c o n s i d e r a n d o : tercero.- argumentos de las partes

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES. A con-tinuación se van a precisar los argumentos de las partes, con la fi nalidad de fi jar la litis materia de la presente controversia.

A).- CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN DE LA DE-MANDA. La parte actora en su escrito inicial de demanda hizo valer los agravios que a continuación se sintetizan (folios 06 a 52 de autos).

[N.E. Se omite transcripción]

B).- CONTESTACIÓN DE LA AUTORIDAD A LA DEMANDA. La autoridad al producir su contestación a la demanda, planteó las manifestaciones que a continuación se resumen (folios 1545 a 1561 de autos):


CUARTO.- ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA.- Un primer aspecto que es importante destacar en el presente fallo, atiende al hecho de que, la resolución que se impugna ********** de 28 de febrero de 2013, corres-ponde a aquella que decidió un recurso administrativo, por lo que es necesario precisar los alcances del principio de “litis abierta” previsto en los artículos 1° y 50 de la Ley Federal

de Procedimiento Contencioso Administrativo, los cuales disponen literalmente lo siguiente:


De la interpretación sistemática de los preceptos trans-critos, puede concluirse que instituyen lo que en la práctica jurisdiccional se ha denominado como el “principio de litis abierta”, que tiene su antecedente inmediato en las partes co-rrespondientes de los artículos 197 y 237 del Código Fiscal de la Federación, vigentes hasta la entrada en vigor de la actual Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De modo que, la litis abierta implica que, tratándose de la impugnación de aquella resolución que decidió un recurso administrativo, se entiende simultáneamente controvertido el acto de autoridad recurrido en la sede administrativa en la parte que no satisfi zo el interés jurídico de la actora, lo cual le permite reiterar en los conceptos de impugnación, los agravios que se expusieron en el medio de defensa en sede administrativa, además de permitirle la formulación incluso de argumentos novedosos.

Por tales razones, y dado que en el presente Juicio Contencioso Administrativo se controvierte la resolución que decidió un recurso de revocación en términos del Código Fiscal de la Federación, es procedente el análisis de la le-galidad del acto de autoridad originalmente recurrido, en el marco de los conceptos de impugnación esgrimidos por la

demandante, ya sean reiterativos de los vertidos en la instan-cia administrativa, o novedosos, atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y mayor benefi cio que rigen las sentencias defi nitivas en el juicio que nos ocupa.

Tiene aplicación la jurisprudencia VI-J-2aS-6 emitida por la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, publicada en la Revista que edita este Tribunal, número 11, Sexta Época, Año I, Noviembre de 2008, página 78, que es del tenor literal siguiente:

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA CONTENIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIO-SO ADMINISTRATIVO, PERMITE AL DEMANDANTE ESGRIMIR CONCEPTOS DE ANULACIÓN NOVEDO-SOS O REITERATIVOS REFERIDOS A LA RESOLU-CIÓN RECURRIDA, LOS CUALES DEBERÁN SER ESTUDIADOS POR EL TRIBUNAL.” [N.E. Se omite transcripción]

QUINTO.- ILEGALIDAD DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. Al ser la competencia una cuestión de orden público y de estudio preferente, la cual este Tribunal podrá hacer valer de ofi cio, no solo de la autoridad que dictó la resolución impugnada, sino también de la autoridad que or-dena o tramita el procedimiento del que derive la misma, esta Segunda Sección de la Sala Superior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 51, antepenúltimo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede a la resolución del concepto de impugnación PRI-

MERO, planteado en el escrito de demanda y del escrito del recurso de revocación, conforme a la pretensión de la actora, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 218/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Fede-ración y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 154, que es del tenor siguiente:

“COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPEC-TO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANA-LIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.” [N.E. Se omite transcripción]

1.- FIJACIÓN DE LA LITIS.

