caso práctico: proceso penal de menores
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COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS FINANCIEROS
GRADO EN DERECHO
Trabajo Fin de GRADO
CASO PRÁCTICO: PROCESO PENAL DE MENORES
Autor: Ibáñez Arribas, MAR
Tutor: Zarzalejos Nieto, JESÚS
Madrid, abril de 2019
1
ÍNDICE
1. Abreviaturas ……..………………………………………………………………..….2
2. Introducción ……………………………………………………………………..…...3
3. Planteamiento del caso ……………………………………………………………..6
4. Análisis sobre la institución de la conformidad en el proceso penal de menores
4.1. La conformidad …………………………………………………………….... 8 4.2. La conformidad en los procesos de menores……………………….........11 4.3. Momentos procesales de la conformidad en el Juicio a menores……….12
4.3.1. La conformidad en la fase de instrucción …………………………..12
4.3.2. La conformidad en la fase de audiencia…………………….………14
4.4. La conformidad y el principio de resocialización……………………...…..15 4.5. La conformidad y el principio de legalidad del Ministerio Fiscal…………17
5. Análisis sobre si fuera constitucionalmente admisible un proceso común
para juzgar simultáneamente a menores y mayores de edad por un mismo delito
5.1. La conexión de procesos……………………………………………........... 21 5.2. Conexión de procesos en el Juicio de menores…………………….......... 23 5.3. Conexión de procesos en un delito cometido conjuntamente por un adulto
y un menor……..………………………………………………………..…….25 5.4. Constitucionalidad de la separación de procedimientos…………….……27 5.5. Caso Marta del Castillo …………………………...………………………... 28
6. Análisis sobre si es posible que la sentencia de condena firme de Damián
debió condicionar la decisión del proceso penal contra Ricardo. ……….. 31
7. Dictamen sobre si es posible un nuevo proceso para acusar a Damián de cooperación necesaria en la agresión sexual contra Mariana a la vista de la sentencia de condena de Ricardo…………………… .…………………..…..…37
8. Conclusiones ……………………………………..………………………...…...… 40
9. Bibliografía …………………..………………………………………………………42
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1. ABREVIATURAS
TS: Tribunal Supremo
LORPM: Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad
Penal de Menores
AP: Audiencia Provincial
CP: Código Penal
CE: Constitución Española
LECrim: Ley de Enjuiciamiento criminal
LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil
TC: Tribunal Constitucional
EOMF: Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
FJ: Fundamento jurídico
MF: Ministerio Fiscal
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2. INTRODUCCIÓN
Un menor, según la Convención de Derechos de los Niños de Naciones
Unidas de 1989 es “…todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de
edad.”
La justicia de menores se encarga de resolver las controversias penales
contra las personas que no han alcanzado la mayoría de edad. La edad criminal
se determina teniendo en cuenta la madurez, psicología y capacidad intelectual
del responsable de la infracción cometida.
En nuestro país, el sistema judicial de menores ha sido creado
paralelamente al sistema ordinario. La primera aproximación fue la Ley de
Protección a la Infancia aprobada en 1904 e impulsada por el Doctor Tolosa
Latour, pediatra y escritor español, su evolución ha llegado hasta la creación de
la actual Ley Orgánica 5/2000 reguladora de responsabilidad penal de los
menores (en adelante LORPM).
Con lo que podemos deducir que, al existir una ley y una justicia propia,
los menores son penalmente imputables como aclara el artículo 19 del Código
Penal (en adelante CP) y el artículo 1 de la LORPM. Ambos artículos aclaran
que los menores de 18 años no se regirán por el Código Penal sino por la
LORPM, y esta última lo especifica aún más estableciendo que serán los
menores de entre 14 y 18 años. Los menores de 14 años, según apunta la
LORPM no serán imputables conforme a dicha ley, sólo responderán frente al
orden civil o administrativo.
El objetivo de la justicia de menores no es tanto el castigo, sino la
reeducación y la reinserción del delincuente en la sociedad, es por ello por lo que
desde 1904 se han ido creando leyes en las cuales se considera que los menores
pueden cometer los mismos delitos que los adultos (salvo algunos como los
tipificados como delitos de funcionarios contra la Administración Pública puesto
que los menores no pueden ejercer ese cargo), sin embargo, a la hora de
imponer una pena al menor imputado, el juez no tendrá tanto en cuenta la
naturaleza del delito cometido sino más sus circunstancias personales y sociales
4
para ajustar la condena a las necesidades del menor en cuanto a su
rehabilitación.1
Uno de los principios rectores que rige esta justicia es el interés superior
del menor, muy extendida por el resto del mundo, al ser nombrada en numerosas
convenciones internacionales y nacionales como en el artículo 39 de la
Constitución Española o en el Código Civil en numerosos de sus artículos. Sin
embargo, nunca ha llegado a darse una definición concreta, pero puede
entenderse como un derecho que poseen los menores debido a su vulnerabilidad
e incapacidad de encaminar sus vidas, es por ello por lo que se necesita la ayuda
externa para conseguir un resultado favorable. Toda la justicia del menor gira en
torno a dicho principio puesto que como ya se comentó anteriormente, su
principal objetivo es la resocialización. 2
Cabe destacar que no siempre se busca incoar todos los procedimientos
pertinentes, sino que se intenta llegar a un acuerdo entre la víctima y el agresor.
La circular 1/2000 de 18 de diciembre de la Fiscalía General del Estado (en
adelante FGE) relativa a los criterios de aplicación de la LORPM,3 decretó que
“El Fiscal, a diferencia de lo que ocurre en el proceso penal de adultos en relación
con los delitos públicos, está autorizado a desistir del ejercicio de la acción penal
en determinadas circunstancias y la primera manifestación de este principio la
encontramos en el art. 18 de la Ley, que regula el llamado desistimiento de la
incoación del Expediente para articular la corrección en el ámbito educativo y
familiar.”
1 Así lo establece el art.7.3 LORPM cuando determina que “para la elección de la medida o medidas adecuadas, tanto por el Ministerio Fiscal y el letrado del menor en sus postulaciones como por el Juez en la sentencia, se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los equipos técnicos y, en su caso, de las entidades públicas de protección y reforma de menores emitidos conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la presente Ley. El Juez deberá motivar la sentencia, expresando con detalle las razones por las que aplica una determinada medida, así como el plazo de duración de la misma, a los efectos de la valoración del mencionado interés del menor”. 2 Ravetllat Ballesté, Isaac “El interés superior del niño: concepto y delimitación del término”. Universidad de Barcelona
3 Fiscalía General del Estado (2001). Circular 1/2000, de 18 de diciembre, “relativa a los criterios de aplicación de la LORRPM”. Memoria de la Fiscalía General del Estado.
5
De esa forma se evita que un menor tenga que someterse a un juicio o
incluso se puede desistir de una manera sencilla en caso de que se haya iniciado
anteriormente, todo esto viene dado gracias a otro principio rector, el de
oportunidad, que permite que el Juez o Fiscal finalicen el proceso de forma
anticipada o no se incoe, como se muestra en el artículo 19 LORPM donde
propone “un sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre
el menor y la víctima”, directamente relacionada con la justicia reparadora. En
este tipo de procesos el principio de oportunidad tiene más peso que el principio
de legalidad, su contrario, que obliga a perseguir los delitos de oficio y debe
incoarse. La fase de instrucción en el proceso de menores.
Por último, una vez terminado el proceso, si la situación requiriese llegar
hasta el fondo, el juez deberá interponer unas medidas al menor, establecidas
en el artículo 7 LORPM, donde pueden ser medidas en régimen abierto, es decir,
en el entorno del menor o medidas de internamiento. La elección se hará de
forma coherente en base a las circunstancias del menor y no tanto del delito
cometido, deberá motivarse en la sentencia junto con el plazo de duración.
En este trabajo desarrollaremos ciertas cuestiones que suscitan gran
debate y al ser figuras que tienen distinto peso en los procesos a menores que
a aquellos dirigidos a los adultos, así como analizaremos los problemas que
surgen a la hora de intentar compatibilizar jurisdicciones prácticamente
excluyentes entre sí.
6
3. PLANTEAMIENTO DEL CASO
Damián, menor de edad (16 años), y Ricardo, de 25 años, están fumando
a la salida de un pub de una localidad madrileña. A la una de la madrugada, ven
salir a Mariana, una joven de la localidad, de 18 años, que se dirige sola a su
domicilio. Aprovechando la oscuridad de las calles y la ausencia de vecinos,
Damián y Ricardo se acercan con la intención de robar el bolso a Mariana.
Damián y Ricardo agarran el bolso y tiran a Mariana al suelo, contra el que se
golpea la cabeza perdiendo el conocimiento. Ricardo aprovecha la situación de
indefensión de Mariana y, con la ayuda de Damián, que creía que sólo quería
esconderla de la vista de los vecinos, la arrastra a un solar lleno de escombros,
donde Ricardo la agrede sexualmente, mientras Damián la sujeta por las manos
para evitar que se defienda, porque está recuperando el conocimiento.
Alertada la policía local por una vecina que ve huir a ambos jóvenes, estos
son detenidos. De forma inmediata, Damián conduce a la policía al solar donde
yace Mariana, quien acababa de recobrar la conciencia. Iniciados los
procedimientos penales que corresponden a cada uno de los sospechosos,
Damián, asesorado por su letrado, decide acordar una confesión con el Fiscal y
reconoce el robo y que sujetó por las manos a Mariana para arrastrarla al solar -
hay restos de células epiteliales de Damián en las muñecas de Mariana- pero no
que ayudara a Ricardo a violarla. El fiscal acepta la versión de Damián y pactan
una condena por robo con violencia y lesiones graves, con atenuante de
confesión, a 4 años de internamiento.
