brunero sofia - ponencia v jamyblar 2014

V Jornadas de Archivos, Museos y Bibliotecas en La Rioja (JAMyBLaR 2014)

La (in)visibilidad del Archivo en las polticas de gestin cultural. Anlisis normativo.

Lic. Sofia Y. Brunero [email protected]

Universidad Nacional de La Rioja Departamento Humanidades

Tecnicatura Universitaria en Administracin de Documentos y Archivos Eje Central: Archivos, Bibliotecas y Museos: unidades de informacin para fomento del turismo cultural Eje Particular: Los Archivos como unidades de inters social, econmico y cultural: perspectivas distintas y complementarias.

Resumen

En el presente trabajo se desarrolla el concepto de Archivo como unidad de

inters econmico, social y cultural en relacin con la significacin de la gestin

cultural hoy da, con el objetivo general de demostrar el valor que tienen las

instituciones archivsticas como entidades participativas de las polticas pblicas

orientadas al desarrollo cultural de una comunidad y la difusin de la informacin.

Como fuentes de anlisis para el estudio realizado, en el proceso de corroborar la

hiptesis general que sostiene que los Archivos hoy da no se encuentran lo

suficientemente contemplados en la legislacin cultural de Argentina, se utilizaron

las principales leyes nacionales y provinciales relacionadas con la implementacin

de la gestin cultural en las respectivas jurisdicciones. El texto de la normativa fue

obtenido a partir del Sistema de Informacin Cultural de Argentina (SInCA)

desarrollado a partir del ao 2007 y vigente en la actualidad.

Palabras Clave: derecho a la informacin, poltica archivstica, patrimonio cultural.

Introduccin

El desarrollo de los Archivos en la sociedad en que se encuentran, se halla

determinado por la existencia, o no, de una poltica de pblica archivstica,

definindola como el conjunto de de premisas, decisiones y acciones que

consideran los diversos aspectos administrativo, legal, cientfico, cultural,

tecnolgico, etc. relativos a la produccin, el uso y la preservacin de la

informacin archivstica de naturaleza pblica y privada (Brunero & Daz Mariano,

2014). El principal instrumento para la concrecin de las polticas pblicas,

cualquiera sea su naturaleza, est constituido por el bagaje de disposiciones

normativas que institucionalizan y oficializan las decisiones inherentes al objeto que

tratan. Por lo tanto, es vital como profesionales de las ciencias de la informacin

que conozcamos, analicemos y participemos en la puesta en prctica y elaboracin

de este tipo de normativas, ms all del mbito en que desarrollemos nuestra

actividad. Es por ello que en el presente trabajo se expone un anlisis normativo

referido en forma especfica a los Archivos, en tanto unidades de inters

econmico, social y cultural, efectivos o potenciales, en el mbito de la legislacin

provincial y nacional de la Repblica Argentina.

Para proceder al estudio planteado, se utilizaron las fuentes normativas que

proporciona el compendio de legislacin referida a la cultura en la Argentina del

denominado SInCA: Sistema de Informacin de la Cultura Argentina. Presentado

oficialmente el 15 de diciembre de 2006 a travs de la direccin

www.cultura.gov.ar/sinca, el SInCA puso en prctica una de las recomendaciones

principales del 1 Congreso Argentino de Cultura, realizado en Mar del Plata entre

el 26 y 28 de agosto del mismo ao: el compromiso federal de "propiciar la

construccin de un Sistema Nacional de Informacin Cultural que recopile,

sistematice y difunda datos cualitativos y cuantitativos sobre la cultura argentina.

Luego de la Resolucin del Ministerio de Cultura de la Nacin del ao 2007, que lo

aprueba y establece institucionalmente, el SInCA cuenta con su propio espacio

Web en la direccin: http://sinca.cultura.gov.ar/1 El espacio est formado por cuatro

reas de trabajo: Mapa Cultural de la Argentina, Estadsticas Culturales, Gestin

Pblica en Cultura, y Centro de Documentacin, siendo estos ltimos dos espacios

los que se emplearon especficamente en el desarrollo de la presente ponencia.

