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Estudios sobreparticipacin poltica

Bolivia Colombia Ecuador Mxico Panam Per

2007

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Con el apoyo de: Agencia Sueca de Cooperacin Internacional para el Desarrollo Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

2007 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Reservados todos los derechos.

Las ideas expuestas en este libro son de exclusiva responsabilidad de los autores y no corresponden necesariamente con las del IIDH o las de sus donantes.

Se permite la reproduccin total o parcial de los materiales aqu publicados, siempre y cuando no sean alterados, se asignen los crditos correspondientes y se haga llegar una copia de la publicacin o reproduccin al editor.

Equipo productor de la publicacin:

Departamento de Entidades de la Sociedad Civil Programa Pueblos Indgenas y Derechos Humanos Programa Combate al Racismo

Cristina Zeledn Mangel Oficial de Programa Coordinacin acadmica

Adda Chuecas Cabrera, Alfonso Alem Rojo, Bernal Damin Castillo Daz, Equipo de trabajo CIESAS, Josefina Aguilar Guamn, Mara Camila Moreno Mnera Autores

El duende, diseo y edicin Diseo, diagramacin y artes finales

Jacinta Escudos Correccin de estilo y redaccin

Imprenta y Litografa Mundo Grfico de San Jos S. A. Impresin

Instituto Interamericano de Derechos Humanos Apartado Postal 10.081-1000 San Jos, Costa Rica

Tel.: (506) 234-0404 Fax: (506) 234-0955 e-mail: [email protected]

www.iidh.ed.cr

323.7

I59a Instituto Interamericano de Derechos Humanos Estudios sobre participacin poltica indgena / Instituto Interamericano de Derechos Humanos. -- San Jos, C.R. : IIDH, 2007. 166 p. ; 8,5 x 11 cm.

ISBN: 978-9968-917-67-4

1. Pueblos indgenas 2. Participacin poltica 3. Bolivia 4. Colombia 5. Ecuador 6. Mxico 7. Panam 8. Per I. Ttulo.

ndice

Presentacin ......................................................................................................................7

La participacin indgena en Bolivia: refundar en clave de pluralidad ..........................13Alfonso Alem Rojo

La participacin poltica de los pueblos indgenas en Colombia: desafos y dilemas de la interculturalidad .......................................................................43Mara Camila Moreno Mnera

Participacin de los pueblos indgenas del Ecuador en la democracia ...........................65Josefina Aguilar Guamn

Participacin poltica indgena: El caso Mxico. Exploraciones iniciales .....................85Equipo de trabajo CIESAS

La participacin poltica de los pueblos indgenas en Panam: una visin desde adentro ...............................................................................................111Bernal Damin Castillo Daz

Participacin poltica de los pueblos indgenas en el Per ...........................................141Adda Chuecas Cabrera

Presentacin

En Amrica Latina y el Caribe viven aproximadamente de 33 a 40 millones de indgenas, que constituyen ms de 400 pueblos que hablan sus propias lenguas y viven segn modos de vida, modelos de organizacin y dinmicas econmicas particulares que no coinciden, en todo o en parte, con los modelos sociales y culturales de las sociedades nacionales. Esta situacin, que no ha sido resuelta en el proceso de desarrollo del Estado moderno, prevalece con varias consecuencias negativas para el pleno acceso de las y los indgenas, en tanto ciudadanos, a sus derechos fundamentales, as como para el reconocimiento y ejercicio de los derechos colecti-vos que les corresponden a estos pueblos como sujetos histricos y sociales.

Ser indgena, en nuestras sociedades y en nuestro tiempo, contina siendo un obstculo para el goce efectivo de los derechos fundamentales, entre ellos, los civiles y polticos, el de la participacin poltica o el ejercicio de la ciudadana. Esto tambin sucede en el mbito de los derechos econmicos, sociales y culturales, al negrseles el derecho a gozar y disfrutar de la propia cultura, a la educacin o al desarrollo econmico y social. Por otra parte, y a pesar de que en los ltimos aos se ha venido estableciendo mayores canales de participacin po-ltica para los pueblos indgenas en la regin, hace falta afinar conceptos y procedimientos que hagan ms efectivo este ejercicio en aras de fortalecer la inclusin y la gobernabilidad democrtica, tanto en los pases que cuentan con sistemas electorales ms avanzados como en aquellos que todava no han desarrollado un cuerpo normativo, jurisprudencial, doctrinal y/o administrativo que permita esta amplia participacin.

Los estudios que dan cuenta de la participacin indgena en procesos democrticos vienen creciendo a un ritmo satisfactorio, por lo menos en pases donde el fenmeno es ms im-portante. Una parte significativa de tales estudios se interesa en el anlisis del surgimiento, configuracin e irrupcin de los movimientos indgenas en las reas electorales y se plantean, con pocas excepciones, desde el supuesto de que esta emergencia ocurre a contra corriente de las disposiciones que constituyen el rgimen electoral. Son en cambio pocos los estudios que se han planteado relacionar esos procesos de emergencia y participacin precisamente con las modificaciones ms recientes del marco legal y administrativo, de modo que se pregunten de qu manera tales condiciones han sido o son aprovechadas para apuntalar tal emergencia. Este frente de investigacin que permanece abierto, tiene por lo menos dos vertientes com-plementarias: la relacin entre las prcticas electorales y el sufragio activo, esto es el ejercicio del voto por parte de los indgenas; y, de otra parte, su impacto sobre el sufragio pasivo: la existencia de candidaturas indgenas.

Otra parte de los estudios sobre esta temtica da cuenta de los resultados obtenidos por can-didaturas indgenas, del desempeo de los indgenas electos y del impacto de tales resultados y desempeos en la reconfiguracin de las relaciones polticas en general; son en cambio muy raros aun los estudios acerca del comportamiento del electorado indgena, en gran parte por la dificultad de identificarlo en un mapa electoral que no los desagrega y, por lo tanto, de la

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relacin que tal comportamiento podra guardar con el marco legal y administrativo y su apro-vechamiento por parte de las candidaturas indgenas. Ambas lneas de investigacin ameritan ser desarrolladas ms ampliamente.

El IIDH, a travs de su Programa de Pueblos Indgenas y Derechos Humanos, establecido en 1985 y que forma parte del Departamento de Entidades de la Sociedad Civil, se ha venido apoyando la labor de defensa y proteccin de sus derechos que realizan diversas organizacio-nes indgenas en la regin, para lo cual impulsa acciones de investigacin, promocin y edu-cacin, con perspectiva de gnero, de las que forman parte, entre otras iniciativas estratgicas a nivel regional o subregional: a) la Campaa educativa sobre derechos humanos y derechos indgenas; b) la seccin especializada Diversidades- web IIDH; c) el Aula Virtual-web IIDH (cursos autoformativos o tutoriales en lnea); d) las videoconferencias temticas centroameri-canas anuales; e) la Red de Atencin a Pueblos Indgenas.

El IIDH ha venido desarrollando, desde el ao 2002, un proyecto de Promocin de una cultura de inclusin, cuyo objetivo general es contribuir a la ampliacin y profundizacin de la ciudadana de las mujeres, pueblos indgenas y poblaciones afro-descendientes, bajo los principios de igualdad, no discriminacin y plena participacin poltica, en el marco del forta-lecimiento de la democracia inclusiva, la gobernabilidad y el Estado de Derecho. El fin ltimo del mismo es consolidar conocimientos y capacidades por parte de las organizaciones y pue-blos indgenas, as como de las organizaciones de la sociedad civil que realizan seguimiento e incidencia en los procesos poltico/electorales, para el monitoreo e incidencia de legislacin especfica que propicia la participacin poltica de estas poblaciones meta.

Como estrategia de trabajo se han dirigido acciones para fortalecer la participacin poltica y ciudadana de mujeres, indgenas y afro-descendientes promoviendo su institucionalizacin, particularmente en los organismos electorales, en concordancia con la legislacin nacional en la materia, as como la generacin de informacin especializada que propicie la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las poblaciones meta, mediante el conocimiento de los alcances y potencialidades de la legislacin positiva en ma-teria de igualdad y de derechos polticos, facilitando el monitoreo de su implementacin y el establecimiento de relaciones de articulacin e interlocucin con las instancias pblicas rela-cionadas. Dicha estrategia ha permitido realizar un trabajo conjunto entre dos departamentos del IIDH: el Departamento de Entidades de la Sociedad Civil y el Centro de Asesora y Pro-mocin Electoral (CAPEL), potenciando las sinergias entre las organizaciones con las cuales ambos trabajan (mujeres, indgenas y afro-descendientes), profundizando la implementacin de los ejes transversales del trabajo institucional (la perspectiva de gnero, la diversidad tnica y cultural y la relacin Estado-sociedad civil), con respecto a la participacin poltica, uno de los cuatro conjuntos de derechos en los que el IIDH focaliza temticamente.

Como parte de las actividades del proyecto, el IIDH propici en 2006 la realizacin de seis investigaciones sobre participacin poltica indgena en Bolivia, Colombia, Ecuador, Mxi-co, Panam y Per. Las variables abordadas fueron cuatro: a) legislacin y reglamentacin electoral, relacionadas con la participacin de pueblos y comunidades indgenas en la vida

poltica y, en particular, en contiendas electorales; b) modelos y mecanismos electorales, ad-ministrativos y prcticos, vinculados al ejercicio del sufragio, activo y pasivo, por parte de los indgenas; c) aprovechamiento, por parte de movimientos, organizaciones y candidaturas in-dgenas, de los recursos legales y reglamentarios y de los modelos y mecanismos electorales, administrativos y prcticos, para mejorar sus oportunidades de participacin indgena (como electores y como candidatos); y, d) resultados del desempeo electoral indgena. En octubre del mismo ao se expusieron los resultados de dichas investigaciones en el V Congreso de la Red Latinoamericana de Antropologa Jurdica (RELAJU), que tuvo lugar en Oaxtepec, Morelos, Mxico. Las ponencias respectivas se presentan en este libro, que esperamos contri-buya al conocimiento de tan importante temtica desde una perspectiva ms focalizada a los mbitos poltico-electorales.

