasumió paulatinamen-te la planeación urbana por las presiones del cen-tro de poder económico y por directrices naciona-les, en el marco de la institucionalización de éstacomo mecanismo de orienta-ción y dirección económica, yde ordenación del espacio ur-bano. Asimismo, ese Estado lo-cal adoptó el perímetro urbanocomo estrategia de ordena-miento urbano (Naranjo y Villa,1997) y mecanismo de regula-ción de la expansión urbanaque, al poner por fuera de le-galidad los nuevos pobladoresurbanos, le permitió evadir laresponsabilidad y costos en laprovisión de medios de consu-mo colectivo,19 y, convirtiéndo-se en una parte en conflictomuy importante, recurrió a larepresión como mecanismo pri-vilegiado de contención de la apropiación ilegal delsuelo20 y de los movimientos cívicos, pero tambiéncomo forma de castigo a la ilegalidad de asenta-miento, construcción y tenencia. Por último, fueuna manera de intervención integradora dirigida amitigar la segregación y las demandas sociales,adoptó también políticas de vivienda social y habi-litación urbanística.21

Urbanización conflictiva

El proceso de urbanización evidenció parte delos desafíos y oportunidades que los diversos cen-

tros de poder debieron enfrentar. La injusticia distri-butiva y la ilegalidad que caracterizó dicho procesogeneraron condiciones que favorecieron la forma-ción y reproducción de redes de poder adscritas alos partidos políticos. Pero al mismo tiempo hizo deéste algo profundamente conflictivo en el que sehace evidente la lógica de los poderes (económicosy políticos articulados o independientes de estruc-turas militares legales y paraestatales) y algunos delos contenidos del proyecto hegemónico.

En este segundo ámbito y hasta muy avanza-dos los años ochenta, parte de la producción delespacio urbano estuvo caracterizada del lado de los

sectores subalternos por accio-nes tales como las tomas ilega-les de la tierra, el recurso a laviolencia como forma de resis-tencia, la autoconstrucción dela vivienda, la resistencia al des-alojo, la gestión de las redes deservicios públicos a través decircuitos clientelares22 y la con-figuración de movimientos cí-vicos, entre otras. Por su parte,el Estado local, administradopor las redes de poder de lospartidos políticos, combinó in-tervenciones de dominación,regulación, integración y repre-sión. En ese sentido optó simul-tánea, sucesiva o alternamente

por la adecuación infraestructural de zonas parasectores medios y altos, la zonificación urbana,23 laadopción de medidas coercitivas para la erradica-ción de los tugurios,24 el desarrollo de la red vial, larehabilitación total y parcial de barrios,25 la renova-ción urbana parcial del centro, la localización plani-ficada de asentamientos obreros,26 la promoción dela autoconstrucción y el uso de la violencia instru-mental o punitiva, dirigida a la dispersión de lasorganizaciones cívicas27 y a los venteros ambulan-tes.28 A través de esta intervención contradictoriadel Estado local se fue develando una forma ideoló-gica del espacio, caracterizada por una estructura

El Estado local

recurrió a la

represión como

mecanismo

privilegiado de

contención de la

apropiación ilegal

del suelo.

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espacial dual que da cuenta de las lógicas del podery el conflicto urbano.

En las décadas del sesenta y setenta, el eje es-tructurante del proceso de urbanización fueron losconflictos por el espacio de consumo que dieronlugar a la toma ilegal de la tierra, el recurso a laviolencia como forma de resistencia y la autocons-trucción de la vivienda. El tránsito hacia los ochentahizo evidente la articulación entre el carácter con-flictivo de la construcción del espacio urbano y laacentuación de la segregación socioeconómica,29 ydejó traslucir una dinámica conflictiva ya no sobre

el suelo sino sobre la adecuación y la provisión demedios de consumo colectivo. Esa década empezócon el corto auge de movimientos cívicos y su de-manda de condiciones de vida urbana ante el Esta-do local; la provisión de cierto nivel de equipamien-to colectivo urbano como forma de habilitación ur-banística; el aumento transitorio de la participacióndel Estado en la construcción de vivienda social; yel incremento de la represión contra las organiza-ciones cívicas. Pero, al mismo tiempo, también seprodujo un afianzamiento de la demanda de seguri-dad ciudadana ante el incremento de la delincuen-

17 Eso significó que el ejecutivo tenía la potestad de definir las obras públicas y las definiciones en materia de política fiscal.18 Limitaciones que se extienden incluso después de la reforma descentralista. Aunque es posible identificar mayores dificultades para la

financiación de los proyectos de infraestructura antes de dicha reforma.19 No obstante debe tenerse en cuenta que el uso de dicho mecanismo se remonta a comienzos de siglo XX. En la primera mitad de dicha

centuria se registraron modificaciones en los años 1905, 1912, 1916, 1921, 1934 y 1945. Por eso, su uso como estrategia de ordenamientourbano se afirma como una continuidad en los últimos decenios del siglo XX.

20 El ejercicio de la represión tuvo lugar en el marco de la política de erradicación de tugurios, amparada por la Ley 66 de 1968.21 En la década de los setenta, las políticas de vivienda social y habilitación urbanística estuvieron apoyadas por la creación del Fondo

Rotatorio de Habilitación de Barrios y por instituciones como Empresas Públicas de Medellín, el Instituto de Crédito Territorial y el BancoCentral Hipotecario, entre otras. En los años noventa la habilitación urbanística específicamente corrió por cuenta del Programa Integral deMejoramiento de Barrios Subnormales conocido como Primed.

22 El proceso de ocupación del suelo se produjo primordialmente a través de mecanismos ilegales (loteo pirata y la invasión), que dieronlugar a: un desarrollo urbanístico espontáneo, irregular y precario en materia de la forma de organización del espacio; y a un procesoconflictivo por la apropiación del suelo urbano en el que el Estado local se convirtió en una parte en conflicto. En ese contexto el Estadoeludió la obligación de realizar asignaciones presupuestales que soportaran el proceso de adecuación del espacio para la vida urbana, peropermaneció allí en ejercicio de su función represiva y como agente de extracción vía tributación.

23 Aunque las medidas de zonificación urbana se encuentran formuladas en el Plan regulador de Weiner y Sert de 1947, se fueron desarrollan-do paulatinamente desde los años sesenta y se conservó como principio de ordenamiento en los planes de desarrollo urbano los dosúltimos decenios.

24 Desde los años cincuenta la erradicación de los tugurios se incorpora como parte de las prácticas hegemónicas y tiene el antecedenteideológico los discursos esteticistas de la Sociedad de Mejoras Públicas sobre el ornato, la higiene, la limpieza moral y el espíritu cívico.Desde entonces, se han adoptado distintas estrategias, desde aquellas de tipo represivo hasta medidas de reubicación (caso Casitas de laProvidencia en los sesenta y Corporaciones Minuto de Dios y Antioquia Presente en los años ochenta), habilitación (mediante FondoRotatorio de Habilitación de Barrios y el Instituto de Crédito Territorial en los setenta), entre otras. En los años noventa prevalecieron lasmedidas de normalización o rehabilitación, mientras se mantuvo la represión sobre los asentamientos ilegales surgidos en el marco de larecepción de flujos de población desplazada como consecuencia de la guerra.

25 En ese campo se diseñaron políticas de rehabilitación, ampliación de cobertura en servicios domiciliarios y suministro de créditos para ladotación de servicios y mejoras habitacionales. En este último campo sobresalió el papel del Instituto de Crédito Territorial y el BancoCentral Hipotecario. En la década de los noventa ese papel lo cumplió fundamentalmente Corvide.

26 Ya desde los años veinte la Sociedad San Vicente de Paul y otras participaron en la construcción de barrios obreros. En la década delsetenta, el ICT –que había sido creado en 1936 para el fomento de la vivienda para trabajadores del campo y luego de la vivienda urbana–enfocó su actividad hacia la “localización planificada de asentamientos obreros y populares”.

27 De esa manera, la política urbana de éste último terminó por acentuar la contradicción entre los medios de producción y de reproducciónde la fuerza de trabajo.