En la Audiencia Provincial, Ricardo es juzgado por un delito de robo con
violencia, lesiones graves y agresión sexual. Durante el juicio, el Fiscal no llama
a declarar a Damián, pero aporta la sentencia firme de condena de Damián por
conformidad en la que se acepta como hecho probado, además del robo, que
ayudó a transportar el cuerpo inconsciente de Mariana. Ricardo alega que
Damián sí colaboró durante la violación y el perito forense ratifica que las marcas
en las muñecas de Mariana se corresponden con una presión prolongada e
intensa, compatible con la sujeción de la víctima durante la agresión. La
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Audiencia condena a Ricardo por todos los delitos acusados a 18 años de prisión
e incluye entre los hechos probados que una tercera persona no acusada
colaboró con la violación mediante la inmovilización de la víctima.
8
4. ANÁLISIS SOBRE LA INSTITUCIÓN DE LA CONFORMIDAD
EN EL PROCESO PENAL DE MENORES.
4.1. LA CONFORMIDAD
El proceso penal tiene como terminación normal una sentencia que pone
fin a la instancia y resuelve sobre el fondo de la controversia. Sin embargo, hay
situaciones en las que la finalización del proceso es anormal, cuando tras el
principio del juicio oral el juez dicta un auto de sobreseimiento o una sentencia
sin que se produzca una contradicción entre las partes. Esta última forma se
conoce como la conformidad del acusado sobre el escrito que se dirige contra
él, debiendo escoger el más grave en caso de que existan dos o más
acusaciones.
La conformidad se basa en la renuncia del acusado a su defensa y la
prestación de su consentimiento de aceptación de la responsabilidad penal que
recae sobre el por los hechos cometidos y alegados por la otra parte del
proceso.4 Dentro de este reconocimiento se incluyen todos los contenidos del
escrito de acusación, en los que se encuentran los hechos, la calificación jurídica
y la responsabilidad tanto penal como civil siempre y cuando la pena solicitada
no supere los seis años de privación de libertad, en caso de que lo haga no
tendrá cabida esta institución.
La LECrim regula esta institución en su artículo 787.1 como “Antes de
iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con la conformidad del acusado
presente, podrá pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de
conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad,
o con el que se presentará en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto,
ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación anterior. Si la
pena no excediere de seis años de prisión, el Juez o Tribunal dictará sentencia
de conformidad con la manifestada por la defensa, si concurren los requisitos
establecidos en los apartados siguientes.”
4 Banacloche Palao, Julio, & Zarzalejos Nieto, Jesús (2010). Aspectos fundamentales del Derecho procesal penal. La Ley.
9
Para que produzca efectos y sea considerada con fuerza de sentencia
firme, el Tribunal, ejerciendo el “ius puniendi” del estado posee la libertad para
calificar el consentimiento dado por el acusado en cuanto a su voluntad a la hora
de aceptar la acusación y su conciencia sobre la decisión a la que ha llegado. Si
el Juez o Tribunal aprecia falta de conocimiento, presencia de cualquier tipo de
coacción o encuentra que los fundamentos jurídicos y la pena solicitada no son
los correspondientes, podrá rechazar la conformidad para seguir con el curso
normal del proceso.
La naturaleza jurídica de esta institución ha generado diversas críticas
tanto positivas como negativas en cuanto a la idea de desplazamiento del
principio de legalidad, rector del proceso penal que impide que las partes
dispongan del procedimiento, dando a paso a su opuesto, el principio de
oportunidad, al ser el propio acusado el que busca poner fin al proceso de una
forma anticipada y no tanto el propio Juez o Tribunal a pesar de que éste tenga
la última palabra.
Por un lado, la sentencia de la Sala segunda del TS número 592/2009, de
5 de junio critica duramente la existencia de esta institución en un sistema como
el español, porque reconoce su expansión en los últimos años en nuestro
sistema, haciendo que varíe la naturaleza jurisdiccional original del principio de
legalidad para dar paso a la oportunidad y minorar el derecho de defensa porque
no se llega a la situación de contradicción entre las partes, el papel del juez
pierde importancia y la sentencia de conformidad da un resultado inexacto,
inmotivado e inexpresivo. 5
Sin embargo, por otro lado, el TS en la sentencia número 778/2006 de 12
de julio, confirmada por la sentencia del TS número 752/2014 de 11 de
5STS 778/2009 de 5 de junio “El expediente de la conformidad con los hechos y con la pena, está adquiriendo de manera progresiva cierto estatuto de normalidad en la legislación y en la jurisprudencia. Pero trastoca profundamente la naturaleza del momento jurisdiccional: al hacer disponible la pretensión punitiva; y por abrir la puerta a asentimientos meramente adhesivos fundados en razones pragmáticas, de pura oportunidad, y a ejercicios poco rigurosos del derecho de defensa, a costa, sobre todo, de imputados de escasa capacidad económica, principales beneficiarios del sistema. Además, favorece aplicaciones rutinarias de esa opción, a impulsos de un simple eficientismo procesal; y puede contribuir activamente a la degradación del papel del juez, que, de decisor autónomo con base en la prueba, pasa a ser simple notario, encargado de dar fe de un acuerdo negocial con antecedentes exclusivamente sumariales como presupuesto. “
10
noviembre, apoya la existencia de la conformidad dándole una índole
constitucional como es el manifiesto de la autonomía de la voluntad al aceptar
unos hechos y una pena por parte del acusado. 6
La sentencia de conformidad se da principalmente en aquellos casos en
los que la prueba es inequívoca de la comisión del hecho y se evita practicar un
procedimiento que la condena y su respectiva pena son inevitables.
La LECrim, reguladora de la conformidad desde su escritura original, no
establece unos requisitos para que pueda ser aceptada por el Juez o Tribunal,
es por ello por lo que la propia jurisprudencia ha creado unas pautas para su
validez y posterior aprobación. La Sentencia del TS de 1 de marzo de 1998
asienta que la conformidad debe ser absoluta, pura y simple, personalísima,
voluntaria (no cabe la coacción), formal y vinculante para las partes y el Tribunal.
El autor Gimeno Sendra, diferencia la conformidad plena, en la que se
reconocen tanto los hechos como la pretensión de la pena, de la conformidad
limitada en la que solo se admite la pena solicitada y no los hechos, en esta
situación la fase de audiencia seguirá de acuerdo con la parte que no haya sido
reconocida por el acusado. La primera encuentra su similitud con la confesión
mientras que la conformidad limitada se asemeja a un allanamiento civil por parte
del acusado en cuanto a la pena, se considera un acto unilateral puesto que su
existencia depende de la voluntad de la parte acusada de cumplir la pena mas
grave de entre las solicitadas. Sin embargo, la regulación de la conformidad
permite la negociación, en el procedimiento abreviado, entre todas las partes que
intervienen manifestándolo así en un escrito ratificado por todas ellas. Esta figura
se aleja del allanamiento, acercándose a la transacción penal.7
6 Sentencia Sala Segunda TS número 778/2006 de 12 de julio. 7Gimeno Sendra, José Vicente (1990). La nueva regulación de la conformidad:(ley orgánica 7/1988). La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, pág.375.
11
4.2. LA CONFORMIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE MENORES
En la jurisdicción de menores, la conformidad, a lo largo de los años, ha
adquirido gran importancia en cuanto a su uso, esto se debe a la prevalencia del
interés superior del menor que procura no someter al infractor a un proceso.
La LORPM persigue la aplicación de soluciones externas al proceso
principalmente los acuerdos entre el menor infractor y la víctima, la conformidad
funciona como la transacción en el régimen ordinario, de tal forma que se llegue
a acuerdos sobre la conducta y carga del menor por los hechos cometidos.
La estructura es similar al sistema de adultos, en la que el menor con
ayuda de su letrado acepta las medidas que solicita la parte acusatoria y el Juez
de Menores se encarga de controlar su validez establecida por la ley y su
admisión como sentencia de conformidad.
Una vez más, se demuestra una manifestación del principio de
oportunidad que, a pesar de ser duramente criticado y prácticamente opuesto al
principio de legalidad rector del sistema procesal penal, es de una gran
importancia en el proceso penal de menores puesto que su objetivo es la
resocialización y el interés superior del menor personificado en el intento de
evitar que se celebren los juicios en la mayor medida posible.
Octavio García Pérez realizó un estudio en 2008 comparando la antigua
ley orgánica 4/1992 reguladora de la competencia y procedimientos de los
Juzgados de Menores con la vigente ley orgánica 5/2000 sobre la
responsabilidad penal del menor. En él compara el uso de la conformidad como
forma de poner fin al procedimiento, como resultado obtuvo que con la antigua
ley un 63,4% de procedimientos terminaban de esta forma, un total de 1514
sentencias de conformidad y la nueva ley se obtiene un 70,9%. 8
En la actual ley, la LORPM, regula la conformidad en el título IV, en el artículo
32, en el cual se explica como se solicitará y en qué casos se podrá lograr la
conformidad.
8 García Pérez, Octavio (2008). La delincuencia juvenil ante los Juzgados de Menores. Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.
12
“Si el escrito de alegaciones de la acusación solicitara la imposición de alguna o
algunas de las medidas previstas en las letras e) a ñ) del apartado 1 del artículo
7 9, y hubiere conformidad del menor y de su letrado, así como de los
responsables civiles, la cual se expresará en comparecencia ante el Juez de
Menores en los términos del artículo 36, éste dictará sentencia sin más trámite.
