boletín legal virtual nº 1

Boletín Legal Virtual Nº 01

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EL CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL MINERO EN LAS COMUNIDADES DE SEGUNDA Y CAJAS Y YANTA, EL PROYECTO RÍO BLANCO DE RÍO BLANCO

COPPER S.A.

SUMARIO: I. Introducción. II. Antecedentes. III. El Proyecto IV. Causas de los conflictos socioambientales mineros. V. Problemas socioambientales a la ejecución del proyecto minero Río Blanco. VI. Análisis del proceso de participación ciudadana VII. Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

La década del noventa significó para nuestro país cambios muy profundos en la estructura de la administración estatal. La grave situación económica heredada del primer gobierno aprista propició el viraje hacia un nuevo modelo económico que permitiera salir al país de la situación dramática en la que se encontraba1. Entre otras medidas se estableció, el desmantelamiento de la actividad minera del Estado y su consecuente privatización. El nuevo gobierno buscaba reformular el papel del Estado en la economía, consolidarlo como un ente regulador de la actividad privada, en vez de un productor de bienes y servicios, que desarrollará un sistema enfocado en promover la libre competencia y la promoción de inversión extranjera en actividades extractivas.

Las reformas implementadas motivaron el ingreso de nuevos capitales dispuestos a invertir en diversos sectores económicos. Reapareciendo en el escenario nacional capitales extranjeros dispuestos a invertir en la extracción de recursos naturales. Estas inversiones habrían de consolidarse con el paso del tiempo como las más rentables y sostenibles2, otorgando grandes ganancias al gobierno central y los gobiernos regionales. Las cifras se fueron incrementando en los últimos años conforme la alta cotización en el precio de los metales.

Sin embargo, esta evidente bonanza económica que nos brinda la actividad minera para el desarrollo económico del país ha transitado un camino errático, satanizada por el alto costo social y ambiental que originan sus actividades. La minería ha sido acusada de perpetradora de vejámenes contra las tierras de las comunidades campesinas, la destrucción del medio ambiente (108 pasivos ambientales son una prueba irrefutable de ello) y la deformación del modelo de vida comunal entre otras objeciones de carácter laboral, político y económico. Esta situación de rechazo ha desencadenando una serie de crisis y enfrentamientos entre las comunidades afectadas y la empresa minera, las cuales cuando han sido llevadas sus extremos ha generado

1 Un buen resumen de la situación heredada por el primer gobierno de Alberto Fujimori se puede encontrar en PARODI TRECE, Carlos. Perú 1960-2000: Políticas económicas y sociales en entornos cambiantes. Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, 2005, p. 259-261 2 PROINVERSIÓN (www.proinversion.gob.pe) nos muestra en lo que respecta al stock de inversiones por sector, que el incremento de la inversión extranjera en el sector minería a pasado de ser en 1993 de 565.40 millones de US$ a junio de 2007 a 2,888.99 millones de US$.



grandes protestas sociales que no en pocos casos han paralizado importantes proyectos mineros3.

Sin duda, el reto más grande que enfrenta la actividad minera en el Perú, es superar las negativas comunales al inicio de sus actividades. Sin embargo, la complejidad y expectativas de los actores son muy diversas. Por su parte, para las empresas mineras el Estado no es lo suficientemente fuerte como para hacer cumplir la ley y resguardar la implementación de los proyectos mineros4; por el otro lado, las comunidades campesinas manifiestan sentirse desprotegidas por el Estado, al cual ven como un aliado de la inversión minera, que no toma en cuenta las condiciones en que entregan sus tierras; además de reclamar por un posible uso indiscriminado de los recursos naturales y contaminación ambiental. Frente a este escenario se presenta como única salida el dialogo entre las partes, un dialogo que permita reconocerse derechos, coordinar lógicas de desarrollo y alcanzar acuerdos ambientales y sociales favorables para la población.