En dicho contexto, resulta muy valioso destacar que la labor del IIDH no se encuentra ais-lada en el desarrollo de los derechos humanos y ms bien ha tenido una muy importante con-tribucin proveniente del sistema interamericano. Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso YATAMA versus Nicaragua, referido justamente a la par-ticipacin poltica de los pueblos indgenas, ha reivindicado no slo el derecho de los pueblos indgenas, que difcilmente podra llegar a negarse, sino que ha determinado que en ejercicio de ese derecho el Estado debe respetar sus tradiciones, usos y costumbres organizativos, de modo tal que tradicionales vehculos de participacin, como los partidos polticos, deben dar lugar y paso a sus formas propias de organizacin. Este constituye, sin duda, un elemento sustantivo de una nueva visin democrtica en nuestra regin.

Agradecemos profundamente a las consultoras y consultores que llevaron a cabo los es-tudios aqu incluidos: Josefina Aguilar, Ecuador; Alfonso Alem, Bolivia; Bernal Castillo, Panam; Adda Chuecas, Per; Francisco Garca, Mxico y Camila Moreno, Colombia. De manera muy particular agradecemos a Francois Lartigue, Diego Iturralde y Francisco Garca, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologa Social (CIESAS) de Mxico, bajo la direccin de Virginia Garca A., cuya contribucin desde los inicios y durante sus diferentes etapas ha sido esencial para el desarrollo de este proyecto.

Roberto Cullar M.Director Ejecutivo

IIDH

Bolivia

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La participacin indgena en Bolivia: refundar en clave de pluralidadAlfonso Alem Rojo*

1. Contexto general

Bolivia se encuentra en el momento ms peculiar de su historia contempornea. El 22 de enero de 2006 asumi la presidencia de la repblica Evo Morales Ayma, el primer indgena en lograr una situa-cin semejante en 180 aos de historia republicana. Pero eso no es todo. Este lder cocalero de origen aymara ha ganado las elecciones con un margen que no se conoca desde que se recuper la democra-cia, en octubre de 1982; obuvo el 53,7% de la votacin nacional, de-jando atrs dos dcadas de hasto electoral, de minoras gobernantes apelando a corruptas componendas, y de un sistema poltico que ha quedado sepultado bajo una gruesa capa de ignominia.

Esta eleccin viene a coronar un camino largo y sostenido de vi-sibilizacin, acumulacin y protagonismo poltico de la mayora in-dgena de la poblacin boliviana probablemente, la sociedad ms precolombina del continente luego del sucesivo agotamiento de los modelos de Estado neocolonial ensayados desde la independen-cia de la metrpoli, cuyo ltimo remozamiento el ajuste neolibe-ral fue impuesto a partir de 1985, luego del colapso del Estado Nacionalista Revolucionario instaurado tras la Revolucin Na-cional de 1952 y dos dcadas de gobiernos dictatoriales.

Sin embargo, una lectura ms profunda de este resultado nos mos-trar que, en realidad, constituye el primer paso hacia la refunda-cin reclamada por los pueblos indgenas a lo largo de quince aos de marchas y movilizaciones, que han cambiado irreversiblemente el curso de la historia boliviana.

Lo que el pas se ha sacudido de encima es un rgimen de exclu-sin econmica, social y poltica de la mayora indgena de su po-blacin, herencia colonial que resisti 180 aos de vida republicana a la que el cansancio y la conciencia han dicho basta!

* Ingeniero, politlogo, consultor del IIDH.

Estudios sobre participacin poltica indgena

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Quines son los indgenas en Bolivia?

Como he mencionado, a nadie escapa el hecho de que Bolivia, por su composicin tnico-cultural, constituye una de las sociedades ms precolombinas del continente. Sin embargo, de qu estamos hablando cuando hablamos de lo indgena o los indgenas? Sin nimo de resolver un tema que permanece abierto en el debate internacional con mltiples aristas, diremos que en Bolivia el parteaguas parece situarse en los resultados del ltimo censo nacional de poblacin y vivienda1, en el que por primera vez se incluyen adems del uso de una lengua indgena otras dos variables, a saber: la lengua en que la persona apren-di a hablar y la variable de autopertenencia. A pesar de las mltiples combinaciones de estas tres variables, que dan como resultado el establecimiento de franjas diferenciadas de poblacin indgena2, el dato que ha cobrado una significacin poltica irreversible es el del 62% de poblacin que se autoidentifica como perteneciente a alguno de los 35 pueblos indgenas originarios del pas, revirtiendo su invisibilizacin como poblacin mestiza en una inocultable mayora demogrfica que, en los aos transcurridos desde el censo hasta el presente, ha traducido la significacin estadstica de la composicin tnico-cultural en una contundente apelacin poltica. De los ms de 8 millones de habitantes contados por el censo, los quechuas y aymaras constituyen cerca del 50% de la poblacin, mientras que los 33 pueblos restantes suman el 10%3.

Si en 1990, cuando los indgenas del Oriente y la Amazona marcharon durante un mes hasta la sede de gobierno reclamando Territorio y Dignidad, las mayoras quechuas y ay-maras preferan cobijarse bajo el apelativo ms dignificante de campesinos, marcando una diferencia identitaria con los primeros en la que se podan adivinar los resabios de los trau-mas coloniales, hoy esas diferencias se han ablandado notablemente o, en muchos casos, simplemente han desaparecido de cara al anlisis ms descarnado de la persistencia de una inocultable raz tnica en la discriminacin y la exclusin que han continuado marcando la relacin de dichas mayoras con los sectores dominantes de la sociedad.

Sin embargo, aunque este debate identitario haya evolucionado en los trminos descritos, las diferencias de los procesos vividos por unos y otros sectores a lo largo de la historia ms remota y reciente son evidentes y abarcan prcticamente todos los mbitos de la vida social, incluyendo, por supuesto, el de la participacin poltica.

As, mientras los pueblos andinos mayoritarios (quechua y aymara), por su vinculacin al eje geoeconmico minero, dominante a lo largo de la historia, fueron los beneficiarios de medidas y procesos de carcter incluyente y liberador, tanto polticos (abolicin del pongueaje, voto universal, asimilacin en la matriz organizativa del sindicalismo revolu-cionario, etc.) como econmicos (reforma agraria, programas de colonizacin) y sociales

1. INE, 2001.

2. Alb y Molina, 2006.

3. Molina Barrios, 2005: 47.

La participacin indgena en Bolivia: refundar en clave de pluralidad

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(mayor integracin rural-rural entre los pueblos de Tierras Altas y Bajas4 como consecuen-cia de los procesos de colonizacin y una mayor indigenizacin de las ciudades grandes y medianas debido a las migraciones rural-urbana); los pueblos orientales continuaron bajo relaciones de opresin y dependencia muy poco distintas de las establecidas en la Colo-nia, algunas comunidades incluso se mantuvieron bajo regmenes de semi-esclavitud hasta nuestros das. En el primer caso, aquellos pueblos constituyen slidas mayoras en sus m-bitos territoriales ancestrales urbanos y rurales, en el segundo, la mayora de estos otros pueblos no constituyen mayoras demogrficas ni siquiera en las circunscripciones que ha-bitan actualmente.

As, los pueblos andinos han tenido un innegable protagonismo en la vida poltica nacio-nal, sea por la estructuracin de corrientes propias de pensamiento y accin poltica, como el indianismo o el katarismo, por su participacin subordinada a los poderes de turno (mi-licias campesinas del MNR, Pacto Militar Campesino, etc.), o por la filiacin antisistmica ora reivindicacionista, ora rupturista del sindicalismo campesino independiente del lti-mo cuarto de siglo. En este caso, durante los primeros aos de la democracia reconquistada (1982), la participacin poltica de la poblacin y, particularmente, del liderazgo sindical indgena-campesino, se dio a travs del esfuerzo de una organizacin de expresiones polti-cas propias5, aunque fue tambin significativa su filiacin militante en los partidos polticos tanto de izquierda como de derecha, en los que, a pesar de haberles abierto significativos espacios de convocatoria poltica al interior de las organizaciones campesinas, y electoral en los principales centros rurales, nunca llegaron a desempear papeles preponderantes de conduccin y, hasta la aprobacin de la Ley de Participacin Popular (LPP), slo llegaron a acceder ocasionalmente a puestos electivos en los poderes pblicos.

Por otro lado, en la regin andina surgi, desde los ltimos aos de la dcada pasada, un movimiento que plantea la reconstitucin de los Ayllus sus estructuras sociopolticas y territoriales ancestrales y la consiguiente restitucin de los sistemas de autoridades tradi-cionales. Con este planteamiento que se expresa orgnicamente en el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ) se busc establecer una alternativa or-gnica a la sostenida crisis de la organizacin campesina de matriz sindical expresada en la Confederacin Sindical nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), pero, tambin, recoger y revalorizar la experiencia de estructuras organizativas tradicionales, que no haban llegado a desaparecer a pesar del proceso de campesinizacin y sindicalizacin promovido desde la implantacin de la Reforma Agraria de 1953.

4. Utilizaremos la caracterizacin de Tierras Altas y Tierras Bajas para referirnos, en el primer caso, al altiplano y valles andinos, donde se encuentra asentada la mayora de la poblacin aymara y quechua, respectivamente y, en el segundo, a las vastas tierras del Chaco, el Oriente y la Amazona, que constituyen ms de los dos tercios del territorio nacional y constituyen los territorios histricos de una enorme diversidad de pequeos pueblos tnicos.

5. La ms importante, sin duda, el Katarismo expresado en el Movimiento Revolucionario Tupac Katari, eje de la funda-cin de la Confederacin Sindical nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB en 1979.


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Por su parte, los pueblos del Oriente, el Chaco y la Amazona, inician su visibilizacin no solo como actores polticos sino como parte de la sociedad boliviana a partir de la Marcha por el Territorio y la Dignidad (1990), cuando su principal organizacin matriz, la CIDOB6, adquiri verdadera capacidad de representacin e interpelacin ante el Estado y el conjunto de la sociedad.

Un componente poco analizado del movimiento indgena, por tener una suerte de identi-dad hbrida, ha sido el movimiento colonizador, compuesto mayoritariamente por campe-sinos e indgenas de origen andino (quechuas y aymaras), asentados fundamentalmente en Tierras Bajas del Norte de Santa Cruz, Norte de La Paz y el Trpico de Cochabamba, en un proceso que se inici a mediados de los aos sesentas del siglo pasado. Componente fun-damental del proceso de migraciones internas de las dcadas recientes7, los colonizadores constituyen el sector ms dinmico de la realidad agraria de la Bolivia del ltimo medio siglo. Pilares de la diversificacin productiva, asociados a los procesos agroindustriales y agroexportadores, los colonizadores han constituido el principal factor social en la amplia-cin de la frontera agrcola histrica del pas, ocupando tierras vrgenes en parcelas bastante mayores a las que posean en sus tierras de origen, afectadas ya por la degradacin de siglos de aprovechamiento y la minifundizacin resultante de la reforma agraria.