Cuando el menor y su letrado disintiesen únicamente respecto de la
responsabilidad civil, se limitará la audiencia a la prueba y discusión de los
puntos relativos a dicha responsabilidad.
Cuando la persona o personas contra quienes se dirija la acción civil no
estuvieren conformes con la responsabilidad civil solicitada, se sustanciará el
trámite de la audiencia sólo en lo relativo a este último extremo, practicándose la
prueba propuesta a fin de determinar el alcance de aquella.”
4.3. MOMENTOS PROCESALES DE LA CONFORMIDAD EN EL JUICIO DE MENORES
4.3.1. La conformidad en la fase de instrucción
El artículo 30 LORPM indica que tras la instrucción el juez abrirá el trámite
de audiencia, en la cual la parte activa del proceso (parte acusadora) deberá en
un plazo determinado presentar un escrito de alegaciones con las pruebas
pertinentes. Una vez presentado, el Letrado de la Administración de Justicia lo
remitirá a la parte contraria, es decir, al letrado del menor acusado por la
comisión de una infracción para que conteste con la defensa pertinente. En este
momento el menor podrá indicar la conformidad con el escrito de la acusación.
Si la acusación solicita una medida entre las letras e) y ñ) del artículo 7.1
LORPM, las cuales se refieren a medidas no privativas de libertad dirigidas a la
reintegración del menor en la sociedad y su reeducación, como es la asistencia
a un centro de día 10 o prestaciones en servicio de la comunidad11 entre otras, y
9 Se aceptará la conformidad en los supuestos de medidas no privativas de libertad. 10 Artículo 7.1 LORPM “f. Asistencia a un centro de día. Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.” 11 Artículo 7.1 LORPM “k. Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no
13
existe una conformidad por la parte acusada, el Juez conforme al artículo 36
LORPM, dictará la sentencia de conformidad de forma automática.
La ley no permite la conformidad en los casos en los que la acusación
solicita medidas recogidas entre las letras a) y d) del artículo 7.1 LORPM, donde
se regulan las medidas privativas de libertad como el internamiento en régimen
cerrado, semiabierto o abierto. 12
La autora Callejo Carrión dispuso que, en defecto de regulación por la ley,
la conformidad en los procesos de menores podría ser negociada con el Fiscal y
la acusación con el menor infractor donde se suscribirá en un mismo escrito de
alegaciones firmados por todas las partes intervinientes.13
Los requisitos para que pueda darse la conformidad tras la fase de
instrucción consiste en tres pautas para su admisión;
- En un primer lugar, que el escrito de alegaciones por parte del Fiscal,
se solicite una medida distinta al internamiento del menor infractor.
- Se exige un acuerdo entre el menor y su letrado, en caso de que no se
pongan de acuerdo ente ellos, la conformidad no tendrá lugar.
- Por último, la conformidad se deberá expresar en comparecencia del
Juez de Menores como regula el artículo 36 LORPM, sin embargo, si
la conformidad se indica en el escrito de alegaciones tras un acuerdo
entre las partes, la comparecencia ante el Juez se considera una forma
de ratificación de la institución de la conformidad.
retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad.” 12 Artículo 7.1 LORPM “a) Internamiento en régimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. b) Internamiento en régimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida. La realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el Juez de Menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro. c) Internamiento en régimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo.” 13 Callejo Carrión, Soraya “El principio de oportunidad en la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores” con fecha 2005, en la revista La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía
14
4.3.2. La conformidad en la fase de audiencia
Tras la recepción de los escritos de alegación y abierta la fase de
audiencia, el secretario judicial informará al menor en un lenguaje que
comprenda las medidas que solicitan la acusación y el Ministerio Fiscal en sus
escritos y sobre los hechos sobre los que se fundan para la solicitud de esas
medidas.
Una vez informado, el Juez preguntará al menor si es culpable o inocente
para que conozca sobre lo que se tratará en la fase de audiencia recién abierta
y si hay posibilidades de evitar que se lleve a cabo. En caso de que el menor
declare su culpabilidad y acepte las medidas solicitadas, el Juez se dirigirá al
letrado del acusado que, si muestra su aceptación se dictará sentencia de
conformidad y se pondrá fin al procedimiento. Sin embargo, en caso de
desacuerdo por parte del letrado, el juez tendrá la libertad de decidir la
continuación o no de la audiencia.
Puede suceder que el menor, a la hora de declarar su aceptación o no
sobre la responsabilidad que recae sobre él, solo admita los hechos por los que
se le acusa, pero no las medidas que se solicitan por su comisión. La fase de
audiencia seguirá sobre los asuntos que han sido rechazados para tomar la
decisión sobre la aplicación de la medida solicitada o la sustitución por otra
medida con mayor o menor gravedad. Este tipo de conformidad se conoce como
conformidad parcial que demuestra la importancia que la LORPM da a la
participación del menor para llegar a una solución lo menos lesiva posible.
El juez posee libertad en caso de que no haya conformidad en las medidas
de modificar su extensión incluso llegando a su absolución, en esta situación la
voluntad de las partes no es vinculante para su decisión. La elección de las
medidas será atendiendo a la prueba practicada y la valoración jurídica de dichas
medidas, pero sobre todo se hará especial atención a la edad, circunstancias
familiares y sociales, personalidad o interés superior del menor infractor.
Para concluir sobre los momentos procesales en los que se puede
proceder a la conformidad, el autor Octavio García Pérez en su estudio de
comparación de la antigua ley y la LORPM, esclarece que un 63,2% de las
conformidades se produce tras la finalización de la fase de instrucción y antes
15
del inicio de la fase de audiencia y un 7,4% en la comparecencia al principio de
la fase de audiencia del artículo 32 LORPM. 14
4.4. LA CONFORMIDAD Y EL PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN
La socialización se entiende como la integración del individuo en una
sociedad respetando las normas, valores y creencias en las que se basa dicha
sociedad y que le permite crear relaciones con el resto de las personas que la
integran. La pertenencia a una sociedad enseña a los individuos a actuar
conforme a ella, sin embargo, cuando las conductas divagan de lo establecido
como normal o social, la pertenencia a la sociedad desaparece para dicho
individuo infractor.
De esta situación surge el concepto de resocialización que consiste en el
propósito de que el individuo excluido a causa de sus conductas vuelva a ser
acogido y aceptado por la sociedad.
El principio de resocialización en la Justicia de Menores posee un gran
peso en los procesos a los menores infractores puesto que el menor se
encuentra en un período de crecimiento y se le debe ofrecer la posibilidad de
reintegrarse en la sociedad de la forma más breve y sencilla y cambiar aquello
que le motivó a cometer las infracciones. Para su consecución, se adecuan las
medidas necesarias para su desarrollo y aprendizaje como la convivencia con
una familia o un grupo educativo distinto al que convive de forma habitual. La
LORPM regula este principio en el artículo 55 que obliga a que siempre que se
interne a un menor por un delito deberá hacerse de la forma menos lesiva posible
y permitiéndole mantener su relación con el exterior, de esta forma se hace más
fácil su vuelta a la sociedad. A pesar de que este artículo solo se atribuya a penas
privativas de libertad, este principio estará presente a lo largo de todo el
procedimiento al ser una parte importante del motor de esta jurisdicción.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de marzo de 1995 aclara
la adecuación de los principios procesales a la situación de los menores, de tal
forma que da una gran importancia al interés del infractor y su reinserción y no
14 García Pérez, Octavio (2008). La delincuencia juvenil ante los Juzgados de Menores. Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.
16
tanto a la represión como se hace en la Justicia ordinaria. Como divergencia
entre ambas Justicias puede encontrarse en la publicidad del juicio oral, que
existirá por regla general en la Jurisdicción ordinaria y no cabe en la Jurisdicción
de menores. 15
Existe una clara unión entre el principio de resocialización y la figura de la
conformidad, al tener como objetivo común el interés superior del menor, porque
de un lado, el objetivo de la resocialización quiere lograr que el sujeto vuelva a
formar parte de la sociedad de la que fue excluido de la forma más sencilla
posible, siendo una de estas formas poco lesivas la conformidad puesto que de
esta manera el imputado menor de edad va a admitir su (o sus) delito y terminará
de una forma rápida y eficaz.
Sin embargo, la resocialización podría estrecharse más con la figura de la
conciliación en la cual el delincuente se sentará con la víctima o afectados para
intentar llegar a un acuerdo, viene regulada en el artículo 19 de la LORPM. Es
un método que ayuda al menor a ser consciente de sus actos y las
consecuencias que su comisión conllevan, podrá participar de forma activa en
su resolución y llevar a cabo una reparación del daño causado, es decir, es un
sistema que cumple con la función educativa que posee la justicia. La
conciliación cumplirá su función cuando el menor reconozca el delito, se
arrepienta que por lo tanto se disculpe y cuando la víctima lo acepte.