II. ANTECEDENTES

El yacimiento de cobre en la zona de río Blanco fue hallando a principios de la década de 1990 y desde entonces los derechos de exploración han pasado por diversas compañías hasta que fueron totalmente adquiridos por Monterrico Metals en el año 20035. En un acta de 1997 suscrita entre la comunidad de Segunda y Cajas con la empresa Minera Coripacha S.A. se estableció una relación jurídica patrimonial en la que la Comunidad le otorgaba a la empresa el derecho de ingresar a su propiedad (terreno superficial) para realizar las actividad de exploración, y la empresa se obligaba a una serie de contraprestaciones de diversa índole con la Comunidad. Por lo tanto al ser un contrato con obligaciones recíprocas, al transferirse Minera Coripacha S.A. a Minera Majaz S.A. debía aplicarse la normatividad referida a la cesión de posición contractual, ya que la empresa Minera Coripacha S.A. estaba cediendo no sólo el derecho de exigir la autorización sino también las obligaciones que ella asumió como parte del acuerdo con la Comunidad. En ese sentido, Minera Majaz S.A. debió acreditar que la Comunidad Campesina había autorizado la cesión de posición contractual en el permiso que se le otorgó a Minera Coripacha S.A. Sin embargo, conforme lo señala la Defensoría del Pueblo, esto no se encuentra acreditado en el expediente, estando sólo acreditado que la empresa Monterrico Metals, matriz de la empresa Minera Coripacha S.A., adquirió la titulariza de las acciones de Minera Coripacha S.A.6 Este punto resulta fundamental por justifica legalmente la prohibición que tiene la empresa minera para iniciar el proceso de exploración de los minerales que se encuentran en la concesiones otorgadas. De esta situación parte la obligación social y jurídica de llegar a un acuerdo con las comunidades campesinas que se verían visiblemente afectadas en su calidad de vida.

3 Un caso emblemático es el conflicto acaecido por la explotación del denominado “Cerro Quilish” (un proyecto aurífero) que terminó con una suerte mea culpa de parte de la Minera Yanacocha S.A. que no logro alcanzar un acuerdo (a pesar de contar con el apoyo de la autoridades del gobierno central) con las comunidades directamente afectadas por el proyecto minero. 4HUMBERTO CABRERA, César. La minería después de Majaz en: “Economía y Sociedad” Nº 65, Consorcio de Investigación Económico y Social, octubre 2007 5 Cabe indicar que Monterrico Metals Plc. es la empresa matriz de Minera Majaz S.A. 6 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Adjuntía de Servicios Públicos y Medio Ambiente. Informe Nº 001-2006/ASPMA-MA



III. EL PROYECTO

Según el informe de la Comisión de Pueblo Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología sobre el proyecto Río Blanco de la ex Minera Majaz (ahora Minera Río Blanco Cooper S.A.). Señala que se ubica dentro de los 50 Km. de la frontera con el Ecuador, en los páramos y bosques de neblina de los distritos de Carmen de la Frontera (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), en la región Piura. Esta zona forma parte de la cordillera de los Andes y tiene una precipitación fluvial de 2000 mm anuales. En ella se encuentran muchas fuentes de agua y ríos pequeños indispensable para la vida de la Flora y Fauna de la zona y para los valles de la costa de la Región Piura. Las tierras en las que se ubica el proyecto pertenecen a las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), tierras de “reserva” y destinadas al pastoreo7. Actualmente el titular del proyecto es la empresa Río Blanco Copper S.A. de capitales chinos (Zijin Consortium), cuenta con 8 concesiones que comprender un área de 6,472 hectáreas8. Se busca explotar un yacimiento (cerro Henrry´s Hill) de cobre y molibdeno mediante tajo abierto simple y proceso de flotación por espuma. El proyecto explotaría 25 millones de toneladas de mineral al año, durante 20 años. Asimismo, el Reporte Anual de Monterrico Metals del año 2006 señala que el yacimiento tiene 498 millones de toneladas de mineral de las cuales 133 son probadas y 36 probables. El porcentaje de cobre sería en promedio 0.63 y de molibdeno 216 ppm. Se estima que el tajo ocupará un área de 400 hectáreas, que en profundidad estarán por debajo de la napa freática local. Todas las labores mineras afectarían 1,000 hectáreas (relaves, desmonte, plantas, etc.)9. La zona de influencia, comprender, además de los distritos de El Carmen de la Frontera y Ayabaca (Piura), los distritos de Namballe, San José de Lourdes, Durango, Tabaconas y San Ignacio en la Región Cajamarca, todo ellos ubicados en la provincia de San Ignacio, Cajamarca. Estos distritos son parte de la zona de influencia debido a que son irrigados por el río Chinchipe, el cual recibe aguas del Río Blanco, río que se vería impactado por el proyecto minero. Por otra parte, los pobladores de las áreas de influencia se dedican a la producción de productos orgánicos, entre ellos el café, panela y banano, y abastecen a mercados internacionales, a través de sus organizaciones de pequeños productores que exporta a Europa y Estados Unidos y genera empleo para 2,500 familias de manera directa10. La importancia económica del Proyecto Minero Río Blanco La importancia de un proyecto minero se define por el estimado de inversión en millones de dólares a realizarse. En el caso del Proyecto Minero Río Blanco – según el

