CARTA ABIERTA

SOBRE LA APROBACION DEL PROYECTO DE LEY PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y LA JUDICIALIZACIÓN DE GRAVES VIOLACIONES DE DDHH Y DELITOS DE LESA HUMANIDAD OCURRIDOS EN EL ECUADOR ENTRE EL 4 DE OCTUBRE DE 1983 Y EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO MANIFIESTA:

La propuesta de Ley de Victimas elaborada por la Comisión de la Verdad fue respaldada desde un principio por la Defensoría del Pueblo bajo el supuesto y convicción de que el esclarecimiento de la verdad, la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables son parte de la reparación integral de las víctimas y sus familiares. Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos tienen el derecho a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido. En ese sentido, concordamos plenamente con los objetivos y principios planteados en el texto aprobado por la Asamblea Nacional, particularmente porque se constituye en un mecanismo efectivo que permite dignificar a las víctimas de estos graves delitos.

Debemos tener presente que las víctimas de torturas, violencia sexual o privación ilegal de la libertad enfrentan graves consecuencias en su salud, en su inserción social, laboral y familiar, como consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos que sufrieron, no se diga en los casos de ejecución extrajudicial o desaparición forzada, en donde además de la perdida de una vida se producen una serie de consecuencias negativas en la vida de sus familiares, por lo que el Estado ecuatoriano como responsable de las mismas debe hacer su mejor esfuerzo para que las víctimas superen dichas consecuencias.

Para ello es fundamental la creación de un programa administrativo de reparación integral como el contemplado en el proyecto, el mismo que debe ser un esfuerzo genuino de contribuir a que las víctimas y sus familiares superen las consecuencias de las violaciones de derechos humanos en sus vidas. Programas de esta naturaleza funcionan o han funcionado con excelentes resultados en la región.

Las violaciones de derechos humanos generan daños inmateriales y a través de las medidas que contempla el proyecto, se busca restituir hasta donde sea posible los derechos de la víctima y sus familiares y restablecer su dignidad y su calidad de vida. Así por ejemplo, visto el avance y las dificultades que han existido para la judicialización de los casos, consideramos apropiado que como parte de este programa la Defensoría del Pueblo pueda asumir la representación legal de las víctimas, tal como está en el proyecto.

De otra parte, las violaciones también generan daños materiales para las víctimas y sus familias. En este tipo de casos las víctimas pierden bienes que disponían, dejan de percibir ingresos que si no hubieran padecido las violaciones seguramente hubieran recibido. Todo esto afecta, además, su proyecto de vida, que probablemente de otra forma hubieran podido realizar. En ese sentido, es acertado que el proyecto contemple el reconocimiento de indemnizaciones.

Este tipo de espacios contribuyen además a marcar esa línea que divide un pasado de abuso de poder, persecución y estigmatización, de un presente democrático, donde el Estado se funda en un pacto político incluyente y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas.

Por todas las consideraciones expuestas, la Defensoría del Pueblo destaca la importancia histórica que tiene para el país la aprobación de la Ley de Víctimas, pues se constituye en un elemento fundamental en el marco de un proceso en el que como sociedad hemos puesto a prueba nuestra soberanía, así como la determinación y capacidad de nuestras instituciones para internamente esclarecer, sancionar y reparar las violaciones denunciadas y asegurar que nunca más hechos como estos se repitan.

Ramiro Rivadeneira SilvaDEFENSOR DEL PUEBLO