15 STC de 17 de marzo 1995 “…Y es que, tanto por la naturaleza de las medidas, que no pueden poseer un mero carácter represivo, sino que han de dictarse en el exclusivo interés del menor y estar orientadas hacia su efectiva reinserción, como por la especial protección del menor en el seno del proceso, que puede aconsejar la exclusión de garantías esenciales del proceso penal, como es el caso de la «publicidad» del juicio oral, no todas las garantías del proceso penal son mecánicamente aplicables a este proceso especial que exige ciertas modulaciones…”
17
4.5. LA CONFORMIDAD Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL MINISTERIO FISCAL
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que el Ministerio Fiscal
“actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran
el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su
caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en
la medida y forma en que las leyes lo establezcan. Si el Fiscal estimare
improcedente el ejercicio de las acciones o la actuación que se le haya confiado,
usará de las facultades previstas en el artículo 27 de este Estatuto".16
En el proceso penal, a diferencia de otro ámbito del Derecho, el principio
de legalidad tiene como fin que los hechos delictivos se perseguirán siempre que
se tenga conocimiento de su existencia y originan la pena legalmente prevista
conforme a una calificación adecuada. 17 En otras palabras, en el momento de
la existencia de indicios de la comisión de un delito, deberá incoarse y
enjuiciarse. Es un principio constitucional que viene regulado en el artículo 25.1
CE “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en
el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa,
según la legislación vigente en aquel momento.” El TC delimita que “el principio
de legalidad funciona con su más estricta acepción en el ámbito del ius puniendi
del Estado”18
La importancia de este principio se hace significativo en el Titulo
Preliminar de la Constitución Española, en el artículo 9.3 en el que se garantiza
dicho principio, así como otros fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico
como es la jerarquía normativa o la seguridad jurídica. 19
El Ministerio Fiscal posee como una de sus principales funciones llevar a
cabo el principio de legalidad, al tener la obligación de actuar conforme a las
leyes y el ordenamiento jurídico, y practicar las acciones pertinentes para que
16 Artículo Sexto Capítulo III, Ley 50/1982, de 30 de diciembre por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal 17 Banacloche Palao, Julio, & Zarzalejos Nieto, Jesús (2010). Aspectos fundamentales del Derecho procesal penal. La Ley. 18 Sentencia Sala Segunda TC número 34/1996, de 11 marzo, FJ 5º. 19 Artículo 9.3 CE “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”
18
las infracciones tipificadas como delito sean perseguidas y enjuiciadas por el
Juez o Tribunal.
En el proceso de menores, a diferencia del procedimiento de adultos, el
MF tiene como función llevar a cabo la instrucción de la causa y estará presente
hasta el final del procedimiento. Su función en el proceso se establece en el
capítulo II, artículo 3.13 “Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores
las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su
actuación a la satisfacción del interés superior del menor.” 20Como funciones
tendrá que intervenir en el proceso penal, solicitar la imposición de medidas
cautelares o directamente llevar a cabo la instrucción del procedimiento en el
ámbito de la LORPM. 21 Por lo tanto, el MF instruye con la vigencia del principio
de contradicción22 que implica una plena imparcialidad del juez porque
únicamente va a entrar en la fase de instrucción para adoptar medidas cautelares
o diligencias restrictivas de derechos fundamentales. (artículo 23.3 LORPM)23.
Como ha dicho GIMENO SENDRA, “el Juez de Instrucción pasa, pues, a
desempeñar única y exclusivamente la función de dictar actos jurisdiccionales,
en tanto que al MF le corresponde la realización de actos policiales o de
investigación”.24
20 Nieto Luengo, María (2011). Beneficios e inconvenientes (perjuicios) de la instrucción del proceso penal de menores por el ministerio fiscal. Revista de Derecho de la UNED (RDUNED), 21 Artículo 6 LORPM “Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento, para lo cual dirigirá personalmente la investigación de los hechos y ordenará que la policía judicial practique las actuaciones necesarias para la comprobación de aquéllos y de la participación del menor en los mismos, impulsando el procedimiento.” 22 Principio de contradicción deriva de la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y derechos, consiste en el derecho que tienen las partes de que se practiquen las pruebas pertinentes ante el juez y los implicados. (STC de 11 de marzo de 2009, número 1784/2004) 23 Artícul23.3 LORPM “El Ministerio Fiscal no podrá practicar por sí mismo diligencias restrictivas de derechos fundamentales, sino que habrá de solicitar del Juzgado la práctica de las que sean precisas para el buen fin de las investigaciones. El Juez de Menores resolverá sobre esta petición por auto motivado. La práctica de tales diligencias se documentará en pieza separada.” 24 GIMENO Sendra, Vicente, (2006) El Ministerio Fiscal-director de la Instrucción, Madrid, Ed. Iustel, pp. 54.
19
Como mayor inconveniente de la imposición de este sistema podemos
encontrar el perjuicio que provoca a la economía procesal, de tal forma que los
plazos fijados se demoran llegando a quebrantar garantías constitucionales.25
Este principio, notoriamente marcado en el proceso de adultos en nuestro
país, se desmarca de la Justicia de menores dando paso al principio de
oportunidad que brinda al juez o Fiscal promover la finalización anticipada del
procedimiento incluso intentando que no se llegue a incoar, fundamentado con
el objetivo resocializador y educador que posee esta jurisdicción.
Como la Justicia de menores tiene como objetivo el interés superior del
menor, así como su resocialización. La LORPM debido a este razonamiento da
gran relevancia al principio de oportunidad puesto que ofrece formas de poner
fin al proceso de forma anticipada con la conciliación entre la victima e infractor
(artículo 19), el sobreseimiento (artículo 27.4) o la conformidad (artículo 32).26
El principio de oportunidad consiste en la posibilidad de decisión que se
otorga a la parte de la acusación sobre la perseguibilidad de los delitos o de su
correspondiente castigo, de tal forma que ofrece la oportunidad de un acuerdo
entre las partes del proceso que resuelva la controversia sin la necesidad de
llegar hasta el final del procedimiento y vinculando al Juez o Tribunal con la
decisión tomada.
La conformidad se muestra como una opción incompatible con el principio
de legalidad puesto que por un lado la primera busca la temprana terminación
del proceso mientras que el segundo obliga a llevar la controversia hasta la
obtención de una sentencia dictada por el Juez o Tribunal. El recurso a la
conformidad del menor viene dado no tanto por evitar la aplicación del principio
de legalidad sino, como ya explicamos, los principales objetivos de la Justicia de
menores.
25 Martín Delpón, Jose Luis (2011). El principio de oportunidad: análisis de derecho comparado. Anales de la Facultad de Derecho, 28, p. 188. 26 Martínez Rodríguez, José Antonio, (2013) Fundamentación jurídica de la ley penal juvenil. Ed Palibrio Spain.
20
No debe entenderse como un rechazo hacia el principio de legalidad en
nuestro sistema, sino como la búsqueda de una vía de humanización del
procedimiento de menores criminalmente responsables con el principio de
oportunidad y los aspectos que se derivan de él.
Como conclusión la conformidad en el proceso de menores es una vía
para la resolución de controversias derivadas de la comisión de una infracción
por parte de un menor de edad, será la forma menos perjudicial para el mismo
haciendo que evite tener que vivir los trámites procesales. Es por ello que al igual
que se da mayor importancia a la resocialización en esta jurisdicción que en el
resto, el principio de oportunidad esta más presente al permitir a las partes
disponer de una mínima parte del proceso siempre que sea en beneficio del
menor.
21
5. ANÁLISIS SOBRE SI FUERA CONSTITUCIONALMENTE
ADMISIBLE UN PRCOCESO COMÚN PARA JUZGAR
SIMULTANEAMENTE A MENORES Y MAYORES DE EDAD
POR UN MISMO DELITO.
5.1. LA CONEXIÓN DE PROCESOS
La regla general de los procesos penales es que cada uno tenga un solo
objeto, esto es, la LECrim en el artículo 17.1 aclara que por cada hecho ilícito se
llevará a cabo una instrucción y enjuiciamiento independiente de forma que se
garantice el derecho a un proceso con todas las garantías.27 Puede darse la
situación que una misma persona cometa varios delitos de naturaleza similar o
un hecho es cometido por dos o más individuos, es por ello por lo que la ley creó
una excepción a la regla general en los que permite en ciertos casos conectar
los procesos siempre y cuando no perjudiquen ni demoren en exceso el juicio. 28
El fundamento de la conexión de procesos reside por un lado en la
economía procesal con el fin de evitar costes y tiempo y por otro lado la seguridad
jurídica que pretende lograr no tener que llegar a obtener pronunciamientos
contradictorios sobre un mismo asunto, como dijo A. de la Oliva en su obra
Tras la reforma de la LECrim en 201529, la acumulación de causas de
forma automática desaparece dando al Juez o Tribunal la potestad de decisión
27 Artículo 24 CE: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.” 28 Cubillo López, Ignacio José “Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la ley 41/2015”, Universidad de Córdoba.
29 Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
22
de conectar dos o más procedimientos o no hacerlo porque causaría una demora
o perjuicio para las causas tratadas. 30
La conexidad en el proceso penal se pone de manifiesto en de una forma
objetiva en el artículo 17.2 LECrim, modificado por la última reforma de 201531,
esto implica que se dará mayor importancia a los delitos que tengan cierta
relación entre sí sin tener en cuenta quien los ha cometido si una persona o
varias. Por lo tanto, la conexión subjetiva en el proceso penal se da en caso más
concretos y menos usuales del artículo 17.3 LECrim, como que los delitos
cometidos por la misma persona sean competencia de un mismo órgano judicial
teniendo en cuenta todas las clases de competencia como territorial, objetiva y
funcional o que el propio Ministerio Fiscal lo solicite. Se puede deducir que a
pesar de que la ley de más relevancia a la conexión objetiva, la conexión
subjetiva de procesos tiene un peso notable al poder comprobar que los criterios
para la conexión de procesos se dirige hacia
La conexión objetiva se tasa dando ciertos supuestos en los que puedes
acumularse procedimientos por el delito que se persigue, el artículo 17.2
establece que serán conexos aquellos delitos que se cometan por dos o más
personas simultáneamente o que estuviese pactado previamente, aquellos
donde hubo lesiones mutuas entre los infractores o si una persona comete un
delito como medio para lograr la comisión de otro (usurpación de identidad para
realizar una estafa).