7 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Comisión de Pueblo Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología. Informe Parlamentario: Legalidad y Problemática de la empresa Minera Majaz en los territorios de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta en la Provincias de Huancabamaba y Ayabaca en la región Piura. Lima, Mayo 2008, p. 7-8 8 Luego de terminado el presente informe, mediante Decreto Supremo Nº 024-2008-DE, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de diciembre de 2008, se declaro de necesidad pública el proyecto minero Río Blanco autorizando a Río Blanco Copper a adquirir concesiones mineras dentro de los 50 km. de la zona de frontera. Esta norma permitió adquirir 27 nuevos derechos mineros (concesiones) que en términos de territorio conforma 21794.6494 hectáreas ubicándose las mismas en las provincias donde se encuentran las comunidades en conflicto con la empresa minera: Huancabamba y Ayabaca. 9 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ibíd., p. 8 10 CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ibíd., p. 9



Reporte de Variables Macroeconómicas y Mineras del Ministerio de Energía y Mina (MEM)11 - el estimado de inversión para este proyecto alcanzaría 1,440 millones de dólares. En ese sentido sumado a la inversión los ingresos por concepto de canon, la exportación de cobre (que nos pondrían en la vanguardia en la producción de este mineral en la región) hacen de este proyecto una posibilidad sumamente rentable no solamente para el fisco peruano sino además para el desarrollo económico de la Región Piura. Más aún cuando Minera Río Blanco Copper según sostiene en su página web12 aplicaría un modelo integral de desarrollo donde prioriza la utilización de tecnologías limpias, la preservación de bosques y el desarrollo de un plan de relaciones comunitarias que permita alcanzar el desarrollo a las comunidades.

Por ello, sin duda, en términos de “ingresos” el proyecto es económicamente viable, es más resulta necesario; sin embargo, estas consideraciones no resuelven aún las dudas respecto al grave impacto ambiental que podría ocasionar su paso a la fase de explotación; más aún, cuando se desconoce si ello produciría también negativas consecuencias “económicas” no solamente para la región sino al Perú entero.

IV. CAUSAS DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMIBIENTALES MINEROS

En general son muchas las causas que originan los conflictos sociales mineros y específicamente los conflictos sociales de carácter ambiental. La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional, ha hecho un análisis que busca responder a esta interrogante13.

Tomando la propuesta elaborada por este organismo constitucional autónomo, considero que las entre las causas de los conflictos socioambientales mineros podemos encontrar:

a) El temor a la contaminación vinculada a la inactividad estatal.

Se presenta un temor justificado de la población a la contaminación por la actividad minera. Esto por la complejidad intrínseca de la materia ambiental, las limitaciones técnica del Estado para evaluar la calidad del ambiente y la existencia de pasivos ambientales, considerados como pruebas tangible y visible del peligro ambiental.

b) Imposibilidad para promover la participación ciudadana en la protección ambiental Falta de confianza por parte de la población para prevenir la

contaminación y la degradación de su espacio vital. Transcurrido 17 años desde la aprobación del Código de medio ambiente, derogado por la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, el Estado no ha conseguido desarrollar adecuadamente las bases de su gestión ambiental. Sin una política ambiental consistente, información sobre la calidad ambiental, ECAs suficientes y adecuados, un sistema nacional de evaluación de impacto ambiental operativo y procedimientos participación ciudadana eficaces, resulta sumamente difícil construir la confianza de la ciudadanía en la

11MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. “Reporte de Variables Macroeconómicas y Mineras” Actualizado al 10/03/2009, p. 12. También se puede ver el documento en línea en el link: http://www.minem.gob.pe/archivos/dgm/estadisticas/VARIABLES/REPORTE%20MAR%2009%2001.pdf 12 http://www.rioblanco.com.pe/ 13 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe Extraordinario. “Los conflictos socioambientales por actividades extractivas en el Perú”. Lima. Abril 2007.



capacidad del Estado para proteger su espacio vital. Asimismo en lo que respecta al gobierno central, responsable de la promoción de la actividad minera, se le reconoce su poca predisposición al diálogo. c) Impacto negativo en la forma de vida y los recursos naturales.

