EL DESENCUENTRO DE DOS RAZONES REVOLUCIONARIAS

INDIANISMO Y MARXISMO*

ÁLVARO GARCÍA LINERA**

Elementos para pensar la reconfiguracióndel campo político boliviano*

María Teresa Zegada Claure

MOVIMIENTOS SOCIALES, MOVIMIENTOS SOCIETALES Y LOS NO LUGARES DE LA POLÍTICA*

LUIS TAPIA**

Elementos para pensar la reconfiguracióndel campo político boliviano*

María Teresa Zegada Claure

(La Jornada – CLACSO “Cuadernos de pensamiento crítico latinoamericano” No. 27, marzo 2010)

EN ESTE TEXTO ponemos a consideración un conjunto de interrogantes y tensiones que provienen de un acercamiento al complejo proceso de transformaciones políticas que operan en Bolivia desde inicios de la actual década.

El conjunto de interrogantes que guían la investigación que iniciamos hace unos meses, está referido a las distintas dimensiones del campo político boliviano en este proceso de cambios:

¿Cuáles son las características del nuevo campo político instalado en Bolivia a partir de 2005 y que se han consolidado en los pasados cuatro años de gobierno de Evo Morales? ¿Cuáles son las dimensiones y alcances de dichas transformaciones? ¿Cuáles son las percepciones y expectativas de los actores sociales y políticos en relación con este proceso? ¿Cómo se articulan en términos institucionales los “nuevos” y “viejos” elementos del sistema democrático en la propuesta de nueva Constitución Política del Estado y en las propuestas de reforma del Estado elaboradas por los principales actores sociales y políticos? ¿Cuáles son las representaciones simbólicas en torno a la democracia y sus resignificaciones planteadas por los movimientos emergentes?

Dadas las características del proceso boliviano, la investigación encara dos tipos de desafíos, uno de tipo conceptual y otro de carácter metodológico, ya que las viejas categorías que permitían el abordaje y la comprensión de la realidad socio política en las décadas pasadas, resultan ahora insuficientes y por tanto se requiere nuevos conceptos y maneras de pensar y leer la misma.

En consecuencia, consideramos necesario, en primer lugar, trascender los conceptos que restringen el análisis de la política a la eficiencia y eficacia de las instituciones, y pretenden explicar desde ahí el conjunto de procesos políticos asociando, por ejemplo, la estabilidad con un estado óptimo de gobernabilidad y concurrentemente los momentos de crisis o conflictos con disfuncionalidades y peligros para la democracia. Nuestra opción es, por el contrario, intentar explicar los procesos de ampliación y profundización de la democracia como consecuencia de la acción colectiva de los sujetos y su incursión en el campo político, y de las transformaciones que operan en el mismo como efecto de la reversión del orden constituido.

Por esta razón hemos partido de la noción de campo político1 y no así de sistema –aunque este último está contenido en el primero– que nos lleva a pensar la política como un campo de fuerzas, de disputa en torno a determinados recursos de poder, que trasciende los tradicionales escenarios institucionales.

En ese sentido, partimos de la identificación de los principales objetos de disputa que signaron la lucha política durante los primeros años de gobierno de Evo Morales, y la construcción de una nueva hegemonía, y que fueron demarcando momentos políticos por los que atravesó este complejo proceso, que como resultado fueron consolidando

la presencia de un nuevo sujeto político y nuevas subjetividades, así como nuevos elementos discursivos y simbólicos que ocuparon el centro del escenario.

De esta manera se pudo determinar que en Bolivia no se estaban produciendo solo conflictos coyunturales o corporativos por demandas e intereses particulares de grupos sociales, sino que estos se articulaban en torno a temas estructurales que cuestionaban a los partidos políticos, a las estructuras de poder, a la trama institucional, así como a los habitus2 y las formas de ser de lo social y de lo político, fuertemente ancladas en los sustratos profundos de la sociedad y en ámbitos de poder alternativos y diversos, como las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos campesinos, los pueblos indígenas o los sectores urbanos organizados que fueron tomando cuerpo a partir de la década de los 90 del siglo pasado, por ejemplo en el caso de los movimientos indígenas en la denominada Marcha por el Territorio, la Dignidad y la Vida, que partió del oriente boliviano, las protestas y la constitución de un movimiento social como la Coordinadora del Agua y de la Vida, a partir de 2000, en torno a sectores urbanos afectados por las políticas neoliberales, y que más adelante se manifestarán con todo rigor tanto en la guerra del agua en Cochabamba, el año 2000, como en la denominada guerra del gas, en 2003, que concluyó con la destitución del entonces presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada3.

Por otra parte, consideramos que la política involucra también una disputa sobre el conjunto de significaciones culturales y sociales que se construyen en torno a referentes discursivos y simbólicos, visiones de la realidad e interpretaciones académicas que imponen la necesidad de una nueva gramática social y una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad4.

El otro desafío de la investigación se encuentra relacionado con la abundante información que, en sus distintas dimensiones, aporta la realidad política boliviana en estos años, la cual nos lleva a discernir sus distintas cualidades en un momento de crisis y metamorfosis de sus elementos constitutivos.

Así, privilegiamos una visión sincrónica para dar cuenta de las expresiones de los cambios en sus distintas dimensiones, pero sin descuidar los aspectos históricos –diacrónicos– que permiten precisamente explicar las raíces, alcances y limitaciones del proceso. En dicha explicación histórica, encontramos que precisamente los factores que desencadenaron esta coyuntura tienen que ver con la conjunción de distintas temporalidades históricas en un momento determinado, que son recuperadas por los sujetos protagónicos y llevadas al campo político.

Estas temporalidades provienen, en unos casos, de la memoria colectiva larga5, es decir, de los 500 años de colonización española, que luego fueron, como señala la Silvia Rivera, reproducidos mediante mecanismos de colonialismo interno –aludiendo a una categoría largamente difundida por Aníbal Quijano–, excluyendo a las grandes mayorías de los procesos políticos, sociales y económicos; aluden a factores de explotación económica y de clase que arrastran una larga historia de desigualdad e injusticia; del mismo modo remiten a procesos inconclusos de construcción de ciudadanía y ausencia de reconocimiento de una realidad sociocultural y étnica diversa, como sucedió en el episodio de la revolución de 1952, que si bien logró cambios profundos en el patrón de acumulación y de hegemonía, pretendió constituirse sobre las bases de una sociedad homogénea –que no era tal– bajo las categorías de pueblo o campesinado, reproduciendo el modelo de exclusión cultural; y, por último, nos remite a factores de la memoria corta, relacionados con el ciclo histórico del neoliberalismo y la democracia representativa inaugurados en la década de los 80 del siglo anterior, que, con los parámetros de igualdad formal, libre mercado

y estrategias multiculturales, intentó encarar problemas estructurales profundos. Su incapacidad de enfrentarlos con éxito condujo a su profundo cuestionamiento y prematura debacle.

De esta manera, el ciclo de protestas6 iniciado a principios del 2000 en Bolivia recupera y conjunta elementos de carácter estructural e histórico y coyuntural, y encuentra su derrotero de transformaciones en el campo político. Los nuevos sujetos políticos combinan diversos repertorios de movilización social con su participación directa en procesos electorales, pues mediante las propias reglas de juego de la democracia representativa, una opción política como el Movimiento al Socialismo (MAS) logra acceder y consolidarse en el poder trastocando el viejo mapa de comportamiento electoral.

Empero, el conjunto de demandas y aspiraciones introducidas en el campo político, no quedan ahí, sino que propugnan una transformación estructural mediante de la refundación del Estado, y la demanda y realización de unaAsamblea Constituyente que permita la redacción de un nuevo instrumento normativo más representativo de las fracturas sociales y culturales así mismo de la realidad boliviana actual.

El cuestionamiento al Estado partió de los movimientos indígenas en la década de los 90 del siglo pasado, junto a la demanda de inclusión sociocultural; y si bien lograron un primer impacto en las lógicas multiculturales implantadas durante el neoliberalismo –como por ejemplo la incorporación por primera vez en la historia de Bolivia de las categorías multiétnico y pluricultural, en la reforma constitucional de 1994, y su correlato en leyes secundarias– estas resultaron ciertamente insuficientes para el alcance de las reivindicaciones de estos sectores sociales que continuaron pugnando por una reforma estatal más profunda mediante de la demanda para convocar a una Asamblea Constituyente.

Ahora bien, en este contexto de análisis histórico, situamos el conjunto de transformaciones producidas en el campo político boliviano en estos años de gobierno del MAS que, con fines metodológicos las agrupamos en distintas dimensiones de análisis: Nuevos sujetos colectivos en el campo político; nuevas formas de acción política colectiva desde la sociedad civil; nuevas formas de administración del poder y de relación del gobierno con las organizaciones sociales; cambios en la trama institucional y normativa de lo político, es decir, nuevas reglas de juego en el marco del Estado Plurinacional; por último, diversas y renovadas articulaciones democráticas emergentes que conviven con las prácticas modernas y liberales prexistentes.

Estos son, básicamente, los campos de análisis que abarca la investigación y que de manera preliminar nos permiten dibujar los rasgos centrales del proceso y sus principales tensiones, a las que muy brevemente, nos referiremos a continuación.

RASGOS DEL NUEVO PROCESO: ¿QUÉ CAMBIÓ EN EL CAMPO POLÍTICO BOLIVIANO?Nuevos actores, nuevos sujetos políticos

Asistimos a la emergencia de nuevos sujetos que provienen de la sociedad civil, de los denominados no lugares de la política7 que, vinculados de diversas maneras al MAS, cambian el rostro social del Estado, incursionan en el campo político y operan tanto al interior de los escenarios institucionales como desde fuera de ellos.

Se trata de las organizaciones sociales que dieron lugar al surgimiento del Movimiento al Socialismo, fueron capaces de imponer una nueva agenda y se constituyen en su

principal base social. Algunos dirigentes fueron invitados por elMAS y por el propio presidente a formar parte de las representaciones camarales y de cargos en el gabinete, pero a la vez, las organizaciones sociales afines al movimiento se constituyen en los principales vigilantes del proceso de cambios, en ese sentido despliegan un conjunto de acciones colectivas en defensa del gobierno y sus medidas, y en contra de la oposición social y política, mediante diversos repertorios de movilización, desde pronunciamientos públicos hasta marchas, vigilias, cercos y concentraciones.