Por último, existe un supuesto de conexión mixta en el que una persona
comete varios delitos análogos entre sí y que aún no han sido enjuiciados, es lo
que se conoce como delitos continuados. 32
El Juez o Tribunal competente para el conocimiento de los delitos
conexos, será aquel que esté conociendo la causa en un primer momento, en
30 Nueva introducción al artículo 17 LECrim “No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.” 31 Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. 32 Ejemplo: Un individuo roba en tres tiendas entrando por la noche, se presta a tres delitos de robo con violencia, en un principio debería hacer frente a tres procedimientos y obtendría tres condenas diferentes, pero se permite el enjuiciamiento conjunto
23
caso de que no se haya iniciado ninguno, la competencia la tendrá el tribunal
que vaya a conocer la causa con la pena más grave por último será el órgano
jurisdiccional superior en el que decida sobre la competencia para resolver la
conexión.
Los efectos que produce la conexión de procedimientos son
principalmente la confirmación de su fundamento, por un lado, se tramita todo en
un mismo procedimiento (economía procesal) y por otro se decide en sobre una
misma sentencia en la que se pronunciará sobre todos los hechos o todos los
implicados evitando el riesgo de llegar a una resolución contradictoria (seguridad
jurídica).
En el caso que nos atañe, suponiendo que Damián fuese mayor de edad
y por lo tanto pudiese ser juzgado por un tribunal ordinario, podría producirse
una conexión de delitos entre el suyo y el cometido por Ricardo, al haber sido
dos personas reunidas las que han cometido un mismo hecho hacia Mariana.
Como justificación a esta información, el tribunal si lo viese conveniente y no
perjudicial para el proceso, podría ampararse del artículo 17.2. 1º LECrim, “2. A
los efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia
se consideran delitos conexos: 1.º Los cometidos por dos o más personas
reunidas.” La investigación, así como su enjuiciamiento serían hechos de forma
conjunta y como resultado habría una sentencia única sobre las acusaciones de
robo con violencia, agresión sexual y lesiones leves.”
5.2. CONEXIÓN DE PROCESOS EN LA JURISDICCIÓN DE MENORES
Teniendo en cuenta que Damián tiene 17 años, el ser menor de edad será
tratado con la aplicación de la LORPM.
Esta ley de menores regula la conexión de delitos de una forma similar a
la LECrim, teniendo como principio general que cada delito será investigado de
forma independiente. Sin embargo, el artículo 20 LORPM regula la posibilidad
de vincular ciertos delitos o a ciertas personas por un mismo ilícito penal, con lo
cual la competencia de los tribunales puede verse alterada por esta situación.
24
La competencia objetiva se establece de forma paralela a la legislación
para procesos de mayores de edad, siendo el Juez de Menores del lugar donde
se haya cometido el delito es el competente para juzgarlo, el artículo 16.5
LORPM esclarece esta separación tan radical asegurando que el juez tendrá el
poder, tras haber realizado ciertas investigaciones de remitirlo al Ministerio Fiscal
para que la investigación pueda a su vez ir desarrollándose hacia el/los
imputados la instrucción pertinente.33 El artículo 16 de la LORPM regula la
conexión de procedimientos de menores por identidad en los hechos o en la
persona, sin embargo, como excepción a la posibilidad de la unión de dos
procedimientos, es la prescripción de un delito o los delitos cometidos por
mayores y menores en calidad de coautoría o cooperación. Esta última estricta
separación queda latente en el apartado 5 del citado artículo el cual fue
introducido por la LO 8/2006, de 4 de diciembre de 2006 por la que se modifica
la LORPM 34 e introduce que “Cuando los hechos mencionados en el artículo 1
hubiesen sido cometidos conjuntamente por mayores de edad penal y por
personas de las edades indicadas en el mismo artículo 1, el Juez de Instrucción
competente para el conocimiento de la causa, tan pronto como compruebe la
edad de los imputados, adoptará las medidas necesarias para asegurar el éxito
de la actividad investigadora respecto de los mayores de edad y ordenará remitir
testimonio de los particulares precisos al Ministerio Fiscal, a los efectos
prevenidos en el apartado 2 de este artículo.”
33 Artículo 16.5 LORPM: “…El Juez de Instrucción competente para el conocimiento de la causa, tan pronto como compruebe la edad de los imputados, adoptará las medidas necesarias para asegurar el éxito de la actividad investigadora respecto de los mayores de edad y ordenará remitir testimonio de los particulares precisos al Ministerio Fiscal…” 34 Número 5 del artículo 16 redactado por el apartado doce del artículo único de la L.O. 8/2006, de 4 de diciembre de 2006, por la que se modifica la L.O. 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores («B.O.E.» 5 diciembre) Vigencia: 5 febrero 2007
25
5.3. CONEXIÓN DE PROCESOS EN UN DELITO COMETIDO POR UN
ADULTO Y UN MENOR
Como ya se ha hablado anteriormente, nuestro país parte de una clara
separación entre la justicia de menores y la de adultos. Su fundamento se
encuentra en la base de este sistema, el menor es un sujeto en crecimiento,
necesita un trato más individualizado y que tenga proyección hacia su
reeducación y resocialización.
En los casos que hay supuestos de coautoría en la comisión de un delito
entre mayores y menores, queda latente esa clara separación entre ambas
legislaciones y la posibilidad, ya mencionada, de llegar a obtener sentencias
contradictorias.
Las reglas generales de conexión de procedimientos35 no puede aplicarse
porque la justicia de menores y la de adultos sigue caminos similares y a su vez
paralelos, el enfoque que se da al primero gira en torno al menor y sus
circunstancias mientras que en el proceso ordinario el hecho delictivo es el que
goza de un papel principal.
La sentencia de la Sala Segunda del TS número 62/2013 FJ2 hace
alusión a dicho apartado aclarando que “por el art. 16.5 LORPM que se
menciona, pues de su tenor literal necesariamente resultaba en este caso un
conocimiento de los hechos de apariencia criminal ante jurisdicciones
separadas, al atribuirse inicialmente la participación en los mismos a una
pluralidad de individuos de los que algunos eran mayores y otros menores de
edad al tiempo de su producción. “
Aunque no se contemple debido a su claro distanciamiento en cuanto al
sujeto sobre el que recae el proceso, uno de los problemas que se encuentran
en estas situaciones es la práctica de la prueba y realización de las actuaciones
pertinentes de forma duplicada porque no hay manera de unir ambos cauces
procedimentales, como dice el Tribunal Supremo en su sentencia 62/2013 de 29
de enero36. Todas las actuaciones no serán vinculantes en otra jurisdicción, sino
35 Artículo 17 LECrim. 36 STS 62/2013, 29 de enero «quizá el mayor de los inconvenientes que deriva de esta situación es la duplicidad de actuaciones y diligencias de prueba, que provoca como efecto colateral la repetición de testimonios, con pérdida general de calidad de las pruebas que, sometidas al
26
que deberán realizarse todas las pautas para la práctica de la prueba y en un
principio serán similares o parecidas.
Otro problema que se encuentra en esta separación de jurisdicciones tan
notoria a la hora de juzgar es la declaración de coimputados en los distintos
procesos, es decir, como estructurar la declaración del mayor en la causa del
menor y viceversa al poder tener ánimo de inculpar o mala fe para conseguir su
propia absolución en su proceso. Como ejemplo podemos encontrar el caso
“Marta del Castillo” que analizaremos en las siguientes páginas. Sin embargo,
esta cuestión puede extrapolarse también a procedimientos de adultos que por
ley no hay podido conectarse ya sea por falta de identidad en el hecho o en la
persona, pero existen varios acusados que a su vez son llamados a declarar en
el caso del resto de coimputados.
La posición mayoritaria adoptada por los Jueces de Menores es
considerar al mayor de edad como coimputado no como testigo en el proceso
del menor, se le advierte de dicha condición y no tiene obligación de declarar en
un proceso en el que ni se le acusa ni se le imputa, pero no pierde los derechos
que tiene como imputado en su otro procedimiento. Lo relevante para determinar
la validez de su declaración se relaciona directamente con los hechos que
constituyen el objeto del proceso.37
principio de inmediación, hayan de reiterarse ante una y otra jurisdicción y que, en el caso de las víctimas, incrementa además la victimización secundaria». 37 Sanz Hermida, Ágata María (2002). El nuevo proceso penal del menor (Vol. 38). Universidad de Castilla La Mancha.
27
5.4. CONSTITUCIONALIDAD DE LA SEPARACION DE
PROCEDIMIETOS
En un primer momento se puede poner en cuestión el principio de igualdad
en cuanto a la aplicación de la ley puesto que puede darse la situación en que el
menor resulte absuelto y el mayor condenado o viceversa. Este principio lo
encontramos en el artículo 14 de la CE38 y constituye un derecho fundamental
es por ello por lo que puede llegarse a plantearse la inconstitucionalidad de la
falta de acumulación de procesos. La vulneración de este derecho, según la
jurisprudencia se basa en la negación de esta vulneración de un derecho
fundamental entendiendo que solo se encuentra en aquellos casos enjuiciados
de forma separada por el mismo órgano jurisdiccional porque la libre valoración
de la prueba y la independencia judicial son puntos de apoyo en la posibilidad de
que si son dos órganos diferentes los que enjuician se llegue a sentencias
diferentes.