28 En la década de los setenta, la represión de los vendedores ambulantes se hizo por presión ejercida por Fenalco con el argumento de querealizaban competencia desleal.

29 La acentuación de la segregación socioeconómica estuvo acompañada de la emergencia de la demanda por el derecho a la seguridadciudadana.

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cia organizada. El último decenio del siglo XX co-menzó con el resurgir de organizaciones de autode-fensa y el auge de milicias urbanas –para resolver elproblema de la escasa omnipotencia del Estado– yel enraizamiento de los conflictos violentos por elterritorio. Mientras tanto, las organizaciones socia-les que demandaban el derecho a la ciudad asistie-ron unas a su desaparición y otras a la instituciona-lización de los procesos de movilización social,30

también cedieron su lugar a acciones colectivasmotivadas por la defensa del derecho a la vida, lasolución negociada de los conflictos y la conviven-cia pacífica.

En el marco de ese proceso de urbanizaciónconflictiva y pese a las intervenciones reguladorasdel Estado, la segregación socio-espacial se afianzóy preservó como elemento característico del espa-cio urbano. Ésta se ha manifestado como una ten-dencia no sólo a la zonificación sino ante todo a laorganización del espacio en zonas de fuerte homo-geneidad social interna y de fuerte disparidad socialentre sí –en términos de diferencia y de jerarquía–31

(Castells, 1979). Así se determinó la forma como losdiversos sectores sociales se han insertado desdeentonces en los lugares económicos, políticos eideológicos de la estructura social urbana. La segre-gación, combinada con estrategias de estigmatiza-ción, se convirtió por ello en soporte fundamentalpara el ejercicio de la dominación política.32

En la década de los noventa, en el momento enque la expansión urbana parecía haberse estabiliza-do, la conflictividad por el uso del suelo y las condi-ciones de vida urbana fueron contenidas ya no tantopor medio de la represión33 sino a través de la coop-tación. Ello estuvo favorecido por el impulso e insti-tucionalización de la participación ciudadana en losprocesos de planeación del desarrollo barrial y zo-nal, amparados por el nuevo orden constitucional.34

La adopción de la planeación participativa partió deun balance crítico de la fase anterior de organizacióny movilización social, que llevó a señalar la impor-tancia de operar un tránsito de la protesta a la pro-puesta para acceder al “desarrollo” y se atribuyeronlas dificultades de acceso a dicho derecho a la falta

de capacidades de gestión35 y a la naturaleza defi-citaria de los ciudadanos. De esta manera se opacóel antagonismo con el Estado y sectores dominan-tes, por lo cual el problema de la accesibilidad alderecho a la ciudad dejó de ser un problema deintereses contrapuestos para convertirse en unasunto de incapacidades técnicas, cuyo peso reca-yó, fundamentalmente, sobre los ciudadanos po-bres (Franco, 2004).

A partir de la recepción de flujos de poblaciónen situación de desplazamiento forzado36 en el últi-mo quinquenio de los noventa –como consecuen-cia del escalamiento de la guerra civil– se reaviva-ron algunas de las tensiones sobre la dinámica deurbanización. En dicho contexto, que es además deconcentración persistente de la riqueza y el ingreso,se dejaron ver como constantes la condición de tri-ple ilegalidad,37 una forma de acceso al suelo urba-no, a la vivienda y a la ciudad; y el tratamiento re-presivo y/o de una intervención tardía del Estadocomo forma de regulación-integración. Dando con-tinuidad con las estrategias la erradicación y reubi-cación de los tugurios, los procesos habitacionalesemprendidos por la población desplazada en la dé-cada de los noventa también recibieron un trata-miento represivo38 que se sustentaba en el concep-to reeditado de “zona de riesgo” y en imágenes cons-truidas sobre los recién llegados. La estrategiacoercitiva se apoyó en dicho momento en una ima-gen viciada tanto de los asentamientos (como “cons-truidos por fuera del perímetro urbano”, “por fuerade la ley”, “peligrosos” y “protagonistas del desor-den urbano”) como de sus pobladores propiamentedichos. La representación sobre los primeros ha es-tado presente desde temprano en el proceso de ur-banización, al concebir los barrios informales comoun signo de desorden y peligrosidad. En ese perio-do anterior dicha imagen implicaba “sentido de lim-pieza moral, física y social, bastante arraigada en elespíritu cívico vigente hasta mediados de siglo, perotambién de una mirada sobre el migrante que loasociaba de manera casi inmediata a malos com-portamientos o conductas criminales” (Naranjo yVilla, 1997, 54).

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En suma, esta multiplicidad de conflictos hasido estructurante del espacio urbano, pero tambiénun factor que ha desafiado y puesto a prueba cons-tantemente la capacidad de contención por partedel Estado local y otros centros de poder. Sus trans-formaciones y la aparición de nuevas relacionesconflictivas han sido también paralelas a la configu-ración de un discurso hegemónico que, apostándo-le a la despolitización de estos, ha manifestado queel conflicto tiene una connotación negativa, que losciudadanos inmersos en ellos carecen de virtudescívicas y han optado por resolverlos de manera vio-lenta, que la inequidad se debe a las incapacidadesde esos ciudadanos que no saben gestionar proyec-tos ante el Estado, entre otros.

Gestión conflictiva del proyectometropolitano

En la construcción e implementación del pro-yecto metropolitano, la conflictividad que han debi-do enfrentar los centros de poder no ha estado refe-

rida sólo al proceso de urbanización. Pese a habercreado la figura del Área Metropolitana y adelanta-do un proceso de adecuación infraestructural deesa escala, el desarrollo de ese proyecto metropo-litano también ha sido conflictivo en un segundosentido. En relación con la intención de la coali-ción política dominante de fortalecer la conectivi-dad entre el Valle del Aburrá y el Valle del Oriente–explícita desde la década del sesenta-, diversosactores de esta segunda subregión han desarrolla-do un malestar pronunciado con el centralismo deMedellín39 y han establecido una demanda de au-tonomía en torno a la orientación del desarrollosocio-económico –la cual se expresa en la propues-ta de constituir como entidad territorial la Provin-cia del Oriente-. Ello tiene como antecedente elcarácter extractivo e instrumental de la interven-ción de los centros de poder localizados en el cen-tro urbano, la cual inició con la construcción de ungran complejo hidroeléctrico articulado a Empre-sas Públicas de Medellín que benefició las grandesindustrias (Toro Botero, 1992).

30 Dicha institucionalización se hizo viable a partir de una resignificación de los derechos sociales y económicos bajo el espectro de lo quese denominó el derecho al desarrollo.

31 La fusión entre diferencia social y situación espacial depende y produce estratificación social, la cual corresponde al sistema de distribu-ción de bienes (renta del suelo, régimen de propiedad, etc.).

32 Esta segregación dificulta, como diría Iris Marion Young (2000), la agregación de los intereses de los pobladores, la construcción derepresentaciones panorámicas sobre el espacio urbano, el desarrollo de acciones colectivas de gran escala. Y por el contrario, contribuyea situaciones de confinamiento socio-espacial de los más pobres, al aburrimiento y a la explotación, entre otros.

33 El lugar de la represión estatal lo ocupó la violencia articulada a conflictos urbanos por territorio. Dentro de los múltiples efectos que tuvo,ésta propició un cambio en los temas de interés público y un cierto receso en algunas dinámicas organizativas sobre otros issues.

34 Organizaciones cívicas de sectores subalternos creyeron que habían encontrado el mecanismo idóneo para lograr la satisfacción de lasdemandas constantes por medios de consumo colectivo y derechos sociales y económicos.

35 Las capacidades de gestión tienen que ver con un conjunto de conocimientos técnicos relativos a la formulación de proyectos, losprocedimientos, las competencias, el marco legislativo, la no planeación de las acciones, bajos niveles de coordinación entre organizacio-nes, fallas en los canales de comunicación, falta de formación, entre otros.