La acción estratégica de losmovimientos sociales en el campo político adopta, en esta coyuntura, una cualidad distinta de la que operaba en años anteriores, lo cual le otorga un sentido histórico y le permite la construcción de significados compartidos, pues estos sujetos colectivos cobran protagonismo en un campo de conflicto estructural, a que nos referíamos anteriormente, de ahí que las relaciones de fuerza entre los actores en pugna si bien se producen en torno a diversos objetos de disputa8, están articulados en un campo de conflicto hegemónico o estructural en relación con el cual se constituyen los dos bloques en pugna.

En relación con la participación de las organizaciones sociales en el campo político quedan un conjunto de interrogantes aún no resueltas que son tema de discusión, inclusive al interior del propio MAS y de las organizaciones de base, como por ejemplo, las posibilidades de institucionalización política de las mismas y su pertinencia, la pérdida de autonomía que implica su relación con el gobierno, las tensiones entre los dirigentes y las bases en relación con la toma de decisiones políticas, la posibilidad de que el formato organizacional corporativo pueda eventualmente desplazar o sustituir a los partidos en escenarios de representación política, entre otras.

De otro lado, los partidos políticos, principales actores del sistema de representación política, paradójicamente se convirtieron en su principal nudo de vulnerabilidad, fundamentalmente el incumplimiento de las funciones de representación y articulación con la sociedad. Ante dicha inoperancia, emergieron justamente formas de auto-representación social con capacidad de interpelación efectiva a otros actores sociales y a la sociedad en su conjunto, y de articular con éxito sus expectativas a objetivos y propuestas comunes.

Los grupos privilegiados y sectores políticos antes hegemónicos fueron desplazados a espacios institucionales minoritarios, tanto en el Congreso como en la Asamblea Constituyente, a las prefecturas de las regiones opositoras al gobierno (que en sumomento fueron cinco de nueve departamentos del país), así como a la acción colectiva de organizaciones cívico/regionales, otorgándoles un carácter político de resistencia al gobierno detrás de la demanda de autonomía; la coyuntura los obligó a adoptar repertorios demovilización poco convencionales para dichos actores, como huelgas de hambre, marchas, tomas de instituciones, entre otras, revelando una serie de transformaciones particularmente de tipo social y político objetivadas en el nuevo proceso. Queda planteada la necesidad de repensar las formas organizativas más apropiadas para el ejercicio político en concordancia con los nuevos formatos de la democracia.

NUEVAS FORMAS DE LO POLÍTICO

El proceso político abierto en diciembre del 2005 con el triunfo del MAS pone en el centro del debate no solo a los nuevos sujetos del campo político, sino también el

conjunto de relaciones y articulaciones políticas, formas de ejercicio político y expresión de intereses, representaciones simbólicas y tramas institucionales.

Las nuevas formas de acción colectiva se expresaron, por ejemplo, en las vigilias y cercos al Congreso en los sucesivos episodios de empantanamiento para presionar en la toma de decisiones, en las movilizaciones de apoyo al gobierno y en defensa del proceso de cambios, la auto-organización, las reuniones de evaluación de las políticas gubernamentales propiciadas por las organizaciones de base, la elaboración de propuestas de cara al proceso constituyente, entre otras. Cabe destacar que los movimientos de resistencia y oposición al gobierno también generaron un conjunto de acciones colectivas nuevas para estas organizaciones.

En todo caso, se percibió un desplazamiento de los viejos conflictos entre el Estado y la sociedad que fueron habituales durante la era democrática, a enfrentamientos directos entre ciudadanos que representaban a los bloques políticos en pugna, como fue el caso de los enfrentamientos del 11 de enero del 2007 en Cochabamba.

Otro escenario privilegiado de confrontación fue el mediático, en que se ponen en juego los recursos discursivos y las batallas simbólicas, así cobran relevancia dispositivos ideológicos mutuamente descalificadores, funcionales a la acumulación de poder particular.

Del mismo modo, la vía del voto, es decir, la convocatoria a una serie de consultas ciudadanas (referéndums), revocatorios y elecciones tuvo la finalidad de legitimar a las fuerzas políticas en pugna, en muchos casos, para desequilibrar las posiciones y el crítico empate en que en determinado momento se encontraban. Estos procesos, a la larga, tuvieron un efecto político muy favorable para el gobierno, que justamente logró el punto de inflexión para su recuperación de fuerzas en el referéndum revocatorio de agosto de 2008, el cual le permitió su consolidación hegemónica.

EL “GOBIERNO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES”

Otra arista importante de análisis reside en la relación del gobierno con las organizaciones o movimientos sociales afines bajo la figura, aún discutible, de gobierno de los movimientos sociales que adquiere un carácter simbólico muy importante desde el gobierno la reiterada enunciación de mandar obedeciendo.

La relación de las organizaciones sociales con el gobierno del MAS adquiere formatos y contenidos diversos, desde afinidades ideológicas y políticas, solidaridad y disciplina sindical, y apoyo al proceso de cambios, hasta relaciones pragmáticas de apoyos condicionados a beneficios sectoriales y personales, relaciones de tipo prebendal mediadas por cargos políticos y otro tipo de incentivos selectivos que ponen en entredicho la consistencia ideológica del proceso. De igual manera se cuestionan las nuevas jerarquías internas mediadas por las nuevas relaciones de poder, los aportes obligados de los empleados públicos y la serie de intercambios clientelares.

El riesgo de que el carácter corporativo de la gestión pública pueda prevalecer sobre los intereses generales, surge por ejemplo, del doble rol dirigencial que asume el presidente por el hecho de ser Presidente del Estado y a la vez sucesivamente relecto como presidente de las Seis Federaciones del Trópico Cochabambino (sindicato de cocaleros).

Otro elemento que también resulta crítico en el ejercicio gubernamental es el riesgo de la fetichización del poder9, que supone trastocar los intereses colectivos por beneficios

particulares de las organizaciones y personalidades que ocupan espacios en la gestión pública entre otros, que distorsionan los fines y el ejercicio político de las organizaciones.

LA REINSTITUCIONALIZACIÓN POLÍTICA EN TORNO AL NUEVO ESTADO PLURINACIONAL

El valor del proceso constituyente no solo reside en el resultado: un nuevo texto constitucional, al que nos referiremosmás adelante, sino también en el propio proceso, ya que en el mismo se involucraron distintas organizaciones, movimientos sociales y políticos, e intelectuales en un importante proceso de discusión, acuerdos y generación de propuestas.

Las organizaciones sociales articuladas en torno al Pacto de Unidad lograron introducir una propuesta de transformación estatal que involucraba distintos aspectos normativos del Estado, entre los puntos principales resaltan el Estado Plurinacional, las autonomías indígenas, así como una nueva estructura estatal más participativa y representativa de los intereses de las mayorías nacionales.

Si bien no todas sus propuestas se incorporaron en el nuevo texto, el proceso logró un valor en sí mismo por la visión estratégica del pacto, puesto que las organizaciones particulares tuvieron que deponer algunos de sus intereses sectoriales para consagrar una propuesta única e influir en la Asamblea Constituyente y en sus resultados.

La aprobación de la nueva Constitución Política del Estado abre nuevos espacios de participación y acción política, mediante de mecanismos como el control social, la revocatoria de mandato, las autonomías, entre otras; así como nuevas pautas en la relación Estado-sociedad civil.

No obstante, las medidas más relevantes apuntan a la incorporación en la narrativa constitucional de diversos elementos provenientes de una matriz de pensamiento distinta a la liberal republicana propia de las comunidades indígena-originario-campesinas, cuyo epítome es precisamente el Estado Plurinacional.

La relación y convivencia entre ambas lógicas es compleja y plantea una serie de desafíos desde la participación de representantes de pueblos indígenas en distintos niveles de gestión pública, hasta la incorporación de prácticas culturales de las comunidades en determinados ámbitos como en la justicia, mediante de la jurisdicción indígenaoriginario- campesina, o mediante la figura de las autonomías indígenas basadas en usos y costumbres. Su complejidad y formas de articulación se verificarán en el proceso de aplicación de la nueva Constitución y la construcción de leyes y mecanismos secundarios.

LA AUTONOMÍA: DE LA RESISTENCIA A LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PODER

Un eje que cambia sustancialmente el carácter del Estado es la incorporación de la autonomía, que plantea una serie de tensiones políticas, ya que en principio fue bandera de resistencia de la oposición y luego fue articulada por el frente oficialista en la nueva Constitución, en el contexto de un proceso amplio y que involucra diversos niveles de administración territorial del Estado.

La incorporación en la nueva Constitución de la autonomía es apenas el principio de un largo proceso que involucra varias dimensiones relacionadas con la redistribución del poder en primer lugar, implica formas diferenciadas de acceso a los recursos –en

especial de los recursos naturales–; en segundo lugar, la asignación de atribuciones y competencias; en tercer lugar, la coordinación administrativa de distintos niveles territoriales, así como la combinación de formatos y lógicas que se superponen con niveles de jerarquía similares, la elección de autoridades por voto directo en distintos niveles territoriales, entre otros.

Las autonomías indígenas constituyen nuevos espacios basados en las dinámicas internas de las unidades territoriales pre-existentes que, por primera vez, se encuentran reconocidas en la Constitución y tienen niveles de interpelación formales frente al Estado, sin embargo también plantean una serie de interrogantes sobre la posible institucionalización de las formas de autogobierno y de los usos y costumbres, la presencia de grupos de poder internos y externos, sus posibilidades y limitaciones como unidades autónomas capaces de un desarrollo sostenible, entre otros.

RESIGNIFICACIONES EN TORNO A LA DEMOCRACIA

Por último, en esta breve relación de los elementos analíticos del campo político boliviano nos planteamos varios cuestionamientos en torno al decurso de la democracia y los procesos de desarticulación/ rearticulación discursiva en relación con sus significados.

En la nueva Constitución conviven los enunciados de democracia representativa con otros formatos, como la democracia directa y participativa, así como la democracia comunitaria.

En los hechos, estas formas de ejercicio democrático están vigentes aunque desarticuladas. Por ejemplo, las formas de representación democrática siguen siendo predominantes en la conformación de los poderes públicos, pero conviven con formas de democracia directa y participativa que se incorporaron en reformas constitucionales previas, así como con formatos como la democracia sindical basada en el mandato imperativo que rige en formas colectivas de organización social, y con la democracia comunitaria que emerge del paradigma de las organizaciones y sistemas políticos propios de los pueblos indígenas bolivianos. Estos prevalecen en distintas comunidades del país, sobre todo del área andina, e implican diversas formas de auto organización y auto-gobierno.

