brasil: situación política, económica y social del gigante

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Brasil: situación política, económica y social del gigante sudamericano entre 2011-2016

y su repercusión en América LatinaVerónica Soledad Barahona Lema228

228 Segundo secretario del Servicio Exterior Ecuatoriano.

Los años posteriores a la crisis fi-nanciera global de 2008 tuvieron par-ticular significancia en Brasil, debido a que coincidieron con el término de dos mandatos consecutivos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo gobier-no estableció una política económica que estaba directamente vinculada con el incremento en el precio de las mate-rias primas y el acceso a crédito blan-do, lo que devino en el fortalecimiento de la relaciones comerciales de Brasil con sus principales socios estratégicos, permitiéndole mantener un nivel de crecimiento económico sostenido en la región Latinoamericana durante el pe-ríodo 2008-2010.

La credibilidad del gobierno del presidente Lula incidió de manera fa-vorable para que le sucediera en el po-der su ministra de la Casa Civil y pos-teriormente fuera presidenta electa de la República Federativa de Brasil, la economista Dilma Rousseff, quien en su primer mandato gobernó entre 2011-2014 y su segundo mandato 2015-2018 fue abruptamente interrumpido a razón del proceso político instaurado en su

contra que la destituyó de su cargo en agosto de 2016, siendo sucedida por el vicepresidente Michel Temer, quien concluirá el mandato hasta el 2018 en calidad de presidente de la República.

Su gobierno se caracterizó por re-presentar el continuismo del gobierno del presidente Lula. Entre sus logros se destacó el impulso al programa «Brasil sin Miseria», que era complementario al Programa «Bolsa Familia» y tenía como objetivo erradicar la pobreza extrema, garantizando una renta que se incrementó en 2011 a R$ reales 77 por persona (US$ 24 dólares) para atender las necesidades inmediatas de personas en situación de vulnerabilidad por situa-ción de pobreza extrema; garantizar el acceso a servicios públicos e inclusión productiva, lo que permitió sacar de la pobreza extrema a 22 millones de per-sonas, y cuyo monto de inversión en 2015 fue de 27 billones de Reales (US$ 7.9 billones de dólares) (Ministério de Desenvolvimento Social, 2015).

Durante su gobierno se dio inicio a la segunda etapa del programa «Min-ha Casa Minha Vida», orientado al fi-

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Verónica Soledad Barahona Lema

nanciamiento de vivienda popular para familias de baja renta. Hasta finales de 2015, el programa reportó una inversión de R$ 294 billones de Reales (US$ 86 billones de dólares); con 4´219.366 vi-viendas en construcción; y, 2´632.953 viviendas entregadas (Programa Minha Casa Minha Vida, 2015). Es importante destacar que estos programas lograron reducir la pobreza en Brasil del 24.70% en el año 2000 a 7.4% en el 2014, lo que representó que 28,6 millones de personas dejaron de ser pobres en Brasil durante este período (Banco Mundial, 2015).

La política macroeconómica im-plementada durante el gobierno de la presidenta Rousseff giró en torno al es-tablecimiento de la nueva matriz econó-mica que tenía como finalidad «estimu-lar la inversión; mejorar los niveles de producción y empleo; reducir las tasas de interés y costos financieros de los créditos para las familias y las empre-sas; establecer una tasa de cabio com-petitiva; y mejorar los resultados fisca-les» (Safatle, C; Borges, J; Oliveira, R. 2016: 93).

Para llevar a efecto esta propuesta era importante expandir las inversiones en Brasil con la finalidad de revigori-zar la economía y aumentar el nivel de empleo, como estrategia para frenar el proceso inflacionario y el estado de re-cesión que había iniciado desde 2011. Con este objetivo, el gobierno mantuvo

un acercamiento con el sector empre-sarial, que expuso las dificultades del sector industrial relacionadas al elevado costo de la energía eléctrica, considera-da entre las más caras del mundo; altas tasas de interés y spread bancario229 y una excesiva valorización del Real, ele-mentos que les impedían ser competiti-vos en términos de precios en el merca-do internacional.

