capítulo iii. intervención humanitaria a finales del siglo...
TRANSCRIPT
48
Capítulo III. Intervención Humanitaria a finales del siglo XX
La década de los 90s marcó una pauta muy importante para la intervención humanitaria
ya que el Derecho Humanitario se empezó a normalizar, haciendo más fácil su
compresión e identificación en los conflictos tanto internacionales como no
internacionales. Esta época se caracterizó por la inclusión del término “humanitario” en
el ámbito internacional, claro ejemplo es la creación de la ONU en 1945.
Sin embargo, a pesar de la creación de este organismo y de la aceptación de los
derechos humanos internacionales, los conflictos se siguieron presentando. Esto se
podrá observar con los casos analizados, Ruanda (1994) y Kosovo (1999) en los que
países de la comunidad internacional incurrieron en intervención humanitaria para
proteger los derechos humanos de los civiles afectados.
3.1 Ruanda (1994)
Ruanda, denominado oficialmente como República de Ruanda, es un país de África
Central que limita al norte con Uganda, al sur con Burundi, al este con Tanzania y al
oeste con la República Democrática del Congo, siendo un Estado sin litoral, ya que
carece de salida al mar o al océano ("The World Factbook — Central Intelligence
Agency", 2016).
Cuenta con una población de 12’012,598 habitantes, la cual está dividida en tres
grupos étnicos: Los hutus, granjeros de origen bantú, constituyen el 85%. Los tutsis,
pastores que arribaron a la región en el siglo XV, representan el 14%. Los twas,
pigmeos que se cree son los restantes de los primeros habitantes de la región, son el 1%
("Population, total | Data", 2016).
49
3.1.1 Descripción del caso
El conflicto en Ruanda data desde mucho antes de 1994; entre los siglos X y XIV, los
tutsis emigraron desde África del Norte e implementaron su dominio por encima de los
hutus y los twas, incorporándose a través del matrimonio. Entre 1898 y 1918, Ruanda
fue una colonia alemana y posteriormente, su mandato fue conferido a Bélgica por la
Liga de las Naciones (Varela, 2000).
En 1959, tres años antes de que se independizaran de Bélgica, los hutus
derrocaron al rey tutsi. En los años siguientes, miles de tutsis fueron asesinados, además
de los aproximadamente 150,000 que fueron exiliados a países vecinos. En 1993,
Ruanda obtuvo la independencia gracias a las presiones internacionales sobre el proceso
de descolonización (Varela, 2000).
Después de siglos del dominio tutsi, los hutus ascendieron al poder con la
independencia. Poco después, entre 1963 y 1964, los hutus radicales cometieron
asesinatos en contra de los tutsis. En 1972, se volvió a presentar el conflicto en Ruanda
como consecuencia de una masacre ocurrida en el país vecino, Burundi, de parte de los
tutsis de ese país en contra de los hutus burundíes.
El 5 de julio 1973, el general hutu del norte del país, Juvénal Habyarimana,
dirigió un golpe de Estado en contra del presidente Grégoire Kayibanda, instaurando un
gobierno hutu favorable al norte. Posteriormente, los hijos de los exiliados tutsis
formaron un grupo rebelde llamado el Frente Patriótico Ruandés (FPR), y comenzaron
una guerra civil en 1990, buscando recuperar el poder y derrocar al gobierno de
Habyarimana ("The World Factbook — Central Intelligence Agency", 2016).
En agosto de 1993, ambas partes firmaron los Acuerdos Arusha, para así poner
fin al conflicto entre el gobierno manejado por los hutus y el Frente Patriótico Ruandés.
50
El objetivo de estos Acuerdos era el de instituir un gobierno multipartidista y unir a los
dos grupos en una sola fuerza armada nacional (Serrano Figueroa, 2002). En octubre de
ese mismo año, el Consejo de Seguridad constituyó, por medio de la resolución 872, la
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas Para Ruanda (UNAMIR, por sus siglas en
inglés) buscando mantener la paz, la asistencia humanitaria y el apoyo general al
proceso de paz ("Rwanda | Breve Historia", 2016).
Sin embargo, debido a que las elites hutus sentían que los Acuerdos
representaban una amenaza a su posición, iniciaron una campaña instigando odio hacia
los tutsis, deteriorando notablemente la seguridad de esta población. En enero de 1994,
las fuerzas de paz de la ONU le advirtieron a esta Organización, principalmente al
general canadiense Romeo Dallaire, que existía la posibilidad de que se presentaran
masacres en contra de los tutsis, sin embargo, la ONU hizo caso omiso a dichas
advertencias, no tomándole la importancia necesaria.