La democracia comunitaria o de ayllu se basa en lógicas colectivas antes que individuales, y si bien sus características varían en cada localidad, comparten algunos elementos comunes, como la rotación de cargos; la obligatoriedad en el cumplimiento de funciones de autoridad; la concepción de autoridad no como privilegio sino como servicio; el consenso deliberativo por medio de la asamblea como máxima autoridad de mando colectivo; sistemas de rendición de cuentas y control social; la revocación de mandato; procedimientos que garantizan la participación de los miembros de la comunidad en las decisiones y en el control de sus representantes, entre otros. Las particularidades no solo dependen de las condiciones históricas de cada comunidad y sus prácticas culturales propias, sino también de los grados de hibridación con otras formas de ejercicio del poder, estas han coexistido, por ejemplo, de manera crítica, con los sindicatos campesinos que en su momento se constituyeron en formas iniciales de hibridación y penetración cultural10.

Ahora bien, su reconocimiento constitucional rompe el monopolio de la democracia liberal, sin embargo, presenta notables ambigüedades y contradicciones que deberán ser superadas en el decurso de su aplicación.

La democracia representativa fue perdiendo efectividad y fue cuestionada en su eficacia, de esta manera se produjo un desmontaje de la eficacia simbólica de la democracia representativa instaurada como régimen de verdad en el periodo neoliberal y dio lugar al surgimiento de visiones, interpretaciones y objetivaciones distintas de la democracia. A esta mirada renovada y crítica a la democracia se adscribe también De Souza Santos11 cuando se remite al concepto de demodiversidad.

La nueva Constitución Política no sólo reconoce elementos de la democracia comunitaria para su ejercicio en la escala local (indígena, campesino) sino también para su aplicación en la escala nacional mediante la incorporación, por ejemplo, de principios ético-morales como los mandamientos propios de los pueblos indígenas originarios entre los principios que rigen el Estado; asimismo, reconoce como oficiales los idiomas nativos y establece su uso obligatorio en el ámbito público. El desafío es pensar en formas articuladas que relacionen las diversas formas de gobierno y organización existentes, algunas de estas han sido propuestas en los trabajos de Luis Tapia12, mediante la construcción de un núcleo común (o un núcleo intercultural democrático), o su articulación con sistemas institucionales modernos a escala macroestatal (García s/f).

EL HORIZONTE DEL PROCESO DE CAMBIOS

Como señalamos al iniciar esta exposición, más que respuestas, planteamos una serie de interrogantes y tensiones conceptuales que plantea el proceso de transformaciones del campo político boliviano y que demarca múltiples dimensiones relacionadas tanto con aspectos históricos, cuya referencia nos permite percibir la dinámica del proceso, como coyunturales que nos remiten a la permanente reconfiguración de fuerzas y a la construcción de una nueva hegemonía, cuyo seguimiento permite identificar los principales elementos del proceso y sus conexiones.

La profundidad del proceso iniciado a principios de la actual década da cuenta de la profundidad del mismo y de su alcance, que se encuentra inclusive más allá del liderazgo de Evo Morales y el eventual protagonismo del MAS, y se verifica sobre en el contexto de relaciones sociales, de clase y étnico culturales.

El horizonte de la interculturalidad parece mostrar un posible derrotero de resolución de estas tensiones de coexistencia y materialización de la diversidad social y cultural boliviana en el campo político, mediante una (re)institucionalización de las estructuras y una concepción de democracia amplia, renovada y dinámica.

NOTAS

* Fuente: El texto publicado en este Cuaderno es parte de un trabajo de investigación dirigido por María Teresa Zegada Claure con la participación de Gabriela Canedo, Claudia Arce y Alber Quispe, en el marco del Programa de Becas para Equipos de investigación 2009-2010 de CLACSO. La versión completa de este escrito se publicó en el tercer número de la revista Crítica y Emancipación (Buenos Aires: CLACSO, 2010) y está disponible en www.biblioteca.clacso.edu.ar.

** Socióloga con maestría en ciencias políticas. Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón y de la Carrera de Comunicación de la Universidad Católica Boliviana. Investigadora y coordinadora de área del Centro Cuarto Intermedio, miembro del directorio Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social.

1 BOURDIEU, Pierre (2001) El campo político. La Paz: Plural.

2 FOUCAULT, Michael (1983) El discurso del poder. México: Folios.

3 La guerra del agua que se inició en rechazo al alza de tarifas de ese servicio contra una empresa trasnacional en Cochabamba, concluyó con la expulsión de dicha empresa y se convirtió en el inicio del ciclo de protestas y crisis sociopolítica en el país. La guerra del gas que fue protagonizada por organizaciones y movimientos sociales sobre todo de El Alto, que comenzó como un rechazo a la política hidrocarburífera de Sánchez de Lozada, terminó imponiendo su dimisión y fuga del país en octubre del 2003.

4 DE SOUZA SANTOS, Boaventura (2004) Democracia de alta intensidad. Apuntes para democratizar la democracia, en Cuaderno de Diálogo y Deliberación.Nº 5, La Paz: CNE.

5 RIVERA, Silvia (1983) “Democracia liberal y democracia de ayllu” en: Miranda Pacheco (comp.): Bolivia en la hora de su modernización. México: UNAM.

6 TARROW, Sidney (2004) El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza Editorial.

7 TAPIA, Luis. (2009) “Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política”, en Le Monde Diplomatique, Ed. Peruana, Nº 23, Marzo, 2009. CLACSO.

8 DUSSEL, Enrique (2006) 20 Tesis de política.México: Siglo XXI Editores.

9 DUSSEL, Enrique (2006) 20 Tesis de política. México: Siglo XXI Editores.

10 RIVERA, Silvia (op. cit).

11 DE SOUZA SANTOS, Boaventura (op.cit).

12 TAPIA, Luis (2006). La invención del núcleo común. Ciudadanía y gobierno multisocietal. La Paz: Muela del Diablo

MOVIMIENTOS SOCIALES, MOVIMIENTOS SOCIETALES Y LOS NO LUGARES DE LA POLÍTICA*

LUIS TAPIA**

http://www.jornada.unam.mx/2009/03/03/luis.html

Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano – CLACSO y La Jornada

LAS SOCIEDADES NO dejan de moverse en el tiempo. Para gobernar ese movimiento se hace política dentro de cada sociedad y entre sociedades. Los movimientos más intensos se dan cuando se está definiendo la composición sociopolítica global o en los momentos constituyentes, en los momentos de crecimiento rápido y en los procesos de reacción, de reforma de las fallas estructurales en la composición de la sociedad, es decir, en los periodos revolucionarios o fundacionales, en las olas expansivas y en las crisis.

En países multisocietales como Bolivia no todas las fuerzas se mueven en la misma dirección, debido a una construcción incompleta que hace que casi siempre haya un flujo subterráneo de procesos sociales desarticuladores del orden estatal y económico nacional. En este sentido, algunos procesos no son solamente movimientos sociales, o sea, movilización y acción política de ciertas fuerzas o de una parte de la sociedad con la finalidad de reformar algunas de sus estructuras, sino que también en algunos casos son movimientos de sociedades en proceso de conflicto más o menos colonial en el seno de un país estructuralmente heterogéneo.

I. LOS LUGARES DE LA POLÍTICA

La política es una práctica que resulta del movimiento de lo social en el tiempo. En tanto esto implica dirección y gobierno, la política es una de las prácticas de producción y reproducción de los diversos órdenes sociales y, en este sentido, productora y reproductora de sus propios espacios.

Los lugares de la política son una configuración que resulta de propensiones determinadas por el conjunto de las estructuras sociales y principalmente por el modo en que las acciones políticas responden a éstas, definiendo para sí mismas las condiciones institucionales de intervención en la articulación y dirección de sus sociedades.

La forma de la sociedad define los lugares de la política, los escenarios de su institucionalización y los de la acción legítima y reconocida, a la vez que necesaria. La forma moderna de las sociedades ha erigido o producido un espacio privilegiado de la política como Estado. En principio ésta es una forma de concentración y monopolio de la política, que se organiza tendencialmente como una forma burocrática de administración y dominio1.

Las historias del desarrollo de los estados modernos han complejizado y diversificado ese espacio central de la política, produciendo varios lugares para la representación de los gobernados, la división de los poderes y el reparto del poder o las prácticas de cogobierno.

Los procesos de diversificación y ampliación de los lugares de la política en el seno del Estado responden a dos líneas de causalidad histórica: por un lado, al desarrollo de la

ciudadanía y la democratización del Estado, y por otro lado, al desarrollo de la complejidad y diversificación estructural que produce el movimiento de lo moderno, que va desde la creciente división del trabajo hasta la división constitucional de poderes y la descentralización del gobierno. Esta dimensión de diferenciación institucional se da necesariamente en relación con la otra dimensión de la ciudadanización.

Los procesos de ciudadanización que se han experimentado históricamente han producido el espacio de la representación en el seno del Estado, que es el lugar del parlamento. Con el tiempo, el parlamento ha pasado a ser más un resultado secundario del proceso de selección de los gobernantes o la cabeza del Ejecutivo, en el caso de los regímenes presidencialistas.

El lugar de la representación y la legislación por conducto de representantes elegidos siempre ha sido posible mediante de la institución y el reconocimiento de un conjunto de derechos políticos de asociación, participación, información y voto. Estos derechos se ejercen para acceder al espacio o lugar central de la política, pero también son derechos que permiten la práctica política fuera del Estado, en la organización de la sociedad civil y la esfera de lo público. La sociedad civil es otro lugar de la política, en realidad, un conjunto de lugares en los que se organiza la vida política no estatal.

Los lugares de la política han tendido a ampliarse o diversificarse, pero a la vez también a estabilizarse, es decir, a institucionalizarse, a adquirir cierta regularidad, a organizarse en espacios delimitados, así como sus relaciones mutuas.

Una buena parte de las instituciones de la sociedad civil funciona como mediaciones o puentes hacia el Estado. Una porción considerable de la sociedad civil se organiza como resultado de la diferenciación estructural y social que deviene conjunto organizado de intereses y de acciones que se institucionalizan para interactuar en el mismo seno de la sociedad civil y con el Estado.

