boletin informativo no. 252

SEMANARIOSEMANARIONo. 252 | 17 Agosto 2012 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

Otra mirada de la realidad

Siguen desalojos en Valle de SulaM il doscientas fa-

milias campesinas fueron desalojadas esta semana por re-

clamar su derecho a la tierra en el sector de Agua Blanca Sur, El Pro-greso, Yoro.

Desde horas muy tempranas, varios contingentes militares, policiales y guardias de seguridad de una empresa privada, se ubicaron en la entrada a las cañeras para aco-rralar a las familias campesinas y capturarlas. Con sus armas de alto poder, las fuerzas policiales detu-vieron a cuarenta personas, entre ellas: mujeres con sus niños y ni-ñas, 18 jóvenes menores de edad y otros campesinos, quienes fueron llevados hasta la posta policial pro-greseña acusados de usurpación de las tierras. Ayer les dictaron auto de prisión y les aplicaron medidas sus-titutivas. Se les prohibió acercarse a las tierras que están en conflicto.

Los campesinos reclaman 3 mil 600 hectáreas que fueron expropiadas por el Instituto Nacional Agrario, INA, el 26 de marzo de este año dado que la Azucarera del Norte, S.A, Azunosa sobrepasa el techo de 250 hectáreas que las leyes agra-rias establecen que puede poseer en el Valle de Sula una persona na-tural o jurídica.

La tierra es la base para la vivienda, los alimentos y las actividades eco-nómicas, la fuente más importante de oportunidades de empleo espe-cialmente en las zonas rurales y un recurso cada vez más escaso en los núcleos urbanos, pues se encuentra en pocas manos y esto hace que las desigualdades sociales aumenten.

Este es el caso del Valle de Sula, donde varias transnacionales se han apoderado de las mejores tie-rras y los que deberían de ser los dueños están trabajando de peones ganando salarios miserables que no les alcanza ni para la alimentación.

Según el jefe Regional del Instituto

Nacional Agrario, Exequías Doblado, el desalojo de los campesinos del sur de El Progreso está justificado puesto que la expropiación aun no está en firme porque la empresa AZUNOSA apeló ante el Consejo Na-cional Agrario.

El dirigente campesino Rafael Ale-gría, también se refirió al tema de los desalojos, indicando que los procedimientos en el derecho penal son diferentes que en el derecho agrario y que la expropiación es de ejecución inmediata y los campesi-no deben proceder a ocupar las tie-rras porque ya fueron expropiadas.

“Ello no quita el derecho a apelar ante el Consejo Agrario y luego ante la Corte Suprema de Justicia y si después de los cuatro años que puede durar ese proceso la empre-sa recibe la razón, entonces proce-dería el desalojo de los campesinos, pero mientras tanto ellos deben pa-sar a ocupar las tierras, de acuerdo con el principio de bienestar social que busca la Reforma Agraria esta-blecido en la Constitución de la Re-pública”, explicó Alegría.

A pesar de los desalojos, los cam-pesinos informaron que seguirán en

la lucha, porque no tienen que co-mer y lo que ellos buscan es tierra para producir su comida.

Asimismo dijeron que la esposa del ministro del INA, Angélica Benítez, en su calidad de abogada, intentó convencerlos de que se fueran para otras tierras donde se les podía comprar con 50 millones de lempi-ras que ofrecía la compañía azuca-rera. Fueron a ver las posibles tie-rras en el municipio de Santa Cruz de Yojoa a unos treinta kilómetros de AZUNOSA, pero comprobaron que son terrenos áridos y sobreva-loradas. Los campesinos no quieren

reubicación, exige que se les otor-guen las tierras expropiadas.

Exequías Doblado reiteró que ellos están para hacer cumplir la Ley y que si el proceso dura cuatro años ese no es su problema, tienen que esperar hasta que la Corte Suprema de Justicia deje totalmente en firme la resolución y entonces será el INA quien determine a quien se asig-narán las tierras, es decir que bien podrían ser adjudicadas a otras personas y no necesariamente a los grupos que ahora las reclaman y que están siendo reprimidos, según lo explicó el Jefe Regional.