En un segundo momento, la seguridad jurídica pide que las decisiones
que tome un tribunal que conozca de un asunto ya conocido por otro, tenga por
ciertos los hechos probados, así como la decisión tomada por el juez o tribunal.
Pero al ser jurisdicciones tan diferentes puesto que enjuician con distinto ánimo
o punto de vista, la práctica de la prueba puede dar resultados diferentes, se
permite a los jueces que mantengan la que hayan obtenido siempre y cuando
motiven en sus escritos porque se diferencian los resultados entre una práctica
y otra.
Cabe comentar, que la seguridad jurídica existe en este ámbito de
separación radical de procesos cuando uno de ellos niega la existencia del hecho
delictivo y el otro juez confirma que, si sucedió, al ser tan contradictorio sí que
se vulneraría dicho principio constitucional.
38Artículo 14 CE “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”
28
5.5. CASO MARTA DEL CASTILLO
Ha sido uno de los casos con más trascendencia de nuestro país. El 24
de enero de 2019, Marta del Castillo, menor de 17 años salió de paseo con su
novio, Miguel Carcaño de 19, todo parecía inofensivo, pero ella no volvió. Hasta
tres semanas después de la desaparición la policía no pudo detener al
sospechoso de su desaparición y posible muerte, tras 14 horas de interrogatorio
confesó su asesinato y se descubrió la participación de varias personas más, por
un lado, Samuel Benítez de 20 años, por otro de Francisco Javier García
conocido como “el Cuco” de 15 años y por último Javier Delgado, mayor de edad.
Este caso muestra la implicación en un mismo delito de mayores y
menores de edad, desde el principio del procedimiento se determinó que la
instrucción fuese por separado en dos procedimientos que han dejado latentes
los problemas del doble enjuiciamiento.
El primero en ser procesado fue “el Cuco” a quien el Juez de Menores
decidió condenarle a dos años y once meses de internamiento por
encubrimiento, que cumplió en los primeros años de investigación, entre 2010 y
2013. La sentencia de condena fue ratificada por la Audiencia Provincial de
Sevilla, sin embargo, los magistrados endurecieron su pena original y le
condenaron a pagar las labores de búsqueda del cuerpo de la desaparecida en
el Río Guadalquivir.
La siguiente etapa en este turbulento suceso, fue el procedimiento a los
mayores de edad en audiencia pública, fue en enero de 2012, tres años después
de la desaparición, solo se condenó a Miguel Carcaño el resto de los acusados
fue absuelto por falta de pruebas.
Las sentencias dictadas por los distintos órdenes muestran similitudes y
están de acuerdo en que no hubo violación y que en el momento de la muerte
solo estaban presentes la víctima y Miguel Carcaño. Sin embargo, revelan
discrepancias sobre los partícipes del encubrimiento del cuerpo y también sobre
los horarios en los que sacaron el cadáver del piso donde sucedió. 39
39 Agencia EFE (2012), Las dos sentencias sobre el caso Marta del Castillo difieren en los horarios del crimen” Revista 20 minutos.
29
El juez de menores apuntó la participación de Samuel Benítez y Javier
Delgado, sin embargo, la audiencia lo descartó y les absolvió y apunta que se
deshicieron del cadáver a una hora no determinada de la madrugada mientras
que la Audiencia provincial expresa que el fallecimiento de Marta del Castillo fue
entre las nueve y las diez y cuarto de la noche y el cuerpo fue sacado de la casa
en esa franja horaria por Miguel Carcaño, “el Cuco” y un tercero desconocido.
Se encontró también disconformidad en los momentos posteriores al
asesinato porque el Juez de menores manifestó que Miguel Carcaño llamo a “el
Cuco” y al tercer implicado tras haber asesinado a la víctima y la Audiencia
provincial declaró que “el Cuco” llego a casa de M. Carcaño porque previamente
habían quedado.
La controversia llego al TS que introdujo nuevas dudas entre apoyar el
horario de madrugada y anular la sentencia de la AP en lo que se refiere a
Samuel Benítez. Se dará libre criterio a la Audiencia Provincial para que vuelva
a examinar su participación en el delito de encubrimiento una vez el TS confirmó
que el cuerpo fue movido en la madrugada cuando Samuel no tenía coartada.
La familia de la víctima planteó una cuestión de inconstitucionalidad por la
importante discrepancia, pero fue rechazada al existir otros supuestos similares
como en los juicios que hay varios acusados y uno de ellos se declara en rebeldía
(Juicio del “Procés”) o cuando un copartícipe es un aforado y debe ser enjuiciado
por un tribunal diferente. En estos casos se sustanciarán procesos separados
corriendo el riesgo de sentencias contradictorias.
El TS, más concretamente la Sala Segunda, criticó en su sentencia los
problemas que suscitaba la LORPM cuando obliga a un enjuiciamiento separado
entre mayores y menores de edad lo que implica "un derroche de energías y
esfuerzo que no se ve compensado por ventaja alguna"
Este caso muestra los problemas que pueden suscitar de obtener dos
sentencias de distintos órdenes jurisdiccionales que han ido desarrollando sus
30
procedimientos de forma paralela y sin vinculación alguna entre ambos, siendo
esto lo que procura evitar la conexión de procesos que regula la LECrim. 40
La Sala Segunda del TS asentó que «quizá el mayor de los inconvenientes
que deriva de esta situación es la duplicidad de actuaciones y diligencias de
prueba, que provoca como efecto colateral la repetición de testimonios, con
pérdida general de calidad de las pruebas que, sometidas al principio de
inmediación, hayan de reiterarse ante una y otra jurisdicción y que, en el caso de
las víctimas, incrementa además la victimización secundaria». 41
Así como el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el 25 de enero de
2012, compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
para informar sobre las líneas generales de la política del departamento de
justicia en las que incluyó el anuncio de una reforma de la LORPM, «una
solución legislativa que resuelva disyuntivas procesales como la presente,
compatibilizando un enjuiciamiento conjunto en sede de adultos en el que
también se vele por los fines tuitivos y por las demás garantías que al menor
reconoce la LORPM».
Como conclusión, no es constitucionalmente aceptada la conexión entre
procesos al ser jurisdicciones prácticamente contradictorias puesto que lo que
les diferencia es la edad del delincuente por lo tanto nunca va a poder unirse un
juicio entre ambos porque os se debe recurrir a una jurisdicción u a otra. La
seguridad jurídica, como bien se sabe no permite que la practica de la prueba de
un proceso se utilice en otra jurisdicción con tanta separación como estas. No
cabe por lo tanto la conexión de procesos por incompatibilidad de las
jurisdicciones, en los principios, formas de juzgar y sujetos a los que se dirige.
40 Muñoz, Jorge (2013), La re-absolución de Samuel. Juzgado de guardia
41 Sentencia Sala Segunfa TS número 62/2013, 29 de enero
31
6. ANÁLISIS SOBRE SI ES POSIBLE QUE LA SENTENCIA DE
CONDENA FIRMA A DAMIÁN DEBIO CONDICIONAR LA
DECISIÓN DEL PROCESO PENAL CONTRA RICARDO
La cosa juzgada es el efecto derivado de la firmeza de una resolución
judicial que impide que el asunto sea revisado en el mismo proceso o, si la
resolución es sobre el fondo del asunto, en otro posterior. Se trata como una
excepción a la regla general que obliga a procesar a cada persona y cada hecho
delictivo de forma independiente para obtener un proceso con todas las garantías
del artículo 24 de la Constitución Española.
La cosa juzgada en el ámbito penal se encuentra estrechamente
relacionada con el principio de seguridad jurídica al prohibir que se produzca un
nuevo juicio o que se procese a una misma persona por los mismos delitos,
resultado de la aplicación del “non bis in ídem”. Se caracteriza por dar seguridad
al procesado de su conocimiento sobre la responsabilidad que recae sobre él,
decidida previamente en el juicio y llegado a su terminación.
Para invocar la excepción de cosa juzgada, se debe confirmar la
existencia de una sentencia firme ya sea condenatoria o absolutoria o un auto
de sobreseimiento libre que goza de firmeza a pesar de no ser forma normal de
terminación del proceso.
Existen dos clases de cosa juzgada que encuentran su diferencia en el
momento del proceso que vea la luz.
- En un primer lugar, la cosa juzgada formal consiste en el
efecto tras la firmeza de una resolución judicial que no permite que vuelva
a ser reexaminada, no resolverá sobre el fondo del asunto y recaerá sobre
aquellas decisiones que nazcan dentro del proceso como por ejemplo la
resolución que admite la práctica de la prueba.
- En un segundo lugar, la cosa juzgada material tiene un
efecto externo y surge en aquellas resoluciones que adquieren firmeza y
ponen fin al procedimiento, es decir, resuelven sobre el fondo de la
controversia y no permiten un nuevo enjuiciamiento sobre el mismo
32
hecho. Solo será posible su existencia en sentencias y en autos de
sobreseimiento libre al amparo de cualquier apartado del artículo 637
LECrim42 como por admisión de articulo de previo pronunciamiento del
artículo 657 LECrim.
Ambas clases de cosa juzgada ya explicadas presentan distintas
funciones por un lado positivos y por otros negativos. Nos vamos a centrar en
aquellos efectos de la cosa juzgada material;
- La función positiva es aquella que obliga al juez que conoce
de un segundo proceso, su vinculación con la primera sentencia de forma
condicionante o prejudicial sobre la nueva pretensión.
- La función negativa o preclusiva se basa en la imposibilidad
de que se produzca un proceso posterior sobre una controversia ya
finalizada con las mismas partes o “un ulterior proceso cuyo objeto sea
idéntico al del proceso en que aquella se produjo” del artículo 222.1 LEC.