La sociedad civil se organiza como un conjunto de lugares en los que se hace política sectorial o política nacional desde lo sectorial. Tendencialmente, las instituciones de la sociedad civil aceptan las normas del orden social y político; se constituyen con la finalidad de negociar su posición relativa en el conjunto de las relaciones sociales y de poder.

Cuando los sujetos y prácticas que han configurado dichos momentos políticos de la sociedad civil y las esferas de lo público que resultan de su acción o despliegue en relación al Estado y la política nacional, o los que no han constituido todavía sociedad civil, desbordan esos lugares de la política, entonces puede estar constituyéndose un movimiento social.

Un movimiento social empieza a configurarse cuando la acción colectiva comienza a desbordar los lugares estables de la política, tanto en el seno de la sociedad civil como del Estado, y se mueve por medio de la sociedad buscando solidaridades y aliados en torno a un cuestionamiento sobre los criterios y formas de distribución de la riqueza social o de los propios principios de organización de la sociedad, del Estado y del gobierno.

Lo característico de un movimiento social es que no tiene un lugar específico para hacer política, sino que a partir de algún núcleo de constitución de sujetos, organización y acción colectiva, empieza a transitar y politizar los espacios sociales con sus críticas, demandas, discursos, prácticas, proyectos.

Un movimiento social no suele permanecer en un lugar ni constituir un espacio político especial al cual circunscribirse. Los movimientos sociales son un tipo de configuración nómada de la política. Una condición de su desarrollo es dar por los diversos lugares políticos existentes promoviendo sus objetivos, publicitando sus demandas, fines y proyectos. En este sentido, un movimiento social es como una ola de agitación y desorden mediante de las formas tradicionales e institucionalizadas de la política. Una acción colectiva que no circula e irrumpe en otros lugares de la política no es un movimiento social.

Los movimientos sociales suelen hablar de algo que no tiene lugar en la sociedad, sobre la ausencia de algo deseable, cuya consecución se busca y conquista en el movimiento y en la reforma de los espacios políticos existentes.

La constitución de los movimientos sociales es un desplazamiento de la política, de los lugares institucionalizados de la misma, al campo de tránsito entre ellos y al de la fluidez. También es un modo de politización de lugares sociales o conjunto de estructuras y relaciones sociales que habían sido neutralizadas o despolitizadas y, por tanto, legitimadas en su forma de organización de algunas desigualdades.

El Estado es el lugar del gobierno, así como la sociedad civil es el lugar de la organización y representación corporativa o sectorial, y en algunos casos, de control y presión sobre el gobierno.

II. LAS FORMAS Y LOS FINES DE LA POLÍTICA

La principal forma de la política moderna es el Estado. Es la forma que articula la producción y reproducción del orden social y político. Para su articulación operan hoy otras formas adicionales, como el partido.

Los movimientos sociales son una forma de política que problematiza la reproducción del orden social, de manera parcial o general. Los fines condicionan la forma. La producción y reproducción del orden social y político necesita de la institucionalización y normativización para estabilizar y dirigir una forma de vida como retorno a la misma organización de sentido.

La producción de un orden político trata de organizar las instituciones que puedan contener la política posible en una sociedad y en un país. A veces se trata de presionar para que lo que existe entre en las instituciones, lo cual implica un diseño simple y autoritario. A veces, la producción del orden político y social institucionaliza las formas de participación política existentes, lo cual implica que el Estado contiene la complejidad que corresponde a su sociedad.

Sin embargo, la tendencia general apunta a reducir la complejidad a un número limitado y más o menos simple de procesos e instituciones. La mayor parte de los diseños institucionales ha privilegiado el reconocimiento de los partidos políticos como la forma puente de hacer política entre sociedad civil y estado. La condición de la estabilidad y el desarrollo políticos es que las prácticas de ese sistema de partidos realice efectivamente el puente y la política fluya en ambos sentidos retroalimentándose positivamente.

Pensando en terminos de dinámica política, ya que la política es acción y movimiento en el tiempo, una forma política general es buena y eficiente en tanto puede contener y desarrollar capacidades de reforma y adaptación, pero sobre todo la capacidad para enfrentar y resolver los principales conflictos de una sociedad o país.

Las formas de vida política que no se organizan como parte del gobierno, se organizan para disputarle y controlar ese ejercicio del poder político. A su vez, las formas de la política se constituyen en relación a la forma de distribución y usufructo de los recursos económicos y materiales, como la propiedad y los productos del trabajo.

Las ampliaciones y reducciones de la forma política responden a diferentes márgenes de participación en la distribución de la riqueza social en sus diferentes fases. Cuando la forma de la política se ha encogido o vaciado, de tal modo que ya no contiene, procesa ni integra las demandas de amplios sectores, la política tiende a aparecer bajo otras formas, como desborde.

Cuando las formas estatales y sus mediaciones, así como las de la sociedad civil, no enfrentan ni resuelven el conflicto distributivo y el de la producción del consenso en torno al orden político y social, aparece la política sin forma estable de los movimientos sociales. Los movimientos sociales son la forma de la política excedente en un país, casi siempre generada a partir de la experiencia y politización de algún tipo de escasez o pauperización causadas por los principios de distribución existentes. Los movimientos sociales suelen constituirse en torno a cuestionamientos y demandas sobre el orden distributivo vigente o, menos frecuentemente, como proyectos políticos de cuestionamiento y reforma del orden político en su conjunto.

Cuando los partidos no pueden contener la política del conflicto redistributivo o el de la reforma de la política y el Estado, tiende a aparecer la política de los movimientos sociales. Sin embargo, esta emergencia no es automática; la cuestión clave es la constitución de los sujetos.

III. LOS SUJETOS DE LA POLÍTICA

La cualidad en la constitución es decisiva, o sea, si los sujetos se constituyen como gobernantes o gobernados, y el cómo se reconstituyen de lo uno en lo otro o transitan de una condición a la otra, o si más bien son cogobernantes.

La política es una cuestión de iniciativa y de relaciones de poder. Los sujetos gobernantes se constituyen como productores y reproductores de orden social y político, así como actores de la dirección y la dominación. Los sujetos gobernados son constituidos y se constituyen como reproductores pasivos del orden social, en tanto ocupan sin cuestionamiento los lugares subalternos que se les ha asignado.

Un movimiento social es una política de algunos gobernados que cuestionan ese ordenamiento y la distribución de los recursos, así como los reconocimientos sociales y políticos que lo complementan. En este sentido, pretenden cambiar su lugar político y social, a la vez que para hacerlo de facto ya cambia el lugar de la política. Para plantear este cuestionamiento hay una reconstitución de algunos sujetos gobernados, en tanto se desarrolla cierta capacidad de autorganización y producción de sentido más allá de las formas vigentes. Sin una determinada capacidad de autogobierno y reconstitución que trascienda las prácticas e instituciones existentes no se constituye un movimiento social.

La constitución de un movimiento social implica que han proliferado los núcleos de constitución de sujetos, los principios de organización de la política y los fines de la misma.

La constitución de los movimientos sociales implica un conflicto de fines en la política, porque se han diversificado los sujetos de la misma. Un movimiento social es una

alteridad de fines en el interior de un mismo sistema o conjunto de relaciones sociales, que ocurre cuando las desigualdades y diferencias existentes se politizan y se convierten en acción conflictiva y querellante. Un movimiento social es el planteamiento de una querella sobre la forma de sociedad y el Estado, cuando su horizonte tiende a globalizarse, o sobre algunas de sus estructuras y formas de distribución y utilización de los recursos y del trabajo social.

Un movimiento social es un sujeto político que se constituye como encarnación de una querella sobre la organización y dirección de la sociedad. En este sentido, es una reconstitución de los sujetos gobernados que generan un tipo de acción autónoma para reformar el gobierno, ya sea en su forma o en su contenido. La organización de la sociedad civil también constituye sujetos, pero generalmente lo hace en su condición de gobernados más o menos activos, que controlan y critican o apoyan los procesos y resultados de gobierno, profesional y electoralmente separados.

Los movimientos sociales son el momento de fluidez y desborde de la sociedad civil, un mecanismo de reforma y renovación. Son la expresión de que la vida política institucionalizada ya no basta. Un movimiento social es una forma de globalización de un conflicto por medio de la sociedad civil, como parte de la estrategia de reforma de las políticas y estructuras del Estado. En suma, implica pasar de las relaciones de intermediación biunívocas entre organización corporativa o sectorial y Estado, a una estrategia de generalización del conflicto por medio de la sociedad civil, removiendo alianzas, apoyos y rechazos, y diversificando a la vez la trama de sujetos políticos involucrados.

Un movimiento social es una complejización de la política y del sistema de relaciones entre sujetos políticos; es una política de tensión que conduce a alineamientos y realineamientos. Los movimientos sociales promueven una política de explicitación de tendencias, sentimientos, prejuicios, valores y fuerzas de aquellos sujetos sociales y políticos que no estaban directamente involucrados en el conflicto. La generalización del mismo o la movilización por medio de la sociedad y todos sus lugares de la política hace que la gente tienda a tomar posiciones o las revele.

Al moverse conflictivamente, los sujetos sociales acaban conociendo el resto de su sociedad o país. La capacidad de reflexión sobre esa experiencia de la acción e interacción define la madurez y el desarrollo del movimiento. La primera ola de movilización y constitución es, a la vez, la del planteamiento de la querella más allá de las instituciones existentes, así como del conocimiento de la condición política de la sociedad en la que empiezan a moverse políticamente.

Los movimientos sociales son formas de recreación organizativa o de vida social mediante de una intensa y conflictiva relación con el resto de la sociedad civil y el Estado, en la condición de la movilización, es decir, de desorganización parcial y temporal de los lugares, tiempos y fines de la política. Un movimiento social exige un reordenamiento pequeño o grande de la sociedad y del estado, y empieza haciéndolo mediante del desbaratamiento de las relaciones políticas de poder establecidas para la reproducción de las desigualdades existentes.

Uno de los rasgos del desarrollo de un movimiento social es que su accionar tiende a incluir ya no sólo la protesta o la demanda, sino también la factualización de las formas alternativas de apropiación, gestión, organización y dirección de recursos y procesos sociales y políticos. La factualización de alternativas es un arma de lucha dirigida a convencer al Estado y a la sociedad civil de la posibilidad de hacer, organizar, dirigir y

vivir las cosas de otro modo; la capacidad ya desarrollada por el movimiento para pasar de la crítica a la reorganización de las cosas.