Frente a esta situación, el gobierno decidió reducir el costo de la energía eléctrica a partir de la renovación de las concesiones con las empresas del sec-tor eléctrico por treinta años, con tarifas más bajas. Por su parte, el Banco Cen-tral estableció una tasa de cambios más competitiva, reduciendo la tasa Selic230 al 7,25% en 2012. Se establecieron exenciones tributarias a las empresas; y, para mantener control sobre el spread bancario, el gobierno inyectó liquidez a los banco federales Caixa y Banco do Brasil para ofertar créditos blandos a ta-sas de interés más bajas.

Sin embargo, el gobierno no lo-gró contener el proceso inflacionario que pasó del 5,03% en 2010 al 9.03% en 2015, y solo se redujo a 6.29% en 2016 (Banco Central do Brasil, 2017). Uno de los motivos que ocasionaron el descontrol inflacionario fue el aumen-to significativo del costo de la energía eléctrica, que pasó del 17% en 2014 al 60% en 2015 (EBC, 2015), a pesar de que en 2013 el gobierno dispuso el con-

228 Segundo secretario del Servicio Exterior Ecuatoriano.229 Diferencia entre la tasa de interés que el banco paga por la captación de recursos, de la tasa que cobra por el otorgamiento de los créditos.230 Tasa media diaria de los financiamientos ajustados en el Sistema Especial de Liquidación y Custodia para títulos federales.

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Brasil: situación política, económica y social del gigante sudamericano entre 2011-2016 y su repercusión en América Latina

gelamiento de los precios de todos los servicios públicos.

El incremento se debió a que el pre-cio final de la energía se determina en función del costo medio de generación y distribución de la misma; y, estos va-lores se mantuvieron constantes sin re-ducirse y tuvieron que ser cubiertos por el Tesoro Nacional por un monto apro-ximado de R$ 105 billones de reales (30 billones de dólares). Estos costos fue-ron asumidos en un 60% por parte de los propios consumidores y el 40% por subsidio directo del gobierno (Safatle, C; Borges, J; Oliveira, R. 2016: 98, 152, 155, 158, 159).

A esto se sumó el estiaje generaliza-do que ocasionó la reducción significati-va en el nivel de agua en los principales reservorios de Brasil, lo que encareció aún más el precio de la energía eléctrica y afectó de manera significativa el ni-vel de rentabilidad de la empresa estatal ELECTROBRAS, que hasta el 2011 re-portó lucro en R$ 3,7 billones de reales; y, entre 2012-2015 reportó un perjuicio de -6,8 y -14,4 billones de reales respec-tivamente. El sector industrial se vio se-riamente afectado por el incremento en el costo de la energía y registró niveles de decrecimiento en la producción in-dustrial de bienes de capital y servicios que pasó del 2.1% en 2013 al -8,3% en 2015. Por su parte, la tasa de inversión con relación al PIB que determina el ni-vel de confianza del sector empresarial en la economía también se redujo del 20,6% en 2011 al 17,52% en 2016 (Ibíd: 159, 88; Banco Central, 2015).

A pesar de los esfuerzos por mante-ner la continuidad del gobierno anterior, la política económica implementada du-rante el gobierno de la presidenta Rous-seff no logró contener la contracción en el crecimiento del PIB, que pasó del 7.59% en 2010 al 3.91% en 2011 y se mantuvo decreciendo hasta alcanzar el 0.1% en 2014 y el -3.82% en 2015 (Banco Mundial. 2015a). Se reportó una contracción por segundo año con-secutivo, que llegó a -3,60 en 2016 (IB-GE-2016a; Valor Económico, 2017), mientras que el PIB per cápita también se redujo, pasando de US$ 13.237 a US$ 8.651 dólares entre 2011-2015 (Banco Central do Brasil, 2015).

Otro factor que agravó la crisis po-lítica y económica fue el incremento de la carga tributaria a la población, que pasó de 25,9% del PIB en 1994 al 35,42% en 2014, lo que representa 10 puntos porcentuales del PIB en 20 años. Estos recursos son significativos porque financian del 36% del PIB brasileño (Leitão, 2015:196, 201). Gran parte de estos recursos se orientaron a cubrir el déficit de la deuda pública federal in-terna, ocasionado por el excesivo gasto del gobierno, que se duplicó en 10 años, pasando de R$ 1,2 trillones de reales en 2006 a R$ 3,1 trillones en 2016, y cuya necesidad líquida de financiamien-to llegó a R$ 666,20 billones de reales anuales en 2016. Gran parte de esta deu-da se orientó a la capitalización del Ban-co Nacional de Desarrollo Económico y social-BNDES para el financiamiento de proyectos de infraestructura de gran en-vergadura en el país. La deuda pública

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federal estaba conformada por deuda interna (89%), obligaciones del banco central (8%) y deuda externa (2%) (Mi-nistério da Fazenda, 2016a).