El 6 de abril de 1994, los Presidentes de Burundi y Ruanda fallecieron en un
accidente aéreo provocado por un misil, cuando regresaban de Tanzania a Kigali, la
capital de Ruanda. Este hecho desencadenó una serie de masacres en contra de los tutsis
y los hutus que no eran radicales y se interpusieron. Al mismo tiempo, las emisoras de
radio pro-hutu en Ruanda incitaban a la población hutu a que consumaran dichos
asesinatos (Windrich, 1999).
El 7 de abril, la Primer Ministro Agathe Uwilingiyima, líder hutu moderada, fue
asesinada en su casa junto con diez cascos azules belgas parte de UNAMIR, encargados
de su protección. Asimismo, otros líderes hutus moderados fueron asesinados. De abril
a julio de 1994, entre 500,000 y 1,000,000 de ruandeses fueron asesinados, 1,500,000
emigraron a Zaire, actualmente República Democrática del Congo (Nanda, Muther, &
51
Eckert, 1998); y entre 150,000 y 200,000 mujeres fueron violadas ("Rwanda | Breve
Historia", 2016). El Relator Especial en Ruanda de la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas confirmó que las matanzas fueron realizadas principalmente por
las fuerzas armadas, la guardia presidencial y los militares ("UNAMIR", 2016).
Boutros Boutros Ghali, Secretario General de la ONU, propuso tres medidas
posibles al Consejo de Seguridad:
1. La expansión de UNAMIR, para convertirla en una misión de
mantención e imposición de la paz, bajo el Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas.
2. La reducción de los soldados proporcionados por UNAMIR.
3. El aborto total de la misión (Serrano Figueroa, 2002).
Bajo la resolución 912 del 21 de abril de 1994, el Consejo de Seguridad, después
de que otros países solicitaran el retiro de soldados, decidió reducir el número de
efectivos de 2,165 a 270. El 29 de abril, debido a la aseveración del conflicto, el
Secretario General pidió al Consejo de Seguridad que reconsiderara la resolución
tomada y planteó la creación de UNAMIR II, conformada por 5,500 efectivos
("Enseñanzas extraídas de Rwanda | Responsabilidad y Justicia | CINU", 2016).
El Consejo de Seguridad en su 3377ª sesión, oficiada el 17 de mayo de 1994,
aprobó la resolución 918, e instó a todas las partes a abstenerse de toda incitación, en
especial a través de la difusión por medios de comunicación, a la violencia. Asimismo,
exigió que todas las partes cesaran en las hostilidades y finalizaran el uso de la fuerza,
por lo que implementó UNAMIR II, designando a 5,500 tropas de mantención de la paz
("Documentos oficiales de las Naciones Unidas", 2016).
52
Debido a la falta de motivación de las partes en conflicto por llegar a un
acuerdo, y a la poca respuesta por parte de la comunidad internacional, fue muy
complicado para las Naciones Unidas reducir los daños causados a los habitantes de
Ruanda, ya que la participación de los Estados miembros es esencial para implementar
cualquier resolución ("Rwanda | Responsabilidad de Proteger", 2016).
Francia propuso liderar una misión de imposición de la paz para la protección de
la población civil en Ruanda, por lo que el Consejo de Seguridad en su 3392ª sesión
celebrada el 22 de junio de 1994, implementó la resolución 929 en la que autorizó el
establecimiento de una operación temporaria multinacional con fines humanitarios en
Ruanda hasta que la UNAMIR aportara los efectivos necesarios ("Documentos oficiales
de las Naciones Unidas", 2016).
La “Operación Turquesa” fue liderada por Francia y ejecutada en Zaire, con el
apoyo de Chad, Guinea-Bissau, Senegal, Egipto y Mauritania. Dicha misión salvó a
cientos de civiles en la zona sudoeste de Ruanda, ya que estableció zonas seguras para
los tutsis y hutus desplazados. No obstante, se dice que debido a esta misión los
soldados y oficiales que formaron parte del genocidio lograron huir del país al cruzar las
zonas bajo su control.