Degradación de recursos necesarios para la subsistencia de la población como suelo, agua, biodiversidad, pérdida de la capacidad productiva. El desarrollo de expectativas desmesuradas entre las comunidades sobre los beneficios que les puede proporcionar un proyecto, la aparición de conflictos interno en la comunidad, y entre ésta y la empresa.

d) Racismo, exclusión y discriminación En la zona donde se desarrolla la actividad minera habitan poblaciones

históricamente excluidas y discriminadas, que perciben como injusta el enriquecimiento de terceros foráneos a costa de sus tierras ancestrales. Las tensiones sociales se han acumulado lo que ha producido sentimiento de frustración y resentimiento.

Por lo tanto, citando a Tanaka y otros: “si bien el sector minero ha hecho sin duda varias cosas para subsanar la pésima imagen que generaron sus operaciones en el pasado. Aún así, el sector minero sigue siendo uno de lo más conflictivos. El problema radicaría en que no logran generar confianza en la población ni revertir esta imagen de un “pasado negro” dejado por la minería tradicional”14. No obstante ello, considero una debilidad que las empresas (y el Estado) ubiquen el dilema en una deficiente comunicación con la población. El asunto no es tan sencillo y la explicación estaría alrededor de la diversidad de factores en las que podemos encontrar la falta de reconocimiento de los sujetos en conflictos, distintas lógicas de desarrollo, diferentes conceptos respecto al tema ecológico e intereses políticos y económicos subrepticios.

V. PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Antes de señalar los problemas u objeciones socioambientales que se han planteado para la ejecución del proyecto minero Río Blanco, considero que es importante señalar que la raíz de los mismos se encuentra en la falta de un ente responsable de dar credibilidad y seguridad a las conclusiones que se establezcan sobre la viabilidad del mismo (establecido en el instrumento de gestión ambiental conocido como Estudio de Impacto Ambiental). Entonces, es quizás la falta de confianza en el Estado, la madre del cordero, que luego de años de promoción de la actividad minera y testigos de hechos nada éticos como los de Doe Run, que el Estado (propiamente el Ministerio de Energía y Minas) ha construido una barrera de desconfianza frente a la cual su responsabilidad como director de la vida de todos los peruanos es puesto en entredicho por los conflictos sociales que origina algunas veces su errática actuación. Resulta necesario reconocer este hecho pues en caso de conflicto socioambientales, los argumentos de las partes pueden ser considerados por algunos como serios problemas que deben resolverse antes de decidir sobre la viabilidad o no de un proyecto minero, mientras que para otros simplemente son excusas de personajes e instituciones que se oponen al desarrollo mediante la imposición de “un discurso seudo ambiental y social”.