A) SÍNTESIS DE LAS MANIFESTACIONES DEL AC-TOR:

Procede dejar sin efectos la resolución que se im-pugna y la recurrida, en atención a que es ilegal, ya que encuentra su origen en un acto basado en una orden de visita ilegal, pues no se encuentra debidamente fundada y motivada, en términos del artículo 16 constitucional y 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

Con lo resuelto por la demandada, no se alcanza a desvirtuar el hecho, de que la Administración Lo-cal de Auditoría Fiscal de Ensenada, se excedió en sus facultades de revisión, contraviniendo el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Fe-deración, ya que conforme a la Orden de la práctica de visita domiciliaria, con número de ofi cio **********, de fecha 26 de octubre de 2011, dentro de su objeto o propósito de la visita no se encuentra el de verifi car “la correcta clasifi cación de las mercancías”, es por ello que las multas por datos inexactos son del todo ilegal, ya que la autoridad excedió las facultades que la Orden de Visita Do-miciliaria le confería en relación al objeto, motivo sufi ciente para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución combatida, al transgredir el artículo 38 fracción IV del citado Código.

B) ARGUMENTOS DE LA ENJUICIADA:

Es falso que a título de supuesta motivación, las autoridades fi scales deban señalar en sus órde-nes de visitas, de cualquier índole, las causas o razones por las cuales hayan decidido revisar a un determinado contribuyente, ya que esta cuestión se ubica, innegablemente, dentro del campo de sus facultades discrecionales.

Se encuentra debidamente fundada y motivada la orden de visita, toda vez que se señaló el nombre

del contribuyente, la autoridad que emite el acto, el ejercicio, el carácter del contribuyente y las contri-buciones.

Lo anterior se afi rma, en razón de que el objeto establecido en la orden de la visita domiciliaria en estudio, es el de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fi scales y aduaneras a que está afecto el contribuyente como sujeto directo en materia de las contribuciones y aprovechamientos federales: impuesto general de importación y expor-tación, impuesto al valor agregado mensual, cuotas compensatorias y/o medida de transición, así como verifi car la legal importación, tenencia o estan-cia en el país de las mercancías de procedencia extranjera y el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias y normas ofi ciales mexicanas que correspondan y derecho de trámite aduanero.

Que tiene la facultad de requerir los datos, informes o documentos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones objeto de la revisión, por lo tanto, si en la especie alguna de la documenta-ción requerida al contribuyente para verifi car el cumplimiento de las obligaciones fi scales y aduaneras, fueron los, pedimentos de importa-ción y/o exportación realizados, durante el pe-riodo a revisar, resulta por demás evidente que la autoridad fi scalizadora estaba facultada para revisar estas documentales a fi n de comprobar

el cumplimiento a las disposiciones fi scales y aduaneras y entre dicha comprobación implica, entre otros, la de verifi car la correcta clasifi ca-ción arancelaria de las mercancías importadas, pues dada la naturaleza del objeto de la revisión, de establecer cada una de las obligaciones a que se encuentra afecta, en la orden de visita domicilia-ria, limitaría la facultad de la autoridad de verifi car el cumplimiento de sus obligaciones, sin que ello implique que la misma sea genérica como indebi-damente lo señala la actora.

2.- RESOLUCIÓN DE LA SEGUNDA SECCIÓN DE SALA SUPERIOR

A juicio de los Magistrados que integran esta Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el concepto de impugnación en es-tudio resulta FUNDADO, de conformidad con las considera-ciones jurídicas siguientes:

La pretensión de la actora consiste en que se declare la ilegalidad de la resolución impugnada, así como la recurri-da, en virtud de que ambos actos provienen de la orden de visita domiciliaria ********** de octubre de 2011, ya que no se encuentra debidamente fundada y motivada, contraviniendo el artículo 16 constitucional y 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, pues la autoridad excedió las facultades que la orden de visita domiciliaria le confería en relación al objeto, como lo es la correcta clasifi cación de las mercancías.