En otras regiones, los asesinatos continuaron hasta que el 4 de julio de 1994, el
FPR logró el control militar de Kigali y el 19 de julio del mismo año, ya controlaba a
todo el país, finalizando la guerra civil. El FPR efectuó los Acuerdos de Arusha y creó
un gobierno multipartidista. UNAMIR II tomó el mando de la misión y el Consejo de
Seguridad en su 3453ª sesión, celebrada el 8 de noviembre de 1994, implementó la
Resolución 955 en la que se estableció un Tribunal Penal Internacional para tratar los
53
crímenes suscitados en Ruanda en 1994 y se aprobó el Estatuto de dicho Tribunal
("Documentos oficiales de las Naciones Unidas", 2016).
3.1.2 Criterios para una intervención humanitaria
Como fue explicado en el capítulo anterior, para que una intervención humanitaria sea
considerada como tal bajo el umbral de la Guerra Justa, debe de contar con los
requisitos planteados por ésta.
a) Justa causa
El asesinato de hasta un millón de personas y la violación de entre 150 y 200 mil
mujeres es una clara razón para acudir a la intervención humanitaria. La justa causa fue
declarada por diversas entidades de las Naciones Unidas, como la Asamblea General de
las Naciones Unidas que condenó fuertemente el secuestro y asesinato del personal de
UNAMIR, el asesinato del personal adscrito a organizaciones humanitarias operando en
Ruanda, la matanza sin sentido de civiles y la destrucción de propiedades durante el
conflicto; lo cual constituye una evidente violación al Derecho Internacional
Humanitario.
A su vez, el Consejo de Seguridad, dijo estar extremadamente preocupado por la
situación que se presentaba en Ruanda, la cual había causado la muerte de miles de
civiles inocentes 1 ; el desplazamiento interno de un porcentaje importante de la
población de Ruanda y el exilio en masa de refugiados hacia naciones colindantes, lo
1 Es sabido que fueron cientos de miles de civiles muertos, más que los que el Consejo de
Seguridad aceptó.
54
cual representó una “crisis humanitaria de enormes dimensiones” (Lobo Fernández,
2016).
b) Legítima autoridad
Es claro que para la intervención humanitaria en Ruanda si hubo legítima autoridad por
parte de las Naciones Unidas ya que el Consejo de Seguridad determinó las amenazas a
la paz y seguridad internacionales. Como fue explicado, el Consejo implemento
UNAMIR para después reducir las fuerzas cuando se presentó una crisis, y al crear
UNAMIR II no recibió la respuesta esperada por parte de la comunidad internacional.
No fue sino hasta después del transcurso de tres meses de matanzas, que Francia
intervino, no sólo con la simple autorización del Consejo de Seguridad, sino con la
invitación de éste para actuar en el conflicto. En este caso, debido a su urgencia, si un
Estado o grupo de Estados hubiera actuado sin esperar a la autorización del Consejo2,
esta acción hubiera estado justificada al momento de que el Consejo tuviera
conocimiento de los actos de genocidio que fueron cometidos.
c) Recta intención
La intervención fue favorable para los afectados en Ruanda y aunque hubiera tenido un
mayor éxito si la comunidad internacional hubiera intervenido en el momento preciso, y
no meses después, la intención de los países fue humanitaria. Además, cumplió con dos
de las formas de ayudar al cumplimiento de dicha norma ya que la intervención se
realizó de manera colectiva, liderada por Francia, pero con el apoyo de otros países y de
2 Hubiera sido más efectivo que la intervención humanitaria se hubiera realizado antes.
55
las personas a las cuales se pretendía ayudar, debido a que estuvieron de acuerdo con la
intervención (García Pérez, 2016).
En este caso se presentó una notable falta de interés por los Estados importantes
de la comunidad internacional. Existía una carencia de interés estratégico y geopolítico,
noción que fue reconocida abiertamente por Estados Unidos, debido a los gastos que
estaban teniendo por otras misiones de paz, en las que el Estado en cuestión si era de su
interés y se encontraba dentro de su zona de influencia3.
En cuanto a Francia, a pesar de tener una recta intención, tardía pero recta, esta
intervención significó una oportunidad para recuperar su credibilidad internacional y
conservar su influencia sobre los países franco-parlantes, es por esto que fue el único
país que tomó la iniciativa para intervenir en el genocidio que se estaba suscitando
(Varela, 2000).
d) Último recurso
Se intentó por diferentes medios resolver esta crisis de manera pacífica, siendo un
indudable ejemplo los Acuerdos de Arusha, los cuales las elites hutus a pesar de
haberlos firmado, no hicieron esfuerzo alguno por implementarlos. Los recursos de
solución pacífica se agotaron meses antes de que ocurriera la intervención, y no en junio
de 1994 cuando fue que finalmente decidieron actuar ya que era indiscutible que desde
que se alertó a la ONU de la posibilidad de masacres, era necesario intervenir.