Dentro de este ltimo sector, se destaca un subsector muy especfico, el de los producto-res de hoja de coca del Trpico de Cochabamba y el Norte paceo, por la situacin especial de la coca en las polticas impuestas por la comunidad internacional, como parte de una es-trategia global de redefinicin de la hegemona geopoltica de la principal potencia mundial. Esta situacin hizo que el movimiento cocalero, adems de las reivindicaciones locales propias que comparte con muchos otros sectores campesinos, indgenas y colonizadores, introdujera en su agenda un componente poltico de alcance internacional, que le ha dado un perfil diferenciado y lo ha obligado a definir un liderazgo y una estrategia local, nacional

6. Originalmente, Central Indgena del Oriente Boliviano, transformada luego en Confederacin de Pueblos Indgenas de Bolivia.

7. En el fenmeno de las migraciones, que ha producido un verdadero cambio demogrfico y cultural en las ltimas dca-das, se deben destacar las migraciones campo-ciudad y aquellas entre una regin geocultural a otra. As, si a partir de los aos sesentas el fenmeno migratorio tena como rasgos distintivos el traslado de las reas rurales a las ciudades al interior de una misma regin geocultural, y la migracin rural-rural en el caso de la apertura de zonas de colonizacin y el traslado temporal del Occidente andino al Oriente amaznico de mano de obra para la zafra; en la actualidad, el principal contingente migratorio tiene su origen en la regin andina (rural o urbana) y como punto de destino la ciudad de Santa Cruz (y ya no las reas rurales de ese departamento) y, en cuanto a la migracin intraregional, el primer con-tingente de migrantes ha dejado de ser el de los jefes de familia que se insertaban en la economa urbana como peones de la construccin, ahora son los jvenes que tienen como destino principal las escuelas y las labores domsticas (Urioste, 2006: 23).

El resultado de la situacin descrita es que entre los pueblos indgenas mayoritarios, del Quechua, que representa el 50% de la poblacin indgena del pas, un 50.5% de sus integrantes vive en el rea urbana, mientras que del Aymara, que constituye el 41.2% de la poblacin indgena nacional, el 59.3% es poblacin urbana (Molina Barrios, 2005: 47), lo que hace que la poblacin indgena constituya, en algunos casos, ms del 80% de la poblacin de las grandes urbes y, an en el caso de Santa Cruz, sobrepase ya el tercio de su poblacin.


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e internacional, que fue la base del proceso que ha llevado hoy a su principal figura, Evo Morales, a la presidencia de la Repblica.

Finalmente, mencionaremos al Movimiento de Trabajadores Campesinos Sin Tierra (MST), organizacin relativamente reciente, surgida a partir de la crisis del minifundio y la persistente ausencia de polticas consistentes de desarrollo rural8.

Una ltima reflexin en cuanto a quines son los indgenas bolivianos tiene que ver con la poblacin que se autoidentifica como indgena y que habita en los centros urbanos del pas. Este contingente demogrfico constituye actualmente la mayora de la poblacin que se autoidentifica como indgena en el total nacional, por lo que Bolivia exhibe una curiosa condicin en la que coinciden los siguientes hechos: a) desde hace unas dos dcadas, la poblacin urbana pas a ser la mayora demogrfica del pas frente a la rural, constituyendo en la actualidad alrededor del 68%; b) la mayora de la poblacin boliviana (62%) se autoi-dentifica como perteneciente a alguno de sus pueblos indgenas u originarios; c) la mayora de la poblacin urbana se considera indgena, y d) la mayora de la poblacin indgena es, actualmente, urbana9. De esta situacin, sin embargo, no existe la suficiente conciencia ni en el Estado, ni en las organizaciones indgenas/campesinas, ni en el imaginario colectivo de la sociedad boliviana que, aunque en los ltimos aos se ha visto confrontada con el dato de su indigenidad estadstica, esta parece aludir a una realidad predominantemente rural y agraria. De hecho, aunque hoy se asumen como indgenas, indiferenciada, la mayor parte de los habitantes rurales del pas independientemente de su cauce organizativo, y, en consecuencia, que sea natural que sus demandas expresen y caractericen la parte ms vi-sible de la demanda tnica, no ha sido sino hasta los sucesos sociopolticos de 2003, que el protagonismo popular de ciudades como La Paz y El Alto (de amplia mayora demogrfica indgena) manifest de manera explcita un componente tnico, recogiendo la demanda de los movimientos y organizaciones indgenas-campesinas de convocatoria a una Asamblea Constituyente como propia, elemento que permiti la generalizacin de esta demanda en la agenda poltica del pas, marcando la mayor inflexin poltica en la historia del protagonis-mo indgena.

La Bolivia profunda se hace visible

La creciente conciencia de la etnicidad como factor de exclusin ha llevado a los princi-pales actores sociales tanto de las luchas campesinas como de los movimientos sociales ur-banos, a incorporar en sus perfiles identitarios un incontestable componente tnico-cultural

8. Como resultado del proceso de Reforma Agraria iniciado en 1953, el Estado dot de tierras a los trabajadores de las ex haciendas y titul tierras comunitarias fundamentalmente del rea andina. Luego de medio siglo, las tierras tituladas individualmente han sufrido un proceso de subdivisiones que ha convertido a dichas propiedades en tierras sin capa-cidad de soportar un rgimen sostenible de produccin. En el presente se estiman en alrededor de 100 000 las familias campesinas que no poseen tierras o que las poseen de manera insuficiente.

9. Molina Barrios, 2005: 45.


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que, a partir de la ruptura de la centralidad minera como vanguardia histrica de las luchas sociales y polticas bolivianas, ha constituido el hilo del hilvn que explica el proceso de articulacin social y poltica que subyace a las transformaciones que ha vivido el pas en los ltimos aos.

A este respecto, es indispensable resaltar que en el marco de la crisis orgnica que han arrastrado el Estado y la sociedad en este perodo, son dos los actores indgenas y campe-sinos que, de manera ms visible, han sido protagonistas relevantes de los cambios que ha experimentado el pas: por una parte, el movimiento cocalero10, y, por otra, los pequeos pueblos indgenas del Oriente, el Chaco y la Amazona, que fueron los primeros en enarbo-lar la bandera de la refundacin a travs del reclamo de una Asamblea Constituyente.

En el primer caso, se trata del sector ms dinmico del movimiento popular boliviano, al que le toc resistir los embates de la poltica extranjera antidrogas, convocando tras de s al sentimiento nacional de defensa de la soberana y la dignidad nacional frente a la arbitrarie-dad y la imposicin fornea.

En el segundo caso, fueron los pueblos orientales organizados en la Confederacin de Pueblos Indgenas de Bolivia (CIDOB), los que marcharon, en 1990, por el reconocimiento de su Territorio y su Dignidad, poniendo en la agenda de la sociedad y el Estado bolivianos el debate sobre su diversidad cultural. Aquel evento marc significativamente los debates que pronto derivaron en la aprobacin de una reforma constitucional, que reconoci la na-turaleza pluricultural y multitnica11 de la sociedad boliviana, la personera jurdica de los pueblos y comunidades campesinas e indgenas, sus derechos territoriales originarios y la jurisdiccin y competencia de las autoridades naturales para la resolucin de los conflictos en aplicacin de sus usos y costumbres, entre otros derechos colectivos12.

Estas reformas a la Constitucin Poltica de Estado (CPE) abrieron el escenario para la aprobacin de otras leyes que aportan en la perspectiva del afianzamiento de los derechos civiles, polticos, econmicos, sociales y culturales de los pueblos indgenas. En un caso, la Ley de Participacin Popular13, municipaliz la totalidad del territorio nacional, descon-centr el 20% de la renta nacional a travs del Fondo de Co-Participacin Municipal y dio representacin con voz y voto a las comunidades campesinas e indgenas en la definicin de sus prioridades de desarrollo y la fiscalizacin de los recursos asignados para tal fin a los municipios, muchos de los cuales pasaron a tener autoridades indgenas, iniciando as una Escuela de Poder Local que no tena antecedentes en la historia del pas. Bajo esta nueva realidad jurdica y poltica, por ejemplo, las federaciones cocaleras tomaron el control de to-dos los municipios de su regin de influencia, como antesala de lo que sera la organizacin

10. Hace referencia a las 6 federaciones de productores de hoja de coca del Trpico de Cochabamba.11. CPE, 1994: Art.1.12. CPE, 1994: Art.171.13. Ley 1551, 1994: Art. 2.


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de Instrumento Poltico por la Soberana de los Pueblos y, luego, su transformacin en el partido que adoptaron bajo la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS)14.

En otro caso, se aprob la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria15, cuyo principal propsito era el de corregir las dramticas distorsiones en que haba incurrido el proceso de Reforma Agraria iniciado en 1953, proponiendo el saneamiento de la propiedad agraria en funcin del respeto a la funcin econmica y social de la tierra, a partir del cual se redistri-buyera este recurso entre los pueblos indgenas y las comunidades y familias campesinas sin tierra o con extensiones insuficientes para satisfacer sus necesidades bsicas16. A pesar de haber primado una lamentable falta de voluntad poltica para revertir a dominio del Estado, del latifundio improductivo y de que el proceso de saneamiento no ha cubierto ni el 15% de la superficie nacional, en los diez aos que lleva este proceso, se ha logrado la titulacin de cerca de cinco millones de hectreas distribuidas en unas setenta Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de diversos pueblos indgenas, particularmente de las Tierras Bajas.

Asociados a estos avances, se pueden tambin mencionar los alcances que en materia de acceso a los recursos naturales renovables y no renovables y los beneficios derivados de su aprovechamiento, contienen dos leyes tan emblemticas como la Ley INRA: Ley Forestal17, y la Ley de Hidrocarburos18. La primera de ellas, aprobada en el marco de las reformas adoptadas a mediados de la dcada pasada, establece los derechos exclusivos de los pueblos indgenas sobre los recursos forestales existentes en sus TCO, y su derecho preferente a aquellos existentes en otras reas con las que puedan tener una relacin de ocupacin his-trica. En la segunda, derivada de la dinmica resultante de la Guerra del Gas (octubre 2003) y del referndum realizado sobre la poltica hidrocarburfera en julio de 2004, se establecen extensas provisiones no solo sobre las posibilidades de realizar o no actividades de exploracin y/o explotacin de recursos hidrocarburferos en tierras indgenas y cam-pesinas, sino acerca de la participacin de los pueblos indgenas como beneficiarios del Impuesto Directo sobre Hidrocarburos (IDH) (art. 57), entre otras.

