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Boletín del Archivo General de la Nación7a época, año 2, núm. 8, abril-junio 2011

Santa Catalina, San Pedro Cuitlahuac, San Francisco Tetlalpa; Chalco. D.F., 1656 AGN, Mapas, planos e ilustraciones, planero 7, cajón 5, pieza número 1155.

Boletín del Archivo General de la Nación

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ISSN-0185-1926

Legajos. Boletín del Archivo General de la Nación se terminó de imprimir en mayo de 2011 en Editores Buena Onda, , S.A. de C.V. Suiza, núm. 14, Colonia Portales Oriente, Delegación Benito Juárez, México, D.F.

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Armando PreciadoUniversidad de [email protected]

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Índice

EDITORIAL

GALERÍAS

Recordando a Fredrich KatzLuis Barrón

Federales, revolucionarios y bandoleros: Los daños de la lucha armada en la Convención Especial de Reclamaciones (1923-1931)Marcela Mijares Lara

La fallida intervención de los bienes eclesiásticos en la ciudad de PueblaMaría del Carmen Labastida Claudio

El Cabildo de San Luis Potosí y el proyecto para emitir tlacos, 1790Ma. Ángeles Cortés Basurto

PORTALES

El valor de los archivos en una sociedad sin memoria Carlos Alberto Zapata

RESEÑAS

Entre ríos te veas Ríos internacionales entre México y Estados Unidos. Los tratados de 1906 y 1944Por Isabel Avella Alaminos

9

13

15

35

63

87

103

Exposición permanenteExposición permanente: anuncios y anunciantes en El Mundo IlustradoPor Edith Hernández

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Imagen de portadaSanta Catalina, San Pedro Cuitlahuac, San Francisco Tetlalpa, ChalcoGuillermo Sierra e Inés Ortiz

IntroducciónIdalia González Castillo

La capitulación de San Blas

Canciones de guerra

ÍNDICES

Inventario del fondo Instrucción Pública y Bellas ArtesCoralia Bustos Morales

Black Palace

Biblioteca

Exposiciones

Congresos y reuniones

Librería Edmundo O’Gorman

Normas para la entrega de originales

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9Legajos, número 8, abril-junio 2011

EDITORIAL

La sección Galerías se abre en esta ocasión “Recordando a Friedrich Katz”, en homenaje póstumo al historiador austriaco que durante siete décadas pensó y publicó sobre asuntos históricos de nuestro país. El mismo apartado continúa con tres investigaciones que revisan momentos distintos del acontecer nacional. En la primera de ellas se desmitifi ca el supuesto según el cual con los Tratados de Bucareli el gobierno mexicano adoptó una postura sumisa frente al estadounidense; si bien aquél decidió indemnizar a los ciudadanos estadounidenses por los daños causados por la Revolución, en la práctica no hizo ningún pago de las reclamaciones que le fueron pre-sentadas; el segundo trabajo da cuenta del sistema de alquiler eclesiástico que al menos en el caso poblano tenía consideraciones para los pobres, así que a pesar de la cuantía de bienes inmuebles, la Iglesia carecía de liquidez y aunque pudo ser afectada por un decreto de intervención, el atraso de las rentas impidió que el gobierno liberal se hiciera de los recursos económicos que buscaba; el tercer estudio se ubica en San Luis Potosí a fi nes del siglo XVIII y plantea las relaciones económicas que se daban entre el Estado, los comerciantes y los consumidores con la emisión de moneda fraccionaria conocida como tlaco. En “El valor de los archivos en una sociedad sin me-moria”, contenido en la sección Portales, se enfatiza la falta de conciencia social sobre los repositorios documentales y la necesidad de que las aso-ciaciones e instituciones públicas y privadas de archivistas reposicionen la imagen del archivo en la ciudadanía. La presente edición también incluye las secciones Reseñas y Documentos del AGN, en esta última se comentará a partir de este número la “Imagen de portada” de nuestra publicación. Además, damos aviso de exposiciones, congresos y reuniones a realizarse próximamente.

GALERÍAS


En octubre pasado murió mi maestro Friedrich Katz, historiador de origen austriaco que, en sus obras, refl exionó prácticamente toda la historia de México. Enamorado profundamente de nuestro país, el doctor Katz, poco a poco, por más de 70 años, se fue haciendo mexicano, y murió a los 83 dejando atrás no sólo varias obras ahora clásicas de la historiografía sobre México, sino una infl uencia defi nitiva entre quienes estudiamos la Revolución mexicana e incontables colegas y amigos, que lloraremos, sin duda por muchos años, su ausencia.

Friedrich llegó a México como refugiado a los 12 años de edad, después de que su familia había huido de su natal Austria, de Francia y de los Estados Unidos, países todos que le negaron el asilo a su familia, pues su padre, judío y comunista, cargaba con esos dos pecados imperdonables en la Europa de los años treinta del siglo pasado. Para cuando llegó a México, ya hablaba alemán, francés e inglés, y aunque su padre decidió inscribirlo en el Liceo Francés para que sacara provecho de su manejo del idioma y continuara con sus estudios básicos, aprendió rápidamente el español también. “El México del general Cárdenas nos recibió y nos dio, a mí y a mi familia –nos contaba a sus alumnos– una nueva oportunidad para sobrevivir en libertad. México, para nosotros, era un gran país, en el que nunca fuimos perseguidos ni por nuestras creencias religiosas ni por las políticas”.

Al terminar la preparatoria se inscribió en la Escuela Nacional de Antropología, en donde cursó la licenciatura en historia, titulándose con una tesis sobre los aztecas, que se convirtió en su primer libro. De regreso en Europa, terminó su primer doctorado en Viena, y el segundo en Berlín, en los que trabajó la relación del régimen de Porfi rio Díaz con Austria. En 1968, Katz vivió la represión estudiantil en Tlatelolco, en donde habitaba el departamento de su gran amigo Enrique Semo, con quien había intercambiado vivienda justo por ese año. A partir de 1970 comenzó

RECORDANDO A FREDRICH KATZ

Luis Barrón

14 Legajos, número 8, abril-junio 2011

su carrera en la academia norteamericana, primero en Texas y luego en la Universidad de Chicago, en donde enseñó la historia de México y de América Latina por más de 30 años.

Friedrich Katz es uno de esos casos en los que el legado que nos deja con sus obras, a pesar de su tamaño, no es lo más importante. Para cualquier historiador de México, incluso para quien comienza a hacer sus pininos, La guerra secreta en México o Pancho Villa son obras fundamentales para entender el complejo proceso histórico que fue la Revolución mexicana y su importancia en el mundo de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su calidez y su bonhomía es lo que más nos marca a quienes lo tuvimos cerca. Nunca lo escuché hablar mal de alguien o hacer críticas negativas al trabajo de algún colega. Friedrich podía hacer esa magia que consiste en criticar construyendo y sugiriendo caminos nuevos. “Nunca deje de leer; piense mucho, pero escriba rápido”, me aconsejó alguna vez; y, en otra, riendo, me aseguró que sus obras completas tendrían más tomos dedicados a las cartas de recomendación que a sus obras sobre México. Su generosidad no encontró límites cuando se trataba de ayudar a sus alumnos –sobre todo a los mexicanos– o de compartir su inmenso archivo de fuentes primarias o su biblioteca, y hasta el último día de su vida estuvo dispuesto a pagar el cariño que México le ofreció. Al fi nal, creo que somos nosotros los que quedamos en deuda, y ojalá podamos pagar, con trabajo, con honestidad y con generosidad hacia nuestros estudiantes y colegas todo lo que él nos dejó. Descanse en paz, nuestro amigo y colega Friedrich Katz.


Para la historiografía los Tratados de Bucareli fueron desafortunados, en tanto que México obtuvo el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos a cambio de sujetar la soberanía nacional a los intereses norteamericanos. Sin embargo, poco se ha profundizado en el contenido de los mismos, en específi co sobre la Convención Especial de Reclamaciones. Ésta se ocupó de atender aquellas demandas de ciudadanos norteamericanos presentadas por los daños ocasionados durante el periodo revolucionario (1910-1920). A lo largo de diez años de trabajo de la comisión, sólo 18 de las de las 3,176 reclamaciones que se presentaron fueron falladas. Para algunas fuentes, ello signifi có un fracaso auténtico y un desempeño defi ciente de tales reuniones.

¿Por qué demoró tanto tiempo el gobierno mexicano en llegar a un acuerdo con el gobierno norteamericano? ¿Por qué se resolvieron tan pocas demandas? Aunque la fi rma de los Tratados de Bucareli garantizó el reconocimiento estadounidense al gobierno mexicano, la tardanza en la resolución de las reclamaciones por daños de la Revolución le permitió a éste reducir, posponer y cancelar el pago de un acuerdo de buena voluntad que, en principio, no estaba obligado a asumir.

Así, este ensayo se divide en tres partes: en la primera se presenta el contexto en el que se llevaron a cabo las reuniones hasta la ratifi cación de la Convención Especial. Posteriormente se revisa cómo operaba y cuáles fueron los resultados que obtuvo. En la tercera sección se ofrece un ejercicio de carácter más historiográfi co, al explorar lo que críticos y defensores han argumentado acerca del tema. Por último, se ofrecen conclusiones sobre los hallazgos, probables vetas de trabajo y nuevas preguntas sobre la materia.

FEDERALES, REVOLUCIONARIOS Y BANDOLEROS: LOS DAÑOS DE LA LUCHA ARMADA EN LA CONVENCIÓN ESPECIAL

DE RECLAMACIONES (1923-1931)

Marcela Mijares Lara*

* Estudiante del doctorado en historia, El Colegio de México; [email protected]


I

Al término de la lucha armada y del triunfo del Plan de Agua Prieta, los jefes revolucionarios encumbrados en el poder se apresuraron a obtener el reconocimiento internacional de su gobierno. En la búsqueda de una estrategia que les ayudara a lograrlo se planteó la idea de crear una comisión mixta que juzgase los daños provocados por la gesta armada a ciudadanos norteamericanos residentes en México. Los revolucionarios en el poder comunicaron a las autoridades del país vecino su disposición “a entrar desde luego en arreglos con los gobiernos extranjeros a fi n de indemnizar ex-gratia a aquellos de sus nacionales que hayan sufrido por causa de las revoluciones acaecidas en México desde el año 1910”.1

El tema de las comisiones de reclamaciones estaba anclado al del reconocimiento norteamericano, pues eran vistas como un aliciente que facilitaría las relaciones entre México y Estados Unidos. El propio gobierno norteamericano había tenido la iniciativa de retomar ese proyecto con la esperanza de que México accediera a sus peticiones: no modifi car el marco legal que pretendía implantar a raíz de la Constitución de 1917.2

Sin embargo, el tema de las reclamaciones no era nuevo. Desde la época de Madero se estableció una Comisión Consultiva de Reclamaciones (1911), que sólo mostró la posición de México respecto a los rebeldes: no se responsabilizó por los daños causados por esos grupos. Posteriormente en 1913 Venustiano Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista decretó la creación de una Comisión Nacional de Reclamaciones y una de carácter mixta; pero fue hasta 1917 cuando promulgó el decreto para su instauración. De nueva cuenta el tema apareció en 1921, cuando el gobierno de México envió una serie de telegramas a diferentes países para que expusieran sus demandas. En ese mismo año se dieron las negociaciones entre los secretarios de Relaciones Exteriores de cada país, Alberto J. Pani y George T. Summerlin. Básicamente se trataba de condicionar

1 Proyecto de la Comisión Mixta de Reclamaciones de la Embajada de México en Estados Unidos, 15 de julio de 1921, Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores-Fondo Reclamaciones [en adelante AHSRE-FR], 8-9-60, ff. 79-80.2 Nota traducida del Embajador de México en Estados Unidos, Manuel Téllez, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 7 de marzo de 1923, AHSRE-FR, caja 2, C-3-3-24(9), leg.1, f. 97.


el reconocimiento de México con la fi rma de un tratado comercial que salvaguardaba los intereses de Estados Unidos antes de la aplicación de la Constitución de 1917. Este acercamiento no llegó a buen puerto porque Estados Unidos pronto buscó discutir la legislación mexicana sobre el petróleo y la expropiación de tierras; el gobierno revolucionario se negó y de ese modo se postergó la reanudación de relaciones entre los vecinos.

El 21 de julio de 1921 se instaló una Comisión Nacional de Reclamaciones, a pesar de que el derecho internacional deslindaba al gobierno mexicano de responsabilizarse de los daños propiciados por la guerra civil. En noviembre de ese año Estados Unidos propuso a México crear una comisión donde se resolvieran todos los casos de reclamaciones de ambos países; el gobierno mexicano replicó planteando que hubiera dos: una general y una especial, ésta última atendería únicamente a ciudadanos norteamericanos que hubieran sufrido daños durante la gesta revolucionaria.

La presión de Estados Unidos para que México aprobara el tratado comercial continuó, de forma que en 1923 buscó otro acercamiento. El vecino del norte tenía urgencia por resolver el asunto, de manera que James Ryan y Álvaro Obregón se reunieron para agilizar el tema del reconocimiento, pues hasta ese momento se había retrasado por los “lentos formulismos protocolarios de comunicación”.3 El gobierno norteamericano propuso que cada uno nombrara dos representantes para tener un intercambio de impresiones en un breve periodo de tiempo; al terminar las reuniones, cada agente llevaría informes a sus países sobre lo discutido. La prioridad de normalizar las relaciones diplomáticas incentivó a México a la aceptación y ofreció la ciudad de México como escenario. Así, formalmente dieron inicio las conferencias de Bucareli.

Como ya se ha referido, la idea de crear dos convenciones para diferenciar el tipo de reclamaciones fue de México. La Convención de Reclamaciones Generales se basó en las convenciones de 1839 y 1868; en tanto que la especial se apoyó en los decretos del gobierno mexicano del 10 de mayo de 1913 y del 24 de diciembre de 1917, donde se reconocía que, a través de la creación de una comisión mixta, los extranjeros tenían derecho

3 Carta del presidente de la república Álvaro Obregón al general James A. Ryan, 9 de abril de 1923, AHSRE-FR, caja 2, C-3-3-24(9), ff. 9-10.


a reclamar. Así, México aceptaba pagar los daños “por mera gracia y sin reconocimiento de derecho alguno, para que no se alegara en lo futuro un precedente en contra del país”.4 Igualmente se organizaron convenciones de reclamaciones con Gran Bretaña (1926), Francia (1924), Alemania (1926), Italia (1927) y España (1925); las cuales, al igual que la de reclamaciones especiales, únicamente se responsabilizaron de las demandas por daños de la Revolución y cuya existencia fue de breve duración.

Estados Unidos designó como comisionados a Charles Beecher Warren y John Barton Payne. El primero había sido embajador en Japón, mientras que Payne era presidente de la Cruz Roja norteamericana. También había desempeñado el cargo de secretario del Interior y participó como consejero en la administración de ferrocarriles durante la primera guerra mundial.5 En cuanto a los representantes mexicanos, se designó a Fernando González Roa y Ramón Ross6 en mayo de 1923. Ross estaba a cargo de la Benefi cencia Pública y era amigo íntimo de Obregón; por su parte, González Roa era abogado y director de Ferrocarriles Nacionales de México.7 Ambos recibieron instrucciones especiales sobre su participación.

Las conferencias se llevaron a cabo entre el 14 de mayo y el 15 de agosto de 1923. De esas reuniones surgió la Convención de Reclamaciones Generales, la Convención de Reclamaciones Especiales y un informe expedido por los comisionados norteamericanos referente a los asuntos del subsuelo y temas agrarios, que son los que buena parte de la historiografía ha reconocido como los Tratados de Bucareli. En ese sentido, es verdad que durante las discusiones predominó el tema de la retroactividad del artículo 27 constitucional, tal como se observa en las actas de las sesiones. Sin embargo, entre los delegados mexicanos predominó un discurso que expresaba compromiso y la suma de esfuerzos para pagar sus obligaciones, tanto la deuda como los daños causados por la Revolución “en el concepto

4 Contestación a las observaciones contenidas en el memorandum del Sr. Lic. Luis Cabrera, sobre convenciones de reclamaciones entre México y Estados Unidos, 1924, AHSRE-FR, C-3-3-24(24), exp. 14-10, f. 21.5 Telegrama del embajador Manuel Téllez a Relaciones Exteriores, 24 de abril de 1923, AHSRE-FR, caja 2, C-3-3-24(9), leg. 1, f. 93.6 Carta de Álvaro Obregón a Federico González Roa, 8 de mayo de 1923, AHSRE-FR, caja 2, C-3-3-24(9), leg. 1, f. 16.7 “México names conferees”. New York Times, 25 de abril de 1923, AHSRE-FR, caja 2, C-3-3-24(9), 13-6, f. 32.


de que esas reparaciones eran más enérgicas que las que había asumido Alemania en el Tratado de Versalles, después de haber sido vencida en una guerra”.8

El argumento era central porque reducía la percepción de que eran simples fi nes económicos los que se procuraban alcanzar una vez restablecidas las relaciones diplomáticas. De hecho, se buscaba “tener un statu digno entre las naciones, para disipar la creencia que injustamente se había generalizado de que se estaba pretendiendo violar todo género de compromisos y de obligaciones internacionales”.9 Así, apelando a la ‘buena voluntad’, los mexicanos iban a asumir los perjuicios causados a los extranjeros. Huelga decir que para ese momento el país ya había sido reconocido por otras naciones; incluso aquellos que habían sido afectados por las leyes mexicanas.

En cuanto al tema de la reglamentación, el gobierno retomó la experiencia de 1868 al emplear el marco jurídico de esa convención entre México y Estados Unidos por los perjuicios causados después de la celebración del Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848. De acuerdo con la posición del gobierno era adecuado porque había formado “jurisprudencia en alto grado favorable a México, pues por las decisiones de la comisión se redujo lo pagado a menos de 2% de lo reclamado”.10 Asimismo, otro benefi cio era el tema del árbitro, ya que durante la experiencia de 1868 se había fallado a favor de México incluso con pruebas insufi cientes; al tiempo que se trataba de una reglamentación neutral porque no se aplicaba el derecho mexicano ni el norteamericano.11 Por lo tanto, la ventaja de utilizarla era la precisión de los procedimientos, pero sobre todo era un marco legal ya probado que podía modifi carse en función de las necesidades de 1923.

Es momento de apuntar que las reuniones celebradas entre México y

8 Informe confidencial al Señor Secretario de Relaciones Exteriores. 17 de mayo de 1923. AHSRE-FR, caja 1, C-3-2-37, f. 13.9 Informe confidencial al señor secretario de Relaciones Exteriores, 17 de mayo de 1923, AHSRE-FR, caja 1, C-3-2-37, f. 13.10 Contestación a las observaciones contenidas en el memorandum del Sr. Lic. Luis Cabrera, sobre convenciones de reclamaciones entre México y Estados Unidos, 1924, AHSRE-FR AHSRE-FR, C-3-3-24(24), exp. 14-10, f. 6. 11 Contestación a las observaciones contenidas en el memorandum del Sr. Lic. Luis Cabrera, sobre convenciones de reclamaciones entre México y Estados Unidos. 1924. AHSRE-FR, C-3-3-24(24), exp. 14-10, f.10, 15.


Estados Unidos han sido denominadas de distintas maneras. Como reconoce acertadamente Pablo Serrano Álvarez, son defi niciones que la historiografía ha utilizado para nombrarlas y todas son válidas porque sus signifi cados han variado con el tiempo. Por lo anterior, es posible encontrar el uso indistinto de “conferencias”, “convenios”, “acuerdos”, “negociaciones”, “pactos”, “tratados” y “convenciones”.12 Las mismas fuentes consultadas no apuntan la distinción entre Convención y Comisión Especial de Reclamaciones; pero esta investigación supone que es una cuestión de jerarquías. La convención es la fi gura de autoridad representada en la fi rma de un acuerdo entre México y Estados Unidos; en tanto que la comisión fue el efecto práctico, es decir, la instancia donde se realizaron los trabajos de reclamaciones.

II

En la convención especial se revisaban reclamaciones que comprendieron el periodo de la Revolución mexicana, entre el 20 de noviembre de 1910 fecha de su estallido, hasta el 31 de mayo de 1920. Estaba reglamentada por once artículos. El primero exponía el perfi l de los reclamantes. En principio debían ser ciudadanos norteamericanos: individuos particulares, asociaciones, sociedades, compañías, corporaciones. Las reclamaciones podían ser fruto de los actos cometidos por los grupos que participaron en la gesta armada: las fuerzas de un gobierno de jure o de facto; las fuerzas revolucionarias que hubieran establecido esos gobiernos de jure o de facto o por sus contrarios; por la desbandada de revolucionarios que se hubiesen separado de sus movimientos hasta el establecimiento del gobierno de jure emanado de una revolución determinada; por las fuerzas federales que habían sido disueltas; así como por bandoleros, motines o fuerzas insurrectas distintas a todas las ya mencionadas, siempre que las autoridades no hubieran tomado las medidas necesarias para reprimirlos. Como se observa, contemplaba a todos los participantes de la gesta armada.

Las reclamaciones quedaron defi nidas como “pérdidas o daños sufridos en sus personas o en sus propiedades durante las revoluciones y disturbios”.13 Comprendían una cantidad o asignación que el ciudadano

12 Pablo Serrano Álvarez, Los Tratados de Bucareli y la Rebelión delahuertista, pp. 9-10.13 Actas completas de los convenios de Bucareli, p. 53.


norteamericano reclamaba, y en el caso de sociedades o corporaciones una parte proporcional. La demanda la presentaba el afectado a su gobierno, quien a su vez la exponía a los comisionados bajo el supuesto de que “no negará o rechazará reclamación alguna”.14 El plazo para exponerlas era de dos años y hasta por seis meses más, prorroga que debía estar acreditada por los comisionados. Dicha condición fue importante porque permitió que se extendieran los periodos, como más adelante se detalla.

Asimismo, desde la fecha en que arrancaba la primera junta, la comisión contaba con cinco años para dictaminar si procedían o no todas las reclamaciones presentadas. También estaba obligada a presentar informes de sus actividades y del estatus en que se encontraban las reclamaciones (presentadas, analizadas y resueltas). Una vez revisada la reclamación, la comisión contaba con seis meses para emitir un fallo. Además se prevenía que una vez disuelta la comisión, todas las reclamaciones aceptadas o rechazadas en la presentación, revisión o fallo de las mismas, no podían ser modifi cadas.

Para revisar todos los casos fue necesario establecer una comisión integrada por tres miembros: un representante de cada país y un tercero, seleccionado por ambas partes para presidirla. En caso de que no hubiera un arreglo sobre la designación, el tercero podía ser elegido por el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya a través de su presidente que lo nombraría directamente. Asimismo, cada gobierno nombraba a sus agentes y abogados, quienes eran los interlocutores entre la comisión y el gobierno, pues presentaban oralmente o por escrito los argumentos a favor o en contra de las distintas reclamaciones que se expusieron a lo largo de la vida de la comisión. También cada gobierno podía nombrar un secretario para la comisión, sujeto a su instrucción, usar secretarios adscritos y todos los empleados que considerara necesario. Los gastos corrían por parte de cada país, es decir, cada uno pagaba a su “aparato burocrático”. El sueldo del tercer comisionado era sufragado por Estados Unidos y México.

Las pruebas comprendían actas notariales, interrogatorios o cualquier documento referente a la reclamación; incluso se podía llamar a testigos quienes, bajo juramento o protesta ante la comisión, eran examinados. Todas las reuniones, documentos y asuntos relacionados en el tema de las

14 Ibid, p. 56.


reclamaciones fueron efectuadas en español e inglés. La comisión llevaba un registro puntual de las reclamaciones, casos presentados y minutas de las reuniones. Por último, las reuniones se llevaron a cabo en la ciudad de México.

¿Cómo se aprobaban o rechazaban las reclamaciones? Este punto es interesante, pues a diferencia de la Convención General, la Especial no se apegaba al derecho internacional. La resolución se examinaba y decidía en razón del criterio de los comisionados, es decir, “según su leal saber y entender y de acuerdo a los principios de la justicia y de la equidad […]”.15 El principio ex gratia fue el que determinó que México se comprometiera a pagar las indemnizaciones, ya que era totalmente voluntario y se reconocía como una obligación moral. Por ello, con el simple hecho de presentar la reclamación y que se comprobara el daño o pérdida, perfectamente justifi cada, se asumía el pago de la indemnización. Además la comisión no iba a rechazar ninguna de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos norteamericanos, mismas que serían pagadas en moneda de oro o su equivalente (en la documentación se observa que se hacía en dólares). Tales condiciones explican el abultado número de casos que se expusieron durante la existencia de esa comisión.

Por otro lado, aunque el marco legal que se empleaba fue retomado de la vieja Comisión Mixta de Reclamaciones creada por la Convención de Reclamaciones entre México y Estados Unidos en 1868, los comisionados estaban autorizados para aplicar otras reglas que no contradijeran la legislación ya establecida, siempre y cuando la mayoría de sus miembros estuviera de acuerdo.

La Convención de Reclamaciones Generales comprendía las de ciudadanos norteamericanos y mexicanos por pérdidas o daños sufridos en sus personas o en sus propiedades, que hubiesen sido cometidas por funcionarios o cualquier persona en su contra. Se trataba de reclamaciones que habían quedado pendientes o sin respuesta desde 1868, o que se habían presentado en ese tiempo y que, por supuesto, excluyeran los daños cometidos por la Revolución mexicana. En ese sentido la operatividad era similar que la de Reclamaciones Especiales, con el número de comisionados, abogados, secretarios, y empleados que ya se ha mencionado.

15 Ibid., p. 54.


En cuanto a los periodos para presentar las reclamaciones había diferencias. En principio, durante el primer año se exponían todos aquellos daños y pérdidas ocasionados antes del establecimiento de la convención (1923) con una prórroga de seis meses en casos excepcionales. La comisión contaba con tres años para evaluar y fallar las reclamaciones. También se contemplaban las pérdidas o daños que fueran posteriores a la instalación de la convención, las cuales podían ser presentadas a la comisión por cualquiera de los dos gobiernos en el mismo tiempo y forma. Por común acuerdo de los gobiernos era viable prorrogar el tiempo de evaluación, examen y fallo por el tiempo que consideraran necesario en caso de que algunas reclamaciones se presentaran al fi nal de los trabajos programados. Una vez concluidas las labores de la comisión, no podrían presentarse más reclamaciones y los veredictos eran inapelables.

A diferencia de la Comisión Especial, la General fallaba de acuerdo con el ya mencionado derecho internacional. Empero se conformaba de tres miembros y con las mismas reglas de aquélla. Las reuniones se programaron en Washington, Estados Unidos; aunque había la posibilidad de realizarlas en México. Los procedimientos y normas también se basaban en la Convención de Reclamaciones fi rmada entre México y Estados Unidos en 1868; pero de igual modo podían variar las reglas, previo acuerdo de las partes.

Sobre el pago también existe una diferencia radical, pues mientras la Convención Especial lo hacía directamente a los ciudadanos; en la General se tomaban como base los casos a favor, y de la cantidad total de un país se deducía el total otorgado a los ciudadanos del otro país, de forma que el saldo total iba a ser pagado “al gobierno del país a favor de cuyos ciudadanos se haya adjudicado la cantidad mayor”16 en moneda de oro o su equivalente. Era posible la restitución de propiedades o de derechos, a las cuales se les fi jaba un valor. De ser aprobadas ese tipo de reclamaciones, el gobierno afectado podía pagarlas inmediatamente, en lugar de restituirlas.

A pesar de que se aplicaba el derecho internacional bajo el principio de que era posible negar o rechazar una reclamación una vez agotados todos los recursos legales, la comisión por sí misma no lo haría. Esto explica la diversidad de reclamaciones que se presentaron en esa materia. Por lo anterior,

16 Ibid., p. 61.


se puede concluir que se atendieron los daños generados por la Revolución y por otra parte las reclamaciones pendientes entre los dos países.