36 La llegada de la población desplazada, que viene de experiencias de violencias ligadas a los conflictos por la tierra o el territorio articula-dos en la estructura de la guerra, fue en los noventa un proceso acelerado y primordialmente conflictivo, que involucra tanto violenciafísica directa como violencia estructural.

37 La ilegalidad urbanística es de asentamiento, construcción y tenencia de la tierra.38 Esa estrategia se expresó en órdenes de desalojo con uso y amenaza de la fuerza para destrucción de albergues y en el no acompañamien-

to estatal del proceso de urbanización. Pero también hay un uso de violencia instrumental y represiva por parte del Estado para que losdesplazados abandonen la idea de permanecer en la ciudad; y una violencia punitiva y selectiva con un sentido contrainsurgente queencuentra justificación en el supuesto según el cual estos nuevos pobladores guardan una relación de complicidad o identificación con lasorganizaciones insurgentes..

39 Dicho centralismo ha sido la forma de organización del territorio que se ha configurado a partir de los patrones de ocupación espacial.

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La existencia de este eje de contradicción yconflicto está acompañado, según el proyecto Bitá-cora40 (Strata, 2002), por un imaginario sobre losproyectos extra-locales; y por una valoración nega-tiva de la huella ambiental del Valle del Aburrá. Elprimero se gesta en la medida en que los proyectosagenciados por los centros de poder regional ate-núan la eficacia de los sistemas políticos locales comomecanismos de regulación en la toma de decisionessobre los asuntos subregionales y desconocen la su-bregión como un territorio social e históricamenteconstruido. El segundo tiene que ver una percepciónnegativa de los efectos colaterales de la dinámicaeconómica, social y cultural del área metropolitanasobre el altiplano del oriente, consistentes en la alte-ración de formas de ocupación del suelo y organiza-ción social, y en la extracción de recursos hídricossin retribución para la subregión, entre otros.

La resignificación territorial de la subregión porla dotación de infraestructura y de recursos natura-les, y la subsiguiente incorporación a las proyeccio-nes del departamento –en función de los procesosde competitividad y globalización–, condujo en ladécada de los noventa a la formación de iniciativasde diferentes sectores productivos y gremiales paraconstruir una visión de desarrollo subregional. Ta-les sectores incurrieron en una pugna política paradefinir un modelo de desarrollo territorial que noobstante continúa reflejando la persistencia de an-tagonismos entre los aparatos de Estado locales delos valles del Oriente y Aburrá.41 En este punto sereconoce la existencia de una polémica con el Mu-nicipio de Medellín por haber concebido el orientecercano como continuidad del Área Metropolitana,agrupada bajo la noción de ciudad-región.

Ambos campos de contradicción (la actuaciónen el proceso de urbanización y la gestión de unproyecto metropolitano entre el Estado local mono-polista y otras localidades) en lugar de ser suprimi-dos se hicieron parte de la intervención estatal y lapolítica urbana. Pese al sentido de regulación e in-tegración que en algunas ocasiones adquiera dichaintervención, se termina por preservar y en algunoscasos por exacerbar las contradicciones entre la

necesidad de asegurar la acumulación en un espaciodeterminado y lo que podría llamarse globalmentecomo la reproducción de la fuerza de trabajo.

GESTIÓN DEL ESPACIO DE PRODUCCIÓN

Los problemas detectados en el modelo de in-dustrialización de la ciudad metropolitana y, poste-riormente, el cambio en el patrón de acumulacióndieron lugar a la emergencia de dos campos de ac-tuación estratégica. El primero está referido a la re-gulación de la localización industrial que afecta elordenamiento y configuración territorial; y el segun-do está relacionado con los cambios en el modo deregulación en lo relativo a la intervención económicay social del Estado. Éste último ámbito, en el que sehan inscrito como objetivos el mejoramiento de lacompetitividad de la economía y la subordinación delas políticas sociales a las exigencias del mercado,tiene que ver con las políticas de liberalización eco-nómica y de desregulación de la relación laboral ycontención de los conflictos capital-trabajo.

Desconcentración industrial

La formulación del proyecto metropolitano es-tuvo articulada al esfuerzo por resolver algunos delos problemas percibidos en el modelo de indus-trialización. Este modelo había dado lugar a unasituación de concentración regional de la actividadindustrial en Medellín, paralela al viraje primario enla estructura urbana –que conducía a una concen-tración de actividad productiva y otras condicionesen Bogotá (Gouëset, 1998)–. Desde la perspectivade la coalición política dominante y en particular delos grandes industriales, esa concentración no sólohabía generado problemas de desequilibrio regio-nal sino también de crecimiento urbano incontrola-do. En otras palabras había emergido un cúmulo decontradicciones en el sistema urbano que apuntala-

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ron las dificultades relativas a la reproducción de lafuerza de trabajo.42

Por consiguiente, desde los años sesenta y conla dirección de la Andi se impulsó una reorganiza-ción del espacio de producción, que propiciara lacreación de otros polos de desarrollo y permitieracontrolar el crecimiento urbano. Esta apuesta, queluego fue integrada en la política industrial del go-bierno nacional,43 se tradujo en un proceso de des-concentración industrial hacia la subregión delOriente cercano (Ibiza de Restrepo, 1970) y hacia elAburrá norte y sur. No obstante, ese proceso hasido caracterizado por algunos analistas como una“desconcentración industrial de dirección centrali-zada” (Betancur et. al., 2001) porque consistió en larelocalización de las plantas de producción y no deotros factores como “capital, personal técnico y ad-ministrativo, oficinas, cuentas bancarias, sede socialde la empresa...” (Ibiza de Restrepo, 1970, 9) y de-más actividades directivas.

Uno de las principales subregiones que hasido considerada, desde la década del sesenta,como soporte de ese proceso de reorganizacióndel espacio de producción ha sido el altiplano delOriente. De acuerdo con el Plan Estratégico deAntioquia –Planea- (1999), la zona del altiplano seconvirtió en las últimas décadas en asiento de unrápido desarrollo de la producción industrial debienes manufacturados localizada sobre el corre-dor Rionegro –Guarne– Marinilla, tendiente a con-centrarse en la producción de bienes de consumocorriente y, en segundo orden de importancia, enla de bienes intermedios. El afianzamiento de talemplazamiento industrial ha sido explicado de dosmaneras. En primer lugar, el aceleramiento de di-

cho proceso en la última década es interpretadocomo parte de uno de los impactos de condicionesinfraestructurales (Ramírez Gaviria, 2002) y de ser-vicios generadas en el marco del proyecto metro-politano, y representadas en particular en la cons-trucción del aeropuerto José María Córdoba y lacreación de la zona franca. El primero mejoró “lasrutas para la entrada y salida de insumos y produc-tos hacia el mercado nacional e internacional; asímismo se fortaleció el desarrollo industrial con lacreación de la zona franca adscrita, en donde seestablecieron preferencias arancelarias que facilitanla exportación de la producción” (Strata, 2002).

En segundo lugar, la tendencia al afianzamien-to industrial en la zona del altiplano es explicadacomo parte de la plataforma competitiva regional yde un proceso de desconcentración productiva geo-gráfica del Valle del Aburrá, con el propósito deincrementar la rentabilidad del capital. A este res-pecto, Betancur y otros (2001) argumentan que enel Valle del Aburrá se ha generado un proceso dedesconcentración industrial que produce transfor-maciones territoriales que impactan la zona del alti-plano. Desde su punto de vista, la desconcentra-ción industrial de dirección centralizada ha estadoacompañada por un proceso de reconversión in-dustrial en el cual los ciudadanos se integran a unmodelo de producción flexible; esto lo hacen a tra-vés de formas de sobreexplotación44 con bajos in-gresos salariales y altas jornadas de trabajo que im-pactan en las formas y posibilidades de regulaciónde la relación capital-trabajo. En suma, la zona delaltiplano, en el campo industrial, se articula a unaestrategia rentista en la cual se produce una “ex-pansión territorial difusa” desde Medellín hacia re-

40 Este es un proyecto es un estudio histórico sobre el oriente antioqueño, realizado por la Corporación Programa Desarrollo para la Paz(Prodepaz).