Es de señalarse que la competencia de las autoridades,

como presupuesto procesal que atañe a la correcta integra-ción de un procedimiento, es una cuestión de orden público. De tal manera que si en un acto de molestia no se citan con exactitud y precisión las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para afectar al gobernado, ese acto concreto de autoridad carece de efi cacia y validez.

En efecto, los artículos 16 constitucional y 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, exigen la debida fun-damentación de la competencia de todo acto de autoridad; tales artículos que son del tenor siguiente:


Como se advierte, el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, establece que todos los actos administrativos que deban notifi carse deben ser expedidos por autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados; exigencia que constituye un refl ejo de la garantía individual de legalidad que deben cumplir los actos de autoridad que afecten la esfera jurídica de los particulares conforme al pri-mer párrafo del artículo 16 constitucional.

En efecto, conforme a las garantías de legalidad y se-guridad jurídica que rigen a nuestro sistema jurídico, los actos de molestia de las autoridades requieren para ser legales, ser emitidos por autoridad competente para ello, lo que signifi ca que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose el carácter en que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo

contrario se dejaría al particular en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de esta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si este es o no conforme a la ley que le resulta aplicable, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se fun-de la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque.

Así lo ha sostenido el Pleno de nuestro más Alto Tribu-nal, al emitir la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible en el Número 77, mayo de 1994, que dice:

“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES RE-QUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.” [N.E. Se omite transcripción]

Es por ello que para cumplir con la debida fundamenta-ción, en lo relativo a la competencia de la autoridad emisora del acto de molestia, es necesario que en el documento se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorga las facultades a dicha autoridad y, en caso de que ta-les normas legales contengan diversos supuestos, se deben precisar con claridad y detalle el apartado, fracción o frac-ciones, incisos y subincisos en que se apoya su actuación, pues de lo contrario, se dejaría a los particulares en estado

de indefensión, toda vez que no es dable ninguna clase de ambigüedad, ya que debe existir una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el particular, con relación a las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

El criterio anterior ha sido sostenido por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 57/2001, emitida por contradicción de tesis, publica-da en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo XIV, Noviembre de 2001, cuyo texto dispone:

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINIS-TRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑA-LARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.” [N.E. Se omite transcripción]

Este criterio tiene su base en que la garantía de segu-ridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Carta Magna, en cuanto a la fundamentación de la competencia de la autoridad que dicta el acto de molestia, descansa en el principio de legalidad, consistente en que: “Los órganos o autoridades estatales solo pueden hacer aquello que expresamente les permita la ley”, por lo que tiene que fundar en derecho su competencia y, por tanto, no basta la cita global del orde-

namiento jurídico que se la confi ere, sino que es necesario citar en el cuerpo mismo del documento que lo contenga. Es decir, la garantía de fundamentación consagrada en el artí-culo 16 de la Constitución, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, atendiendo al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de defensa de aquellos, ante un acto que no cumpla con los requisitos le-gales necesarios.

Al efecto, debe tomarse en cuenta que la competencia de las autoridades administrativas se fi ja siguiendo, básica-mente, tres criterios: por razón de materia, por razón de grado y por razón de territorio.

Por tales razones, si la autoridad invoca un ordena-miento jurídico en forma global, es insufi ciente para estimar que el acto, en cuanto a la competencia de la autoridad, se encuentra correctamente fundado, toda vez que al existir di-versos criterios sobre ese aspecto, tal situación implicaría que el actor ignorara cuál de todas las disposiciones legales que integran el texto normativo es la específi camente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio; luego, ante tal situación, también resulta indispensable señalar el precepto legal que atendiendo a di-cha distribución de competencia, le confi ere facultades para

realizar dicho proceder, a fi n de que el actor se encuentre en posibilidad de conocer si el acto respectivo fue emitido por autoridad competente.

En este tenor, es dable concluir que para estar debi-damente fundado un acto de autoridad, por lo que hace a la competencia material, por grado y territorio de la autoridad emisora, es necesario que en el documento se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facul-tades a la autoridad emisora y en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y deta-lle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se le dejaría en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no den-tro del ámbito competencial respectivo, y en consecuencia, si está o no ajustado a derecho.