Indgenas en el poder? Derechos indgenas en el limbo

Aunque resulta evidente que, desde la ratificacin del Convenio 169 de la OIT, en 1991, los pueblos indgenas han contado por primera vez con un espacio de legalidad para luchar por sus reivindicaciones, los desarrollos legales ms recientes comentados lneas arriba han

14. Esta pequea organizacin haba sido fundada a fines de los 80 por los disidentes de izquierda de la Falange Socialista Boliviana (FSB) sin haber alcanzado mayor significacin poltica hasta entonces.

15. Ley 1715 INRA, 1996.

16. En 40 aos, la Reforma Agraria distribuy alrededor de 40 millones de Has. de las cuales, nicamente 4 millones fueron entregadas a los campesinos, siendo la superficie restante la base de poder de la nueva oligarqua latifundista, principalmente asentada en las tierras del Oriente y la Amazona.

17. Ley 1700, 1996.

18. Ley 3058, 2005.


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resultado ms bien aleatorios y contradictorios, ilustrando ms la mediocre comprensin que los sectores dominantes han tenido de los pueblos indgenas como sujetos de derechos en la perspectiva de la construccin de un Estado genuinamente multitnico y pluricultural, que lo que podra ser una visin orgnica y de proceso desde la perspectiva de la mayora indgena de la poblacin boliviana.

As, por ejemplo, a pesar de que la poblacin indgena constituye hoy la mayora de la poblacin urbana del pas, y de que la mayora de la poblacin indgena es urbana, los dere-chos reconocidos en el Artculo 171 de la Constitucin estn insertos en el captulo corres-pondiente al Rgimen Agrario y Campesino, limitando su potencial ejercicio al mbito rural y dejando el complejo proceso de reidentificacin cultural urbana sin ningn referente jurdico en el que apoyarse.

Por otro lado, a pesar del importante empoderamiento prctico que represent para miles de comunidades campesinas e indgenas la Ley de Participacin Popular, esta, sin embar-go, ignora la territorialidad indgena originaria e impone la divisin polticoadministrativa heredada de la Colonia, precisamente en un momento en que ante la ausencia real de Es-tado empezaba el proceso de reconstitucin de ayllus y unidades territoriales tradicionales en la regin andina y, en Tierras Bajas, se reclamaba el reconocimiento de la territorialidad ancestral propia de los pueblos orientales. No es casual, entonces, que el tema de las autono-mas indgenas emerja hoy como uno de los temas centrales en el debate constituyente.

En el caso de la Ley de Reforma Educativa19, con la que se busc instituir la Educacin Intercultural Bilinge (EIB), como respuesta a la falta de horizontalidad que histricamente ha tenido la poltica educativa en Bolivia, en los hechos y ms all del importante aporte que constituye el desarrollo de las teoras lingsticas particulares para una importante cantidad de lenguas indgenas y la experiencia de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPO), la Reforma se ha aplicado nicamente en el mbito rural, el componente de inter-culturalidad no ha avanzado en lo ms mnimo, y el bilingismo se ha reducido a un puente hacia la castellanizacin de los nios indgenas, muy en el marco de las polticas asimila-cionistas del indigenismo de mediados del siglo pasado.

En cuanto al reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), el proceso de saneamiento, ms all de la ya comentada falta de voluntad poltica de los regmenes que tuvieron en sus manos aplicar la Ley INRA, privilegi el reconocimiento de los derechos de terceros en las reas demandadas, terminando por reconocer a favor de los pueblos demandantes los saldos muchas veces inconexos de dichas reas, rompiendo el concepto de tierras originarias como la fuente que sustenta los derechos territoriales de los pueblos indgenas. En el caso de Tierras Altas, el proceso ha tenido una orientacin y un ritmo totalmente diferentes, dado que aqu (a diferencia de Tierras Bajas) el proceso de reforma agraria (1953) haba reconocido los derechos de propiedad de familias y comunidades en

19. Ley 1565, 1994.


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favor de la poblacin originaria, por lo que, en este caso, la demanda de TCO ha apuntado principalmente al reconocimiento de unidades territoriales tradicionales, pero en la perspec-tiva de su constitucin en nuevos mbitos territoriales de gestin polticoadministrativa, en sustitucin de las provincias, secciones de provincia y cantones creados por el ordenamien-to republicano sobre la divisin poltica heredada de la Colonia.

Por lo dems, apuntaremos que el Ministerio de Asuntos Indgenas y Pueblos Originarios (MAIPO)20 (2003), creado con el propsito de promover la transversalizacin de la temtica indgena en el conjunto de las polticas gubernamentales, nunca pas de ser un Ministerio Sin Cartera, es decir, su existencia estuvo siempre marcada por la provisionalidad y la precariedad, y no logr romper con el sentido de la sectorializacin del tema en las polticas del poder ejecutivo21.

Emergencia indgena, la insurreccin democrtica

Con esta situacin como teln de fondo, y cansados del lento ritmo de atencin a sus demandas y el reiterado incumplimiento de los compromisos gubernamentales en todas las materias, los indgenas esta vez, de tierras altas y bajas volvieron a marchar hacia la sede de gobierno en 2002, reivindicando en esta ocasin la convocatoria a una Asamblea Consti-tuyente. Luego de la reiterada negativa, aduciendo que al no encontrarse tal extremo consi-derado en la CPE solo era posible introducir reformas parciales y limitadas del texto consti-tucional, en una actitud que grafica inapelablemente la vocacin democrtica de los pueblos indgenas, optaron por exigir que a travs de una reforma parcial se incorporara dicha figura en la Constitucin para que, una vez logrado esto, se concretara tal convocatoria.

Sin embargo, fue necesario que el hasto popular con las polticas y la soberbia gu-bernamentales terminara expulsando del gobierno al presidente Snchez de Lozada, en jornadas que dejaron ms de setenta muertos en la llamada Guerra del Gas22, para llegar a definir un compromiso del sistema poltico con la ciudadana expresado en la denomi-nada Agenda de Octubre, uno de cuyos puntos ms relevantes fue la convocatoria a la Asamblea Constituyente23.

20. Originalmente creado como Secretara Nacional de Asuntos tnicos (1993), se transform en Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos Indgenas y Originarios (1997) y, posteriormente, en Viceministerio de Asuntos Indgenas y Pueblos Originarios (2001).

21. El gobierno de Evo Morales ha suprimido este ministerio de la estructura del poder ejecutivo, precisamente, bajo la idea de introducir una visin de lo indgena en las polticas sectoriales del conjunto del gabinete.

22. As se denominaron los eventos acaecidos en octubre de 2003 como desaprobacin de la poltica hidrocarburfera del gobierno, que dieron como resultado la expulsin de G. Snchez de Lozada de la presidencia de la Repblica. Ya en el ao 2000 se haba registrado en Cochabamba la Guerra del Agua, que dio como resultado la expulsin de la empresa transnacional Bechtel, que se haba adjudicado la gestin de la empresa de aguas.

23. En las jornadas de octubre de 2003, el principal protagonista fue la poblacin de El Alto, ciudad en la que ms del 70% de sus habitantes se autoidentifican como aymaras.


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Bajo estas nuevas condiciones, se realizaron las elecciones municipales de diciembre de 2004 con una resonante victoria del MAS a nivel nacional, como antesala de lo que sera su triunfo arrollador en las elecciones generales celebradas un ao ms tarde24, resultado que se repiti en la eleccin de los miembros de la Asamblea Constituyente en julio de 200625.

En esta dinmica, a partir de la conquista de la constitucionalizacin de la Asamblea Constituyente, las organizaciones indgenas y campesinas, sobreponindose a sus diferen-cias y divisiones, conformaron el denominado Pacto de Unidad, que agrupa en su seno a la totalidad de organizaciones de relevancia nacional y regional, a saber: CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ, la Confederacin Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Federacin Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa (FNMCB-BS), el Bloque Orien-te (que rene a las Centrales de Pueblos tnicos de Santa Cruz y el Beni), el Movimiento Sin Tierra (MST) y la Asamblea del Pueblo Guaran (APG). Este Pacto de Unidad ha tenido desde su constitucin una activa labor, no solo vinculada a la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la elaboracin de una propuesta sustantiva para que sea considerada por la Asamblea, sino tambin en otros temas tales como la Ley de Hidrocarburos, demostrando una slida capacidad de accin unitaria y sentando las bases de una nueva articulacin ideo-lgica y programtica desde la accin en el movimiento indgena y campesino.

2. Marco jurdico institucional electoral

En el lapso de los ltimos diez aos (1995-2006) y como consecuencia de los significati-vos acontecimientos polticos descritos, la legislacin boliviana ha sufrido tambin cambios especficamente vinculados a la participacin indgena en los procesos electorales.

La Constitucin Poltica del Estado

Entre dichos cambios, la Constitucin Poltica del Estado, en su ltima reforma parcial (CPE, 2004), adems de institucionalizar las figuras jurdicas de la Asamblea Constituyente con potestad de modificar integralmente la CPE, el Referndum y la Iniciativa Legislativa Ciudadana, busc romper el monopolio de la representacin poltica en manos de los par-tidos polticos, reconocindoles a las Agrupaciones Ciudadanas y a los Pueblos Indge-nas la facultad de participar como sujetos polticoelectorales en igualdad de condiciones con los partidos polticos, en los siguientes trminos:

24. Se trata de las elecciones adelantadas que fueron pactadas tras la renuncia del sucesor de Snchez de Lozada, Carlos D. Mesa (junio 2005), como parte de la solucin a la crisis institucional que instal provisionalmente como presidente de la Repblica al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodrguez, con el compromiso de convocar a la renovacin de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en un plazo de 6 meses.

25. La aprobacin de la Ley de Convocatoria fue una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Evo Morales, en cumplimiento de los compromisos de la Agenda de Octubre que asumi durante su campaa.


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Artculo 222. La Representacin Popular se ejerce a travs de los partidos polticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indgenas, con arreglo a la presente Constitucin y las leyes.

