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Entender a la educación como un derecho universal cuya provisión gratuita es deber del Estado es considerado hoy como
una especie de dogma moderno. Se ignora con este imperativo moral, que la educación es un bien económico y que la misma
requiere inversiones en capital físico y humano para su funcionamiento. Los gastos en este tipo de recursos, no suelen ser
percibidos por el consumidor, sino que recaen en terceros en forma de impuestos.
Si bien en Venezuela la violaciones a la propiedad de un tercero no es apreciable debido a la renta petrolera, imagine
entonces el costo de oportunidad de la provisión educativa pública. Educación que perfectamente es capaz de impartir el sector
privado sin la necesidad de recursos estatales, e incluso con una mayor calidad. Se renuncia así a importantes y necesarias
inversiones públicas por garantizar una educación ineficiente que ha presentado elevadas tasas de deserción estudiantil.
Se perfila entonces en la realidad nacional un sector educativo atado a este pensamiento ineficiente del acceso público y
universal, cuya provisión parte de un Gobierno con débil manejo de las instituciones estatales. El suministro de un servicio cada
vez menos adecuado, debido a la continua difusión de responsabilidades gubernamentales es, además, uno de los focos de las
políticas públicas controversiales que dirige el Gobierno de Nicolás Maduro en los últimos 18 meses. Esto a través del
establecimiento de la infame resolución 058 y la “Consulta Educativa por la Calidad Educativa”.
La reformulación legal de la comunidad educativa, además del establecimiento de un total de 10 comités (con posibilidad
de introducir nuevos mientras se considere pertinente), cuyas responsabilidades se solapan entre sí, ignora la especialización de
cada actor del proceso educativo, y en consecuencia, las bondades del concepto de Adam Smith (1776) de la división del trabajo.
A esto se le suma la dificultad artificial que se le otorga a la toma de decisiones debido a la necesidad de llegar al consenso de
varias partes, cada una con sus intereses particulares.
Se observa también que el establecimiento de los consejos educativos diluye la capacidad de los padres, madres,
representantes y responsables, de escoger qué tipo de educación desean que sea impartida a sus hijos, mientras que el profesorado
y autoridades del plantel ven su derecho a la libertad académica derogado, además de atentar contra la libertad de pensamiento y
no politización de la educación.
Lo expuesto anteriormente es especialmente cierto si se considera el objetivo del cambio curricular detrás de la Consulta
Educativa, y el carácter orientador de la misma, más no determinante. Es de esta manera que se establecen las bases para justificar
a través del colectivo y su mayoría, el establecimiento de un plan educativo impulsado por el Gobierno Central que obedece al
establecimiento de la ideología socialista en el sistema educativo venezolano de forma general, violando así la libertad de
pensamiento como principio democrático.
La resolución 058, publicada en el año 2012, se
posiciona hoy nuevamente como la drástica reforma educativa
impulsada por el Gobierno Central y el resto de instituciones
secuestradas, tras ser considerado improcedente, por el
Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de nulidad
interpuesto por la asociación civil sin fines de lucro Red de
Padres y Representantes, contra ella en diciembre del año
pasado. Es preciso señalar que las comunidades educativas se
regían por lo dispuesto en la Resolución 751 establecida el 10
de noviembre de 1986, y que la misma es desechada bajo una
serie de críticas que argumentan cómo su carácter
representativo, excluyente y autoritario no se ajusta al nuevo
contexto político, socioeconómico, cultural y educativo. Es por se
señala que resulta necesario un nuevo instrumento legal para las
comunidades educativas que regule su organización de acuerdo a la
nueva realidad nacional y a través de un acercamiento
“participativo, protagónico y corresponsable”.
Es bajo este razonamiento que se busca implementar a los
denominados Consejos Educativos a conformarse por colectivos
relacionados con el proceso educativo, pero también incluyendo la
participación de representantes de personas naturales y jurídicas de
Caracas, Venezuela Ι Junio 2014.
ANALISIS COSTO BENEFICIO
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Resolución 058: El establecimiento de la normativa y procedimiento para el funcionamiento del Consejo Educativo.
Resumen Ejecutivo
1.- Contexto y criterios de discusión de la resolución 058 .
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diferentes organizaciones comunitarias, entre las que destacan los
consejos comunales como principal preocupación en cuanto a la
politización del proceso educativo. Esto de acuerdo a lo
establecido en el Art. 20 de la Ley Orgánica de Educación del
2009.