Nuestro máximo Tribunal, continuando en el avance de lo que debe entenderse por la debida fundamentación de la competencia de la autoridad, ha establecido que cuando se trate de normas complejas, la autoridad debe llegar incluso al extremo de transcribir la parte correspondiente del precepto que le otorgue su competencia, con la única fi nalidad de es-pecifi car con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario, signifi caría que el gobernado es a quien le correspondería la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia para fundar su competencia, si la autoridad tiene competencia de grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace,

dejándolo en un completo estado de indefensión, en virtud de que ignoraría en cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo, es la específi camente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

De ahí que estableció la siguiente tesis de jurispruden-cia 2a./J. 115/2005, es obligatoria de acatar para este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que acota:

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINIS-TRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CON-TIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITAN-DO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBIN-CISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.” [N.E. Se omite transcripción]

En primer término, para resolver la presente litis, se considera necesario atender el texto de la orden de visita domiciliaria contenida en el ofi cio número ********** de 26 de octubre de 2011, que dio origen a la resolución recurrida de-terminante del crédito fi scal, donde se advierte que se emitió en los términos que a continuación se digitaliza:

[N.E. Se omiten imágenes]

De la digitalización anterior se desprende, que el Ad-ministrador Local de Auditoría Fiscal de Ensenada, del Servicio de Administración Tributaria, expidió la orden de visita domiciliaria con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fi scales y aduaneras a que es afecta como sujeto directo, en materia de contri-buciones y aprovechamientos federales; como los son el impuesto general de importación y exportación, impuesto al valor agregado mensual, cuotas compensatorias y/o medi-da de transición, así como verifi car la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de pro-cedencia extranjera y el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias y normas ofi ciales mexicanas que correspondan y derecho de trámite aduanero; citando como fundamento de su actuar los siguientes artículos:


Los citados preceptos legales en mención son del tenor siguiente:


De los preceptos legales transcritos, se desprende que la autoridad no fundó y motivó debidamente su compe-tencia para actuar al emitir la orden de visita domiciliaria para revisar el cumplimiento de obligaciones en materia aduanera, y precisar el objeto o propósito de esta, en razón de que es insufi ciente la mención de los artículos 42, primer

párrafo, fracción III y antepenúltimo párrafo, 44, 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación.

En efecto, se afi rma lo anterior en virtud de que el ar-tículo 42, primer párrafo, fracción III y antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, únicamente refi ere a la facultad de la autoridad para comprobar que los contribu-yentes y los relacionados con ellos, han cumplido con las disposiciones fi scales, determinar créditos fi scales, la comisión de algún delito fi scal, quienes podrán practicar-les visitas y revisar su contabilidad, bienes y mercancías; realizándolas de forma conjunta, indistinta o sucesivamente las facultades enumeradas en ese artículo, iniciando con el primer acto que se notifi que al contribuyente.

En el artículo 44, se establece el procedimiento para llevar a cabo la visita en el domicilio fi scal, señalando entre otras cuestiones, que se llevara a cabo en el lugar o lugares señalados en la orden, si al presentarse en este no se encon-trara el visitado deberá dejar citatorio con la persona que se encuentre en el lugar para que lo espere, si no lo hiciera se iniciara con quien estuviese, los visitadores deberán identi-fi carse, se designarán testigos, y podrán auxiliarse de otras autoridades fi scales para continuar con la visita.

El artículo 45 también establece lineamientos que se deben seguir durante la visita domiciliaria, como son, permi-tir a los visitadores el acceso al lugar visitado, mantener la contabilidad y demás papeles a su disposición, permitir la verifi cación de bienes y mercancías, permitir la obtención de

copias cuando se ubiquen dentro de los supuestos enume-rados en las nueve fracciones.