Artculo 223.

I. Los partidos polticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indgenas que concurran a la formacin de la voluntad popular son personas jurdicas de Derecho Pblico.

II. Su programa, organizacin y funcionamiento debern ser democrticos y ajustarse a los principios, derechos y garantas reconocidos por esta Constitucin.

III. Se registrarn y harn reconocer su personera ante la Corte Nacional Electoral.

IV. Rendirn cuenta pblica de los recursos financieros que reciban del Estado y estarn sujetos al control fiscal.

Artculo 224. Los partidos polticos y/o las agrupaciones ciudadanas y/o pueblos ind-genas, podrn postular directamente candidatos a Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados, Constituyentes, Concejales, Alcaldes y Agentes Municipales, en igualdad de condiciones ante la Ley, cumpliendo los requisitos establecidos por ella.

Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indgenas

En consonancia con esta nueva disposicin constitucional, el Congreso promulg en el mes de julio de 2004 la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indgenas, normando los artculos de la CPE arriba mencionados.

En este caso, la Ley se limita a garantizar a las nuevas formas de intermediacin electoral los mismos derechos y obligaciones que los reconocidos a los partidos polticos, obligando a las Asociaciones Ciudadanas y Pueblos Indgenas a funcionar como si fueran partidos polticos y vaciando de sentido y contenido el reconocimiento que hace la propia CPE en su Artculo 171 de los derechos econmicos, sociales y culturales de los pueblos indgenas y de sus costumbres e instituciones. Estos derechos y deberes son ratificados y precisados en el Cdigo Electoral (Ley 1984 y reformas parciales sucesivas, 1999-2005).

Entre las disposiciones ms relevantes en lo que tiene que ver con los pueblos indgenas, esta Ley contiene las siguientes:

Artculo 5 (Pueblos Indgenas). Los Pueblos Indgenas son organizaciones con persona-lidad jurdica propia reconocida por el Estado, cuya organizacin y funcionamiento obedece a los usos y costumbres ancestrales.

Estos pueblos pueden participar en la formacin de la voluntad popular y postular candi-datos en los procesos electorales, en el marco de lo establecido en la presente Ley, debiendo obtener su registro del rgano Electoral.


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Artculo 6 (Intermediacin de la Representacin Popular). La intermediacin de la repre-sentacin popular se ejerce a travs de los Partidos Polticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indgenas con registro por el rgano Electoral, previo cumplimiento de los requi-sitos y condiciones que establece la presente Ley, el Cdigo Electoral y la Ley de Partidos Polticos, segn corresponda.

Artculo 7 (mbitos Electorales). Los mbitos de representacin popular, son los si-guientes:

1. El mbito constitucional para la eleccin de Constituyentes; en el que se postularn candidatos de acuerdo a Ley expresa de convocatoria para la Asamblea Constitu-yente.

2. El nivel nacional; en el que se postularn candidatos a Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados.

3. El nivel de circunscripciones uninominales; en el que se postularn candidatos a Di-putados Uninominales.

4. El nivel municipal; en el que se postularn candidatos a Alcaldes, Concejales Muni-cipales y Agentes Municipales.

(...)

Artculo 23 (Reconocimiento). A fines electorales, los Pueblos Indgenas debidamente constituidos y reconocidos ante las instancias correspondientes26, podrn participar en los procesos electorales nacionales, de diputados uninominales, municipales y/o Constituyen-tes, con el solo cumplimiento de los siguientes requisitos formales para su acreditacin:

1. Certificacin de su condicin de Pueblo Indgena por rgano competente.

2. Relacin nominal de las autoridades comunales y/o dirigentes que representan al pue-blo, segn sus normas tradicionales, los mismos que sern su representacin legal y asumirn responsabilidad solidaria y mancomunada ante los rganos Electorales y de Control Fiscal.

3. Los smbolos que representan al Pueblo Indgena.

26. El reconocimiento de la Personera Jurdica de los pueblos y comunidades indgenas y campesinas est normado por la Ley de Participacin Popular (1994) en su Artculo 5 (Registro de la Personalidad Jurdica): El registro de la personalidad jurdica de las comunidades campesinas, pueblos indgenas y juntas vecinales en la Seccin de Provincia, se har segn la jurisdiccin, mediante Resolucin de la Prefectura o Subprefectura, en favor de la Organizacin Terri-torial de Base que presente documentos comunitarios tales como libros de actas, actas de asambleas, acta de posesin que designe a sus representantes o autoridades, y/o Estatutos o Reglamentos respectivos, de acuerdo a la naturaleza del peticionante, y previa Resolucin afirmativa del Concejo o Junta Municipal correspondiente. Cumplidos los requisitos establecidos precedentemente, la autoridad administrativa competente no podr negar el registro, siendo responsable de cualquier accin u omisin que incumpla lo establecido en el presente artculo.


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Artculo 24 (Prohibicin). Ningn ciudadano miembro de un Pueblo Indgena est obli-gado a participar del mismo con fines electorales. Las autoridades y representantes de los Pueblos Indgenas no podrn obligar a sus miembros a firmar libros de registro.

Artculo 25 (Cantidad Mnima). Los Pueblos Indgenas que pretendan participar en pro-cesos electorales nacionales, de circunscripciones uninominales o municipales, debern cumplir con los mismos requisitos establecidos en el Artculo 11 de la presente Ley27.

Artculo 26 (Usos y Costumbres). Bajo los principios de la tradicin oral, los Pueblos Indgenas que no contaran con normas escritas que rijan su organizacin solicitarn, ante el rgano Electoral, el reconocimiento expreso de sus usos y costumbres como instancias de legitimacin para la postulacin de candidatos.

Del anlisis de estos artculos, se puede concluir que en el reconocimiento de estos dere-chos polticos a los pueblos indgenas se incurre en contradicciones conceptuales evidentes, que pueden ser comprensibles dada la vocacin monocultural del Estado boliviano y el marco de indefiniciones que an rige esta materia en el derecho, tanto nacional como in-ternacional, pero son inaceptables desde el punto de vista del proceso poltico que origina dichas reformas jurdicas. Veamos:

Mientras por un lado se reconocen los usos y costumbres, tradiciones e institucio-nes de los pueblos indgenas, por otro se les obliga a:

elegir autoridades que no les son propias,

en jurisdicciones que les son ajenas y que rompen las territorialidades ancestrales que han pervivido hasta el presente. Al menos en las TCO se debera reconocer la unidad entre tierra-territorio-organizacin sociopoltica, como lo establece el Convenio 169, que es ley de la repblica desde 1991;

desconociendo la naturaleza consensual y asamblearia de los mecanismos tradiciona-les de decisin comunitarios y, finalmente,

pretendiendo que compitan en igualdad de condiciones sujetos cuya naturaleza es radicalmente diferente.

La Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente

Paradjicamente, habiendo sido los pueblos indgenas los que abrieron el camino de la refundacin con sus marchas y movilizaciones por la Asamblea Constituyente, y ocupan-do la presidencia por primera vez en la historia un prominente lder social de ascendencia aymara, respaldado por una cmoda mayora parlamentaria, el Congreso aprob por una-nimidad una Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (LECAC, 2006),

27. Dicho artculo establece un nmero mnimo de firmas equivalente al 2% de los votos vlidos emitidos en la ltima eleccin en la circunscripcin de referencia.


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dejando en el camino las propuestas elaboradas a lo largo de los dos aos que precedieron a la aprobacin de tal ley por parte de las organizaciones indgenas. Estas propuestas te-nan como rasgo comn la demanda de reconocimiento de circunscripciones especiales indgenas, que permitieran a los pueblos pequeos que an no constituyen mayora en sus circunscripciones regionales tener presencia y hablar con voz propia en la Asamblea Constituyente, eligiendo a sus representantes a travs de sus usos y costumbres y no a tra-vs de la competencia electoral, en un sistema que dice garantizar el pluralismo poltico e ideolgico pero no garantiza el pluralismo cultural, cuando en realidad es este el meollo del proceso de refundacin. De esta manera, mientras se asegur a los partidos polticos que aunque salieran cuartos en sus respectivas circunscripciones departamentales lograran tener representacin en la Asamblea, se mezquin a los pueblos indgenas contar con una representacin propia y legtima para pactar su pertenencia al nuevo Estado, a pesar de que su presencia no hubiera contado en ningn caso con poder de veto alguno.

Esta situacin puede encontrar diversas explicaciones, a saber:

La impugnacin de la posibilidad de circunscripciones indgenas por parte de los sectores ms conservadores, temerosos de alentar una visin secesionista basada en la confrontacin tnica y denunciando la eventualidad de que los indgenas tuvieran una doble representacin (una tnica y otra poltica), que les otorgara una ventaja frente a la poblacin no indgena.

La determinacin de impedir la manipulacin de los actores del viejo sistema poltico desplazados del poder, que haban estado activa o pasivamente apelando a diversos recursos para resistir la convocatoria a la Asamblea Constituyente y que, a ltimo momento, buscaron abanderar las demandas de representacin indgena, intentando introducir una cua entre el MAS y las organizaciones indgenas.

Los acuerdos polticos pragmticos entre el MAS y las organizaciones indgenas (Pac-to de Unidad, CIDOB), al calor de la nueva perspectiva de construccin de una nueva hegemona indgena popular que podra garantizar una cuota no total pero significati-va de representacin a la mayora de los pueblos a travs de las listas del MAS.

Sin embargo, no es menos evidente que en algunos crculos dirigenciales del MAS pudo haberse impuesto la visin reduccionista y homogeneizante que subordina las diferencias tnicoculturales a la resolucin de una contradiccin principal propiciada por una visin ideolgica ms clasista y/o nacionalista, ignorando o posponiendo, una vez ms, lo que constituye innegablemente uno de los factores de exclusin social, cultural y poltica ms evidentes a lo largo de la historia boliviana28.

28. A pesar de haber respaldado el MAS durante la campaa electoral la propuesta del Pacto de Unidad, el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo excluy desde un principio la posibilidad de reconocer las circunscripciones indgenas, por lo que este no constituy un factor de negociacin con la oposicin conservadora para obtener los dos tercios requeridos para la aprobacin de la LECAC.