En tierras que reclaman campesinos

Uno de los campesinos dijo que ellos no se van a rendir y que piden a las

autoridades que les ayuden a desenredar ese caso.

Un abogado logró que los campesinos fueran liberados ayer tarde. Los campesinos dijeron que van a seguir exigiendo su derecho.

Mujeres y 18 menores de edad fueron detenidos y acusados del delito de usurpación de tierras.

Semanario No. 252 | 17 Agosto 2012 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

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Las lágrimas, el dolor, la rabia, la im-potencia y la sed de justicia resalta-ron en los rostros de los parientes, al conmemorar los seis meses de la partida de sus seres amados que perecieron calcinados en el incendio del penal de Comayagua el 14 de fe-brero de este año.

La actividad inició con una caminata por las principales calles de Coma-yagua llegando al penal donde se realizó un plantón, allí las personas dieron testimonios conmovedores y mostraron su indignación, luego se regresó al gimnasio del Instituto León Alvarado donde se desarro-llóuna la vigilia en honor a los 361 privados de libertad y una mujer en estado de embarazo que andaba vi-sitando a su esposo.

Los parientes caminaron con un ataúd en memoria de los seres que-ridos que les llevó la tragedia que provocó una de las noches más

crueles en la historia del país y del mundo.

Damaris Cáceres Hernández es una de las dolientes que participaron en la vigilia. La joven cargó en sus manos la fotografía de dos de sus hermanos: Cristian Josué Hernán-dez, de 18 años, y José Adalberto Hernández, de 27 años, quienes aseguró habían sido recluidos de

manera injusta.“A mis dos hermanos los metieron al penal sin ningún testigo, ahora es-tán muertos, yo quiero justicia y que los responsables sean castigados, porque el incendio fue provocado”.

Otra mujer aseguró que su hijo an-tes de morir por las quemaduras le dijo que a ellos los ataron los poli-cías y que no quisieron salvarlos de las llamas.

H ace exactamente 10 años, la entonces Comisionada María Luisa Borjas había

logrado documentar la participa-ción de un grupo de oficiales de la Policía en una red de sicariato y de exterminio de pandilleros y secuestradores en San Pedro Sula, sin embargo, su valentía y compromiso con la legalidad le valió su separación de la institu-ción policial.

En todo el proceso de investi-gación, la Comisionada Borjas y la sociedad hondureña fuimos testigos de la manipulación de la pruebas por parte de los altos responsables de la Secretaría de Seguridad y del Ministerio Público

para desvincular a los oficiales investigados con medio centenar de ejecuciones arbitrarias en San Pedro Sula.

Entre los involucrados en la ma-nipulación de pruebas se encon-traban la actual viceministra de Seguridad Coralia Rivera Coca, la entonces inspectora de Policía Mirna Suazo, el entonces jefe de almacén de armas Pedro Alemán y Juan Manuel Aguilar Godoy, jefe de manejo de crisis del Ministerio de Seguridad, considerado uno de los más cercanos asesores del ex ministro Óscar Álvarez.

Y lo que resulta más preocupante es que uno de los investigados por su supuesta participación en

los escuadrones de la muerte es el actual director general de la Policía, Juan Carlos Bonilla, quien posteriormente fue absuelto por el poder judicial hondureño.

Con estos antecedentes, no re-sulta sorprendente que según un reciente informe del Departa-mento de Estado, el gobierno de Estados Unidos retirará fondos a las unidades de la policía hondu-reña bajo supervisión directa del “Tigre” Bonilla, hasta que pueda investigar las acusaciones de su participación en tales ilícitos.

