XX de Abril de 2012, Santiago de Chile.

Sr. Fernando Montes Rector Universidad Alberto HurtadoSr. Jorge LarraínProrrector Universidad Alberto Hurtado

Sres. Montes y Larraín,

Junto con saludarlos, quisiéramos manifestar inicialmente nuestra voluntad por mantener un diálogo respetuoso y continuo con ustedes. Consideramos que es el primer paso para construir procesos fundamentales en beneficio de la comunidad universitaria. En la presente carta, abordamos una serie de cambios institucionales que dan cuenta de la necesidad de incluir a otros estamentos de la universidad en la toma de decisiones, sobre políticas internas que nos conciernen a todos. El objetivo de la misma, es construir una universidad democrática, inclusiva y participativa.

En primer lugar, entendemos la designación del nuevo Pro-rector basándonos en su experiencia, capacidades y bagaje académico. No obstante, manifestamos nuestro profundo desacuerdo a los mecanismos a través de los cuales se conduce dicha designación (mediante el Canciller Eugenio Valenzuela SJ.). Creemos que toda restructuración interna no debe excluir a ningún estamento de la institución.

La inclusión de los estudiantes y trabajadores en los procesos, como el antes mencionado, debe estar mediada por la determinación de espacios definidos de participación en las decisiones estructurales como lo son: la elección de los Decanatos, Rectorías y Vicerrectorías. Además, tanto estudiantes como trabajadores al participar en organizaciones colectivas - como el Sindicato de Trabajadores y la Federación de Estudiantes- tienen la posibilidad de dar a conocer sus puntos de vista con lo que aportan a enriquecer todo debate interno, por consiguiente la propuesta y la participación.

En segundo lugar, quisiéramos manifestar nuestro malestar ante dos nuevas decisiones institucionales: la implementación de cámaras de seguridad en los patios de la universidad y el reglamento de conducta con sus respectivas modificaciones formuladas para este año.

Como estudiantes, comprendemos la necesidad de generar medidas de seguridad que logren contener situaciones de violencia como lo constituyen los robos y hurtos dentro de la

universidad. No obstante, dicha preocupación en ningún caso deriva en el convencimiento de que cámaras de seguridad sean una opción legítima.

Si efectivamente la preocupación que orienta la medida son los robos que suceden dentro del espacio universitario, ¿los esfuerzos no deberían estar orientados a la generación de conductas preventivas en los miembros de la comunidad? Parece paradójico que en una institución educativa la medida coercitiva es la que tiene protagonismo. Una de las consignas que ha liderado la publicidad de nuestra institución ha sido que la enseñanza debe estar dirigida a formar ciudadanos críticos, en ese escenario parece complicado exigirnos la aceptación de medidas como ésta.

¿Qué es lo que la cámara busca resguardar? Los casos puntuales de robos que llaman la atención, como el de las bicicletas, sugieren que sólo sería necesario poner una en los metros cuadrados donde estas se encuentran, sin embargo, las que vemos se encuentran ubicadas en lugares bastante más amplios.

Las cámaras no solo graban los robos y hurtos, también graban todo el escenario de la convivencia estudiantil. Los hurtos y robos suceden no solo en patios y accesos, ya también suceden en las salas de clases e incluso en sus oficinas ¿El próximo semestre tendremos que aceptar que estas se encuentren en nuestras salas? ¿En ese caso aún podremos decir que nuestros profesores y profesoras tienen libertad de cátedra? Lo que criticamos es la indiferenciación que hay entre la función de resguardo y la función represiva de contener hurtos y robos, los límites no logran distinguirse de manera clara. Nos parece legítimo exigir que dicha distancia sea explicitada por ustedes. ¿En qué casos las cámaras serán utilizadas? ¿Cómo se nos protegerá de su uso represivo? ¿Todas las acciones tipificadas en el reglamento de conducta serán observadas y sancionadas a través de las cámaras? En el caso de una toma, ¿utilizarán las cámaras para determinar a quiénes aplicar un causal de eliminación?

Las últimas preguntas nos llevan a la segunda medida que origina descontento. Este año hemos revisado el reglamento de conducta que se aplica a nuestra vida universitaria y hemos constatado normas que, pudiendo haber existido antes, nos parecen profundamente delicadas en su formulación.