Sobre las reglas que se iban a seguir se tomó como base la normatividad de 1868. Aquéllas se referían al procedimiento para presentar las reclamaciones, empleando memoriales en español e inglés donde se asentaban los antecedentes (tiempo y lugar donde ocurrió el evento, valor de la propiedad, hechos), quién la presentaba y a favor de quién iba la reclamación. Se incluían los datos particulares del reclamante y se establecía si antes de presentarla ya habían recibido algún tipo de indemnización. Además se incluían documentos certifi cados, así como las pruebas y declaraciones –por escrito y bajo juramento ante un magistrado del país que validara– en las que debía constarse “si tiene algún interés en la reclamación, en cuyo apoyo ó contra la cual se ha tomado su declaración, y cuál sea ese interés; y si tiene algún interés eventual en la misma, cuál sea su extensión y qué hecho deberá verifi carse para que él pueda tener derecho á recibir alguna parte de la suma que pueda concederse […].”17

La Convención General de Reclamaciones fue fi rmada el 8 de septiembre de 1923, en tanto que la Especial el 10 de septiembre del mismo año. Fueron ratifi cadas por ambos gobiernos en febrero, el día 4 en el caso norteamericano y el 16 en el mexicano. La Comisión Especial se conformó con: Ernest Perry por Estados Unidos; Federico González Roa por México; y Rodrigo Octavio por Brasil, quien presidió la comisión.

Las reuniones de la comisión se llevaron a cabo en los términos acordados; las primeras dos se efectuaron en la ciudad de México, una semana en agosto de 1924 y un par de días en enero de 1925.18 La nueva junta fue hasta el año siguiente, cuando en febrero de 1926 se establecieron algunas modifi caciones de carácter administrativo en la Comisión Especial de Reclamaciones.19 En ella destacó el tema de las prórrogas, pues ese mismo año la parte norteamericana solicitó una para presentar más reclamaciones. Su argumento se centraba en las pruebas, las cuales al no

17 Luis Miguel Díaz, México y las comisiones internacionales de reclamación, p. 93. 18 Abraham Feller, The Mexican Claims Comissions 1923-1934. A study in the Law and Procedure of International Tribunals.19 Documento “Modificaciones a las Reglas de Procedimiento de la Comisión Especial de Reclamaciones entre México y los Estados Unidos, aprobadas en la sesión del 10 de febrero de 1926”, 10 de febrero de 1926, AHSRE-FR, 14-15-24.


CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONVENCIONES GENERAL Y ESPECIAL DE 1923

Reclamaciones Convención General Convención Especial

Reglas de procedimientos Convención 1868 Convención 1868

Marco Jurídico Derecho Internacional Ex gratiaRendición de cuentas Cada 4 meses Cada 4 meses

Periodo de tiempo

Presentación de reclama-ciones: 1 año para las que se presentaron antes de la fi rma de la Convención; 3 años después de la fi rma.Fallos: 3 años.

Presentación de reclamaciones: 2 años; fallos 5 años.

Comisión Tres representantes: uno de cada país y uno externo.

Tres representantes: uno de cada país y uno externo.

PagoAl gobierno que tuviera mayores reclamaciones, en moneda de oro o su equi-valente.

Al ciudadano agravia-do en moneda de oro o su equivalente.

Idioma Inglés y español Inglés y español

Ubicación Washington, EUA Ciudad de México, Méx.

Fuente: Elaboración propia con base en las Actas completas de los convenios de Bucareli.

estar bien fundamentadas provocaron la demora de los agentes mexicanos y norteamericanos para agilizar la resolución de las reclamaciones. Pero no sólo era una cuestión de tiempo verifi car los hechos; los ciudadanos no podían distinguir si la reclamación pertenecía o no a la Comisión Especial. Otra razón era la revuelta delahuertista que retrasó todo el proceso legal en la recolección de datos, pues los subagentes norteamericanos no podían ponerse en contacto con los ciudadanos norteamericanos que habían huido del país. De hecho, el gobierno mexicano confi rmó que muchas de las


reclamaciones estaban duplicadas, pues los ciudadanos habían aplicado a ambas comisiones: la general y la especial.

Más grave parecía el tema de las demandas. En ocasiones presentaban la reclamación por un monto de dinero que posteriormente variaba, generalmente aumentando la cifra. Las reglas eran claras en ese sentido, pues al exponer cualquier reclamación automáticamente entraba en jurisdicción de la comisión y, por lo tanto, no podían variarse el nombre del reclamante, la naturaleza de la reclamación ni el monto exigido. Sólo era posible modifi car los datos antes de que se exhibieran ofi cialmente los memorandos a las autoridades.20

Durante los siete años de operación de la Convención Especial, solo 18 de las reclamaciones fueron revisadas y despachadas. Destaca el caso Santa Isabel, diecisiete reclamaciones por el asesinato de quince ofi ciales y empleados norteamericanos de la compañía minera Cusi por las fuerzas de Francisco Villa en enero de 1916. El gobierno mexicano le había ofrecido garantías para que la empresa reabriera sus puertas en México. El crimen ocurrió de camino a la mina. Cerca de Santa Isabel un grupo de hombres armados identifi cados con Villa detuvo el tren en el que iban, asaltando y asesinando a los pasajeros, entre ellos a los 17 mineros.

La cantidad reclamada fue de $1,225,000.00, pero el fallo fue positivo para México porque se consideró que Villa y sus hombres eran bandidos y no fuerzas revolucionarias organizadas; los norteamericanos alegaron que Villa sí era identifi cado como revolucionario, aunado al argumento de que las autoridades no protegieron a los estadounidenses. El árbitro consideró que el hecho ocurrió días después de que Venustiano Carranza publicara un manifi esto que anunciaba el término de la guerra e iniciaba el combate contra los grupos de bandidos, entre los que se encontraban las huestes de Villa.21

El resultado generó muchas fricciones entre los miembros de la comisión, a tal grado que su presidente renunció. Aunque se decidió que el cargo lo ocuparía el árbitro de la Comisión General, se volvió a reunir cinco años más tarde (1931), cuando se revisó y sentenció la otra reclamación de 100,000.00 dólares. Naomi Russell solicitó que se le indemnizara por la muerte de su esposo a manos de las fuerzas de Pascual Orozco; tampoco

20 Actas de sesiones 1926, 22 de junio de 1925, AHSRE-FR, VI.14-1.21 “El laudo del árbitro en el caso de Santa Isabel, fue favorable a México”, El Universal, 6 de marzo de 1926, AHSRE-FR, III-1317-1, s.f.


se probó que el gobierno hubiera actuado con negligencia y por ello fue rechazada.22

De hecho, en 1929 debían concluir las labores de la Comisión, pero el gobierno norteamericano, a través del Senador Borah, solicitó otra prórroga a la comisión mixta de reclamaciones; el embajador mexicano Manuel Téllez recibió el pleno poder para aplazar la Convención Especial de Reclamaciones por dos años más, previa aprobación del senado y ratifi cación del presidente Emilio Portes Gil. Además cambió el árbitro de ambas comisiones (Horacio Alfaro de Panamá23) pero las sesiones continuaron en México.24 En esa ocasión, el gobierno norteamericano se mostró cooperativo al proponer discusiones sobre el procedimiento y organización de la Comisión Especial para mejorar el trabajo.

Hacia julio de 1930 se alertó al secretario de Relaciones Exteriores que debían eliminarse las comisiones porque representaban una pérdida para el erario. Dicha posición coincidía con la de Estados Unidos, ya que había fracasado en el caso Santa Isabel, donde las 17 reclamaciones que habían llegado a discutirse en la comisión especial fueron anuladas. De acuerdo con la embajada mexicana, ese caso servía “de precedente para desechar muchas reclamaciones, la Agencia Americana no quiere verse en la situación de que por ese precedente se encuentre en condiciones desfavorables”.25 Y en parte eso fue lo que sucedió, pues la sentencia desfavorable al gobierno norteamericano por el caso Russell sólo provocó que se dieran por concluidas las reuniones.

Como se observa en el cuadro 2, a pesar de que se hizo un esfuerzo por contabilizar y estimar las reclamaciones, el problema radicaba en distinguir quién era y quién no era revolucionario: “numerosas reclamaciones no puede precisarse el bando a que pertenecían las fuerzas que ocasionaron los daños […].”26 Aún así, como ya se ha referido, fueron presentadas 3,176.

22 Frederik Dunn, The Diplomatic Protection of Americans in Mexico, pp.418-421; lista de reclamantes de la Comisión Especial de Reclamaciones, 11 de mayo de 1934, AHSRE-FR, 44-27-36, s. f. 23 Cronograma, sin fecha. AHSRE-FR, 14-15-24. 24 Carta del secretario de Estado WR Castle al embajador de México en Estados Unidos, Manuel Téllez, 17 de agosto de 1929, AHSRE-FR, 14-15-24.25 Carta del embajador Manuel Téllez al Secretario de Relaciones Exteriores. 19 de junio de 1930, AHSRE-FR, 8-9-19.26 Comisión Especial de Reclamaciones entre México y los Estados Unidos: Resumen, 19 de agosto de 1929, AHSRE-FR, 44-27-26.


Entre 1934 y 1935 se llegó a un nuevo acuerdo entre los vecinos, pero para entonces la Convención Especial había sido absorbida por la General, y esa es otra historia.

III

Las convenciones fueron vistas por sus críticos como una especie de degradación nacional y un claro condicionante para la reanudación de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, para los que las defendían, el punto central era que México se había apegado a la justicia internacional.27 De acuerdo con el gobierno mexicano su fi rma fue favorable, pues comparada

CUADRO 2. MONTO DE LAS RECLAMACIONES ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR DAÑOS A LA PERSONA Y A LA PROPIEDAD DURANTE LA REVOLUCIÓN MEXICANA POR BANDOS O FUERZAS REVOLUCIONARIAS.

AGOSTO DE 1929

Fuerzas revolucionarias Reclamaciones considerando bandos específi cos (dólares)

Federales porfi ristas 123,900.00Maderistas 50,716,400.00Federales 23,582,300.00Orozquistas 16,726,500.00Huertistas 19,369,700.00Felixistas 1,652,000.00Constitucionalistas 199,107,300.00Villistas 58,398,200.00Convencionistas 8,136,100.00Zapatistas 22,136,800.00Salgadistas 454,300.00Bandoleros 12,596,500.00TOTAL 413,000,000.00

Fuente: Comisión Especial de Reclamaciones entre México y los Estados Unidos, resumen, 19 de agosto de 1929, AHSRE-FR, 44-27-26.

27 Contestación a las observaciones contenidas en el Memorandum del Sr. Lic. Luis Cabrera, sobre convenciones de reclamaciones entre México y Estados Unidos. 1924. AHSRE-FR, C-3-3-24(24), exp. 14-10, f.4-5.


con las convenciones del pasado y con las que habían sostenido otros países en la misma época como el caso alemán, el país había salido benefi ciado. Para entrar en detalle es necesario revisar tres posiciones. Por un lado la de Manuel González Ramírez (1939), que participó como abogado de las comisiones de reclamaciones; la de Antonio Gómez Robledo, jurista que criticaba los acuerdos (1938); y la posición de otro abogado norteamericano que analizó el mismo tema, Abraham Howard Feller (1935).28 De esta forma, se tiene la visión de dos académicos, uno norteamericano y otro mexicano, así como de un testigo del desarrollo de las convenciones.

En principio se criticó el hecho de que el Estado mexicano hubiera aceptado la responsabilidad ex gratia, pues no estaba obligado a asumirla si los daños habían sido efectuados por fuerzas insurrectas o revolucionarias; en todo caso la única condición que si los acusaba era aquella donde se demostraba negligencia o inefi ciencia en la aplicación de la ley a dichos grupos. Para Antonio Gómez Robledo, eso signifi có aplicar el principio del riesgo creado, es decir, hacer responsable al Estado de la inseguridad que prevalecía en esa época con o sin su participación directa, bajo el supuesto de que debía haber aplicado medidas de seguridad para evitar su irrupción. De esta forma, el planteamiento de la Convención Especial violaba el principio internacional que amparaba a los gobiernos para no hacerse cargo de los daños generados por actos revolucionarios.29

Sin embargo, a pesar de la crítica, el autor vio como un triunfo el caso de Santa Isabel, que dio pié a que Estados Unidos buscara otra forma de llegar a un arreglo. Por eso en 1934 decidió determinar el pago de una suma total, donde las reclamaciones especiales ocupaban una proporción. Así, una vez que se fi jó la cantidad, ésta representó 2.64% del total de la cantidad reclamada (5,448,000 dólares). Gómez advierte: “no está mal eso de liquidar diez años de revolución con cinco millones de dólares y de eludir cerca de 97% de lo reclamado”.30 Paradójicamente la cifra coincidía con el argumento de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la conveniencia de seguir las reglas de 1868, pues estaba probado que benefi ciaban a México.

28 Feller, op.cit.29 Antonio Gómez Robledo, Los Convenios de Bucareli ante el Derecho Internacional, p. 131.30 Ibid., p. 137.


A diferencia de Gómez Robledo, Manuel González Ramírez (antiguo abogado en las comisiones) sostuvo que ya había antecedentes sobre experiencias mexicanas en las convenciones de reclamaciones; de manera que la de 1923 no implicaba una traición para la soberanía nacional. Lo interesante de su planteamiento es la tesis de que se trató de una necesidad política del nuevo Estado mexicano. Los revolucionarios decidieron indemnizar para reconquistar la reputación que México gozaba antes de que comenzara la lucha armada. Al mismo tiempo pretendieron recuperar la confi anza del ámbito internacional “con el fi n de abrir el crédito y de dar prestigio a la Revolución”.31 En pocas palabras, consolidar al nuevo gobierno. González Ramírez además consideró que no podía censurarse el esfuerzo pues para el caso de la Convención General, también se pretendió indemnizar a los mexicanos.

Para Abraham Feller la fi rma de la Convención de Reclamaciones Especiales constituyó un reconocimiento “implícito” del gobierno. Ganado éste, entonces podía fi rmarse la Convención General. Por lo tanto, el precio del reconocimiento de Estados Unidos era precisamente hacerse cargo de reclamaciones que en principio México no tenía responsabilidad alguna, de acuerdo con el derecho internacional.32 Así, desde un principio se supuso que habría más reclamaciones en la Convención Especial que en la General, por las atribuciones que se le dieron y porque tenía más tiempo para revisar los casos. La realidad, por el contrario, mostró que la especial no resolvió ningún caso que favoreciera a sus demandantes.

Ahora bien, esto no debería verse con una connotación negativa, ya que como ha señalado claramente el autor, en realidad triunfó la tesis de México al plantear una defi nición de “fuerzas revolucionarias” bastante ambigua que intentó garantizar el pago ex gratia. Como se indicó al principio, el Estado mexicano sólo asumiría la responsabilidad de los actos de gobiernos legítimos y de los actos de fuerzas que hubieran salido victoriosas en la lucha y con éxito en el establecimiento de gobiernos. El resto de los grupos que hubieran surgido caían en la categoría de insurrectos, rebeldes, o bandidos

31 Manuel González Ramírez, Los llamados Tratados de Bucareli. México y los Estados Unidos en las Convenciones Internacionales de 1923, p. 112.32 Feller, op.cit., p. 22.


por actos en los cuales el gobierno sólo era responsable si se probaba su negligencia. En ese sentido tanto villistas, zapatistas y orozquistas formaban parte del grupo que se había opuesto a los revolucionarios que establecieron un gobierno de jure o de facto.

De hecho, con la frase “o por fuerzas revolucionarias contrarias a aquéllas”,33 los norteamericanos tuvieron problemas. Esta situación la aprovecharon los comisionados mexicanos argumentando que el Estado no podía hacerse responsable de sus actos porque eran una subdivisión del grupo ganador; y cuando no funcionaba la tesis entonces se decía que no había forma de probar el abandono de las autoridades.34 Aunado a lo anterior, otro de los problemas era determinar quién era el agraviado, ya que muchos habían muerto antes de presentar la reclamación; mientras que había otros casos donde los asesinatos implicaban una responsabilidad directa del Estado. Sobre los que sobrevivían, muchos alegaban ataques a sus propiedades que afectaban a un tercero, como sus acreedores y arrendatarios.

En cuanto a los documentos recopilados en el Archivo de Relaciones Exteriores y como se señaló en el apartado anterior, se observa que la presencia de dos comisiones y la duplicidad de aplicaciones no fue producto de imprecisión en las reglas o confusión de los ciudadanos norteamericanos. Debe tenerse en cuenta que todo era intermediado por el gobierno, y en tal caso éste era el interesado en recuperar el dinero.

Asimismo, la tardanza de muchas resoluciones se debió a la posibilidad de réplica. En ese aspecto, México aprovechó esos “puntos dudosos” para “hacer tiempo” en la espera de instrucciones del gobierno sobre la solución en los confl ictos. Las reglas mismas contemplaban esa situación, pues brindaban un periodo de sesenta días para presentar las solicitudes de aclaración.35 Otro problema eran los montos –muchos de ellos relacionados con la conversión de la moneda–, a pesar de que a partir de 1926 se estableció que todos los importes debían ser fi jados en dólares.

También debe destacarse la animadversión que se generó a raíz de las

33 Actas, p. 55.34 Feller, op.cit., pp. 159-160.35 Carta dirigida del agente mexicano al secretario de Relaciones Exteriores, 8 de noviembre de 1926, AHSRE-FR, VI 73-13-3.


decisiones tomadas en el caso de Santa Isabel, lo que retrasó las actividades de las comisiones e incluso provocó su desaparición. Tanto el gobierno norteamericano como el mexicano deseaban cancelar las reclamaciones especiales; este último había propuesto su cese o agilizar esos trabajos. Los agentes de ambos países detectaron numerosas reclamaciones “inconvenientes” por falta o exceso de pruebas. La Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó a la embajada de México en ese país su disposición a eliminar aquellas reclamaciones “improcedentes, inútiles, exageradas o no probadas”,36 Sin embargo, el secretario condicionó una nueva prórroga con Estados Unidos, si los casos pendientes fueran muchos. El resto de las convenciones con Inglaterra, Francia, España e Italia las daba por concluidas.37

Así, la posición del gobierno mexicano fue claramente responsabilizar a Estados Unidos sobre la dilatación y conclusión de los trabajos; sin mencionar los numerosos problemas que tuvieron en cuestiones lingüísticas, de traducción, de defi nición y signifi cación, es decir, ¿qué debía entenderse por revolucionarios?

Conclusiones

Esta investigación pretendió dar cuenta de la historia de la Convención Especial de Reclamaciones, cuya tarea fue atender las demandas de ciudadanos norteamericanos por daños ocasionados por la Revolución mexicana. El marco legal que la sostuvo fue excepcional porque, a diferencia de otras experiencias históricas, no se apegó al derecho internacional. Asumió el pago de las indemnizaciones por buena voluntad, siempre que se comprobara que hubieran sido causadas por federales, revolucionarios y bandoleros.

Se ha supuesto en la vieja historiografía que la posición de México frente a Estados Unidos en torno del tema de los Tratados de Bucareli fue de sumisión, a cambio de obtener el reconocimiento de ese país. Sin duda, habrá que continuar investigando el tema de la Convención General; pero

36 Telegrama de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Embajada de México en Estados Unidos, 16 y 21 de abril de 1931, AHSRE-FR, 14-15-30.37 Carta del embajador Manuel Tellez, 18 de abril de 1931, AHSRE-FR, 14-15-30.


para fi nes de este ensayo, la operación de la Convención Especial apunta que en la práctica el gobierno mexicano tuvo literalmente “la sartén por el mango”: no hizo ningún pago de las 3,176 reclamaciones presentadas.

La consulta del Fondo de Reclamaciones que resguarda el Archivo de Relaciones Exteriores muestra que, sobre la mesa, hay un tema fértil por explorar. De hecho, falta por analizar a los sujetos que hicieron las reclamaciones; es decir ¿quiénes son estos ciudadanos norteamericanos? Los datos existen (muchos duplicados) y la labor es titánica. La construcción de una base que cruce información aportaría más explicaciones sobre la naturaleza de las relaciones económicas y diplomáticas entre los dos países.

Al respecto, las reglas de la Convención Especial eran claras sobre los requisitos para presentar las reclamaciones; el problema era identifi car quién era o no revolucionario. La doble aplicación de reclamaciones a las dos convenciones también habla de la tardanza para resolver las demandas, el problema para reunir la información, la ambivalencia de las autoridades; pero sobre todo expone que Estados Unidos estaba desesperado por ganarle la partida a México, y éste no fue el caso.

Siglas y referencias

AHSRE-FR Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Fondo Reclamaciones

Bibliografía

Actas completas de los convenios de Bucareli, Roberto Guzmán Esparza (ed. facs. y trad.), México, Ediciones Guzmán, 1958.

Díaz, Luis Miguel, México y las comisiones internacionales de reclamación, t.1, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983.

Dunn, Frederik, The Diplomatic Protection of Americans in Mexico, New York, Columbia University Press, 1933.


Feller, A H, The Mexican Claims Comissions 1923-1934. A study in the Law and Procedure of International Tribunals, New York, The MacMillan Company, 1935.

Gómez Robledo, Antonio, Los Convenios de Bucareli ante el derecho internacional, México, Editorial Polis, 1938.

González Ramírez, Manuel. Los llamados Tratados de Bucareli. México y los Estados Unidos en las convenciones internacionales de 1923. México, Edición Fábula, 1939.

Pani, Alberto J., Las conferencias de Bucareli, México, Editorial Jus, 1953.Sepúlveda, César. “Sobre reclamaciones de norteamericanos a México”, en

Historia Mexicana, vol. 11, núm. 2 (oct.-dic., 1961), pp. 180-206.Serrano Álvarez, Pablo, Los Tratados de Bucareli y la rebelión delahuertista,

México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2009.


LA FALLIDA INTERVENCIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS EN LA CIUDAD DE PUEBLA

María del Carmen Labastida Claudio*

El triunfo del grupo encabezado por el general Juan Álvarez y su llegada a la presidencia interina de la república hicieron posible la instrumentación de una política gubernamental no sólo liberal, sino radical, que sacudiría de aprobación en unos casos, y de descontento en otros, a todos los sectores de la sociedad mexicana. Esta política comenzó a desplegarse cuando se promulgó la Ley Juárez en 1855, dando lugar al abierto rechazo de la institución más afectada por ella –la Iglesia–, y a su franca alianza con los grupos conservadores a los que llegaron a fi nanciar incluso algunas diócesis, para que se sublevaran en contra del nuevo gobierno.

El confl icto Estado-Iglesia en Puebla en 1855-1856

La serie de luchas intestinas, que la aplicación sistemática de una enérgica política liberal desató, propiciaron la renuncia del presidente Álvarez y el nombramiento de Ignacio Comonfort como presidente sustituto, el 12 de diciembre de 1855.

El mismo día en que Comonfort asumió la presidencia, el cura de la ciudad de Zacapoaxtla –ubicada en la sierra norte de Puebla– de nombre Francisco Ortega y García, levantó el estandarte de “Religión y Fueros”, y en la cercana villa de Tlatlauqui la reacción fue secundada por el coronel Miguel Miramón y su infantería. A este grupo rebelde se les unió el pudiente político poblano Antonio Haro y Tamariz, quien pronto se puso a la cabeza del movimiento, trasladándose con su gente a Puebla después de proclamar las Bases Orgánicas de 1843, logrando hacerse de la capital poblana el 17 de enero tras cinco días de asedio. Pero el día 23 los generales Juan Álvarez y Juan Bautista Traconis empezaron a retomar diversos sitios de la

* Universidad Autónoma de Puebla; [email protected]


angelópolis con algunas fuerzas. Las confrontaciones armadas fi nalizaron el 21 de marzo, y el día 26 Ignacio Comonfort entró triunfante en la ciudad, a la cabeza de su ejército.1

Motivado por el levantamiento del cura de Zacapoaxtla y sabiendo que el dinero con que contaron los sublevados provenía del clero poblano, el presidente Comonfort acordó la intervención de las rentas producidas por los bienes de éste. Al efecto expidió un decreto fechado el 31 de marzo, por el cual autorizó a los gobernadores de Puebla y de Veracruz y al jefe político de Tlaxcala, para que a nombre del gobierno nacional intervinieran los bienes de la diócesis de Puebla. Sin desatender los objetos piadosos, el destino de los fondos recaudados se destinaría a “indemnizar a la República” por los gastos hechos para reprimir la reacción en Puebla, y también para pensionar a las viudas, huérfanos y mutilados que resultaron de los enfrentamientos. La intervención cesaría cuando a juicio del gobierno se hubieran consolidado la paz y el orden en la nación.2 Aunque la intervención no afectó la propiedad de esos bienes sino sólo las rentas que causaban, la respuesta de la jerarquía eclesiástica fue de repudio, pero aun así la intervención se mantuvo.

La parsimonia del gobernador Domingo Ibarra para cumplir el decreto llevó a sustituirlo por el general Traconis, quien asumió el cargo el 15 de abril y se dispuso a ejecutar la Intervención y a realizar un acto de gran osadía: por un comunicado del 11 de mayo desterró al poderoso obispo Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, argumentando que era un enemigo peligroso. Traconis no actuaba por cuenta propia, pues se dice que recibió una carta de Comonfort en la que le ordenaba efectuar dicho destierro.3

La riqueza conventual poblana

Los conventos fl orecieron a la par del desarrollo de la urbe, determinado por el aumento de la población y el volumen y diversifi cación de su producción, aunque hubo diversas etapas de declive y recuperación a lo largo de la etapa

1 Palacios, Puebla, su territorio y sus habitantes, p. 564. La “costosa represión de la rebelión” ascendió a 1,200,000 pesos, suma que de acuerdo con acusaciones hechas salió de las arcas de la Iglesia poblana. Knowlton, Los bienes del clero y la Reforma mexicana, 1856- 1910, p. 42.2 Carrión, Historia de la ciudad de la Puebla de los Ángeles, p. 424.3 Palacios, op. cit., p. 567. Carrión, op. cit., p. 428.


colonial. Los primeros siete conventos de mujeres se establecieron en un lapso de sesenta años, a partir de 1556 o de 1568 según dos estudiosas.4 Como quiera que fuese, los primeros siete fueron los de Santa Catalina, La Concepción, San Jerónimo, Santa Teresa, Santa Clara, La Santísima Trinidad y Santa Inés. La segunda etapa de fundaciones abarcó casi otros setenta años (1682-1784), siendo los de Santa Mónica, Capuchinas, Santa Rosa y la Soledad.5

La fuente principal de riqueza de los conventos fue el pago de la dote que debía dar cada monja para su ingreso, aportación que en parte garantizaba su manutención. En la primera mitad del siglo XVIII esa dote fl uctuaba entre 2,000 y 3,000 pesos y podía ser pagada en efectivo, o bien subrogando a favor del convento una propiedad o un capital del padre o de la familia, o reconociendo al convento la deuda generada por el ingreso de la futura monja con hipoteca sobre bienes. En el siglo XVIII se consolidó su riqueza, al convertirse en grandes propietarios urbanos por distintas vías. El mecanismo más frecuente fue hacerse de propiedades quedándose con los censos dados con hipoteca cuando los capitales no eran redimidos, o sea retener la propiedad como forma de recuperar el capital invertido. De esta forma y no obstante la crisis económica que padeció la angelópolis en esa centuria, los conventos se fueron adueñando de la ciudad.6

En el siglo XIX las casas acumuladas por los monasterios tenían características comunes: la mayoría se consideraron de “primera clase” en el padrón de casas de 1832, pues su valor era superior a 3,000 pesos (el costo de la dote) y buena parte se hallaban en el centro de la ciudad.7

La organización económica conventual fue muy sencilla en apariencia y muy compleja en la práctica. De su administración se encargaba un mayordomo que desarrollaba tres tareas principales: cobrar las rentas de los inmuebles alquilados, cobrar los réditos de los préstamos otorgados, y

4 Loreto López, “La conformación de la propiedad urbana conventual en Puebla”, p. 170. Amerlinck, op. cit., p. 15.5 Amerlinck, idem., pp.15-16; Leicht, Las calles de Puebla, p. 426; De la Maza, La ruta de Sor Juana, p. 90.6 Entre 1650 y 1710 se registraron 266 censos a favor de los conventos con un valor de 620,714 pesos, de los cuales casi 60% estaba impuesto sobre haciendas y 40% sobre inmuebles urbanos. Para 1830 el clero llegó a concentrar más de 50% del valor de la propiedad urbana. Loreto López, “Los inquilinos de la iglesia”, pp. 20-21.7 Loreto López, “De aguas dulces y aguas amargas”, pp. 36-56.


pagar algunas cuentas.8 Cada año estos personajes rendían cuentas a la curia de los arrendamientos y censos cada año (salvo en el caso del convento de Santa Clara que no tenía esa supervisión y estaba sujeta a la del provincial franciscano).9 Pero cabe mencionar aquí la observación de la doctora Loreto, en el sentido de que el mayor problema de la administración conventual en el siglo XIX era precisamente el cobro de las rentas a los inquilinos.10

Desde 1820 la Iglesia poblana se enfrentó en efecto a una serie de problemas en la administración de sus propiedades, traducidos en una baja de sus rentas. Entre los factores que más incidían en ello estuvo el mantenimiento y conservación de los inmuebles. El pago de los impuestos sobre la propiedad fue otro factor, y en el caso específi co de la pensión de policía el clero decidió que fuese el inquilino quien la cubriera pues era éste el benefi ciado, con lo que el problema del cobro pasó al Ayuntamiento. Finalmente, el problema más grave para la recolección de las rentas radicó en la solvencia y en la actitud de los inquilinos. No sólo incumplían con el pago esgrimiendo reparaciones u otras razones, sino también dieron las casas –especialmente las más valiosas– en continuos subarriendos, lo que actuó en menoscabo de la responsabilidad de los pagos.