De acuerdo con este informe, el Departamento de Estado “es consciente de las acusaciones de violaciones de los derechos hu-

manos relacionadas con el servi-cio pasado del director general de la policía” por lo que “ha creado un grupo para investigarlas”.

En buena medida, la decisión tomada por el gobierno esta-dounidense es el resultado de la presión de académicos, activistas, miembros del Congreso de Esta-dos Unidos y de los diversos infor-mes que denuncian la participa-ción de las fuerzas de seguridad hondureñas en graves violaciones a derechos humanos.

Frente a esta decisión, el gobierno de Honduras a través del Ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla ha reiterado su apoyo al director de la Policía y en vez de asumir con

seriedad esta acción, ha llamado tontos útiles de los criminales a quienes denunciamos la violencia desproporcionada con que actúan la policía y el ejército.

En un verdadero Estado demo-crático de derecho, el informe del Departamento de Estado provo-caría un terremoto político que implicaría una investigación inde-pendiente e imparcial de todos los involucrados, pero en este reme-do de democracia que tenemos en Honduras, lo único que vemos es la forma en que se protegen las espaldas quienes se sienten due-ños de nuestra vida, de nuestro futuro y de nuestra seguridad.

Sobre depuracionespoliciales y otros cuentos

Verdad, justicia y castigo para responsables delincendio de penal de Comayagua, exigen las familias

Para la mayoría de los parientes la tragedia

fue provocada, por esta razón piden al gobierno el esclarecimiento de la

tragedia. También exigen cárcel para los culpables y la indemnización de las

familias que hoy lloran la ausencia de sus seres

queridos.

Las familias exigieron que las muertes no queden en la impunidad.



En sector de Rivera Hernández

“Jóvenes viven una pesadilla”Muchas casas se ven vacías, familias enteras han migrado del lugar que los vio crecer, rentando sus casas o vendiéndolas a precios de gallo muerto. La Rivera Hernández se ha convertido en zona de guerra de un país donde cada día asesinan 3 jóvenes de los cuales el 94% de los casos están en la impunidad.

“ A mi mamá la mataron y ahora vivo con mi abuela, yo anduve en cosas malas pero ya me dejé de eso”,

así lo cuenta Alex, quien con apenas 11 años tiene toda una experiencia de vida, su madre fue asesinada y él buscó una familia en el crimen orga-nizado del sector, la pequeña y ya extinta mara “Los barqueros” que se dedicaban a asaltar “rapiditos”.

Alex recuerda que él transportaba armas y hasta marihuana que le pe-dían sus compañeros, chavos de 15 a 20 años. “Me salí porque mi abue-la me regañaba y como después los mataron a todos”.

El pequeño habla con total frialdad, el ceño fruncido y muy firme en sus palabras, pues la muerte es parte de su vida. Asegura que quiere ser policía cuando crezca así como su madre, no como los que “hostigan y golpean a los chavos”, sino de los buenos.

El sector Rivera Hernández está compuesto por alrededor de 30 colonias. Etiquetado como el sector más violento de San Pedro Sula, la Dirección Nacional de Investigación Criminal asegura que cada semana hay alrededor de 3 o 4 homicidios, además que el crimen tiene rostro jo-ven tanto víctimas como victimarios.

“Los tercereños” es una banda muy temida por los pobladores de este sector, jóvenes entre 12 y 16 años que despojan a quien pase por su territorio y manejan armas y dro-gas, según pobladores de la Colo-nia Sinaí.

Según doña Emelina Cantillano, veci-na del sector, estas bandas solo han respondido a una realidad que des-de hace poco ha ido empeorando,

la preca-riedad

económica en los hogares del sec-tor, la falta de servicios básicos y una policía que impulsa el crimen y viola los derechos de la juventud.