3 Estados Unidos estaba interviniendo en Haití.
56
e) Proporcionalidad
El concepto de proporcionalidad en los medios empleados estipula que la intervención
debe ser la mínima necesaria para obtener la protección de las personas. Sin embargo,
en este caso los medios se emplearon de manera tardía, lo que ocasionó un crecimiento
en los costos que se hubieran empleado si se hubiera intervenido en el tiempo necesario.
Boutros Boutros Ghali admitió el retraso, pero dijo que la reacción tardía fue mejor a
que no hubiera existido reacción alguna (Macfarlane, 2003).
Se perdieron casi un millón de vidas ruandesas y diez vidas belgas de los cascos
azules; como fue notado, dichas vidas para el gobierno de Bélgica valían más que las
ruandesas por lo que retiraron sus tropas de UNAMIR. Según el Reporte de la
Evaluación conjunta de la ayuda de emergencia en Ruanda (JEEAR, por sus siglas en
inglés), UNAMIR salvó 25,000 vidas y la “Operación Turquesa” salvó 14,000 vidas. Es
decir, 39,000 vidas salvadas en contraste con casi un millón de perdidas ("The Sphere
Project | 20 años después del genocidio en Ruanda: La revolución inacabada de la
rendición de cuentas humanitaria – Entrevista a John Borton | Noticias", 2014).
Asimismo, el Reporte resaltó que la respuesta al conflicto aparte de retrasada fue
limitada, ya que, en vez de haber sido solamente militar, debió haber incluido la
coordinación con el trabajo humanitario ejercido por la ONU y las ONGs en Ruanda
(Uvin, 2001).
f) Razonables expectativas de éxito
La acción militar ejercida por Francia y los países que la apoyaron contaban con
posibilidades razonables de éxito ya que, al implementar el número indicado de
efectivos, que fue lo que finalmente hicieron con UNAMIR II, era acertado pensar que
57
se lograría el cometido y que la intervención humanitaria tendría éxito. Igualmente, las
consecuencias de continuar sin intervenir en el conflicto hubieran sido aún más grandes
que las que se presentaron por la actuación tardía de la comunidad internacional y de no
haber intervenido, se hubiera suscitado un conflicto mayor.
3.1.3 Análisis
No cabe duda que la masacre en Ruanda fue una crisis que la comunidad internacional
no supo o no quiso contener a tiempo, si bien es claro que fue mejor actuar tarde que no
actuar de ninguna manera; esa no es justificación para la ineficacia que demostró la
comunidad internacional en actuar a tiempo y además de lograr salvar más vidas de las
que salvaron, debieron de haber planeado los hechos posteriores a la intervención.
Encima de las personas que fallecieron debido a la matanza, los dos millones
que se desplazaron a Tanzania y Zaire también sufrieron consecuencias. No sólo
murieron personas directamente por causa del genocidio, a finales de 1994, casi 100 mil
personas habían muerto en Goma, al este de Zaire a causa del cólera y la disentería
presentados en los campos de refugiados.
La comunidad internacional presentó una incapacidad para prevenir las
consecuencias a futuro y planear las medidas de acción que se tomarían con todas las
personas desplazadas. Sin embargo, no todo fueron malas noticias, con la Evaluación
fue más fácil identificar en dónde estuvieron los errores y qué aspectos debían mejorar,
creando un precedente para las futuras intervenciones humanitarias, para no repetir los
mismos errores.
58
3.2 Kosovo (1999)
Kosovo es un país, autoproclamado independiente, ubicado en la Península Balcánica,
en el sureste de Europa. Su capital es Pristina y cuenta con un aproximado de 1,8
millones de personas. Es país vecino de Montenegro, Albania, Macedonia y la región
Serbia Central ("The World Factbook — Central Intelligence Agency", 2016).
En la actualidad, 109 de los 193 miembros de las Naciones Unidas reconocen a
Kosovo como un Estado soberano gracias a su declaración de Independencia de Serbia
en 2008. En 2010, la Corte Internacional de Justicia decidió que la declaración de
Independencia de Kosovo no violaba ninguna ley internacional, sin embargo, Serbia
rechazó dicha decisión ("Kosovo | history - geography - self-declared independent
country", 2016).