El artículo 46, continúa con las reglas para realizar la visita domiciliaria, establecidas en sus ocho fracciones, como son levantar actas, parciales o complementarias en las que se hagan constar los hechos u omisiones, los visitadores podrán asegurar la contabilidad, asentando sellos o marcas; el acta fi nal se llevará con el contribuyente visitado, de no encon-trarse se dejará citatorio para que lo espere, en caso de ser omiso, se levantará con quien se encuentre en el domicilio, cuando el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables que pudiera afectar la legalidad de la determinación del crédito fi scal, la autoridad podrá de ofi cio, por una sola vez, reponer el procedimiento a partir de la violación formal cometida. Para iniciar otra visita a la misma persona, se necesita una nueva orden, y si es por el mismo periodo y contribuciones, se podrá efectuar una nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados.

De igual forma es insufi ciente la mención de los artí-culos 1º, 7º, fracciones VII, XII y XVIII, 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, toda vez que estos hacen referencia a las características y competencia del Servicio de Administración Tributaria como autoridad fi scal, quien tiene las atribuciones, entre otras, de vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fi scales y adua-neras, ejercer las facultades de comprobación, allegarse de información para determinar el origen de los ingresos; además

contará con las unidades administrativas para la consecución de su objeto y ejercicio de atribuciones.

También es insufi ciente la invocación de los artículos 2, apartado C, fracción II, 9, fracción XXXVII, 17, fracciones III y XII; 19, apartado A, fracción I, 10 fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, así como los artículos 60, 144, fracción II, III, X, XVI, XXXII, 151 frac-ciones II y III y 155 de la Ley Aduanera, pues no contemplan la facultad para llevar a cabo la orden de visita para revisar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras.

No siendo óbice a lo anterior el hecho de que en el ar-tículo 17 fracción III, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, prevé la atribución de la Adminis-tración General de Auditoría Fiscal Federal, para ordenar y practicar visitas domiciliarias en materia aduanera, pues ello se establece en un Reglamento, que es una norma jurídica de carácter general y con valor subordinado a la ley, por lo cual dicha atribución previamente debe estar expresamente establecida en una ley, para dar cumplimiento al principio de jerarquía normativa.

Se cita la tesis I.4o.A.496 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, la cual es del tenor siguiente:

“PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA. DEBEN RESPETARLO LAS DISPOSICIONES REGLAMEN-TARIAS O ADMINISTRATIVAS PARA SU VALIDEZ

EN CASOS DE APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN O INTEGRACIÓN.” [N.E. Se omite transcripción]

Máxime que en la iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fi scales presentadas por el Ejecutivo Federal, el 8 de septiembre de 2009, se tiene que el motivo por el cual se modifi có el artículo 42, fracción V del Código Fiscal de la Federación, para establecer, entre otras cuestiones, las “Facultades de comprobación en materia aduanera”, fue por que existían obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o conce-siones y de cualquier padrón o registro establecido en las disposiciones aplicables a dicha materia, que no se comprobaban, siendo que existía la necesidad de contar con un procedimiento de inspección ágil que permitiera corroborar el cumplimiento de dichas obligaciones, como consta en la Exposición de Motivos, que en la parte que interesa establece:


De lo anterior, se tiene que el motivo de que se agre-gara expresamente en la fracción V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, la visita domiciliaria con el objeto de llevar a cabo la verifi cación del cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera, y requerir y revisar los documentos o comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de mercancías, es para mejorar el control y combate a la evasión fi scal y para robustecer los mecanismos para el control del cumplimiento de las obligaciones fi scales, por

lo que era conveniente contar con un procedimiento de inspección ágil que permitiera corroborar el cumplimiento de las obligaciones, bajo un procedimiento similar al que se establece para verifi car el cumplimiento de obligacio-nes en materia de expedición de comprobantes fi scales.

