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Ministerio Público de la Nación UFISES
FORMULA DENUNCIA
Señor Juez:
Guillermo Fernando Marijuán, Fiscal Federal de la
Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9,
ante V.S. respetuosamente me presento y digo:
I. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR
Que conforme Resolución Nro. 34/02 de la
Procuración General de la Nación el suscripto se encuentra a
cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad
Social (UFISES) y, en virtud de dichas funciones se asume
-entre otras cosas- la investigación relativa a posibles
irregularidades en torno a beneficios previsionales.-
Así se adjudicó a la UFISES, no sólo la revisión de
casos existentes en la ANSES, sino también la determinación
de hechos anómalos por conocimiento directo de la misma, ya
sea a través de denuncias o por investigaciones efectuadas
por esta Unidad Fiscal de Investigación.-
En este marco se llevan a cabo investigaciones
preliminares conforme lo normado por el Art. 26 de la Ley
24.946 –Ley Orgánica del Ministerio Publico- tendientes a
reunir la mayor cantidad de elementos probatorios del hecho
ilícito puesto de manifiesto para luego, en caso de
corresponder, efectuar la respectiva denuncia en sede
judicial.-
II. OBJETO :
Luego de las consideraciones que anteceden vengo
por la presente a formular denuncia penal, conforme lo
normado por el art. 177 inc. 1º del C.P.P.N., contra Eduardo
BERCHOT, titular del DNI 17.593.692, abogado, con estudio
jurídico sito en Hipólito Irigoyen 1719, Mar del Plata, Prov.
de Bs.As. y María Irene RODRIGUEZ, titular del DNI
10.558.591, empleada de Eduardo Berchot, con domicilio real
en Paula Albarracin 2634, Mar del Plata, Prov. de Bs.As.;
como así también contra Jonathan Gabriel RAMOS, titular
del DNI 17.992.716, con domicilio real en Chaco 1752, Mar
del Plata, Prov. de Bs.As.; Liliana Estela OTIN, titular del
DNI 11.863.875, con domicilio real en Arenales 4056, Mar
del Plata, Prov. de Bs.As.; Manuela Victoria PERALTA,
titular del DNI 10.505.677, con domicilio real en Falkner
3607, Mar del Plata, Prov. de Bs.As.; Ofelia Teresa CHENA,
titular del DNI 4.833.424, con domicilio real en Falucho
2572, Mar del Plata; y David Abel QUINTANA, titular del
DNI 29.593.094, con domicilio real en República del Líbano
1854, Mar del Plata, Prov. de Bs.As., todos agentes de la
ANSES, ello en virtud de las acciones presuntamente ilícitas
que seguidamente relataré.-
III. HECHOS
La investigación preliminar Nro. 4693 que se
acompaña a la presente, se inició en virtud de la presentación
efectuada por María Esther Rodríguez, en su carácter de
Gerente de Control de la ANSES, quien hizo saber que se
había detectado una situación sumamente irregular vinculada
con la solicitud de jubilaciones automáticas para autónomos
puros (JAAP), cuyo trámite se realizaba vía internet.-
Indicó la representante de la ANSES que,
habiéndose detectado 40 personas con el mismo domicilio
registrado que solicitaron este beneficio, - Hipólito Irigoyen
1719, de la Ciudad de Mar del Plata, Prov. de Bs.As. -, se
Ministerio Público de la Nación UFISES
designó una comisión para verificar tanto el domicilio en
cuestión como la documentación obrante en la UDAI (Unidad
de Atención Integral) de Mar del Plata, relativa a estas
personas. -
La comisión en cuestión se encontró con cuatro
situaciones irregulares, a saber:
1) Mismo domicilio de residencia registrado por 40
personas
La comisión constató que en el domicilio de la calle
Hipólito Irigoyen 1719 de Mar del Plata, (registrado ante la
ANSES como domicilio real de los solicitantes de las
jubilaciones), funcionaba el estudio jurídico del Dr. Eduardo
Berchot, quien habría iniciado ante el organismo previsional
una gran cantidad de trámites para obtener la jubilación para
autónomos de ciudadanos argentinos residentes en Israel.-
Al respecto, la Gerente de Control de ANSES
señalo que, conforme la Resolución D.E.N. Nro. 625/06 de
ANSES (obrante a fs. 57/66), el nuevo sistema jubilatorio
implementado está destinado a ciudadanos residentes en
nuestro país. La Circular 70 de la Gerencia Previsional de la
ANSES, (v. fs. 74/83), extendió su alcance a países que
tengan convenio internacional previsional vigente con la
Argentina (lo que no ocurre con Israel), y sólo para aquellos
casos en que el beneficiario hubiera habitado en nuestro país
y en dicho lapso de residencia se encontrase afiliado al
régimen de trabajadores autónomos. Aún en aquellos casos, -
de residentes en países con convenio previsional con la
Argentina -, el trámite debe realizarse en forma personal en
la ANSES a fin de acreditar los extremos exigidos por la
normativa.-
Asimismo, explicó la declarante que las personas
que viven en el país y reúnen los requisitos para acceder a
este beneficio, deben acreditar sus datos personales ante la
ANSES y luego continuar el trámite por internet. Para ello,
completan una declaración jurada mediante la cual solicitan
la “Jubilación Automática para Autónomos Puros” (JAAP), en
la misma el peticionante declara bajo juramento estar
residiendo en la Argentina. En el formulario de la declaración
jurada se indica que el domicilio declarado debe ser el de
residencia, pues será el utilizado para determinar el Banco
donde se percibirá la jubilación y a donde se enviará la
documentación y/o notificaciones pertinentes. -
2) Carga de datos y certificación de documentación
Se verificó que en la UDAI Mar del Plata, donde
debía encontrarse reservada copia certificada de la
documentación original exhibida por los solicitantes de estas
jubilaciones para la carga de sus datos en el sistema, en
muchos casos no había ninguna copia, en otros las copias
existentes no estaban certificadas, en otros aparecieron
copias certificadas con posterioridad a que los integrantes de
la comisión observaran que eran copias simples y, en otros,
las copias halladas eran de documentos de identidad que
carecían de fotografía, lo que hacía presumir su adulteración.
Asimismo, se detectó que parte de la información sobre estas
personas había sido cargada en la base de datos de la ANSES
en días inhábiles, por Ej. un domingo, como así también que
había copias cuya certificación era de fecha posterior a la de
su carga en la base de datos.-
La Dra. Rodríguez explicó que para poder solicitar
la jubilación para autónomos vía internet, (modo establecido
únicamente para residentes en la Argentina), es necesario
acreditar identidad y que los datos personales sean cargados
en el sistema de la ANSES denominado “Administrador de
Personas”, (ADP). Para ello, es preciso presentarse con
Ministerio Público de la Nación UFISES
documento original y copia ante un funcionario de la ANSES,
quien teniendo a la vista el original certifica la copia, la
reserva en la UDAI y procede a la carga de los datos en el
sistema. Sólo estando esta carga de datos actualizada en el
ADP es posible realizar el trámite de Jubilación Automática
para Autónomos Puros por internet.-
La funcionaria de ANSES aportó, entre otras
constancias, copia del DNI de Juana Dina Raquel Levin, (uno
de los casos detectados), certificada como “copia fiel del
original tenido a la vista en ANSES, UDAI, M d P, el día 18 de
febrero de 2007” por el Agente Jonathan Gabriel Ramos. Al
respecto, señaló la Dra. Rodríguez que el día de la
certificación fue domingo, que los datos correspondientes a
ese DNI se cargaron en el ADP el 16 de enero del mismo año,
(es decir 32 días antes de que se certificara la copia) y que
durante la comisión realizada en Mar del Plata con fecha 4 de
junio de 2007 dicha copia se encontraba sin certificar, como
puede verse en la fotocopia obtenida en esa ocasión (v. fs. 31,
32 y 33 de la I.P. 4693).-
3) Poderes a nombre de María Irene Rodríguez sin
documentación de respaldo
En la UDAI Mar del Plata se encontraron 80 altas
de poderes para percibir jubilaciones y pensiones, (v. listado
de fs. 8/9) a favor de María Irene Rodríguez, DNI
10.558.591, que carecían de toda documentación
respaldatoria. Los titulares de todos estos beneficios tenían
domicilio registrado en la calle de Hipólito Irigoyen 1719,
correspondiente al estudio de Eduardo Berchot, de quien
María Irene Rodríguez sería secretaria. Según lo
constatado por los agentes de la ANSES, las altas de estos 80
beneficios habían sido tramitadas por Eduardo Berchot, sin
perjuicio de lo cual, tanto el nombrado como la apoderada
habrían desconocido la existencia de estos poderes.