Brindan bases de datos sobre aspectos de la cultura argentina 27 organismos

pblicos, privados y del tercer sector, entre ellos la AFIP (Administracin Federal de

Ingresos Pblicos), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el

COMFER (Comit Federal de Radiodifusin), la Direccin Nacional de Patrimonio y

1 La sede fsica del SInCA se encuentra en Monserrat Alsina 1169, 2do. Piso [C1088AAD] Ciudad

Autnoma de Bs. As., Buenos Aires, Argentina.

Museos, la CONABIP (Comisin Nacional de Bibliotecas Populares), la CAL

(Cmara Argentina del Libro), el IVC (Instituto Verificador de Circulaciones), CAPIF

(Cmara Argentina de Productores de la Industria Fonogrfica), SADAIC y

Argentares, entre otros (Calagno & Lerman, 2007, p. 107). Si bien tambin

colaboran a la base de datos los organismos institucionales abocados a la cultura y

al patrimonio de las distintas provincias de la Repblica Argentina, llama

poderosamente la atencin la ausencia de la participacin del Archivo General de

la Nacin Argentina (AGN).

Sin embargo, en el sondeo preliminar de los programas especficos

contemplados en el Directorio Federal de Programas culturales, se hall un alto

porcentaje de proyectos propuestos y avalados por instituciones archivsticas

provinciales, dentro de las temticas conmemoracin / memoria; derechos y

patrimonio material2. De all surge la problemtica identificada y analizada en el

presente estudio: cmo afecta el desarrollo de las instituciones archivsticas las

ideas de cultura, turismo cultural y gestin cultural que hoy da adoptan las

normativas de las polticas pblicas nacionales y provinciales de Argentina? El

concepto de cultura que se tiene hoy da es excluyente o incluyente de los

archivos? Corresponde aclarar que ambos interrogantes se realizan especialmente

sobre la figura del Archivo de tercera edad, General o Histrico, como aquel al que

se han de transferir desde el Archivo Intermedio la documentacin que deba

conservarse permanentemente, por no haber sido objeto de dictamen de

eliminacin (Matropierro, 2008, p. 34)

As, en un panorama donde se observa la participacin activa y prctica de

las instituciones archivsticas provinciales dentro de las polticas pblicas culturales,

se plantea la hiptesis general que enuncia que la ausencia, escasez de la

presencia del trmino patrimonio documental en la normativa argentina, priva en

parte a los archivos de su significado y explotacin como unidades de inters

econmico, social y cultural; dado que las instituciones netamente archivsticas se

2 Dentro de los 58 programas que conforman el Directorio, son destacados para mencionar al

respecto: el Programa provincial de becas y pasantas provinciales de Chubut, que contempla la capacitacin del personal que trabaja en Archivos, Bibliotecas y Museos; el Programa de actividades de extensin del Archivo Histrico de la Provincia de Buenos Aires; el Programa de Catalogacin, Clasificacin y Sistematizacin de Documentos de Neuqun; y el Programa Los pueblos cuentan su historia: hacia el recupero de la memoria colectiva, de Santiago del Estero. Para un listado completo de los programas culturales que forman parte del Directorio Federal, relacionados a conmemoracin y memoria, acceder a: http://sinca.cultura.gov.ar/sic/gestion/directoriofederal/results.php (consultado el 17 mayo, 2014)

ven forzadas a adaptarse a normativas elaboradas en base a conceptos que

excluyen la figura del ciclo documental y slo contemplan la participacin de los

Archivos Histricos. Por lo tanto, se procede a analizar en el presente trabajo los

textos de las principales leyes y decretos nacionales y provinciales relacionados a

turismo y/o gestin cultural, con el objetivo general de corroborar, o no, la hiptesis

enunciada. Los objetivos que se articularn a lo largo del estudio exploratorio

normativo implicado, son las afirmaciones que adhieren a la posibilidad de entender

a los archivos pblicos de primera, segunda y tercera edad - como unidades de

inters econmico, social y cultural, para el ciudadano que forma parte de la actual

Sociedad de la Informacin.