41 Dicha disputa también se replica a nivel de los gobiernos locales en relación con la forma de articulación a la visión departamental dedesarrollo.

42 Las contradicciones en el sistema urbano en el período de los sesenta y setenta tenían que ver con el aumento de demanda de vivienda yequipamiento colectivo y deterioro ambiental.

43 Esa reorganización del espacio de producción tiene lugar particularmente en el gobierno de Misael Pastrana Borrero.44 Algunas formas de sobre-explotación son microempresas de producción a terceros, famiempresas y maquilas.

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giones como ésta, a través de la maquila. Ello impli-ca la no inclusión de los trabajadores en la negocia-ción de condiciones laborales al estar dispersos enredes de empresas de subsistencia controladas porel capital.

Esta apuesta por la reorganización del espaciode producción, que se reflejó en la relocalizaciónindustrial y en el desarrollo de cierta infraestructuraen el Oriente cercano, coincidía con la preocupacióndel gobierno nacional por la concentración indus-trial. El problema, según se percibía a comienzos delos años setenta, no sólo era por los desequilibriosregionales sino también por las consecuencias en tér-minos de la urbanización. Es decir, una estrategia dedesconcentración industrial estaba orientada a regu-lar el movimiento poblacional hacia las ciudades ysu crecimiento incontrolado.

“Una política de desarrollo industrial –afirma-ba el ministro de desarrollo de Pastrana Borre-ro– que tenga como propósito su descentraliza-ción implica una canalización de las corrientesmigratorias, y en consecuencia, un freno parael desproporcionado crecimiento de los grandescentros urbanos” (El Colombiano, 13 de septiem-bre de 1973, 6).

Contención del conflicto capital-trabajo

La década de los noventa fue en Colombia elmomento de la puesta en marcha de la redefiniciónde la relación Estado-economía y del inicio de políti-cas de privatización, liberalización y desregulación, araíz de lo que se ha conocido como el agotamientodel modelo proteccionista. A partir de allí, la tareadel aparato de Estado nacional se centró en promo-ver el sistema de libre competencia y en garantizar eldebilitamiento de la relación salarial, por medio depolíticas de flexibilización laboral que propiciaron la“desproletarización” del trabajo fabril, la “subproleta-rización” en el sector servicios (Antunes, 1999), eldebilitamiento de las posibilidades de organizaciónsindical y la descentralización del proceso producti-vo. Dicho fenómeno ganó celeridad y fue habilitado

mediante la promulgación de varias normas, entreellas la Ley 45 de 1990, que introdujo modificacio-nes en la intermediación financiera; la Ley 50 de1990, que buscó garantizar la reducción de los cos-tos laborales,45 la Ley 9 de 1991, sobre reforma cam-biaria, que liberalizó la inversión extranjera en elsistema financiero; y la Ley 100 de 1993, que trans-formó el régimen de seguridad social.46 Ese marcolegislativo47 estuvo igualmente amparado por latransformación de la función del Estado en la eco-nomía fijada por la nueva constitución política y fuedinamizado por las políticas de liberalización co-mercial y financiera que le siguieron a ésta.48

En la ciudad que antaño había sido un centroindustrial, las reformas financieras y el mercado decapitales se convirtieron en oportunidad para algu-nos de los grandes propietarios; pero fundamental-mente obligaron a un proceso de recomposición decapitales, que dio lugar, por ejemplo, al afianzamien-to del sector terciario en la estructura económicadel Grupo Empresarial Antioqueño. Pese a las re-servas iniciales sobre la política de apertura y a lascríticas a los diagnósticos de los organismos inter-nacionales sobre la ineficiencia sobre el sistema pro-ductivo (El Colombiano, 19 de julio de 1989, 7A), elescenario de liberalización y desregulación de lastransacciones económicas –que han condicionadolas organizaciones y regímenes internacionales, de-jando sombra de duda sobre la autonomía del Esta-do nacional para la formulación de una política eco-nómica nacional e independiente– creó una seriede contradicciones y dilemas que demandaron unajuste en las estrategias específicas de acumulacióny el apoyo o demanda de políticas de estabiliza-ción. Parte de ese cambio se tradujo en una estrate-gia de desindustrialización definitiva por la vía de lacancelación gradual de la inversión en sectores nocompetitivos y focalización de la misma en los sec-tores clave, así como en la ampliación de redes dedistribución, la adquisición de empresas en otrospaíses, el establecimiento de alianzas con capitalesextranjeros, la centralización de capitales, la amplia-ción de portafolios en los sectores focales y reinge-niería empresarial, entre otras (Londoño, 2004). Esta

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selectividad estratégica, estructuralmente inscrita,permitió la preservación de lo acumulado y el mejo-ramiento de la posición del grupo económico (MisasArango, 1998); pero la ciudad no logró convertirseen ese centro económico, político y de innovaciónsocial que de manera optimista habían anunciado losglobalistas y los costos sociales de ello se tradujeronen una pauperización creciente de los sectores sub-alternos e informalización de la economía.

De otra parte, la aplicación disciplinada de laspolíticas de flexibilización laboral –fijadas por elEstado nacional y orientadas por organismos multi-laterales– afianzaron las estrategias adoptadas porla burguesía industrial en la década de los ochenta49

y propiciaron cambios estructurales en el mundodel trabajo que intentan saciar el hambre del grancapital. Uno de los más importantes –que operadesde la escala nacional hasta la local– ha sido ladesregulación de la relación capital-trabajo, dandopaso a la precarización de los salarios, a la subpro-letarización y a la disolución del modelo de nego-ciación colectiva. Como lo demuestra Betancur yotros, la crisis del modelo industrial en la ciudadfue afrontada a través de un esquema intraempre-sa basado en reconversión industrial que implicó“cambios en la gestión del trabajo basados en unaestrategia neotaylorista, en donde desaparece la or-ganización obrera como interlocutor en la negocia-ción de las condiciones de trabajo” (Betancur et. al.,2001, 59), reducción de costos basada en cambiosen el capital variable y descentralización de proce-sos productivos.50

En el marco del nuevo modo de regulación,los trabajadores que quedaron por fuera de la so-ciedad salarial han sido excluidos o integrados almodelo de producción flexible, donde prevalece ladescontractualización de la relación laboral. Esa for-ma perversa de integración de la fuerza de trabajo adicho modelo soportó el proceso de reconfigura-ción territorial –iniciado con la desconcentraciónindustrial–, consistente en el tránsito de un escena-rio de alta concentración de la gran industria a unode localización difusa. Esta nueva forma de organi-zación del espacio de producción se encuentra ba-sada en pequeñas unidades productivas (famiem-presa o la microempresa de producción a terceros yla maquila) que, no obstante, son controladas porel gran capital y se articulan a una cadena verticalque se apoya en la reducción de costos y sobreex-plotación de la mano de obra (ibíd.).

La irrupción de la ciudad post-fordista vinoacompañada de un cambio en la estructura del em-pleo, consistente en el incremento de participaciónde la población económicamente activa en laboresdiferentes a las asalariadas, como trabajadores porcuenta propia, sin remuneración, subcontratistas, etc.Esto, que constituye la expulsión de la sociedad sala-rial y la pérdida del anclaje ofrecido por el trabajo,trajo consigo un mayor menoscabo en los ingresossimples de precios provenientes del salario y con-dujo a la obtención de ingresos residuales por con-cepto del propio trabajo en actividades por cuentapropia (comercio por menor informal, producciónmanufacturera propia –arepas, confecciones, etc.–).

45 Dicha reducción estaba prevista mediante la eliminación de la retroactividad de las cesantías y de la acción de reintegro.46 Coincidiendo con lo que afirma Jessop respecto al Estado de trabajo shumpeteriano, esta ley y otras que se formularon sobre el mismo

tema, terminó por subordinar la política social a las exigencias de flexibilidad del mercado labor y de competitividad. (Jessop, 1999).47 Aunque las reformas iniciaron a fines de los ochenta, el impulso brindado al mercado de capitales fue reforzado por la Ley 50 y la Ley 100

que crearon los fondos de pensiones y cesantías. Ambas leyes tuvieron de ponente al político de profesión Álvaro Uribe Vélez del SectorDemocrático –una de las facciones del Partido Liberal en Antioquia–.