“Aquí los jóvenes viven en una pe-sadilla, mis hijos siempre me piden que yo los despida con un beso y un abrazo y la bendición de Dios por-que andan con miedo. La gente de aquí somos de escasos recursos, aquí se matan para sobrevivir. Y en la policía no tenemos esperanza porque ellos de noche pasan ven-diendo celulares, se ve que son mal habidos, para mí ellos están hacien-do la maldad”, expresó Cantillano quien se gana la vida vendiendo tortillas para mantener a sus hijos.

Asimismo doña Maritza Carías quien tiene 15 años de vivir en la colonia Reparto Los Ángeles, con sus 7 hi-jos. “Antes cuando me vine a vivir a estos lados era muy tranquilo pero luego se formaron dos maras, la MS y los 18 que todo el tiempo se ma-taban, ahora la situación está peor, porque uno no puede salir a las ca-lles solo pedirle a Dios es lo que le queda a uno” manifestó.

Un ambiente cada vez más violento¿Qué le digo a mis hijos cuando es-cuchan todas las noches disparos? Preguntaba una madre de familia en un foro realizado por el programa de la Iglesia Católica Paso a Paso, la semana pasada, y es que el am-

biente se ha vuelto cada vez más violento y esto afecta a los menores.

El agente Santos Esteban Hernán-dez de la Mega Posta Policial de La Rivera Hernández, aseguró que los homicidios han bajado y las denun-cias que más llegan a la posta son por violencia doméstica, muy pocas por robos u otros delitos.

Sin embargo, Maritza Carías, quien vive a pocos metros de la posta, ase-gura que la gente no confía en la au-toridad policial y más bien le temen.

En la posta se mantienen 40 ele-mentos policiales que según Her-nández realizan un trabajo de prevención en el sector. El agente contó que hace una semana requi-rieron a un compañero suyo por mal procedimiento pero que no se ven muchas cosas de este tipo.

Mal procedimiento es lo que la gente cuenta que hace la policía, “agarrar al equivocado, golpearlo y amedrentarlo, especialmente a los jóvenes”.

Según el agente policial, los jóvenes no deben andar más tarde de las 10 de la noche, si no acatan esta regla explícita por el ambiente que se vive, deben ser investigados por-que “no andarían en buenas cosas”.Edwin es un chavo de 15 años, estudia y trabaja chapeando sola-

res cuando sale trabajo, su mamá trabaja en una tortillería y por eso él y sus hermanos le ayudan para sobrevivir. Edwin desea con todo su corazón irse de la colonia porque ya no aguanta, es que ser joven en un ambiente tan violento donde son estigmatizados de esa manera, es un suplicio.

“Aquí suceden muchas cosas malas y generalmente la gente responde con venganza y eso solo genera más muertes”.

Edwin dijo que el temor domina a los chavos y chavas pero aun sueñan.

“Mi sueño es llegar a ser un licen-ciado en administración de empre-sas, hay muchos chavos que tienen talentos en el arte u otras cosas”, manifestó.

Masacre en el olvidode la justicia

La tarde del 30 de octubre del 2010 se tornó roja por la sangre de 14 personas, en su mayoría jóvenes, que fueron asesinadas a sangre fría mientras compartían un partido de fútbol en una cancha de fútbol de la colonia Felipe Zelaya.

Las primeras especulaciones reali-zadas por el entonces viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, fueron que el móvil de la nueva ma-

sacre podría ser ajuste de cuentas y vinculaba a las víctimas con crimen organizado.

A dos años al consultársele al voce-ro de la DNIC, Oscar Aguilar sobre las investigaciones y requerimien-tos del caso, aseguró que seguía en investigación en la unidad de homicidios, que “parecía” que los autores materiales habían sido atra-pados pero no estaba seguro.

El Ministerio Público ha pedido con-fidencialidad sobre el tema y más que nueva información lo que res-ponden es: “el expediente está en la unidad de homicidios, sigue en investigación”, mientras las familias del sector siguen clamando justicia y viviendo con el temor de ser una cifra más, un muerto más que que-da en la impunidad.