3.2.1 Descripción del caso
Los conflictos en Kosovo iniciaron siglos atrás del XX. En 1389, el Imperio Turco
Otomano venció a las fuerzas serbias, lideradas por el Príncipe Lazar, en la batalla de
Kosovo Polje. A pesar de haber perdido dicha batalla, los serbios la recuerdan como la
fundación de su identidad nacional, siendo el área de batalla un lugar especial debido a
las muertes “heróicas” por parte de los serbios (Lobo Fernández, 2016).
Como consecuencia de la Guerra de Balkan en 1912, Kosovo dejó de ser parte
del Imperio Otomano y empezó a formar parte de Serbia. Posterior a la Primera Guerra
Mundial, en noviembre de 1945, Kosovo fue integrado a la Nueva Yugoslavia, Estado
oficialmente nombrado “El Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos”. La estructura
de ese Esado consistia de seis “repúblicas”, Serbia (incluyendo la provincia de Kosovo),
Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, y Montenegro (Musgrave, 1997).
59
En los 60s, el trato político de Yugoslavia hacia Kosovo cambió de ser represivo
a más liberal, mientras que los albanokosovares expandieron su influencia demográfica
dentro de la vida económica y cultural de la provincia. En 1963, Kosovo obtuvo el
estatus de provincia autónoma dentro de Serbia (Ramet, 2002) y en 1974, dicho estatus
fue elevado a rango constitucional ("The Kosovo Report", 2016), otorgándoles
representación en los organismos federales de Yugoslavia, poder de decisión económica
y el derecho a emitir su propia constitución. No obstante, a pesar de que Kosovo
“tuviera un status equivalente a las seis repúblicas en muchos aspectos”, continuaba
siendo parte de Serbia. Como consecuencia, muchos serbios estuvieron inconformes
con la constitución de 1974 ya que preferían un Estado más centralizado (Ramet, 2002).
Después de la muerte de Josip Broz Tito en 1980, se presentaron nuevos
conflictos en la ya frágil población de Kosovo, como represión policiaca, protestas
estudiantiles, detenciones en masa, nuevos llamados para independizarse, entre otros. El
aumento en la tasa de natalidad de albaneses, las presiones económicas y los patrones de
emigración serbia agravaron la situación, aumentando el volumen de la población
albanokosovar y acrecentando la percepción de aislamiento de los serbio-kosovares ya
que, para finales de los 90s, los albano-kosovares representaban el 90% de la población.
Debido a la frustración que sentían los albano-kosovares al ser reprimidos,
formaron el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), levantándose en contra de las
fuerzas de seguridad serbias (Sellis, 2000). A lo que las autoridades serbias
respondieron con desalojos en las poblaciones albano-kosovares (Ikenberry & Mann,
2004).
60
Estas medidas se intensificaron en 1988, por lo que el 23 de septiembre de ese
año en su 3930ª sesión, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1199
(1998), en donde se expresó:
Gravemente preocupado por los intensos combates recientes en Kosovo y, en particular,
por el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por las fuerzas de seguridad serbias y
por el ejército yugoslavo, lo que ha provocado numerosas bajas entre la población civil
y, según la estimación del Secretario General, el desplazamiento de más de 230,000
personas de sus hogares.
Asimismo, la resolución indicó su preocupación por la “inminente catástrofe
humanitaria” debido a la cantidad de informes recibidos sobre violaciones de los
derechos humanos y del derecho humanitario internacional. Por lo que pidió a todas las
partes que cesaran a los ataques en Kosovo para así poder tener un diálogo entre ellos y
resolver el conflicto.
En marzo de 1989, Slodoban Misolevic, el nuevo presidente de Serbia, rindió un
discurso en el lugar de la batalla de Kosovo Pojle en conmemoración del sexcentésimo
aniversario de dicha lucha. En este discurso Misolevic fomentó el nacionalismo serbio y
envió una clara advertencia de que los serbios iban a retomar Kosovo, de este modo
presagió el conflicto que se iba a presentar en el futuro (Kaufman, 2006). Ese mismo
año, la nueva legislación de Yugoslavia le dio a Serbia el control sobre la policía, la
economía, el sistema judicial y la educación de Kosovo.