En el proceso penal la cosa juzgada material solo tendrá cabida en su
función negativa o excluyente, es decir, la prohibición de apertura de un nuevo
procedimiento sobre los mismos hechos. La determinación de esta función en el
proceso penal viene dada por la jurisprudencia que ha asentado que cada
proceso tiene su prueba, su instrucción y no se vinculará con otro proceso
posterior porque solo se permite la cosa juzgada negativa en materia penal.43
Que un condenado se encuentre con una doble sentencia puede
considerarse una vulneración constitucional del derecho a un proceso con todas
las garantías44 puesto que en el momento que una persona es oída y vencida en
42 Art 637 LECrim “Procederá el sobreseimiento libre 1.º Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa 2.º Cuando el hecho no sea constitutivo de delito 3.º Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.
43 STS de 21 de septiembre 1999 44 Derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2 CE
33
juicio45, el Juez o tribunal establecerá una condena o su absolución que le lleva
a cumplir una responsabilidad obligatoria y no se le podrá imputar de nuevo el
mismo delito o hecho y su consecuente condena o una vez haber obtenido la
absolución, un nuevo procedimiento con un resultado condenatorio.
La cosa juzgada material posee ciertos elementos identificadores que
permite apreciar su existencia en el ámbito del proceso penal.
- La identidad en el objeto se refiere a la imposibilidad de
juzgar los hechos indicados en la sentencia y no tanto los accesorios o
variaciones no sustanciales, una segunda vez. No habrá identidad en el
objeto cuando el segundo proceso sea sobre hechos nuevos que han
surgido después de la finalización del primer proceso o sobre hechos que,
aunque hayan sido en la misma línea que los ya juzgados, esos aún no
se han tratado.
- La identidad en el sujeto es aquella basada sobre la persona
acusada siendo esa persona condenada o absuelta, de nuevo parte
pasiva en un nuevo procedimiento sobre los mismos hechos. Esta
característica no hace referencia a la parte activa del proceso puesto que
es indiferente quien haya acusado a una persona por un delito o delitos
ya juzgados previamente.
Se da un supuesto en el cual los no es posible afirmar que el objeto del
segundo proceso abierto es nuevo, como se considera cuando el delito es
cometido entre un mayor de edad y un menor de edad. Ambos procedimientos,
como ya hemos explicado no pueden conectarse, por lo tanto, el problema surge
cuando por norma general los procedimientos de menores se resuelven con
mayor celeridad que aquellos de los adultos.
A lo largo del tiempo se ha intentado recurrir al Tribunal Supremo para
alegar cosa juzgada de un tribunal del ámbito penal hacia el Juzgado de menores
para que afecte la decisión tomada por el Juez en otro proceso paralelo. Sin
embargo, como ya explicaremos más adelante la institución de cosa juzgada, la
45 Principio de audiencia, rector del Proceso.
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jurisprudencia del Tribunal Supremo no da lugar a esta situación declarando “que
a diferencia de otras ramas del Derecho en las que puede existir una eficacia de
cosa juzgada material de carácter positivo o prejudicialidad, que se produce
cuando para resolver lo planteado en un determinado proceso haya de partirse
de lo ya antes sentenciado con resolución de fondo en otro proceso anterior, ésta
eficacia no tiene aplicación en el ámbito del proceso penal, pues cada causa
criminal tiene un propio 1268 objeto y su propia prueba y conforme a su propio
contenido ha de resolverse, sin ninguna posible vinculación prejudicial
procedente de otro proceso distinto, todo ello sin perjuicio de que la prueba
practicada en el primero pueda ser traída de segundo proceso para ser valorada
en unión de las demás existentes. La única eficacia que la cosa juzgada material
produce en el proceso penal es la preclusiva o negativa consistente simplemente
en que, una vez resuelto por sentencia firme o resolución asimilada, una causa
criminal, no cabe seguir después otro procedimiento del mismo orden penal
sobre el mismo hecho y respecto a la misma persona” 46
Para comprenderlo mejor, se explicará la controversia apoyándonos en el
caso objeto de estudio en este trabajo. Damián, menor de edad, es procesado
por un delito de robo con violencia y lesiones graves, sin embargo, en vez de ser
juzgado firma una sentencia de conformidad aceptando los hechos y condenas
planteados por la parte contraria. Sin embargo, por otro lado, el juicio hacia
Ricardo, mayor de edad, se produce tiempo más tarde y el letrado no cita a
Damián como testigo, sino que aporta la sentencia de conformidad.
Por un lado, el menor en su procedimiento tiene derecho a mentir, así
como a proponer pruebas y a designar su propio abogado, es una situación en
la que se desarrolla un proceso con todas las garantías de tal forma que, si el
menor de edad tiene miedo al juicio o a una condena mayor, puede aceptar los
hechos de forma automática siendo algunos de ellos mentira o sin incluir todos
lo que realmente ocurrieron. La sentencia de conformidad tiene fuerza de cosa
46 Sentencia Sala Segunda TS número 34/2008 de 1 de enero
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juzgada, es decir, que los hechos que se incluyen en ella son considerados
verídicos. 47
Sin embargo, la aportación de la sentencia de conformidad al juicio
posterior no puede suponer nada más que la ratificación de los hechos y pruebas
que se practican y verifican en el juicio a Ricardo, mayor de edad. Suponiendo
que la sentencia de conformidad se utiliza como prueba, se vulnera el derecho
de audiencia que se asegura de que “nadie puede ser condenado sin ser oído ni
vencido en juicio”48 al utilizar la sentencia a Damián como ratificación de los
hechos y con ello no sería necesario escuchar los hechos que vivió Ricardo, por
otro lado, se vulneraría el derecho de defensa49 y el principio de oportunidad,
porque al haber una conformidad, se dan todos los hechos por probados y
confirmados luego en caso de que influyese la sentencia de Damián, se
vulneraría el derecho de defensa porque las alegaciones y pruebas no deben
volver a practicarse.
El TS asienta como doctrina y en numerosas ocasiones que lo probado y
resuelto en un juicio penal no vinculará a Jueces o Tribunales que más tarde
deban tratar los mismos hechos, salvo el efecto negativo de la cosa juzgada que
no permite que se enjuicie de nuevo a una misma persona por unos mismos
hechos. En esta situación no hay identidad en la persona con lo cual los jueces
y tribunales no estarán vinculados con la sentencia al menor. En cada proceso
deberán practicarse las pruebas pertinentes y el Juez tendrá plena libertad para
decidir, aunque cabe la posibilidad de que las conclusiones de las sentencias
sean distintas lo que no implica falta de imparcialidad por el Juez.
El TC aseguró en su sentencia 77/198350 que unos mismos hechos no
pueden existir o no existir para los tribunales, es decir, que no puede haber
47 Gallego, Gemma (coordinadora) “¿Qué valor tiene la sentencia contra un menor de edad penal respecto del posterior proceso penal seguido contra los acusados mayores de edad que hubieran actuado conjuntamente con el menor?” – el derecho, 2012
48 STC 12/1986 de 4 de febrero donde el principio ha sido reformulado por el Tribunal Constitucional en los términos de que "nadie puede ser condenado sin haber tenido la oportunidad de ser oído y vencido en juicio" 49 Artículo 24. 2 CE 50 STC 77/1983 de 3 de octubre Sala Segunda“ ….conduce también a la imposibilidad de que, cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico puedan producirse, se hagan con independencia, si resultan
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hechos contradictorios entre dos sentencias pues vulnera la tutela judicial
efectiva y la seguridad jurídica. Las sentencias que sean contradictorias deberán
motivarse el resultado contradictorio entre ellas.
de la aplicación de normativa diferente, pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado.”
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7. DICTAMEN SOBRE SI ES POSIBLE UN NUEVO PROCESO
PARA ACUSAR A DAMIÁN DE COOPERACIÓN NECESARIA
EN LA AGRESIÓN SEXUAL CONTRA MARIANA A LA VISTA
DE LA SENTENCIA DE CONDENA DE RICARDO.
Dictamen que emite Mar Ibáñez,
Objeto:
El objeto de este dictamen es el análisis de la posibilidad de apertura de un nuevo
procedimiento dirigido hacia Don Damián, menor de edad, sobre la introducción
de hechos nuevos que le acusan de cooperación necesaria en la agresión sexual
cometida hacia la víctima.
Antecedentes de hecho:
Primero: Los procesados salían de un “pub” cuando se toparon con la víctima
que se encontraba sola en el camino a su casa.
Segundo: Damián y Ricardo se acercan a la víctima aprovechando la falta de luz
puesto que era de madrugada, le empujaron para robarle el bolso y la víctima
cayó al suelo perdiendo el conocimiento
Tercero: Ambos implicados, aprovechando su superioridad trasladaron a la joven
a un descampado. Ricardo agredió sexualmente a la víctima y al ver que
recuperaba el conocimiento, Damián le agarró las manos para que no pudiera
moverse.
Cuarto: La policía detuvo a Damián que inmediatamente les condujo al lugar de
los hechos y decidió optar por la conformidad, en la cual reconocía delito de robo
con violencia y lesiones graves.
Quinto: Tras un tiempo, se desarrolla el juicio a Ricardo, mayor de edad, al cual
la Audiencia Provincial le condena por agresión sexual y a 18 años de presión,
además un perito forense ratifica que “las marcas en las muñecas de Mariana se
corresponden con una presión prolongada e intensa”. Finalmente, en la
sentencia de condena se incluye una tercera persona no acusada que colaboró
inmovilizando a la víctima.