Detectada la situación por la comisión enviada, el Gerente de
la UDAI dispuso la baja de los mismos.-
Entre la documentación aportada por la Dra.
Rodríguez, obra a fs. 10/12 copia de una presentación
realizada por Eduardo Berchot solicitando se le informara
como obtener un poder que le permitiera percibir las
jubilaciones y pensiones que estaba tramitando para mas de
1200 argentinos residentes en Israel. Esta presentación fue
realizada dos días después de que se dispusiera la baja de los
80 poderes a favor de su secretaria.-
4) Poderes a nombre de Eduardo Berchot sin
documentación de respaldo
La comisión detectó que Eduardo Berchot
figuraba como apoderado autorizado para percibir los
haberes jubilatorios de Sonia Ruth SUJOV, (beneficio nro. 15-
0-2344474-0); Perla Marta GRINSPUN, (beneficio Nro. 15-0-
2301597-0), y Elias SETTON, (beneficio Nro. 15-0-2271478-
0), todas jubilaciones JAAP tramitadas por internet. En la
inspección realizada en la UDAI Mar del Plata, no se
encontró documentación respaldatoria alguna que legitimara
el otorgamiento de estos poderes, ante lo cual es procedió a
la baja de los mismos.-
Respecto de estos dos últimos puntos, la declarante
explicó que a fin de constituirse como apoderado de un
jubilado, trámite necesario para percibir el beneficio en su
nombre, es imprescindible presentar ante la ANSES el
Formulario PS 6.4 “Carta Poder”, firmado por el titular del
beneficio ante funcionario habilitado para certificar tal
circunstancia.-
En los casos en los que aparecían Eduardo
Berchot o María Irene Rodríguez como apoderados, ni
Ministerio Público de la Nación UFISES
este formulario ni ninguna otra documentación original había
sido presentada ante la ANSES.-
- MEDIDAS REALIZADAS POR ESTA UNIDAD FISCAL
Con el objeto de precisar las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que habrían ocurrido los hechos
denunciados, se recibió declaración testimonial a Rita
Navarro, Gerente de Detección de la ANSES, como así
también a quienes participaron de la comisión que constató
las irregularidades en la UDAI Mar del Plata, corroborando
todos ellos los extremos de la presentación efectuada por la
Dra. Rodríguez.-
Asimismo, en el marco de la investigación
preliminar iniciada de conformidad con lo normado por el
Art. 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley
24.946), se dispusieron distintas medidas de prueba a fin de
corroborar mínimamente la materialidad de los hechos
denunciados.-
a) Jubilaciones para autónomos solicitadas a personas
residentes en Israel registrando el domicilio del estudio del
Dr. Eduardo Berchot
En primer término, se compulsó la página en
internet de la ANSES a fin de verificar que requisitos figuran
en la misma para la obtención de la jubilación automática
para autónomos (JAAP). De las constancias obrantes a fs.
90/93 surge que en dicha página, al detallar los requisitos
para acceder a esta prestación, bajo el título “QUEDAN
EXCLUIDOS DE TRAMITAR BAJO ESTA VIA, DEBIENDO
SOLICITAR TURNO EN UDAI, LOS AFILIADOS QUE”: figura
el ítem “residan en el extranjero”; en la misma página se lee:
“RECUERDE QUE PARA TRAMITAR CUALQUIER
PRESTACIÓN SUS DATOS DEBEN ESTAR ACREDITADOS
EN NUESTRAS BASES. La acreditación de datos es un
trámite sencillo que usted puede realizar sin solicitar turno,
en cualquiera de nuestras dependencias, presentando su
Documento Nacional de Identidad”. Respecto de los datos
cargados, expresamente se señala que: “Los datos
informados por Usted revisten carácter de declaración
jurada, debiendo ser cumplimentados sin omitir ni falsear
ningún dato, sujetando a los infractores a las penalidades
previstas en los artículos 172 y 292 del Código Penal de los
delitos de estafa y falsificación de documentos”.-
Al momento de prestar declaración testimonial, (v.
fs. 96/8), la Gerente de Detección de la ANSES explicó que, al
detectarse 40 casos que habían solicitado el CUIL en forma
contemporánea con la solicitud de la jubilación para
autónomos y poseían el mismo domicilio, - H. Irigoyen 1719
de la ciudad de Mar del Plata -, se envió una comisión a la
UDAI Mar del Plata puesto que la acreditación de la
identidad de estas personas, esto es la carga actualizada de
sus datos en el sistema ADP de la ANSES, se había realizado
desde ese centro de atención. El objetivo de la comisión era,
por un lado, observar los Legajos Únicos donde debía
hallarse la documentación respaldatoria correspondiente a
cada uno de estos casos y; por otro, verificar si el domicilio
antes mencionado existía y si allí vivían las personas que lo
habían registrado.-
Asimismo, Rita Navarro indicó que la solicitud de la
jubilación automática para autónomos puros, (JAAP), es un
trámite personal que se realiza a través de la página web de
la ANSES. Para poder ingresar allí sus datos, la persona debe
encontrarse acreditada en la base de datos de la ANSES y
debe, a su vez, haber efectuado los trámites correspondientes
al SICAM, es decir, determinar la deuda que posee ante la
Ministerio Público de la Nación UFISES
AFIP. El solicitante no debe residir en el extranjero,
circunstancia expresamente prohibida por la resolución
625/06 y Circular 70/06 de la Gerencia Previsional de la
ANSES, por lo que su tramitación no correspondería para
argentinos residentes en el exterior, salvo para aquellos que
residan en países con convenio previsional con la Argentina y
que hayan estado afiliados como autónomos al momento de
residir en este país. En cuanto al trámite que se realiza en la
AFIP, la Dra. Navarro indicó que para realizarlo es necesario
obtener la clave fiscal, trámite que también es personal, ya
que se asigna previa exhibición del documento de identidad
por parte del titular. Luego, el interesado ingresa sus datos
en el sistema de la AFIP para la determinación de la deuda
que posee.-
Respecto del trámite a seguir para solicitar la
jubilación para autónomos por una persona que reside en el
extranjero, la declarante manifestó que debe ser realizado
desde una UDAI, acreditando su situación mediante la
presentación de la documentación pertinente debidamente
certificada por el Consulado/Embajada del país donde resida.
Jamás podría una persona que reside en el exterior ingresar
un trámite vía web, ya que sí o sí debe actualizar sus datos en
una UDAI y continuar la gestión a través de la misma. En el
caso de los países que poseen convenio internacional
previsional con la Argentina, el solicitante puede acreditar
años de servicio en nuestro país como también años de
servicio en el país que posee convenio y de este modo llegar a
la cantidad de años de servicio requeridos por cada uno de
los países para la obtención del beneficio.
Por último, la Gerente de Detección indicó que para
percibir los haberes previsionales el titular debe presentarse
con su documento en la entidad bancaria y, si lo hace
mediante apoderado, este debe estar registrado en la ANSES
y presentarse en el banco con su documento y el del
poderdante o, en su defecto, certificado de supervivencia de
aquel. Sin perjuicio de ello, cada tres meses debe presentarse
el titular o el apoderado con certificado de supervivencia
actualizado de aquel.-
A fs. 103/104 se le recibió testimonio a Guillermo
Salgueiro, verificador de la ANSES, quien explicó que
habiéndose constituido en el domicilio de Hipólito Irigoyen
1719 de la ciudad de Mar del Plata, pudo verificar que en el
mismo funcionaba el estudio jurídico de Eduardo Berchot,
abogado que se especializaría en temas previsionales.