14 TANAKA, Martín y otros. “Minería y conflictos social”. Economía y Sociedad Nº 65, CIES, octubre 2007



1. La problemática ambiental Señala Cooperación15; el área concesionada se encuentra dentro del drenaje del Río Blanco en la naciente de los ríos Quiroz y Chinchipe, enclavada entre el cañón de Maíz, las quebradas Parradota y El Gallo y el Río Blanco. En la zona de influencia del proyecto existen dos ecoregiones de suma importancia debido a los servicios ambientales que brindan, uno es el páramo y el otro es el bosque de neblina. La importancia de los páramos para Piura y Cajamarca estriba en que son ecosistemas con capacidad de captar y regular los flujos de agua de alta calidad hacia las partes bajas, en las vertientes occidental y oriental de la Cordillera de Los Andes. Ambos ecosistemas son altamente frágiles. De ellos depende además la cantidad y calidad de agua que llegue hacia las vertientes oriental y occidental, así como el almacenamiento de carbono atmosférico que contribuye a controlar el calentamiento global. Por su parte, el Congreso de la República ha señalado que las concesiones se encuentran próximas al santuario Tabaconas Namballe (a 25 Km.) y comprende también el área sugerida por la World Wildlife Fund (WWF) para su ampliación, además es parte del corredor natural existente entre el mencionado santuario y el Parque Nacional Podocarpus del Ecuador. Asimismo señala que la zona es hábitat de especies endémicas que están en vías de extinción como el tapir de altura, el cual – según señala el informe del congreso citando a WWF – es fundamental para mantener el equilibrio del ecosistema16. Finalmente resalta que otro servicio ambiental que proporciona este ecosistema es también la fijación de carbono, la destrucción de los bosques de neblina atentaría directamente a esta función crucial de la actual agenda ambiental mundial de la que el Estado Peruano es parte. 2. La problemática socio-económica De acuerdo con el informe preparado por Cooperacción17, en El Carmen de la Frontera, habitan 12,693 pobladores, distribuidos en más de 40 caseríos, dedicados a la silvicultura, agricultura y ganadería. Aproximadamente, el 95% de la población está ubicada en zonas rurales y el 5% restante en la capital del Distrito, Sapalache. Estas poblaciones dependen cien por ciento del agua que viene de las zonas altas para realizar sus actividades productivas. En el distrito existen 3 zonas geográficas: i) La Sierra Intermedia, que posee riego permanente; ii) la Sierra Alta, que desarrolla agricultura de subsistencia y cuenta con bosques y restos arqueológicos, zona además en la que se desarrolla la medicina tradicional y esotérica y iii) la Selva Alta, que cuenta con un gran potencial de recursos silvo agropecuarios y que, luego de la Sierra Intermedia, es la zona que cuenta con mayores extensiones de tierras agrícolas de secano.

Las principales actividades económicas son: la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Se crían vacunos, ovinos, porcinos y aves de corral. El distrito cuenta con 3,450 Has de superficie agrícola, de las cuales 1,038 cuentan con riego permanente y 2,411 son tierras de secano. Los principales productos agrícolas son: maíz, trigo, café, frutales (naranja, granadilla, chirimoya, plátano, limón, lima), fríjol, papa, arveja oca, hortalizas, habas, cebada, olluco, yuca y camote, en ese orden de importancia según el área cultivada. En las tierras no agrícolas, que representan el 60% del total de tierras, existen recursos forestales como cedro, cedrillo, chonta y palmeche, los que vienen

15 COOPERACCIÓN. Informe de conflictos mineros: “Los casos Majaz, Las Bambas, Tintaya y La Oroya”. Lima, octubre, 2006, p. 4-5 16 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. cit. p. 9 17 COOPERACCIÓN. Op. cit. p. 6



siendo explotados para su uso industrial, y constituyen un importante potencial de desarrollo para la zona. Otra de las actividades económicas importantes de la provincia de Huancabamba es el Turismo Esotérico y/o Vivencial. Huancabamba es considerada la “cuna del curanderismo” y son muy famosas sus lagunas con propiedades curativas. Las lagunas dependen de la dotación de agua proveniente de los páramos en las alturas. La zona de Río Blanco es la zona menos poblada del distrito El Carmen de la Frontera; sin embargo es considerada por la comunidad como una zona de expansión. En la cual los hijos que se casan o forman nuevas familias, se les asigna nuevos terrenos para sus actividades agropecuarias, que están incluidas en la misma zona de expansión. El modelo de desarrollo social esta basado en una economía de subsistencia donde las actividades ganaderas y agrícolas tienen mucho valor. Estas características hacen particularmente muy complicadas el proceso de negociación entre los actores pues requiere se entiendo no solamente los mismo códigos lingüísticos sino además los culturales.