La clasifi cación de las casas en “mayores” y “menores” –dependiendo de su valor, ubicación y estado material– fue un mejor medio de control administrativo, al que la Iglesia acudió para empezar a enfrentar el problema, pues llevó a los conventos a calcular mejor el valor de sus propiedades. Pero esto no solucionó el problema más extendido, derivado de la pobre condición de muchos inquilinos menores que les impedía ser puntuales e incluso les provocaba una actitud de apatía. Por esta circunstancia sus viviendas se deterioraban más y más, creándose un círculo vicioso que se vio refl ejado en el bajo rendimiento de los alquileres de esos inmuebles y en su creciente deterioro. Por su lado, los inquilinos de las casas mayores negociaban por su cuenta con las corporaciones y, si se les pedían las casas por atrasarse en los pagos, se negaban a entregarlas bajo diversos argumentos: por haberles hecho reparaciones cuyo costo habían desembolsado y les

8 Ser mayordomo era un puesto de prestigio y privilegio, que implicaba la aprobación del obispo o del cabildo eclesiástico y el pago de una fianza de 4,000 pesos. Staples, “Mayordomos, Monjas y Fondos conventuales”, pp. 131- 132.9 Loreto López y Francisco Cervantes, “Los conventos y la clase propietaria”, p. 124.10 Loreto López, op. cit., p. 23.


daba derecho a quedarse para esperar a recuperarlo descontándolo de las rentas, o porque los inquilinos originales estaban haciendo negocio con lo ajeno y subarrendaban las casas a otros inquilinos que, según aquéllos, se negaban a pagar o a desalojarlas.11 Prohibir los “guantes”,12 disminuir el plazo de arrendamiento por contrato y pactar éste de modo más formal, fueron estrategias que siguió la Iglesia para disminuir esos abusos.

Así, para mediados del siglo XIX la riqueza conventual radicaba básicamente en la posesión de una gran cantidad de bienes inmuebles, pero esto no signifi có una acumulación proporcional de dinero líquido, a disposición de dichos establecimientos.

La fallida aplicación de la Intervención

Es fácil deducir que ante estos problemas la aplicación del decreto de Intervención fue un verdadero lío. Importa recordar que esa medida no afectó la propiedad de los inmuebles sino las rentas por su alquiler (o los intereses de los capitales prestados), por lo que no puso en venta las propiedades del clero como equivocadamente lo entendió Bárbara Tenenbaum en su famoso libro –que no por ello pierde todo el mérito que tiene–, diciendo que “El 1º de abril [Comonfort] declaró que todos los bienes del clero de la diócesis de Puebla fueran vendidos para cubrir los gastos de la insurrección y los daños causados a familias por la pérdida de vidas y de propiedad”.13

Así, lo que el gobierno de Comonfort intentó hacer fue confi scar las rentas e intereses del clero poblano, aunque en los hechos se trató exclusivamente de las rentas, representadas por los alquileres de las casas de los conventos y algunas otras corporaciones religiosas. Sabiéndose que esos conventos tenían muchas propiedades, el gobierno vio el decreto como un medio de obtener recursos para los fi nes que en él señaló. Pero lo que no

11 Ibid., p. 25.12 Se llamó “guantes” a los tratos que hacían los inquilinos originales con otros, a los que por medio de una comisión aquéllos les dejaban la habitación. Estos últimos se negaban a desocuparlas mientras no encontraran quien les restituyera su dinero (el inquilino original u otro nuevo).13 Tenenbaum, México en la época de los agiotistas, p. 180. También Robert Knowlton adoptó esta idea equivocada; así, habla de “la confiscación de propiedades de la diócesis de Puebla suficientes para indemnizar al gobierno por el costo de la derrota de los rebeldes y pagar otras pérdidas”. (Knowlton, op cit., p. 42).


vio fueron los problemas que había desde antes para cobrar esas rentas, y que debía resolver la autoridad si en verdad quería captar esos recursos.

Ahora conviene preguntarnos si todas las corporaciones sufrían en la misma medida el problema de la disminución de sus rentas, qué tan agudo era y si hubo otras complicaciones. Los datos que hallamos en los instrumentos notariales de Puebla nos permiten responder parcialmente a esas cuestiones. Aunque rastreamos todas las notarías de la ciudad en el rango de marzo a diciembre de 1856, no hallamos lo relativo a su aplicación. Pero sí dimos con importantes documentos de la sección de “Expedientes civiles”, que al parecer son todos los existentes sobre este asunto. Si esto es así podemos decir que, en primera instancia, no hubo tiempo sufi ciente para aplicar ese decreto por varias razones: las difi cultades para saber de inmediato cuántos y cuáles eran los bienes del clero arrendados, y por la pronta promulgación de una ley de carácter general o nacional (la Ley Lerdo), que hizo que la particular o local perdiese su objeto, su sentido.

Mas también hay que decir que sí se intentó aplicar dicho decreto, comenzando por hacer una primera e ineludible tarea: una especie de censo de los bienes susceptibles de ser afectados, de sus inquilinos, de las rentas, del estado de los pagos y otras informaciones que se estimó pertinente recabar. Y si bien ese censo quedó inconcluso, la consulta de los expedientes formados tras la realización de una serie de visitas a los inquilinos, nos permite profundizar en este tema.

Por lo general esos expedientes –uno por cada corporación– contienen una copia del decreto del gobernador Ibarra, fechado el 1 de abril de 1856, y otro del gobernador Traconis del 19 del mismo mes. En el primero se comunicó la orden de intervención y en el segundo se hizo el nombramiento de interventores y escribanos públicos que ejecutarían la medida, señalándose la manera en que se realizaría. Con excepción de la cofradía de San Crispín,14 del convento de San Roque y del convento de Santo Domingo, los demás expedientes incluyen una lista que es copia literal de las “liquidaciones

14 Knowlton define a la cofradía como “una asociación, generalmente de legos, establecida en una parroquia con el propósito de honrar a un santo o de celebrar actividades piadosas, como organizar las fiestas en honor de un santo o mantener una iglesia en buen estado”. Y agrega algo importante: que esas cofradías “a menudo habían obtenido considerables propiedades, especialmente en los pueblos […]”. Knowlton, op cit., p. 25.


directas” de las casas de las corporaciones y el monto de cada una de ellas, obtenida de la Recaudación Principal de Contribuciones. Además incluyen un certifi cado notarial donde se nombró a cada interventor, aunque el de San Roque sólo contiene las hojas de visita fi rmadas por los interventores.15

Perfi l de los inquilinos y de los inmuebles en renta

Como era de esperar la reacción del clero poblano ante la intervención aplazó la ejecución de la medida; así por ejemplo, el 19 de junio en que se pidió al mayordomo de la cofradía de San Crispín la lista del “estado de entradas y salidas de caudales, gastos de culto y existencias actuales”, éste se negó a entregarla arguyendo que “le estaba prohibido dar cualquier informe sobre su administración”, y que “no [había] tales escrituras debido a que se perdieron en la incursión americana”. El mayordomo de la cofradía de los Remedios también rehusó dar todo dato y toda documentación, diciendo que “su conciencia no se lo permite y que además no los tiene en su poder porque están en el convento”. De igual forma el administrador de las parroquias de San Sebastián y San Marcos rehusó dar cualquier información porque “está gravemente enfermo de tifo”.16

Entonces, para levantar el censo los interventores visitaron directamente a los inquilinos casa por casa. En general, las visitas siguieron la misma fórmula: en presencia del interventor el escribano anotaba la fecha, nombre de la calle, número de la casa, nombre del inquilino y la corporación dueña del inmueble. Después de notifi carle el objetivo de la visita y mostrar los decretos y documentos pertinentes, el escribano anotaba el número de piezas ocupadas, el tiempo de habitarlas, el monto de la renta y si se estaba al corriente en los pagos; en caso contrario el inquilino debía decir desde cuándo debía la renta. Todas las declaraciones de los inquilinos se hacían bajo juramento y se les pedía que retuvieran las rentas en su poder hasta que se les informara en dónde deberían depositarlas. El documento era fi rmado por el interventor y el inquilino, pero si éste no sabía fi rmar se escribía la

15 AGNP, sección de “Expedientes civiles”, caja 235. Salvo indicación contraria, en estos expedientes nos basamos en los siguientes dos apartados.16 AGNP, Expediente de Intervención de los bienes pertenecientes a las parroquias de San Sebastián y San Marcos, 19-VI-1856.


leyenda “no fi rmó por no saber”. Los arriendos se hacían sobre los más variados bienes e inmuebles. Lo

común fue rentar casas para habitación, ya fuese “unifamiliares” o, como en la mayoría de los casos, “multifamiliares”. Pero también se rentaron accesorias para montar tiendas, “covachas” para bodegas, caballerizas, huertas y hasta lavaderos.

Se realizaron cerca de 400 visitas, aunque debemos aclarar tres cuestiones: que no se visitaron casas de todas las corporaciones religiosas de la angelópolis, que no puede asegurarse que en tales registros aparezcan todos los inquilinos de las casas visitadas, y que muy lejos se estuvo de visitar todas las casas del clero en la ciudad. No obstante desconocer cuántos inmuebles había en Puebla para 1856, la cifras obtenidas del padrón de casas levantado en 1832, revelaron que en esa ciudad había un total de 2,965 casas en 305 manzanas; cerca de 50% pertenecía a la Iglesia, y de este porcentaje el clero regular concentraba 67% de la propiedad urbana eclesiástica. El Album Mexicano de 1849 da una cifra ligeramente superior: 3,066 casas, con un valor de 9.322,681 pesos.17 De cualquier modo, si redondeamos la cifra a 3,000 casas y sabemos que se visitaron cerca de 400, signifi ca que el censo comprendió alrededor de 13% de las casas de la ciudad. Concretamente, los interventores alcanzaron a visitar a inquilinos de sólo siete corporaciones que arrendaban 90 casas, como se muestra en seguida:Considerando las visitas efectuadas como una muestra de las propiedades

CUADRO 1. CASAS VISITADAS Y CORPORACIONES QUE LAS ARRENDABAN

Corporación religiosa Casas arrendadas visitadas

Convento de Santa Teresa 25Convento de Santo Domingo 20Cofradía de Los Remedios 15Convento de San Roque 12Convento de las Capuchinas 7Parroquia de San Sebastián y San Marcos 6Cofradía de San Crispín 5

Total 90

17 Loreto López y Francisco Cervantes, op cit., p. 114. Citada por Contreras Cruz, La ciudad de Puebla estancamiento y modernidad en un perfil urbano en el siglo XIX, p. 22.


CUADRO 2. CASAS, INQUILINOS ENTREVISTADOS Y NÚMERO DE INQUILINOS POR CASA*Corporación

y casas visitadasNúmero de inquilinos

por casaInquilinos

entrevistadosConvento de Santa TeresaCalle Santa Teresa 12 y 14 José Leonardo Torija 1Id. Santa Teresa 10 Joaquín Ceras 1Id. Cholula 11 Agustín Dasque 1Id. Tecali 11 Ignacio Pozos 1Id. Cholula 9 Mª de la Luz Osorio 1

Id. Solarito 3 Antonina Ayala de la Mata 1

Id. Márquez 11 Soledad Azpide y otros 7Id. Cost. San Juan de Dios 7 Josefa Cabrera 1

Id. Horno de Vidrio 19 Juan Rodríguez 1Id. Merino 4 Manuel Isunza 1Id. Morados 17 Manuel Avelleyra 1Id. Fuentes 4 Luis Zapata y otros 7

Id. Miradores 17 María de la Luz López y otros 3

Id. Cholula 6 Miguel Alatriste 1Id. Cuarta Nacional 8 Marcos Ortiz y otros 8

Id. Cholula 8 José Mª. Fdez Mantecón y otros 1

Id. Cerrada San Agustín 18 Mariano Buenabad 1Id. Santa Teresa 19 Luis Zavaleta 1Id. Horno de Vidrio 21 Soledad Flores 1

en renta que tenía el clero de Puebla, y como un recurso para tener idea del problema de este tipo de arrendamiento y una aproximación a las rentas percibidas por la Iglesia por este concepto, hay que profundizar ahora en el análisis de los datos y preguntarse ¿qué casas se visitaron específi camente?, ¿cuántos inquilinos vivían en ellas?, ¿quiénes eran los arrendatarios? inquietudes a las que intenta responder el cuadro siguiente: En total se visitaron 378 inquilinos, aunque en realidad se realizaron 381


Id. Solarito 3 Manuel Rodríguez y otros 20

Id. Horno de Vidrio 17 Luis Zavaleta 1Id. Cost. San Juan de Dios 8 Josefa Cabrera 1Id. Estanco de Hombres 4 Antonio Osio y otros 5

Total 67Convento de Santo DomingoCalle Costado de Sto. Domingo 7 Francisco Gómez 1

Id. Costado de Sto. Domingo 9

José Mª Fernández Ortega 1

Id. Costado de Sto. Domingo 11

Antonia Gallardo y otros 10

Id. Espíndola 2 Miguel Bonilla 1Id. Caporala 13 Luisa Moreno 1Id Callejón de Jesús 11 Eusebio García 1

Id. Callejón de Jesús 15 Soledad Covarrubias y otros 4

Id. Tlahuelito 12 Lucía Noriega y otros 4Id. Puente de Ovando 9 Miguel Ruíz y otros 16

Id. Puente de Ovando 11 Rosalía Galindo y otros 9

Id. Puente de Analco 2 Josefa Villegas 1

Id. Puente de Analco 18 Mª. Ignacia Sánchez y otros 9

Id. Alfaro 15 Mª. Josefa Yáñez 1Id. Zambrano 6 Ana Joaquina Pérez 1Id. Zambrano 4 Ana Álvarez 1Id. Esq. Zambrano s/n José de la Luz Castillo 1Id. Merino 1 Trinidad Guarneros 1Id. Merino 3 Miguel Benavides 1Id. Zambrano 2 Isabel del Río 1Id. Zambrano 8 Bernarda García 1

Total 66

Corporacióny casas visitadas

Número de inquilinospor casa

Inquilinos entrevistados


Cofradía de Los RemediosCalle Loros 4 Teodora Bonilla y otros 11Id. Guadalupe 5 José María Orrego 1

Id. Portería San Agustín 1 Ignacio María Rodríguez y otros 11

Id. Obligación 2 José María Ávila y otros 8

Id. Tecajete 5 María de la Luz Reyes y otros 15

Id. Arbolito 9 Hipólito Quintero y otros 34

Id. Arbolito 11 María Dolores Olvera y otros 22

Id. Mal Natural 13 Santos Vásquez y otros 9Id. Mal Natural 17 Ignacio Vargas 1Id. Mal Natural 15 Manuel Flores 1Id. Mal Natural 19 Leandro Durán y otros 16Id. Mesón de Loza 11 Inés Madrid y otros 11Id. Puente de Ovando 7 Felipa Rosales 1Id. San Marcos 3 Miguel López 1Id. Noviciado 1 Juan Romero 1

Total 143Convento de San RoqueCalle Acequia del Parián 12 Juan Vargas Machuca 1

Id. Aduana Vieja 18 Apolonio Hernández y otros 12

Id. Plazuela de Román 19 Guadalupe Romano 1Id. Luz 15 Guadalupe Romano 1Accesoria de la calle de San Roque José María Jiménez 1

Accesoria de la calle de San Roque Pascual Menéndez 1

Id. Carrillo 9 Francisco Henestrosa 1Id. San Martín 6 Luis Alencaster 1Id. Mesones 1 Agustín Pardo 1





Id. Tlahuelito 15 Josefa Madrid y otros 13

Id. Caporala 14 Francisca Fernández y otros 9

Id. Guadalupe 7 Manuel Márquez 6Total 48

Convento de las Capuchinas

Calle del Deán 3 María Josefa Rosete y otros 4

Id. Gallos 16 Teresa Castildeoro 2

Id. Zambrano 11 María de la Luz Cereceda 1

Id. Zambrano 9 Miguel Rojano 1

Id. Zambrano 13 Teodora Ahumada de García 1

Id. Tepetlapa 3 Luz Castillo 1Id. Cuernito 14 Luciana Cadena 1

Total 11Parroquia de San Sebastián y San MarcosCalle Plazuela de San Agustín 5

José María Lezama y otros 3

Id. Rastro 10 Cristóbal Oaxaca 1Id. Capilla Dolores 11 Librado Larios 1

Id. Mesón de Loza 9 María de la Luz Cadena 5

Id. Plazuela del Parral 1 Felipa Romero y otros 14Id. Damas 3 y 5 Bonifacio Paredes 1

Total 25Cofradía de San Crispín

Calle Alfaro 23 Margarita González y otros 6

Id. Gallos 22 Guadalupe Vargas y otros 4

Id. Baño de Carreto 4 Manuel Aldaco 1





visitas pues 3 de ellos estaban en situación irregular. La casa 12 de la Sacristía de las Capuchinas originalmente apareció en la lista de recaudaciones de los bienes de ese convento, pero al hacer la visita el inquilino Manuel Ortíz de Motellano informó al interventor que la renta se la pagaba al señor Rafael Isunza –de conocida familia de políticos–, quien era el dueño según dijo. Otro caso fue el de la casa 6 de la calle Cholula, cuyo inquilino, Miguel Alatriste –el conocido liberal que fue más tarde gobernador y pereció fusilado–, señaló que le pagaba la renta a Domingo Vargas Machuca, pues éste se la había arrendado.18 En la misma casa se encontró al señor Vargas, quien explicó que primero tomó la casa arrendada al convento, pero que luego él la alquiló a Alatriste y se encargaba de cobrarle el alquiler, para después pagar al convento (de aquí que en el registro de visitas apareciese esta casa dos veces). Un caso excepcional fue el de Apolonio Hernández, inquilino principal de la casa de Aduana Vieja 18, del convento de San Roque, quien dijo pagar 40 pesos de renta mensuales, pero que de ellos pagaba 18 a José Morfi y Gamboa y 12 a Concepción Vargas. No aparece el motivo de esta situación pero no se alteró el número de visitas, pues la de esta casa se asentó una sola vez.

Como se puede ver, la corporación que más casas visitadas tuvo fue el convento de Santa Teresa, pero no era la que más inquilinos tenía en ellas, pues de las 23 visitadas sólo en 5 vivían más de una familia, siendo el total de 67 inquilinos y el promedio de 3 por casa. En contraste, la cofradía de Los

Cofradía de San Crispín

Id. Baño de Carreto 2 Ignacio González Mota 1

Id. Tomé 1 Rafael Rosete y otros 6Total 18

TOTAL GENERAL 378* En este cuadro modernizamos y corregimos la ortografía, y siempre que nos fue posible corregimos apellidos como a nuestro parecer deben ser escritos (por ejemplo: Mantecoa por Mantecón; Pareces por Paredes).




18 Peral, op. cit., pp. 25-26.


Remedios albergaba a 153 inquilinos en sólo 15 propiedades, debido a que 9 de éstas estaban ocupadas de forma multifamiliar; por eso el promedio de moradores por casa era de poco más de 10 individuos. Así, mientras que en las casas visitadas del convento de Santa Teresa no había hacinamiento, en las de la cofradía de Los Remedios lo había en buen grado.19

Casos opuestos serían todos los que aparecen con la cifra 1 en la columna “inquilinos entrevistados” en el cuadro 2. Esto no signifi ca que en esas casas viviese una sola persona, sino más bien una sola familia, como las de Agustín Dasque y Josefa Cabrera, arrendatarios del convento de Santa Teresa; José de la Luz Castillo y Trinidad Guarneros (convento de Santo Domingo); Ignacio Vargas y Felipa Rosales (cofradía de Los Remedios), Cristóbal Oaxaca y Librado Larios (parroquia de San Sebastián y San Marcos), y Manuel Aldaco e Ignacio González Mota (cofradía de San Crispín), entre otros.

En contraste, en la casa del Arbolito 9 de la cofradía de Los Remedios vivían 34 inquilinos, aunque no pensamos que fuesen individuos sino también familias. Pero ni aun considerando que esa casa tenía 29 cuartos y 8 accesorias disminuiría el obvio hacinamiento, pues el promedio sería de poco más de 1 familia de inquilinos en cada uno de los 37 espacios alquilados. En situación similar estaba la casa del Puente de Ovando 9, donde vivían 16 inquilinos, en una casa que tenía 23 cuartos, 2 hortalizas, una caballeriza y una accesoria, con un promedio de 1.6 familias en cada uno de los 27 espacios alquilados. Así constatamos que respecto a la ocupación de los inmuebles del clero había casas “unifamiliares” y otras “multifamiliares”, y que en este último caso también se hallaban otros espacios más reducidos, sobre todo las “piezas” o “cuartos”.

El precio de las rentas estaba determinado por el tamaño del inmueble rentado, la ubicación y el estado de conservación. La falta de pago se traducía en la falta de mantenimiento de los espacios habitados, y por consecuencia en la disminución del valor de las casas. Esto se puede deducir a partir del ejemplo de la mencionada casa de la cofradía de Los Remedios, que tenía rentas muy bajas –dependiendo del espacio, de su lugar dentro del inmueble y del uso a que estuviera destinado– probablemente por su

19 No obstante, en la primera mitad del siglo XIX había un hacinamiento mayor, de 13.4 habitantes en cada casa perteneciente a corporaciones religiosas. Loreto López, op. cit., p. 32.


ubicación, ya que se situaba en la entonces periferia de la ciudad, así como también al deterioro que quizás sufría por la gran cantidad de personas que allí moraban.

Aunque en los registros no se especifi ca con qué servicios contaban las viviendas, es lógico pensar que entre más alejadas era más difícil que contaran con el benefi cio del agua, porque esto sería una condición que elevaría las rentas. En el caso de la casa de la calle Cholula 9, del convento de Santa Teresa, se entiende que fue de primera clase debido a su ubicación (a dos calles de la Plaza de armas o principal). Por esto es probable que contara con servicio de agua y que el precio de la renta cubriera el mantenimiento y la conservación del inmueble. Además, ocupar una casa en forma unifamiliar implicaba cierta solvencia o cierto nivel económico y social de sus inquilinos.

Por lo general el pago de la renta se hacía mensualmente, mas hubo algunos registros que indican que se podía pagar por años adelantados, como lo hacía María de la Luz Osorio, quien pagaba una elevada renta de 2,580 pesos 44 reales anuales (en promedio $215 al mes).También había arrendamientos por medios años y por cierto número de meses, aparte del caso de una señora (María de la Luz Cereceda, inquilina de la casa 11 de la calle de Zambrano, del convento de Capuchinas), quien si bien tenía pactado un determinado pago mensual, lo iba dando en “abonos semanarios”. Dada la variedad de la periodicidad de los pagos del alquiler, en el siguiente cuadro los unifi camos a renta por mes, para ofrecer una idea menos caótica de los precios en los inmuebles visitados, agrupándolos en orden creciente en siete categorías o rangos; además de una categoría adicional, conformada por situaciones en que el precio no se supo en unos casos y en otros era nulo (por ocuparse los inmuebles gratuitamente).


En las casas donde vivían varias familias, las rentas dependían del número de habitaciones y por supuesto su ubicación. En el caso del convento de Santa Teresa, por una pieza o cuarto se pagaban desde 6 reales hasta 10, o sea 1 peso con 2 reales (calles Cuarta Nacional 8 y Marqués 11, respectivamente). El convento de Santo Domingo percibía rentas por cuarto o pieza desde 9 reales (costado de Santo Domingo 11) hasta 13 pesos 4 reales (Tlahuelito 12). Las casas visitadas de la cofradía de Los Remedios iban desde 4 reales (Loros 4) hasta 1 peso (Obligación 2), pero los cuartos de la casa del Arbolito 9 rentaban entre 4 y 12 reales, en tanto las “accesorias” costaban entre 6

CUADRO 3. MONTOS DE LOS ALQUILERES DECLARADOS EN LOS INMUEBLES VISITADOS

Corporación

Rangos de rentas por mes *

No sabe o no paga

1 a 10reales

11 a 20reales

1 a 10 pesos

11 a 20pesos

21 a 50 pesos

51 a 100

pesos

101 a 400

pesos

Convento de Santa Teresa

18 8 224 1 4 1 3 7

Convento de Santo Domingo

4 24 2011

14 4

Cofradía de Los Remedios

86 9 385 1 5

Convento de San Roque

4 10 24 12 4 4

Convento de lasCapuchinas

34

12 1

Parroquia de San Sebastián y San Marcos

11 7 42 1

Cofradía de San Crispín 10 5

1 2 1* 8 reales = 1 peso. En los espacios donde aparecen dos cifras, la superior se refiere al alquiler de inmuebles menores, y la inferior a la de casas solas.


reales y 1 peso. Respecto a la parroquia de San Sebastián y San Marcos, las rentas para cuartos y accesorias variaban entre 6 reales mínimo y 1 peso máximo (Mesón de Loza 9).

Como ha observado Rosalva Loreto, en las casas de dos pisos los espacios superiores eran generalmente más caros. Así, la planta alta de una casa ubicada en la Portería de San Agustín 1 rentaba 6 pesos, y la del Estanco de Hombres 4 tenía un alquiler de 30 pesos. En Tlahuelito 12, las piezas bajas se alquilaban por 10 pesos. No pasa desapercibido que los ejemplos anteriores de rentas de plantas altas se refi eren a casas más o menos céntricas, en tanto que el de la planta baja se refi ere a un inmueble lejano. De modo que aparte del tamaño de la casa o de los espacios, y de su grado de conservación, las rentas también variaban por la mayor o menor altura de los espacios, y por su ubicación precisa en la traza urbana.

Las casas no sólo se alquilaban como vivienda. Las accesorias, que eran piezas en plantas baja con entrada por la calle, solían usarse para comercios. Algunos ejemplos serían los de Aduana Vieja 18, en donde se hallaban una sillería, una rebocería y una tienda de ropa, esta última rentada por Carlos Díaz de Guzmán en $9 al mes. Una pulquería en la accesoria de la calle Loros 4 pagaba 3 pesos. En la casa 1 de la Plazuela del Parral el alquiler de las accesorias era diferenciado, pues variaba de 6 a 18 reales. Las del convento de Santa Teresa pagaron desde 9 reales (calle del Marqués 11), hasta 3 pesos 4 reales (Solarito 3). Es obvio que la cercanía o lejanía del inmueble, su estado de conservación y el tamaño de estos espacios, determinaban el precio de su alquiler.

Las corporaciones también rentaban caballerizas, como la de la Cuarta Nacional 8, alquilada a Ignacio González, quien pagaba 4 reales; o la de Puente de Ovando 9, por la que un hombre pagaba 12 reales. Entre los inmuebles visitados también aparecieron “salas” (como una en la calle del Estanco de Hombres 4, rentada por 30 pesos a Antonio Osio), hortalizas y lavaderos (por ejemplo dos hortalizas en Puente de Ovando 9, a nombre de Alejandro Victorio, quien las alquilaba por 3 pesos al mes). En el 16 de la calle de Gallos Desiderio Guarneros rentaba unos lavaderos por 3 pesos.