Los principales acreedores de la deuda pública interna fueron: a) Siste-ma de seguridad social-INSS (24%), instituciones financieras (24%), fondos de inversión (21%), gobierno, asegura-doras y otros (31%); deuda que repre-sentaba más de 50% del PIB brasileño (Ministerio da Fazenda, 2016b).

Es importante entender la relevancia que tiene para el gobierno cubrir el dé-ficit fiscal para financiar el sistema de seguridad social- INSS, debido a que en los últimos años Brasil experimentó un decrecimiento poblacional, que pasó del 14% en el año 2000 al 4% en 2015 (Banco Mundial, 2015b), dando lugar a una nueva composición de la estructura poblacional de Brasil, con un número significativo de personas de la tercera edad, cuya expectativa de vida pasó de 65 a 74 años entre 1990-2015 (IBGE, 2016.b).

Esta realidad reflejó un desequi-librio entre el número de personas de tercera edad en comparación con la po-blación activa en Brasil, toda vez que en 2010 los adultos mayores representaban el 10% de la población; pero, se estima que hasta el 2060 lleguen a ser el 40% de la población total. Por este motivo, es de suma importancia elaborar una reforma en el sistema de previdencia (seguridad social) para que pueda ser sostenible en el tiempo, considerando

que la tasa de natalidad (por cada mil personas), se redujo del 24.2% en 1990 al 20.89% en el año 2000 y se mantu-vo decreciendo hasta llegar al 14.7% en 2014 (Banco Mundial, 2015a).

Este desequilibrio demográfico hizo que Brasil oriente sus recursos a atender las demandas de las personas de terce-ra edad, lo que ocasionó un déficit del gobierno con el INSS231 que alcanzó US$ 208 billones de dólares en sep-tiembre de 2016 (Ministerio da Fazen-da, 2016b). Por otra parte, es importante destacar que en Brasil, por cada dólar que el gobierno invierte en la educación de un joven de 15 años, se gastan US$ 10 dólares en una persona de tercera edad (Amorin, 2016:106), lo que deja al descubierto la necesidad de reformar el sistema de seguridad social para volver-lo más eficiente y acorde con la nueva realidad del país.

Otro factor que agudizó la crisis po-lítica y social fue el incremento en el nivel de desempleo, que entre el 2012-2016 pasó de 7,6 a 11,5 millones de personas desempleadas, lo que repre-senta el 11% del total de la fuerza de trabajo en Brasil, conforme consta en la tabla 1. Sin embargo, se destaca el número de personas que están fuera del mercado de trabajo, que en 2016 repre-sentaban el 31% de la población total, lo que evidencia el nivel de subempleo y la falta de garantías en el cumplimien-to de los derechos laborales de los tra-bajadores informales. Por otra parte, el IBGE (2016) reportó que las activida-

231 Instituto Nacional de Seguridad Social.

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des económicas donde se concentra la fuerza laboral brasileña son: actividades

de comercio (21%), servicios de pres-tación de salud (19%), industria (14%),

AÑOS

2012 197.900.000

202.827.000

60.741.000

63.824.000

88.041.000

92.875.000 6.452.000

7.602.000 7,90%

6,50%

95.644.000

99.326.000

48%

49%2014

Juniode

2016

MERCADO DE TRABAJO EN BRASIL PERÍODO 2012 A JUNIO 2016

Total Población

Personas en el

mercado de trabajo> 14 años

% personas

en el mercado de trabajo del total de la población

Personas fuera del mercado

de trabajo> 14 años

Personas empleadas> 14 años

Personas desem-pleadas

> 14 años

Tasa dedesempleo> 14 años

Elaboración propia con fuentes obtenidas del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísti-ca- IBGE, disponible en: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indic_socio-saude/2009/default.shtm/

Tabla 1.

205.301.000 63.886.000 90.798.000 11.586.000 11,30%102.384.000 50%

actividades financieras e inmobiliarias (12%), construcción (9%), servicio do-méstico (8%), transportes, alojamiento y otros (17%).