Si bien los consejos comunales no necesariamente poseen
afiliación al partido del gobierno (pero deben ser aprobados por
instancias gubernamental), la participación de diversos colectivos
en la toma de decisiones en cuanto a un diverso arreglo de temas
relevantes (Ver Artículo 7 de la Resolución 058), y el hecho de
que estos limitan su participación con la posibilidad de un único
voto, tiene como consecuencia inmediata el diluir la importancia
de padres y representantes como actores principales en la toma de
decisión acerca del tipo de educación que deseen proporcionar a
sus hijos, sometiéndose a la voluntad de una mayoría no
especificada en el documento, entre los cuales figuran
organizaciones cuyo único requisito es una vinculación a las
instituciones educativas no especificada, además de desconocer
cuál es el organismo encargado de la aceptación o rechazo de
dichos comités. Si se procede en un análisis superficial, debido a
lo vago de la resolución, es necesario asumir que este rol le
corresponde a un ente gubernamental directo, por lo que surge
entonces una preocupación de conflicto de intereses y un riesgo
de politización de la educación debido al claro dominio de una
de las partes principales cuya ideología y plan político resultan
bien establecidos como simpatizantes de un proceso personalista
y socialista plasmado como plan de la república (Ver Plan de la
Patria 2013-2019).
Se maneja entonces la implementación forzada de un
modelo educativo que busca limitar la libertad académica como
derecho del plantel educativo y a la capacidad de elección del
tipo de educación como derecho de padres y representantes, por
un colectivo que impone sus decisiones sobre el individuo.
Significa entonces un establecimiento de dictadura por mayoría.
Caracas, Venezuela Ι Junio 2014.
ANALISIS COSTO BENEFICIO Resolución 058: El establecimiento de la normativa y procedimiento para el funcionamiento del Consejo Educativo.
2.– Principales aspectos de la resolución 058 y la Consulta Nacional.
Acerca del Consejo Educativo:
De acuerdo a la resolución establecida, el Consejo
Educativo no es más que la reformulación de la organización
jurídica de la comunidad educativa, el cual, bajo la justificación
de democratizar el proceso de educación, es conformado por los
comités de distintos actores involucrados en el ámbito escolar.
Además, este da la posibilidad de incluir en el proceso de toma
de decisiones a “diversos sujetos comunitarios” y a la creación de
los comités que se consideren pertinentes, dando como única
limitante que sea una conformación impar.
Considerado lo anterior, resultan preocupantes ciertos
aspectos de la resolución estudiada, entre los cuales destaca la
imprecisión de la misma en varios puntos. La resolución
implementada ha resultado confusa, solapando objetivos de los
comités principales expuestos, los cuales resultan múltiples y
dispersos. Con la dedicación de los comités (incluyendo al de
docentes y estudiantado) a un listado de tareas dispersas, además
de complicar la realización de planes específicos, se desvían a
estos grupos de sus funciones primordiales, la enseñanza y el
aprendizaje.
La profundización de los elementos principales de esta
resolución pueden encontrarse en un análisis previo de Costo-
Beneficio respecto a la resolución 058 y 056, preparado por
CEDICE (Ver aquí).
Acerca de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa:
El establecimiento de los Consejos Educativos es seguido
por la iniciativa del Gobierno denominada “La Consulta
Nacional por la Calidad Educativa”, la cual obedece al objetivo
de reformar el contenido curricular de la educación impartida en
Venezuela, otorgando “líneas orientadoras” para la formulación
de políticas públicas. Si bien la presentación de dicha consulta
no muestra inclinaciones políticas obvias (Ver aquí), el hecho de
ser una medida impulsada por un gobierno cuya ideología se
encuentra fuera de discusión (remitirse nuevamente al Plan de la
Patria), y que busca un objetivo claro de establecimiento del
sistema socialista, surge entonces la preocupación de que sea
este un nuevo paso de politización de la educación.
Lo fundamental del análisis de la Consulta Nacional, es
no olvidar su carácter orientador, es decir, suponiendo que exista
un consenso general en cuanto al nuevo contenido curricular, la
decisión final y sus detalles recaen sobre el Ministerio del Poder
Popular para la Educación. Considerando la alta percepción de
corrupción (Ver), resulta como un verdadero riesgo el hecho de
que esta consulta a escala masiva sea el fundamento de una
justificación de “aprobación” por las mayorías de un diseño
curricular que busque el establecimiento definitivo del
adoctrinamiento de índole socialista en el sistema educativo
venezolano.