Había inquilinos que aparentemente no pagaban renta porque la respectiva corporación les adeudaba dinero por reparaciones a las casas, que ellos habían costeado con cargo a la misma. Así lo hacían varios inquilinos


del convento de Santa Teresa, como Ignacio Pozos (Tecali 11), quien había invertido 2 mil pesos en reparaciones; Manuel Isunza (Merino 4), quien sólo dijo que eran “ciento y tantos pesos” lo que había gastado, y Mariano Buenabad (cerrada de San Agustín 18), quien informó haber desembolsado aproximadamente 1,800 pesos. Otro caso igual fue el de Guadalupe Romano, inquilina de la casa 19 de la Plazuela de Román (convento de las Capuchinas), quien dijo pagar $15 mensuales de renta, de los cuales descontaba 2 pesos por “reposición de la casa”.

Al parecer estos arrendatarios hicieron mejoras urgentes como consecuencia de los disturbios del sitio que sufrió la ciudad a principios de 1856, y con la aplicación de la Ley de Intervención es probable que las corporaciones no tuvieran los fondos ni el tiempo o la autoridad para ejecutar dichas reparaciones. Pero también es posible que las reparaciones se estuvieran efectuando con anterioridad y el consentimiento de aquéllas. Como vemos, se trataba de 4 casas (céntricas), lo que quizás signifi cara el elevado monto de su reparación, aunque sus ocupantes no presentaron ante el interventor ni los recibos u otros comprobantes que justifi caran los desembolsos hechos.

En otros inmuebles no se pagaba renta debido a diversos motivos; algunos porque eran ocupados por clérigos y otros por conserjes o “caseros”. No obstante, conviene observar que por exención de rentas no parece que las corporaciones perdieran gran cosa, pues los casos hallados sólo sumaron poco más de dos decenas (6% de los inmuebles visitados). Los datos referentes a este arrendamiento gratuito se condensan en el cuadro número 4 .

Los conserjes o “caseros” se encargaban de limpiar las áreas comunes, de mostrar las piezas para su renta, de cobrar ésta, de entregar cuentas al cobrador o al mayordomo de la corporación y de informarles cuanto afectara a la propiedad. Por lo regular eran mujeres y por tales servicios se les daba gratuitamente una pieza para que la ocuparan, aunque hubo casos en los que ocuparon más, teniendo entonces que pagar la renta adicional (como Pedro Juárez, quien pagaba 7 reales por un cuarto extra en Tomé 1).

Como dijimos, a ciertos miembros de la Iglesia también se les dio alojamiento gratuito o se les permitió gozar de otros inmuebles sin pago alguno, como la cochera del convento de las Capuchinas que utilizaba el


CUADRO 4. INQUILINOS EXCEPTUADOS DEL PAGO DE RENTA

Corporación e inquilino Domicilio

Piezas que

ocupan

Casas o inmuebles que ocupan

Convento de Santa Teresa Susano BracamontesLuis ZavaletaLuis Zavaleta

Cuarta Nacional 8Santa Teresa 19Horno de Vidrio 17

1 11

Convento de Santo Domingo Josefa RenteríaSoledad Palacios

Puente de Ovando 11Puente de Ovando 9

11

Cofradía de Los Remedios Dolores CortezJuan DerrucalJosé de la Luz AcevedoDolores FloresIsabel RiveraSin NombreCarmen Narváez

Loros 4Obligación 2Tecajete 5Arbolito 9Arbolito 11Mal Natural 13Mesón de Loza 11

1112122

Convento de San RoqueIgnacia GarcíaClaudio Valenzuela

Tlahuelito 15Caporala 14Caporala 14

111

Convento de las CapuchinasPedro Echavarri

Dean 3 1

Parroquia de SanSebastián y San MarcosBartola Franco

Plazuela del Parral 1

1

Cofradía de San CrispínMargarita BalbuenaAna PachecoPedro Juárez

Alfaro 23Gallos 22Tomé 1

111

TOTALES: 20 3


deán de la catedral Pedro Echavarri, muy cerca de ese templo. Al presbítero Luis Zavaleta se le permitió ocupar no sólo una sino dos casas, propiedad del convento de Santa Teresa: una en la calle del propio convento (Santa Teresa 19), y otra un poco más alejada, en la calle del Horno de Vidrio 17. Este clérigo debe haber sido un personaje muy importante para el convento. Como sea hay que decir que según los registros este convento fue el que tuvo más casas “unifamiliares”: 18 (contra 5 “multifamiliares”).

Los problemas del arrendamiento: abuso, indolencia, pobreza y benevolencia

La falta de pago de las rentas fue un problema tan agudo que más de la mitad de los inquilinos visitados eran “morosos”, como se aprecia en este cuadro:

CUADRO 5. INQUILINOS MOROSOS POR CORPORACIÓN

CorporaciónMeses de renta adeudados

TotalDe 1 a 5

De 6 a 10 11 o más No recuerda

Convento de Santa Teresa 47 7 54Convento de Santo Domingo 4 1 12 17Cofradía de Los Remedios 75 2 1 14 92Convento de San Roque 2 2Convento de las Capuchinas 2 3 5Parroquia de San Sebastián y San Marcos 7 2 1 3 13Cofradía de San Crispín 1 1 1 3

Total 136 6 2 42 186

De los 378 inmuebles visitados, hay que descontar 23 cuyos inquilinos estaban exentos de renta y 5 que no pagaban porque los conventos les


debían dinero por reparaciones. El resultado sería 350 casas o inquilinos que debían pagar su alquiler, pero si nos fi jamos en el cuadro anterior había 186 que al momento de la visita presentaban retraso en sus pagos: 53% del grupo que debía pagar renta, lo que signifi ca que menos de la mitad (47%) estaban al corriente en sus pagos.

Pero en el cuadro anterior también se observa que había de morosos a morosos, pues la mayoría (casi 40%) debían menos de 5 meses de renta y sólo unos cuantos debían más (entre 6 y 11 meses), aunque 22% de los morosos ni siquiera recordaba cuántos meses debía. Si nos detenemos a examinar las congregaciones más afectadas, salta a la vista que casi la mitad de los morosos vivían en casas de la cofradía de Los Remedios, 29% en casas del convento de Santa Teresa, 9% en casas del convento de Santo Domingo, casi 7% en inmuebles de la parroquia de San Sebastián y San Marcos, 2.6% en casas del convento de las Capuchinas, siendo la corporación menos perjudicada el convento de San Crispín porque sus inquilinos morosos sólo eran 1.6% del total.

Entre los inquilinos más morosos, que adeudaban de 6 a 11 meses de renta, estaba José Joaquín Bromo, quien ocupaba dos piezas en la casa 2 de la calle Obligación, cuyo alquiler era de 18 reales; al momento de la visita informó que su deuda ascendía a 20 pesos. La señora Ana Albuquerque también se contaba en este grupo; rentaba una pieza por 11 reales en la plazuela del Parral 1 y a la fecha de la visita debía también 20 pesos.

En la penúltima columna del cuadro 5, tres de los inquilinos que no recordaron cuánto debían dijeron no saberlo porque su apoderado, el señor José María Carreto, se encargaba del asunto. Todos ellos alquilaban inmuebles del convento de Santo Domingo y sus nombres eran: Luisa Moreno (casa 13 en calle de la Caporala), Josefa Fernández y Dolores de la Chanse. Pero quitando a estos tres arrendatarios, hubo 39 que no “recordaron” los montos de sus adeudos. Este grupo representa 22.5% del total de los inquilinos morosos; muchos de ellos vivían en la cofradía de Los Remedios (14), aunque para el número total de los que le debían rentas (92), no era un número muy elevado. En contraste, en el convento de Santo Domingo la situación era más alarmante, pues de sus 17 deudores, 12 estaban dentro de esta categoría, es decir, 70%.

Pero ¿a qué se debía que tantos inquilinos fuesen morosos? Esta


situación pudo estar condicionada por un alto grado de pobreza, pero también por mala voluntad de esos arrendatarios, que bien pudieron ver la oportunidad de no cumplir sus compromisos. También es posible que las fallas en el cobro fuesen un factor de peso, o que ciertos inquilinos –los que no recordaban su adeudo– mintieran a los visitadores por diversas razones (por ejemplo para ocultar que debían cierto número de meses de renta, optando mejor por decir que no recordaban cuántos).

Un indicio de la precaria condición de los inquilinos aparece en los registros. La mayoría no fi rmó el documento que hacía constar la visita. Cuántos fi rmaron y cuántos no, y de qué corporación eran los inmuebles en que vivían se observa en el cuadro que sigue:

CUADRO 6. SUPUESTO GRADO DE ALFABETISMO/ANALFABETISMO EN LOS INQUILINOS ENTREVISTADOS

Corporación Inquilinos entrevistados

Inquilinos que

fi rmaron

Inquilinos que no fi rmaron por no saber

Convento de Santa Teresa 67 14 50

Convento de Santo Domingo 66 5 61

Cofradía de Los Remedios 143 9 134

Convento de San Roque 48 13 35Convento de Capuchinas 11 5 6

Parroquia de San Sebastián y San Marcos 25 2 23

Cofradía de San Crispín 18 0 18Total 378 48 330

Vemos que el número de inquilinos que no supieron fi rmar es alto, ya que de las 378 visitas efectuadas no aparece su fi rma en 330 sino la leyenda anotada, lo que representa una elevada proporción de 87%. En primera instancia esto signifi caría que muy pocos sabían fi rmar, y en consecuencia que muy pocos sabían leer y escribir (13%). No sabemos el grado de


analfabetismo que por entonces dominaba entre la población del país, del estado o de la ciudad, pero si tenemos en cuenta que en 1895 85% de los habitantes del país ignoraban el abecedario,20 no sorprende que cuarenta años antes en Puebla fuese en torno de 87%. Sin embargo, como no saber fi rmar no necesariamente signifi caba que no sabían leer y escribir, en el cuadro hablamos de supuesto grado de alfabetismo o de analfabetismo en los arrendatarios entrevistados.

Por otra parte habría que analizar con más cuidado los datos para correlacionar los montos de las rentas, el tipo de espacio en alquiler y la clasifi cación espacial de cada inmueble en la traza de la ciudad, con el dato de si la persona fi rmó o no fi rmó. Podríamos saber así si los inquilinos de las rentas más bajas (sobre todo los que vivían en cuartos o piezas) y de las casas más alejadas del centro de la ciudad, mostraron una tendencia mayor a no fi rmar, como creemos que pasó. Esto porque pensamos que quienes no fi rmaron y por lo tanto no estaban alfabetizados, eran los que vivían en los espacios más reducidos y más alejados, o sea, que los inquilinos más pobres eran los más analfabetas. En la casa 9 de la calle del Arbolito, que por su número de cuartos y moradores no era sino una “vecindad”, el arrendatario de las accesorias 7 y 8, Santiago Vicario, fue el único que fi rmó y estaba al corriente en el pago de la renta.

Pero también se puede pensar que la falta de tantas fi rmas tuviese otra causa, al menos en parte: que por ser católica la inmensa mayoría de los vecinos de la urbe, algunos no fi rmaran por temor a la situación que originó la intervención, tratando de no perjudicar a la corporación que les rentaba el espacio donde vivían o tenían sus negocios. Un ejemplo pudiera ser el inquilino de la casa 13 de la calle del Mal Natural de la cofradía de Los Remedios, quien no dio su nombre pese a reconocer que era el arrendatario.

Por último, un aspecto que resulta de gran importancia son las fechas en las que se hicieron las visitas. Aunque su objetivo fue cumplir con el decreto de intervención del 31 de marzo de 1856 y el reglamento del 19 de abril del mismo año, también sirvieron para verifi car la posesiones de las corporaciones eclesiásticas, el número de inquilinos que alojaban, la renta

20 Bazant, “La educación”, p. 231.


que dichas corporaciones ganaban con cada una de ellas, e incluso la cantidad de vecinos que estaban al corriente en sus pagos y la de los que estaban atrasados. En fi n, para saber cuántos bienes tenían y cuánto percibían por alquilarlos. Estas visitas sólo tuvieron un carácter informativo, ya que en ningún registro aparece la entrega de dinero por parte de los inquilinos a los interventores, ni éstos pidieron la entrega o el desalojo de los inmuebles que tuvieran rentas atrasadas. Por lo pronto veamos las fechas de tales visitas:

CUADRO 7. FECHAS DE LAS VISITAS EFECTUADAS A LOS INQUILINOSPOR LOS INTERVENTORES

Corporación Fechas de las visitas Convento de Santa Teresa Del 27 V 56 al 10 VI 56Convento de Santo Domingo Del 14 VII 56 al 15 VII 56Cofradía de Los Remedios Del 11 VI 56 al 20 VI 56Convento de San Roque Del 17 VI 56 al 19 VII 56Convento de las Capuchinas Del 16 VI 56 al 17 VII 56Parroquia de San Sebastián y San Marcos Del 19 VI 56 al 25 VI 56

Cofradía de San Crispín Del 19 VI 56 al 26 VI 56

Como se puede observar, aunque la ley se decretó a fi nes de marzo y su reglamento a mediados de abril, las visitas no comenzaron a realizarse sino hasta pasado más de un mes. En concreto se efectuaron en tres meses (del 27 de mayo al 19 de julio), siendo junio el mes en que hubo más. El convento de Santa Teresa fue la corporación con cuyas casas se iniciaron las visitas y la que contaba con el mayor número de casas visitadas. Sus 67 inquilinos fueron entrevistados en un lapso de 15 días: poco más de 4 en promedio por día, lo que sugiere que el interventor y el escribano las hayan planifi cado. Además hay que tomar en cuenta que no todas las casas estaban en el centro de la ciudad; como vimos algunas estaban en la periferia, inclusive al otro lado del río de San Francisco, como la casa situada en la calle del Cuernito 14, o la de la calle de Tomé 1 (a un costado de la Iglesia de la Cruz, en el barrio indígena del mismo nombre).

En las casas visitadas del convento de las Capuchinas se entrevistó a 11 inquilinos en 32 días (casi 3 visitas diarias en promedio). Las de la parroquia


de San Sebastián y San Marcos se visitaron en 7 días (3.5 visitas al día en promedio); y las del convento de San Crispín se visitaron en 8 días (poco más de 2 visitas por día). Más apresuradas fueron las 66 visitas a casas del convento de Santo Domingo, efectuadas en sólo dos días (en promedio 33 visitas por día). Del convento de San Roque las 48 visitas que se hicieron se verifi caron en 3 días (16 por día en promedio), y de la cofradía de Los Remedios se realizaron 143 visitas en 10 días (promedio de 14 visitas por día).

Llaman la atención las visitas a las propiedades del convento de San Roque. Estas se realizaron entre los días 15 y 19 de julio, tratándose de 12 casas que generaban pocas rentas y sólo tenían 2 inquilinos morosos. Posiblemente por estas circunstancias fue que el interventor, Francisco Goyhene (interventor en casi todos los inmuebles visitados, salvo de los conventos de Santa Teresa y Santo Domingo), decidió que fueran las últimas que se visitaran. Todavía el 19 de julio se visitaron casas de este convento; esto es, después de casi un mes de haberse promulgado otra ley que afectó los bienes eclesiásticos ya no sólo de Puebla sino de todo el país: la Ley Lerdo.

Si al emitirse esta última ley perdió vigencia la de intervención, ¿qué objeto tenía seguir realizando las visitas? Sin duda ya se sabía la existencia de la Ley Lerdo y aun así se prosiguieron las visitas de modo tan extemporáneo. Quizás se continuó para cumplir algún calendario o plan fi jado de antemano, o porque no estaba de más hacerlas, pues al conocer mejor la situación de los bienes del clero se facilitaría aplicar la nueva legislación.

Refl exiones fi nales

Para este estudio, consideramos que el análisis de los expedientes hallados nos permitió tener un perfi l relativamente defi nido de los inquilinos de la Iglesia, y sobre todo de los problemas que para el clero representaba explotar sus propiedades por arrendamiento. Dado el retraso de la mayor parte de los inquilinos visitados en el pago de las rentas aun siendo bajas muchas de ellas, y dado un supuesto alto grado de analfabetismo entre esos vecinos, nos inclinamos a pensar que la mayoría era gente de precaria condición económica. Pobreza e ignorancia bien pudieron ser originadas por la marginación, la falta de empleo y de oportunidades en una sociedad elitista como la angelopolitana, aunque también es posible


que los mayordomos y otros cobradores no hayan desempeñado muy bien sus labores. Otra causa del problema de las rentas es la actitud benigna que las corporaciones religiosas tenían con sus inquilinos morosos y la falta de exigencia a los encargados de ser más efi cientes en su trabajo. Si tenemos en cuenta que los réditos que cobraba la Iglesia en general por capitales prestados eran los más bajos (5% anual), que con ella mucha gente que los solicitaba estaba endeudada y que los plazos que daba para redimir los capitales eran muy largos y a veces indefi nidos, podemos entonces entender mejor que parte del problema del atraso en las rentas era la propia Iglesia, por su descuido o su benevolencia. R. Knowlton dice, en efecto, que si bien la Iglesia había abusado con el diezmo y las obvenciones, y sus altos dignatarios disfrutaban de muy altos ingresos, por otro lado, “hacía mucho bien con sus riquezas [...ya que...] mantenía hospitales, escuelas, asilos, orfanatos, misiones [y] todo tipo de obras para el bien común”. Como prestamista era “generalmente comprensiva”, y sus corporaciones “alquilaban sus propiedades a tasas razonables poniéndolas al alcance de los pobres”. Y agrega que “como acreedora, la Iglesia sólo exigía pagos atrasados con intereses en circunstancias extraordinarias”.21

De este modo, los datos de los registros nos permiten explicar por qué las corporaciones de la segunda diócesis más importante de México, siendo tan ricas en bienes, no tenían capitales líquidos tan abundantes como se creía o se esperaba. También permiten explicar cómo pudo haber sido afectada con el decreto de intervención, pero no lo fue porque el atraso de las rentas no permitió al gobierno liberal de Comonfort hacerse de todos esos recursos. Simplemente porque no los había, en una gran proporción.

Fuentes

AGNP Archivo General de Notarías del Estado de Puebla.

21 Knowlton, op. cit., p. 34.


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EL CABILDO DE SAN LUIS POTOSÍ Y EL PROYECTO PARA EMITIR TLACOS, 1790

Ma. Ángeles Cortés Basurto*

Introducción

Un problema constante a lo largo del período colonial fue la escasez de moneda fraccionaria legal para las transacciones comerciales al menudeo; ello obligó a la población a utilizar signos de cambio informales, recurriéndose principalmente a los granos de cacao, la plata sin ensayar y los tlacos.

Los tlacos eran pequeños pedazos de cobre, sin fi gura determinada. Eran emitidos por los dueños de los tendejones o pulperías, y tenían un sello acuñado para distinguir a qué pulpería pertenecían. Se trataba de un medio de cambio informal, ya que las autoridades novohispanas no emitieron ningún numerario ofi cial de cobre en Nueva España hasta 1807.1 Sin embargo, las autoridades locales normaron su emisión y circulación, para evitar los abusos de los pulperos, sin que ello representara una ofi cialización de la acuñación.

Si bien, la Casa de Moneda de México era la única institución que podía emitir moneda, los ayuntamientos autorizaron y regularon la emisión de mo-neda fraccionaria no ofi cial por parte de particulares. La acuñación de moneda era un privilegio del rey que podía conceder a particulares; pero era una concesión y no un derecho que se pudiese arrogar el particular. En el caso del ayuntamiento de San Luis Potosí, éste daba licencias a los pulperos para emitir tlacos; les pedía una fi anza con el fi n de que en cualquier

* Estudiante del doctorado en historia, El Colegio de México; [email protected]

1 De acuerdo con José Enrique Covarrubias “las autoridades novohispanas no emitieron ningún numerario oficial de cobre para Nueva España hasta 1807, y esto por cierto a un nivel meramente municipal (en San Luis Potosí), con una clara renuencia de las altas autoridades de la Casa de Moneda por las pocas ventajas financieras de la operación”. Sin embargo, en 1542 el virrey Antonio de Mendoza mandó acuñar 12,000 marcos de vellón, pero esta medida no tuvo éxito porque la población la rechazó, y se suspendió en 1551-1552. Covarrubias, La moneda de cobre en México…, pp. 27 y 38.


momento pudiesen satisfacer en moneda de plata la cantidad de tlacos que les fuese presentada o cuando desaparecieran sus negociaciones.

El virrey estaba enterado de estas emisiones particulares, y consentía que el ayuntamiento autorizara y regulara una actividad que no estaba permitida. Al ser el representante del rey en Nueva España, y al tolerar la emisión de tlacos por parte de particulares el virrey estaba cediendo soberanía real en asuntos monetarios.

El objetivo de este artículo es dar cuenta de la discusión alrededor de una propuesta que hicieron en 1790 dos regidores del cabildo de San Luis Potosí, Antonio Pagola e Ignacio Molina, para que se recogiesen los tlacos de cobre que estaban en circulación y se sellasen de nuevo pero con fondos públicos, es decir, con recursos del cabildo. Por mayoría de votos el cabildo rechazó la propuesta de Pagola y Molina, y estos enviaron una representación al virrey. Al recurrir a esta autoridad, los regidores apelaron a una instancia superior, con más autoridad que la del cabildo, con el fi n de que fuese aprobada su propuesta. En este trabajo se seguirá este proceso de apelación al virrey que inició el 22 de febrero de 1790, cuando Pagola y Molina presentaron su instancia, y que culminó el 2 de septiembre del mismo año cuando se expidió la resolución fi nal en la que el virrey rechazó la petición.

I. El funcionamiento de la moneda de cobre durante el período colonial

De acuerdo con Carlos Garriga, la colonización fue “un proceso de replicación, que llevó a trasladar e implantar –a replicar– el orden y la sociedad castellana en las tierras descubiertas del nuevo mundo”. Pero esas tradiciones de la corona que se trasplantaron se adaptaron a las circunstancias de las Indias.2 En este sentido, Nueva España heredó de la península su sistema monetario.3 De acuerdo con

2 Garriga, “Patrias…”, s/p.3 Ruggiero Romano explica que si bien se pretendió implantar en América un sistema monetario similar al vigente en la península, ello no se logró porque en América: 1) no hubo monedas de cobre o bronce; 2) no circularon monedas de un cuarto de real; y 3) no se respetó el monto establecido que debía emitirse de cada denominación monetaria, y, por ejemplo, en México, 95% de las emisiones de plata fue de piezas de ocho reales. Romano, Mecanismo…, pp. 344-345.


Bernardo García no era un sistema en rigor, ya que “estaba bien lejos de constituir un conjunto de elementos relacionados ordenadamente entre sí”. Había diversas monedas en la península, con nombres, cuños y valores diferentes; además había diferencias regionales, modifi caciones impuestas por reglamentos y costumbres; éste fue el sistema que se heredó.4

En la Nueva España se implantó un sistema bimetálico, con acuñación ilimitada y que estableció una relación fi ja entre el oro y la plata de 1 a 16. Precisa Bernardo García que se trataba de un “patrón bimetálico perfecto, doble o compuesto, por la existencia, como monedas fraccionarias, de piezas de cobre que, a diferencia de las otras, no circulan con su valor metálico y no tiene poder liberatorio ilimitado”.5 Las primeras monedas que se acuñaron fueron de 4, 3, 2, 1 y ½ real, y más tarde se emitieron monedas de un cuarto de real. Sin embargo, como la gente confundía las piezas de 2 reales con las de 3 reales, se suspendió la acuñación de esta última. También la cuartilla tuvo vida corta, pues se suspendió su emisión antes de 1555. Así, la acuñación quedó reducida a cuatro monedas de plata: 4, 2, 1 y ½ real. Las de 8 reales se acuñaron después.6 Al lado del patrón bimetálico principal existieron otros signos de cambio informales, ya que “este sistema no barrió por completo con las monedas antiguas, y un sinnúmero de piezas de diferentes valores continuaron circulando, y aún se les acuñó hasta el siglo XIX”.7 Esta circulación paralela de signos de cambio no ofi ciales obedeció a la costumbre de los pueblos de indios, pero también respondió en gran medida a la escasez de moneda fraccionaria para las transacciones de poca monta, que desde épocas tempranas se resintió.8 Esta escasez monetaria se explica porque sólo existía la Casa de Moneda de México; por la salida de moneda de mediana o alta denominación hacia España; y porque la moneda de menor denominación que se acuñaba era la de medio real.

De acuerdo con José Enrique Covarrubias, para los indios de la época el medio real era muy costoso e inusual. Además, los indios tenían confusión

4 García, “El sistema monetario…”, p. 349.5 Ibid., pp. 352-353.6 Muñoz, Tlacos…, pp. 24-25.7 García, op. cit., p. 350.8 Tan grande fue la necesidad que en 1536 se volvió a permitir el uso de cacao, que había sido prohibido en 1527. En 1542 se autorizó la emisión de monedas de cobre, pero fracasó. Muñoz, op. cit., p 25.


sobre el valor de las monedas de los españoles, y les resultaba complicado adaptarse a su sistema monetario. Por ello prefi rieron continuar comerciando con sus medios tradicionales, es decir, con frutos o mercancías (algodón, lana, cacao, maíz, etc.).9 En este sentido, Miguel Muñoz señala que los nativos estaban acostumbrados al trueque y usaban varios medios de cambio; pero no tenían ninguna moneda. Al no usar el concepto de moneda y menos aún el de moneda fi duciaria, como lo eran las monedas de cobre, rechazaron estas monedas, a pesar de las medidas coercitivas.10

Los principales signos de cambio informales fueron los granos de cacao (que tenían el inconveniente de ser poco durables); pedazos de plata sin ensayar (sobre todo en las regiones mineras), y los tlacos. Así, desde el inicio de la época colonial convivieron distintos signos de cambio, “incidentes en dos grandes ámbitos originales: el de los indios y el de los españoles, el de los signos informales y el del metal precioso, sin que dejara de darse un creciente entrecruzamiento entre ambos campos de origen”.11

La tolerancia de las autoridades hacia los signos de cambio informales quedó de manifi esto en 1555, cuando la corona aceptó plenamente el uso del grano de cacao para los cambios menudos, al expedir “la orden de que por cada real de plata debían darse 140 bayas de cacao”; relación que no siempre fue respetada.12 Cabe reiterar que esta circulación de signos monetarios no ofi ciales se explica no sólo por la escasez de moneda fraccionaria ofi cial, sino también por las costumbres de las distintas regiones.