Un movimiento social ha madurado cuando ha desarrollado la capacidad de proyectar formas alternativas de organización y dirección, sobre todo cuando ha desarrollado la capacidad de movilizar sus fuerzas para cristalizar el proyecto. La factualización crea las condiciones para la consolidación, el arraigo y la cristalización de un movimiento. Un movimiento que no pasa a la factualización de sus ideas se convierte simplemente en opinión crítica en la esfera de lo público.

Los movimientos sociales suelen ser la forma de acción para la reconstitución y la reforma de las sociedades y estados, una vez que sus instituciones se han vuelto demasiado conservadoras, rígidas y excluyentes, o productoras de desigualdades desintegradoras.

IV. LAS REFORMAS DE LA POLÍTICA, LAS REFORMAS DE LA SOCIEDAD

La política de los movimientos sociales generalmente tiene como fin una reforma de la sociedad. Para lograrla empiezan reformando la política existente en el seno de la sociedad civil y sus relaciones con el Estado. La constitución de un movimiento social es ya una reforma de facto de las prácticas políticas. Actualmente se apunta a lograr también una reforma de las políticas del gobierno y el Estado o de algunas de sus instituciones, como un medio para la reforma social. Algunos movimientos más radicales atacan directamente los campos de relaciones sociales cuestionados con un conjunto de prácticas que las problematizan, y a veces se sustituyen por prácticas organizativas alternativas.

En cuanto a la política se refiere, las reformas giran en torno a la ciudadanía, tanto como conjunto de condiciones de la vida política como de resultado en términos de derechos conquistados y ejercicio de los mismos.

Casi todas las dimensiones y componentes de las ciudadanías modernas han resultado de reformas incluyentes imaginadas y demandadas desde fuera del estado, así como de la constitución de sujetos políticos particulares que las han promovido. En las primeras conquistas de algún componente de ciudadanía casi siempre se advierte la presencia de un movimiento social. En este sentido, buena parte de los avances en materia de ciudadanía, así como las democratizaciones del estado, son resultado del margen de reconocimiento de las reformas propuestas por movimientos sociales.

La reducción de los márgenes de ciudadanía son negaciones regresivas de tales reconocimientos, cosa que generalmente ocurre cuando los sujetos que la han conquistado se desarticulan, se debilitan o desaparecen. Al mismo tiempo, la ciudadanía es ampliable y reducible. Muchos movimientos sociales contemporáneos se constituyen como reacción a estos procesos regresivos, para volver a conquistar bajo nuevas condiciones lo que alguna vez ya fue derecho democrático reconocido.

Los movimientos sociales han sido una de las principales formas de plantear la democratización de las sociedades y estados. No obstante, la mayor parte de los varios tipos de reformas políticas posibles no tiene que ver con la democratización. De hecho, el grueso de las reformas actuales la contradicen.

Las reformas de la sociedad no tienen que pasar necesariamente por la reforma de las instituciones del Estado. Son más profundas y duraderas cuando no han sido impuestas por la coerción estatal. Por un lado, resultan de su propio movimiento y

modernización. Por el otro, de la acción de movimientos sociales que van modificando las costumbres y las creencias y, de paso, las relaciones.

V. LOS MOVIMIENTOS SOCIETALES

En países que se han configurado sobre un pasado colonial, que ha superpuesto una sociedad dominante a las subalternizadas por la conquista, más que la correspondencia entre país y sociedad, tenemos una condición multisocietal. Esta superposición de sociedades complejiza la cuestión de los movimientos sociales, ya que no toda forma de acción colectiva que establece una querella en relación con alguna de las estructuras de desigualdad existentes es simplemente un movimiento social. La noción de movimiento social emerge para pensar la constitución de sujetos críticos dentro de un tipo de sociedad; en este sentido, es resultado de las contradicciones propias de un tipo de sociedad y el sistema de sus relaciones sociales, y se dirige a reformarla desde adentro, aunque contenga un proyecto de revolución o sustitución amplia de estructuras.

En países multisocietales como Bolivia hay configuraciones de la protesta, rebelión y movilización social y política que tienen un carácter más denso que el de un movimiento social. En muchos casos se trata de la movilización de un conjunto significativo de las estructuras políticas y sociales de otras sociedades para cuestionar las políticas y estructuras del Estado, a sus gobernantes y los modos de reproducir en nuevas condiciones la desigualdad entre pueblos y culturas.

Aquí tenemos un movimiento social que no proviene de la acción colectiva generada en el seno de estructuras modernas de vida social, sino de estructuras comunitarias de sociedades y culturas no modernas, pero que hacen política para demandar al gobierno una mayor integración y reconocimiento, es decir, para actuar en la principal forma política moderna, que es el Estado-nación. Se trata de formas sociales y políticas de origen no moderno que se movilizan contra los efectos expropiadores de su territorio y destructores de sus comunidades causados por los procesos modernos de explotación de la naturaleza y de las personas.

No se trata de un movimiento social entendido como sector de la sociedad que se moviliza para reformar el orden social y político del que forma parte orgánica, sino de la acción de otras sociedades subalternizadas por la colonización, que se mueven para reformar las estructuras de la sociedad dominantes. En este sentido, es un movimiento social y político anticolonial.

En tanto las estructuras y relaciones de la sociedad dominante han penetrado en las otras sociedades o pueblos y culturas, hay movilizaciones que buscan reformar las políticas y leyes en el seno de las estructuras de la sociedad dominante, a la cual han sido incorporadas de manera subordinada. A veces buscan reformas de las estructuras, pero en el horizonte del mismo tipo de sociedad y civilización. En este último sentido se trataría de la emergencia de movimientos sociales que utilizan, sin embargo, las estructuras organizativas y la cultura de otras sociedades para movilizarse por la reforma del Estado y la sociedad dominantes, que sigue siendo el horizonte del reordenamiento social.

En Bolivia hay cuatro tipos de movimientos societales, dos de ellos articulados con facetas de movimiento social. Está el movimiento de la sociedad dominante, que es complejo, pues resulta de una dinámica de doble subordinación o articulación de subordinaciones. Por un lado, se subordina a pueblos y culturas en lo interno, y por otro lado, hay una subordinación histórica del país a poderes mundiales y regionales.

El movimiento de la sociedad dominante está compuesto por esta compleja dinámica de relaciones interestatales e intersocietales en las que el país se mueve en relación con la región y el mundo, a la vez que reproduce en lo interno una superposición que subalterniza a otros pueblos y culturas.

Hay otro movimiento compuesto por los procesos de unificación que se está dando entre los pueblos de la Amazonia, el oriente y el Chaco, que ha generado ocho grandes modalidades de unificación interétnica bajo la forma de asambleas o centrales de pueblos indígenas de las tierras bajas. Esto contiene un doble movimiento societal. La unificación de las varias comunidades que pertenecen a un mismo pueblo y cultura es un movimiento de cara al interior de una sociedad, que se da para poder moverse en relación con el Estadonación que los ha discriminado históricamente y al que ahora desean y pueden reformar con la configuración de estas nuevas formas de unidad política que hacen parte de la sociedad civil, pero que tienen su base en la estructura comunitaria de cada pueblo.

En el Altiplano existe un ciclo de movilizaciones con una doble articulación: la comunitaria y la sindical. La CSUTCB, que es una central sindical campesina, en algunos territorios tiene como base a las comunidades indígenas y las estructuras tradicionales de autoridad, a las que en ciertos casos se superpone de manera paralela el sindicato.

Se trata de una lucha conducida por una central sindical pero que tiene por sustancia una movilización de la forma comunitaria de vida y lucha política en el Altiplano. Cabe recordar que la mayoría de los llamados sindicatos campesinos no son la organización y representación del proletariado agrícola, sino que contienen bajo un nombre moderno formas no capitalistas de trabajo y propiedad de la tierra, así como formas de organización y representación tradicionales, más ligadas a la comunidad.

En este sentido, el núcleo de las movilizaciones de septiembre no implica necesariamente la aparición de un nuevo movimiento social, ya que se trata más bien de la movilización de las estructuras sociales y políticas más antiguas en el país.

En el caso de las movilizaciones del Altiplano hay una complejidad que contiene rasgos de despliegue de un movimiento social, en tanto presenta demandas sobre el régimen de la propiedad de la tierra y tiene un proyecto para la discusión y elaboración de la reforma. Quieren cambiar parte de la sociedad, que es la parte central para ellos, trabajadores del campo. Esta movilización se realiza con una identidad campesina e indígena a la vez, de manera que hoy lo indígena no sólo tiene una connotación étnico-cultural sino también una nacional. Esto quiere decir que no sólo se está moviendo una parte de la sociedad sino, más bien, otra sociedad, con sus propias formas de organización, sus creencias, su cultura. La cosa no sólo tiene rasgos de movimiento social sino también de movimiento societal. Hay una ambigüedad que es complejidad.

La relación colonial que conquistó la matriz social sin destruirla hace que el núcleo importante, la tierra –que no sólo es importante para el trabajo sino también para su cosmovisión y el conjunto de su vida social–, esté regulada por instituciones de otra sociedad, la dominante. El núcleo de su civilización está subordinado al régimen de propiedad de otra civilización. Por eso la lucha por la tierra tiene connotaciones que trascienden el simple régimen de propiedad, y adquiere dimensiones de conflicto entre naciones y tipos de sociedad.

A partir del problema de la tierra y el agua, que está a la orden del día en todos los territorios del país, estas movilizaciones están planteando algo más serio y antiguo: la heterogeneidad societal y la continuidad de relaciones coloniales, además de la necesidad de descolonización de las relaciones entre estas sociedades, por medio de una asamblea constituyente y otros procesos de recomposición de procesos productivos y políticos que vayan superando las relaciones de explotación y discriminación entre pueblos y culturas. Algunos plantean una autonomía aymara como horizonte de este movimiento societal.