Los archivos como unidades de informacin de inters econmico

Ms all del claro valor que tienen para la sociedad los distintos organismos

pblicos orientados a la cultura, en casi todos los casos, los presupuestos

culturales son bajos lo que ocasiona que no se cuente con personal especializado

en el manejo de informacin ni con el equipamiento informtico mnimo

indispensable (Calcagno & Lerman, 2007, p. 107). Podemos aventurar, que ello se

debe a que las instituciones de tipo cultural no suelen redituar sus servicios

econmicamente, sino a partir de otro tipo de parmetros: insercin social,

revalorizacin de la identidad local, integracin de estrategias educacionales, etc.

As, las direcciones de estos organismos que deseen incrementar sus

recursos materiales, parecen tener bsicamente tres alternativas: apelar a

programas y/o subsidios nacionales o provinciales para realizar actividades

especficas; acudir a asociaciones civiles nacionales, provinciales o internacionales

para que les proporcionen algn tipo de ayuda econmica; o bien, barajar la

posibilidad de cobrar por sus servicios, generando una caja chica propia.

Varios estudios marxistas () sostienen que el control de la distribucin es,

en el plano de los bienes culturales, ms importante que el de su produccin, ya

que puede generar ms beneficios econmicos (Mastrini & Mestman, 1996, p. 81)

Por lo cual, no se cuestiona el cobro de un aporte mnimo para acceder a los

beneficios de un museo o centro cultural, dado que ambos se encuentran

encuadrados dentro de las denominadas industrias culturales.

Sin embargo, en las bibliotecas parece intocable el principio de la gratuidad,

los derechos cobrados por algunos servicios son insignificantes () Algunos

estudiosos comienzan a sopesar lo sospechoso de la gratuidad y se sugiere una

actuacin tendiente a hacer presente el valor del servicio (Ramos Simn, 1995, p.

155). No se trata de cobrar en el mismo sentido que se hace en los museos, es

decir, abonando una entrada preestablecida; pero s es posible aplicar

determinadas tasas a pagar por servicios especficos.

Citando un ejemplo de la realidad, a partir del ao 2012 se cobra en el Archivo

de Gobierno de la provincia de Crdoba una tasa por copias certificadas, de

acuerdo a lo establecido en el Art. 89 de la Ley provincial N 10178;

permaneciendo la consulta in situ de los documentos, gratuita. De esta manera, si

bien no se genera una caja chica propia de la institucin archivstica, s se logra

generar un recursos econmico propio del Archivo, argumento directo para

reclamar mejoras en sus condiciones. Finalmente, corresponde destacar que

desde la implementacin de la tasa no se redujo sino que se increment la

solicitud de copias certificadas, tanto como la cantidad de usuarios que consultan

los documentos in situ3.

El valor del archivo como unidad de inters social

Existen dos tipos de argumentos que promueven la recoleccin de informacin pblica y su elaboracin en sistemas integrados. El primero tiene que ver con la transparencia, a partir del concepto de rendicin de cuentas pblicas, y est asociado al deber del Estado en cuanto a la publicidad de los actos de gobierno, la difusin de presupuestos, planificaciones y procedimientos. (...) El segundo argumento es el del Derecho a la Informacin, y est ligado al individuo, en el sentido de ser las personas quienes tienen el derecho a dar y recibir informacin. (Calcagno & Lerman, 2007, p. 103)

Ambos argumentos obedecen a la razn del ser del Archivo, de all su

indiscutible valor social. En un estado democrtico, en el que su Constitucin

Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho

de acceso a la informacin pblica a travs del Art. 1, de los Arts. 33, 41, 42 y

concordantes del Captulo Segundo (Nuevos Derechos y Garantas) y del artculo

75 inciso 22, que incorpora con jerarqua constitucional diversos Tratados

Internacionales, es evidente el rol protagnico que deben tener las instituciones

archivsticas en ese sistema de transparencia de la informacin: desde los archivos

de gestin en el rea pblico administrativa, hasta los Archivos Histricos

Nacionales en su oferta de libre acceso. 3 Datos extrados a partir del anlisis cuantitativo de los registros que posee el Archivo del Gobierno

de Crdoba, en el perodo 2003-2013.