La Casa de Moneda de México comenzó a funcionar en 1536 y fue la institución encargada en forma exclusiva de la acuñación de moneda durante casi toda la época colonial. Su fundación obedeció a la necesidad de contar con medios de cambio y de pago, y para evitar irregularidades y fraudes. Además de facilitar el comercio de la península con la Nueva España, la fabricación de moneda también permitió “la conversión del excedente

9 Véase, Covarrubias, “La moneda…”, p. 90.10 Muñoz, op. cit., pp. 29-31. 11 Covarrubias, La moneda..., pp. 37-38. Refiere Covarrubias que de este modo, “la moneda se convirtió pronto en un instrumento de segregación social, de separación en auténticas clases económicas, al tiempo que la administración naciente tuvo desde un comienzo entre sus principales problemas el de la gran pluralidad de costumbres y situaciones monetarias en un mismo virreinato”.12 Ibid., pp. 38-39.


económico a dinero para su transferencia a la metrópoli”.13 En un principio el rey cedió su soberanía en materia monetaria a los particulares, y por dos siglos la Casa de Moneda operó como una concesión a particulares. De acuerdo con Covarrubias, a lo largo del siglo XVIII las autoridades de la Casa de Moneda de México fueron ganando margen de decisión, y desde 1733 hubo un fortalecimiento técnico y administrativo de la Casa de Moneda al quedar incorporada a la Real Hacienda.14

A lo largo del período colonial la Casa de Moneda emitió monedas de cinco denominaciones: de un peso (8 reales), 4 reales, 2 reales, 1 real y medio real. Como ya se señaló, el que la moneda de menor denominación fuese de medio real obligó a la población a acudir a “signos informales de valor reducido” para realizar transacciones comerciales de poca monta.15 Los tlacos eran un elemento de ese universo de signos de cambio informales, que se empelaban desde el siglo XVI.16 Se trataba de piezas elaboradas con distintos materiales (cobre, bronce, plomo, madera, suela, jabón, madera, etc.), que tenían como fi n dividir el medio real en 4 partes; su valor se fi jó en 1/8 de real de plata. Hacia el siglo XVIII la mayoría de los tlacos eran de cobre. Con previa autorización de las autoridades locales, los tlacos eran sellados y puestos en circulación por los dueños de los tendejones o pulperías; dicho sello permitía distinguir a qué pulpería pertenecían.17

Los pulperos daban los tlacos marcados a sus clientes cuando había que dar un cambio inferior al medio real. Con este mecanismo el pulpero tenía una doble ventaja, por un lado, podía realizar sus transacciones con exactitud

13 Soria, op. cit., p. 270. 14 Ibid., p. 270. Entre las razones vertidas para su incorporación a la Real Hacienda estaba la falta de capital de los concesionaros para adquirir los metales preciosos que arribaban, lo que se traducía en un obstáculo para la expansión de producción de moneda.Covarrubias, La moneda…, pp. 16-18.15 La moneda mínima oficial de plata en circulación hasta 1794 fue la de medio real; en 1794 se acuñaron cuartillas de plata (piezas con un valor de ¼ de real). Estas monedas debían remediar la crónica escasez de moneda fraccionaria, pero la población no las recibió bien, y “se mantuvo apegado al medio tradicional para practicar el comercio al detalle, es decir, a los tlacos y demás medios de cambio informales”. Ibid., pp. 21-22.16 Muñoz señala que los estudiosos del tema refieren que los tlacos existieron a partir del siglo XVIII, pero él se pronuncia en contra con base en información de la época que sugiere la existencia de tlacos desde el siglo XVI. Muñoz, op. cit., pp. 108-111.17 Las pulperías eran tiendas que vendían alimentos, carbón, manteca, velas, bebidas o artesanías locales. También se les llamó tiendas de abarrotes, de mestizos, cacahuaterías, etc., según el tamaño de la tienda. Las pulperías también ejercían el papel de casas de empeño. Romano, op. cit., pp. 329-330.


y, por el otro, al dar sus tlacos sellados como cambio al consumidor, por lo general aseguraba el regreso de éste a la pulpería. Además, las pulperías ejercían la función de casas de empeño. Los pulperos pagaban parcial o totalmente la cantidad correspondiente en tlacos, pero el rescate de la prenda debía hacerse en plata.18

Las emisiones de tlacos por parte de los pulperos despertaron numerosas quejas. En primer lugar, los pulperos solían dar los tlacos al valor ofi cial de 1/8 de real y los recibían con descuento;19 con frecuencia los pulperos pagaban con tlacos los objetos de empeño, lo que les aseguraba el retorno del pignorante a su pulpería;20 cuando los pulperos quebraban o se mudaban (situaciones que ocurrían con frecuencia), los tlacos sellados dejaban de ser utilizables, resultando gran pérdida para sus tenedores.21 Sobre este último punto, los comerciantes se defendían argumentando que el pulpero le daba tlacos a la población como vuelto, a cambio de su medio real, y con ellos la población podía volver a la propia pulpería para comprar otros bienes, o bien podía usarlos en otras pulperías.22 Para tratar de remediar los abusos de los tenderos, Covarrubias señala que las autoridades locales presionaron a los comerciantes para que respetasen los valores de los tlacos; sin que ello signifi case una ofi cialización de su acuñación. Además, durante la mayor parte del periodo colonial la esfera de circulación de los tlacos se restringió a las transacciones del comerciante que los hubiese emitido. Pero ello cambió hacia fi nales del periodo virreinal, ya que “se generalizó en el medio urbano el tlaco metálico, junto con un tipo de circulación más amplia que la del mero ir y venir de tendero a parroquiano y viceversa”.23 De tal suerte que la circulación de moneda informal abarcaba las siguientes esferas: 1) en el mercado de baratillos, donde se les remataba como metal viejo; 2) entre la pulpería y el baratillo, donde las indias vendedoras los aceptaban como pago; y luego había quienes los adquirían en el baratillo y los empleaba de nuevo

18 Covarrubias, La moneda..., p. 43.19 Covarrubias, “La moneda…”, p. 93.20 Covarrubias, La moneda..., p. 7.21 Ibid., pp. 43-44.22 “Según el testimonio del Consulado, los tenderos repartían tlacos de tiendas vecinas incluso para darle la oportunidad al público de adquirir en ellas productos de mejor calidad que la propia. Los comerciantes del Consulado terminaron así por negar que los pulperos recién mudados rechazaran por principio los tlacos emitidos por sus antecesores”. Ibid., pp. 44-45.23 Ibid., pp. 41-43.


con el pulpero; 3) entre la pulpería y las tiendas especializadas (panaderías, velerías, boticas, carnicerías), que por medio del pulpero revendían a las clases populares;24 4) entre la pulpería y el mercado, “con la intermediación de las indias arbolarias, quienes vendían especias o verduras y cambiaban los tlacos por granos de cacao, utilizables en el mercado de la plaza”, a razón de 20 granos cada uno;25 y 5) entre una pulpería y otra, cuando los tenderos se ponían de acuerdo para “recibirse mutuamente sus tlacos para poder remitirse también en apoyo mutuo a los clientes”.26

La circulación ocurría de la siguiente manera: el consumidor “adquiría algún producto barato en el tendajón y recibía el vuelto en tlacos. La poca oportunidad de utilizar esas fi chas en fechas próximas, lo apremiaba a venderlas a quien pudiera”.27 Lo mismo ocurría con aquellos que empeñaban sus bienes en las pulperías, ya que normalmente recibían el producto de su empeño en tlacos, y también apuraban su venta. Además, “[…] las indias vendedoras de melcocha eran muy importantes en ello, pues admitían en pago todo tipo de fi erro viejo, clavos, cobre, etc., que entonces llevaban al baratillo”. Una gran cantidad de tlacos acababan rematados en el baratillo pero al ser recuperados regresaban a la circulación pues en el mismo baratillo, había “quienes reconocían los tlacos en el baratillo, los adquirían baratos y empleaban después en la tienda correspondiente, con lo que se reiniciaba la circulación del signo”.28

Un papel fundamental, como también mostrará la representación de Pagola y Molina, lo tuvieron

[… ] las numerosas indias vendedoras de atole, tortillas, fruta y demás productos en las esquinas de las calles. Estas vendedoras admitían el pago de sus efectos en tlacos, y cabe suponer que no sólo para emplearlos posteriormente con los

24 En la ciudad México había una relación entre la función de los tlacos y la venta de pan. Los panaderos vendían el pan común para la clientela pobre a través de las pulperías. A cambio “el panadero recompensaba a éste con la ganancia o comisión de 2 reales de plata por cada peso vendido”. Los panaderos buscaron liberarse de su dependencia de los pulperos “y del compromiso de darles un premio por su venta de pan a los pobres”, y con el tiempo lo consiguieron. Ibid., p. 47.25 Ibid., p. 46.26 Covarrubias, “La moneda…”, p. 94.27 Ibid., p. 93.28 Covarrubias, La moneda..., pp. 45-46.


pulperos emisores sino en el mismo mercado de la plaza, pues sus productos requerían de materia fresca como fruta, granos de maíz, etcétera.29

Como puede verse, no sólo se trata de la circulación de los tlacos, sino de articulación comercial. Ruggiero Romano señala que la moneda de cobre constituye una pieza fundamental en el sistema económico por la relación entre el comercio “grande” y “menudo”; este último opera mal sin monedas de cobre, y su mal funcionamiento infl uye en el “comercio en general, y aún sobre la economía en su conjunto”.30 Esta importancia es aún mayor si se considera que los intercambios menudos constituían la mayoría de las transacciones mercantiles.31

Señala Covarrubias que hacia el decenio de 1760 aparecieron testimonios que revelaban “una preocupación creciente de la autoridad ante los males acarreados por la circulación de estos signos monetarios informales”. Llegó a ser tal la cantidad de tlacos en el siglo XVIII que urgía una legislación o cierta reglamentación. Las autoridades locales comenzaron a regular las emisiones de tlacos de los tenderos, y las autoridades generales hicieron lo propio con las Ordenanzas para el régimen y gobierno de los tenderos y tiendas de pulpería, promulgadas el 3 de diciembre de 1758.32

Covarrubias señala que a fi nes del siglo XVIII se les concedió a los tlacos la condición de dinero, y resalta “la confusión prevaleciente en cuanto a la autoridad administrativa que debía estar encargada de vigilar la emisión y circulación de moneda de metal útil”, ya que no había nada reglamentado para la extracción y conversión en moneda del cobre u otro metal utilizado en la fabricación de tlacos. “En las disposiciones y los ordenamientos relativos a las máximas autoridades administradoras del

29 Ibid., p. 46.30 Romano, Moneda, seudomonedas…, p. 140.31 Covarrubias, La moneda…, p. 12.32 Explica Covarrubias que “la relación entre los panaderos y los pulperos fue reglamentada por las Ordenanzas para el régimen y gobierno de los tenderos y tiendas de pulpería, promulgadas el 3 de diciembre de 1758 […] en ella se establecía el uso de tlacos sólo para dar el cambio y la admisión de cuartillas de cacao, además de disponerse que la moneda fraccionaria mínima fuera la de 1/8 de real, prohibiéndose la circulación de monedillas de “medio tlaco”, es decir, equivalentes a los pilones. Igualmente se estipulaba que, en caso de mudanza, el nuevo tendero admitiría las monedas acuñadas por su antecesor y no pondría a circular los nuevos tlacos sin que se hubiesen recogido ya todos los del que le había precedido”. Pero tales disposiciones no se siguieron. Covarrubias, ibid., pp. 47-48. Véase Muñoz, op. cit., pp. 38-39.


metal novohispano sencillamente no estaba contemplada la regulación de las pequeñas moneditas de los tenderos”.33 Ello derivó en desavenencias entre las autoridades generales y municipales.

Los problemas sociales y económicos ocasionados por los tlacos se agudizaron desde mediados del siglo XVIII porque se reavivó la discusión alrededor de la pertinencia de que las autoridades emitieran moneda de cobre.34

A partir de estos momentos, el “imperativo de conciliar el interés particular con el público no dejará de aparecer en los planes de acuñación de cobre en Nueva España y el México independiente, tanto en los que se quedan en propuestas como en los que ponen en práctica”.35

II. El proyecto de Antonio Pagola e Ignacio Molina

Representación de Antonio Pagola e Ignacio MolinaHacia fi nes del siglo XVIII recobró importancia el fenómeno de la proliferación de tlacos. Los problemas que ya se señalaron alrededor de su emisión fueron motivo de una petición de un sector del Cabildo de San Luis Potosí para que su acuñación se hiciera con recursos públicos. Cuando esta propuesta tuvo lugar, el presidente del cabildo y corregidor intendente de San Luis Potosí era Bruno Díaz Salcedo y los regidores que componían el cabildo Manuel Díaz Fernández, José Joaquín Ximénes, Manuel Silvenne del Conde, Francisco de la Peña, Juan de Amezcua, José de la Serna, Antonio Pagola e Ignacio Gonzalez de Molina, mientras que el escribano real era José Ramón de Otaegui.

Hacia fi nes del siglo XVIII la ciudad de San Luis Potosí experimentaba escasez de moneda fraccionaria para el comercio al menudeo. En reunión del cabildo de 19 de enero de 1790 se presentaron dos propuestas para

33 Covarrubias, op. cit., p. 99. Para Ruggiero Romano no alcanzan la categoría de moneda. Véase, Romano, Moneda, seudomonedas…, pp. 170-174.34 Señala Covarrubias que “la representación de Coronas y la réplica del Consulado no fueron las únicas en ocurrir en la última media centuria de dominio colonial. También existe el testimonio de Leandro de Viana y los del virrey marqués de Croix, del virrey segundo conde de Revillagigedo, de Francisco Antonio Carrillo y de Mariano Briones, escritos cuya aparición paulatina cubre virtualmente la segunda mitad del siglo XVIII”. Covarrubias, La moneda…, p. 48.35 Ibid., pp. 7-8.


paliar esta situación. La primera fue la de los regidores Antonio Pagola e Ignacio Molina, que consistía en sacar de la circulación los tlacos emitidos por los pulperos para sellarlos de nuevo por cuenta de los fondos públicos de la ciudad. La segunda propuesta –de los regidores bienales Manuel Díaz Fernández, José Joaquín Ximénes, Manuel Conde, y Francisco de la Peña– consideraba que debía mantenerse el sistema entonces vigente, es decir, que los pulperos continuasen sellando los tlacos, y para incrementar su número en circulación propusieron que cada uno de los seis pulperos más acomodados sellase 100 pesos, es decir, 38,400 tlacos.36

La propuesta de Pagola y Molina no prosperó y por mayoría de votos se decidió poner en práctica la segunda propuesta. Ante su fracaso en el cabildo, el 22 de febrero de 1790 Pagola y Molina enviaron una representación al virrey Revillagigedo.37 En ella explicaron las dos propuestas que fueron discutidas en la reunión del cabildo, y sus respectivos argumentos. Y destacaron las bondades de su proyecto con el fi n de que el virrey los favoreciera con su decisión.

En la presentación de su instancia los autores explicaron que “los tlacos se inventaron desde los principios de esta población con el fi n de dividir el medio real en quatro partes”,38 para el comercio de comestibles. La ciudad de San Luis se fundó en 1592, lo que signifi ca que los tlacos circulaban en esa ciudad desde fi nes del siglo XVI.39

La defi nición que los autores dan de los tlacos es la misma que ya se adelantaba: “pequeños pedazos de cobre, sin fi gura determinada, inpresas en ellos unas marcas, que los distinguen, al arbitrio de los dueños de los tendejones, ó pulperías”.40 En el caso de San Luis, los tlacos eran aceptados de manera indistinta en todas las tiendas de la ciudad y los pueblos inmediatos. Habían sido emitidos con licencia del ayuntamiento, con el previo depósito de una fi anza, para que el pulpero o su fi ador redimiesen en plata, los tlacos que se les presentasen, que previamente había repartido.

En seguida Pagola y Molina expusieron los motivos en que fundaron su

36 Un peso equivalía a 64 tlacos.37 AGN, Intendencias, caja 2883, exp. 7, ff. 2-7. Los entrecomillados de este apartado provienen del mismo documento.38 Ibid., ff. 2-2r.39 Véase nota a pie número 16.40 Ibid., f. 2r.


dictamen; manifestando los principales problemas de la emisión y circulación de tlacos. La primera razón que dieron fue que el extravío de los tlacos benefi ciaba a los pulperos, ya que éstos, al cerrar sus pulperías (ya fuese por quiebra, mudanza a otro giro o muerte del pulpero), no tenían que regresar el importe de los tlacos extraviados. Y si la ciudad los sellase se quedaría con dicha utilidad, resultando en benefi cio y utilidad pública. Además, los tlacos emitidos con fondos públicos podrían estar más tiempo en circulación en comparación con el breve periodo de vida de una pulpería.

En segundo lugar, si el cabildo sellase los tlacos y luego los distribuyese entre los comerciantes, al quitar su negocio un pulpero no tendría prisa en entregar los tlacos que tuviese a la ciudad para recuperar su dinero y la moneda de cobre permanecería en la circulación. La razón es que al dar los tlacos a sus clientes, el pulpero a cambio habría obtenido moneda de plata.

Una tercera razón era que cuando un pulpero cerraba su negociación sólo le devolvían 20 o 25% de los tlacos que había repartido, y no hacía ningún esfuerzo para que se los entregaran porque ya tenía en su poder la moneda de plata equivalente a los tlacos entregados a sus clientes, y “mientras menos tlacos le presentasen, menos reales tiene que desembolsar”.41 Nadie reclamaba esos tlacos porque estaban repartidos entre la población de la ciudad y pueblos cercanos. El problema que veían Pagola y Molina era que nadie quería recibir los tlacos de la pulpería que había cerrado, y al dejar de circular quienes los poseían los terminaban abandonando como inservibles. Y si los tlacos fuesen sellados por la ciudad eso no ocurriría pues, sin importar si se ponía o quitaba una pulpería, siempre circularían con la misma estimación. Sin embargo, en esta misma representación los autores habían señalado que los tlacos circulaban por toda la ciudad sin importar quién los había emitido.

La cuarta razón vertida se refi ere al fraude que cometían los pulperos al sellar más moneda de la que les había sido permitida, ya que tenían en su poder el troquel. Al cerrar su pulpería, sólo reintegraban en plata la cantidad que habían sellado con licencia, y si se les presentaba más moneda argumentaban que eran falsas. Este fraude se evitaría si el cabildo sellase los tlacos.

41 Ibid., f. 4.


La última razón fue que, la ciudad sellaría la primera vez mil pesos (equivalentes a 64,000 tlacos), que serían repartidos entre los pulperos, mismos que a cambio entregarían “en pesos corrientes la cantidad que recibieren”.42 Esos mil pesos se quedarían en los fondos de la ciudad. A su vez, los pulperos repartirían los tlacos entre sus clientes y a cambio recibirían pesos o reales, y así recobrarían por completo la cantidad entregada al cabildo.

Aquellos que tenían los tlacos en su poder no tendrían por qué devolverlos, ya que estaban en circulación. Así, quedaría a favor de la ciudad el respaldo o la fi anza que los pulperos depositasen. Este monto era el mismo “que quedaban á los Pulperos, por los tlacos que se perdían, ó no se les volvían […] y este nuevo sistema resultará á benefi cio de el Publico, y no al de los Particulares”.43

En su representación, Pagola y Molina expusieron que la única razón vertida por los defensores del status quo, es decir, la propuesta que se puso en práctica, fue que “se debía atender al detrimento de los fondos públicos” en caso de falsifi cación de los tlacos. Los autores aseguraron que se trataba de un temor infundado, y que sus cinco razones lo evidenciaban.44

Para prevenir la falsifi cación proponían repartir los tlacos sellados por la ciudad en cantidades determinadas a cada uno de los pulperos. Cuando los pulperos regresaran los tlacos recibidos y pidiesen su dinero a cambio, el cabildo lo devolvería. Si se entregaban más tlacos del monto global sellado por el cabildo, y de los que cada pulpero había recibido, se tomarían por falsos y no se pagarían. Por ello no sería en detrimento de los fondos públicos. Consideraban que la falsifi cación sería remota si se cuidaba el troquel con que se sellarían los tlacos, y si se disponía que el cobre contenido “tenga el mismo valor en la parte posible, que si no estuviese amonedada”.45

En cuanto a los gastos de cobre, manufactura, y troquel, consideraban que éstos debían correr por cuenta de los pulperos, en proporción a la cantidad de tlacos que recibiesen. Consideraban justa esta medida, pues si los pulperos los sellasen por su cuenta enfrentarían esos gastos, como hasta ese momento.

42 Ibid., f. 4r.43 Ibid., f. 5.44 Idem.45 Ibid., f. 6.


Finalmente, criticaron la propuesta de que los seis pulperos más acaudalados sellasen seiscientos pesos de tlacos, pues consideraban que no se procedía con igualdad porque los pulperos que no pudiesen pagar la fi anza siempre carecerían “de la utilidad que ofrecen los tlacos”.46

Esta representación fue recibida en México el 2 de marzo por el señor fi scal de lo civil. La instancia de Pagola y Molina, con previo pedimento de 7 de abril del señor fi scal, pasó por decreto de 9 del mismo al intendente de San Luis Potosí, para que él y el ayuntamiento informasen de las razones para oponerse al proyecto de Pagola y Molina. El 30 de abril el ayuntamiento presentó su informe al virrey, y el 5 de mayo el intendente hizo lo propio.

Informe del Ayuntamiento y del intendenteEn su informe al virrey, el ayuntamiento explicó que en 1779 se acordó que en lo sucesivo los pulperos diesen una fi anza antes de sellar tlacos, con el fi n de evitar que marcasen más de los que se les había permitido.47 De este modo, en todo momento se podría bonifi car cualquier cantidad de tlacos “que resultase con su marca propia, o falseados”.48 Así se realizó para evitar daños públicos, y a partir de ese momento, en caso de muerte, quiebra o ausencia del pulpero sus fi adores recogerían lo tlacos.

Entre los motivos que el ayuntamiento expuso para no aprobar el dictamen de los regidores, Pagola, y Molina, estaban los costos para marcar. Señaló el ayuntamiento que cada 100 pesos marcados tenían un costo de treinta en cobre y manufactura. Por ello, marcar mil pesos de tlacos, como proponían Pagola y Molina, signifi caría que de los mil pesos, 300 serían para gastos de cobre y manufactura, y quedarían setecientos. Al ayuntamiento le pareció una fantasía que los pulperos pagasen los tlacos en moneda de plata, y que asumiesen los costos, ya que tendrían que dar 130 pesos plata por 100 pesos en tlacos, y al devolver los tlacos sólo recibirían 100 pesos “con el quebranto de treinta pesos a su principal”. Otro argumento fue que no existía mucha seguridad de que no pudieran falsifi carse, y el cabildo podía verse obligado a bonifi car en plata muchos más tlacos de los que había sellado. Además, el ayuntamiento criticó la idea de Pagola y Molina

46 Ibid., f. 6r.47 AGN, Intendencias, caja 2883, exp. 7, ff. 12r-17v. 48 Ibid., f. 12v.


acerca de que la gente extraviase los tlacos, pues la gente no desperdicia los tlacos “y mucho menos en el presente año de tanta calamidad”. Por estas razones consideraban que era más conveniente para los pulperos, y el público, que los tlacos se marcasen por cuenta de los dueños de pulperías, previa fi anza.49

El ayuntamiento explicó en su informe el uso de los tlacos emitidos por los pulperos en la ciudad de San Luis y consideró que si la ciudad sellase los tlacos se rompería el circuito comercial y de circulación. En primer lugar, la mayor parte de los tlacos eran usados por las “Indias Tortilleras, Verduleras, Atoleras, y otras gentes que venden varias vendimias comestibles”, quienes no podían comprar maíz ni otros efectos foráneos con los tlacos que recibían, pero sí podían llevarlos a las pulperías correspondientes y el comerciante estaba obligado a entregarles en moneda de plata sellada la cantidad que fuere, “lo que no se podría verifi car, marcados por la Ciudad y ningún Pulpero estaría obligado a cogérselos como lo están teniendo su marca”.50

En segundo lugar, el pulpero no asumiría el costo de marcar los tlacos. Con el sistema vigente, el comerciante incurría en dichos gastos pues a cambio tenía la certeza de que la población regresaría a comprarle porque tenía tlacos con su sello. Pero con la propuesta de Pagola y Molina, la población no estaba obligada a regresar a su pulpería a comprarle.

En tercer lugar, señaló el ayuntamiento que aun cuando era útil para los pulperos sellar los tlacos para un mayor comercio en sus pulperías, varios de ellos se habían rehusado a hacerlo debido a la falsifi cación. El informe señaló que hasta ese momento sólo cuatro pulperos habían marcado tlacos, a petición de algunos del cuerpo del ayuntamiento.

En cuarto lugar, sobre el decir de Pagola y Molina de que la autorización para sellar tlacos a sólo seis pulperos resultaría en grave perjuicio de los demás porque acapararían el comercio, el informe del ayuntamiento reiteró que los consumidores tenían la libertad de emplear los tlacos en donde mejor les conviniese.

Sobre la idea de Pagola y Molina de que una vez recogidos los 64,000

49 Ibid., f. 13r.50 Ibid., f. 13v.


tlacos los demás que se presentasen fuesen tomados por falsos y no se pagasen, era “lo mismo que decir, que si aun Pulpero se le entregasen ciento, o doscientos pesos de estos clacos, haviendo entregado la plata acuñada, fuese el ultimo a hacer su entrega, si ya estubiese recivido el total del Numero de los citados sesenta y quatro mil clacos no se recivirian”. 51

Consideraban que la ventaja de que los tlacos fuesen marcados por cuenta de los pulperos es que éstos los manejaban a diario en sus negocios, y cuando detectaban que les habían falsifi cado sus tlacos “acuden al remedio encargando en las Pulperías que no los recivan, recogiendo los que tienen entregándoles la plata, de cuio modo cesa el daño, o metiendo los falseadores aserlos por no haver quien los coja; cuias proporciones no havian de ser tan fáciles a el Ayuntamiento para acudir al remedio”.52

En su informe al virrey del 5 de mayo de 1790, el intendente Bruno Díaz de Salcedo no abundó en razones y se limitó a señalar que en la reunión de 19 de enero todos los regidores habían estado de acuerdo, excepto Pagola y Molina, que se opusieron sin manifestar sus motivos o refl exiones. Consideró que hubiera sido oportuno que así lo hubiesen hecho para llegar a un acuerdo y evitar “desavenencias entre un cuerpo, que siempre son mal sonantes, escandalosas, y dañosas del bien público”.53

Como Pagola y Molina, no “expusieran las consideraciones en que se fundaban sus votos como lo habían hecho sus compañeros […] tuvo por conveniente declarar lo que había rendir la mayor y más sana parte del mismo Ayuntamiento”.54 En su informe, el intendente señaló que la propuesta de Pagola y Molina, podría llegar a causar detrimento en los propios de la capital. En cambio, la propuesta de la mayoría “nada puede perjudicar a este común porque los que usen clacos deben afi anzar necesariamente toda resulta y mucho menos quando la mayor parte del Cabildo no se opone a que qualquiera Pulpero use de clacos, con la precisa e indispensable calidad de que los afi ance”.55 Bruno Díaz Salcedo señaló que conocía el modo de pensar de todos los vocales que componían en ese momento el ayuntamiento y que

51 Ibid., f. 14v.52 Idem.53 Ibid., f. 16r.54 Idem.55 Ibid., f. 16v.


estaba seguro que la mayor parte había meditado con juicio y refl exión, dada su experiencia. Ambos informes fueron agregados al expediente principal, y devueltos al señor fi scal de lo civil y al virrey.

Nueva Representación de Antonio Pagola e Ignacio MolinaEl 17 de mayo Pagola y Molina instaron una nueva representación ante el virrey,56 en la que, no habiendo tenido resultado de la que habían enviado previamente, reiteraban su petición al virrey. Para reforzar su propuesta, explicaron que en el pueblo de Dolores, Gto., habían visto unos tlacos de bronce sellados por cuenta de sus propios y renta pública, difíciles de falsifi car.

[…] un tlaco o señal de bronce de los que recientemente se han sellado en el Pueblo de los Dolores a expensas de sus Propios y Rentas, y por la cuantidad de su materia y circunstancias de el sello que hacen sumamente difícil, aún consumiendo tiempo y dinero la falsifi cación de los tlacos, en términos de que se verifi que su perfecta imitación, y que no se conozca prontamente su ilegitimidad. 57

Para reforzar su argumento de la difi cultad de falsifi cación acompañaron su representación de un informe en que los peritos así lo afi rmaban y añadieron que si se sellasen ambos rostros de los tlacos aumentaría la difi cultad de falsifi cación y sería más remota una lesión a los caudales públicos.58

Adelantaron en su representación que podían ponerse tres objeciones contra el proyecto, la primera se refería a los costos. Si bien tendría que pagar 130 pesos para recibir 100 pesos de tlacos, en realidad no se perjudica puesto que “siempre tiene el mismo costo, y lo sufre cuando los sella en lo particular por el interés de facilitar con ellos su comercio, y sólo hay la diferencia de que sellándose de cuenta de la Ciudad, no tendría el Pulpero la utilidad que se le defi ende por los de el contrario juicio, sino que se convertirá en benefi cio de los caudales públicos”.59

56 Ibid., ff. 28r-29v.57 Ibid., ff. 28r-28v.58 Pagola y Molina presentaron el testimonio de 4 maestros de herrería, quienes declararon bajo juramento que dicho tlaco de bronce era difícil de falsificar.59 Ibid., f. 29r.