Otro tipo de movimiento societal que se despliega en el país consiste más bien en un movimiento de distanciamiento de la sociedad dominante y sus estructuras políticas, sociales y económicas en busca de “la tierra sin mal” o “la loma santa”. En la Amazonia boliviana hay pueblos que de manera cíclica deciden abandonar las condiciones de explotación a las que se ven sometidos con la expansión del capitalismo y la explotación de bosques y tierras mediante de las concesiones y la expansión del latifundio, o abandonan los núcleos agropecuarios en los que se han asentado por un tiempo y se desplazan colectivamente en la búsqueda de la tierra sin mal, a partir de una convocatoria profética2. en este sentido, no se trata de un movimiento social, ya que no persigue la reforma de las estructuras de la sociedad dominante, sino del movimiento autónomo de otra sociedad en sus territorios históricos, en el seno de un país que se habría atribuido soberanía sobre ellos.

VI. LAS TRANSFORMACIONES DE LA POLÍTICA

En la actualidad hay dos grandes espacios o lugares de la política. Uno de ellos es el que articula elecciones y sistema de partidos, con su prolongación en el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Otro es el campo del conflicto social, que más bien es un no lugar político, ya que no es un espacio delimitado ni tiene instituciones regulares para su tratamiento. Aparece en diferentes lugares en tanto fuente de generación, pero empieza a moverse mediante de la sociedad y otros espacios políticos cuando la acción colectiva se convierte en un movimiento social.

En la medida en que el sistema de partidos no es el lugar de representación, de deliberación y solución de los principales problemas y demandas del país, hay de manera casi permanente un espacio político paralelo cambiante, discontinuo y polimorfo que se constituye y reconstituye según los conflictos y luchas sociales que se plantean, y en función de los sujetos sociales y políticos que se constituyen como querellantes y reformadores.

Este espacio que configuran los movimientos sociales es un campo de fuerzas más que un lugar de la política. En tanto hay movilización de fuerzas, demandas y proyectos, se ocupan lugares, hay un recorrido de las acciones, pero éstas tienden a no estabilizarse e identificarse con un lugar delimitado e institucionalizado de la política; cuando ocurre esto se vuelven simple sociedad civil. En este sentido, el campo de fuerzas configurado por los movimientos sociales es un no lugar político; es una zona de tránsito del conflicto social, es también como el viento que pasa y puede arrancar algunas cosas de raíz y mover otras de su lugar. Los movimientos sociales instauran la fluidez de la sociedad civil y la problematización del orden político. Es la parte de la sociedad que hace las preguntas y hace la crítica de la irracionalidad de algunas formas y principios de organización social y de distribución. Los movimientos sociales son la forma y sujeto de reflexión conflictiva de las sociedades sobre sí mismas.

Las movilizaciones iniciadas en abril de 2000 han configurado este campo de fuerzas desde el cual se están planteando las preguntas y críticas con ímpetu social sobre el modelo económico y político, así como sobre la historia del país y su sentido. Estas movilizaciones constituyen el no lugar de la política en el país, que es, sin embargo, el momento de mayor intensidad de la política nacional en los tiempos recientes. El centro de la política, que es un decir, no está hoy en los lugares institucionalizados de la representación, de la mediación y la administración estatal y los partidos, sino en el no lugar de los movimientos sociales y societales. En ese no lugar se están articulando las fuerzas que presionan las estructuras del actual modelo, las que pueden quebrarlo e imaginar alternativas. En los lugares de la política oficial se percibe el ruido cansino de los discursos liberales de la modernización y el simulacro de la política como representación, cuando en realidad es una simple negociación entre elites económicas y políticas.

El despliegue de estas movilizaciones y las estructuras de acción que van produciendo representan un conflicto sobre los fines de la política nacional. Son la encarnación de un conflicto políticomoral o ético-político. Los fines de la política oficial son la liberalización de la economía y el Estado, lo cual significó la apropiación monopólica local y trasnacional de las principales empresas y actividades económicas del país. Los fines de los partidos son la participación en el monopolio de la política y, mediante de ello, el usufructo privado de los bienes públicos. Los fines de los movimientos sociales son la satisfacción de las necesidades básicas y la recuperación del control sobre las condiciones naturales de la producción y reproducción de la vida social, como el agua, la tierra y el trabajo.

La expropiación de las condiciones y del producto del trabajo generalmente han tenido que ver o se han acompañado con la segregación de la política a lugares y sujetos exclusivos. Su reapropiación se ejerce por medio de la producción de acción política desde los lugares de la producción y reproducción social que habían sido despolitizados como condición y resultado de la expropiación, pero como una acción colectiva que se moviliza para modificar lo que problematizan como áreas de injusticia. Los movimientos sociales que estamos viviendo son formas de revinculación entre vida productiva y tiempo político o generación de capacidades de autorganización y autogobierno local. Cuando la política se vuelve un no lugar es cuando una sociedad (o parte de una sociedad) se está moviendo in toto, es decir, se está autogobernando, esto es, se está cogobernando entre los que participan de ella.

Un rasgo de los movimientos sociales en tanto política sin mucha institución es precisamente su temporalidad. El no lugar que producen es temporal; ya que cuando institucionalizan reformas o su modo de organización y acción, sus prácticas se convierten en un nuevo conjunto de lugares de la política y de la vida social y económica.

NOTAS

* Fuente: Luis Tapia 2008 Política Salvaje (La Paz: CLACSO, Muela del Diablo Editores y Comuna).

** Luis Tapia, filósofo y politólogo boliviano. Docente-investigador del CIDES-UMSA.

BIBLIOGRAFIA

1 Cfr. Marx y Weber.

2 Cfr. Lehm Arcaya, Zulema: Milenarismo y movimientos sociales en la Amazonia boliviana. La búsqueda de la Loma Santa y la marcha indígena por el territorio y la dignidad, APCOB-CIDDEBENI, 1999.

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EL DESENCUENTRO DE DOS RAZONES REVOLUCIONARIAS

INDIANISMO Y MARXISMO*

ÁLVARO GARCÍA LINERA**

En los cien años recientes, en Bolivia se han desarrollado cinco grandes ideologías o "concepciones del mundo" de carácter contestatario y emancipatorio. La primera de estas narrativas de emancipación social fue el anarquismo, que logró articular las experiencias y demandas de sectores laborales urbanos vinculados al trabajo artesanal y obrero en pequeña escala y al comercio. Presente desde fin del siglo XIX en algunos ámbitos laborales urbanos, su influencia más notable se da en los años 30 y 40 del siglo XX (...)

Otra ideología que ancla sus fundamentos en las experiencias de siglos anteriores es la que podríamos llamar indianismo de resistencia, que surgió después de la derrota de la sublevación y del gobierno indígena dirigido por Zárate Willka y Juan Lero, en 1899. Reprimido, el movimiento étnico asumió una actitud de renovación del pacto de subalternidad con el Estado mediante la defensa de las tierras comunitarias y el acceso al sistema educativo. El movimiento indígena, predominantemente aymara, combinará de manera fragmentada la negociación de sus autoridades originarias con la sublevación local, hasta ser sustituido por el nacionalismo revolucionario, a mediados de siglo.

El nacionalismo revolucionario y el marxismo primitivo serán dos narrativas políticas que emergerán simultáneamente con vigor después de la Guerra del Chaco, en sectores relativamente parecidos (clases medias letradas), con propuestas similares (modernización económica y construcción del Estado nacional) y enfrentados a un mismo adversario: el viejo régimen oligárquico y patronal.

A diferencia de este marxismo naciente, para el cual el problema del poder era un tema retórico que buscaba ser resuelto en la fidelidad canónica al texto escrito, el nacionalismo revolucionario, desde su inicio, se perfilará como una ideología portadora de una clara voluntad de poder que debía ser resuelta de manera práctica. No es casual que este pensamiento se acercara a la oficialidad del ejército y que varios de sus promotores, como Paz Estenssoro, participaran en gestiones de los cortos gobiernos progresistas militares que erosionaron la hegemonía política conservadora de la época. Tampoco es casual que, con el tiempo, los nacionalistas revolucionarios combinaran de manera decidida sublevaciones (1949), con golpes de Estado (1952) y participación electoral, como muestra de una clara ambición de poder.

Obtenido el liderazgo de la revolución de 1952 por hechos y propuestas prácticas, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) hará que su proyecto partidario devenga toda una concepción del mundo emitida desde el Estado, dando lugar a una reforma moral e intelectual que creará una hegemonía político-cultural de 35 años de duración en toda la sociedad boliviana, independientemente de que los sucesivos gobiernos sean civiles o militares.

EL MARXISMO PRIMITIVO

Si bien se puede hablar de una presencia de pensamiento marxista desde los años 20, el marxismo, como cultura política en disputa por la hegemonía ideológica, cobrará fuerza en los años 40, por medio de la actividad del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), el Partido Obrero Revolucionario (POR) y la producción intelectual de sus dirigentes (Guillermo Lora, José Aguirre Gainsborg, José Antonio Arce, Arturo Urquidi, etcétera).

El surgimiento del marxismo y su recepción en el ámbito social vendrá marcado por dos procesos constitutivos. El primero radica en una producción ideológica directamente vinculada a la lucha política, lo que conjuró la tentación de un "marxismo de cátedra". Los principales intelectuales que se adscriben a esa corriente participan del activismo político, ya sea en la lucha parlamentaria o en la organización de las masas, lo que influirá tanto en las limitaciones teóricas de la producción intelectual de la época, como en la constante articulación de sus reflexiones con el acontecer político práctico de la sociedad.

El otro hecho notable de este nacimiento lo representa la recepción del marxismo y del propio nacionalismo revolucionario en el mundo laboral, que viene precedida de una modificación de la composición de clase de los núcleos económicamente más importantes del proletariado minero y fabril boliviano, que se hallan en pleno tránsito del "obrero artesanal de empresa" al "obrero de oficio de gran empresa".

Se trata, por tanto, de un proletariado que interioriza la racionalidad técnica de la modernización capitalista de gran empresa, y que está subjetivamente dispuesto a una razón del mundo guiada por la fe en la técnica como principal fuerza productiva, en la homogeneización laboral y la modernización industriosa del país (...) y será sobre esta nueva subjetividad proletaria que ocupará el centro de las actividades económicas fundamentales del país, que el marxismo, con un discurso de racionalización modernizante de la sociedad, logrará enraizarse durante décadas.

El marxismo de esta primera época es, sin lugar a dudas, una ideología de modernización industrial del país en lo económico, y de consolidación del Estado nacional en lo político. En el fondo, todo el programa revolucionario de los distintos marxismos de esta etapa, hasta los años 80, tendrá objetivos similares.