“Solo mi abuela sabe quién mató a mi mamá pero yo he escuchado que dicen que ya está muerto, yo

tenía 9 años ella estaba con una amiga que parece

que tenía problemas con los “tercereños” y por eso las mataron a las dos”, explicó

el menor.

En la Fundación Paso a Paso se atiende a niños y ninas en riesgo social del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula.

Los niños, niñas y la juventud están con más riesgo en el país.



Recomienda desarrollar reglamento para manejo de frecuenciasE l Relator Especial para la

Libertad de Expresión, Frank La Rue, durante su visita por Honduras

la semana pasada, dijo durante una reunión con los ministros, que las frecuencias electromagnéticas de telecomunicaciones son propiedad del Estado, y el Estado debe siem-pre buscar el bien común con el in-terés de todos.

Otra de sus recomendaciones en este tema es que el Gobierno de Honduras promueva ante el Con-greso de la República una ley que redefina el interés social del uso de

las frecuencias de telecomunicacio-nes y su forma de distribución.

Indicó que la subasta es un meca-nismo esencialmente discriminato-rio que solo privilegia a los sectores con poder económico y por consi-guiente solo puede aplicarse a la concesión de frecuencias comercia-les pero no a otro tipo de frecuen-cias, como comunitarias o públicas no lucrativas, tal el caso de las co-munidades de diferentes pueblos y grupos étnicos del país.

El relator también propuso al go-

bierno que dirige Porfirio Lobo Sosa, ver los modelos de las leyes de Argentina y Uruguay reciente-mente aprobadas que dividen el espectro en frecuencias comercia-les, comunitarias y públicas para servicios básicos de la población. Para ello es importante reconocer la categoría de medios comunita-rios de comunicación y la forma en que debe darse la concesión del usufructo sin que para ello puedan considerarse criterios económicos.

Para La Rue, las frecuencias comu-nitarias o las públicas deben tener

los mismos derechos y obligaciones que las comerciales, por lo que no se debe presumir que necesaria-mente sean de baja potencia y de poco alcance.

El Relator conoció que hay un sinnú-mero de frecuencias concedidas en usufructo que no están siendo utili-zadas, pero que los usufructuarios mantienen como reserva personal, por lo que recomendó al Estado de Honduras establecer como con-dición para recibir la concesión de una frecuencia en tener que utilizar-la efectivamente, de inmediato y en

forma permanente.

“Adicionalmente, recomiendo al Es-tado que a través de CONATEL haga un inventario y mapeo de frecuen-cias en todo el país estableciendo cuales no están en uso para retirar la concesión del usufructo. La digi-talización de los servicios análogos de comunicación amplía el número de frecuencias que se puede utilizar en cada banda por lo que también recomiendo al Estado aprovechar esa ocasión para generar una re-serva estratégica de frecuencias”.

El Relator también expresó que el internet no solo es una tecnología fundamental para la libertad de ex-presión, incluyendo el acceso a la información pública, sino también para el derecho a la educación, el derecho a la libre asociación y reu-nión, como el derecho a la diversidad cultural y el derecho al desarrollo.

“El acceso debe ser un medio muy libre que constituye un espacio pú-blico de diálogo e interacción de toda la población y con el mundo entero. Recomiendo al Estado de Honduras garantizar en internet el acceso: 1) a contenido plural y di-verso y sin censura; y 2) a la conec-tividad e infraestructura incluyendo equipos apropiados para utilizar el internet, indicó el Relator Especial para la Libertad de Expresión Frank La Rue”.

“Recomiendo que se desarrolle un reglamento

para la concesión equitativa del usufructo y manejo de las frecuencias

de telecomunicaciones con el propósito de que todos

los sectores de la población tengan acceso a dichas frecuencias y de evitar la

concentración de medios y los monopolios que violan el principio de diversidad

y pluralidad que debe prevalecer en la libertad de expresión y en los medios de comunicación social”,

dijo La Rue.