La segunda objeción fue que “en el caso de que la Ciudad sellase dos mil tlacos, llegase a recogerlos todos, y ocurriese entonces algún comerciante u otra persona, con cincuenta, ciento o más cantidad de tlacos a que se le comprasen; como quiera que en ese evento deberían éstos estimarse por falsos, quedaría el interesado privado de su dinero con grave perjuicio suyo, y este es grande inconveniente”. A este respecto consideraban que la casi imposible falsifi cación de los tlacos hacía poco probable esta situación, y que de verifi carse, “se distinguirían fácilmente los tlacos falsos de los legítimos, por no poder ser perfecta la falsifi cación, según el sentir de los facultativos, el comerciante o sujeto que llegase a colectar porción de los primeros, él se tendría la culpa de perder su dinero por no haber usado de tan fácil conocimiento”.60

La tercera objeción sería que en caso de que la ciudad asumiese los costos de acuñación, si “llegase a comprar los mismos dos mil tlacos que hubiese sellado, resultaría gravada, y damnifi cada con el costo erogado en su construcción”.61 Consideraban que era imposible volver a “recoger los dos mil tlacos, por los que siempre deben estar invertidos necesariamente en la circulación de el comercio… de suerte que tan lejos está de llegar el caso de que la Ciudad comprase los dos mil tlacos”.62 Además, “como quiera que los bienes de la Ciudad son del público, y deben convertirse en su utilidad por ser su preciso destino, no sería extraño que gastase doscientos o trescientos pesos en la fábrica de tlacos, de que tantos benefi cios se le siguen”.63

La noticia de que se habían sellado tlacos a cuenta de los fondos públicos en el Pueblo de los Dolores sorprendió al señor fi scal de lo civil, quien el 18 de junio pidió información al intendente de San Luis Potosí sobre los términos, licencias y circunstancias en que se ejecutó dicha emisión de los tlacos de bronce; esta situación era de mucha consideración pues podía imitarse. El 21 de junio el virrey ordenó al intendente de San Luis información al respecto, tal como lo pidió el juez de lo civil.64 El intendente de San Luis respondió al virrey Revillagigedo, mediante carta de 28 de junio, que no estaba enterado de dicha emisión, y como el pueblo de Dolores

60 Idem.61 Idem.62 Ibid., ff. 29r-29v.63 Ibid., f. 29v.64 Ibid., ff. 30r-31r.


pertenecía a la provincia de Guanajuato, su intendente podría informarle mejor sobre la autoridad y demás puntos con que se habían fabricado tlacos a cuenta de sus fondos. En efecto, el 28 de julio el intendente de la provincia de Guanajuato, Pedro José Soriano, envió al virrey, segundo conde de Revillagigedo un informe en el que señaló que los tlacos de cobre no habían sido emitidos con recursos públicos, sino que los particulares los costearon de su caudal.65

Resolución El 12 de agosto se pasó todo el expediente al señor fi scal. Éste, al ver de nuevo el expediente de los señores Pagola y Molina, señaló que el tlaco de bronce del pueblo de los Dolores citado en apoyo de su proyecto había resultado equivocado, pues según el informe del intendente de Guanajuato, los tlacos fueron sellados a expensas de los particulares. Y ése “era el fundamento de más consideración que se presentaba a favor de la idea propuesta por los expresados Regidores porque los demás que por ellos se han alegado, no son adecuados, ni congruentes para persuadirla”.66

La utilidad que resultaría de que la ciudad fabricase los tlacos a cuenta de sus propios, era tan corta y reducida, que no merecía el esfuerzo del cabildo. Y es posible que “las pérdidas y contingencias fuesen tal vez de mayor consideración y que no se pudiesen compensar con las ventajas”. A ello se agregaron las razones “con que aquel Cabildo, y el Señor Intendente Corregidor de él han fundado su opinión”. Finalmente se señaló que “después de todo la materia es de mucha gravedad, y aún en esta Capital no ha podido arreglarse por las difi cultades, embarazos y puntos delicados que hay que combinar”.67 Por todo ello, el virrey declaró que no había lugar a la propuesta de Pagola y Molina, y mandaba se diera aviso de la determinación al intendente de San Luis y al cabildo.68 El 6 de septiembre el intendente de San Luis se dio por enterado del rechazo del proyecto de Pagola y Molina.

Este expediente permite ver los distintos ámbitos de autoridad en materia monetaria, ya que no sólo el superintendente de la Casa de Moneda y el

65 Ibid., ff. 35r-38r.66 Ibid., f. 39r.67 Ibid., f. 39v.68 Ibid., f. 40r.


virrey podían tomar decisiones en materia monetaria, sino que también los cabildos podían hacerlo, como lo muestran sus regulaciones a las emisiones de tlacos por parte de particulares. Según muestra este expediente, las decisiones tomadas por el cabildo en materia monetaria sólo llegaron a ser conocidas por la Casa de Moneda y el virrey debido a una desavenencia entre los miembros del cabildo. De no haberse presentado ésta, las autoridades generales no se habrían enterado de los acuerdos tomados por las autoridades locales. Ello indica que las autoridades locales tenían un amplio margen de decisión si lograban ponerse de acuerdo entre sí.

III. Epílogo

A pesar de que Revillagigedo era consciente de las causas de la decadencia del comercio en Nueva España y de la necesidad de moneda fraccionaria, así como de los problemas desencadenados por la emisión de tlacos por parte de particulares, rechazó la propuesta. “Ni Revillagigedo ni ningún otro virrey llegaron a tomar alguna acción directa o efectiva para acabar con los tlacos y pilones, como lo hiciera Calleja veinte años más tarde”, quien en 1814 mandó acuñar 300 mil pesos en moneda de cobre.69

Esta resolución fi nal en la que se rechaza el proyecto de Pagola y Molina, lleva a la pregunta ¿por qué no se emitió moneda de cobre ofi cial? Los grandes comerciantes estaban en contra de una acuñación masiva de cobre porque representaba “el riesgo de tener que admitir la moneda de cobre en algunas de sus fases comerciales y ver desarticuladas las vías por las que […] concentraba el circulante de plata”. Además, era más conveniente abastecer a la corona, que al consumo limitado que signifi caría la acuñación de cobre. También hubo oposición por parte de la Casa de Moneda por razones técnicas y fi nancieras.70

Además, el cobre era un metal que se demandaba para otras actividades y su producción no se había mejorado. Durante el período colonial, se utilizó principalmente en el benefi cio de la plata y en su acuñación, ya

69 Muñoz, op. cit., pp. 63-67.70 Covarrubias, “La moneda”…, pp. 95-98.71 Así, “para la Real Hacienda el cobre representaba ante todo un material muy útil y no una mercancía susceptible de altas contribuciones o alguna otra notable ganancia fiscal”. Covarrubias, La moneda…, p. 27.


que se aleaba con el oro y la plata para darle una mayor durabilidad como numerario.71 Pero también se le utilizó en la elaboración de herramientas, la fabricación de campanas y cilindros, para elaborar artesanías, objetos ornamentales o de utilidad doméstica, y se le aleó con otros metales para fabricar herramientas.72

La política de distribución y consumo de cobre al interior del virreinato dio prioridad a la demanda de la Casa de Moneda de México.73 Por ello en 1780 se estableció un estanco de distribución del cobre,74 y se elevó su precio de venta (de 16 pesos hacia 1717 a 18 pesos, por quintal). Esta disposición “afectó a la red de abastecimiento general establecida desde más de un siglo atrás en torno a los centros productores de Michoacán”, y “surgió un extenso mercado negro, única defensa posible para el comerciante y el consumidor novohispanos que resentían la contundente avanzada ofi cial”.75

A fi nes del período colonial aumentó la demanda de cobre; además del consumo ofi cial interno,76 la demanda de la metrópoli creció sobre todo por los requerimientos bélicos. A pesar de eso no se tomaron medidas para mejorar la minería de cobre, y ello derivó en un incremento del comercio ilegal para abastecer el mercado interno.77

Así, los intereses de los comerciantes, las difi cultades técnicas y administrativas de la Casa de Moneda, y la producción y distribución del propio cobre fueron elementos que se conjugaron para impedir la ofi cialización de la acuñación de moneda de cobre para realizar operaciones comerciales de poco monto.

La escasez de moneda fraccionaria se resolvió incrementando la emisión de moneda de cobre. Los problemas causados por la proliferación de

72 Ibid., pp. 23-24.73 “De los 1700 quintales destinados al consumo interno de Nueva España en 1798, 1500 fueron para la Casa de Moneda y sólo 200 para el consumo del público”, ibid., p. 27.74 Estas medidas centralizadoras causaron descontento entre la población. El Tribunal de Minería también se pronunció en contra. Covarrubias, ibid., p. 31.75 Ibid., pp. 24-25. 76 La industria azucarera era el ramo de consumo de cobre particular más importante a fines de la colonia, y “sus requerimientos del cobre se triplicaron entre 1786 y 1791, sin que esta demanda haya recibido una satisfacción comparable a la de las necesidades oficiales”, ibid., p. 24.77 Con el monopolio se estableció un precio oficial, y ello fue un obstáculo para aumentar la producción de cobre. Otro obstáculo eran los costos elevados, la ubicación geográfica de las minas (en puntos sumamente calurosos, mal poblados y abastecidos, y alejados de la ciudad de México), esto hacía que los estímulos para los mineros tuviesen que ser muy significativos, ibid., pp. 24-26.


tlacos fueron creciendo poco a poco hasta que las autoridades tuvieron que intervenir en el asunto. En San Luis Potosí los pulperos continuaron emitiendo tlacos, y dejaron de depositar la respectiva fi anza. Las autoridades locales trataron de prohibir dicha emisión pero no tuvieron éxito. Finalmente, entre 1806 y 1807, el cabildo decidió acuñar monedas de cobre.78

Otra pregunta que surge a partir del estudio de los tlacos en la colonia es por qué no se acuñó moneda ofi cial fraccionaria de plata. Al menos en la segunda mitad del siglo XVIII, la corona buscó extraer la mayor cantidad de moneda de plata de sus colonias, para hacer frente al gasto militar; dejar plata en la Nueva España bajo la forma de moneda fraccionaria iba en contra de su política de extracción del metal blanco. Cabría agregar que dicha extracción de monedas de plata de América intensifi có el problema de la escasez monetaria. Otros temas pendientes son el acceso de la población india a la moneda de plata y la relación entre dicho acceso y la retribución del trabajo indígena.

Siglas y referencias

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78 Romano, Moneda, seudomonedas…, p. 172.


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PORTALES


Introducción

La archivística se ha consolidado como disciplina desde que la sociedad se interesó por organizar los documentos que producía como resultado de su quehacer. El objetivo es hacer accesible el contenido de los documentos donde se ha registrado durante siglos la cultura humana, pues en los archivos se mantiene viva una parte de la memoria social. La importancia y el interés por los archivos llevaron a los responsables de su producción a conservarlos y protegerlos de confl ictos bélicos, saqueos, catástrofes naturales o de la simple pero implacable acción del tiempo.

Munford1 afi rma que “la cultura del hombre depende para su transmisión en el tiempo del registro o archivo permanente, del edifi cio, el monumento, la palabra escrita”. Esta afi rmación pone de manifi esto una vez más que la sociedad ha hecho uso de variados medios de registro como una extensión de la memoria humana, probablemente porque el hombre es consciente de la fragilidad de su propia memoria y porque el registro del conocimiento era la única forma de extenderse más allá del tiempo y perdurar; los archivos son un resultado directo del proceso de organización de la sociedad que dio lugar a la aparición de las estructuras de poder (gubernamental, civil, eclesiástico, militar, etc.) y a la creación de las instituciones. Aunque el interés por los archivos no ha sido ajeno a su mismo desarrollo, han sido los productores o propietarios de los documentos y algunos sectores para quienes el acceso a estos resulta vital para la sociedad, los mayores interesados en reconocerlos como instituciones de preservación de la memoria.

EL VALOR DE LOS ARCHIVOS EN UNA SOCIEDAD SIN MEMORIA

Carlos Alberto Zapata *

* Bibliotecólogo y archivista egresado de la Universidad de La Salle en Colombia;[email protected]

1 Munford, Técnica y civilización, p. 261.


Por su parte, Silva,2 al referirse a la historia de la archivística en Portugal, sostiene que el futuro de los archivos “está determinado por aquello que sean capaces de hacer, por la interacción entre los poseedores de la información, sus productores o propietarios y lo usuarios de la misma, dentro de una sociedad orientada tecnológicamente, donde la información debe estar siempre disponible, utilizable y comprensible”. Sin embargo, como lo expresa Navarro,3 del análisis de procesos como el desarrollo generalizado de la escritura en la sociedad, el ejercicio público institucional y la empresa privada han tenido algún impacto en el reconocimiento de los archivos en la cotidianidad ciudadana y su apreciación como un instrumento necesario, como el mismo autor lo señala, para “las relaciones jurídicas, económicas y personales entre los miembros de la sociedad”.

La persistencia de la memoria

Al repasar la función que los archivos cumplen en la sociedad, se identifi can persistentemente dos roles que coexisten y que, si bien se encuentran diferenciados a lo largo de su desarrollo, no pueden desligarse entre sí: por un lado, el uso administrativo del archivo durante la vida activa de los documentos, durante el cual éstos sirven como evidencia de las actuaciones del productor; en segundo lugar el uso de los documentos como registro vivo de la memoria y cuya utilidad está mediada por el interés que revisten para la investigación histórica en el sentido más amplio; las tensiones entre estos dos polos de un mismo eje han nutrido el desarrollo de la teoría archivística a lo largo de su corta vida. La administración y la historia han sido por décadas los principales referentes de la archivística y han ocupado buena parte del trabajo de investigación tanto de esta material como de otras disciplinas afi nes o relacionadas con ella.

En la segunda mitad del siglo XX surgió un creciente interés por el uso de los archivos con fi nes diversos, motivado principalmente por razones de carácter historiográfi co; paralelamente, el archivo comenzó a ser comprendido como un elemento legitimador de la acción del Estado,

2 Silva, “La actividad legislativa y su impacto en los archivos portugueses”, p. 12.3 Navarro, La imagen del archivo…, p. 15.


recobrando parte de la esencia adquirida en la Roma antigua y que fue reivindicada después de la revolución francesa. De esta forma, tanto el uso administrativo como histórico de los documentos se ha mantenido y con él la posibilidad de preservar las fuentes documentales para su consulta y acceso.

Sin embargo, no deja de ser paradójico, como lo ha sido a través de la historia, que la preocupación por los archivos fuera una cuestión de interés sólo para unas pocas personas y profesiones, generalmente vinculadas al productor de los documentos o a su utilidad como fuente de investigación histórica. La imagen del archivo parece entonces más ligada a la institucionalidad como elemento de las estructuras de poder que a la sociedad civil, que recibe los benefi cios de dicha institucionalidad; el ciudadano común parece no reconocer o al menos no es consciente del valor de los archivos como un bien público y un elemento básico para la sociedad, situación que afecta de manera directa la conservación y preservación documental; nuestra sociedad ha visto en repetidas ocasiones cómo los archivos han sido víctimas de la destrucción, pérdida o saqueo, causados por la misma población, sin que exista alguna reacción que condene este tipo de hechos, excepto algunas noticias de prensa aisladas, que se centran en la alteración del orden público, dejando de lado el daño que dichos eventos le causan a la misma sociedad.

Aunque sería necesaria una investigación para señalar por qué los mismos ciudadanos atentan contra su patrimonio cultural, una explicación puede encontrarse en la obra de Navarro,4 quien expresa, al referirse a la representación del archivo en los siglos XVI y XVII, que “las clases subalternas” veían en el archivo un elemento que refuerza la autoridad y la opresión y lo consideran un símbolo de poder mediante el cual se mantiene el dominio sobre los gobernados. Aunque esta afi rmación se refi ere a la representación del archivo hace casi cuatrocientos años, no parece haber cambiado sustancialmente en nuestros días.

4 Ibid., p 164.


Archivos y democracia

En los sistemas democráticos el acceso a la información es invocado como un derecho fundamental, con un alto valor para la sociedad civil; en este sentido, el acceso a la información no es un fi n en sí mismo, sino un medio para lograr mejores niveles de transparencia de la gestión pública y de las actuaciones de los servidores públicos.

Sin embargo, la existencia de archivos no es exclusiva de las sociedades democráticas, pues resultan de la acumulación de los documentos de una persona, grupo social o institución en desarrollo de sus actividades o negocios y por lo tanto, como lo ha señalado Tanodi,5 son un producto involuntario de tales actividades, en particular de aquellas de carácter institucional o administrativo. Sin embargo, los archivos no han estado siempre asociados a los sistemas democráticos; de hecho, otros sistemas políticos y de gobierno han producido y conformado archivos que aún hoy se mantienen. Incluso, los regímenes totalitarios han mantenido y tienen archivos pues estos son consustanciales al ejercicio del gobierno.

Por otro lado, el derecho de acceso a la información se circunscribe al ejercicio del derecho de un ciudadano a ejercer el control de poder político en una democracia participativa; en este sentido, el derecho de acceso a la información es característico de sociedades democráticas y se materializa en el derecho que tiene cualquier ciudadano de consultar los documentos públicos, salvo cuando existen restricciones legales para el acceso a la información y el libre acceso a ésta por parte de los organismos de control del Estado. En complemento, el derecho de acceso a los documentos públicos, implica la adopción de medidas para hacer más efectiva la comunicación entre los ciudadanos y el Estado, respetando las restricciones que puedan darse legalmente como limitación de dicho acceso; en concordancia con lo anterior en la mayoría de las constituciones políticas de corte democrático, se establece el derecho de los ciudadanos a consultar los documentos públicos dentro del ejercicio de fi scalización sobre las actuaciones públicas de sus gobernantes.

En el ámbito del acceso a la información, algunas entidades como

5 Tanodi, Manual de Archivología, p. 16.


la Contraloría General de la República, la Universidad Externado de Colombia, Transparencia por Colombia y la Personería Distrital han llevado a cabo estudios que muestran cómo el derecho de acceso a la información es negado reiteradamente al ciudadano, con argumentos, que aunque válidos en el terreno de lo legal, no dejan de ser trabas reales a este derecho. Igual ocurre con el concepto del archivo para el ciudadano, el cual no ha sido analizado y que podría dar luces sobre las razones para que éste no reconozca al archivo como una fuente de información ni a los documentos como un bien público.

Archivos y participación social

El derecho a la participación y el control social son uno de los principales aportes de la democracia moderna

la participación es una forma de intervención social que les permite a los individuos reconocerse como actores que al compartir una situación determinada tienen la oportunidad de identifi carse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva, con una cierta autonomía, frente a otros actores sociales y políticos.6

La participación es un instrumento de equidad social, de superación del confl icto mediante el diálogo democrático y de transparencia de la gestión pública. Para este autor, la participación permite que el ciudadano se acerque de manera directa a los procesos de lo público; se fundamenta en el deber del ciudadano de conocer, interactuar y evaluar la construcción de una política pública, su ejecución y gestión. La participación se puede ejercer en diferentes escenarios y momentos del proceso: formulación, gestión colectiva de los asuntos de la comunidad, presentación de observaciones, sugerencias y denuncias cuando sea pertinente, o evaluación de los acuerdos para determinar si se llevaron a cabo conforme fueron concertados o si hubo desviaciones que se deban denunciar; tanto la participación ciudadana como el control social no se pueden realizar de manera adecuada y responsable

6 Tarquino, “Lo público y el poder social en Colombia”, p. 26.


sin información que haga posible evaluar los actos de una determinada gestión pública, a partir del acceso a los documentos públicos conservados en los organismos públicos, o mediante la publicidad de la información que registra las decisiones e intervenciones de dichos organismos.

Uno de los principios de la participación ciudadana, es según Duque,7 la construcción colectiva y permanente de la cultura por la protección de lo público; para ello, cada vez más la comunidad está requiriendo herramientas concretas y prácticas para realizar funciones de veeduría ciudadana; este mismo estudio señaló que entre las principales causas para la no participación se encontraron:

• Desconocimiento de los mecanismos de participación• Falta de recursos• Falta de transporte• Falta de tiempo • Horarios inadecuados• Orden público

Según los resultados señalados, la falta de información no es un elemento que la comunidad reconozca como necesario para la participación, lo cual aunque no es determinante, sí resulta un indicador útil a la hora de analizar porque la ciudadanía no tiene una percepción adecuada del valor de los archivos como parte esencial del ejercicio ciudadano.

Archivos y derechos humanos

Según lo señala el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en los últimos años

diversas iniciativas han puesto en el orden del día la defi nición de políticas públicas que suscitan refl exiones sobre las posibilidades y limitaciones del papel de Estado en la preservación y recuperación de la memoria” sobre el confl icto colombiano, en particular aquellas que se refi eren a los derechos de las víctimas. El derecho a conocer la verdad y reparar a las víctimas está estrechamente

7 Duque, “El control social…”, p. 116.


relacionado por un lado con la reconstrucción de los hechos con el fi n de impartir justicia y por otro lado con la posibilidad de contar con archivos que preserven la memoria para las generaciones futuras como fuente de consulta.8

La Universidad de La Salle desarrolla desde principios de 2009 una serie de proyectos de intervención social que permitan vincular la formación profesional con los problemas de la sociedad; uno de estos proyectos tiene que ver con los archivos y los derechos humanos; de acuerdo con el cual, “los documentos de los archivos deben hacer posible el conocimiento de la verdad y de los hechos ocurridos en el pasado” y hacer posible que “los ciudadanos puedan ejercer sus derechos –individuales y colectivos– y, si es necesario, que puedan utilizar las pruebas documentales como testimonio para reclamar la restitución de su dignidad y exigir el derecho a la verdad y a la justicia”.9

El tema de los derechos humanos ha suscitado, desde fi nales del siglo XX, una serie de acciones por parte de organismos internacionales y de los diferentes países que suscribieron la carta de Naciones Unidas con el fi n de promover en el mundo resultados concretos en los diferentes frentes relacionados con su protección. Uno de estos frentes cuyo ascenso es notorio, tiene que ver con la protección de los archivos y su valor como agente social y factor esencial al servicio de los ciudadanos, de acuerdo con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.10 Todos los sistemas de gobierno producen expedientes que registran las evidencias de sus actuaciones; siguiendo este principio, los gobiernos que violan los derechos humanos llevan archivos de sus propias violaciones, los cuales se constituyen de alguna manera en la voz de las víctimas y en muchos casos en la única voz que perdura en el tiempo.

Este creciente interés por la preservación de los archivos se puede observar en experiencias internacionales de países como Albania, Alemania, Argentina, Chile, Bulgaria, Estados Unidos, España, Francia y Georgia, y aunque es aún insufi ciente, marca una tendencia en la exigencia a los gobiernos por asegurar la conservación de los archivos que contienen

8 Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. “Mesas consultivas...”, p. 4.9 Sierra, Macroproyecto de investigación…, p. 2.10 Ibid., p. 3.


el registro de las violaciones de los derechos humanos en los diferentes continentes; o en la conformación de archivos a partir de testimonios de las víctimas y de pruebas recogidas por organismos públicos y no gubernamentales especializados en la defensa de los derechos humanos.

Sociedad, archivos y memoria

Desde principios de 2009, la Universidad de La Salle ha venido llevando a cabo, como parte del proceso de investigación formativa en el cual participan docentes y estudiantes de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, investigaciones de aula cuyo propósito es interesar a los estudiantes en el proceso investigativo en las diferentes áreas de formación y recoger información que sirva de base a procesos de investigación a profundidad. Este tipo de investigaciones está estrechamente relacionado con el proyecto educativo de la universidad y en particular con su proyección social; uno de estos proyectos de investigación tiene como punto de partida identifi car la percepción que tienen los ciudadanos y personas del común, acerca del concepto, función y valor de los archivos.

Los ejes articuladores de la investigación formativa para el caso señalado son: a) los archivos, b) el acceso a la información, c) la participación ciudadana y, d) el control social (rendición de cuentas). Desde el análisis de dichos ejes se pretende fundamentar cuál es la representación social del archivo en Colombia e identifi car los principales problemas que afectan a la sociedad por la carencia de archivos o por las difi cultades para su acceso.

Acceso a la información

Control socialy rendición de cuentas

Participación ciudadana

ARCHIVOS


Como parte del proceso de investigación formativa adelantando, se han realizado una serie de entrevistas a personas de diferentes comunidades con el fi n de identifi car: a) cual es la noción de archivo que tienen los entrevistados y, b) cual es el valor que para ellos tienen los archivos.

Aunque esta investigación está en una fase preliminar, algunos de los primeros resultados han arrojado información que permite proponer hipótesis sobre la noción de archivo para la sociedad y particularmente para el ciudadano; la mayoría de los entrevistados consideran al archivo como el lugar donde se guardan documentos; casi todas las personas que fueron entrevistadas no conciben el archivo como un activo social ni como algo esencial en una democracia; en buena parte de las respuestas se evidencia que el archivo sólo tiene utilidad para las empresas y no para el trabajo profesional o para la actividad que llevan a cabo los entrevistados; y prácticamente ninguno ha consultado un archivo público pues según lo manifi estan, la información se encuentra generalmente en las páginas web de las entidades públicas.

Aunque estos resultados no son concluyentes, y sólo se podrán corroborar una vez que fi nalice la investigación general que se está adelantando actualmente, sí permite identifi car que el concepto de archivo sólo representa la memoria de la sociedad para sectores minoritarios, en tanto que los ciudadanos para quienes se conservan los documentos como usuarios secundarios no lo identifi can con este concepto.

Acciones propuestas para articular los archivos con la sociedad

A continuación se propone una serie de acciones que pueden implementarse desde los diferentes actores vinculados a la promoción del archivo no sólo como un recurso de información para la administración o para la historia sino como instrumento de transformación de la sociedad, estrechamente vinculado a ésta.


Relación academia-sector público

Se deben establecer o desarrollar convenios de cooperación entre las entidades que ofrecen formación en archivística con entidades públicas como la Contraloría General de la República, las Personerías, las Veedurías Ciudadanas, el Archivo General de la Nación y los archivos departamentales y municipales, mediante acciones concretas como:

• Capacitación a veedores, personeros y contralores en los procesos relacionados con la función archivística.

• Realización de seminarios y foros alrededor del papel que cumplen los archivos como un elemento necesario para desarrollar los principios constitucionales de transparencia de la gestión pública y acceso a la información.

• Realización de campañas de sensibilización entre la población sobre el uso y valor de los archivos.

Acceso a la información

Participaciónciudadana

Control social

ARCHIVOS

Los archivos en la administración electrónica

Papel de los archivos en el control social a lo público. Estudios de casos

Alfabetización digital y participación

La gestión documental en la rendición de cuentas

Los archivos como instrumentos para la participación ciudadana

La gestión documental y los procesos de normalización para el ciudadano

Análisis de accesibilidad en las páginasweb de la administración pública

Obstáculos que se oponen al acceso a lainformación conservada en los archivos

Tipificación de las quejas de la ciudadanía sobre el acceso a la información pública


Formulación y evaluación de políticas públicas

Generar espacios de discusión alrededor del archivo que permitan analizar las políticas públicas relacionadas con el acceso a la información y proponer políticas que redunden en benefi cio de la población, aumenten la confi anza de la comunidad y fortalezcan el valor de los archivos como instrumentos útiles para consolidar la participación de la ciudadanía en la gestión de lo público. Se deben proponer políticas en cuanto a:

• Estructura de la información que se divulga a través de sitios web de la administración pública.

• Estándares de metadatos para la descripción de los documentos de la administración que se publican a través de internet

• Normalización de los documentos públicos que se divulgan a través de de las páginas web de la administración pública.

• Evaluación de las políticas públicas y su relación con los archivos y documentos.

El archivo como mediador en procesos pedagógicos

Uno de los factores que mayor peso tiene sobre la formación ciudadana es la educación. En la escuela se llevan a cabo hoy en día procesos de impacto para la sociedad a través de estrategias que buscan formar nuevas generaciones de ciudadanos, comprometidos con los principios de una sociedad democrática, apoyada en valores comunes y en el desarrollo de la libertad con responsabilidad.

En este escenario es imperativo que los niños desde temprana edad se familiaricen con los archivos como un activo social, en donde reposa la memoria de la sociedad; la formación en ciudadanía y democracia que se ofrece en la educación básica y se extiende a otros niveles de la educación es incompleta si estos nuevos ciudadanos no tienen una representación apropiada de lo que los archivos signifi can para una democracia.

Se trata por lo tanto de acercar a los estudiantes de básica y secundaria a los archivos como mediación en los procesos pedagógicos, mediante acciones como:


• Visitas guiadas a los archivos públicos e históricos, así como a archivos empresariales relevantes, para vincular en el imaginario de los niños y jóvenes la importancia de estos en la sociedad.

• Elaboración de guías didácticas para la enseñanza de las ciencias, a partir del conocimiento conservado en archivos de todo tipo.