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Esta situacin est evidenciando la ausencia ms all de lo proclamado en el Artculo 1 de la CPE desde 1994 y las dificultades que an se confrontarn para la construccin de un Estado Pluricultural, que reconozca, respete, proteja y promueva la diversidad cultural, como un atributo que le confieren los pueblos indgenas y originarios que habitan su territorio desde antes de la fundacin de la Repblica y constituyen hoy ms del 60% de su poblacin actual; es decir, un Estado que reconozca las diversas formas de organizacin social, de ordenamiento territorial y administrativo y de gestin poltica, entre otras, que se desprenden de su diversidad intrnseca.

Este y no otro es el trasfondo profundo del reclamo de la refundacin demandada por los pueblos indgenas a la Asamblea Constituyente; es decir, la forja de un Pacto de Pertenen-cia a un nuevo proyecto de pas, que haga posible el Pacto de Convivencia sobre el que se edifique el Estado de Derecho que Bolivia no ha conocido desde su fundacin, a partir del reconocimiento y ejercicio real del primer derecho consagrado para todos los pueblos en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos: el de determinar libremente su condicin poltica y sus opciones de desarrollo econmico, social y cultural29.

El marco institucional

En cuanto a la institucionalidad que rige los procesos electorales en Bolivia, a partir de un histrico acuerdo de la totalidad del sistema poltico se constituy un Poder Electoral genuina-mente autnomo a partir de 1991, con la eleccin de Cortes Nacional y Departamentales Elec-torales, integradas por ciudadanos independientes que gozaran de un amplio reconocimiento por su probidad, a travs de la eleccin de sus miembros por dos tercios del Congreso.

El Cdigo Electoral confiere a los organismos electorales las facultades no solo de orga-nizar los procesos electorales sino tambin de reconocer y acreditar a los sujetos electorales (partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indgenas), de mantener el padrn de electores al da y de garantizar tambin la actualizacin permanente del Registro Civil, adems de funciones de educacin e informacin ciudadana que han venido cumpliendo con regular amplitud e idoneidad.

El marco institucional que se ha ampliado con la reforma constitucional de febrero de 2004, tiene como particularidades las siguientes:

1. Reconoce a los Pueblos Indgenas como sujetos polticoelectorales, con faculta-des para concurrir a la formacin de la voluntad popular en igualdad de con-diciones con los partidos polticos y las agrupaciones ciudadanas.

Comentario:

Este reconocimiento, con el que se busca permitir a pueblos y comunidades indgenas contar con candidaturas propias sin tener que recurrir como ocurra hasta entonces al

29. Naciones Unidas, 1966.


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patrocinio de algn partido poltico enfatiza, sin embargo, en la igualdad de condiciones con los partidos y las agrupaciones ciudadanas, obligando a los pueblos indgenas a actuar de una manera ajena a su propia naturaleza, lo que se traduce nicamente en una opcin ms para ampliar la pluralidad de candidaturas, y no en un reconocimiento a las instituciones y formas tradicionales de autoridad que, por siglos, han mantenido los pueblos indgenas, s en los mecanismos para su constitucin y/o renovacin, lo que dara verdadera pluralidad institucional y normativa al Estado boliviano.

De hecho, las formas tradicionales de organizacin indgena conjugan las dimensiones poltica, jurdica, econmica, social y ritual, garantizando una gestin de carcter hols-tico sobre el conjunto de esferas de responsabilidad social. Estas formas han subsistido particularmente en el caso de los pueblos andinos30, en los que a pesar de las adecuaciones efectuadas desde tiempos coloniales, se ha preservado el sistema de rotacin de cargos y el Thaki31 en que se plasman los valores de servicio a la comunidad, reciprocidad y comple-mentariedad que organizan la vida en las comunidades, ayllus y markas.

Esta situacin ha obligado a mantener formas paralelas de organizacin, unas orientadas ms a la dinmica interna de las comunidades y, la otra, a la negociacin con las estructuras gubernamentales y estatales que, en el pasado, se tradujeron en las formas organizativas del sindicalismo campesino y, a partir de la Ley de Participacin Popular (LPP), en las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y las instituciones municipales de inspira-cin republicana/occidental, que han administrado los recursos que el Estado descentraliz a favor de estos nuevos mecanismos32 de gestin territorial del desarrollo local. A pesar de ello, en los ltimos aos es ostensible la dinmica de recuperacin y reconstitucin de ayllus, comunidades y otras estructuras tradicionales de organizacin sociopoltica y terri-torial que se ha venido dando a lo largo y ancho del territorio nacional, motivada por las reformas constitucionales que reconocen la personera jurdica de pueblos y comunidades campesinas e indgenas, sus usos y costumbres, as como sus derechos territoriales33.

En ese contexto, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indgenas, y la nor-mativa derivada que venimos comentando, a pesar de las ventanas que deja abiertas, han perdido la oportunidad de profundizar en esa perspectiva, y han optado por mantener el monolitismo institucional y jurdico del actual Estado boliviano, dejando cualquier posibi-lidad de enmienda librada a las decisiones que la Asamblea Constituyente pueda adoptar en esta materia.

30. Fernndez Osco, 2004.

31. Camino en aymar, que hace referencia al conjunto de cargos que una persona debe completar a lo largo de su vida como servicio/retribucin a su comunidad.

32. Hasta la Ley de Participacin Popular (1994), los municipios en el rea rural eran prcticamente inexistentes y care-can de asignacin presupuestaria alguna.

33. CPE, 1994, Art. 171.


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2. En el proceso poltico reciente, solo se han modificado las circunscripciones electorales a partir de la presin de las elites regionales, que han tomado en cuenta solo argumentos demogrficos, y no as la distribucin geocultural de la poblacin boliviana.

Comentario

Una de las expresiones ms flagrantes de la inadecuacin de las formas institucionales del Estado boliviano es su actual divisin polticoadministrativa.

Dicha divisin establece departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones, y, desde 1994, se le aadieron circunscripciones uninominales para la eleccin de la mi-tad de los miembros de la Cmara de Diputados. Si en el primer caso las divisiones entre unos departamentos, provincias, secciones y cantones y otros, se explicaban por los mapas diseados por el poder polticoeclesial desde la poca virreinal, que la repblica hered y proyect en funcin de los intereses del poder criollo beneficiario de la independencia de la corona espaola, en el segundo, la divisin entre una circunscripcin y otra es un artificio estrictamente atribuible a la ciencia informtica, tratando de segmentar los territorios de de-partamentos y ciudades en funcin de porciones razonablemente equivalentes de poblacin, lo que ha sido posible nicamente en virtud de acuerdos polticos pactados al interior del sistema poltico.

Sin embargo, ninguno de los mbitos de la territorialidad republicana se compadece de la territorialidad sociopoltica originaria que, por lo dems, ha mantenido una vigencia sub-terrnea innegable. Antes bien, en todo caso, se ha buscado asimilar dicha territorialidad originaria a las formas de gestin municipal, como en el caso de los Distritos Municipales Indgenas reconocidos en la LPP, como una suerte de apndices o protectorados de los municipios a los que pertenecen.

En el caso de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), si bien el Estado ha titulado im-portantes superficies de tierra a favor de comunidades y pueblos indgenas, en ningn caso ello ha implicado el reconocimiento de las estructuras sociopolticas que gobiernan estas nuevas circunscripciones territoriales.

Por otra parte, como ya se tiene apuntado, la demanda de reconocimiento de Circuns-cripciones Especiales Indgenas en el proceso de la Asamblea Constituyente, cay en saco roto en el momento de aprobarse la Ley de Convocatoria.

En este contexto, se deja en manos directamente de la Asamblea Constituyente la aleato-ria posibilidad de un futuro reconocimiento de las estructuras de gestin territorial y de au-toridad sociopoltica de los pueblos indgenas, as como la de una representacin autnoma en el seno de los poderes pblicos nacionales.


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3. La participacin electoral indgena se encuentra ms limitada por dificultades de acceso (padrn) que por problemas de informacin y/o capacitacin.

Comentario:

Tal como se ha evidenciado en la prctica, los ndices de participacin electoral de la po-blacin indgena se han visto limitados por razones estructurales tales como la dificultad de acceder al registro civil, la carnetizacin y el empadronamiento electoral, que constituyen temas de Estado y que demandan medidas radicales y urgentes en dos sentidos: a) cerrar la brecha actualmente existente que separa a la poblacin indocumentada34 del ejercicio de sus derechos ciudadanos, y, b) establecer un mecanismo que provea de una solucin estable y permanente al tema de la documentacin.

En el primer caso, se trata de una accin concertada entre todas las instituciones que in-tervienen en el proceso de registro y documentacin ciudadana, lo que pasa por la necesaria simplificacin de los procedimientos y la racionalizacin de las bases de datos existentes.

Dado el hecho de que las dificultades en este caso estn directamente vinculadas a la dispersin de la poblacin, en el segundo caso, la solucin a largo plazo de este problema tendr que nutrirse de la capacidad existente y reproducirse en las propias comunidades e instituciones locales para evitar tener que acudir a campaas especiales cada vez que toca organizar una eleccin.

4. Finalmente, apuntaremos el hecho de que a pesar de las dificultades y limita-ciones anotadas, la participacin indgena en las diversas esferas de la vida ins-titucional del pas se ha ido ampliando de manera consistente, no solo ya en los cargos electivos, en los que en el parlamento y/o los concejos municipales la pre-sencia indgena refleja cada vez ms la composicin tnicocultural de la sociedad boliviana, sino tambin y particularmente a partir de la asuncin del gobierno por el primer presidente indgena de la historia en el seno del gobierno y las re-particiones autrquicas del Estado, en donde se ha empezado a romper la barre-ra de exclusin que impeda o limitaba el acceso de personas indgenas a cargos de responsabilidad pblica.

Comentario:

Un elemento que se debe tomar en cuenta para explicar este fenmeno es la escuela por la que muchos de los actuales funcionarios indgenas han transitado en las organizaciones sociales (indgenas, sindicales, vecinales y otros movimientos sociales), organizaciones ci-viles, ONG, centros acadmicos, etc., pero tambin la experiencia que han ganado en la arena de la administracin pblica a partir de la vigencia de la LPP, cuando adems de la

34. El ltimo Censo Nacional de Poblacin y Vivienda contabiliz a ms de 700 000 personas bajo la categora de indo-cumentados absolutos. La Corte Electoral, titular del servicio de Registro Civil, ha promovido hasta ahora campaas de alcance limitado para tratar de resolver esta situacin.