Las palabras de Milosevic se convirtieron en acciones en 1999, cuando realizó
fuertes actos de discriminación en contra de los albano-kosovares con la intención de
revertir el aumento de su tasa de población; tales medidas incluyeron la represión de un
periódico de lenguaje albanes y la clausura de la Academia de Artes y Ciencias de
Kosovo. El 9 de enero de ese año, fuerzas del ELK asesinaron a tres policías serbios y a
61
otro más dos días despúes, los serbios respondieron gravemente ejecutando una masacre
en Racak el 15 de enero, en la que fallecieron 45 albano-kosovares y 9 soldados del
ELK (Crawford, 2001).
En respuesta a esta masacre, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte
(OTAN) emitió una advertencia a Milosevic y a los dirigentes kosovo-albaneses,
reiterando sus amenazas de ataques aéreos y movió a efectivos militares dentro del
territorio (Kaufman, 2006). En febrero de 1999, iniciaron nuevas negociaciones de paz
copresididas por el Reino Unido y Francia en Rambouillet, Francia, en donde se les
propuso a ambas partes acuerdos equitativos para la administración de Kosovo. Dichas
negociaciones continuaron en París en el mes de marzo y para esas fechas la guerra
había causado la muerte de entre 1,200 y 2,000 civiles y el desplazamiento de
aproximadamente 200,000 (Ramet, 2002).
Las negociaciones de Rambouillet no incluían la independencia total que el ELK
buscaba, además de que incluían la entrada de 30,000 tropas de la OTAN a territorio
serbio. Aun así, el ELK firmó el acuerdo mientras que Misolevic se negó a firmar,
renovando las acciones ofensivas en Kosovo (Janzekovic, 2006). En marzo de 1999, se
intensificó la violencia en el territorio donde Misolevic designó a 40,000 soldados y
policías y más de 300 tanques. El 24 de marzo de dicho año, debido al inminente
peligro, la OTAN decidió ejecutar la “Operación Fuerza Aliada”, en la que
implementaron ataques aéreos que continuaron hasta el 9 de junio de ese mismo año, sin
buscar la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya que sabían
que China y Rusia no lo permitirían.
Debido a los ataques aéreos por parte de la OTAN, las fuerzas serbias en
Kosovo intensificaron notablemente sus esfuerzos por ejecutar una limpieza étnica,
62
desplazando a más de 800,000 albaneses fuera de Kosovo (Falk, 2003). El 23 de abril
de 1999, el primer ministro británico Tony Blair emitió un discurso ante el Club
Económico de Chicago, justificando la intervención en Kosovo ya que es deber de la
comunidad internacional prevenir genocidios e impedir las violaciones a los derechos
humanos, explicando que:
Si queremos un mundo guiado por el estado de derecho y la cooperación internacional
entonces tenemos que soportar a las Naciones Unidas como su pilar central. Pero
necesitamos encontrar una nueva forma de trabajo en las Naciones Unidas y en el
Consejo de Seguridad si no queremos retornar al juego trancado que tanto socavó la
efectividad del Consejo de Seguridad durante la Guerra Fría.
Es decir, expuso que, si existe una situación grave en la que la comunidad
internacional deba intervenir y el Consejo de Seguridad bloquee dicha iniciativa, aun
así, se debe proceder ya que son más importantes los derechos humanos que una
aprobación. La OTAN esperaba que con los bombardeos aéreos Milosevic desistiera de
sus ataques. Desafortunadamente este no fue el caso, los bombardeos solamente
agravaron la limpieza étnica que los serbios venían ejecutando desde antes de la
“Operación Fuerza Aliada”, esto debido a la falta de tropas terrestres y no sólo aéreas
por parte de la OTAN.
Se estima que se perdieron 10,000 vidas albano-kosovares a manos del ejército
yugoslavo durante la “Operación Fuerza Aliada”. Por lo tanto, aunque las Naciones
Unidas no determinaran estos actos como “genocidio”, queda claro que las acciones de
los serbios en Kosovo fueron planeadas y costaron la vida de miles de personas. El 10
de junio de 1999, tras 78 días de bombardeos, Milosevic aceptó retirar a las fuerzas
serbias de Kosovo, acordando que Kosovo permanecería siendo parte de Serbia, pero
bajo la protección de la OTAN y las Naciones Unidas.