VI. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tal como se estableció en punto II. La empresa Majaz (ahora Río Blanco Copper) no contaba con el acuerdo previo que exigía el artículo 7° de la Ley 26505 (Ley de Tierras); además, tampoco había cumplido con el requisito de la aprobación de los 2/3 de votantes en la Asamblea General de las Comunidades. Más aún, tal como lo demostró la Defensoría del Pueblo en el informe elaborado por la Adjuntía de Servicios Públicos y Medioambiente, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros no tomo en cuenta estos y otros requisitos legales que exigía la legislación ambiental minera; por lo cual aprobó a finales de noviembre de 2003 la Evaluación de Impacto Ambiental para el inició de las exploraciones. La falta de legalidad en los estudios de impacto ambiental, así como la cuestionada ocupación de los territorios de las comunidades campesinas hicieron imposible el reinició del diálogo entre los actores en conflicto. Durante todo el 2004 el proyecto estuvo estancado, se intentó instalar la Mesa de Diálogo Río Blanco promovida por el Gobierno Regional de Piura, sin embargo no participaron representantes de las organizaciones sociales y comunales. A mediados del 2005 se constituyó el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú – FDSFNP – quienes presentaron una propuesta de diálogo al MEM. En los primeros meses del 2006 se realizarían tres reuniones entre el Frente y el Ministerio de Energía y Minas, las cuales se suspenderían en mayo del mismo año.

Pero fue sin duda con el informe de la Defensoría del Pueblo al que hacemos ilusión en el presente trabajo, que las exigencias de las comunidades alcanzaron otro nivel. El 11 de septiembre la empresa emitiría un comunicado pidiendo disculpas por los enfrentamientos con los comuneros y su personal, en dicho comunicado, señalo además que se encontraban en una etapa de cambios internos que mejorarían la gestión social de la empresa. Sin embargo esta decisión no se aplicaría pues continuaron los hechos de violencia entre ambas partes. A finales del 2006, el Frente en una reunión con el Director General de Gestión Social del MEM en conjunto con el representante de la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, solicitaron que se retome el diálogo. Durante el 2007 el clima de violencia no cesaría, muy por el contrario, amenazas de muerte contra miembros de ONGs opositoras al proyecto minero entre otras acciones de violencia son comunes entre los actores en conflicto. En este mismo año, se produjo la adquisición de la mayoría de acciones de la minera Majaz por parte de la empresa china Zinjin, que no ha generado mayo cambio en las políticas de la empresa.



En el 2008, los conflictos entre las comunidades campesinas y la empresa minera no han cesado. Tal como lo reseña el diario El Comercio, la postura radical de la gente que esta a favor o en contra del proyecto minero ha convertido a la comunidad de Segunda y Cajas en un polvorín en donde puede fácilmente pasarse de los insultos a la violencia. El informe del periódico resalta la transformación de las relaciones sociales acaecidas entre los pobladores de la comunidad, la división entre los comuneros que se encuentran a favor del proyecto y no que se mantienen una postura adversa frente al mismo, el cual lo reseña así:“Otra vez los ojos de la opinión pública se desviaron hacia la sierra de Piura, donde el proyecto minero Río Blanco busca instalarse ante la oposición de un importante sector de la población local y el apoyo incondicional de algunos pobladores, del Gobierno Regional de Piura y del Gobierno Central”18. Según el reporte sobre conflictos sociales del mes de octubre de la Defensoría del Pueblo, actualmente no hay diálogo entre partes del conflicto. Sin embargo, entre los último hechos podemos encontrar la denuncia interpuesta ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura se resolvió no ha lugar la formalización de la denuncia penal contra los 35 denunciados por los delitos de Terrorismo y Tortura en agravio de los dirigentes denunciados, pero en cuanto a los demás delitos de disturbio, apología, asociación ilícita para delinquir, motín, conspiración, lesiones, coacción, secuestro, usurpación y daños, dispone se deriven los actuados a la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba19. Finalmente, el 23 de octubre el Frente de Defensa de los intereses de la Frontera Norte envió carta al premier Yehude Simon solicitando el reinicio del diálogo sobre el proyecto minero.

La consulta ciudadana sobre el Proyecto Río Blanco

Un punto importante que no ha sido mencionado en la exposición sobre el proceso de participación ciudadana es el referido a la consulta vecinal en los distritos de Pacaipampa, Carmen de la Frontera y Ayabaca llevada acabo el 16 de septiembre en el que el 90% de la población dijo no a la actividad minera. Este hecho marca por segunda vez la aplicación de este derecho fundamental que tenemos todos ciudadanos, el derecho a involucrarnos en el quehacer social y así influir en nuestro devenir. Sobre esta potestad ciudadana podemos afirmar que establece una relación de poder a través de la cual individuos y grupos sociales con intereses contrapuestos se encuentran y confrontan, ejerciendo su capacidad de decisión. Que es necesario que este derecho vaya acompañado del derecho a ser y estar informado, ejercido a través de mecanismos reales legítimos y transparentes. Y que su vez no es solo contar con los mejores mecanismos para hacerlo sino que quien tiene el derecho, sepa que significa participar.20. Sobre la consulta en sí misma se pueden hacer muchas lecturas, desde quienes evidencias que esta ha significado la claudicación del Estado para que prevalezca la ley21, hasta quienes consideran que es la oportunidad para establecer grandes retos como