• Promover el trabajo de investigación desde el aula, a partir de fuentes primarias conservadas en archivos públicos y privados de interés público e histórico.

• Hacer explícita la importancia de los archivos en los problemas actuales de la sociedad en aspectos como la protección de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la consolidación del sistema democrático.

Conclusión

Los archivos han estado presentes desde los principios de la sociedad como un resultado natural de los procesos que dieron origen a la civilización; a pesar de que existe una relación natural entre dichos procesos y la formación de los archivos, existe diferentes concepciones acerca de lo que los archivos representan para una sociedad. Los archivos registran los acontecimientos del presente preservándolos para el futuro. No obstante, a lo largo de los siglos, el archivo ha estado siempre vinculado a un concepto de secretismo, que ha sido heredado de una generación a otra.

El registro y la cancillería como primeros antecedentes del archivo en España11 dan cuenta del esmero de la corona española por la organización de los documentos, teniendo en cuenta la creciente complejidad de la burocracia del reino. El interés por esta organización no provenía como es de esperarse de los súbditos o subordinados, sino de los responsables de conservar los documentos y facilitar su acceso cuando se requirieran. De igual forma, los historiadores, cuya infl uencia en los círculos de poder ha sido una constante, promovieron la necesidad de contar con sistemas de organización que facilitaran el acceso a las fuentes documentales, aunque no siempre bajo criterios adecuados.

11 Martin Pozuelo, La construcción teórica en archivística, p. 7.


La aparición del ciudadano como usuario de los archivos es relativamente nueva y está asociada al desarrollo de los sistemas democráticos como forma de gobierno y a la democracia como fundamento de la sociedad moderna. No obstante lo anterior, el ciudadano no tiene una noción del archivo que corresponda con su importancia para la sociedad; así, los archivos son considerados como una parte de la memoria colectiva de los pueblos, pero esa misma sociedad, en su forma individual, no es consciente de que los archivos conservan activos de conocimiento y como tales representan la memoria de la sociedad.

Son innumerables los casos en los cuales la población, al reaccionar ante eventos que le son adversos o ante la inefi ciencia e inefi cacia de la acción estatal, ejecutan acciones contra las autoridades (civiles, judiciales, militares y de policía, eclesiásticas, etc.) que se traducen en saqueos a las instalaciones y destrucción de los bienes públicos, incluyendo los archivos. Los noticieros exhiben con frecuencia imágenes de televisión en las cuales los mismos ciudadanos prenden fuego a expedientes sustraídos de las ofi cinas públicas, sin que nadie (excepto las mismas autoridades) de la población proteste por tal situación.

¿Qué imagen tiene entonces el ciudadano del común acerca del archivo? ¿Por qué atenta contra un bien público que más adelante va a necesitar? ¿Es consciente de que los documentos que destruye pueden ser en el futuro la única garantía para la protección de sus derechos? ¿El ciudadano percibe los documentos como una extensión del concepto de autoridad y dominio? Es evidente que parte de la repuesta a estos interrogantes se encuentra en la falta de conciencia que la sociedad tiene sobre el valor y función de los archivos; desde temprana edad, los niños adquieren conciencia de la importancia que para una sociedad tienen instituciones como la escuela, la biblioteca pública, los hospitales, por citar algunas, cuya imagen se va formando desde los primeros años de educación.

Los archivos contienen la información vital para una sociedad como la nuestra; en ellos se conservan los documentos que registran por ejemplo, los movimientos de la población (migraciones, desplazamiento forzado, etc.), la evolución de nuestra economía (conservada en los archivos de las empresas y gremios económicos), el desarrollo de nuestro sistema político (los archivos de los partidos políticos), el movimiento sindical y gremial


(en los archivos de los sindicatos, las asociaciones profesionales y los gremios), la memoria de los derechos humanos (archivos de organismos no gubernamentales e internacionales especializados en derechos humanos), la evolución urbana (archivos de constructoras y curadurías); la lista es tan extensa que no puede abarcarse en este artículo.

Sin embargo, este breve listado sirve para ilustrar la necesidad de reposicionar la imagen del archivo en el ciudadano del común, para lo cual se requiere una decidida acción de los diferentes actores que promueven el desarrollo de loa archivos del país, tales como los archivos públicos, las asociaciones de archivistas y las instituciones que ofrecen programas de formación en archivística.

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Zapata, Carlos Alberto, Macroproyecto de archivos y democracia, Bogotá Universidad de La Salle, 2009.

RESEÑAS


Este libro –cuya primera versión fue la tesis doctoral del autor– analiza los orígenes, características y consecuencias de los tratados de aguas fi rmados por México y Estados Unidos en 1906 y 1944. La obra se divide en siete capítulos que, en general, guardan un orden cronológico y siguen la trayectoria de los tratados desde sus antecedentes más tempranos en 1896 hasta la ratifi cación del segundo tratado en 1946. La investigación de Samaniego se fundamenta en una gran cantidad y variedad de fuentes primarias y secundarias localizadas en archivos y bibliotecas de México y Estados Unidos. La vastedad de la información que maneja el autor y el amplio número de protagonistas involucrados en los tratados hacen que, por momentos, la lectura sea demasiado compleja. Sin embargo, más allá de ello, el libro posee varias cualidades que vale la pena comentar.

El primer atractivo del trabajo es su dedicación a la historia de México en

ENTRE RÍOS TE VEAS

Isabel Avella Alaminos

Marco Antonio Samaniego López, Ríos internacionales entre México y Estados Unidos. Los tratados de 1906 y 1944, México-Mexicali, El Colegio de México-Centro de Estudios Históricos / Universidad Autónoma de Baja California, 2006.


el siglo XX. El simple hecho de abocarse a esta etapa histórica del desarrollo de nuestro país tiene ya su mérito, pues, en términos relativos, existen pocos estudios históricos referidos a ella. Pero, además, el autor se centra en los usos sociales del agua y sus implicaciones en la frontera norte, un aspecto de gran actualidad que le permite relacionar los tratados de aguas internacionales de 1906 y 1944 con las discusiones recientes sobre la deuda de agua de México con Estados Unidos. Así, el libro es una demostración de que la historia como disciplina es capaz de aportar elementos valiosos de análisis para debatir sobre confl ictos contemporáneos.

El segundo acierto del texto radica en que cuestiona la visión convencional de las relaciones México-Estados Unidos. El autor examina los tratados mencionados con la idea de demostrar una tesis provocadora y sugerente a la vez: dichos acuerdos fueron el resultado de sendos procesos de negociación, no de una imposición por parte de la Unión Americana hacia México, y estuvieron determinados por circunstancias geográfi cas y por las transformaciones en los usos sociales del agua en los dos países, más que por la asimetría política y económica de fuerzas entre ambas naciones.

El rechazo del esquema país fuerte-débil para entender las relaciones bilaterales permite al autor reconstruir una historia más rica, verosímil y compleja de cómo se tejieron los vínculos mexicano-estadounidenses a propósito de los tratados de aguas. Para realizar este ejercicio Samaniego emplea varios planos simultáneos de análisis: por un lado, examina los intereses concretos que estuvieron en juego en la discusión sobre el aprovechamiento de los ríos Colorado y Bravo por parte de México y Estados Unidos, en segundo lugar, el contenido de los tratados y de la normatividad para el aprovechamiento de las aguas, y, fi nalmente, la aplicación y los efectos reales que se derivaron de dicha legislación. Gracias a este estudio tridimensional se vuelve factible desmentir algunos lugares comunes en la historiografía en torno a las relaciones México-Estados Unidos, como la concepción de los acuerdos bilaterales como pactos entre países, o la idea de que la dependencia que une a México con la Unión Americana es unilateral.

Samaniego muestra que la negociación de los tratados, más que encarar a un país con otro, enfrentó a los estados ribereños superiores e inferiores de ambos países (es decir, a los que recibían un mayor y un menor caudal de los


ríos, respectivamente), de ahí que haya habido coincidencias transnacionales entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, y diferencias intra-nacionales como el choque entre Colorado y Nuevo México con Texas.

Por otro lado, si bien existió dependencia económica de las zonas fronterizas de México con respecto a Estados Unidos, ya que éste las dotó de agua, inversiones y tecnología gracias a las cuales pudieron abrir tierras al cultivo y urbanizarse, dicha dependencia también operó a la inversa. Nuestro país poseía un mayor caudal de agua en el bajo río Bravo que alimentaba a Texas y podía amenazar el abastecimiento hidráulico de este último estado con obras como la presa La Boquilla, amén de que debía autorizar ciertos trabajos, como el levantamiento de bordos en Baja California, para no perjudicar a los estados sureños de Estados Unidos.

La tercera virtud del libro se refi ere a la delimitación del espacio histórico propuesta por Samaniego, que es ilustrada mediante una serie de mapas de gran utilidad. Por el título de la obra, podríamos pensar que se trata de una investigación más acerca de la historia de las relaciones internacionales de México. Sin embargo, el contexto internacional ocupa un segundo plano; el escenario central lo constituyen, en cambio, las zonas fronterizas en el norte de México y el sur de Estados Unidos que se hallan conectadas por las cuencas de los ríos Colorado, Bravo y Tijuana. De esta forma, el texto continúa implícitamente con la tradición de historia regional que ha subrayado la necesidad de identifi car espacios históricos acotados en función de su dinámica propia, no de los ritmos nacionales.

Dicha delimitación permite pensar en la frontera norte de México y la frontera sur de Estados Unidos como dos regiones que, pese a haber quedado separadas desde 1848, continuaron estando vinculadas, no tanto por el simple hecho geográfi co de compartir las cuencas naturales de los ríos, sino debido a las transformaciones que sufrieron los usos sociales del agua de ambos lados de la frontera; fue este segundo factor el que propició que se formara una región socioeconómica binacional con vínculos operativos transnacionales.

Por otro lado, para establecer la cronología de cómo evolucionó este espacio en la primera mitad del siglo XX, el autor se deslinda del corte de 1910 e identifi ca los tiempos de su devenir en función del proceso central que subyació a los tratados de 1906 y 1944: la transformación de los usos


sociales del agua. Esto le da la pauta para trazar una visión de largo plazo de cómo cambió el problema de los usos del agua en el norte de México y el sur de Estados Unidos, desde el porfi riato hasta la posrevolución.

Ahora bien, como en cualquier libro, en Ríos internacionales entre México y Estados Unidos… quedan algunos cabos sueltos que, a mi juicio, se podrían aprovechar mejor en futuras investigaciones para enlazar la temática del libro con tópicos más globales. A manera de ejemplo, mencionaré tres de ellos.

En primera instancia, hace falta una referencia más sistemática y explícita a la forma en la que la problemática internacional infl uyó en los tratados. El autor señala que las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá para la utilización conjunta de los ríos internacionales en su frontera presionaron al primero para defi nir las condiciones de sus acuerdos con México en 1906. Valdría la pena ahondar en la cuestión y relacionarla con un dato que aparece sólo a pie de página, pero que merece una mayor atención: el hecho de que México también se cuidó de negociar el tratado de 1944 pensando en las implicaciones que tendría para pactar acuerdos similares con Guatemala. Con base en ello podríamos engarzar el análisis de los acuerdos de 1906 y 1944 con la naturaleza y la evolución generales de las zonas fronterizas en el norte y el sur de nuestro territorio, comenzar a distinguir la historia del norte de México, a secas, de la historia de la franja fronteriza con cuencas versus otras regiones del norte, así como entender mejor otra referencia marginal en el texto: la oposición, en 1945, de trabajadores de Tabasco y Chiapas –en principio, ajenos a la realidad del norte– a la entrega de agua del Río Bravo a Estados Unidos.

La segunda ausencia que convendría explotar es la información que México generó y difundió en relación con los tratados de 1906 y 1944. El libro dedica más atención a las circunstancias que infl uyeron en la postura estadounidense que a la visión mexicana del problema porque buena parte de los datos que el autor tuvo a su disposición fueron generados en Estados Unidos. Samaniego comenta que hubo poco interés por el tema en México, pero resulta difícil pensar que, por lo menos en los territorios y estados norteños a los que concernía directamente el asunto de los ríos internacionales, no se haya producido material sufi ciente para reconstruir su postura específi ca. ¿La información no se generó a causa de la indiferencia,


la ignorancia o la falta de visión sobre la cuestión? ¿O más bien estamos ante una paradoja propia de otros temas de la investigación histórica sobre el siglo XX mexicano, a saber, que ha sobrevivido menos evidencia para hacer historia de la primera mitad de dicho siglo que del XIX o la época colonial? Habría que acercarse más a los archivos locales, estatales y privados para aclarar el punto y conocer la posición y las acciones de las zonas fronterizas de México, sus agricultores, empresarios y políticos.

Por último, también sería deseable abundar en la relación de la historia nacional con la historia regional. Samaniego comenta que tanto en 1906 como en 1944 el Estado mexicano que negoció con Estados Unidos fue un Estado fuerte, pero ¿qué tan parecidos eran uno y otro? Asimismo, queda claro que con el tiempo el Estado mexicano reunió más elementos para negociar, e incluso los buscó para llegar con mejores cartas bajo el brazo. Sería importante refl exionar en los efectos que esta mayor disposición de información tuvo en la percepción del Estado mexicano acerca de las zonas fronterizas del territorio nacional y del papel que debían desempeñar en la política económica nacional.

Estas omisiones no menoscaban el trabajo realizado por el autor, por el contrario, son líneas de análisis que se desprenden de su investigación que, sin duda, se convertirá en una referencia importante para quienes se interesan tanto en la historia de México, y en particular del norte, a lo largo del siglo XX, como en la historia de los usos del agua y de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.


Este libro, aunque se sitúa en uno de los periodos más abordados por la historiografía mexicana (el porfi riato), tiene la difícil virtud de ser original. A través de un texto perfectamente estructurado y pensado, la autora nos ofrece una mirada distinta para ver y recorrer las calles de la ciudad de México de principios del siglo XX; ciudad que gracias a las políticas emprendidas por el Estado, despertaba a la tan ansiada modernidad.

La investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta como actores fundamentales de esta transición a los comerciantes de la capital mexicana; específi camente se refi ere a los discursos emitidos por ellos en sus anuncios publicados en El Mundo Ilustrado entre 1905 y 1908. Y es que un nuevo espacio de expresión empezaba a conformarse

EXPOSICIÓN PERMANENTE

Edith Hernández Durana

Denise Hellion Puga, Exposición permanente: anuncios y anunciantes en El Mundo Ilustrado, México, INAH/UAM-A, 2008.


en la prensa mexicana: la publicidad. Este elemento incidiría de manera defi nitiva, a través de la incorporación cada vez más frecuente de imágenes, en la acción y en los hábitos de los ciudadanos.

A su vez, la refl exión de la autora, en torno de la prensa como objeto de estudio, permite cavilar sobre la importancia del análisis de las fuentes hemerográfi cas, pues como se señala en el texto éstas son relevantes no sólo para la comprensión de una época, sino también para descubrir y elaborar interpretaciones originales, donde nuevas voces cobran vida. En este caso las de los anunciantes de El Mundo Ilustrado. Esta revista semanal, de presentación lujosa, imágenes memorables y edición bien cuidada, fue el objeto de atención de numerosas familias acomodadas y el espacio en el que la mujer surgió como lectora y consumidora. Heredero de una gran tradición periodística, iniciada en 1885 por Rafael Reyes Spíndola, El Mundo Ilustrado se insertó en la línea de lo que la autora llama la “prensa moderna”, que se caracterizó, principalmente, por sus constantes innovaciones técnicas, la consolidación de una lógica empresarial, la división en secciones, la inserción de anuncios y la aparición de un lenguaje visual.

Pero ¿quiénes eran los comerciantes-anunciantes de El Mundo Ilustrado? Hellion, en este punto, presenta una imagen de estos personajes emisores del discurso, principalmente de origen extranjero, con gran poderío económico y político. ¿El objetivo? establecer el horizonte desde el cual emitieron dichos mensajes. En este sentido, la autora elabora una refl exión sobre las características de esta comunidad mayoritariamente inmigrante, los lazos de paisanaje que establecieron y las condiciones en que se integraron y fueron asimilados por la sociedad de aquella época.

En el recorrido marcado por Hellion Puga se aborda también la importancia que tuvo el comercio para el desarrollo económico de México, así como su infl uencia en el crecimiento, diseño, construcción y distribución espacial de la ciudad. Los grandes almacenes surgieron como espacios distintivos de la urbe capitalina, y su presencia en las páginas de El Mundo Ilustrado fue punto clave para la conformación de un mercado y el establecimiento de una nueva cultura de consumo, cuna de la vanguardia comercial en México. El Palacio de Hierro, El Puerto de Veracruz, El Puerto de Liverpool y El Centro Mercantil fueron muestra de ello, así como algunas tiendas de lujo y novedades instaladas en la antigua calle de Plateros.


Para vender se promovió la idea de que a través de la compra en esas casas comerciales –“que eran las formas de expresión de la civilización más adelantada”– se podía acceder a lo exótico, a lo excéntrico de la modernidad. Pronto los objetos, colocados en mostradores o cuidadosamente expuestos en amplios escaparates, se volvieron obsoletos con independencia de su situación material, al mismo tiempo que la identidad de los citadinos empezó ligarse intrínsecamente al atuendo que portaban. Este imaginario del consumo, visto como expresión cultural, civilizatoria, que en todo sentido cambió la antigua lógica comercial, fue el que se expresó detalladamente en la publicidad de dicho semanario.

Bajo el planteamiento y confl uencia de los elementos mencionados con anterioridad, Denise Hellion se encamina al objeto de su análisis: los anuncios de El Mundo Ilustrado. Espacios donde comercio y modernidad fueron presentados en forma artística y seductora, mediante el uso de elementos publicitarios como la arquitectura, el prestigio y la imagen femenina, con la fi nalidad de reforzar la identidad de las casas comerciales y convertir al lector en consumidor.

A lo largo del último capítulo del libro destacan las novedosas formas de promoción de El Palacio de Hierro, El Puerto de Veracruz, El Paje, la cristalería Pellandini, La Perla, Singer, Cervecería Cuauhtémoc, Cervecería Moctezuma y El Buen Tono. Resulta imposible no disfrutar al sólo verlas.

Es así como Hellion traza la línea que nos conduce a un mundo en constante movimiento y transformación, donde la sociedad transitó por las calles de lo aparente y lo real, ventana que en cierto sentido fue el laboratorio de comerciantes y productores, el lugar para explorar nuevos medios de publicidad: los anuncios en El Mundo Ilustrado.

Este libro coeditado por el INAH y la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco arroja luz sobre temas que han sido poco explorados, a la vez que sugiere nuevos temas de análisis historiográfi co. Se nota la pasión y empeño dedicados por la autora, y es sin duda un libro de indispensable lectura.

DOCUMENTOS DELARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN


Imagen de portada

Este documento pictórico que ilustra la portada y contraportada del presente número es la representación visual de un terreno que fue objeto de un litigio por posesión de un sitio de estancia y dos caballerías en el cerro Aguayo, entre los naturales de Santa Catalina, provincia de Chalco y Francisco Toucedo de Brito.

El mapa está registrado en la Mapoteca del AGN con el número 1155 en la colección Mapas Planos e Ilustraciones (Mapilu)1 y acompañó al manuscrito que se localiza en el fondo documental Tierras, volumen 1631, expediente 1, cuaderno 11. Los tribunales novohispanos del siglo XVI al XVIII exigían la presentación de mapas y planos.2 Este es un ejemplo de una descripción física dirigida por funcionarios y agrimensores, con el fi n de preservar segmentos de tierra, medidas de terrenos, chinampas y construcciones.

El documento data del año de 1656 y fue realizado por orden de Gaspar Fernández de Castro, oidor de la Audiencia Real de Nueva España. Al reverso del mapa se encuentra un manuscrito donde se indica que se trata de una copia del fresco localizado enfrente de la escalera del convento de San Pedro Cuitláhuac. El escrito expresa que a la copia se agregaron los nombres de las localidades aledañas a los cerros:

Esta es una copia de la Pintura que esta enfrente de la escalera del Convento de San

Ma. Inés Ortiz CaballeroGuillermo Sierra Araujo

1 AGN, Mapilu, planero 7, cajón 5, pieza número 1155.2 Joaquín Galarza, Amatl Amoxtli, el papel, el libro, México, Ed. Tava, 1986, p. 104.

Santa Catalina, San Pedro Cuitlahuac, San Francisco Tetlalpa, Chalco.


Pedro cuitlahuac que se cotejo Con los mapas antiguos De los Naturales de S[an]ta Catalina Como se Refi ere en la diligencia y aunque aquí Se muestran Los Cerros Con distincion no La tienen en la Pintura original Por estar gastada del tiempo y el s[eñ]or oidor Lo mando Poner Por advertencia y lo fi rmo en esta copia de dicha Pintura, fecho en el pueblo de Santa Catalina sujeto al de San Pedro cuitlahuac jurisdiccion de la provincia de chalco á siete dias del mes de Henero de mill y seiscientos y cinquenta y seis años.3

Información que se comprueba en el cuerpo del manuscrito en las fojas 93 vuelta y 94.

La función de este documento es la de legalizar la tenencia de los terrenos descritos, apuntando los nombres de los topónimos, reconociendo los puntos más representativos, como los templos, los caminos, los cerros. No se detalla cada elemento ni tampoco se proporciona una escala exacta, simplemente se maneja la orientación cardinal y medidas aproximadas tomando como referencia los sitios identifi cados. Al observar el mapa se localizan las siguientes poblaciones representadas por sus respectivas parroquias: San Pedro Tlahuac, San Francisco Tekalpa, Santa Cruz Tepintitlan, Santa Catalina, Quautitlquaja y Xuacinco Santa Maria Asunción. Asimismo, se ubican otras poblaciones asentadas hacia el sur como Bartolo, Santa Ana, Santiago, San Pablo, San Antón y Xuchimilco (sic).

El mapa no está fi rmado, aunque al parecer fue hecho por Pedro de Sandoval. El anonimato es una característica común en estos documentos, cuyo fi n no es cumplir con cánones estéticos y ser reconocidos y adulados a través de un nombre. De hecho, la técnica empleada en estos mapas no es estilizada, los trazos son simples y la aplicación del color es tenue; en este caso resalta el color negro en los trazos de las parcelas y el fl ujo de las aguas, así como el rojizo de los templos y los caminos principales para crear el efecto de un sugerido volumen. Es un diseño en un plano, sin perspectiva, cuya única característica es la de justifi car la localización del terreno en un litigio.

La presentación a los lectores de este documento de gran valor tanto histórico como artístico intenta evitar que permanezca solamente como prueba y complemento de un juicio de tierras.

3 AGN, Mapilu, planero 7, cajón 5, pieza número 1155 vuelta.4 AGN, Tierras, vol. 1631, exp. 1, cuaderno 11, f. 92.


INTRODUCCIÓN

Idalia González Castillo

La capitulación de San Blas

A principios de 1811 la causa independentista había acumulado victorias y conseguido muchas plazas. José Antonio Torres logró imponerse en la Nueva Galicia; Rafael Iriarte controlaba León, Aguascalientes y Zacatecas; Luis de Herrera y Juan Villerías ocupaban San Luis Potosí; Benedicto López avanzaba sobre Toluca y Zitácuaro; José María Morelos daba inicio con su campaña en el sur; Julián Villagrán y Miguel Sánchez tomaban el valle del Mezquital; José María González Hermosillo encabezó rebeliones en las provincias internas de Occidente y José María Mercado tomó las plazas de Tepic y San Blas.

Mercado nació el 13 de diciembre de 1781 en Téul, Zacatecas; estudió en el Seminario Conciliar de Guadalajara; se desempeñó como profesor en el colegio clerical y más tarde fue párroco de Ahualulco. Entre sus logros destaca la proclamación de la independencia de Ahualulco en noviembre de 1810 con la colaboración de Juan José Zea, quien era subdelegado de ese poblado; así como la toma de Tepic y el puerto de San Blas.

El primero de diciembre del mismo año, Mercado logró la rendición del capitán de fragata del puerto, José Lavayén, sin que éste opusiera resistencia. Mercado le permitió huir a Tepic, mientras él tomó posesión de víveres y armas que utilizó en apoyo al movimiento insurgente. Esta acción lo hizo acreedor del nombramiento de Comandante General de las Armas del Poniente. Sin embargo, tras tomar Tepic y San Blas fue derrotado, traicionado y muerto en enero de 1811.

Los extractos documentales que presentamos relacionados con este episodio forman parte de expedientes del tomo 916 del fondo Operaciones de Guerra que trata sobre la causa seguida contra el capitán de fragata de la Real Armada y Comandante del Apostadero de San Blas, José Joaquín


de Lavayén, entre otros, por haber capitulado a favor del cura José Maria Mercado.

En primer lugar presentamos la primera foja del expediente número 1 sobre el nombramiento de Pedro Celestino Negrete como fi scal; seguimos con cinco de las seis fojas (de la 4 vuelta a la 6 vuelta) del expediente número 2 sobre la declaración del primer testigo: Felipe García, y concluimos con la sentencia dictada a los acusados en la causa formada por la capitulación de San Blas. Esta sentencia se encuentra comprendida en los expedientes números 69 (foja 322), 70 (fojas 332-334) y 71 foja (325). Tal dispersión se hace notar en el índice del volumen, donde se especifi ca que a pesar de la división de expedientes se trata de un mismo asunto.

Canciones de guerra

Poco tiempo después de la victoria de Mercado en San Blas, la causa insurgente sufrió una derrota muy costosa en Puente de Calderón, Jalisco, donde participaban cerca de cien mil insurgentes comandados por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo contra las fuerzas realistas dirigidas por Félix María Calleja.

Al principio, los insurgentes dominaban la batalla a pesar de las diferencias de armamento; sin embargo, la explosión de una granada que destruyó gran parte de la artillería mexicana, causó un incendio que les impidió buena visibilidad sobre el enemigo y creó una ola de desesperación y terror entre los insurgentes; esta situación fue aprovechada por el ejército rival.Después de esta victoria, Calleja ocupó al día siguiente Guadalajara y le ordenó al brigadier José de la Cruz recuperar San Blas.

Ante esta derrota, Hidalgo acordó con Allende, Aldama y Jiménez retirarse hacia el norte para buscar apoyo económico y en armas que les permitieran continuar con la lucha; así lograron entra en Saltillo a principios de marzo, pero al ser delatados los aprehendieron en el paraje conocido como “Las Norias de Baján” y fueron puestos a disposición de las autoridades virreinales. Procesados y condenados a muerte, unos en Chihuahua y otros en Durango, sus cuerpos fueron decapitados y sus cabezas colocadas en las cuatro esquinas de la alhóndiga de granaditas en Guanajuato.

Aquí se presenta completo el expediente 40 del vol. 879 del fondo


Operaciones de Guerra donde se le informa al virrey sobre la remisión de un ofi cio del comandante general de Yucatán y de una canción patriótica escrita con motivo de la noticia circulada de la aprehensión del cura Hidalgo y demás jefes de la insurrección.

Tanto en los documentos relacionados con La capitulación de San Blas como en Canciones de guerra se respetó la ortografía original y sólo se incluyeron corchetes para marcar los fragmentos con puntos suspensivos, completar algunas palabras o señalar que éstas fueron testadas.