Expresó que el mencionado profesional le informó que las
personas a quienes les figuraba ese domicilio en el trámite
para la obtención de la Jubilación para Autónomos residían
en Israel pero figuraba su estudio como domicilio porque él
había realizado los trámites para la obtención de sus
jubilaciones por la web de la ANSES.-
A fs. 105/106 prestó declaración Fernando Adrian
Vives, verificador de la ANSES, quien expresó que en virtud
de una directiva de su superior viajó a la ciudad de Mar del
Plata con el objeto de recabar información sobre los trámites
de jubilaciones de argentinos residentes en el extranjero que
habría realizado Eduardo Berchot a través de la página de
la ANSES. Así fue como tomó conocimiento, por dichos del
nombrado, de que aquel tendría una corresponsalía en Israel
mediante la cual habría contactado a mas de 1000 personas
para la obtención de la jubilación para autónomos
recientemente implementada.-
Atento cuanto surgía de las declaraciones
recibidas, se requirió a la ANES la confección de un informe
detallado de todos los trámites ingresados por Eduardo
Berchot, de aquellos que tuvieran como domicilio aquel
donde funcionaba su estudio jurídico y de los que tuvieran
Ministerio Público de la Nación UFISES
como apoderada a María Irene Rodríguez. A fin de cumplir
el mentado requerimiento, la Gerencia de Control de la
ANSES envió una nueva comisión a la ciudad de Mar del
Plata.-
A fs. 119/132 obra el informe confeccionado por el
Dr. Ezequiel Sánchez Paya, Coordinador del Área Operativos
de Riesgo de la ANSES. En el mismo se indica que se citó a
todos los titulares de las jubilaciones JAAP tramitadas por
internet con el domicilio del estudio jurídico de Eduardo
Berchot, y cuya alta operaba en junio y julio de 2007. Estas
personas no se presentaron a la citación pero sí lo hizo
Eduardo Berchot, quien habría manifestado no contar con
carta poder previsional para representar a los citados ni con
sus documentos originales.-
Habiéndosele recibido declaración testimonial al
Dr. Sánchez Paya, (v. fs. 133/135), el nombrado explicó que
las citaciones a los beneficiarios cuyas altas operaban en
junio y julio del año en curso se realizaron a efectos de que
los mismos acreditasen identidad y residencia en el país,
atento las irregularidades detectadas. Salvo tres casos en que
se presentaron los titulares, por el resto de los citados se
había presentado Eduardo Berchot manifestando que no
era apoderado de los beneficiarios sino que poseía con los
mismos un contrato de locación de servicios. Esos contratos
eran para que Berchot tramitara sus jubilaciones JAAP dado
que los citados se encontraban residiendo en Israel. Por ello,
a efectos de acreditar la carga en el ADP, el abogado había
presentado copia simple de los documentos de identidad ya
que carecía de toda documentación original.-
A fs. 136/145 la Coordinación Operativos de Riesgo
remitió un listado con los datos de los 278 casos detectados
de jubilaciones JAAP tramitadas por internet, cuyo domicilio
correspondía al estudio del Dr. Eduardo Berchot sito en la
calle Hipólito Irigoyen 1719 de la Ciudad de Mar del Plata.
Dentro del listado, se remarcaron los 80 casos de poderes
otorgados a favor de María Irene Rodríguez, su secretaria,
sin documentación de respaldo.-
A fs. 217/224 obra un informe remitido por la
Gerencia de Detección de la ANSES completando los datos
personales de estas 278 personas. En el mismo informe se
indica que todos los casos habían sido suspendidos y estaban
siendo revocados por acto resolutivo. Las cargas de datos de
personas gestionados por Eduardo Berchot ante la UDAI
Mar del Plata, habían sido realizadas sobre presentación de
copias simples de sus documentos y, toda vez que la copia
simple no posee validez en cuanto a la autenticidad de los
datos que ostenta, la Gerencia de Control había entendido
que los beneficios que de ella se derivaron resultaban nulos
de nulidad absoluta, criterio compartido por la Gerencia de
Asuntos Jurídicos de la ANSES.-
Posteriormente, la Gerencia de Asuntos Penales,
Oficios y Sumarios de la ANSES, remitió los expedientes
administrativos Nros. 024-20061991752-751-1; 024-
2302759333-751-1; 024-27031013394-751-1; 024-
27001917957-751-1; 024-23004913884-751-1; 024-
27031605658-751-1; 024-23064859684-751-1; 024-
27036370489-751-1; 024-27052720686-751-1; 024-
20040589636-751-1; 024-20064633253-751-1; 024-
20041536404-751-1; 024-20054512385-751-1; 024-
27035712084-751-1; 024-27034596765-751-1 y 024-
20079656187-751-1 que se acompañan a la presente.-
De las constancias obrantes en estos expedientes
se desprende que los beneficios previsionales a nombre de
Eduardo Neiman, Rosita Moscovich, Gueula Chachamovitz,
Aida Jaitt, Susana Levcovsky, Sara Ostrovsky, Paulina
Nudelman, Rebeca Trajber, Dora Rabin, Max Abel Korilchik,
Ministerio Público de la Nación UFISES
Salomón Naiman, Alberto Zajac, Enrique Guinzburg, Teresa
Kotler, Sofia Raisfeld y Daniel Kurcer, (todos ellos tramitados
por Berchot en las condiciones denunciadas en la presente),
llegaron a ser dados de alta y liquidados durante los períodos
06/2007 y 07/2007 antes de ser dados de baja por la Gerencia
de Asuntos Administrativos de la ANSES, con fecha 20 de
julio de 2007. El informe obrante a fs. 826 da cuenta de que
estos beneficios no fueron pagados.-
Por otra parte, atento la antigüedad de los nros. de
documento de las personas a quienes Berchot les habría
solicitado la jubilación de autónomos vía internet, se intentó
verificar su existencia real como así también su lugar de
residencia actual, a cuyo fin se solicitaron diversos informes
tanto al Registro Nacional de las Personas como a la
Dirección Nacional de Migraciones.-
A fs. 225/263 obran los datos que registran ante el
Registro Nacional de las Personas la mayoría de estas
personas. Al respecto, es dable señalar que las fechas de
nacimiento de los mismos van desde el año 1919 a 1941 y
que, de las 200 personas cuyos datos se informan, sólo una
cuarta parte (48 casos) tienen registrado domicilio en Israel,
mientras que el resto figura residiendo en nuestro país. La
información no se encuentra actualizada, figurando muchos
registros sin fecha de asentamiento o con una antigüedad de
mas de 20 años.-
A fs. 297/323, lucen agregadas las constancias
remitidas por el mismo Registro respecto de los restantes
beneficiarios, aquellos cuyos Nros. de documento eran mas
antiguos (en algunos casos de sólo 5 cifras). De las mismas,
surge que estas personas nacieron entre 1919 y 1938 y que
sólo 4 tienen domicilio registrado en Israel, mientras que las
restantes figuran con residencia en la Argentina.-
Por último, el Registro informó que no pudieron
localizarse datos de Josefa Kogan con matrícula nro.
00.084.041 ni con matrícula 00.061.152.-
Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones
remitió las impresiones de pantalla de los tránsitos hallados
de las 278 personas a quienes Berchot les habría gestionado
la jubilación por internet, de las que surge que sólo 109
registraban algún movimiento migratorio.-
Toda vez que en la mayoría de los casos no figuraba
el destino al que se habían dirigido los mismos, el Área
Archivo y Clasificación de la mencionada Dirección remitió
las Declaraciones Generales de Vuelo, aportadas por las
compañías aéreas, correspondientes al último movimiento
migratorio registrado por cada uno de ellos. En ninguna de
ellas figura como destino Israel (v. constancias obrantes a fs.
563/825).-
b) Carga de datos en el sistema y certificación de
documentación en la UDAI Mar del Plata de la ANSES sin
solicitud de sus titulares ni presentación de la
documentación pertinente
Respecto de esta irregularidad, la Gerente de
Detección de la ANSES explicó que en la UDAI encontraron
que las únicas constancias correspondientes a los primeros
40 casos detectados eran fotocopias simples de DNI sin
certificar y, en algunos casos, las fotocopias eran de
documentos sin foto. Asimismo, la Sra. Navarro hizo saber
que otros trámites acompañados en los mismos Legajos
Únicos, ya sea anteriores o posteriores a cualquiera de estos
casos, sí cumplían con el procedimiento determinado por la
ANSES, encontrándose las fotocopias de documentos
debidamente certificadas. Al respecto, explicó que el Legajo
Ministerio Público de la Nación UFISES
Único se conforma con todas las copias certificadas de los
documentos presentados en una UDAI durante un lapso de
tiempo, generalmente un mes.-
En el informe confeccionado por el Área Operativos
de Riesgo de la ANSES conteniendo los resultados de la
segunda comisión enviada a Mar del Plata, (v. fs. 119/132),
se informa que en la UDAI se detectaron cargas en el ADP
referentes a la identidad de personas realizadas únicamente
sobre constancias de copia simple de documentación
personal; copias de esa documentación agregada en los
legajos únicos sin certificar por autoridad competente de la
UDAI y/o certificada en días inhábiles, y cargas realizadas en
forma atemporal a la certificación o en días y horarios
inusuales.-
Al momento de prestar declaración testimonial, el
Dr. Sánchez Paya, quien formara parte de las dos comisiones
realizadas en la UDAI Mar del Plata, (v. fs. 133/135), explicó
que el legajo único en el que deben reservarse las copias
certificadas de la documentación original exhibida en la UDAI
siempre debe estar foliado. Sin perjuicio de ello, al realizarse
la primer comisión a Mar del Plata se constató la existencia
de mucha documentación sin certificar y de fotocopias de
documentos que carecían de fotografías, que se encontraban
dentro del legajo único respectivo, sueltas y sin foliar.