A mayor abundamiento, es de destacarse que en la re-forma publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 31 de diciembre de 1999, entre otras disposiciones, al Código Fiscal de la Federación, concretamente a la fracción V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, donde se adicionó lo referente a la solicitud de la exhibición de los compro-bantes que amparen la legal propiedad o posesión de las mercancías, se realizó con motivo de implementar medidas para combatir la evasión y elusión fi scales.

Por lo anterior, si la autoridad realizó una visita domici-liaria con el objeto de comprobar las obligaciones en materia aduanera, como lo es el de verifi car la legal importación, tenencia o estancia en el país de mercancías de proce-dencia extranjera, debió citar la fracción V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, para tener por debidamente fundada y motivada sus facultades, de lo contrario se deja en estado de indefensión al contribuyente.

Ahora bien, en el presente juicio la autoridad al emitir la orden de visita domiciliaria, señaló que se emitió con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fi scales y aduaneras, como lo es verifi car la legal importación, tenencia o estancia en el país de

las mercancías de procedencia extranjera. Asimismo, en la resolución de 28 de febrero de 2013, (visible a fojas 54 a 85 de autos) que resuelve el recurso de revocación, en la página 4, la autoridad resolvió lo siguiente:


De igual forma en la contestación a la demanda de nulidad (visible a fojas 1545 a 1561 de autos) la enjuiciada argumentó a foja 4 último párrafo y 5 lo siguiente:


Del análisis a la orden de visita domiciliaria, a la re-solución impugnada y a la contestación a la demanda, se desprende que todas coinciden que el objeto de la orden de visita domiciliaria consistió, entre otras cuestiones, en comprobar el cumplimiento de las disposiciones fi sca-les y aduaneras, así como verifi car la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de pro-cedencia extranjera.

Por lo tanto, al pretender la autoridad revisar el cumpli-miento de las disposiciones aduaneras y verifi car la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de procedencia extranjera, argumentando que si en la especie alguna de la documentación requerida al contribuyente para verifi car el cumplimiento de esas obligaciones, fueron los pe-dimentos de importación y/o exportación realizados durante el periodo a revisar, la autoridad fi scalizadora estaba facultada

para examinar estas, señalando que entre dicha compro-bación implicaba, entre otros, la de verifi car la correcta clasifi cación arancelaria de las mercancías importadas.

En tal virtud, si la autoridad revisó no solo el cumpli-miento de las disposiciones fi scales, sino también las adua-neras, por así haberlo establecido en el objeto de la visita y haberlo materializado en la resolución liquidatoria, luego entonces debió haber fundado su facultad para llevar a cabo una visita domiciliaria con el objeto de revisar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras, que im-plica la de verifi car la correcta clasifi cación arancelaria de las mercancías importadas, y no solo las fi scales, como aconteció en el presente juicio al citar únicamente la fracción III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

En efecto, cuando se trata de una orden de visita do-miciliaria en materia de comercio exterior que tenga por objeto revisar el cumplimiento de las disposiciones adua-neras y verifi car la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de procedencia extranjera, la autoridad debe citar la fracción V del artículo 42 del Códi-go Fiscal de la Federación, vigente al momento en que se emitió la orden de visita, en virtud de que es esta fracción la que establece expresamente la facultad de comprobación de la autoridad a través de una visita domiciliaria, para verifi car el cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones, o concesiones o de cualquier padrón o registro establecido en las disposi-ciones relativas a dicha materia; así como para solicitar la

exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías; siendo insufi ciente que se invoque la fracción III del artículo 42 del citado Código, ya que únicamente establece la práctica de visitas a los contri-buyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías, y el cumplimiento de las disposiciones fi scales.

Para una mayor claridad se transcriben las fracciones III y V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación que son del tenor siguiente:


De la transcripción que antecede, se tiene que la fracción V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federa-ción, faculta expresamente a las autoridades fi scales para practicar visitas domiciliarias, con el objeto de verifi car el cumplimiento de obligaciones en materia aduanera, requerir datos, informes o documentos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones revisadas, esto es, la do-cumentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de mercancías de procedencia extranjera, por ende, para estimar que se encuentran debidamente fundadas esas facultades la autoridad debe invocar la norma que le otor-gue la atribución específi ca en ese sentido, establecida en una ley, esto es la fracción V del artículo 42 del Código

Fiscal de la Federación, de tal forma que es insufi ciente que se cite la fracción III del mencionado precepto legal.

Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/2 (10a.), emitida por los Tribunales Colegia-dos de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Página 2155, la cual es del tenor siguiente:

“ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFI-CAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA ADUANERA. BASTA CITAR LA FRAC-CIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA ESTIMAR QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FUNDADAS LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD PARA REQUE-RIR AL VISITADO LA DOCUMENTACIÓN O LOS COMPROBANTES QUE AMPAREN LA LEGAL PRO-PIEDAD, POSESIÓN, ESTANCIA, TENENCIA O IM-PORTACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.” [N.E. Se omite transcripción]

Robustece lo anterior, la jurisprudencia VII-J-1aS-1, sustentada por la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, publicada en la Revista correspondiente a la Séptima Época, Año I, No. 2, del mes de septiembre 2011, página 7, del contenido siguiente:

“JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL FEDE-RAL. RESULTA OBLIGATORIA PARA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CUANDO SEA APLICABLE A LA HIPÓTESIS CON-CRETA SOMETIDA A SU CONSIDERACIÓN.” [N.E. Se omite transcripción]

También tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J./26, emitida por los Tribunales Colegiados de Cir-cuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Marzo de 2002, Página: 1225, la cual es del tenor siguiente:

“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD.” [N.E. Se omite trans-cripción]

De igual forma se cita la tesis VII-CASR-2NCII-8, emi-tida por este Tribunal, la cual señala lo siguiente:

“ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA ADUANERA. RESULTA ILEGAL SI NO SE FUNDA EN LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 42, DEL CÓ-DIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.” [N.E. Se omite transcripción]

Por lo expuesto, este Órgano Jurisdiccional considera que la autoridad fi scal primeramente debió haber fundado y motivado la facultad para llevar una visita domiciliaria para revisar el cumplimiento de las disposiciones adua-neras, así como la legal estancia, tenencia o posesión de las mercancías importadas de procedencia extranjera, debiendo citar la fracción V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, para poder verifi car la correcta clasifi cación arancelaria de las mercancías importadas.

En tal virtud, para considerar que se encuentra debi-damente fundada y motivada la orden de visita domicilia-ria emitida por la autoridad fi scal con el objeto de revisar el cumplimiento de obligaciones en materia aduanera, como son entre otras, verifi car la legal importación, tenencia o estancia en el país de mercancías de procedencia extran-jera, en el domicilio visitado; la de verifi car la correcta clasifi cación arancelaria de las mercancías importadas, no resulta sufi ciente que se citen entre otros, los artículos 42, primer párrafo, fracción III, 43, 44, 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación, (como aconteció en el presente asunto) ya que la orden debe fundarse en el precepto legal y fracción respectiva que faculta expresamente a la autoridad fi scal practicar ese tipo de visitas domiciliarias, por lo que debe fundarse para ello, en la fracción V, del artículo 42, del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé la facultad de las autoridades fi scales para practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fi n de verifi car el cumplimiento de las obligaciones fi scales en materia aduanera.

En esa tesitura, la orden de visita domiciliaria contenida en el ofi cio ********** del 26 de octubre de 2011, antecedente de la resolución determinante del crédito fi scal, contraviene el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federa, toda vez que no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues fue omisa en aplicar las disposiciones legales correctas.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia 260 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo: Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, pá-gina: 175, que establece:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.” [N.E. Se omite transcripción]

Es también aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/248, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Cir-cuito, localizable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo: 64, Abril de 1993, página: 43, que se transcribe:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS AC-TOS ADMINISTRATIVOS.” [N.E. Se omite transcrip-ción]