De todos modos, analizando el texto de los cuatro pilares normativos que

sostienen la poltica de transparencia de la administracin pblica nacional, se

observa claramente que la responsabilidad de garantizar el deber del estado en

cuanto a hacer accesibles sus documentos, recae sobre la figura del funcionario

pblico, antes que en entidades institucionales como los archivos pblicos y su

estructura toda; adems de tener una clara tendencia hacia las actividades

contables, no completando el perfil socio cultural que poseen las instituciones

pblicas.:

- La Ley Nacional N 25152 (1999) de Administracin de los Recursos

Pblicos, establece en su Art. 8 que la documentacin de carcter fsico y

financiero producida en el mbito de la Administracin Nacional () tendr

el carcter de informacin pblica y ser de libre acceso para cualquier

institucin o persona interesada en conocerla, sin asignar recursos

especficos o indicar medios prcticos a partir de los cuales se puede

garantizar el acceso efectivo y concreto a cualquier ciudadano interesado.

- El Decreto Nacional N 1172/03 de Mejora de la calidad de la democracia

y sus instituciones, aprueba cinco reglamentos en sus correspondientes

anexos relacionados con la realizacin de audiencias pblicas, la

publicidad de las gestiones de gobierno, la elaboracin participativa de

normas, el acceso a documentacin pblica y las reuniones abiertas de los

entes reguladores de los servicios pblicos; disponiendo el acceso libre y

gratuito va lnternet a la edicin diaria de la totalidad de las secciones del

Boletn Oficial de la Repblica Argentina, durante el da hbil

administrativo de su publicacin grfica. Si bien su texto se constituye en

un elemento vital para garantizar la participacin ciudadana, el Art. 10 del

Reglamento de Acceso a la Informacin Pblica, generaliza respecto a la

responsabilidad de quien detenta el documento a ofrecer, al dictaminar

que los sujetos en cuyo poder obre la informacin deben prever su

adecuada organizacin, sistematizacin y disponibilidad, asegurando un

amplio y fcil acceso. La informacin debe ser provista sin otras

condiciones ms que las expresamente establecidas en el presente.

Asimismo deben generar, actualizar y dar a conocer informacin bsica,

con el suficiente detalle para su individualizacin, a fin de orientar al

pblico en el ejercicio de su derecho. As el reglamento aprobado alcanza

para concienciar a los funcionarios pblicos respecto a la importancia y

forma de brindar la informacin pblica al ciudadano, pero no es suficiente

para sentar las bases de un mecanismo de gestin documental que

garantice la sistematizacin de la informacin que plantea en su

considerando. El organismo de aplicacin del reglamento es la

Subsecretara para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la

Democracia, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

- El Decreto Nacional N 436/00 de compras y contrataciones, en el Ttulo II

del Reglamento para la adquisicin, enajenacin y contratacin de bienes

y servicios del estado nacional, establece las disposiciones generales para

la Transparencia en la gestin de las contrataciones. En su articulado

implementa un procedimiento que forma parte de un sistema detallado

que, al menos en texto, s parecera garantizar el acceso a la informacin

en todos los interesados Pero recordemos que no se trata de un acceso

masivo, sino solamente de los interesados en la accin de compra y

contratacin.