63
Este acuerdo fue incorporado en la resolución 1244 (1999) aprobada por el
Consejo de Seguridad en su 4011ª sesión, en la que se aprobó la nueva Fuerza
Internacional de Seguridad para Kosovo (KFOR, por sus siglas en inglés), la cual estaría
constituida por tropas de la OTAN y Rusia, además de que se autorizó el
establecimiento de la Misión de las Naciones Unidas para Kosovo (UNMIK, por sus
siglas en inglés). Es decir, Kosovo fue puesto bajo la vigilancia de las Naciones Unidas
mientras se resolvía su estatus político (Milano, 2003).
Sin embargo, los albano-kosovares tomaron represalias en contra de las minorías
serbio-kosovares y gitanas, en lo cual la KFOR no fue capaz de prevenir,
denominándosele “genocidio a la inversa”. La intervención de la comunidad
internacional no pudo resolver el estatus final de Kosovo de una manera aceptable para
todas las partes y no fue sino hasta el 17 de febrero de 2009, que los albano-kosovares
nombraron a la República de Kosovo, un Estado independiente de Serbia. El 18 de
febrero, los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se ofrecieron a
brindar apoyo militar, político, financiero y diplomático al nuevo Estado de Kosovo
(Lobo Fernández, 2016).
Hasta julio de 2016, la República de Kosovo ha sido reconocida por 109
Estados, incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia. Sin
embargo, el gobierno serbio, apoyado por Rusia, ha disputado tanto la legalidad de la
República como el apoyo de las potencias occidentales hacia ésta, ya que el Presidente
serbio describió a Kosovo como un “Estado falso” y Rusia cree que la declaración es
“nula e inválida”.
64
3.2.2 Criterios para una intervención humanitaria
a) Justa causa
Debido a que justa causa es la defensa ante una agresión y es notable que en este caso la
OTAN actuó para defender a los civiles ante la agresión a sus derechos humanos, se
cumple con este criterio totalmente. Además, la Comisión Internacional Independiente
para Kosovo, a través del reporte publicado en 2000, mejor conocido como el “Informe
Kosovo”, estipula que existen dos casos en los que se puede intervenir
humanitariamente: cuando se presentan violaciones graves a los derechos humanos
internacionales y cuando existe gran sufrimiento por parte de la población como
consecuencia de la “falla” del Estado ("The Kosovo Report", 2016).
En el conflicto de Kosovo se presentaron ambas circunstancias, además de los
2,000 civiles muertos y los 200,000 desplazados internos; por lo que, hasta los mayores
críticos de esta intervención tuvieron que aceptar que si subsistía una justa causa, sobre
todo con la matanza suscitada en Racak en enero de 1999.
b) Legítima autoridad
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no aprobó el bombardeo aéreo por
parte de la OTAN, sin embargo, como ya fue explicado anteriormente, existían todas las
razones para que la comunidad internacional interviniera, buscando un bien mayor. Es
por esto que el Informe Kosovo determinó a la intervención como “ilegal, pero
legítima” debido a la violación en masa de derechos humanos que se estaba presentando
en esta nación (Walzer, 1980). Además, a pesar de no haber tenido la previa aprobación
del Consejo de Seguridad, éste estableció UNMIK y KFOR, luego de ejecutada la
65
Operación Fuerza Aliada. Asimismo, la Carta de la ONU en sus disposiciones
promueve a los derechos humanos, que fue lo que se buscó cuidar con esta intervención.
Aun así, legítima o no, una intervención sin autorización como la de Kosovo
puede ser peligrosa para el futuro de la comunidad internacional, ya que establece un
antecedente en el cual no hay consecuencia alguna si no se obedece al Consejo de
Seguridad, por lo que existen pensamientos ambiguos en cuanto a la acción que tomó la
OTAN.
c) Recta intención
El criterio de recta intención si fue acatado ya que no se ejecutaron los bombardeos
aéreos por alguna venganza personal o por sacar algún bien de Kosovo, el principal
objetivo era el de preservar los derechos humanos de las personas que estaban siendo
afectadas. Al carecer de una acción por la ONU, la comunidad internacional, en
específico la OTAN, decidió actuar a favor de un bien mayor.