Callar la verdad aplasta la dignidad de las víctimas +¡MOVILICÉMONOS!

Relator de la Libertad de Expresión

Durante su visita Frank La Rue en compañia de su asistente y del periodista José Peraza sostiene el primer micrófono de Radio Progreso.



Otra Comisión, ahorapara intervenir la DEIL a aprobación de un de-

creto de emergencia fiscal y la conformación de una comisión que

intervendrá la Dirección Ejecutiva de Ingresos, son las medidas que la presente semana el gobierno de Porfirio Lobo Sosa tomó para lograr amortiguar la crisis severa que atra-viesa el país en materia económica. Aunque muchos sectores las han calificado de “manotadas de aho-gados”.

Pese a este anuncio de reducción de salarios, los diputados del Con-greso Nacional, que mensualmente ganan más de 70 mil lempiras, se negaron a implementar las medi-das de austeridad que de manera urgente necesita el país. anuncia-ron que mediante una resolución

de la junta directiva, aprobada por el pleno, los diputados adoptaron tibias medidas de austeridad como la congelación de salarios, la no contratación de nuevo personal y la reducción de 67 comisiones or-dinarias a un número de 20, según argumentaciones de los directivos, con el fin de ahorrar papelería y em-pleo de personal.

El poder Legislativo, es una de las instituciones que más gastos reali-za en la presente administración. En semanas recientes se confirmó que pese a que faltan 5 meses para fi-nalizar este año, el Congreso gastó el 99 por ciento de su presupuesto, únicamente cuenta con 4 millones de lempiras, de un presupuesto de más de 500 millones.

Siguen las juntasinterventoras

Con el supuesto de mejorar las re-caudaciones tributarias que se han venido a pique en Honduras, el go-bierno creó una Comisión Interven-tora para la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI.

Según el anuncio hecho, por el nue-vo ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, la comisión interventora se encargará a partir de la fecha de la administración de la DEI y de-berá realizar una evaluación de la entidad con la asesoría del Tribunal Superior de Cuentas. Luego de 120 días prorrogables, los miembros

de la junta interventora, Reinaldo Rodríguez Martínez, en calidad de presidente, Roberto Antonio Jeréz y Jorge Iyescas Oliva, deberán pre-sentar un informe donde den reco-

mendaciones para el fortalecimien-to para enfrentar las dificultades en la recaudación tributaria.

Tras estas decisiones, que para el gobierno buscan sanear las finan-zas públicas, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, Fos-deh, cree que el desastre económi-co que enfrenta el país era una cri-sis anunciada, y muy bien conocida por el gobierno.

Para la economista Ileana Morales la situación de Honduras, es el re-flejo de que el gobierno no tomó medidas con anterioridad para con-trarrestar el efecto que ahora perci-ben los hondureños y hondureños en el tema económico.

Morales aseguró que el gobierno no ha hecho ningún intento creíble en ahorrar el presupuesto, “y ahora cuando están con la soga al cuello” lo más fácil es trasladar esa gran parte de irresponsabilidad con las que se ha estado manejando las ar-cas públicas a la población.

La desquebrajada economía hondu-reña enfrenta cifras rojas, como los más de 65 mil millones de lempiras en deuda interna sumado a otros miles de millones más por de deuda externa, el desempleo afecta a 2 millones de la población económi-camente activa del país.

Las exoneracionesfiscales no paran

El Estado de Honduras practica una abusiva política de exoneraciones que impiden una recaudación tri-butaria más equitativa. De acuer-do con un estudio realizado por el FOSDEH las exoneraciones fiscales equivalen al 35% de la recaudación fiscal realizada por la DEI.

En el país se estima que hay aproxi-madamente 68 decretos ley y acuerdos emitidos por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, ma-nejados en forma secreta por todos los Gobiernos.