48 A partir de allí, otros desarrollos legislativos continuaron la profundización de dicho proceso en materia de liberación del comercioexterior, legislación laboral, régimen cambiario, inversión extranjera, sistema financiero, entre otros.

49 La estrategia de reconversión industrial adoptada estuvo basada en la reducción de costos de producción, adquisición de tecnología ycopia de modelos de administración y gestión (Betancur et. al., 2001).

50 Dichos cambios se operan a través de medidas como expulsión de trabajadores y reducción de salarios, entre otros.

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La reducción del ingreso salarial, la exclusiónde la provisión de los derechos de seguridad socialo la expulsión definitiva de la sociedad salarial ha-cia ámbitos no regulados, fueron reforzados por lacontención o prevención del conflicto obrero pa-tronal. Estos antagonismos habían sido fundamen-tales en la estructuración del espacio urbano en ladécada de los ochenta. No obstante, bajo el nuevomodo de regulación entraron en una fase de con-tención o desactivación como consecuencia de ladesregulación de la relación capital-trabajo –vía de-bilitamiento de la relación laboral, desconcentraciónproductiva y la disolución de lanegociación colectiva–. Tal comolo argumenta Betancur:

“La relación capital-trabajo, tien-de a convertirse, cada vez menos,en una relación entre trabajado-res y empleadores, con la media-ción institucional del Estado y lossindicatos; se convierte cada vezmás en una relación entre empre-sas, cambiándose radicalmentela gestión y la organización deltrabajo” (ibíd. 184).

La contención de los conflic-tos capital-trabajo se opera no sóloa través del ejercicio de una vio-lencia instrumental y punitiva sinotambién a través del debilitamien-to de una de las partes. En ese proceso –que contócon el respaldo efectivo o silencio participante delestrato político– han confluido distintos factores yestrategias. En primer lugar, a partir de la abolicióndel contrato laboral a término indefinido y la habili-tación de otras modalidades de contratación51 y deladelgazamiento de plantas de personal, no sólo sefue eliminando la relación laboral sino que tambiénse fue introduciendo una gran incertidumbre sobrela estabilidad del empleo que contribuyó a desesti-mular la agremiación sindical. Con la descontractua-lización en particular se hizo

“casi imposible que los trabajadores sean impli-cados en la negociación de sus condiciones sa-lariales, pues están atomizados y dispersos entresí, a través de un tejido en red de empresas desubsistencia, controlado directamente por el ca-pital” (ibíd., 154).

En segundo lugar, a partir de la autorizaciónpor parte del Ministerio de Trabajo de los despidosmasivos fueron afectados no sólo los trabajadoresenfermos y con mayor antigüedad sino tambiénaquellos sindicalizados. De esa manera se produjoun tránsito de sindicatos de carácter mayoritario –

en los que estas organizacionestenían afiliados la mitad más unode los trabajadores– a sindicatosminoritarios –donde los afiliadoseran menos de la mitad de los tra-bajadores– y la subsiguiente dis-minución de la tasa de sindicali-zación. La consecuencia de esecambio fue el languidecimiento dela huelga como forma de presión52

para la reclamación de derechoslaborales y con ella la pérdida delas prerrogativas logradas. Ante laimposibilidad de decretar el cesede labores, las opciones que lesquedaron a los trabajadores fue-ron: 1) la celebración de “pactoscolectivos” con la empresa per-diendo puntos de las convencio-nes colectivas;53 2) la apelación al

tribunal de arbitramento donde bien podían preser-var lo obtenido en las convenciones o perderlo demanera significativa;54 3) no presentar pliegos paraprevenir las pérdidas, a costa de no demandar in-crementos en el ingreso salarial.

Dentro de las estrategias que concurren en eldebilitamiento de las organizaciones sindicales comouna parte en conflicto se cuentan las siguientes. Deun lado, la liquidación deliberada de las empresas55

no sólo fue un paso en la pretensión de reinvertiren sectores más competitivos o de mayor rotacióndel capital sino también una forma que garantizaba

A partir de la

autorización de los

despidos masivos

fueron afectados no

sólo los trabajadores

enfermos y con

mayor antigüedad

sino también aquellos

sindicalizados.

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la desarticulación paulatina de múltiples sindicatos.Igualmente, la cooptación de la dirigencia sindicalmediante planes de retiro voluntario fue la formacomo se buscó minar la confianza y la cohesión deestas formas de agremiación, con el propósito dedebilitar en ellos la capacidad de negociación. Porúltimo, la difusión de una imagen desprestigiada delos trabajadores sindicalizados –haciéndolos respon-sables de la crisis económica– estuvo dirigida a de-bilitar el proceso de agremiación y a fracturar lasrelaciones de representación.

En resumen, la concurrencia del marco legisla-tivo que se construyó en el Estado nacional y lasdiversas estrategias patronales antisindicales trans-formó el mundo del trabajo, condujo a la obstruc-ción de la organización autónoma de los trabajado-res y, por consiguiente a la anulación de la capaci-dad de demanda de derechos laborales. Por lo tanto,ello se constituyó en un factor agravante de la dislo-cación entre la ciudadanía formal y sustantiva enrelación con los derechos laborales y sociales, y enun elemento que ha reforzado la concentración dela riqueza y la extensión de la pobreza.

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO:EL ESPACIO URBANO-REGIONAL

EN DISEÑO PERMANENTE

Estrechamente ligado al tema del ordenamien-to territorial y su manejo político administrativo, losactores de poder político y económico56 han concu-rrido en las tareas de planeación con las que seestablecen las directrices para el desarrollo territo-rial. En enero de 1974, el entonces gobernador Ig-nacio Betancur Campuzano creó el comité cívicodel plan metropolitano conformado por los presi-dentes de Fabricato, Coltejer, Sofasa y Coltabaco,por los gerentes de Polímeros, Banco Ganadero,Fondo Ganadero de Antioquia y por el director delInstituto de Integración Cultural. Éste, que fue unmomento de reactivación de los procesos de pla-neación –después del Plan Director de 1959–, res-pondía a la necesidad de enfrentar los problemasde desarrollo urbano desencadenados en la articu-lación industrialización-urbanización. El aceleradocrecimiento urbano del Valle del Aburrá exigía laadopción de estrategias para la regulación del pro-ceso de urbanización desde el Estado local,57 en re-lación con los asentamientos humanos, la adecua-ción del espacio de circulación y la conectividadcon el Valle del Oriente.

51 Dentro de ellas se cuentan contrato laboral a término fijo, contratos temporales, outsourcing, contratistas, subcontratación, cooperativas detrabajo asociado.

52 Para poder definir una huelga el sindicato se veía obligado a convocar la mitad más uno de los trabajadores. Ello, en el marco de laflexibilización laboral, era ciertamente cada vez más difícil, porque prevalecía el interés de preservar el empleo precario sobre la reivindi-cación de derechos.

53 Las convenciones colectivas se vieron debilitadas igualmente por la serie de fallos y normas relacionadas con la búsqueda de competitividady productividad.

54 Entre estas opciones, la mayoría de organizaciones sindicales se inclinaron por la primera.55 Esto no niega que algunas empresas fueron liquidadas porque no resistieron las presiones que vinieron con la liberalización económica.56 Sin contar las redes de poder del mundo de la ilegalidad que han cumplido un papel fundamental en el proceso de ordenamiento del

territorio.57 No obstante, este interés por parte de gobernantes y grandes propietarios, la actividad reguladora no pudo evitar estar marcadas por

contradicciones en dicho periodo (Naranjo y Villa, 1997).