18 LEÓN, Ricardo. “Una comunidad al borde del estallido”, El Comercio, Domingo 27 de abril del 2008, p. a28 19 La denuncia fue presentada el 24 de marzo, en la cual se acusa del delito de terrorismo a dirigentes comunales, alcaldes provinciales, rondaron, activistas de derechos humanos y expertos ambientalistas. Todos ellos opuestos al proyecto minero. 20 ZAMBRANO, Gustavo. “Conceptos transversales a tener en cuenta como parte del análisis de los conflictos socioambientales en minería. En: Ius et veritas Nº 32, p. 414 21 HUMBERTO CABRERA, César. Op. cit. p. 18



recuperar la gobernabilidad mediante la promoción de mecanismos de participación ciudadana serios, oportunos e informados22. Por mi parte considero que ha sido un ejercicio legamito de ciudadanía que sin embargo juega con las expectativas que pueden brindar el sistema democrático. No se puede negar la soberanía del Estado sobre los recursos naturales, pero tampoco se puede negar la libertad que tienen las comunidades para decidir como desean que se desarrollo su vida. Esta disyuntiva sólo puede resolverse conversando, en la medida que cada actor reconozca que si no es con el apoyo del otro no podrán las fortalezas y oportunidades que la vida les otorgo.

VII. CONCLUSIONES

1. La explotación del yacimiento de cobre propiedad de Río Blanco Copper S.A. es uno de los proyecto mineros de inversión con mayor expectativas de rentabilidad en el sector.

2. En la actualidad el Perú aún es considerado un de los destinos más atractivos para desarrollar proyecto de inversión minera. Según el Instituto Fraiser, el Perú se encuentra en el puesto 28 (tercero en Latinoamérica) de 68 a nivel mundial.

3. Si bien las empresas mineras han desarrollado importantes proyectos de responsabilidad social empresarial con el fin de dejar atrás su pasado de ente contaminador y desconocedor de los derechos de las comunidades campesinas; aún no han logrado superar esa debilidad, tal como lo señala el informe “Responsabilidad social empresarial en el sector minero en el Perú” de Oxfam, estos proyectos resultan insuficientes.

4. El Estado ha demostrado poca claridad y creatividad para solucionar de manera positiva los conflictos sociales de carácter ambiental. Sumando a esta situación la falta de claridad en materia ambiental y la implementación de normas como la Ley Nº 27446, Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

5. Las comunidades campesinas han aprovechado (o quizás como causa de ello) la falta de Estado para exigir de manera radical atención a sus problemas sociales y ambientales producto de una actividad minera que llego a sus vidas sin consulta previa (debemos tener presente que se otorga la concesión minera por parte de INGEMMET sin consulta comunitaria).

6. La falta de seguimiento y tutela de los mecanismos de participación social se ven reflejadas en el índice de conflictividad nacional, que según el último reporte de la Defensoría del Pueblo son 67 (de un total de 189) los relacionados con la actividad minera.

7. Respecto al conflicto entre las comunidades de Segunda y Cajas y la empresa Río Blanco Copper, se nos muestra como contra ejemplo de lo que no debe hacerse en lo referido a relaciones comunitarias por las graves consecuencias que estas traen a futuro para el proyecto minero. Sembrar conflictos en la zona lo único que originará será cosechar mayores conflictos y dificultades al reiniciar el proceso de diálogo que por las características del proyecto y del espacio comunal involucra un número considerable de agentes.

8. Finalmente, el Gobierno Central tiene que desarrollar una estrategia encaminada a recuperar la confianza de la población, de cumplirse con esta finalidad podrá hacer efectivo en los casos de tensión su postura mediadora para solucionar los conflictos sociales.

22 DE ECHAVE, José. “Diez años de minería en el Perú”. Cooperacción. Lima, abril 2008, p. 411



EGC/ MAYO 2009

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