Durante la segunda comisión, esta documentación quedó
asegurada en el archivo de activos de la UDAI.-
Asimismo, el Dr. Sánchez Paya expresó que la
mayor parte de la documentación aportada por Berchot en
los trámites cuestionados, se encontraba certificada como
copia fiel de su original por el Agente Jonathan Gabriel
Ramos, no obstante lo manifestado por el letrado en cuanto
a que había presentado copias simples porque no contaba
con los originales.-
A fs. 179 obra un informe remitido por la Gerencia
de Control de la ANSES del cual surge que dentro de los
datos cargados en el sistema sin contar con documentación
suficiente de respaldo, se encontraban datos ingresados por
el operador A722749 y confirmados por A405460, desde la
terminal UMTEL301, el día sábado 17/02/2007 a las 20.18hs.
y a las 23.24hs., es decir en día y horario inhábil.-
Del informe obrante a fs. 202 surge que el usuario
A722749 pertenece a Liliana Estela Otin, DNI 11.863.875,
legajo de ANSES Nro. 722749; y el usuario A405460
corresponde a Jonathan Gabriel Ramos, DNI 17.992.716,
legajo de ANSES Nro. 405460.-
Con esta información se requirieron los legajos
personales de dichos empleados los que, en copia certificada,
se remiten adjunto a la presente. Dado que en los mismos no
se hacía mención alguna a los hechos investigados, se
requirió a la ANSES copia del sumario administrativo iniciado
a su respecto.-
Así, se obtuvo copia del Expte. Nro. 024-99-
81091069-7-725 caratulado “Irregularidades en otorgamiento
de beneficios con documentación apócrifa (UDAI Mar del
Plata) S/Actuación”, que corre por cuerda a la I.P. 4693. Si
bien la investigación administrativa no contenía avances
significativos, en tanto ni siquiera se había identificado a los
empleados a quienes pertenecían los usuarios que realizaron
las cargas irregulares, obra en el expediente un informe
realizado por la Gerencia de Prestaciones de la ANSES
especificando las irregularidades encontradas en la UDAI
Mar del Plata.-
En este informe, identificado como Nota GP Nro.
2402/07, (v. fs. 52/59 del Expte. Administrativo mencionado),
se detalla que, al relevar los Legajos Únicos de los meses de
enero, febrero y marzo de 2007, se hallaron: faltantes de
Ministerio Público de la Nación UFISES
documentos que fueron modificados y/o dados de alta en el
sistema; falta de certificación en las copias de documentos
obrantes en los legajos; copias ilegibles de documentos; y
falta de foliatura.-
En cuanto a la carga en el sistema de datos
efectuada desde esa UDAI, se detectaron: acreditaciones y
cargas de registros en ADP en días sábados y domingos, por
ej. 17 y 18 de febrero de 2007; acreditaciones efectuadas en
horarios no habituales, (de 19:29 a 23:25 hs. del 17/2 y de
16:07 a 20:09 hs. del 18/02), por el Legajo Nro. a405.460, en
ese mismo horario surgían también modificaciones realizadas
por el Legajo Nro. a722.749; certificaciones de
documentación realizadas el día domingo 18/02/07 por el
Legajo Nro. a405.460, en la mayoría de los casos las
certificaciones eran de personas con apellidos de origen
israelí. En el mismo informe se señala que los Legajos Únicos
(LUN) verificados se encontraban cerrados y con las actas de
cierre respectivas, firmadas por la Coordinadora de Activos
como “Reemplazante Natural”.-
Según se detalla en el informe, las irregularidades
detectadas motivaron un relevamiento mas exhaustivo,
realizado sobre un universo de casos seleccionado en base al
Nº de Legajo del operador que generó la acreditación,
dirección de mail y de domicilio previsional/particular
ingresado y apellido del titular. Este nuevo análisis permitió
observar que la mayor parte de la documentación irregular
había sido certificada por el mismo agente; que el domicilio
previsional/particular ingresado era Hipólito Irigoyen 1719
de la ciudad de Mar del Plata; que en la mayor parte de los
casos la dirección de mail ingresada era
[email protected] o [email protected]; salvo
en dos casos en que se había utilizado el mail jhony-
[email protected], nombre coincidente con el del agente
que acreditó los datos en el ADP de muchos casos, (Legajo Nº
a405.460 perteneciente a Jonathan Ramos); que había casos
acreditados por Legajos a416.084 y a803.645
correspondientes a titulares que registraban en ADP el mail
[email protected]; que en el listado de ADP
correspondiente al día 7/03/07 se encontraron 25 registros en
los que intervino el operador Legajo Nº a979.049, de los
cuales 20 poseían la dirección de mail
[email protected] o domicilio particular en H.
Irigoyen 1719.-
Del mismo informe, surge que el proceso de
novedades cargadas en el sistema el día 18/02/2007 sobre
Cartas Poder, esto es, altas de apoderados, fueron realizados
por la operadora Liliana Otin (Legajo A722.749), mientras
que las impresiones de pantallas correspondientes a las
mismas fueron firmadas por el agente Jonathan Ramos
(Legajo a405.460).-
Respecto de los repagos procesados día 30/05/2007
cuyo apoderado era Eduardo Berchot, los mismos se
encontraban en poder del Jefe de la UDAI. Al tomar vista de
los mismos, se constató que los certificados de supervivencia
se encontraban vencidos (mas de 60 días corridos desde que
fueron expedidos por la Embajada Argentina en Israel).
Asimismo, se encontraron constancias de autorizaciones para
percibir a nombre de Eduardo Berchot procesadas como
“pariente por consanguinidad o por afinidad”, como así
también fotocopias de documentos de identidad certificados
por agentes de la UDAI, que eran copias de faxes
provenientes de Nazaret. Por último se hacía saber que tanto
el libro de repagos como los recibos se encontraban firmados
por el mencionado letrado.-
Atento cuanto surgía de este informe, se solicitó a
la ANSES que informara a que agentes pertenecían los
Ministerio Público de la Nación UFISES
legajos allí mencionados que habían intervenido en la
certificación de la documentación y/o en la carga de datos en
el sistema. De las constancias obrantes a fs. 331/355 surge
que:
- El Legajo Nro. 405.460 corresponde a Jonathan
Gabriel RAMOS, titular del DNI 17.992.716,
domiciliado en Chaco 1752 de Mar del Plata, quien se
desempeña como Supervisor de Orientación en la UDAI
Mar del Plata de 8 a 16hs.;
- El Legajo Nro. 722.749 corresponde a Liliana Estela
OTIN, titular del DNI 11.863.875, domiciliada en
Arenales 4056 de Mar del Plata, quien se desempeña
como Orientadora en la UDAI Mar del Plata de 8 a
14hs.;
- El Legajo Nro. 416.084 corresponde a Manuela
Victoria PERALTA, titular del DNI 10.505.677,
domiciliada en Falkner 3607 de Mar del Plata, quien se
desempeña como Supervisora de Activos en la UDAI
Mar del Plata de 7 a 15 hs.;
- El Legajo Nro. 803.645, corresponde a Ofelia Teresa
CHENA, titular del DNI 4.833.424, domiciliada en
Falucho 2572 de Mar del Plata, quien se desempeña
como Coordinadora del Área Prestaciones Activas en la
UDAI Mar del Plata de 8 a 16 hs.;
- El Legajo Nro. 979.049 corresponde a David Abel
QUINTANA, titular del DNI 29.593.094, domiciliado en
Republica del Libano 1854 de Mar del Plata, quien se
desempeña como Supervisor de Orientación en la UDAI
Mar del Plata de 7 a 15 hs..-
Por último, corresponde señalar que en los
expedientes administrativos remitidos por la ANSES que se
acompañan a la presente, obran copias certificadas por
Jonathan Gabriel Ramos como “copia fiel del original
tenido a la vista”, de los DNI de Eduardo Neiman y Sara
Ovstrovsky, de las L.E. de Enrique Guinzburg, Alberto Zajac,
Salomón Naiman y Daniel Kurcer, y de las L.C. de Dora
Rabin, Paulina Nudelman, Susana Levcovsky, Aida Jaitt, Sofia
Raisfeld y Teresa Kotler. Documentos que, conforme surge de
las constancias obrantes en autos, nunca habría tenido a la
vista. Estas certificaciones están fechadas el 18 de febrero
de 2007, - domingo -, (v. fs. 1 del Expte. Adm. 024-
200619917521-1, fs. 1 del Expte. Adm. 024-27031605658-
751-1, fs. 1/2 del Expte. Adm. 024-20054512385751-1, fs. 1/2
del Expte. Adm. 024-20079656187-751-1, fs. 1/2 del Expte.