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En los años noventa, a raíz de la internaciona-lización de la economía y del cambio en el patrónde acumulación, surgió la necesidad de operar unproceso de reorganización del espacio urbano-re-gional y de la función económica de la ciudad me-tropolitana como unidad. Aunque los espacios rea-les de decisión suelen ser los círculos privados defamiliaridad,58 la coalición política dominante aco-gió la planeación urbano-regional, desde espaciosinterinstitucionales adicionales,59 como: 1) momen-to para hilvanar la transición de una ciudad centroindustrial a centro de servicios especializados, acor-de con un patrón post-fordista de producción; 2)posibilidad de redefinir la intervención estatal y pri-vada en la producción del espacio, en concordan-cia con los nuevos requerimientos del capital y parahacer viable dicho tránsito; 3) instrumento para pre-cisar las líneas estratégicas y diseñar los proyectosque debían servir a la construcción de una platafor-ma de competitividad, para la inserción de la ciu-dad en el mercado externo.60

En el marco de la reflexión sobre la preguntapor las condiciones y estrategias para articular laciudad como unidad económica al mercado inter-nacional, la coalición –y con mayor énfasis los cen-tros de poder económico– ratificó la imposibilidadde recuperar el dinamismo industrial en el Valle delAburrá –una realidad que se había hecho evidentevarias décadas atrás–. Sin embargo, este reconoci-miento ya no partía de las quejas por las cargastributarias impuestas a las sociedades anónimas yotros efectos adversos de las políticas macroeconó-micas sobre el sector o por la identificación de lasfallas en el modelo de industrialización, sino de unalectura sobre las nuevas condiciones de competen-cia. La conclusión que se derivó fue la necesidad deredefinir las estrategias de acumulación y adecuarpaulatinamente el espacio urbano-regional dentrode lo que Lefebvre (1978) llamaría una nueva divi-sión técnica y social del trabajo entre las ciudades.

En el marco de dicha redefinición y teniendoen cuenta que las ciudades dependen de su formade articulación a la economía global, aparece la re-orientación de la función económica de ésta y den-

tro de ello la focalización estratégica en sectorescomo servicios financieros, diseño y moda, cadenasde comercio, telecomunicaciones y servicios médi-cos avanzados. Asimismo, como parte de esa transi-ción se acogieron como ejes de reorganización delespacio urbano: conectividad,61 adecuación infraes-tructural del espacio urbano-regional,62 transforma-ción de las cadenas productivas, reconversión in-dustrial y renovación urbana.

Sin embargo, estas directrices sobre la adecua-ción del espacio urbano-regional –que han prevale-cido sobre cualquier planteamiento marginal sobrejusticia social– y la posibilidad de su inserción en laeconomía global, encuentran varias contradicciones:1) el deterioro de un sistema educativo –en térmi-nos de calidad– que sustente dichos cambios, a tra-vés de la calificación de la fuerza de trabajo; 2) elretroceso en la tendencia descentralizadora –a par-tir de las exigencias de los organismos supranacio-nales sobre la estabilidad macroeconómica– que,vía recorte de transferencias y condicionamiento delendeudamiento, afecta las posibilidades de finan-ciamiento de los proyectos diseñados para operardicha transición; 3) la limitación funcional de lasautoridades subnacionales en la asignación del gas-to público, la acotación de su ámbito de decisión aasuntos locales y su baja capacidad de negociaciónante el Estado central y las empresas transnaciona-les; 4) la preservación de la importancia del ámbitonacional en la definición de las políticas macroeco-nómicas y en la negociación de condiciones de in-serción en la economía nacional; 5) la dificultad desuperar la desarticulación entre la ciudad y la re-gión, por su misma configuración espacial.

Esta imposibilidad estructural63 para adecuarcon celeridad la ciudad como espacio de innova-ción y económico-competitivo y la persistencia deuna dominación centralizada burocrática y empre-sarial –que contradice el supuesto de la revitaliza-ción política de lo local– dan lugar, en el nuevocontexto, a una disrupción respecto a la capacidadde reorganización y redefinición de estrategias deacumulación de los sectores económicamente do-minantes de extracción regional. Las leyes del capi-

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tal obligan a estos a asumir una dinámica de expan-sión constante para poder preservar lo acumulado,que no está supeditada a ninguna identidad regionalni puede esperar las transformaciones de su lugar deorigen. En ese sentido, las oportunidades del capitalno son las oportunidades del espacio urbano-regio-nal y queda la pregunta si éste realmente puede con-vertirse en un lugar de competitividad económica osi ello es sólo una narrativa de la planeación.

Es síntesis, se parte del supuesto que una in-serción en la economía global a través de la reacti-vación del sector productivo no es posible por lacarencia de ventajas competitivas; y como alternativase reconoce que esa articulación sólo es factible me-diante un viraje hacia el sector servicios. Lo primeroconduce a un proceso de relocalización industrial enlugares donde existan tales ventajas y lo segundoaplica en el rediseño de las estrategias de acumula-ción del sector económicamente dominante. Dentrode esto último se cuenta la búsqueda de nuevosmercados, la adquisición de nuevas empresas en otroslugares, el establecimiento de alianzas con sociosextranjeros que favorezcan la expansión, desinvertiren sectores en los que no se tiene capacidad decompetencia, fortalecer las empresas de los secto-res competitivos mediante fusiones, entre otros.

SEGURIDAD DE LA VIDA Y LAPROPIEDAD

La configuración de un escenario de riesgo yvulnerabilidad para la vida y la propiedad motivóen la coalición de centros de poder una preocupa-ción permanente por la seguridad y el orden. En elespacio urbano de dicho escenario está relacionadocon la gestación de los conflictos violentos por terri-torio y la configuración de una espiral de violenciacon patrones relativamente fijos y compuesta de cír-culos de liberación y opresión (Franco, 2004), quegeneró una sensación generalizada de inseguridad.En el ámbito regional el riesgo se desprende de lasdinámicas bélicas a través de las cuales se desenvuel-ve la disputa por el poder soberano entre insurgen-tes y fuerzas contrainsurgentes legales e ilegales.

En ámbito urbano y para el periodo objeto deestudio, ese escenario de riesgo y vulnerabilidadpara la vida y la propiedad tuvo como momentoinaugural los fenómenos delincuenciales de la dé-cada de los setenta, que fueron asociados al proce-so de urbanización espontánea y a la segregaciónsocio espacial. En dicho período, tal como ha sidoilustrado por algunos analistas, se produjo la irrup-ción de la delincuencia común desorganizada y conella la respuesta represiva por parte del Estado (Ca-david Gónima, 1996). La década siguiente se carac-terizó por el surgimiento de las primeras organiza-ciones de autodefensa en las sociedades vecinales,

58 Reunidos en los más lujosos hoteles de la ciudad o en espacios campestres, estos operan como si fuesen sociedades secretas.59 En estos estaba garantizada la concurrencia de los diversos centros de poder y algunos sectores reflexivos. Estos últimos profesionales del

ámbito académico y de organizaciones no gubernamentales que participan de la producción simbólica y de conocimiento (Betancur, et. al.,2001).

60 Fueron momentos emblemáticos para ello la elaboración del Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana, Antioquia Siglo XXI yPlanea, entre otros.

61 En este campo se identifican necesidades como la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, la reconexión con el Pacífico, latransformación de Puerto Berrío en puerto multimodal de transferencia de carga, la creación del puerto de Turbo. También se considerabade importancia del mejoramiento de las conexiones viales de Medellín-Puerto Triunfo, Medellín-Puerto Berrío, la vía al mar y las transver-sales y anillos viales. Estos proyectos fueron vistos como parte de la adecuación infraestructural de la ciudad para poder enfrentar lascondiciones de la política de apertura económica en la década de los noventa. En 1994 esto se tradujo en la firma de un compromiso entrela Presidencia de la República y la Alcaldía de Medellín para la ejecución del denominado Plan Vial de la Apertura.

62 Dentro de este campo de reviven proyectos imaginados varias décadas atrás.63 En un país crónicamente dependiente y un Estado de autonomía socavada, entendida ésta como la incapacidad para realizar los fines

políticos por haber enajenado su dominio y generado dependencia.