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presencia de las organizaciones comunitarias35 en los Comits de Vigilancia y la creacin de Distritos Municipales Indgenas, muchos de los cuadros indgenas empezaron a ejercer como alcaldes y muncipes, asumiendo responsabilidades administrativas impensables hace solo unos aos atrs.

En todo este anlisis no hay que perder de vista que, por el peso absoluto y relativo de la poblacin indgena en Bolivia, las experiencias son realmente heterogneas y diferenciadas, como heterogneo y diferenciado es el propio mosaico de la poblacin indgena. As, en las regiones en que ella constituye una amplia y slida mayora, es posible encontrar una presencia indgena mucho ms amplia y diversificada en los diversos papeles polticos y administrativos, mientras que en el caso de los pequeos pueblos que viven en condiciones de mayor aislamiento y vulnerabilidad, sus posibilidades de acceso y formacin han sido considerablemente ms reducidas.

Con estas consideraciones, podemos concluir afirmando que en el actual momento, los pueblos y el movimiento indgena se han planteado dar un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a su participacin en los mbitos polticos e institucionales del pas, modificando irre-versiblemente el mapa sociocultural del Estado y proponiendo tambin un nuevo tipo de re-lacin intercultural, ms horizontal y dignificante con el conjunto de la sociedad boliviana.

3. La participacin poltica indgena

En el marco temporal de la ltima dcada, se han registrado las siguientes elecciones:

1994: elecciones municipales (primeras bajo la vigencia de la LPP).

1997: elecciones generales.

1999: elecciones municipales.


2004: elecciones municipales (primeras bajo el reconocimiento de agrupaciones ciu-dadanas y pueblos indgenas como sujetos electorales).


2006: eleccin de Asamblea Constituyente y Referndum Autonmico.

Teniendo en consideracin que hasta la reforma constitucional de 2004 la accin polti-coelectoral estaba reservada exclusivamente para los partidos polticos, las organizacio-nes, lderes y pueblos indgenas abrieron un espacio de interlocucin y alianza con dichas

35. En un primer momento se las incorpora genricamente como Organizaciones Territoriales de Base (OTB), aunque luego se enmienda parcialmente la Ley de Participacin Popular, estableciendo claramente el reconocimiento de las organizaciones comunitarias bajo sus diversas denominaciones histricas (Sindicatos Centrales y Subcentrales Agra-rias, Ayllus, Tentas, Centrales Indgenas, etc.).


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instituciones con miras a acceder al poder del Estado, particularmente a partir de la vigencia de la LPP que cambi el mapa poltico del pas por la va de la municipalizacin del con-junto del territorio nacional.

De esta manera, se puede afirmar que a partir de 1994 cambi la fisonoma poltica del pas, aunque con una marcada diferencia entre los procesos locales y los nacionales. El poder local se convirti en algo al alcance de quienes haban vivido al margen de la pre-ocupacin del Estado toda una vida. Se reconocieron 311 municipios con jurisdicciones urbanorurales y, adems de los representantes electos (alcaldes y concejales), se reconoci e institucionaliz la participacin de todas las comunidades locales en los Comits de Vigilancia, instancias formales con facultad de disear y aprobar los planes de desarrollo municipal e, incluso, de llegar a pedir al Senado el congelamiento de las cuentas del muni-cipio en caso de que el Ejecutivo hiciera uso arbitrario de los recursos asignados.

Adicionalmente, la LPP reconoci los Distritos Municipales Indgenas (DMI), en los que el alcalde municipal poda designar a un Subalcalde miembro de la comunidad con ciertas facultades ejecutivas delegadas. Este mecanismo funcion con relativo xito en algunas regiones indgenas particularmente del Oriente, sin embargo, no logr generalizarse como podra suponerse, debido al celo con que las comunidades aspiran a preservar su indepen-dencia frente a un poder municipal partidizado.

Con todo, bajo el rgimen de la LPP se dio una verdadera eclosin de la participacin indgena en los procesos municipales, a travs de los ms variados procedimientos y mo-dalidades, desde la simple cooptacin hasta la negociacin mltiple hecha por algunas organizaciones campesinas e indgenas con diversos partidos, para asegurarse simpatas aparte no solo su acceso al gobierno municipal sino su pleno control, por la va de garan-tizar que tanto los miembros oficialistas como los opositores en los gobiernos municipales provinieran de las filas de las propias comunidades, evitando que fueran impuestas por los partidos figuras exgenas sin arraigo local.

Muchos y muy importantes estudios se han realizado desde entonces para intentar com-prender la dinmica de la participacin indgena en los gobiernos municipales. Uno de los ms completos36 utiliza datos del ltimo censo (2001) y los cruza con los resultados de una encuesta aplicada a una muestra de 1622 alcaldes y concejales (1036 hombres y 586 muje-res) pertenecientes a una seleccin de 242 de los 314 municipios que existan en las elec-ciones municipales de 1999, y da cuenta de que ... en conjunto, dos tercios (65%) de nues-tros alcaldes y concejales titulares o suplentes se autoidentifican como originarios de algn pueblo indgena y el otro tercio no. Pero el anlisis ms fino indica que entre los primeros hay un 23% con etnicidad alta, otro 21% con etnicidad media y un 20% con etnicidad dis-cursiva; y entre los segundos, un 11% tienen una etnicidad velada, quedando slo una cuarta

36. Alb y Quispe, 2004.


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parte del total (25%) como plenamente no indgena, de acuerdo a los tres indicadores37 que hemos seleccionado. Otros datos importantes del mencionado estudio sealan que ... los grupos de etnicidad alta y media conforman juntos ms de la mitad de los alcaldes y conce-jales en todos los departamentos andinos, salvo en Chuquisaca. Hay tambin una creciente concentracin de etnicidad media y alta en los municipios ms pobres y marginales (68%) y en los ms chicos, con menos de 5000 habitantes (59%); esta disminuye de manera siste-mtica a medida que aumenta la dotacin municipal para satisfacer sus necesidades bsicas y que aumenta su poblacin.

En cuanto al anlisis de gnero, en conjunto, la proporcin de hombres y mujeres es se-mejante en los diversos grados de etnicidad, sin embargo, el porcentaje de mujeres en los gobiernos municipales aumenta cuando estas son jvenes, de nias aprendieron a hablar en castellano y afirman incluso no saber ninguna lengua originaria. La interpretacin que se colige es que en los municipios rurales ms pobres, las mujeres han quedado mucho ms circunscritas a sus ineludibles actividades de sobrevivencia en torno al hogar y su econo-ma, con menos acceso a la educacin ms all de la primaria y a actividades extra como las que supone un cargo pblico municipal. No es, por tanto, una restriccin cultural sino derivada de su mayor pobreza.

Atendiendo a la distribucin de cargos entre hombres y mujeres en los gobiernos muni-cipales, se observa que las mujeres ocupan fundamentalmente espacios como concejales suplentes (69%), mientras que entre los titulares nicamente el 35% de ellas llegan a estos cargos y, entre los cargos ejecutivos, los hombres copan el 86% de las presidencias de concejo y el 92% de las alcaldas. Estas cifras estn mostrando que de no ser por la accin afirmativa introducida en la Ley de Cuotas, que establece un 30% de candidatas mujeres en las listas, la participacin femenina en la representacin poltica es tan limitada entre la poblacin indgena como entre la no indgena, lo cual explica que aunque el factor tnico est avanzando por su propio peso sin necesidad de cuotas, en el caso de la participacin de la mujer se requiere revertir su desventaja histrica por la va de acciones sostenidas de discriminacin positiva.

37. Los indicadores mencionados se refieren a construcciones realizadas a partir de las respuestas a tres preguntas: 1) Lengua en que aprendi a hablar, 2) Naci en comunidad rural o equivalente y 3) Se siente miembro de un pueblo originario; estableciendo un ndice de etnicidad alta a quienes se autoidentifican como pertenecientes a alguno de los pueblos originarios del pas, aprendieron a hablar en una lengua indgena y nacieron en una comunidad rural; el ndice de etnicidad media describe a quienes se autoidentifican indgenas, nacieron en una comunidad pero no aprendieron a hablar en una lengua indgena, o bien, a quienes se autoidentifican, aprendieron a hablar en una lengua originaria pero no nacieron en una comunidad rural; la etnicidad velada corresponde a quienes, a pesar de haber aprendido a hablar en una lengua indgena o haber nacido en una comunidad rural, no se autoidentifican como ind-genas y, finalmente, la etnicidad discursiva corresponde a quienes no hablan ni hablaron nunca una lengua indgena pero se autoadscriben a un pueblo indgena. En este grupo se puede encontrar una gama de personas que van desde el indigenista de moda hasta migrantes de 2, 3 o 4 generacin que han perdido el uso de la lengua en su mbito familiar pero que se consideran plenamente identificados con sus orgenes.


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En cuanto a los partidos polticos que postularon a candidatos indgenas, a pesar de que los datos disponibles (eleccin municipal de 1999) corresponden a una situacin que ha cambiado drsticamente, estos son expresivos de la afirmacin precedente sobre la bsque-da de la poblacin indgena de espacios de expresin y participacin poltica a travs del sistema de partidos existente. As, los tres principales partidos (MNR, MIR y ADN) se lle-varon el 48% de la votacin, consiguiendo obtener cerca del 60% de los concejales electos y, dentro de ellos, tambin la mayor cantidad de indgenas en cualquier grado de etnicidad (53,8% del total de muncipes electos con alto grado de etnicidad) aunque, por el mismo motivo, los que eligieron el mayor nmero de alcaldes y concejales no indgenas. En dicha eleccin particip por primera vez el MAS y obtuvo apenas el 3% de la votacin, aunque ya exista el antecedente de participacin del movimiento cocalero (su base constitutiva original) bajo otros auspicios. A pesar de que su votacin absoluta fue baja, comparti con otras fuerzas Movimiento Bolivia Libre (MBL) y Partido Comunista de Bolivia (PCB) la caracterstica de una votacin regionalmente consolidada, con un fuerte perfil progresista y con una etnicidad superior al 80%.

Como ya hemos apuntado, el devenir de la crisis poltica boliviana en los aos posteriores explica cmo, en tres aos, el MAS de Evo Morales pas de ese 3% de 1999 al 21% obteni-do en las elecciones generales de 2002 (situndose a solo 1.5% de diferencia de la primera fuerza, el MNR) y, de ah, al 54% obtenido en las ltimas elecciones generales (diciembre de 2005).