Adm. 024-20041536404-751-1, fs. 5/8 del Expte. Adm. 024-
20064633253-751-1, fs. 1 del Expte. Adm. 024-27052720686-
751-1, fs. 1/2 del Expte. Adm. 024-23064859684-751-1, fs. 1
del Expte. Adm. 024-23004913884-751-1, fs. 1/2 del Expte.
Adm. 024-27001917957-751-1, fs. 1 del Expte. Adm. 024-
27034596765-751-1 y fs. 1 del Expte. Adm. 024-
27035712084-751-1).-
c) Poderes para percibir jubilaciones y pensiones a nombre
de María Irene Rodríguez sin solicitud de sus titulares ni
presentación de la documentación pertinente
Fernando Adrian Vives, verificador de la ANSES
que viajó a la ciudad de Mar del Plata con motivo de las
irregularidades detectadas, expresó que en el estudio jurídico
de Eduardo Berchot se entrevistó con su secretaria, María
Irene Rodríguez, - por cuanto figuraba como apoderada
para percibir las jubilaciones para autónomos de 80 personas
con domicilio registrado en ese lugar -, quien habría negado
tener conocimiento de los mismos.-
Del informe obrante a fs. 119/132, que da cuenta
de la verificación realizada en la UDAI Mar del Plata por la
Ministerio Público de la Nación UFISES
segunda comisión enviada, surge que la información relativa
a estas altas de poderes se cargó en la base de datos del
organismo desde la UDAI Mar del Plata sin contar con
documentación alguna de respaldo.-
A fs. 136/145 la Coordinación Operativos de Riesgo
remitió un listado con los datos de los 278 casos detectados
de jubilaciones JAAP tramitadas por internet cuyo domicilio
correspondía al estudio del Dr. Berchot. Dentro de ese
listado, se remarcaron los 80 casos en que se había otorgado
poder para percibir los beneficios a favor de María Irene
Rodríguez -
d) Poderes para percibir beneficios previsionales a nombre
de Eduardo Berchot sin solicitud de sus titulares ni
presentación de la documentación necesaria
Respecto de esta irregularidad, en el informe
realizado por el Coordinador del Área Operativos de Riesgo
de la ANSES se indicaba que, sin perjuicio de que Eduardo
Berchot figuraba como apoderado autorizado para percibir
los haberes jubilatorios de Sonia Ruth SUJOV, Perla Marta
GRINSPUN, y Elias SETTON, (todos ellos trámites de JAAP
realizados vía internet), en la UDAI Mar del Plata no se había
localizado documentación alguna que respaldara estos
poderes.-
Asimismo, en la UDAI se encontró un pedido de
repago efectuado por Eduardo Berchot, - por el período
abril y el retroactivo -, de esos beneficios y un certificado de
autorización para el cobro de los mismos por parte de dicho
profesional, suscripto por el agente Jonathan Ramos.-
Al momento de prestar declaración testimonial, el
Dr. Sánchez Paya hizo saber que la persona que figuraba
como autoridad certificante de las copias aportadas por
Berchot y, a su vez, como autoridad firmante en los
certificados emitidos por la UDAI para materializar el cobro
de estos tres beneficios, era Jonathan Gabriel Ramos. Este
empleado, conforme lo señalado por el Jefe de la UDAI Mar
del Plata, no se encontraba autorizado a suscribir tales
certificados para materializar los pagos, (v.fs. 133/5).-
Ante ello, se intentó corroborar si las jubilaciones
de Sonia Ruth SUJOV, Perla Marta GRINSPUN, y Elias
SETTON habían sido pagadas. Conforme lo informado por el
Área Operaciones de Riesgo de la ANSES, el período abril
2007 no había sido abonado (v. informe de fs. 164/7).-
Ahora bien, toda vez que de las constancias
remitidas por el Área de Actuaciones Penales a fs. 180/192
surgía que otros períodos de estos beneficios se habían
liquidado normalmente, se consultó respecto de los mismos.
Luego de reiterados requerimientos, el Área Operaciones de
Pago de la ANSES informó que los períodos 05/2007, 06/2007
y 07/2007 de los beneficios Nro. 15-0-2344474-0, a nombre
de Silvia Ruth Sujov, y Nro. 15-0-2301597-0, a nombre de
Perla Marta Grinspun; y los períodos 05/2007 y 06/2007 del
beneficio Nro. 15-0-2271478-0, a nombre de Elias Setton
habían sido pagados. A fs. 831/840 obran las copias
certificadas de los comprobantes de pago correspondientes
remitidas por el Banco Columbia S.A., de las que surge que
los períodos detallados fueron percibidos por Eduardo
Berchot, en su carácter de apoderado, en la Sucursal Mar
del Plata de la mencionada entidad bancaria.-
En síntesis, todo lo expuesto permite concluir que
se tramitaron beneficios JAAP por internet, a titulares
residentes en el extranjero (situación expresamente vedada
por la ANSES conforme Res D.E.N. 625/06 y Circular GP Nro.
70/06), cuya carga de datos personales en la base del
Ministerio Público de la Nación UFISES
organismo fue realizada por agentes de la ANSES desde la
UDAI Mar del Plata, teniendo como único sustento, en el
mejor de los casos, fotocopia simple de los documentos de
identidad respectivos.-
La tramitación de estos beneficios habría sido
realizada por Eduardo Berchot, quien habría procurado
obtener en forma improcedente el alta de jubilaciones JAAP
para personas que no se encontraban en condiciones de
acceder a las mismas por encontrarse residiendo en el
exterior. Asimismo, y para poder llevar a cabo este accionar,
fue necesario que personal de la UDAI Mar del Plata cargara
información en la base de datos de la ANSES denominada
ADP (Administrador de Personas), tomando como “auténtica”
y con fecha anterior a la supuesta presentación,
documentación en copia simple de dudosa procedencia, sin
contar jamás con los originales de las mismas.-
Toda vez que de los hechos narrados
precedentemente se desprenden elementos de entidad
suficiente que permiten sospechar la comisión de hechos
ilícitos susceptibles de persecución penal, he de remitir la
presente denuncia junto con la Investigación Preliminar Nro.
4693 que le dio origen, al Juzgado que por turno y
jurisdicción corresponda para su inmediata tramitación.-
IV. EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA JUBILACIÓN PARA
AUTONOMOS
A efectos de comprender cabalmente los hechos
investigados en la I.P. 4693 y determinar eventuales
responsabilidades resulta necesario explicitar la metodología
de esta Jubilación Automática para Autónomos Puros
( JAAP).-
Ello surge claramente del Dictamen Nro. 35.520
emitido por la Gerencia de Asesoramiento de la ANSES al
expedirse sobre los proyectos de resolución para dar de baja
aquellos beneficios ya liquidados, (v. fs. 16/24 del Expte.