Además del incremento en el des-empleo, a mediados de 2013 se incre-mentaron las tarifas del transporte pú-blico y se denunció gasto excesivo en la construcción de los estadios para el mundial de fútbol, lo que devino en pro-testas masivas en las calles de las prin-cipales capitales de Brasil, reflejando el descontento popular contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

En este escenario político se hicie-ron públicos los escándalos de corrup-ción de altos funcionarios del gobierno del presidente Lula, como el caso del

exministro de la Casa Civil, José Dir-ceu, quien fue procesado y condenado a 7 años y 11 meses por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimien-to ilícito en el denominado caso «men-salão»232; y, posteriormente se le vincu-ló con el esquema de corrupción en la estatal Petrobras (G1, 2016c).

En julio de 2013, tras investigacio-nes previas fue juzgado y tomado pre-so el cambista Alberto Youssef, a partir de quien se vinculó al ex director de la empresa estatal Petrobras, Paulo Ro-berto Costa, dejando al descubierto el más grande esquema de corrupción en Brasil, donde estaban involucrados al-tos funcionarios de Petrobras, políticos y los dueños de las principales empresas

232 Transferencia mensual de grandes sumas de dinero de procedencia ilícita a miembros del esquema de corrupción.

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privadas de Brasil, como el Consorcio Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutiérrez, entre otras. Estas empresas participaban en concursos de licitación convocados por Petrobras a cambio del pago de una «propina» que variaba entre el 1% al 5% del valor total de las obras sobre facturadas. Para materializar este acuerdo, se valían de operadores finan-cieros, responsables de intermediar el pago de las coimas recibidas por las empresas a través de transferencias in-ternacionales mediante contratos simu-lados con empresas de fachada. Estos recursos eran encaminados a los bene-ficiarios directos en dinero en efectivo a través de transferencias en el exterior, o el pago de bienes de lujo en Brasil (Mi-nisterio Público Federal, 2015).

En 2014 entró en escena el Juez Sergio Moro, de la 13ª Vara Federal de Curitiba, quien es parte de la nueva ge-neración de jueces que se formaron des-pués de la Constitución de 1988, y cuya especialidad son los crímenes de lavado de dinero. Este juez fue el responsable de juzgar a los primeros acusados sin foro, privilegiado a quienes estaban in-volucrados en la Operación Lava Jato, considerada como el más importante proceso de investigación criminal de desvío y lavado de dinero público, que puso al descubierto un gran esquema de corrupción institucionalizada en la esta-tal Petrobras. Por otra parte, el ministro Teori Zavascki, relator de la Operación Lava Jato ante en el Supremo Tribunal de Justicia, fue el responsable de juzgar a los funcionarios políticos con foro privilegiado que estaban involucrados

en el esquema de corrupción.El juez Sergio Moro implementó,

dentro del sistema de investigación, la colaboración o delación premiada, que les permitía a los acusados negociar el tiempo de cumplimiento de la pena a cambio de delatar a los beneficiarios del esquema de corrupción, márgenes de lucro porcentual obtenido, canales de desvío de dinero e inclusive el compro-miso de devolver estos recursos, siem-pre que estos acuerdos cuenten con la autorización del Tribunal Superior Fe-deral (Netto, W. 2016: 62-65).

Entre el 2014 y 2016, la operación Lava Jato se implementó en 30 fases y sus logros más destacados fueron:

• El juzgamiento y prisión de los presidentes de las más importantes empresas brasileñas, como Marcelo Odebrecht de la constructora Ode-brecht, y Otávio Azevedo, de la cons-tructora Andrade Gutiérrez, quienes fueron juzgados en junio de 2015 como los responsables de pagar pro-pina a los dirigentes de la estatal Pe-trobras y a políticos brasileños.

• La prisión del extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, acusado de ser el responsable de intermediar los recur-sos provenientes del fraude de las li-citaciones en la Petrobras.

• Emisión y cumplimiento de 53 mandatos de búsqueda y aprensión contra políticos involucrados en el sistema de corrupción de la Petrobras, llevado a cabo por la Policía Federal y la Procuraduría General de la Repú-

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blica en julio de 2015 durante la 17 fase de la operación Lava Jato.