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3– Efectos sobre la Propiedad y la Libertad: La resolución 058 y la subsecuente consulta, en el más
que probable caso de obedecer a intereses gubernamentales
guiados por su identificación socialista, representan una
violación directa del Artículo 102 de la Constitución, la cual
establece: “La Educación es un servicio público y está
fundamentado en el respeto a todas las corrientes del
pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo
de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en
una sociedad democrática...”
Los objetivos tanto de la resolución 058 como de la
Consulta Nacional, por su naturaleza, violan el derecho de libre
cátedra de los planteles educativos, y el derecho de los padres
venezolanos en escoger la educación para sus hijos, además de
representar una violación a los principios democráticos del país
tras una implementación forzada y generalizada en todo el
sistema escolar. Ello puede derivar en la formación de un
ciudadano intolerante a otras ideas, derivando en una
permanente estructura de conflicto.
Por otro lado, la poca claridad de la resolución, así como
también la presencia de contradicciones en el texto ha
dificultado su implementación en los planteles educativos,
atrasando la toma de decisiones importantes que debido a la
resolución 058, ahora recaen sobre el Consejo Educativo (Ver
ejemplo). Ello pone en riesgo a los colegios privados, que
aportan el 25% de la infraestructura educativa del país.
Caracas, Venezuela Ι Junio 2014.
ANALISIS COSTO BENEFICIO
4.– Costos y Beneficios:
La poca autonomía presupuestaria que se les permite a los
planteles educativos, tanto públicos como privados, escolares y
universitarios (Ver aquí) que dificultan el funcionamiento de los
planteles, el deterioro del poder adquisitivo y los bajos salarios
del profesorado que desaparecen los incentivos de pertenecer a la
noble profesión, la debilidad institucional y altos índices
delictivos que han sido factor fundamental en la alta deserción
escolar, son las causas fundamentales de un sistema educativo
que se perfila como una emergencia nacional en cuanto a su
extremadamente baja calidad (Considerar opinión de la
UNESCO).
Como prueba de lo anterior, se considera la situación con
respecto a las pruebas PISA, las cuales se toman cada tres años y
miden el conocimiento de los jóvenes en matemáticas, ciencia y
comprensión de la lectura. Según los expertos, se trata de la
prueba estudiantil más respetada. De acuerdo al Gobierno
venezolano, se ha retirado de la evaluación pues la misma
responde a los intereses de los países desarrollados, no
ponderando otros factores pedagógicos, por lo que no resulta
adecuada para su consideración en Venezuela, sin embargo, es
vital recordar además la suspensión del Sistema Nacional de
Medición y Evaluación del Aprendizaje (SINEA), por lo que el
sistema educativo venezolano no ha sido evaluado en 15 años
(Fuente).
Se sigue entonces una especie de política de avestruz con
respecto al tema de la educación, negando así su existencia, sin
embargo la iniciativa del Gobierno y su partido se perfila como
un obstáculo más en cuanto al mejoramiento de la calidad
educativa en Venezuela, pues el ataque a los aspectos
mencionados durante el informe atenta directamente contra el
funcionamiento adecuado de los planteles, tanto en capacidad
física y calidad de servicios, como en personal capacitado y
contenido escolar. Mas allá de razones políticas, el solapamiento
de responsabilidades de cada comité como atentado a la división
del trabajo, es decir, a la especialización de cada sector que tiene
participación en el proceso educativo, se considera la razón
fundamental del subsiguiente degenero educativo venezolano.
Se suma a lo anterior la amenaza de posible búsqueda de
adoctrinamiento a través de la reforma curricular y la
participación de los comités en decisiones claves del servicio
escolar y universitario. Esto garantiza un continuo
empeoramiento del servicio en todos sus aspectos, e incluso
trascendiéndolos hasta la violación sistemática de derechos
constitucionales de libertad de pensamiento y propiedad privada,
reforzando además conceptos tergiversados de los derechos
humanos.
Se presentan así los aspectos negativos de dichas
iniciativas gubernamentales sobre el proceso educativo, más
parecieran omitirse las posibilidades y aspectos positivos que
estas traen a la discusión, principalmente la democratización de
la toma de decisiones y la inclusión de la comunidad en dicho
proceso. Esto se debe a que la democratización de procesos, sean
políticos o educativos, no es un fin en si mismo, sino un medio
para alcanzar la dispersión de poder, lo que es ciertamente
deseable en el manejo de las instituciones estatales, más no en lo
correspondiente a las decisiones sobre organizaciones privadas,
sean educativas, empresariales, etc. Esto se fundamenta en que
tal acción democratizadora violentaría de forma absoluta el
derecho humano a la propiedad.