- Finalmente, el Decreto Nacional N 677/01 de Transparencia de la oferta

pblica, tambin aprueba un rgimen de tipo contable, que busca la

proteccin del ciudadano ahorrista o consumidor financiero, tal como lo

dice en gran parte de su considerando. El reglamento que aprueba es

sumamente detallado y claro, logrando un xito terico similar al del

procedimiento implementado a partir de la sancin del Decreto N 436/00,

pero con la misma limitacin de estar dedicado a cuestiones contables.

El derecho a la informacin, sobre el que se asienta el valor social del

Archivo, es un derecho humano. Una de las normativas que se destacan por haber

logrado plasmar claramente esta asociacin en su texto, son las leyes y decretos

fundadores de los denominados Archivos de la Memoria, dadas a nivel nacional y

tambin en jurisdiccin de varias provincias. La mayora han tenido en cuenta,

dentro de su considerando, las pautas difundidas por el Programa Memoria del

Mundo de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y

la Cultura (UNESCO) y contienen en su articulado disposiciones claras y

especficas al tratamiento archivstico, como podemos observar en el Art. 2 del

Decreto Nacional N 1259/03: otrgase carcter intangible al material testimonial,

documental e informativo que integre el Archivo Nacional de la Memoria, por lo que

el mismo deber conservarse sin cambios que alteren las informaciones,

testimonios y documentos custodiados. La destruccin, rectificacin, alteracin o

modificacin de informaciones, testimonios o documentos relativos a la materia de

este decreto queda estrictamente prohibida en el mbito de la Administracin

Pblica Nacional, hayan o no ingresado al Archivo.

Tambin corresponde resaltar el texto de la Ley provincial N 9286 (2006) de

creacin de la Comisin y del Archivo Provincial de la Memoria de Crdoba, con un

articulado que refleja claramente los objetivos y funciones de un archivo de ese

tipo; destacndose en materia de acceso a la informacin lo dispuesto en el inc. b

del Art. 4: garantizar el acceso a toda la documentacin obrante en el archivo, a

simple solicitud de cualquier persona que acredite su inters legtimo y, siendo la

excepcin a la regla al disponer en el inc. c establecer, con los elementos

obtenidos, un museo y espacio de la memoria, arbitrando los medios conducentes

a su preservacin y resguardo, cuando generalmente es la institucin del Museo la

que incluye al archivo.

El valor del archivo como unidad de inters cultural

La definicin del trmino cultura, que ms aceptacin ha tenido entre la

comunidad cientfica, es la proporcionada por UNESCO en su Conferencia Mundial

sobre Polticas Culturales, que define el trmino como el conjunto de los rasgos

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a

una sociedad o un grupo social. Ella engloba, adems de las artes y las letras, los

modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de

valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad

de reflexionar sobre s mismo (UNESCO, 1982) Pues bien, es posible asociar el

concepto de cultura al trinomio de elementos que se infieren del concepto de

archivo: documentos + organizacin + servicio (Heredia Herrera, 1995)?

Desde la visin archivstica, y en particular de quien expone el presente

trabajo, s es posible; al considerar que los documentos que se conservan en el

fondo documental constituyen el testimonio de las cualidades que caracterizan a

una sociedad o grupo social, que la organizacin de los mismos proporciona la

posibilidad de estudiar esos testimonios como fuentes cientficas y, finalmente, que

el servicio de informacin que se proporcionar en el Archivo constituye un derecho

humano: el derecho de acceso a la informacin. Las formas de asociar cultura y

archivo son innumerables, como los programas y proyectos culturales que se

pueden plantear desde la situacin de entidad archivstica: exposiciones, talleres

afines, visitas guiadas, actividades de voluntariado, organizacin de reuniones

cientficas, publicaciones, participacin en la elaboracin de pautas de gestin

documental y normas procedimentales, etc.