• Denuncia e inicio de proceso judicial contra el expresidente de la cámara de diputados, Eduardo Cun-ha, quien fue acusado de ser el bene-ficiario de la propina recibida de un contrato con el navío-sonda de la Pe-trobras, algo que devino en su prisión preventiva en agosto de 2016.

• En noviembre de 2015 el Su-premo Tribunal Federal ratificó la decisión de suspender la inmunidad parlamentaria del senador y líder del Partido de Gobierno en el Senado, Delcídio do Amaral, en pleno ejerci-cio de su mandato, para que sea juz-gado y tomado preso por la acusación de estar involucrado en un esquema para evitar la delación premiada de Nestor Cerveró, exejecutivo de la Pe-trobras, así como por entorpecimien-to en la operación Lava Jato (Neto, W.:255-257, 300-304; Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2017).

Sin embargo, entre los principales objetivos de la operación estaba la recu-peración de los recursos públicos des-viados a paraísos fiscales, para lo cual el Ministerio Público Federal (MPF) so-licitó 108 pedidos de cooperación a 36 países para recuperar R$ 5,3 billones de reales (US$ 1,55 billones de dólares), de los cuales R$ 2,4 billones estaban en Suiza. Se cuenta con una orden judicial para que estos recursos sean retornados

a los cofres públicos en Brasil. A junio de 2016, fueron repatriados R$ 659 mi-llones; sin embargo, los países extran-jeros exigen que los titulares de estas cuentas hayan sido condenados por la justicia brasileña, lo que exige celeridad en los procesos de juzgamiento y con-denación de los involucrados en el caso Petrolão233 (O Globo, 2016).

Estos acontecimientos incidieron de manera significativa para que el 13 de marzo de 2016 se lleve a cabo una protesta masiva en las calles de 326 ciudades de Brasil, convocando a 6.8 millones de personas según los organi-zadores y 3.6 millones según la policía militar. Las demandas de los manifes-tantes giraban en torno al pedido de im-peachment o cesación del mandato de la presidenta Dilma Rousseff. Se trataba de protestas contra el expresidente Lula da Silva, apoyo al juez Sergio Moro y a las investigaciones de la operación Lava Jato. Se exigía la salida de los pre-sidentes de la cámara de diputados y del senado, entre otras demandas (G1, Bom dia Brasil, 2016).

Posterior a las protestas de 2015, dio inicio el proceso de impeachment o jui-cio político para la cesación del manda-to contra la presidenta Rousseff a partir de la autorización del presidente de la cámara de diputados Eduardo Cun-ha para la apertura del proceso sobre la base de la acusación realizada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que es el ente encargado de juzgar irre-

233 Neologismo usado por los medios de comunicación para referirse al esquema billonario de desvío de dinero público en la estatal Petrobras.

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gularidades en el manejo de dinero, bie-nes y valores públicos federales.

Las acusaciones que se hicieron a la presidenta Rousseff se orientaron en dos temas puntuales:

i) Liberar créditos por R$ 2,5 bi-llones de reales para financiar el presupuesto por medio de decretos presidenciales sin la debida aproba-ción del cambio en la meta fiscal por parte del poder legislativo, acción que tomó el nombre de «Pedala-da Fiscal», que era la postergación del pago de la deuda que mantenía el Tesoro Nacional con el Banco de Brasil para financiar el Plan Safra en 2015. Este retraso ocasionó que el banco público se vea obligado a pagar con recursos propios los com-promisos del gobierno federal, lo que significó que en las cuentas del banco este retraso sea contabilizado como crédito al Tesoro Nacional, a pesar, de que el artículo 36 de la ley de Responsabilidad Fiscal «prohíbe la operación de crédito entre una institución financiera estatal y el ente de la Federación que lo controla en calidad de beneficiario del prés-tamo» (Villaverde, J. 2016: 178). Los acusadores manifestaron que las peladas fiscales le permitieron al gobierno generar superávit ficticios como una estrategia para reducir la deuda pública a causa de los altos los gastos públicos del gobierno.

ii) La acusación anteriormente des-crita dio paso al proceso de cesación

del mandato de la presidenta Dilma Rousseff por enmarcarse en la Ley de Responsabilidad Fiscal 1079 que está vigente desde 1950 y que establece que el jefe del Ejecutivo puede ser apartado por actuar contra la probidad de la administración; sin embargo, la ley no especifica el con-cepto de probidad en la administra-ción, dejando a libre interpretación política el juzgamiento por esta cau-sa (Senado Federal, 2016; Telesur, 2016).