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52 Testimonio de sindicalista de Sintrapalma en la época.

con lo cual se empezaron a articular los ejes deterritorio y seguridad, al tiempo que tenía lugar laconsolidación económica y organizativa del narco-tráfico y la transformación subsiguiente de la delin-cuencia común desorganizada en bandas delincuen-ciales articuladas a este fenómeno. A finales de di-cha década aparecieron las organizacionesmilicianas64 para tomar parte de litigios por el terri-torio que comprometían la prestación de serviciosde seguridad y la creación de órdenes cívicos, cir-cunscritos territorialmente y apoyados en sistemasde valores preexistentes. Las transformaciones deeste último tipo de organizaciones, a lo largo de lasdinámicas bélicas y la persistencia o reproducciónde otros grupos armados, incidieron en la continui-dad de las disputas violentas por el territorio y sucada vez mayor imbricación con el eje de seguri-dad. En los noventa, tras la desactivación parcial delas milicias –por eliminación física, cooptación odesmovilización- irrumpieron como una parte enconflictos por el territorio las organizaciones de con-trainsurgencia ilegal, aunque resignificando dichoelemento y redefiniendo los ejes de polaridad, enconcordancia con los objetivos de la disputa nacio-nal por la preservación del orden político.

A lo largo de la progresión y sucesión de estosconflictos por territorio, se configuró una espiral deviolencia que puso en evidencia la dificultad delaparato de Estado para preservar el monopolio dela fuerza y sirvió para justificar una tendencia a laprivatización de la seguridad y a la militarización dela sociedad urbana.65 Ello abrió campo para que losdiversos grupos armados participaran en el arbitra-mento de conflictos de residencia e intervecinalessobre la base de “acuerdos contingentes” respecto alas figuras del miedo (Villa et. al., 2002) y lo social-mente debido. La violencia molecular –con la quese ejerce la territorialidad– ha tenido además uncarácter funcional en el sentido de propiciar un cier-to disciplinamiento de la sociedad y la vivencia so-cial de ella como continuidad y normalidad.66 Igual-mente, esto hizo posible la articulación reciente detal violencia al ejercicio metódico de la dominación

contrainsurgente y la descentralización del mono-polio de la fuerza, a través de la cual se ha buscadola preservación del establecimiento.

La intensificación de la violencia en la ciudadentre 1985 y 1992 afianzó la preocupación por elproblema de la seguridad y desencadenó múltiplesesfuerzos orientados a la formulación de políticaspúblicas en dicho campo y el desarrollo de institu-cionalidad.67 La responsabilidad la asumió funda-mentalmente el gobierno local, aunque tambiénintervino el gobierno nacional, que estableció elpunto de inicio en 1991 con la formulación del pro-grama presidencial “Promoción de la convivenciapacífica en Medellín y su área metropolitana” (Pre-sidencia de la República, 1991). La seguridad y laconvivencia se han mantenido como prioridades enlos programas de los distintos gobiernos de la ciu-dad por más de una década, pero también comoobjeto de reflexión y actuación por parte de diver-sas organizaciones del centro de poder económico.Desde éstas68 se han creado programas dedicadosal tratamiento del problema,69 que involucra pro-yectos puntuales de intervención o asesoramientoal Estado local, entre otros; asimismo se ha garanti-zado la representación en varios de los espaciosinterinstitucionales que se han ocupado por ejem-plo de la facilitación para la negociación de conflic-tos, entre otros (Duque Ramírez, 2000).

La segunda parte del escenario de riesgo y vul-nerabilidad de la vida y la propiedad está asociadacon la disputa insurgente por el control político te-rritorial, el desafío a los monopolios estatales de lafuerza, la justicia y la tributación. En la medida enque se fue afianzando el asentamiento y organiza-ción de las fuerzas insurgentes en el entorno regio-nal –como parte de la contienda “por el orden justo;por la representación soberana; por el dominio te-rritorial; por el control institucional de los bienespúblicos; por la sujeción de pobladores y residen-tes” (Uribe, 1998, 17)–, se consolidó un discursosobre éstas como fuentes de inseguridad para todala sociedad regional y amenaza a los intereses delos diversos actores de poder. A partir de esa inter-pretación, grandes propietarios y jefes de redes de

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poder de los partidos políticos avalaron al unísonola confrontación y persecución militar de aquellosen oposición y rebeldía a través de las fuerzas ar-madas del aparato de Estado en la “periferia regio-nal”; y, generalmente, defendieron la pertinencia deun tratamiento de orden público a los conflictossociales en zonas de influencia insurgente.70 Las di-ficultades de rendimiento funcional del ejército ofi-cial para enfrentar una guerra irregular, hicieron vercomo una necesidad la adopción de estrategias noconvencionales, la organización del mercenarismocorporativo (Franco, 2003) y la subsiguiente tole-rancia de comportamientos criminales.

En el marco de la defensa de la integridad delaparato de Estado y los propietarios y de la preser-vación de la hegemonía, la prioridad en la décadadel noventa –a la que respondió con eficacia elmercenarismo– estuvo referida a la recuperación deldominio territorial. Desde el punto de vista de losintereses económicos dominantes, ese dominio sig-

nificaba: control sobre recursos naturales y tierras,71

control social y de las autoridades locales y restau-ración de condiciones de seguridad para la propie-dad y la construcción de proyectos de infraestructu-ra de importancia nacional e internacional (IPC,1999). En ese proceso que condujo al escalamientolocalizado de la guerra72 y posteriormente a la con-figuración de un orden contrainsurgente, el gobier-no regional bajo la conducción de Álvaro UribeVélez respaldó dicha búsqueda con la creación delas cooperativas de seguridad Convivir,73 defendi-das como forma de prevención de la conformaciónde grupos de justicia privada y justificadas mediantela alusión al derecho a la legítima defensa (Angari-ta, 1997; Iela, 2002). Estas asociaciones, además deinscribirse en la tendencia hacia la privatización dela seguridad y descentralización del monopolio dela fuerza, condujeron a una de las formas de involu-crar a la población civil en la guerra y a la militariza-ción de la sociedad regional.74

64 A diferencia de las bandas y de los grupos de contrainsurgencia el rasgo definitorio de este tipo de organizaciones fue su articulación a lalucha contraestatal.

65 Dicha militarización se manifiesta en la proliferación de cuerpos armados de seguridad.66 Desde fines de los ochenta, dicha espiral ha estado alimentada en cada una de sus fases por diversos factores agravantes que aunque son

constantes varían su importancia de ciclo a ciclo. Por ejemplo, han sido agravantes el carácter eminentemente ilegal del proceso deurbanización, la irrupción e imbricación social del narcotráfico, la segregación socioeconómica y espacial, la lucha contrainsurgente.

67 Dentro de esta institucionalidad se cuenta el Consejo Metropolitano de Seguridad, la Asesoría de Paz y Convivencia de la Alcaldía deMedellín, entre otros.

68 Entre las organizaciones de los centros de poder que se han ocupado de las políticas de convivencia se cuentan Proantioquia y demásfundaciones sociales (de beneficencia) creadas por las grandes empresas, tales como: Fundación Conconcreto, Fenalco Solidario, Funda-ción Corona, Fundación Bancolombia, Fundación Éxito, Fundación Suramericana, entre otras.

69 Tal es el caso de “Entre todos” que se define como una alianza de Fundaciones Empresariales y empresas que se ha asignado el objetivola promoción de la convivencia y la responsabilidad social en Medellín. Dicha alianza funciona como Programa y está integrada por lasFundaciones: Bancolombia, Conconcreto, Corona, Exito, Social, Suramericana, Proantioquia, Corporación Fenalco Solidario y Cámara deComercio de Medellín. También la integran las empresas: Enka de Colombia, Jaime Uribe & Asociados y Simesa. Esta alianza cumple unafunción, además, en la difusión de una idea de “responsabilidad social” del empresariado antioqueño.