El decreto de reducción del gasto público, fue aprobado en Consejo

de Ministros y pretende recaudar mil 200 millones

de lempiras al finalizar este 2012. Según el gobierno el ahorro se hará por la reducción de personal supernumerario en las diferentes instituciones gubernamentales y la

baja de salarios aquellos funcionarios que devenga

más de 50 mil lempiras.

Muchas familias tienen que hacer milagros para que los lempiras les alcancen para comprar sus alimentos.

La corrupción estatal aumenta la pobreza en las poblaciones rurales del país, quienes esperan que el gobierno respete sus derechos.



Suspenden audiencia inicial contra HéctorIván Mejía y Daniel Omar Matamoros

La impunidad continúa protegiendo a altos funcionarios policiales

María Luisa Borjas:

L a Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental de Honduras ante la

comunidad nacional e internacional manifestamos lo siguiente:

PRIMERO: El 14 de marzo del 2012, la Fiscalía Especial de Derechos Hu-manos de San Pedro Sula, presentó acusación criminal contra Héctor Iván Mejía y Daniel Omar Mata-moros, el primero en su condición de Jefe Metropolitano de la Policía Nacional en San Pedro Sula y el se-gundo como Jefe de Operaciones, por suponerlos responsables de los delitos de Violación de los Dere-chos de los Funcionarios, detención ilegal y lesiones, perpetradas en el momento en que se efectuaron los actos represivos del 15 de septiem-bre del 2010 en San Pedro Sula.

SEGUNDO: En fecha 3 de mayo se realizó la audiencia de declaración de imputados y se fijó la audiencia inicial para el 1 de junio, sin em-bargo, la misma fue suspendida y debía celebrarse el día de hoy 17 de agosto. Inexplicablemente y sin causa justificada ha sido suspendi-da nuevamente, siendo reprogra-mada para el 11 de octubre, con lo cual, de una forma ilegal, el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula ha alargado hasta más de 5 meses un plazo que no debe exce-der de 30 días, con el propósito de favorecer a los imputados evitando

dictarles el correspondiente auto de prisión que podría traer como con-secuencia la suspensión de sus fun-ciones dentro de la Policía Nacional.

TERCERO: Condenamos este nuevo aplazamiento que el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula ha consumado en este pro-ceso penal lo cual pone reiterada-mente en evidencia que no existe voluntad política de los órganos jurisdiccionales para juzgar a los altos mandos policiales y militares responsables de las violaciones a

los derechos humanos, con lo cual se fortalece la impunidad que cons-tituye un atropello a la dignidad de las víctimas.

CUARTO: Recordemos que el Rela-tor Especial de las Naciones Unidas para la promoción y la protección del derecho a la libertad de expre-sión y de opinión en su reciente visita a nuestro país señaló: “La ausencia de justicia constituye im-punidad, y la impunidad es una de las causas principales que generan más violencia”. Asimismo la Corte Interamericana ha establecido que “el Estado tiene la obligación de

combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de dere-chos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

QUINTO: Exigimos al Estado de Honduras que cumpla con su obli-gación de juzgar y sancionar a es-tos funcionarios policiales, respon-sables de actos de fuerza arbitraria y desproporcionada en contra de personas que se manifestaban pacíficamente el 15 de septiembre del 2010, para lo cual el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro

Sula debe señalar, a la mayor bre-vedad posible, la correspondiente audiencia inicial y darle curso a este proceso penal sin más dilaciones injustificadas.

SEXTO: Expresamos nuestra solida-ridad y nuestro acompañamiento a las víctimas y a sus familiares en su búsqueda de justicia y reparación.

San Pedro Sula, Cortés,17 de agosto de 2012.

Convergencia por losDerechos Humanos de la Zona

Noroccidental de Honduras.