Adm. Nro. 024-23027593313-751-1 que se remite junto a la
presente). Como se señala en el mentado dictamen, el Art. 1
de la ley 24.241 instituye con alcance nacional el Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, (SIJP), para cubrir las
contingencias de vejez, invalidez y muerte. Dicha norma es
de aplicación en todo el territorio nacional y puede surtir
efectos fuera del país cuando se aplican convenios
internacionales en materia de seguridad social. Según lo
establecido en su Art. 2, es necesario haberse desempeñado
en el país, ya sea como trabajador en relación de
dependencia o como autónomo, a los fines de la obtención de
los beneficios jubilatorios. Si bien quedan comprendidos los
ciudadanos de aquellos países que hayan celebrado
convenios de reciprocidad, dicha inclusión se supedita a que
los mismos cumplan con el requisito de haberse
desempeñado en el país.-
Asimismo, según lo establecido en la Ley 24.994,
sus complementarias y modificatorias, y en el plan de
regularización de deuda previsto en la Ley 24.476, los
procedimientos allí regulados forman parte del SIJP, por lo
que sólo pueden ser invocados por quienes hayan trabajado
en la Argentina.-
Estas facilidades en el pago de los aportes faltantes
se sancionaron para posibilitar el acceso a la jubilación de
quienes fueron victimas de practicas laborales desfavorables,
como las desarrolladas al amparo de normas de
flexibilización laboral o como consecuencia del trabajo
informal y la evasión, circunstancias que les impedían
Ministerio Público de la Nación UFISES
obtener un beneficio jubilatorio por falta de aportes
registrados.-
Mediante la Resolución D.E. Nro. 625/06 de la
ANSES se aprobó un procedimiento de Jubilación Automática
para Trabajadores Autónomos, (JAAP), con el objeto de
obtener la gestión y otorgamiento de una jubilación con la
sola consideración de los servicios autónomos prestados y a
través de la página web de la Administración. Esta resolución
alcanza al universo de personas que hayan prestado la
totalidad de los servicios en calidad de trabajadores
autónomos/monotributistas con excepción de aquellos que
estén incluidos en convenios de corresponsabilidad o residan
en el extranjero.-
Ello, en razón que en estos dos supuestos se debe
acreditar fehacientemente el requisito de afiliación y/o
trabajo en relación de dependencia durante el lapso que se
consigne en el plan de regularización de deuda previsto en
las leyes 25.994 o 24.476. Estas probanzas deben ser
acompañadas por los peticionantes mediante la apertura del
expediente administrativo respectivo, debiendo, en caso de
no hallarse en el país, nombrar un representante para
efectuar las diligencias ante AFIP a los fines de solicitar la
deuda del SICAM, optar por el plan de facilidades
correspondientes y realizar el pago de la primera cuota (ver
GP 70/06 referida a los Convenios Internacionales). Luego, el
trámite continúa en forma personal ante un funcionario de la
ANSES, acreditando los requisitos exigidos como así también
que se está residiendo en un país con convenio previsional,
(mediante presentación del formulario Nº PS6.283, “DDJJ de
Residentes en Países Ligados con la República Argentina
mediante los Convenios Internacionales de Seg. Social
Vigentes”, certificado por el Organismo de Enlace de cada
Estado contratante).-
Conforme surge del dictamen ya señalado, estos
planes de regularización de deuda previsional y la posibilidad
de afectar parte del beneficio que se percibe al pago de la
misma, (previo pago de la primera cuota por el interesado),
previstos por las leyes 25.994 y 24.476, conforman una
liberalidad, de carácter excepcional, reconocida a favor de
los trabajadores argentinos por los avatares políticos y
económicos que atravesó el país que les impidieron efectuar
los aportes temporales de sus trabajos, circunstancia que les
imposibilitaba la obtención de una jubilación.-
Estas facilidades se encuentran destinadas a
quienes, por ser victimas de la evasión o del trabajo informal
no pudieron acceder a ningún beneficio previsional, no a
beneficiar a quienes residen en otros países con los que no
existe acuerdo bilateral por lo que es imposible conocer su
situación económica y previsional. Esta jubilación se
implementó exclusivamente para autónomos puros carentes
de cualquier beneficio previsional, circunstancia que no
puede ser corroborada cuando la persona reside en el
exterior ya que, además de no estar aportando como
autónomo, podría estar trabajando o incluso jubilado en el
país de residencia.-
El dictamen en análisis concluye que, extender
estos procedimientos a todos los argentinos que viven en el
exterior, en este caso Israel, sin que los mismos acrediten el
haber residido en el país durante el período denunciado en el
plan de regularización de deuda y realizado el pago
correspondiente, importaría el colapso financiero del sistema
jubilatorio y la desnaturalización de los fines de las normas
citadas.-
Las jubilaciones que habían sido otorgadas fueron
revocadas atento que sus titulares no habían acreditado el
derecho a percibirlas, aún mas, no las habían solicitado,
Ministerio Público de la Nación UFISES
puesto que Eduardo Berchot no acreditaba representación
para ello. Peor aún, ni siquiera se encontraba acreditada la
identidad de estas personas por cuanto nunca se presentaron
las mismas ni sus documentos originales ante la ANSES.-
V. CALIFICACIÓN LEGAL. VALORACIÓN DE
LOS HECHOS.
En principio, las conductas descriptas se
encuentran “prima facie” incursas en los delitos previstos y
reprimidos por los Arts. 174 inc. 5 y 248 del C.P; sin perjuicio
de que, del devenir de la investigación, resulten elementos
probatorios que impliquen un cambio de calificación legal o
determinen la participación o autoría de personas distintas
de las aquí mencionadas.-
V.- a) Eduardo Berchot: el nombrado habría sido
el encargado de tramitar las 248 jubilaciones para autónomos
de personas que, por encontrarse residiendo en el exterior,
no cumplían los requisitos para ello. Según las constancias
obrantes en autos, el objetivo perseguido por el letrado era,
una vez obtenidas las altas respectivas, proceder al cobro de
estos beneficios en nombre de sus titulares.-
Si bien este tipo de jubilación para autónomos se
tramita vía internet, lo cierto es que para ello resulta
requisito indispensable, entre otros, que los datos personales
de los titulares se encuentren cargados y actualizados en la
base de datos denominada ADP (Administrador de Personas)
de la ANSES. Para ello, Berchot habría contado con la
participación de agentes de dicha Administración que, sin
contar con la presencia de quienes solicitaban la
actualización de sus datos en el sistema ni con los
documentos originales de los mismos, procedieron a la carga
de sus datos personales en el sistema.-
Una vez obtenida la carga de los datos personales
de los beneficiarios en el sistema, Berchot habría procedido
a solicitar la alta de estos beneficios previsionales vía
internet, sin poder desconocer, por cuanto figuraba
expresamente en el formulario donde se cargaron los datos,
que esta vía no podía ser utilizada para residentes en el
exterior. A fin de que esta circunstancia no llegara a ser
conocida por la Administración y, a su vez, conocer cualquier
novedad sobre estos trámites, Berchot habría ingresado la
casilla de correo electrónico de su estudio jurídico como
dirección de e-mail y el domicilio del mismo como el de
residencia de los solicitantes. Ello, sin perjuicio de que en la
página en cuestión expresamente se aclaraba que el domicilio
a ingresar debía ser el de residencia y que el formulario a
completar revestía el carácter de declaración jurada. -
Al procurar obtener beneficios jubilatorios sin
acreditar los requisitos para ello, se perjudican los derechos
de quienes sustentaron y sustentan mediante su aporte el
sistema previsional. Por ende, al utilizar en forma ilegítima la
pagina web de la ANSES para la tramitación de Jubilaciones
Automáticas para Autónomos Puros a favor de quienes no
residen en el país ni tienen una afiliación previa que acredite
su identidad, se atenta contra todo el sistema previsional
nacional.-
Eduardo Berchot habría aprovechado el
procedimiento expeditivo de la página web para efectuar
estas solicitudes, hecho expresamente prohibido por la
normativa aplicable. Con este accionar, se pretendía que la
ANSES otorgara los beneficios mediante un sistema
implementado únicamente para residentes en el país, sin
controlar que se cumplieran los requisitos para la obtención
Ministerio Público de la Nación UFISES
de los mismos. En este sentido, es dable señalar que el Art.