El marxismo llegó a formar una cultura política extendida en sectores obreros, asalariados y estudiantiles basada en la primacía de la identidad obrera por encima de otras identidades, en la convicción acerca del papel progresista de la tecnología industrial en la estructuración de la economía, del papel central del Estado en la propiedad y distribución de la riqueza, de la nacionalización cultural de la sociedad en torno a estos moldes y de la "inferioridad" histórica y clasista de las sociedades campesinas mayoritarias en el país.

Esta narrativa modernista y teleológica de la historia, por lo general adaptada de los manuales de economía y filosofía, creará un bloqueo cognitivo y una imposibilidad epistemológica sobre dos realidades que serán el punto de partida de otro proyecto de emancipación que con el tiempo se sobrepondrá a la propia ideología marxista: la temática campesina y étnica del país.

La lectura clasista de la realidad agraria que hará el marxismo no vendrá por el lado de la subsunción formal y real, que hubiera permitido develar las condiciones de explotación de este sector productivo; se lo hará desde el esquema –prejuicio– del

enclavamiento a partir de la propiedad, con lo que trabajadores directos quedarán en el saquillo de "pequeños burgueses" de dudosa fidelidad revolucionaria por su apego a la propiedad.

Para este marxismo no había ni indios ni comunidad, con lo que una de las más ricas vetas del pensamiento marxista clásico queda bloqueada y rechazada como herramienta interpretativa de la realidad boliviana; además, esta posición obligará al emergente indianismo político a afirmarse precisamente en el combate ideológico, tanto contra las corrientes nacionalistas como contra las marxistas, que rechazaban y negaban la temática comunitaria agraria y étnico nacional como fuerzas productivas políticas capaces de servir de poderes regenerativos de la estructura social, tal como precisamente lo hará el indianismo.

Al final, una lectura mucho más exhaustiva de la temática indígena y comunitaria vendrá de la mano de un nuevo marxismo crítico y carente de auspicio estatal que, desde finales del siglo XX y a principios del XXI, apoyándose en las reflexiones avanzadas por René Zavaleta, buscará una reconciliación de indianismo y marxismo, capaz de articular los procesos de producción de conocimiento local con los universales.

EL INDIANISMO

El voto universal, la reforma agraria, que acabó con el latifundio en el altiplano y los valles, y la educación gratuita y universal, hicieron del ideario del nacionalismo revolucionario un horizonte de época que envolvió buena parte del imaginario de las comunidades campesinas que hallaron en este modo de ciudadanización, de reconocimiento y movilidad social, una convocatoria nacionalizadora y culturalmente homogeneizante, capaz de desplegar y diluir el programa nacional étnico de resistencia gestado décadas atrás. Fueron momentos de una creciente desetnización del discurso e ideario campesinos, una apuesta a la inclusión imaginada en el proyecto de cohesión cultural mestiza irradiada desde el Estado y de la conversión de los nacientes sindicatos campesinos en la base de apoyo del Estado nacionalista, tanto en su fase democrática de masas (1952-1964), como en la primera etapa de la fase dictatorial (1964-1974).

El sustento material de este periodo de hegemonía nacional estatal será la creciente diferenciación social en el campo, la acelerada descampesinización que llevará a un rápido crecimiento de las ciudades grandes e intermedias y a la flexibilidad del mercado de trabajo urbano que habilitará la creencia de una movilidad campo-ciudad exitosa mediante el acceso al trabajo asalariado estable y el ingreso a la educación superior como modos de ascenso social.

Los primeros fracasos de este proyecto de modernización económica y de nacionalización de la sociedad se comenzarán a manifestar en los años 70, cuando la etnicidad, bajo la forma del apellido, el idioma y el color de piel, será reactualizada por las élites dominantes como uno más de los mecanismos de selección para la movilidad social, renovando la vieja lógica colonial de enclasamiento y desclasamiento social que se tenía, junto a las redes sociales y a la capacidad económica, como los principales medios de ascenso y descenso social.

Ello, sumado a la estrechez del mercado laboral moderno, incapaz de acoger a la creciente migración, habilitará un espacio de naciente disponibilidad para el resurgimiento de la nueva visión del mundo indianista que, en estos pasados 34 años,

ha transitado varios periodos: el formativo, el de la cooptación estatal y el de su conversión en estrategia de poder.

GESTACIÓN DEL INDIANISMO KATARISTA

El primer periodo es el de la gestación del indianismo katarista. Nace como discurso político que comienza a resignificar de manera sistemática la historia, la lengua y la cultura. Se trata de un discurso denunciativo e interpelatorio que, asentado en la revisión de la historia, echa en cara la imposibilidad de cumplir los compromisos de ciudadanía, de mestizaje, de igualación política y cultural, con la cual el nacionalismo se acercó al mundo indígena campesino después de 1952.

El aporte fundamental de este periodo es la reinvención de la indianitud, pero ya no como estigma, sino como sujeto de emancipación, como designio histórico, como proyecto político. Se trata de un auténtico renacimiento discursivo del indio mediante la reivindicación y reinvención de su historia, de su pasado, de sus prácticas culturales, de sus penurias, de sus virtudes, que ha de tener un efecto práctico en la formación de autoidentificaciones y formas organizativas.

De entrada, el indianismo rompe lanzas frente al marxismo y se le enfrenta con la misma vehemencia con la que critica a otra ideología fuerte de la época, el cristianismo, considerados ambos como los principales componentes ideológicos de la dominación colonial contemporánea.

A partir de este fortalecimiento, en oposición, el discurso katarista indianista, a finales de los años 70, se va a dividir en grandes vertientes. La primera, la sindical, que va a dar lugar a la formación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), hecho que sella simbólicamente la ruptura del movimiento de los sindicatos campesinos con el Estado nacionalista en general y, en particular, con el pacto militar campesino que había inaugurado una tutela militar sobre la organización campesina. La otra vertiente es la política partidaria, no solamente con la formación del Partido Indio, a finales de los años 60, sino del Movimiento Indio Túpak Katari (Mitka) y el Movimiento Revolucionario Túpak Katari (MRTK), que van a incorporarse, de manera frustrada, en varias competencias electorales hasta finales de los años 80. La tercera vertiente, al lado de la política y la sindical, va a ser la corriente académica, historiográfica y de investigación sociológica que se dedica a llevar adelante, de manera rigurosa, este revisionismo histórico mediante el estudio de casos de levantamientos, de caudillos, de reivindicaciones indígenas desde la Colonia hasta nuestros días.

Un segundo momento de este periodo de formación discursiva y de élite de la identidad aymara se va a producir cuando, desde los primeros años de la década de los 80, se produce una lenta pero creciente descentralización de este discurso; los ideólogos y activistas del indianismo katarista se fragmentan dando lugar a tres grandes corrientes. La culturalista, que se refugia en el ámbito de la música, la religiosidad y que hoy en día es denominada como la de los "pachamámicos". Una segunda vertiente, menos urbana que la anterior, se ha denominado la de los discursos políticos "integracionistas", en la medida en que enarbola una reivindicación del ser indígena como fuerza de presión para obtener ciertos reconocimientos en el orden estatal vigente. Se trata de una formación discursiva de lo indígena en tanto sujeto querellante, demandante de reconocimiento por parte del Estado, para incorporarse a la estatalidad y ciudadanía vigentes, pero sin perder por ello sus particularidades culturales. El ala katarista del movimiento de reivindicación de la indianitud es la que dará cuerpo a esta posición. Aquí el indígena es la ausencia de

igualdad ante el Estado por una pertenencia cultural (aymara y quechua) que deviene así en signo identificador de una carencia de derechos (la igualdad), de un porvenir (la ciudadanía plena) y de una distinción identitaria (la multiculturalidad).

La distancia con el discurso modernizador del nacionalismo revolucionario no radica en este destino fatal de lo que ha de entenderse por ciudadanía y marco institucional para ejercerla, sino en el reconocimiento de la pluralidad cultural para poder acceder a ella, que será precisamente el aporte del modesto discurso liberal frente a la problemática de los "pueblos" y "etnias".

Una tercera variante discursiva de este movimiento indianista katarista va a ser ya estrictamente nacional indígena. Se trata de un discurso que no le pide al Estado el derecho a la ciudadanía, sino que pone de manifiesto que deben ser los mismos indígenas quienes deben, porque quieren, ser los gobernantes del Estado. Un Estado que, precisamente por esta presencia india, tendrá que constituirse en otro Estado y en otra república, en la medida en que el Estado Republicano contemporáneo ha sido una estructura de poder levantada sobre la exclusión y exterminio del indígena.

Con esta mirada el indígena aparece entonces no sólo como un sujeto político, sino también como un sujeto de poder, de mando, de soberanía. En su etapa inicial, este discurso toma la forma de un panindigenismo, en la medida en que se refiere a una misma identidad india que se extiende a lo largo de todo el continente, con pequeñas variantes regionales. Esta mirada trasnacional de la estructura civilizatoria indígena puede considerarse imaginariamente expansiva, en la medida en que supera el localismo clásico de la demanda indígena; pero, al mismo tiempo, presenta una debilidad, en la medida en que minimiza las propias diferencias intraindígenas y las diferentes estrategias de integración, disolución o resistencia por las que cada nacionalidad indígena optó dentro los múltiples regímenes republicanos instaurados desde el siglo pasado.

De ahí que una segunda etapa, una corriente en el interior de esta vertiente indianista encabezada por Felipe Quispe y la organización Ayllus Rojos, realiza dos nuevos aportes. Por una parte, el reconocimiento de una identidad popular boliviana resultante de los siglos de mutilados mestizajes culturales y laborales en diferentes zonas urbanas y rurales. Con esta nueva mirada, en cambio, las formas de identidad popular bolivianas, como la obrera, hasta cierto punto la campesina en determinadas regiones, aparecen como sujetos colectivos con los cuales hay que trazar políticas de alianza, acuerdos de mutuo reconocimiento, etcétera Este será el significado político de la llamada teoría de las "dos Bolivias".

El segundo aporte de este discurso es el de la especificidad de la identidad indígena aymara. El indio aymara aparece de manera nítida como identidad colectiva y como sujeto político encaminado a un destino de autogobierno, de autodeterminación. Su importancia radica en que permite centrar el discurso en ámbitos territoriales específicos, en masas poblacionales verificables y en sistemas institucionales de poder y movilización más compactos y efectivos que los de la panindianidad. De ahí que se puede afirmar que a partir de esta formación discursiva, el indio y el indianismo devienen un discurso estrictamente nacional; el de la nación indígena aymara.