Rechazo

Un grupo de personas acompa-ñadas por la Convergencia de los Derechos Humanos realizó un platón este día a las 10:00 a.m, frente al Juzgado de Le-tras de lo Penal en San Pedro Sula.La protesta fue porque la audiencia contra Héctor Iván Mejía (actual vocero de la Po-licía Nacional) y Daniel Omar Matamoros ha sido suspendida en 2 ocasiones. Mejía y Ma-tamoros están acusados de varios delitos cometidos en la protesta pacífica realizada el 15 de septiembre de 2010 en San Pedro Sula, en la cual se reportaron graves violaciones a la humanidad de la población que se pronunciaba ante la falta de independencia.

Los asistentes a la protesta advirtieron que seguirán pidiendo castigo para Héctor Ivan y Daniel Matamoros.

Policías que violentan derechos humanos deben investigarse Las violaciones a los Derechos Hu-manos, de las cuales se responsa-bilizan al actual director de la Policía Nacional Preventiva de Honduras, Juan Carlos “EL Tigre” Bonilla, sa-lieron a la luz pública nuevamente, con el informe del departamento de Estado de los Estados Uni-dos, publicado por la agencia de noticias, Associated Press (AP).

Según la información difundida por la AP, “El Gobierno de Estados Unidos retirará fondos a las unida-des de la Policía hondureña bajo supervisión directa de Juan Carlos Bonilla, su director general, hasta que pueda investigar las acusacio-nes de que él dirigió un escuadrón de la muerte hace una década, se-gún un informe del Departamento de Estado fechado esta semana”.

La información sobre la suspensión de la ayuda a la Policía de Hondu-ras, fue desmentida mediante un comunicado de la Embajada es-tadounidense en el país. Según la Embajada “Estados Unidos no tiene planificado ni reducir ni eliminar la asistencia a las Fuerzas Armadas o a la Policía hondureña en los tér-minos establecidos bajo esta ley”.

Sin embargo en el tema de Derechos Humanos, la Embajada de Estados Unidos, estableció que “Honduras debe presentar un informe donde mencione que “está investigando y procesando -en el sistema de justi-cia civil- al personal militar o policial que de manera creíble supuesta-mente han estado involucrados en la violación de derechos humanos, y si las Fuerzas Armadas y la Policía de Honduras están cooperando con

las autoridades judiciales civiles en estos casos”, reza el comunicado.

La Comisionada de Policía en ca-lidad de retiro y ex directora de la Unidad de Asuntos Internos, Marial Luisa Borjas, dio a cono-cer que es necesario que se re-tomen las investigaciones de las violaciones a los derechos huma-nos cometidas en su momento por Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.

Recordó que estando ella al frente de esta unidad, presentó un infor-me donde se hacía constar que “El Tigre”Bonilla había participado en el asesinato de tres personas, y la desaparición de varias perso-nas entre los años 1998 y 2002.

María Luisa Borjas, además seña-ló que Departamento de Asuntos

Internos de la propia Policía hon-dureña, mediante investigaciones constató que Bonilla en compañía de otros oficiales era vinculado en otros 11 casos más. Sin em-bargo “de todas las acusaciones, solo una prosperó pero al final, fue absuelto en el 2004 y eso me costó mi puesto como represalia por investigarlo”, apuntó Borjas.

Por su parte Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro e In-vestigación y Promoción de los Derechos Humanos en Hondu-ras, Ciprodeh, asegura que las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, deben continuar denunciando y pidien-do justicia por este tipo de casos.

Ante el cambio de decisión de Es-tados Unidos de primero apoyar el

nombramiento del Tigre Bonilla y ahora cuestionarlo trayendo al pre-sente los señalamientos en su con-tra y emitir sanciones es un síntoma de que ha seguimiento a las investi-gaciones de violaciones de derechos humanos a personas que están ocu-pando cargos en el actual gobierno.

“La investigación es necesaria porque desde

el 2009 se han agudizado las violaciones a los

derechos fundamentales de los hondureños, y los

agentes policiales son los más denunciados”, acotó

Wilfredo Méndez.

boletin informativo no. 252

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