13 de la Ley 24.241 establece que los afiliados autónomos
tienen la obligación de suministrar todo informe referente a
su situación frente a las leyes de previsión y exhibir los
comprobantes y justificativos que la autoridad de aplicación
les requiera en el ejercicio de sus atribuciones. Con su
proceder, Berchot intentó eludir los controles establecidos
por la ley para los argentinos residentes en el exterior.-
Asimismo, al registrar como único domicilio el de
su estudio jurídico, el domicilio de pago de estos beneficios
sería en una entidad bancaria cercana al mismo, situación
por demás irregular ya que, en caso de residir en el exterior,
se debe solicitar la correspondiente autorización para
percibir haberes en el extranjero, conforme lo establecido por
la ley 19.961.-
Todo lo expuesto me lleva a concluir que Eduardo
Berchot habría perseguido un desprendimiento de fondos
indebidos por parte del Estado Nacional mediante la alta de
beneficios previsionales en forma irregular, lo que constituye
una defraudación agravada por ser en perjuicio de la
Administración Pública Nacional, tipo penal previsto y
reprimido por el Art. 174, inc. 5to, del Código Penal.-
Así, establece el mencionado artículo: “Sufrirá
prisión de dos a seis años: ...inc. 5, El que cometiere fraude
en perjuicio de alguna administración pública.-
Ahora bien, no obstante la figura en análisis es la
de “fraude a la administración pública”, para analizar los
elementos básicos de la misma es necesario remitirse a la
estafa a fin de proceder a un adecuado encuadramiento
legal.-
La estafa puede describirse, en general, como el
hecho por medio del cual una persona toma, a raíz de un
error provocado por la acción del agente, una disposición
patrimonial perjudicial, que dicho agente pretende convertir
en beneficio propio o de un tercero. Esta disposición
patrimonial es realizada como consecuencia del despliegue
engañoso desplegado por el sujeto activo que induce al error
del sujeto pasivo.-
Eduardo Berchot desplegó la conducta descripta
al gestionar el ingreso de datos en forma irregular en el
sistema de ANSES y luego cargar información falsa en la
página en internet de la mencionada Administración, con el
objeto de obtener altas de beneficios previsionales para
personas que no cumplirían los requisitos para ello,
afectando de esta forma el erario público.-
El delito de defraudación se consuma cuando el
sujeto pasivo realiza la disposición patrimonial perjudicial,
sin que interese que ella se transforme en beneficio para el
autor o para un tercero. En los casos investigados resta
constatar si los beneficios llegaron a ser percibidos por
Eduardo Berchot o su maniobra quedó inconclusa por la
temprana detección del organismo de control, quedando la
defraudación en grado de tentativa.-
Este emplazamiento patrimonial que Berchot logró
o intentó lograr, constituye el primer elemento de la
defraudación- el perjuicio-, o sea el ataque real al patrimonio
público.-
Asimismo se encuentran acreditados el ardid o
engaño, -dolo- del nombrado, caracterizados tanto por la
incorporación de datos falsos en las declaraciones juradas
enviadas para solicitar los beneficios como así también por la
obtención de la carga en el sistema de ANSES, en forma
irregular, de los datos necesarios para que estas solicitudes
fueran procesadas.-
Al respecto, es pertinente señalar la jurisprudencia
de la Sala IV de la C.N.C.P., en cuanto a que “El tipo
Ministerio Público de la Nación UFISES
defraudatorio previsto en el Art. 174, inc. 5ª del C.P.
constituye un fraude agravado por la calidad del ofendido en
razón de la titularidad del bien que es objeto del delito,
comparte los requisitos del tipo base del art. 172 del C.P. y
requiere, entre otras cosas, que exista una relación causal
entre el error de la victima y la disposición patrimonial
perjudicial. Es decir que es el error en que incurre la víctima
a raíz de la conducta del agente, el que tiene que determinar
la disposición patrimonial de aquella” (voto de la Dra. Berraz
de Vidal en autos: “Domínguez, Juan David S/Recurso de
Casación”).-
En el caso en análisis, la relación de causalidad
entre el error de la ANSES y la disposición patrimonial
perjudicial, - alta de los beneficios previsionales solicitados y
posterior pago de los mismos -, se encuentra probada. Ello
por cuanto fueron la carga irregular de los datos de los
titulares en el sistema de la ANSES y la falsedad de los datos
obrantes en las declaraciones juradas enviadas por Berchot
para solicitar los mismos, los que hicieron incurrir al Estado
en un error que se tradujo en la tramitación de los beneficios
solicitados.-
V.- b) María Irene RODRÍGUEZ: la nombrada,
secretaria de Eduardo Berchot, figuraba como apoderada
de 80 de las jubilaciones tramitadas por aquel,
encontrándose autorizada a percibir, en tal carácter, los
beneficios en cuestión, sin que obrase en la UDAI
documentación alguna de respaldo.-
La situación precedentemente descripta me lleva a
afirmar que, en principio, correspondería imputar a María
Irene Rodríguez el delito de fraude en perjuicio de la
administración publica en carácter de partícipe necesario de
Eduardo Berchot. Ello, por cuanto al encontrarse
autorizada para percibir los beneficios gestionados por
aquel, su colaboración resultaba imprescindible para lograr
el desapoderamiento ilícito perseguido por el nombrado.-
A fin de verificar si la imputación debería realizarse
por el delito consumado o en grado de tentativa, sería
necesario contar con un informe de la ANSES que determine
claramente si los beneficios fueron percibidos o dados de
baja antes de estar disponibles para su cobro. En este
sentido, también habría que considerar que, conforme las
constancias obrantes en autos, los titulares de los mismos
podrían desconocer la existencia de estos beneficios a su
nombre como así también que Rodríguez fuese su
apoderada, ya que en la UDAI no se localizó constancia
alguna que acreditase estos extremos.-
V.- c) Por otra parte, corresponde analizar las
conductas desplegadas por Jonathan Gabriel RAMOS,
Liliana Estela OTIN, Manuela Victoria PERALTA, Ofelia
Teresa CHENA y David Abel QUINTANA, agentes de la
ANSES que posibilitaron las maniobras llevadas a cabo por
Eduardo Berchot y María Irene RODRÍGUEZ.-
Estos dependientes de la UDAI Mar del Plata
cargaron datos en el sistema de la Administración, emitieron
poderes para percibir jubilaciones y certificaron copias de
documentación sin contar con la documentación original ni la
solicitud de sus titulares.-
Mas allá de la subsunción típica que recibirán las
conductas presuntamente ilícitas realizadas, no puede dejar
de tenerse presente la particular condición personal de sus
autores, - en su calidad de funcionarios de la ANSES – que los
pone en un lugar especial en cuanto a sus responsabilidades
por la intervención en los hechos investigados.-
Ministerio Público de la Nación UFISES
Respecto de la defraudación imputada a Eduardo
Berchot y María Irene Rodríguez, los agentes de ANSES
intervinientes revisten el carácter de participes necesarios
por cuanto, - no obstante conocer la obligatoriedad de contar
con la documentación original y la solicitud del beneficiario
para ingresar o modificar información en el sistema de la
ANSES -, procedieron a la carga de los datos personales
requeridos por los nombrados en forma irregular,
posibilitando de esta forma la prosecución de los trámites por
internet.-
Estos funcionarios de la ANSES y, como tales, con
conocimiento de los requisitos para obtener las jubilaciones
denominadas JAAP, dolosamente avalaron la carga de datos
en el sistema de personas que no cumplían los requisitos
para acceder a las mismas, posibilitando este
desapoderamiento ilegítimo de fondos del estado nacional.-
Los nombrados abusaron de su calidad de
funcionarios públicos y con su accionar, (ingresando datos,
certificando documentación y dando altas de poderes),
posibilitaron una defraudación a la administración pública
que no podría haberse intentado sin su intervención.-
Por lo expuesto, entiendo que el accionar de
Jonathan Gabriel RAMOS; Liliana Estela OTIN; Manuela
Victoria PERALTA; Ofelia Teresa CHENA y David Abel
QUINTANA, encuadra en la figura prevista y reprimida por
el Art. 174 inc. 5 del Código Penal ya analizada, en calidad de
partícipes necesarios de Eduardo Berchot, ya que su
cooperación en la ejecución de los hechos fue
imprescindible.-
Asimismo, entiendo que con su accionar los
nombrados también habrían incurrido en la figura prevista y
reprimida por el Art. 248 del Código Penal, pues como
funcionarios omitieron cumplir manifiestamente los deberes a
su cargo, facilitando la comisión de los ilícitos denunciados
en la presente.-
Al llevar a cabo las conductas precedentemente
detalladas, omitieron aplicar, en ejercicio de una función que
jurídicamente les era propia, la reglamentación pertinente,
omisión que por sí, resulta suficiente para lesionar el orden
administrativo. “La conducta que penalmente se reprocha
importa no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumbe al
funcionario, prescindiendo de ella, no actuarla en la realidad,
como si no existiera. En el tipo, quedan comprendidas las
reglamentaciones de la ley en sentido formal que contienen
la delimitación de la competencia del funcionario (formal y
materialmente considerada) es decir, que determinan lo que
el funcionario debe o puede hacer de acuerdo con la
Constitución y con la Ley, actuando en función propia, en una
función que jurídicamente le es propia (“Delitos contra la
administración pública”, Carlos Creus, Editorial Astrea, 1981,
paginas 194 y 195).-
La figura prevista en el Art. 248 del C.P se
concreta “cuando la actividad del funcionario, si bien se
apoya en una facultad concedida por la ley, en el caso
concreto se la ejerce arbitrariamente, por no darse los
supuestos de hecho requeridos para su ejercicio[...]”.