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Cuestiones planteadas:
Primero: Tras la sentencia condenatoria hacia Ricardo, se incluye un indicio de
cooperación necesaria por parte del menor ya procesado.
Segundo: La sentencia de conformidad del menor, adquirió fuerza de cosa
juzgada lo que no permite juzgar a la misma persona por los mismos hechos.
Tercero: Aparecen pruebas nuevas no practicadas, debido a la declaración de
conformidad, en el Juzgado de Menores. No habría identidad en el objeto puesto
que la acusación ha cambiado por dichos indicios introducidos.
Fundamentos de Derecho:
Primero: La separación que radica entre los procesos de la jurisdicción ordinaria
y la de menores queda latente en el artículo 20.4 LORPM referido a conexión de
procesos cuando el dirigido hacia el adulto infractor se desarrolla en la Audiencia
Nacional, pero, apoyado por la jurisprudencia, se extrapola a demás Tribunales.
Segundo: La sentencia tiene efecto de cosa juzgada negativa, la cual impide
juzgar los hechos ya procesados, sentado por la jurisprudencia en la Sentencia
del TS del 21 de septiembre de 1999, la Sentencia del TS del 13 de diciembre
de 2001, la Sentencia del TS de 20 de abril de 2004 o la Sentencia del TS
2008/31082.
Tercero: En el caso del juicio al menor de edad, al haber terminado mediante la
conformidad, las pruebas solicitadas no llegaron a practicarse por voluntad de
las partes y del Juez. Además, la prueba realizada en el proceso posterior no fue
planteada al no contemplar en los escritos de acusación la “cooperación
necesaria”, sino que se limitaron a lesiones graves y robo con violencia.
Cuarto: Las pruebas deberán practicarse por igual en ambos procedimientos
estrictamente separados, es por ello por lo que cabe la posibilidad de llegar a
resultados contradictorios o incluso obtengan una apreciación diferente por parte
de los Jueces que utilizan el criterio de libertad de decisión.
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Conclusiones:
Primero: La sentencia del menor de edad no influye en el posterior proceso del
adulto. Las pruebas deberán practicarse
Segundo: La sentencia de conformidad posee firmeza con lo que tiene fuerza de
cosa juzgada, no se podrá volver a procesar al menor.
Tercero: En el proceso de menores no se consideró la acusación de
“cooperación necesaria” con lo que la prueba no se llegó a practicar, en caso de
que hubiese existido cabe la posibilidad de que el Juez no la considerase
suficiente o simplemente el resultado objetivo fuese distinto.
Cuarto: La repetición de un nuevo procedimiento iría en contra del fundamento
básico de la Justicia de menores, que vela por el interés del menor como objeto
principal, al poder causar perjuicios al menor en su desarrollo e integridad.
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8. CONCLUSIONES
Tras las investigaciones pertinentes realizadas en este trabajo, las
conclusiones que hemos podido obtener se diversifican en numerosas
cuestiones.
En un primer lugar, la Justicia de menores es una justicia encaminada a
la integración del menor en la sociedad teniendo en cuenta todas sus
circunstancias externas que lo han llevado a la comisión de infracciones
tipificadas como delito, siendo el objetivo principal en todo proceso de menores
su mínimo perjuicio, así como ofrecerle la ayuda necesaria para que se
reencamine al ser un sujeto que aún no es plenamente consciente de sus actos
y sus consecuencias. Por lo tanto, vemos que la Justicia de menores es una
justicia humana con un fin benevolente en la implicación del equipo técnico
participante en los procesos hacia un futuro mejor de los pequeños delincuentes.
La conformidad es la figura del proceso que permite poner fin de una
forma anticipada al procedimiento dirigida a obtener una economía procesal, sin
embargo, en los procesos de menores tiene otra vocación que consiste en la
prevención de que el menor sufra los efectos y consecuencias de someterse a
un juicio tanto moralmente como el tiempo que se requiere. Además, pone de
manifiesto la intención de esta institución para que el infractor sea consciente de
lo que ha supuesto su actuación para la víctima del delito, de esta forma se
procura que aprenda y cambie su conciencia delictiva por una más humana a la
par que diferenciando las buenas acciones con las que le perjudican a él y a
quienes le rodean. La decisión del legislador de acercar el principio de
oportunidad prácticamente inexistente en la jurisdicción de adultos logra que la
conformidad sea una posibilidad muy utilizada en estas situaciones dando la
oportunidad al Ministerio Fiscal de negociar y concienciar al menor, reuniéndose
la parte acusatoria, el Fiscal y el acusado.
El problema planteado en la posibilidad de conexión de procedimientos
por unos hechos cometidos por mayores y menores de edad, se resuelve con la
imposibilidad de que se de ese hecho al ser jurisdicciones contradictorias que
van dirigidas a distintos sujetos, distintas circunstancias y distintas perspectivas.
La cuestión de constitucionalidad debe verse desde el punto de vista en la que
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el menor no puede ser juzgado con la misma dureza a la que se somete al
acusado adulto ni él puede ser tratado como una persona que aún no se ha
desarrollado totalmente su personalidad. Por otro lado, la seguridad jurídica
viene estrechamente relacionada con la posibilidad de sentencias contradictorias
es por ello por lo que podría encontrarse como solución, la defensa de una unión
de procedimientos como la instrucción conjunta del Juez de instrucción y el
Ministerio Fiscal desembocando en la separación en la fase de enjuiciamiento
en la que la Audiencia Provincial se encargue del mayor de edad y
posteriormente el juez de menores al menor de edad implicado.
La cosa juzgada ofrece en nuestra justicia una seguridad jurídica que
constituye una base en dicha institución de tal modo que permite que el
condenado o absuelto sea consciente de sus responsabilidades y sus límites.
Una sentencia firme en un procedimiento de adultos no tendrá ninguna
influencia, por un lado, porque ha sido mediante conformidad por lo que no se
han practicado las pruebas y apenas ha habido contradicción entre las partes
por lo tanto el Juez no podrá apoyarse en sus conclusiones, además la prueba
deberá hacerse de forma independiente por cada tribunal porque se podrá llegar
a una conclusión distinta. Esta situación está íntimamente relacionada con la
estricta separación que existe entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de
menores que corre el riesgo en los casos de coautoría de obtener sentencias
contradictorias, como es el caso de Marta del Castillo. Esta separación en cuanto
a instrucción y enjuiciamiento debe llevarse a cabo hasta el final, es decir, no
debe afectar la sentencia del menor en el proceso del adulto, sino que
únicamente podrá utilizarse como medio de ratificación de los hechos.
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9. BIBLIOGRAFIA
Banacloche Palao, Julio, & Zarzalejos Nieto, Jesús (2010). Aspectos
fundamentales del Derecho procesal penal. La Ley.
Gimeno Sendra, José Vicente (1990). La nueva regulación de la conformidad:(ley orgánica 7/1988). La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía. García Pérez, Octavio (2008). La delincuencia juvenil ante los Juzgados de Menores. Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Gimeno Sendra, Vicente, (2006) El Ministerio Fiscal-director de la Instrucción, Madrid, Ed. Iustel. Martín Delpón, Jose Luis (2011). El principio de oportunidad: análisis de derecho
comparado. Anales de la Facultad de Derecho, 28.
Nieto Luengo, María (2011). Beneficios e inconvenientes (perjuicios) de la
instrucción del proceso penal de menores por el ministerio fiscal. Revista de
Derecho de la UNED (RDUNED).
Martínez Rodríguez, José Antonio, (2013) Fundamentación jurídica de la ley
penal juvenil. Ed Palibrio Spain.
Sanz Hermida, Ágata María (2002). El nuevo proceso penal del menor (Vol. 38).
Universidad de Castilla La Mancha.
Cubillo López, Ignacio José (2017). Las causas de conexión penal y su aplicación
tras la reforma operada por la Ley 41/2015. Estudios de Deusto: revista de la
Universidad de Deusto 65(2), 39-83
Ravetllat Ballesté, Isaac (2012). El interés superior del niño: concepto y
delimitación del término. Educatio siglo XXI, 30(2), 89-108.
Pantoja García, Félix (2000). El fiscal como defensor del menor. Educadores:
Revista de renovación pedagógica, (193), 107-126.
del Moral García, A. (2008). La conformidad en el Proceso Penal: reflexiones al
hilo de su regulación en el ordenamiento español. Revista Auctoritas
Prudentium.
43
Gómez-Colomer, Juan Luis (2012). La conformidad, institución clave y tradicional
de la justicia negociada en España. Revue internationale de droit pénal, 83(1),
15-41.
Muñoz, Jorge (2013), La re-absolución de Samuel. Juzgado de guardia
Agencia EFE (2012), Las dos sentencias sobre el caso Marta del Castillo difieren
en los horarios del crimen” Revista 20 minutos.
Jiménez Anna, (2014) La conformidad del acusado. El jurista
Gallego, Gemma (coordinadora)Foro: “¿Qué valor tiene la sentencia contra un
menor de edad penal respecto del posterior proceso penal seguido contra los
acusados mayores de edad que hubieran actuado conjuntamente con el menor?”
– el derecho, 2012
Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil.
Fiscalía General del Estado, (2001). Circular 1/2000, de 18 de diciembre, “relativa a los criterios de aplicación de la LORRPM”. Memoria de la Fiscalía General del Estado. Ley 50/1982, de 30 de diciembre por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre de 2006, por la que se modifica la L.O. 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores («B.O.E.» 5 diciembre) Vigencia: 5 febrero 2007 Aranzadi Instituciones