LA COOPTACIÓN ESTATAL

El segundo periodo de la construcción del discurso nacional indígena es el de la cooptación estatal. Éste se inicia a finales de los años 80, en momentos en que se atraviesa por una fuerte frustración política de intelectuales y activistas del movimiento

indígena, en la medida en que sus intentos de convertir la fuerza de la masa indígena sindicalizada en votación electoral no dan los resultados esperados.

(...) Al tiempo que la sociedad y los partidos de izquierda marxista asisten al brutal desmoronamiento de la identidad y fuerza de masa obrera sindicalmente organizada, la adopción y relaboración de un discurso etnicista se les presenta como una opción de recambio en los sujetos susceptibles de ser convocados. De esta manera, la estructura conceptual con la que esta izquierda en decadencia se acerca a la construcción discursiva indígena no recupera el conjunto de la estructura lógica de esa propuesta, lo que hubiera requerido un desmontaje del armazón colonial y vanguardista que caracterizaba al izquierdismo de la época.

(...) El MNR es el partido político que con mayor claridad detecta el significado de la formación discursiva de un nacionalismo indígena, visto como un peligro, así como también las debilidades que atravesaba el movimiento indígena. Por medio de la alianza con Víctor Hugo Cárdenas y una serie de intelectuales y de activistas del movimiento indígena, el MNR convierte en política de Estado el reconocimiento retórico de la multiculturalidad del país, mientras que la Ley de Participación Popular habilita mecanismos de ascenso social local capaces de succionar el discurso y la acción de una buena parte de la intelectualidad indígena crecientemente descontenta.

La aplicación de la Ley de Participación Popular, si bien ha contribuido en algunos casos a un notable fortalecimiento de las organizaciones sindicales locales que han logrado proyectarse electoralmente en el ámbito nacional, también puede ser vista como un mecanismo bastante sofisticado de cooptación de líderes y de activistas locales, que comienzan a girar y propugnar sus luchas y sus formas organizativas alrededor de los municipios y las instancias indigenistas expresamente creadas por el Estado. De esta manera, a la identidad indígena autónoma y asentada en la estructura organizativa de los "sindicatos", formada desde los años 70, se va a contraponer una caleidoscópica fragmentación de identidades de ayllus, de municipios y de "etnias".

(...) Con excepción de la gran marcha de 1996 en contra de la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el protagonismo social de las luchas sociales habrá de desplazarse del altiplano aymara a las zonas cocaleras del Chapare, donde predominará un discurso de tipo campesino complementado con algunos componentes culturales indígenas.

EL INDIANISMO DE LOS AÑOS 90

El tercer periodo de este nuevo ciclo indianista puede ser calificado como estrategia de poder y se da a finales de los años 90 y principios del siglo XXI. Es el momento en que el indianismo deja de ser una ideología que resiste en los resquicios de la dominación y se expande como una concepción del mundo protohegemónica intentando disputar la capacidad de dirección cultural y política de la sociedad a la ideología neoliberal que había prevalecido durante dieciocho años anteriores. De hecho, hoy se puede decir que la concepción del mundo de corte emancipativo más importante e influyente en la actual vida política del país es el indianismo, y es el núcleo discursivo y organizativo de lo que hoy podemos denominar la "nueva izquierda".

La base material de esta colocación histórica del indianismo es la capacidad de sublevación comunitaria con la que las comunidades indígenas responden a un creciente proceso de deterioro y decadencia de las estructuras comunitarias campesinas y de los mecanismos de movilidad social ciudad-campo. Manifiesta ya desde los años 70, las reformas neoliberales de la economía incidirán de manera

dramática en el sistema de precios del intercambio económico urbano-rural. Al estancamiento de la productividad agraria tradicional y la apertura de la libre importación de productos, los términos del intercambio regularmente desfavorables para la economía campesina, se intensificarán drásticamente comprimiendo la capacidad de compra, de ahorro y de consumo de las familias campesinas. A ello, se sumará un mayor estrechamiento del mercado de trabajo urbano y un descenso en el nivel de ingreso de las escasas actividades laborales urbanas con las que periódicamente complementan sus ingresos las familias campesinas. Esto restringe la complementariedad laboral urbano-rural con la que las familias campesinas diseñan sus estrategias de reproducción colectiva.

Bloqueados los mecanismos de movilidad social internos y externos a las comunidades, con una migración acelerada a las ciudades en los años recientes, pero con una ampliación de la migración de doble residencia de aquellas poblaciones pertenecientes a zonas rurales con condiciones de relativa sostenibilidad productiva (que a la larga serán las zonas de mayor movilización indígena campesina), el punto de inicio de las sublevaciones y de expansión de la ideología indianista se da en el momento en el que las reformas de liberalización de la economía afectan las condiciones básicas de reproducción de las estructuras comunitarias agrarias y semiurbanas (agua y tierra). El deterioro creciente de la estructura económica tradicional de la sociedad rural y urbana ha dado lugar a un fortalecimiento de los lazos comunitarios como mecanismos de seguridad primaria y reproducción colectiva. La politización que hará el indianismo de la cultura, del idioma, de la historia y la piel, elementos precisamente utilizados por la "modernidad" urbana para bloquear y legitimar la contracción de los mecanismos de inclusión y movilidad social, serán los componentes palpables de una ideología comunitarista de emancipación que rápidamente erosionará la ideología neoliberal. Este indianismo cohesionará una fuerza de masa movilizable, insurreccional y electoral, logrando politizar el campo político discursivo y consolidándose como una ideología con proyección estatal.

Este indianismo, como estrategia de poder, presenta en la actualidad dos vertientes: una de corte moderada (Movimiento al Socialismo, MAS-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, IPSP) y otra radical (Movimiento Indígena Pachakuti, MIP-CSUTCB). La vertiente moderada es la articulada en torno a los sindicatos campesinos del Chapare enfrentados a las políticas de erradicación de cocaleros. Sobre un discurso campesinista que ha ido adquiriendo connotaciones más étnicas recién en los años recientes, los sindicatos cocaleros han logrado establecer un abanico de alianzas flexibles y plurales. Reivindicando un proyecto de inclusión de los pueblos indígenas en las estructuras de poder y poniendo mayor énfasis en una postura antimperialista, esta vertiente puede ser definida como indianista de izquierda por su capacidad de recoger la memoria nacional-popular, marxista y de izquierda formada en las décadas anteriores, lo que le ha permitido una mayor recepción urbana, multisectorial y plurirregional a su convocatoria, haciendo de ella la principal fuerza político parlamentaria de la izquierda y la principal fuerza electoral municipal del país.

Por su parte, la corriente indianista radical tiene más bien un proyecto de indianización total de las estructuras de poder político. Si bien la temática campesina siempre está en el repertorio discursivo de este indianismo, todos los elementos reivindicativos están ordenados y direccionados por la identidad étnica ("naciones originarias aymaras y quechuas"). Por ello, esta corriente se ha consolidado sólo en el mundo estrictamente aymara, urbano-rural, por lo que puede ser considerada como un tipo de indianismo nacional aymara.

Pese a sus notables diferencias y enfrentamientos, ambas corrientes comparten trayectorias políticas similares:

a) Tienen como base social organizativa los sindicatos y comunidades agrarias indígenas.

b) Los "partidos" o "instrumentos políticos" parlamentarios resultan de coaliciones negociadas de sindicatos campesinos y, en el caso del MAS, urbano populares, que se unen para acceder a representaciones parlamentarias, con lo que la triada "sindicato-masa-partido", tan propia de la antigua izquierda, es dejada de lado por una lectura del "partido" como prolongación parlamentaria del sindicato.

c) Su liderazgo y gran parte de su intelectualidad y plana mayor (en mayor medida en el MIP), son indígenas aymaras o quechuas y productores directos, con lo que la incursión en la política toma la forma de una autorrepresentación de clase y étnica, simultáneamente.

d) La identidad étnica, integracionista en unos casos o autodeterminativa en otros, es la base discursiva del proyecto político con el que se enfrentan al Estado e interpelan al resto de la sociedad, incluido el mundo obrero asalariado.

e) Si bien la democracia es un escenario de despliegue de sus reivindicaciones, hay una propuesta de ampliación y complejización de la democracia a partir del ejercicio de lógicas organizativas no liberales, y la postulación de un proyecto de poder en torno a un tipo de cogobierno de naciones y pueblos

*Este artículo fue publicado en la revista Barataria Nº 2, marzo-abril 2005, El Juguete Rabioso (Edición Malatesta: La Paz).

** Álvaro García Linera nació el 19 de octubre de 1962 Cochabamba, Bolivia. Realizó sus estudios básicos en su país natal, luego viajó a México donde cursó la Carrera de matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1985 regresó a Bolivia donde se relacionó con grupos de trabajadores mineros e indígenas y se embarcó en el proyecto político de un gobierno indígena de liberación de los pueblos. En 1992 fue detenido y encarcelado durante cinco años por su participación en la estructura de mando del Ejército Guerrillero Tupak  Katari (EGTK). Desde 1997 en adelante, se dedicó a la docencia y a la investigación social, dictó cátedra en varias universidades de su país y es invitado como profesor visitante a dar conferencias en varias universidades de Francia, España, México y Argentina. En 2004 recibió el premio en Ciencias Sociales "Agustín Cueva" de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. Ha publicado en varios idiomas decenas de ensayos, artículos académicos, investigaciones y libros. Entre sus obras más recientes destacan: "Lucha por el poder en Bolivia", en Horizontes y límites del Estado y el poder (Muela del Diablo Editores: La Paz, 2005); Estado multinacional (Editorial Malatesta: La Paz, 2005); Sociología de los movimientos sociales en Bolivia (Diakonia/Oxfam G.B., Plural: La Paz, 2004), y "Los impactos de la capitalización: Evaluación a medio término", en: Diez años de la capitalización, Luces y Sombras (Delegación presidencial para la revisión y mejora de la capitalización. La Paz, 2004). Participó en la contienda electoral de 2005 compartiendo fórmula con Evo Morales. El 21 de enero de 2006 asumió la vicepresidencia de Bolivia