Si se considera la vaguedad de la resolución y que la
misma recurre a un discurso embelesado como máscara, no se
percibe ningún tipo de beneficio detrás de la iniciativa educativa
para la población venezolana, pues esta no proporciona
soluciones tangibles al sector, ni permite la iniciativa privada
para la búsqueda de arreglos. Asimismo con respecto a la
Consulta Nacional por la Calidad Educativa, pues toda iniciativa
de este tipo menoscaba los derechos individuales a través de una
imposición colectiva ineficiente e ignorante de las leyes
económicas.
Resolución 058: El establecimiento de la normativa y procedimiento para el funcionamiento del Consejo Educativo.
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Caracas, Venezuela Ι Junio 2014.
ANALISIS COSTO BENEFICIO
Elaborado por: Ramón Rey. Investigador del Observatorio Económico Legislativo de CEDICE. Si desea más información documento escriba a: [email protected] Documento “Promoción del Dialogo Democrático a través del Análisis Legislativo Económico”. CEDICE-CIPE Junio 2014 Pueden ser consultados en www.cedice.org.ve
www.cedice.org.ve
Se busca iniciar este apartado con una importante aclaratoria, que si bien un poco controversial, es preciso establecerla.
Esta consiste en entender a la educación como un bien económico, y no como un derecho de acceso universal y, por sobre todas
las cosas, gratuito. Esto sugiere entonces que la educación es un bien escaso (está atada a limitaciones reales, sea por falta de
aulas, pupitres, profesores, directores, etc.) y que la misma tiene un costo, es decir, requiere de inversiones en capital físico y
humano (no gratuito) para su funcionamiento. Resulta entonces fundamental permitir el acceso a recursos monetarios a cambio de
los servicios prestados sin restricciones mayores a la oferta, la demanda y competencia, las cuales garantizan precios lo
suficientemente bajos para el acceso general a la educación. En el caso de las escuelas públicas, se debe limitar su acceso y
focalizarlo a los sectores verdaderamente privados de esta posibilidad, garantizando así una gerencia de inversión educativa más
eficiente, menos dispersa y más productiva.
Para lograr lo propuesto anteriormente, es necesaria la eliminación de toda iniciativa gubernamental dirigida a diluir
responsabilidades de los actores principales, a toda pretensión de control y establecimiento de precios en cuanto al proceso
educativo, además de la politización del contenido académico impartido, incluso considerando total libertad académica. Para esto
se recomienda la derogación inmediata de la resolución 058, asumir la violación de los derechos individuales por parte de los
objetivos propuestos en la Consulta Nacional por la Calidad Educativa y en consecuencia detener la iniciativa, y garantizar un
clima de estabilidad que permita la interacción sana entre los agentes económicos.
Finalmente, se presenta una propuesta concreta en cuanto al acceso a la educación, pues se reconoce al mismo, no como un
derecho sobre la propiedad privada de otro, sino como un aspecto importante en cuanto al desarrollo económico de un país a
través del desarrollo de su capital humano.
Considerando que la finalidad de este tipo de políticas públicas es la provisión de la educación, de acuerdo a los
lineamientos planteados por el fallecido Premio Nobel, Milton Friedman, esto no necesariamente significa el subsidio al
proveedor del servicio (liceos/escuelas), sino que se presenta la posibilidad de subsidiar al consumidor (estudiante). A través del
establecimiento de un sistema de vouchers educativos, se permite al estudiante escoger a qué unidad educativa desea pertenecer,
generando así incentivos de competencia por parte de los planteles, los cuales se verán obligados al mejoramiento de sus servicios
con el fin de atraer recursos que permitan la continuidad de su funcionamiento.
Existe una alternativa mejor, pero obtenerla requiere del reconocimiento de los derechos de los individuos y su libertad
sobre su propia vida, sus acciones y sus consecuencias, desechando cualquier pretensión de poder sobre la propiedad de otro, y
de otros sobre la propia.
Conclusiones y recomendaciones
Resolución 058: El establecimiento de la normativa y procedimiento para el funcionamiento del Consejo Educativo.