Por su parte, la defensa de la presi-denta Rousseff aseguró no haber come-tido ningún crimen de responsabilidad, por cuanto el crimen por el que era acu-sada no era de responsabilidad directa de la presidenta sino de la Secretaría del Tesoro Nacional, situación que daba cuenta de la improbidad administrativa (Villaverde, J. 2016: 242). Por otra par-te, se resaltó el hecho de no estar indi-ciada en ningún proceso criminal y no ser investigada por la operación Lava Jato. A diferencia de la parte acusadora, de quien se cuestionó la calidad moral tanto del presidente de la Cámara de Di-putados, Eduardo Cunha ,y el presiden-te del Senado, Renán Calheiros, quienes eran investigados por actos de corrup-ción en la operación Lava Jato, por lo que sus decisiones eran un evidente acto de venganza política (PT, 2016).

En abril de 2016, la cámara de di-putados aprobó el proceso de impea-chment de la presidenta Rousseff con 367 votos a favor y 137 en contra, y encaminó el proceso a la cámara del

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Senado. En mayo de 2016 se aprobó la admisibilidad de la denuncia y se apar-tó temporalmente a la presidenta de la República por seis meses, acusada de infringir normas de legislación fiscal en 2015 (Cámara de diputados, 2016).

Finalmente, el 31 de agosto de 2016, en la cámara del senado, con 61 votos a favor y 20 en contra se aprobó la cesación del mandato definitivo de la presidenta Rousseff, quien además fue inhabilitada por ocho años para ejercer cargos públicos. En este escenario po-lítico tomó posesión como presidente Michel Temer, segundo en la línea su-cesoria y quien concluirá su mandato el 2018 (G1. 2016a).

Estos acontecimientos merecieron el rechazo de los gobiernos de países progresistas como Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua; y, en el caso particular de Ecuador, en agosto de 2016 se llamó a consultas al Encargado de Negocios de la misión diplomática ecuatoriana en Brasil, lo que en térmi-nos diplomáticos implicó un distancia-miento entre los dos países.

El proceso de impeachment lleva-do a cabo en Brasil dejó al descubierto la fragilidad del sistema democrático, dado que el juicio político que desti-tuyó del poder a la presidenta Dilma Rousseff, fue una maniobra de la opo-sición enmarcada en la figura de Golpe de Estado Parlamentar por haber sido la cámara de diputados y la cámara del senado quienes juzgaron a una manda-taria democráticamente electa. Por otra parte, conforme lo señala el académico Leandro Karnal (2016), se evidenció la

bipolarización política de quienes estu-vieron a favor y en contra del gobierno de la presidenta Rousseff, dejando al descubierto la dificultad de gobernar en un Estado cuya democracia está pola-rizada, donde el odio está autorizado y el linchamiento político se convierte en una válvula de escape de la frustración de las personas.

En este escenario, se hizo evidente el rol protagónico que tuvieron las redes sociales, por ser el espacio desde donde se atomizaron las ideas y opiniones de las personas que buscaban «justicia», misma que venía acompañada de una alta carga de venganza política; pero, al mismo tiempo se desconocía la voz de quienes eligieron a la presidenta Rous-seff en un legítimo proceso democrático que fue sujeto de manipulación política y cuya cesación del mandato se convir-tió en un show mediático que sirvió de plataforma política para ciertos grupos opositores que representaban los inte-reses económicos más importantes de Brasil.

Los hechos acontecidos en Brasil en los últimos años quedarán marcados en la memoria de los latinoamericanos porque se sentó un precedente que deja al descubierto la necesidad de fortalecer nuestros regímenes democráticos y de garantizar en el marco de la ley la pre-valencia del ser humano sobre el capital. Por otra parte, se puso al descubierto el verdadero alcance del presidencialismo de coalición, sistema que puede poner en riesgo el régimen democrático en un país en términos de gobernabilidad, por cuanto el poder ejecutivo se define en

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función de lo que se establezca en el parlamento, más aún si está conforma-do por una mayoría opositora, que «…termina siendo una coalición ineficiente por ser incapaz de apoyar la agenda del gobierno; y, por las dificultades del pre-sidente el momento de gobernar y lle-gar a verdaderos consensos» (Limongi, 2006: 19).

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