Habida cuenta de la clara asociacin archivo cultura, y adhiriendo al

concepto que sostiene que gestin cultural implica, entre otros aspectos, un fuerte

grado de responsabilidad social, al permitir que toda la produccin artstica y

cultural se encuentre con el pblico (Bazn Contreras, 2004, p. 13) Podemos

decir que las normativas referidas a gestin cultural contemplan las instituciones

archivsticas como conservadoras del patrimonio documental y portadoras del

servicio de informacin? Para responder al interrogante expresado y a las hiptesis

que desarrolla el presente trabajo, se realiz un estudio comparativo descriptivo,

sobre el texto de la legislacin nacional y provincial vigente, en materia de gestin

cultural.

En principio, de las ciento treinta y tres leyes identificadas, solo cinco estn

directamente relacionadas con instituciones archivsticas: tres establecen la

creacin de Archivos y dos versan sobre el tratamiento de determinados fondos y

tipos documentales que forman parte del patrimonio documental provincial. Doce

son dedicadas especficamente a las Bibliotecas, ya sea estableciendo Sistemas

Provinciales de Bibliotecas o fomentando la lectura. En tanto que diecinueve son

las que tratan directamente sobre la creacin de Museos, la gestin de los mismos

o su participacin protagnica en determinados programas culturales.

Ms del cincuenta por ciento de las leyes sobre gestin cultural, nacionales y

provinciales, se avocan a los denominados bienes culturales, integrantes del

patrimonio cultural. Ambos son conceptos sumamente vagos en su contenido, se

puede tratar de bailes populares que caracterizan al pas (tanto), inmuebles y todo

tipo de muebles: desde banderas hasta herramientas de trabajo indgenas.

Mientras que el treinta por ciento est dedicado a leyes sobre la proteccin, registro

y mantenimiento de yacimientos arqueolgicos, paleontolgicos y afines.

Finalmente, llama la atencin la cantidad de leyes dirigidas a la proteccin del

patrimonio cultural intangible: fiestas populares tradicionales, cantos, tcnicas de

elaboracin de productos, etc. La gran mayora de estos instrumentos legales han

sido elaborados y sancionados en los ltimos diez aos, en tanto que en el resto de

las leyes estudiadas podemos identificar una amplitud cronolgica que se registra

desde la dcada de 1960 hasta el ao 2013.

Conclusin

A partir de lo expuesto, queda claramente confirmado que el Archivo es una

institucin de inters econmico, social y cultural, de acuerdo a los propios

elementos que componen su definicin y le dan origen.

Como unidad de inters econmico podemos decir que se encuentra

visibilizado dentro de la normativa que conforma el rgimen contable, pues tal

como dice Mendoza Navarro (2004) en su primera etapa de gestin administrativa

son tiles para sustentar las acciones de sus productores, ya sean de la actividad

pblica o privada (p. 30). Queda pendiente el reconocimiento de los archivos de

tercera edad como instituciones activas y redituables econmicamente, respecto al

servicio de informacin que proporcionan, siendo el tema de la gratuidad de los

mismos y el cobro de tasas por servicios especficos, una asignatura pendiente a

acordar entre los profesionales archiveros.

El rol social de las instituciones archivsticas respecto al cumplimiento del

derecho al acceso a la informacin, se encuentra reducido en normativas que

establecen claramente el significado del derecho pero no logran sistematizarlo en

disposiciones pragmticas efectivas, como pudiera serlo un sistema de archivos o

de gestin de informacin. Hay que correlacionar la efectividad del libre acceso

con la existencia de unos archivos organizados y con un nivel de descripcin de los

documentos que facilite la demanda ciudadana (Fugueras, 2003, p. 196)

Evidentemente el trabajo archivstico de tratamiento de la documentacin para

hacer accesible la informacin se lleva a cabo, ms all de su no contemplacin en

la normativa de mayor jerarqua a nivel nacional y provincial; as lo demuestra la

participacin de instituciones archivsticas en proyectos y programas dedicados a

plasmar el derecho a la informacin y difundir los fondos documentales al

ciudadano.