Otra expresin indgena significativa, el Movimiento Indgena Pachakuti (MIP), liderado por el ex lder de la CSUTCB, Felipe Quispe, obtuvo un histrico 6.8% en 200238, mientras que en las ltimas elecciones, apenas lleg a remontar el 2%, no logr elegir ni un solo re-presentante y perdi su personera jurdica.

Entre estas dos ltimas elecciones ocurri la reforma constitucional que rompi el mo-nopolio de representacin de los partidos polticos, bajo la cual se realizaron las elecciones municipales de diciembre de 2004 en las que el MAS baj a un 18.5%, pero se situ ya como la primera fuerza poltica del pas (la segunda, MNR, apenas lleg al 8%). El resul-tado neto de la reforma mencionada se puede describir como de una dispersin masiva del voto entre ms de 400 organizaciones (entre 19 partidos, 346 agrupaciones ciudadanas y 59 pueblos indgenas)39.

Otro resultado de esta reforma, aunque muy modesto, fue el incremento del margen de par-ticipacin ciudadana, pasando del 60% de las anteriores elecciones municipales al 63.3%.

En cuanto a los resultados como tales, se puede observar que los partidos polticos se que-daron con el 69.38% de la votacin, eligiendo al 76.77% de los concejales del pas; las agru-

38. La votacin del MIP se concentr principalmente en provincias del altiplano paceo y en bolsones radicales de pobla-cin aymar.

39. Romero, 2005: 25.


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paciones ciudadanas obtuvieron el 28.75% de los votos y el 17.48% de los concejales y los pueblos indgenas, con el 1.87% de los votos se hicieron del 5.75% de las concejalas40.

Estos datos, sin embargo, pueden resultar engaosos, no solo por el hecho de que la po-blacin indgena una vez ms apost a varias opciones (partidos, agrupaciones ciudada-nas y pueblos indgenas) haciendo que, probablemente, la composicin de los concejales y alcaldes electos no vare significativamente con relacin a la estudiada por Alb y Quispe en las elecciones de 1999, sino que atendiendo tambin a la naturaleza de las agrupaciones ciudadanas inscritas; muchas de ellas tienen un perfil identitario que podra calificar mucho mejor para la categora de pueblos indgenas (p.e. Movimiento Comunero Quechua Martn Uchu, Revolucin Cocalera Yungas, Poder Local Comunitario, Corque Marka al Progreso, Poder de Unidad Campesina, Macha Jake, La Joya Marka, Poder Co-munal Padcaya, Grupo Aymara Socialista, Unin Qhamacha, Ma Machaq kantati Markasataki, Instrumento Desarrollo Aymara y otras decenas); y, finalmente, porque la mayora de municipios indgenas no optaron por ser representados por candidaturas de Pueblos Indgenas; as que a pesar de casos en los que hubo una clara decisin de construir colectivamente expresiones orgnicas genuinamente representativas (casos de los Ayllus de Oruro, Potos y varias regiones de La Paz o de los cabildos moxeos del Beni), en otros, una sigla indgena sirvi para que algn candidato popular ganase votos sin que se observara de-trs suyo ningn tipo de organizacin ni estructura reconocible como indgena, como en el caso paradjico de la nica victoria alcanzada por la CIDOB (organizacin matriz de los pueblos indgenas de Tierras Bajas, que se present en 18 municipios de 5 departamentos) en la localidad altiplnica de Charaa, fronteriza con Chile41.

En trminos absolutos, ms de la mitad de las agrupaciones ciudadanas no logr elegir un solo concejal y perdi su personera, y una treintena de ellas no lleg siquiera a los 100 votos, mientras que los pueblos indgenas, a pesar de que 2 de cada 3 candidaturas lograron elegir al menos a un concejal, ninguno de ellos logr configurar una tendencia nacional o regional que superara la dimensin estrictamente local o la convocatoria del candidato.

Por otra parte, otro dato que puede colegirse de los resultados mencionados es la inadecua-cin, no solo de las formas de organizacin y participacin electoral frente a las formas tradi-cionales de organizacin y autoridad indgenas, sino la de la territorialidad republicana frente a la territorialidad originaria que, a pesar de 180 aos de historia republicana, ha pervivido de manera subterrnea en un conflicto, la mayor de las veces no manifiesto, con las formas institucionales legalmente consagradas. Del anlisis de la informacin proporcionada por el INRA, se establece que de las ms de 104 TCO legalizadas, en trmite o inmovilizadas, solo un tercio calza con los lmites municipales; otro tercio se encuentra entre dos municipios, y las dems en tres o ms.

40. Romero, 2005: 89.

41. Romero, 2005: 84.


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42. En este caso, nos referimos a aquellos que cuentan con ingresos significativos provenientes de las regalas por la ex-plotacin de hidrocarburos y que, casualmente, coinciden con aquellos en los que el peso cuantitativo de la poblacin indgena es menor.

Con todo, a pesar del poco exitoso nacimiento de estas nuevas opciones electorales, dicha eleccin marc un camino sin retorno a la debacle del viejo sistema de partidos, planteando la necesidad irreversible de una renovacin de las formas organizativas, los espacios repre-sentativos, los liderazgos y los proyectos nacionales.

La situacin descrita pone en evidencia la artificialidad ya comentada de la reforma cons-titucional que ampla la participacin polticoelectoral a agrupaciones ciudadanas y pueblos indgenas, planteada ms como un afn de supervivencia del sistema poltico, que como una medida tendiente a reconocer los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indge-nas y sus formas tradicionales de organizacin, renovacin y ejercicio de la representacin sociopoltica, dndole al Estado un verdadero carcter pluricultural.

Este aserto se ve ratificado en los resultados de las elecciones generales de diciembre de 2005, en las cuales dado el contexto de polarizacin que caracteriz dichas eleccines, las opciones que participaron en esa oportunidad se redujeron a ocho, entre partidos de nue-vo y viejo cuo y agrupaciones ciudadanas. En dichas elecciones, no se present ningn Pueblo Indgena a terciar con candidatos ni para la presidencia, ni para el Congreso, ni para las prefecturas departamentales que, por primera vez, eligieron de manera directa a sus primeras autoridades.

Sin embargo, el resultado no solo consagr al primer presidente indgena de la historia, sino que arroj tambin una composicin del parlamento en la que cerca del 20% de sus integrantes son indgenas. Teniendo en cuenta que dicho parlamento es tambin el menos plural desde la recuperacin de la democracia, en 1982, con representantes de apenas cua-tro partidos y, dado el contexto de polarizacin ya comentado, es fcil entender que de los treinta parlamentarios indgenas, veintinueve pertenezcan al MAS, aunque ellos no consti-tuyan ni el 30% de la bancada de este partido. Otro dato importante que se debe sealar es que todos los parlamentarios indgenas pertenecen nicamente a los pueblos mayoritarios Quechua y Aymar; no existe ningn representante de los otros treinta y tres pueblos del Chaco, el Oriente y la Amazona. Esta situacin se explica fundamentalmente por el hecho de ser el MAS muy dbil en los departamentos de las Tierras Bajas en general.

En cuanto a la Asamblea Constituyente electa el 2 de julio de 2006, la eleccin ratific los resultados de la ltima eleccin general, reiterando un 54% del electorado a favor del MAS con 137 de los 255 asamblestas, seguido de la agrupacin conservadora PODEMOS con 60 y, empatados en un tercer lugar con 8 asamblestas cada uno, el Movimiento Bolivia Libre, Unidad Nacional y la alianza MNR-FRI. A continuacin, otras 10 fuerzas regionales menores eligieron entre 1 y 6 asamblestas.

En esta oportunidad, junto a la eleccin de asamblestas, el pas vot en un referndum para pronunciarse de manera vinculante sobre la autonoma departamental, tema con el que los sectores de poder de los departamentos ricos42 buscaron polarizar la votacin en contra


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del MAS, pero el resultado mostr algo muy diferente. A diferencia de la eleccin celebrada siete meses antes, esta vez el MAS consigui la primera mayora de la votacin departa-mental en siete de los nueve departamentos del pas, revirtiendo a favor de sus candidatos los resultados de Santa Cruz y Tarija, a pesar de haberse impuesto contundentemente el SI a las autonomas en ambos departamentos, en contra de la consigna del MAS de votar en contra. Solo en los casos de Beni y Pando, los dos departamentos menos poblados del pas, el MAS perdi la primera mayora, ubicndose tercero en Beni y segundo en Pando; estos dos departamentos tambin favorecieron el voto afirmativo en el referndum autonmico. En el resto de los cinco departamentos, el MAS repiti sus contundentes victorias,tanto en la eleccin de asamblestas como en el resultado del referndum que, en trminos del balance nacional, obtuvo tambin una mayora contraria a la autonoma reclamada por los departamentos orientales.

Los ms de 90 asamblestas indgenas electos constituyen el 35% del total, proporcin significativamente superior a la presencia indgena en la composicin del actual parlamento electo slo medio ao antes. Dos terceras partes de estos asamblestas indgenas fueron electos en las listas del MAS. De ellos, 28 son o han sido dirigentes sindicales campesinos, 8 dirigentes cocaleros y 9 lderes indgenas; el resto corresponde a otros sectores entre los que se destacan maestros rurales, transportistas, dirigentes obreros y gremiales, periodistas, ex autoridades vecinales, municipales y/o cvicas, y pequeos o medianos empresarios.

A pesar de haber sido los pueblos indgenas los que abrieron el proceso hacia la Asamblea Constituyente, en esta oportunidad, al igual que en las elecciones precedentes, no se presen-taron candidaturas bajo la figura jurdica de Pueblo Indgena, ratificndose, una vez ms, la artificialidad de dicha figura consagrada en la legislacin electoral a partir de la reforma constitucional de 2004.

A pesar de que el MAS recibi tambin una nutrida votacin no indgena, obteniendo, por ejemplo, la victoria en todas las mesas electorales de los barrios de clase alta de la ciudad de La Paz, ciudad sede del gobierno y epicentro de la poltica nacional, los indgenas del pas vo-taron mayoritariamente por el partido de Evo Morales, otorgndole su reconocimiento como un instrumento genuinamente suyo, aunque no es menos cierto que la votacin indgena tuvo matices y elementos de diferenciacin que ponen en evidencia el pluralismo existente en su seno. Esto es claramente perceptible en la diferencia entre los resultados del referndum y la eleccin de asamblestas, particul

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