70 Un caso paradigmático donde se dio tratamiento de orden público a los conflictos sociales fue la subregión de Urabá.71 Intentando favorecer en este caso los intereses de una fracción de clase terrateniente.72 Particularmente en Urabá, cuya importancia para la coalición política dominante era notoria desde la década de los setenta.73 Estas cooperativas fueron establecidas por la Ley 356 de 1994 y posteriormente declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.74 La relación entre esta tendencia a la privatización a la seguridad y la descentralización del monopolio de la fuerza se devela cabalmente en

la afirmación del comandante paramilitar Carlos Castaño, según la cual: “Álvaro Uribe [creador de tales cooperativas de seguridad] es, enel fondo, el hombre más cercano a nuestra filosofía. Su idea de crear las Convivir, unas cooperativas donde los ciudadanos colaboraban demanera organizada con las fuerzas armadas, suministrando información y en algunos casos portando armas amparadas para su defensapersonal, es el mismo principio que le dio origen a las Autodefensas” (Aranguren Molina, 2001, 177).

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En resumen, la defensa de la propiedad, el in-terés por preservar la hegemonía y la necesidad decrear un ambiente atractivo a la inversión, llevó alos diversos poderes de la región a precaverse yanticiparse respecto a las amenazas percibidas. Lasmedidas conducentes a restablecer un clima de se-guridad, se han desarrollado en varios campos: 1)la difusión de un discurso moral que establece unadivisión entre buenos y malos ciudadanos, inducela estereotipia y la estigmatización y convoca la for-mación de una sociedad policiva; 2) la formulaciónde políticas estatales de seguridad dirigidas a forta-lecer la capacidad coercitiva y policiva del aparatode Estado; 3) la creación de una institucionalidadcomplementaria o la privatización de la seguridad;4) la tolerancia y/o auspicio de estructuras ilegalesque al ejercer una dominación militar y policiva re-sultan útiles para el resguardo de intereses de acti-vidades económicas como extracción de recursos,instalaciones, zonas de interés económico.

OBSERVACIONES FINALES

En la medida en que cada uno de estos asun-tos se convirtieron en su momento o de maneraconstante en ejes de actuación entre las partes queconfiguran la coalición política dominante en la ciu-dad metropolitana y su entorno regional, es posibleinferir que la significativa disminución de la duplici-dad en la detentación de cargos públicos y privadosno fue signo de una ruptura en la estructura delpoder regional sino de la separación de los domi-nios económico y político que exigió la adopciónde estrategias de coordinación o división del traba-jo -implícitas o explícitas- para administrar las ten-siones sociales, intervenir sobre los dilemas estraté-gicos y proyectar los cursos probables de acción. Elproceso de reorganización experimentado durantela última mitad del siglo XX por parte de los centrosde poder económico, el Estado y las redes de poder

político condujo, por el contrario, a un estado deinvarianza en la estructura de poder que asegurócierta coherencia estructural dentro del territorio ygarantizó un margen importante de gobernabilidady estabilidad, a pesar del carácter conflictivo delespacio urbano-regional.

Estos campos de actuación emergieron de di-lemas estratégicos, contradicciones o relaciones con-flictivas, referidas a la estructura y función del apa-rato de Estado, al proceso de urbanización y al so-cial fix de la acumulación. En primer lugar, lastensiones de la coalición política dominante con laestructura centralista del Estado nacional ha sidouna constante histórica que ha permitido la proyec-ción mistificadora del pueblo-región, el impulso decambios en la estructuración jerárquica del Estado yla adopción del ámbito nacional como espacio dedisputa en el que el centro de poder económicoregional ha adquirido una connotación y peso queexcede los límites de la escala regional. Pese a loque ha posibilitado, esa tensión continúa siendo unacontradicción en la gestión de condiciones para laacumulación, y que de manera más reciente se haconvertido en un constreñimiento estratégico en elproceso de adecuación del espacio urbano-regionalpara la inserción en la economía global.

En segundo lugar, las limitaciones del proce-so de urbanización agudizaron por momentos laanterior tensión, pero además condujeron a unadinámica conflictiva de construcción del espaciourbano en la que se han desplegado las lógicas delpoder y evidenciado parte de los contenidos delproyecto hegemónico de la coalición. La formacomo se enfrentó dicho proceso estuvo caracteri-zada por una inclinación a la contención de losconflictos urbanos75 y a su despolitización, que haservido a la prolongación de la condición de se-gregación y al ejercicio de la dominación. En eseproceso, la aparición y auge de conflictos violen-tos por territorialidad contribuyó a desplazar esasotras conflictividades que habían sido estructuran-tes del espacio urbano. El discurso hegemónicoque se configuró sobre la violencia –como pro-ducto de una ciudadanía deficitaria, de fallas cul-

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turales y de imperfecciones en la construcción de lopúblico societal y estatal–, indujo el olvido de losotros ejes de disputa y un volcamiento de los es-fuerzos en la reeducación ciudadana (para compor-tarse dentro de lo socialmente aceptable); la trans-formación cultural, para aprender a valorar la vida yser tolerantes; y la promoción de la celebración deun gran pacto ciudadano para la convivencia que,sin embargo, no debía pretender la refundación delEstado ni la transformación de la sociedad.

En tercera instancia, las transformaciones en elespacio urbano-regional –en su interacción conotros centros urbanos y poderes regionales– y loscambios en las condiciones mismas de la compe-tencia capitalista –en particular la metropolizaciónde la ciudad y el viraje primacial, la crisis del sectortextil y el proceso de liberalización y desregulacióneconómica– han propiciado situaciones con dile-mas estructurales que condujeron a diversos mo-mentos de ajuste en las estrategias de acumulacióny regulación del capital y de re-ordenamiento delterritorio. A través de la articulación de éstas –re-ducción de los costos laborales, contención del con-flicto capital-trabajo y centralización de capital, etc.–y otros elementos de carácter extra-económico hanasegurado algunas condiciones para la acumulaciónampliada, han posibilitado el manejo de algunascontradicciones y el establecimiento de cierta cohe-rencia estructural dentro del territorio. No obstante,ello ha sido a costa de segregación de otros secto-res sociales –confinados en el mundo de la necesi-dad– sobre los que además ha recaído todo el pesode la coerción.

El proceso de reorganización de la configura-ción estructural del espacio urbano regional se con-vierte parcialmente en expresión de la selectividadestratégica de la coalición política dominante. Esaselectividad, estructuralmente inscrita, ha buscadohacer frente primero a los desafíos del proceso de

urbanización y luego, de manera reciente, al cam-bio en la jerarquía de los espacios urbano-regiona-les en el contexto de la globalización. Independien-te de los éxitos o desaciertos, lo ha hecho a travésde diversas estrategias y mecanismos que surgen dela ecuación entre los intereses específicos –relacio-nales y relativos– de los centros de poder y su inter-pretación de los cambios, coyunturas y dilemas, enfunción de la preservación y ampliación de lo acu-mulado. En este último contexto la coalición, y fun-damentalmente el centro de poder económico, seha esforzado en la producción de nuevas condicio-nes de globalidad o articulación a la economía glo-bal, mientras continúa difiriendo los costos socialesde su proyecto y estrategias de acumulación. Sinembargo, las dificultades estructurales para revertirel cambio en la jerarquía urbana, en un contexto dedependencia económica y desequilibrios regiona-les, ha propiciado una brecha entre la capacidadrelativa de ese capital –acumulado con base regio-nal– para integrarse y redefinir las estrategias deacumulación y la capacidad para adecuar el territo-rio a la nueva “división técnica y social del trabajoentre las ciudades”.

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75 Fueron contenidos en especial aquellos conflictos por el espacio de consumo (uso y apropiación del suelo, medios de consumo colectivo,vivienda, etc.). En comparación con los comportamientos conflictivos que los caracterizaron en el período de la explosión y consolidaciónurbana, en la década del noventa se produjo lo que podría llamarse un desaprendizaje de las estrategias para desarrollar las disensionescon el Estado y otros sectores de poder en torno a la provisión del derecho a la ciudad.

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