A pesar de esto, cabe aclarar que para la OTAN era importante intervenir para
recuperar la credibilidad que había perdido al no actuar en la guerra en Bosnia-
Herzegovina, la cual condujo al genocidio en Srebrenica. Sin embargo, el que evitaran
que se repitiera la historia para no arruinar su reputación aún más, no contraría al
propósito humanitario con el que se conllevo la intervención.
d) Último recurso
La situación en Kosovo ya había escalado demasiado y no había manera de resolverlo
pacíficamente, se intentó con las negociaciones en Rambouillet y no se logró llegar a
ningún acuerdo. Además, es evidente que no había otro curso de acción que tomar
66
aparte de la intervención humanitaria ya que más de 15 años después, las partes
involucradas aún no se encuentran de acuerdo. Las diferencias entre albano-kosovares y
serbio-kosovares parecen ser irreconciliables y si no se hubiera actuado en el momento
que se hizo y se hubiera intentado agotar otro recurso, esto hubiera sido inútil y se
hubieran perdido aún más vidas.
e) Proporcionalidad
La OTAN no violó el principio de proporcionalidad ya que sus ataques no fueron más
allá de la búsqueda de protección de los afectados, no se buscó infligir un daño mayor a
los serbio-kosovares. Es más, se podría decir que la intervención fue menor a la que era
necesaria ya que solamente emitieron bombardeos aéreos a más de 4,500 metros de
altura y no desplegaron ninguna tropa terrestre.
La OTAN fue exitosa al detener la violencia, sin embargo, no pudo prevenir la
limpieza étnica por parte de los serbio-kosovares, ni el genocidio inverso que realizaron
los albano-kosovares. El Informe Kosovo afirma que 10,000 civiles fueron asesinados,
no obstante, hay aseguraciones como las de Bellamy que afirman que los afectados
fueron hasta un millón de civiles, entre muertes y desplazamientos (Bellamy, 2011).
f) Razonables expectativas de éxito
Si la OTAN no hubiese tenido razonables expectativas de éxito, no habría habido
intervención, sin embargo, la reacción de Milosevic ante los bombardeos fue mal
calculada y en lugar de cesar a las acciones hostiles como esperaban, aseveró su
limpieza étnica. Por lo que el bombardeo, que estaba planeado como una campaña
breve, se extendió durante 78 días, perdiéndose más vidas de las esperadas. Cabe
67
aclarar, ninguna por parte de la OTAN ya que, al no desplegar tropas terrestres, no
arriesgaron las vidas de sus efectivos.
3.2.3 Análisis
Kosovo siempre fue un territorio de conflicto debido a los diferentes grupos étnicos que
las habitaban, principalmente albaneses y serbios. Por muchos años, los albano-
kosovares a pesar de haber sido la mayoría, vivieron bajo el régimen serbio y en 1998
decidieron rebelarse en contra del régimen racista, provocando una guerra entre las dos
etnias.
Después de miles de muertes de albano-kosovares en manos del régimen serbio,
la OTAN decidió intervenir aun sin la autorización del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. Sin embargo, muchos han justificado, incluyendo los que la
realizaron, dicha intervención ya que se trataba de un conflicto que afectaba a la
comunidad internacional y se cumplían con las excepciones a la regla de la no
intervención ya que se presentó una violación grave, masiva y persistente. Además,
después del genocidio en Ruanda en 1994, la comunidad internacional se comprometió
a proteger a los habitantes de los países en los que se presentaran este tipo de
situaciones, buscando que no se repitiera algo como dicho genocidio.
La intervención humanitaria en Kosovo contó con una justa causa, una recta
intención y se trataba del último recurso razonable. En cuanto a la legítima autoridad, es
claro que no existió autorización previa del Consejo de Seguridad, pero si hubo
voluntad por parte de la comunidad internacional. La proporcionalidad entre los costos
y los beneficios no fue calculada debidamente ya que se debió de haber anticipado la
68
reacción que tendrían los serbios tras el ataque, lo cual les hubiera ahorrado tiempo y
dinero.
Asimismo, aunque tenían expectativas de éxito, existió una renuencia por parte
de la OTAN de desplegar tropas terrestres, las cuales hubieran sido efectivas para lograr
lo que los bombardeos aéreos a 4,500 metros de altura no pudieron, frenar la limpieza
étnica. Demostrando una vez más que la comunidad internacional le da más valor a las
vidas de sus militares, que a las de los civiles en conflicto.
A pesar de los errores al ejecutarla, esta intervención humanitaria era necesaria
con o sin la autorización del Consejo de Seguridad ya que, de no haber ocurrido, el
genocidio, limpieza étnica, o como se decida denominarlo, hubiera sido aún mayor,
causando la pérdida de más vidas. El Consejo de Seguridad debió haberla aceptado
previamente y la OTAN debió de haberla ejecutado de una manera más comprometida y
efectiva.