Ahora bien, si la autoridad fue omisa en citar la frac-ción V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación,

la cual era necesaria para tener por debidamente funda-da y motivada la orden de vista, luego entonces el objeto de o propósito de esta, también resulta ilegal, en virtud de que la autoridad señaló que el objeto de la orden de visita era comprobar el cumplimiento de las disposicio-nes aduaneras, así como verifi car la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de procedencia extranjera, y el cumplimiento de las regu-laciones o restricciones arancelarias y normas ofi ciales mexicanas correspondientes y derecho de trámite adua-nero, que además a decir de la autoridad lleva implícita la verifi cación de la correcta clasifi cación arancelaria de las mercancías importadas.

En tal virtud, el objeto de la orden de visita domici-liaria del 26 de octubre de 2011, contraviene los artículos 16 constitucional y 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, pues la autoridad fue omisa en citar la fracción V del artículo 42, del Código Fiscal de la Fede-ración, excediéndose en sus facultades de comproba-ción, toda vez que dicha fracción es la que faculta a la autoridad llevar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras, como lo es, la de verifi car la correcta clasifi cación arancelaria de las mercancías importadas.

En efecto en la resolución liquidatoria del crédito fi scal, en la parte considerativa, la autoridad resolvió entre otras cuestiones que la actora no acreditó el legal retorno de la mercancía importada temporalmente, que no asentó debi-damente la clasifi cación arancelaría de esa mercancía (sin

haberlo precisado en el objeto de la orden); es decir, revisó el cumplimiento de las disposiciones aduaneras, siendo que no fundó debidamente su facultad para ello en la fracción V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que como se advirtió era obligación de invocar dicha fracción en la orden de visita, por lo tanto se extralimitó sus facultades de revisión, lo anterior consta a fojas 67 a 88 de la resolución recurrida, donde en la parte que interesa se desprende lo siguiente:


En mérito de lo anterior, se colige que al resultar ilegal la orden de visita domiciliaria por las razones atrás señala-das, y siendo este el primer acto de las facultades de com-probación que se notifi ca al contribuyente, en términos de lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 42, del Código Fiscal de la Federación, entonces no ha iniciado legalmente el procedimiento de comprobación del que deriva la resolu-ción liquidadora impugnada en el juicio en que se actúa, en consecuencia, todo lo actuado con base en ella, también resulta ilegal.

Lo anterior es así porque la ilegalidad en que se incurrió en la emisión de la orden de visita provoca que esta jurídica-mente no exista y, en consecuencia, también jurídicamente deja de existir lo actuado con base en ella, y obviamente la resolución impugnada en la presente instancia.

En las relatadas condiciones, al ser ilegal la emisión de la orden de visita de que se trata, no puede entonces producir efectos legales, y por tanto lo sustentado con base en la mis-ma resulta legalmente inexistente, como lo es la resolución

impugnada y la recurrida, por lo que la nulidad que al caso se decreta respecto de la misma debe ser con fundamento en los artículos 51 fracciones I y IV y 52 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

[...]Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49,

50, 51, fracciones I y IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

I. La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción, en consecuencia;

II. Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, así como la recurrida, descritas en el resultando primero, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.

III. NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de septiembre de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor de los CC. Magistrados Alfredo Salgado Loyo, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Juan Ángel Chávez Ramírez, Carlos Mena Adame y Víctor Martín Orduña Muñoz.

Fue Ponente en el presente asunto el C. Magistrado Carlos Mena Adame, cuya ponencia se aprobó en sus tér-minos.

Se elaboró el presente engrose el día 23 de septiembre de 2014, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 27, fracción III y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tri-bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fi rman el Magistrado Presidente y Ponente con el Secretario Adjunto de Acuerdos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que autoriza y da fe.

“De conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 18, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber-namental, así como en el artículo 8, del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento a dicha Ley, fueron suprimidos de esta versión pública la información considerada legalmente como reservada o confi dencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.”

c o n s i d e r a n d o : tercero.- argumentos de las partes

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