Es en el boom de la normativa referida a gestin cultural donde encontramos

la (in)visibilidad de los archivos y los archiveros. Decimos (in)visibilidad porque se

trata de una ausencia en el texto formal, oficial que se sanciona en el cuerpo de

una ley o un decreto; pero que de algn modo visibiliza (u obliga a visibilizar) ms

la tarea del profesional archivero como agente facilitador de la informacin y del

ciudadano como usuario que debe exigir las condiciones reales necesarias para

poder sentirse parte del concepto de cultura y no como un elemento externo al que

se le engaa con declaraciones vacas o ajenas de medidas concretas, que

impacten en su realidad cotidiana.

Retornando a los interrogantes planteados en la introduccin de la presente

ponencia, que delimitan el problema abordado, se puede afirmar que la normativa

en que se fundamenta la gestin cultural de hoy da, al no incluir la nocin de

archivo, confirma en parte la hiptesis planteada al privar a las instituciones

archivsticas de un recurso elemental como es el basamento en una normativa que

avale su naturaleza y razn de ser. Sin embargo, el concepto de cultura vigente es

inclusivo del archivo y de lo que su servicio puede ofrecer a la sociedad de la

informacin, por lo tanto no priva a las instituciones archivsticas y a sus recursos

humanos de su valor como unidades econmicas, sociales y culturales.

El dilema que se plantea es, hasta cundo la praxis archivstica deber

adaptarse a lineamientos normativos no archivsticos, cayendo en una deformacin

de su naturaleza y metas, para adaptarse las significaciones que pueden tener

instituciones como las bibliotecas y los museos que efectivamente s parecen ser

visibilizadas dentro de las polticas culturales.

Bibliografa

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Ley 1627-1985 Neuqun

Ley 1628-1985 - Neuqun






Ley 19787-1972 - Nacin





Ley 2257-1998 - Neuqun

Ley 2263-2006 - Ciudad de Bs. As. Ley 2278-1988 - Ro Negro




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Ley 25517-2001 - Nacin Ley 25568-2002 Nacin

Ley 25743-2003 - Nacin


Ley 26046-2005 - Nacin




Ley 26305-2007 - Nacin

Ley 2637-1993 - Ro Negro

Ley 2727-1989 - Misiones Ley 2822-1971 Jujuy

Ley 2832-1990 - Misiones

Ley 2891-1995 - Ro Negro Ley 29-1992 - Tierra del Fuego Ley 2965-2007 - Santa Cruz

Ley 2987-2007 - Santa Cru


Ley 3102-1974 - Jujuy

Ley 3215-1967 - La Rioja

Ley 3236-1988 - Chubut

Ley 3322-1976 Jujuy




Ley 3468-2000 - Ro Negro Ley 3507-2001 - Ro Negro





Ley 3559-1990 Chubut



Ley 370-1997 - Tierra del Fuego

Ley 3706-1980 Jujuy

Ley 3866-1982 Jujuy



Ley 3949-2003 Misiones Ley 3967-1941 - Crdoba



Ley 4047-1985 Corrientes


Ley 4126-1984 Jujuy



Ley 4179-1985 - Jujuy Ley 419-1870 Nacin

Ley 4203-1985 - Jujuy

Ley 4218-2004 Catamarca

Ley 4259-1986 - Jujuy

Ley 4364-1996 Chaco

Ley 4391-2007 Misiones

Ley 4392-1996 Chaco

Ley 4415-1986 Catamarca

Ley 4456-1997 - Chaco

Ley 4565-1998 Chaco

Ley 4603-1978 - Santiago del Estero


Ley 4645-1985 - La Rioja

Ley 4742-2000 - Chaco

Ley 4831-1994 - Corrientes

Ley 5281-2009 Catamarca Ley 5437-1989-Mendoza Ley 7672-2007-Mendoza Ley 7812-1989 - Crdoba Ley N 4366-1979-Mendoza Ley N 6085-1993-Mendoza Ley N 6500-1997-Mendoza

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