A continuación presentamos algunas:

“g) La utilización no autorizada del nombre, signos o logotipos distintivos de la Universidad.”

“k) Toda acción u omisión que impida de manera grave y abrupta el normal desarrollo de las actividades académicas y de los servicios universitarios.”

El análisis de lo anterior parece presentar serias dificultades. En relación al “nombre, signos o logotipos”, ¿quién puede autorizar dicha utilización? Hace tiempo las autoridades vienen afirmando que la universidad la construimos todos. Consideramos que son también sus estudiantes, profesores y funcionarios los que deben determinar el buen uso y construir formas de utilización representativas. La petición de autorización a ustedes parece contradecir la idea de una construcción conjunta.

Sobre “normal desarrollo de las actividades académicas y de los servicios universitarios”, ¿qué implica un normal desarrollo?, ¿a qué servicios hace referencia dicha afirmación? Aquellos capaces de decidir sobre el normal desarrollo no solo son ustedes como conjunto directivo, sino también lo somos estudiantes y trabajadores. Consideramos dicha capacidad de decisión un ejercicio legítimo de la democracia de nuestras formas organizativas, y uno de los elementos centrales en la construcción de una universidad al servicio del país y su contexto social.

Este reglamento parece exceder su función inicial que es propiciar un ambiente fundado en el respeto, para convertirse en un instrumento que ubique como ilegítimas conductas cuyo ejercicio no depende de los directivos de la universidad, sino de otros estamentos.

En tercer lugar, proponemos que en conjunto busquemos los mecanismos que permitan explicar y aclarar el despido de profesores de planta, como a contrata, de la Facultad de Ciencias Sociales. Estudiantes de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales junto con Trabajo Social demandan una carta oficial desde sus cargos para poder comprender como es que profesores ya confirmados en sus cátedras fueron despedidos sin previo aviso.

Urge conocer las nuevas definiciones que la Compañía de Jesús, ha tomado en nuestra institución. Creemos que informaciones de ese peso no deben ser ajenas al conocimiento de toda la comunidad universitaria.

En todas las temáticas planteadas aparece un elemento transversal, el cual es la poca disposición de los directivos de nuestra universidad para integrar a otros estamentos universitarios, entre ellos las organizaciones estudiantiles, como participantes en discusiones y decisiones como las aquí presentadas.

Desde la rectoría siempre se ha planteado la necesidad de tener interlocutores válidos para sentarse a conversar de forma democrática, sin embargo, parecen no considerarnos interlocutores legítimos para todas las materias, aun cuando nuestros representantes han sido electos democráticamente. La Federación de Estudiantes, los Centros de Estudiantes, las Coordinadoras y Mesas Planas legítimamente conformadas deben ser reconocidas no solo en su existencia, sino también como canales para concretizar y poner en discusión las decisiones que afectan a la vida universitaria.

Nuestro fin no es imponer modos de hacer universidad, sino pedir la garantía de participación de los diferentes estamentos que la construyen.

En definitiva, lo que solicitamos, como estudiantado universitario, es participar en la discusión de todas las instancias de deliberación que se realicen sobre políticas universitarias, con voz y voto dentro de la misma. Por lo demás, tenemos la plena convicción que los trabajadores de la universidad también puedan participar y tener una presencia de carácter resolutivo en estas instancias.

Mediante la presente solicitamos la creación de una mesa de trabajo en la que estén presentes todos los estamentos de la universidad (trabajadores/as, académicos/as, estudiantes y directivos) en la cual podamos construir un proyecto de participación que incluya a todos los integrantes de la comunidad universitaria.

En conclusión, creemos que el proceso de restructuración, mediante debates y votaciones de toda la comunidad tomaría una legitimidad que lo dotaría de un peso político muy relevante en el debate nacional en el que hoy nos situamos. No se debe ignorar la misión de nuestra Universidad, la que establece que:

“Como Universidad buscamos cultivar un nuevo humanismo mediante una interacción creativa de las ciencias con la concepción cristiana del ser humano y del mundo en actitud de diálogo respetuoso, plural y fecundo”1

Se despide atentamente,

1 http://www.uahurtado.cl/universidad/