Asimismo, su modalidad omisiva consiste en “[...] la decisión
de no ejecutar la ley, es decir, de no aplicarla, prescindir de
ella, no actuarla en la realidad, como si no existiera [...].”
(Carlos Creus, obra ya citada, paginas 189 y 192).-
En este sentido, la Cámara Nac. de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, ha dicho
que “... El abuso de autoridad presenta la doble forma del
ejercicio de una facultad que se sabe inexistente como tal, y
la del ejercicio de una facultad existente en condiciones
conocidamente falsas ejerciéndose un poder que se sabe
Ministerio Público de la Nación UFISES
ilegal.” (Sala 01 -Cortelezzi Arslanian- González Del Solar,
Julio S/ Abuso De Autoridad, 29/2/88).-
VI. COMPETENCIA
De lo expuesto en los acápites que anteceden se
advierte rápidamente el compromiso de intereses nacionales
que fundan la competencia de la Justicia Federal y, a su vez,
que todos los hechos descriptos conforman en conjunto una
misma maniobra, por lo que no corresponde escindir las
conductas cometidas por unos y otros.-
En efecto, las sumas de dinero que se designan
para abonar las jubilaciones de autónomos investigadas en la
presente, son fondos del Estado Nacional y por consiguiente,
su utilización de un modo distinto a lo establecido por la ley
configura una defraudación al erario público. Sobre el
particular debe tenerse presente que el dinero que no se
paga a los beneficiarios debe devolverse, inmediatamente, a
la administración nacional.-
En virtud de las consideraciones que anteceden,
entiende el suscripto que en el presente caso corresponde
dar intervención a la Justicia Federal, en razón de la materia.-
Respecto de la competencia en razón del territorio,
teniendo en cuenta el lugar donde ocurrieron los hechos que
se denuncian y, conforme lo establecido por el Art. 37 del
CPPN, considero que debe darse intervención al Juzgado
Federal de Mar del Plata, Provincia de Bs.As., que por turno
corresponda.-
VII. PRUEBA
Sin perjuicio de las diligencias de investigación que habrán
de sugerirse en el pertinente requerimiento de instrucción
(Art. 188 inc. 3ro del C.P.P.N) y de las que el Tribunal estime
necesarias, sugiero la realización de las siguientes:
1) Se agregue la Investigación Preliminar Nro.
4693 que se acompaña a la presente denuncia a
los autos principales y se reserve la
documentación acompañada.-
2) Se requiera a la ANSES que aporte la totalidad
de la documentación obrante tanto en la
Gerencia de Detección como en la UDAI Mar del
Plata que guarda relación con las presentes
actuaciones.-
3) Se solicite a la AFIP que informe si las personas
cuya jubilación solicitara Eduardo Berchot
figuran registrados como autónomos, si se
inscribieron en los planes de facilidades de pago
establecidos por la leyes Nro. 25.994 y 24.476 y
realizaron los pagos correspondientes, debiendo
remitir toda la documentación relacionada con
los mismos.-
4) Se requiera a Cancillería que, mediante la
Sección Consular de la Embajada Argentina en
Israel, verifique si las personas a quienes
Eduardo Berchot les solicitó la jubilación para
autónomos, efectivamente están vivas y
residiendo en ese país, en cuyo caso se les
consulte si fueron contactados por Eduardo
Berchot y en que términos.-
5) Se solicite a Cancillería que, en caso de que los
80 titulares de los beneficios respecto de los que
María Irene Rodríguez figuraba como apoderada
se encuentren residiendo en Israel, se los cite a
fin de constatar si conocían la existencia del
Ministerio Público de la Nación UFISES
beneficio y que la nombrada era su apoderada
ante la ANSES.-
6) Asimismo, se requiera a Cancillería que informe
si las firmas y sellos obrantes en los certificados
de supervivencia que en copia obran a fs. 1 de
los expedientes administrativos Nros. 024-
20064633253-751-1, 024-20040589636-751-1,
024-27036370489-751-1, 024-23027593313-751-
1 que se acompañan a la presente son
auténticos. En su caso, se informe si Luis
Alejandro Levit se encontraba facultado para
emitir estos certificados y si se cumplieron los
requisitos establecidos para su otorgamiento.-
7) Se requiera a la Gerencia de Asuntos Jurídicos
de la ANSES que informe si, además de los 16
beneficios cuyos expedientes administrativos se
adjuntan a la presente, otros de los 278 casos
investigados en la I.P. 4693 llegaron a estar
disponibles para el cobro con anterioridad a su
baja. En tal caso, informen períodos liquidados y
entidad bancaria encargada del pago de los
mismos.-
8) Se requiera a la Gerencia de Detección de la
ANSES que verifique si, con anterioridad o con
posterioridad a las altas registradas durante
junio, julio y agosto de 2007, existen otros casos
similares a los 278 investigados en la I.P. 4693.-
9) Se solicite a la Gerencia de Sistemas y
Telecomunicaciones de la ANSES que informe
los datos del/los operadores que cargaron en el
sistema las altas de los poderes para percibir
jubilaciones y/o pensiones investigados, a
nombre de Eduardo Berchot y de María Irene
Rodríguez, desde la UDAI Mar del Plata.-
10) Se requiera a las empresas de internet
correspondientes que informen los datos
registrados por los titulares de las casillas de
correo [email protected],
[email protected] y jhony-
11) Se requiera al Banco Columbia S.A. que remita
los comprobantes originales de pago de los
beneficios previsionales a nombre de Silvia Ruth
Sujov, Perla Marta Grinspun y Elias Setton que
en copia lucen a fs. 831/840 de la I.P. 4693.-
12) Se cite a Silvia Ruth Sujov, Perla Marta
Grinspun y Elias Setton a fin de verificar si los
mismos cumplen los requisitos para acceder a
los beneficios en cuestión, si designaron a
Eduardo Berchot como su apoderado y si
recibieron los pagos percibidos por aquel.-
13) Se disponga el allanamiento del domicilio sito
en la calle Hipólito Irigoyen 1719 de la ciudad
de Mar del Plata, Prov. de Bs.As., - donde
funcionaría el estudio jurídico de Eduardo
Berchot -, a fin de proceder al secuestro de toda
la documentación obrante en el mismo que
guarde relación con los hechos denunciados en
la presente.-
14) Por último, conformado el estado de sospecha
suficiente sobre la comisión de los hechos
denunciados por parte de Eduardo BERCHOT,
María Irene RODRIGUEZ, Jonathan Gabriel
RAMOS, Liliana Estela OTIN, Manuela
Victoria PERALTA, Ofelia Teresa CHENA, y
Ministerio Público de la Nación UFISES
David Abel QUINTANA, se los cite a prestar
declaración indagatoria (art. 294 del CPPN). Al
respecto, entiendo que sería de utilidad para la
presente investigación que, al momento de
prestar declaración indagatoria, tanto los
funcionarios de ANSES que certificaron copias
como los apoderados que percibieron beneficios,
sean invitados a formar un cuerpo de escritura
para ser tenido como indubitable, en caso de ser
necesaria una pericia caligráfica para constatar
la autoría de las firmas insertas en las
certificaciones y en los recibos de pago
respectivos.-
15) Toda otra medida que V.S. estime pertinente
para el esclarecimiento de los hechos que aquí
se denuncian.-
VIII. PETITORIO :
Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:
- Se tenga por formulada la presente denuncia.-
- Se tenga presente la prueba aportada.-
- Se corra vista al Sr. Agente Fiscal a fin de que
formule requerimiento de instrucción de acuerdo a lo reglado
por el Art. 180 del C.P.P.N. y se ordenen las medidas
probatorias que estime necesarias, a fin de acreditar la
responsabilidad penal de los autores y partícipes, en su caso,
por los hechos denunciados.-
Proveer de
conformidad
SERA
JUSTICIA