LA CAPITULACIÓN DE SAN BLAS


f. 1

Jurisdicción militar N° 114. (testado)Ciudad de Guadalajara año de 1811Legajo 6Indiferente de guerra N° 560Real MarinaCriminal

Contra el Capitan de Fragata de la Real Ar-mada Comandante del Apostadero de San Blas DonJose Joaquín de Lavayen; el Alferez de la misma DonAgustin Bocalan; Don Manuel Lopez de Cotilla, Capitan del Batallon Provincial de Milicias de Guadalajara; y los tenientes de Navío Don Ja-Cobo Murphi, Don Ramon Moyua: el teniente de Fragata Don Antonio Quartara: el primer pilotocon grado de Alferez de Fragata Don José Maria Narváez: el teniente de la Compañía fi ja delApostadero Don Manuel Buentiempo, y los Capi-tanes, Don Juan de Hecharte de Dragones de Nueva Galicia,Don Martin Gutierrez del Batallón Provincial de Mili-cias de Guadalajara y Don Francisco Pacheco de MiliciasUrbanas, acusados de la entrega del Apostadero de SanBlas, que hicieron por capitulacion al cura del pueblodel Ahualulco Jose María Mercado, que capitaneaba a losrebeldes de la insurrección de este Reino de Nueva España.[J]ueces fi scales Don Pedro Celestino Negrete teniente de Fragata de la Real Armada, y Don Antonio Palao, tenientedel Real Cuerpo de Artilleria.Secretarios.Don Luis Garcia de Aguirre tenientede las Milicias de Infantería Provin-cial de Toluca, [Don] Manuel de Cas-tro subteniente de [foja rota] de las mismasy Don Rafael [foja rota] subtenientedel Regimien[to Provi]ncial deSan Blas.


f. 4v[Fragmento de la declaración del primer testigo Felipe García]

[…]mañana embarcaron algunos su equip[aje]siendo de este numero el capitan de Pa[i-]sanos Echarte, quien pido al declarant[e]una embarcacion para conducir a bordo [los]efectos de su compañía sin causarle malic[ia]por creer que seria una precaucion parael caso de verse obligados a alguna reti-rada; el mismo día 30 volvio Don Agustin Bocalan a parlamentar con el Cura [Mer-]cado, y por la noche se citó a junta con[cu-]rriendo a ella todos los referidos de todasclases, y en la que se leyo un papel. Capi-tulacion acordada con Mercado por el Al[fe-]rez de fragata Don Agustin Bocalan, comoparlamentario, y comisionado por el Coman-dante de cuyo contenido le parece al declara-te [h]a de tener una copia el paisano Don Juan Ve-larde; seguidamente se trató de botar sobre si debían o no rendirse exigiendo el comandante a cada uno su voto por escrit[o]en papel separado; que el declarante vo[to] por la posible defensa, con consideracion [¿?]cuarenta y ocho o cuarenta y nueve quin-tales de polvora, quince tiros de metra[lla]por cañon, y como veinte id de bala queexistian, y que si concluidos estos conti-


f. 5

nuaban los ataques, se hiciera una reti-rada honrosa en los buques de bahía, si-endo estos dos bergantines del apostade-ro, una Goleta y una balandra mer-cantes; que no sabe el dictamen de los de-mas vocales a excepcion del de Don MateoPlovver, que fue el de echar a pique los ber-gantines y batirse, por haberse retiradosin haber podido saber el resultado gene-ral; que a las once de la misma noche vol-vio a la casa del comandante para tomar la orden, e irse a la lancha que mandaba enel estero de Christobal, y al decir si man-daba algo, le contestó dicho señor, ya no es me-nester, hallandose en su compañía Don MateoPlovver y Don Agustin Bocalan sin sospe-char todavia el declarante nada de la ren-dicion, ocurriendole solamente que la contesta-cion de la junta habria sido llevada por al-gun otro y no por Bocalan, respecto a que el esta-ba allí, que seguidamente se salio con la i-dea de irse a su bordo, pero que diciendole ala salida Don Juan Santibañez, que los señoresoidores habian salido diciendo iban a recorrer las baterias, trató de averiguarpersonalmente si se hallaban o no en ellas


f. 5v

que no encontrandolos, y si al capitan [¿H?] E [char]te que andaba recogiendo su gente para emi[grar-]se vino en conocimiento de que se habia hechola capitulacion, lo que le confi rmo el mis-mo señor Comandante a cuya casa se fué des-pues en esto. Preguntado.si considera que la plaza se hallaba, o no en Estado de defensa que diga que clase de forti-fi caciones habia en ella y si tenian conoci-mientos en la clase de enemigos que intenta-ban atacarlo, dijo: que la plaza estaba su-fi cientemente fortifi cada, teniendo una [ba-]teria de cinco cañones de a ocho en San Joséotra llamada Santiago de cuatro [culebras]mas de a cuatro, otra llamada de Guadalupecon seis cañones, dos de a veinte, y cuatrolos restantes de a seis; y otra en el parajeque llaman la Contaduria de tres a cuatrocañones, tres lanchas cañoneras en el Es-tero de Christobal, una con un cañon deveinte y cuatro, y van dos restantes con unade a seis cada una, por la parte del arse-nal en la fragata Concepcion cuatro ca-ñones del calibre de a seis, y una lancha ca-ñonera con un cañon de a veinte, y cuatromas unas baterías nombradas el conti [¿?]


f. 6

que le parece tenian catorce cañones de to-dos calibres, cuyas fuerzas considera sufi ci-entes para resistir algunos ataques con respecto a la polvora y municiones dichas, pero que in-fi ere que los que votaron a favor de la capitu-lacion se fundaron en la insubordinacionde los paisanos armados, los que con motivosde haber depositado en el Castillo sus terci-os, algunos se dedicaban mas a su cuidadoque al de la defensa natural [testado] general, y queen cuanto al de las fuerzas enemigas solo se sabia lo que decia Don Agustin Bocalan, es-to es que habia como dos mil hombres en todaarma y que un insurgente le habia informado que aguardaban como seis mil. Preguntado. Que numero y clase de gente habia parala defensa dijo: que habia como trecientosa cuatrocientos hombres, entre marineria, y maestranza, sin armas destinados para lasbaterias, mas unos trescientos Europeos pai-sanos armados de fusil la mayor parte, que eran los que formaban las compañias delseñor Coronel Ricacho, y varios capitanes, mas omenos veinte soldados a quienes se les habiaquitado las armas por desconfi anza que e-ran de la compañía fi ja de San Blas. Preguntado, en que disposicion se hallaba el pueblo pai-sano de San Blas, y si consideraba que les ayu-


f. 6vta

darian, o no para la defensa, y si habian [he-]cho alguna insinuacion con ellos por me-dio de su juez, su cura u otro alguno, dijoque ignora si se dio algun paso sobre el [par-]ticular, y que el no contaba mas que con la [gen-]te que servia al Rey y que lleva referida an-teriormente.Preguntado si la Plaza se hallaba provista de vive-res, y si sabe que se hubiesen dado providen-cias para el efecto dijo: que solo le consta que ha-bía un poco de maiz, y algun ganado sinver para que numero de dias era sufi cientey una porcion de harina, y quero, procedentedel cargamento de una Goleta, y se esperoun bergantin particular cargado del mismogenero que tambien le consta que el Comandantedel apostadero pasó orden al Ministro Con-tador para que abasteciese de viveres la Plazapero que ignora porque no tuvo efecto.Preguntado si sabe porque orden se hicieron a la velalos bergantines, y si lo verifi caron antes odespues de la capitulacion dijo: que consideraseria con orden del señor Comandante del Apos-tadero, pues como a las tres y media de lamañana del día 1° de diciembre fue el que declarade orden de dicho señor Comandante a llevar unofi cio al de el bergantin San Carlos despu[és]de estar hecha la capitulacion.


f. 322vta

[…]*SentenciaHabiedose formado por el señor Do An-tonio Palao capita graduado de Infate-ria retirado y agregado al Real Cuer-po de Artillería del Ejercito de Reser-va, el proceso que procede contra el ca-pitan de Fragata de la Real ArmadaComandante del Apostadero de San Blas

* El fragmento que precede a la sentencia no se transcribe.


f. 323

Don José Joaquín Lavaye, el Alferez de Fraga-ta Don Agustin Bocalan, Don Manuel LopezCotilla capitan del Batallon Provincial de Mi-licias de Guadalajara, y los Tenientes de na-vio Don Jacobo Murphy, y Don Ramon Muyúa.El Teniente de Fragata Don Antonio Quartara,el primer Piloto con grado de Alferez deFragata Don José María Narvaez: el teniente de la compañia fi ja del Apostadero Don Ma-nuel Buentiempo, y los Capitanes Don Juande Echarte de Dragones de Nueva Galicia,Don Martin Gutierrez del batallón Provin-cial de Milicias de Guadalajara, y DonFrancisco Pacheco de Milicias Urbanas, acu-sados por la entrega del Apostadero deSan Blas que hicieron por capitulacional Cura del Pueblo del Ahualulco JoséMaría Mercado que capitaneaba a losRebeldes de la Insurrección de este Rey-no de Nueva España. Y en consecuenciade la orden incerta por principio de este proceso comunicada por el señor Don Joséde la Cruz General del Ejercito de Reser-


f. 323v

va; hechose por dicho señor relación de to-do lo actuado en él al consejo de Guerrade Ofi ciales Generales celebrado en diezy siete de septiembre del presente año en ca-sa de dicho señor, que le presidió, siendoJueces de él los Señores Brigadier Don Ma-nuel Pastor Coronel del Regimiento de Dra-gones de Queretaro, Don Ramon Zevallos Co-ronel del Regimiento de Dragones de SanCarlos, Don Juan Francisco Calera Coronel del Regimiento de Dragones de Nueva Gali-cia, Don Pedro de Toro Capitan de Fragata dela Real Armada, Don Rafael de Luna tambi-en Capitan de Fragata de la Real ArmadaDon José Davalos Teniente Coronel y Coman-dante del Batallon de Milicias de Guada-lajara, el Teniente Coronel Don Rafael deOrtega Sargento Mayor del Regimiento de Dragones de Mechoacan, el Teniente Co-ronel Don Juan Felipe de Alva SargentoMayor del Regimiento de Milicias Pro-vinciales de Toluca, y Asesor el de estaComandancia general Doctor Don Francisco An-


f. 324

tonio de Velasco; y teniendose presente laimposibilidad que ha habido durante el tiem-po que se formaba la causa, y aún despues para que se presentasen en esta capital losdemas individuos comprendidos en ella,como se solicitó oportunamente en ofi cio deveinte y ocho de septiembre último copiadoa fojas sesenta y dos vuelta de estos autos,y únicamente se verifi có con el mencionado Capitan de Fragata Don José Joaquin Lavayenel Alferez de Fragata Don Agustin Bocalán y el capitan de Milicias Don Manuel LopezCotilla, por hallarse los demas acusados au-sentes en distintos y largos destinos que lesimposibilitan su comparecencia, a causa de lapresente revolucion de este Reyno, hallando-se los unos en el servicio, otros enfermos, y otros sin saber su paradero segun lo acre-ditan las constancias a fojas 165 y 166 de este proceso. Comparecieron en el menciona-do Tribunal los referidos reos Don José La-vayen, Don Agustín Bocalán y oidos sus descargos con las defensas de sus procurado-


f. 324v

res, y Dictamen del Fiscal; todo bien exami-nado absolvieron al Capitan de Fragata Don José Lavayen Comandante del Apostaderode San Blas de toda responsabilidad, de-clarandolo inocente y que se le ponga inme-diatamente en libertad, que vuelva a tomarel mando del citado Apostadero de SanBlas que tenía por orden de Su Majestad, y quese publique su inocencia en la forma que prescriben las Reales Ordenanzas.Que sean igualmente declarados inocen-tes y que se publique, en la misma formaque se expresa para con el Capitán de Fra-gata Don José Lavayen, la inocencia del Ca-pitan de Milicias de esta Ciudad Don Manu-el Cotilla, los Tenientes de Navio Don JacoboMurphy y Don Ramon Muyúa, el Tenien-te de Fragata, Don Antonio Quartara, el primer Piloto graduado de Alferez de Fra-gata Don José María Narvaez, los Capita-nes Don Juan de Echarte de Dragones de Nue-va Galicia, Don Martin Gutierrez del Ba-tallon Provincial de Milicias de Guada-lajara, y Don Francisco Pacheco de Milicias


AGN, Operaciones de guerra, vol. 916 (fragmento)

f. 325

Urbanas: que al Alferez de Fragata Don Agus-tin Bocalan se le dé su licencia absoluta;y que se pase a Su Majestad testimonio de lo acor-dado referente a la conducta que observaronen San Blas los Oidores de la Real Audi-encia de Guadalajara Don Juan José Reca-cho, y Don Juan Nepomuceno de Alva parasu soberana resolucion. Guadalajara diez y ocho de septiembre de mil ochocien-tos doce años.

Jose de la Cruz.

(fi rmas lado izq)Manuel PastorJuan Francisco CaleraRafael María de LunaRafael de Ortega

(fi rmas lado derecho)

Ramon de ZevallosPedro de ToroJosé DavalosJuan Felipe de Alva


CANCIONES DE GUERRA


f. 188345(testado)Excelentísimo Señor.Al margen izquierdo:El gobernador de Veracruz tras-lada un ofi cio del excelentísimo SeñorComandante General de Yu-catan y una cancion patriotica escrita con motivo de la plau-sible noticia de la prisiondel Cura Hidalgo y demásJefes de la Insurreccion.Contestese con expresion.

Habiendo recibido por extra-ordinario el 9 de abril la Gaceta extraordinaria de esa capital de 9 del mis-mo con la muy agrada-ble noticia de la pri-sion del Cura Hidalgo y demas jefes principa-les de la insurreccion,tuve la satisfaccion de hacer participante sinperdida de momento detan singular ocurrenciaal Excelentísimo Señor Don BenitoPerez electo virrey del Nuevo Reyno de Grana-da y actual GobernadorIntendente y Capitan


f. 188v

General de Yucatan, cuyojefe me contesto con fecha29 de abril ultimo lo quesigue“En el momento que por extraordinario de Cam-peche recibi el ofi cio devuestra señoría de 13 de este mes enque me acompaña la Gaceta extraordinaria de fechade 9 impresa de orden delexcelentísimo señor virrey de eseReyno, sobre la prision del Cura Hidalgo y demas ca-bezas de la Insurreccion,la hice anunciar a estefi delisimo publico por me-dio de las campanasartilleria y carteles, y ha sido tan general la alegria en esta capi-tal que se ha demos-trado de varios mo-


f. 189

dos =un joven de Salaman-ca que se halla a mi lado, y que de edad detres años y medio sostuvo un certamen en aquellauniversidad, escribio enel mismo acto la can-cion patriotica que in-cluyo a vuestra señoría y que porno haberme sido posi-ble establecer una im-prenta en esta provinciano va impresa= En el teatro se canto un areaalusiva a la misma pri-sion y todo acreditaraa vuestra señoría la parte que estefi el y patriotico vecinda-rio toma en ver librea ese Reyno de la opre-sion de aquellos mons-


f. 189v

truos. En el Nuevo Reynode Granada no se ha derramado hasta ahorasangre inocente, pero aca-bo de recibir contestacio-nes a mis ofi cios, y en ellas me piden suspen-da mi traslacion hastaque reciban contestacio-nes de las representacio-nes que han hecho alcongreso de Cortes; pero yo que me persuado a que es solo para tomar-se tiempo, apurarémi salida luego quetenga buque en que verifi carlo, que es loque hasta ahorame ha detenido= Yo


f. 190

doy a Vuestra señoría las crecidasgracias por el deseo que me manifi esta de que al pisar el suelo de aquelReyno lógre como el dig-no jefe de ese tranquili-zar a aquellas turbulen-cias, pero consta a vuestra señoríala notabilisima diferen-cia que hay entre lassublimes prendas milita-res y politicas que ador-nan a ese jefe y las muy limitadas mias; pe-ro empleare lleno deconfi anza en la divinaprovidencia el celo queme anima y el amor por la gloria de


f. 190v

la Nacion”Participolo a vuestra excelencia pa-sando a sus manos la cancion patriotica quecita el excelentísimo señor DonBenito Perez y me pa-rece digna del apreciode vuestra excelencia.Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. VeracruzY junio 5 de 1811.Excelentísimo señor Carlos de Urrutia

Excelentísimo Señor Virrey Don FranciscoXavier Venegas.


f. 191

Cancion PatrioticaEn honor de los ilustres defensores de Mexico.

(Columna del lado izquierdo)

Meridanos cantadGloria a vuestros hermanosLos nobles mexicanosDe laure coronad

Venid hermanos nuestrosgloriosos defensoresdel reyno que en horroresla traicion sepultovosotros los siniestrosdesignios confundisteislos perfi dos vencisteisla maldad se os rindió

Meridanos cantad (etc)

La negra apostasiatendió sus fi eros ojoslanzando ira y enojossobre un reyno lealtemeraria confi aen su ardor delirantemas ya llegó el instantedel castigo fatal.


Hidalgo sanguinosoimagen detestabledel monstruo abominableque hace al orbe gemir¿que es de aquel orgullosoestilo que afectabacon que necio jurabaa Mexico oprimir?


La patria dolorida a Mexico clamabaque triste la escuchabacubierta de afl iccion.Noble y enternecidasocorrido su quebrantoy tu infi el entre tantotramabas su opresion


(Misma foja columna del lado derecho)

¿que han podido en tu ayudalas furias infernalescontra pechos lealescontra un pueblo español?tu altivez es ya mudate vez menospreciadoconfundido aherrojadopara ti es negro el sol.


¿Que cítara, o Venégascantará tus blasonesy con dignas cancionestus meritos dirá?Son tal los que despliegaque de una en otra gentela fama eternamentetu nombre llevará.


Tu Fernando oprimidoansiado soberanodel Pueblo Americanosu esperanza y su amordel modo con que ha sidoun traidor humilladoveras tambien postradoa tus pies a tu opresor.


Llega oh dichoso diapor fi n a nuestros malesdestierra los fatalesmomentos del pesar:vuelvenos la alegriabajo la paz del cieloy nuestro español suelosea su digno altar.



AGN, Operaciones de guerra, vol. 879, exp. 40, ff. 188-191.

f. 191v

Vosotros valerososen cuyo brazo fuerte el estrago y la muertepara el traidor se vé:acercaos generososa un pueblo que ambicionaceñiros la coronaque os guarda nuestra fé.

Meridanos cantad

Gloria a nuestros hermanoslos nobles mexicanosde laure coronad.


Índices

INVENTARIO DE LA SEGUNDA PARTE DEL FONDO INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES (SEGUNDA DE DOS ENTREGAS)

Coralia Bustos Morales

La enseñanza en la Nueva España, que se inició con la llegada de las órdenes religiosas y continuó en el México independiente, generó una documentación abundante y variada que da cuenta de las actividades y procedimientos realizados en escuelas, liceos y otras instituciones académicas donde hubo instrucción primaria, secundaria, preparatoria y profesional; además de la vida en los colegios, institutos, academias y escuelas especiales que impartían disciplinas artísticas, ofi cios, comercio y administración.

Sobre los expedientes de las Escuelas existen referencias relativas al tipo de becas otorgadas (de gracia, dotación, pensionista y otras). Asimismo aparecen las cuentas mensuales con sus respectivos recibos, relaciones y cuadros; listas de nóminas; premios, cursos de oposición y actas de exámenes profesionales.

En la serie Museos se encuentran expedientes relacionados con el funcionamiento y servicio al público: exploraciones científi cas, contratos nombramientos y otros; de la extinta Universidad Pontifi cia hay relaciones de cuentas, constancias que acreditan los estudios de abogado, títulos profesionales y pago de honorarios.

Acerca de la Escuela de Artes y Ofi cios existen documentos relacionados con el presupuesto: adeudos, mantenimiento, embargos; la creación de una escuela industrial y una para huérfanos.

En la Escuela de Bellas Artes hay información sobre su administración: cuentas mensuales, nombramientos, mantenimiento; obras literarias, libros de texto; clases de guitarra, gimnasia; programa de exámenes y otros asuntos.

A continuación publicamos la segunda entrega (del expediente 16 contenido en la caja 48 a los expedientes de la caja 59) con la que concluye este inventario.


Núm. caja

Núm. exp. Nombre del expediente Periodo Observaciones

48 16 Colegios. Becas 1865 17 Colegios. Solicitudes de becas 1865 18 Colegios. Presupuesto 1865 19 Colegios. Financiamiento 1865 20 Colegios. Presupuesto 1865 21 Colegios. Órdenes. Caja central 1865 22 Colegios. Horas de clase 1865 -1866 23 Colegios. Admisión 1866 24 Colegios. Horas de clase 1866 25 Colegios. Tribunal de Cuentas 1866 26 Colegios. Gastos 1866 Relación27 Colegios. Tribunal de Cuentas 1866 28 Colegios. Pagos 1866 Incompleto

29 Colegios. Becas 1866 Relación por escuelas

30 Colegios. Pensiones 1866 Incompleto31 Colegios. Informe 1866 32 Colegios. Tribunal de Cuentas 1866 33 Colegios. Reglamento 1866 34 Colegios. Becas 1867 35 Colegios. Becas 1867 36 Colegios. Aulas 1867

37 Colegios. Devolución de colegiaturas Sin fecha

38 Colegios. Beca Sin fecha 39 Colegios. Español, indios Sin fecha Relación 40 Colegios. República mexicana Sin fecha Relación41 Colegios. Varios asuntos Sin fecha Relación 42 Colegios y Escuelas. Medallas 1866-1867 43 Colegios y Escuelas. Renuncias 1866-1867 44 Colegios e Institutos. Oaxaca 1855 45 Colegios Nacionales. Premios 1848-1851

46 Colegios Nacionales. Jóvenes a Europa 1850


Núm. caja


47 Colegios Nacionales. Edición 1854 Maltratado

48 Colegios Nacionales. Universidades 1855

Serie: Cultos Religiosos

49 Convento de La Merced. Pagos 1828 Recibos50 Convento de La Merced. Pagos 1829 Recibos51 Convento de La Merced. Pagos 1830 Recibos

Serie: Escuelas

49 1 Escuela de Agricultura, Escuela de Artes. Decreto 1843 Folleto

2 Escuela de Agricultura. Cuentas. Diciembre 1853-1854 Recibos,

relación

3 Escuela de Agricultura. Cuentas. Enero 1853-1854

Recibos, impresos, relación, cuadro

4 Escuela de Agricultura. Cuentas. Febrero 1854


5 Escuela de Agricultura. Cuentas. Marzo 1854


6 Escuela de Agricultura. Cuentas. Abril 1854


7 Escuela de Agricultura. Cuentas. Mayo 1854


8 Escuela de Agricultura. Cuentas. Junio. 1854


9 Escuela de Agricultura. Cuentas. Julio 1854


10 Escuela de Agricultura. Cuentas. Agosto 1854



49 11 Escuela de Agricultura. Cuentas. Sep. 1854


12 Escuela de Agricultura. Cuentas. Octubre 1854


50 1 Escuela de Agricultura. Cuentas. Octubre-Noviembre 1854

Recibos, relación, cuadro

2 Escuela de Agricultura. Cuentas. Noviembre-Diciembre 1854

Recibos, impresos,

cuadro

3 Escuela de Agricultura. Cuentas. Enero 1854-1855


4 Escuela de Agricultura. Cuentas. Octubre 1854-1855


5 Escuela de Agricultura. Cuentas. Diciembre 1854-1855


6 Escuela de Agricultura. Cuentas. Febrero 1855

Impreso, relaciones,

recibos

7 Escuela de Agricultura. Cuentas. Marzo 1855


recibos

8 Escuela de Agricultura. Cuentas. Abril 1855


recibos

9 Escuela de Agricultura. Cuentas. Mayo 1855


recibos

10 Escuela de Agricultura. Cuentas. Junio 1855


recibos

11 Escuela de Agricultura. Cuentas. Julio 1855


recibos

Núm. caja



50 12 Escuela de Agricultura. Cuentas. Agosto 1855


recibos

13 Escuela de Agricultura. Cuentas. Septiembre 1855


recibos14 Escuela de Agricultura. Recibo 1855 Incompleto15 Escuela de Agricultura. Gastos 1855 Carátula

16 Escuela de Agricultura. Cuentas. Diciembre 1855-1856


recibos, cuadros

17 Escuela de Agricultura. Cuentas 1857-1867 Libreta

51 1 Escuela de Agricultura. Ministro Guerra 1861

2 Escuela de Agricultura. Gastos 1861 3 Escuela de Agricultura. Fondos 1861 4 Escuela de Agricultura. Informe 1861 Libreta

5 Escuela de Agricultura. Acta de Examen Profesional 1861


7 Escuela de Agricultura. Acta de Examen Profesional. Sinodales 1861




11Escuela de Agricultura. Publicación de un “Diario Ofi cial”

1861


13 Escuela de Agricultura. Material 1861 14 Escuela de Agricultura. Beca 1861 15 Escuela de Agricultura. Nómina 1861

16 Escuela de Agricultura. Presupuesto 1861

Núm. caja



51 17 Escuela de Agricultura. Beca 1861 Manchado

18 Escuela de Agricultura. Exámenes 1861

19 Escuela de Agricultura. Acuerdo 1861 20 Escuela de Agricultura. Premios 1861

21 Escuela de Agricultura. Devolución de colegiaturas 1861

22 Escuela de Agricultura. Suprimir examen 1861

23 Escuela de Agricultura. Adeudo 1861 24 Escuela de Agricultura. Beca 1861

25 Escuela de Agricultura. Junta de Hacienda 1861

26 Escuela de Agricultura. Revolución 1861

27 Escuela de Agricultura. Beca 1861 28 Escuela de Agricultura. Beca 1861 29 Escuela de Agricultura. Beca 1861

30 Escuela de Agricultura. Admisión 1861

31 Escuela de Agricultura. Plaza de dotación 1861

32 Escuela de Agricultura. Plaza de dotación. 1861

33 Escuela de Agricultura. Plaza de dotación 1861

34 Escuela de Agricultura. Alumno de gracia 1861

35 Escuela de Agricultura. Alumno de dotación 1861

36 Escuela de Agricultura. Alumno 1861

37 Escuela de Agricultura. Leyes y reglamentos 1861

38 Escuela de Agricultura. Exención 1861

39 Escuela de Agricultura. Agrimensura 1861

Núm. caja



51 40 Escuela de Agricultura. Alumbrado de gas 1861

41 Escuela de Agricultura. Corte de caja 1861

42 Escuela de Agricultura. Catedrático 1861

43 Escuela de Agricultura. Licencia 1861 44 Escuela de Agricultura. Plomería 1861

45 Escuela de Agricultura. Profesores y empleados 1861

46 Escuela de Agricultura. Cuerpos de caballería 1861

47 Escuela de Agricultura. Exámenes 1861

48 Escuela de Agricultura. Libros, instrumentos 1861

49 Escuela de Agricultura. Lista de alumnos 1861

50 Escuela de Agricultura. Ing. topógrafo 1861

51 Escuela de Agricultura. Alumnos, clases 1862 Relación

52 Escuela de Agricultura. Corte de caja 1862-1863 Relaciones,

recibos, cuadro

53 Escuela de Agricultura. Presupuesto 1863 Incompleto

54 Escuela de Agricultura. Certifi caciones de alumnos 1864-1867 Roto,

maltratado

55 Escuela de Agricultura. Bienes 1865

56 Escuela de Agricultura. Veterinaria 1865

57 Escuela de Agricultura. Beca 1865 Impreso y manuscrito

58 Escuela de Agricultura. Beca 1865 Incompleto

59 Escuela de Agricultura. Beca 1865 Impreso y manuscrito

60 Escuela de Agricultura. Beca de gracia 1865 Incompleto

61 Escuela de Agricultura. Beca de gracia 1865-1866 Impreso y

manuscrito

Núm. caja



51 62 Escuela de Agricultura. Beca de gracia 1865

63 Escuela de Agricultura. Beca de gracia 1865

64 Escuela de Agricultura. Plaza de gracia 1865 Impreso y

manuscrito

65 Escuela de Agricultura. Beca de gracia 1865 Impreso y

manuscrito

66 Escuela de Agricultura. Plaza de dotación 1865 Incompleto

67 Escuela de Agricultura. Boleta de estudios 1866 Impreso y

manchado

68 Escuela de Agricultura. Tribunal de Cuentas 1866

69 Escuela de Agricultura. Renuncia 1866

70 Escuela de Agricultura. Licencia 1866

71 Escuela de Agricultura. Boleta de estudios 1866 Impreso y

manuscrito

72 Escuela de Agricultura. Beca de gracia 1866

73 Escuela de Agricultura. Proyecto de programa 1867 Mutilado

74 Escuela de Agricultura. Abogado 1867

75 Escuela de Agricultura. Alumno externo 1867

76 Escuela de Agricultura. Obra de agrimensura 1867

77 Escuela de Agricultura. Matriculado 1867

78 Escuela de Agricultura. Alumno 1867

79 Escuela de Agricultura. Alumno interno 1867

80 Escuela de Agricultura. Reglamento de estudios 1879 Impresos

81 Escuela de Agricultura. Pensionistas interno Sin fecha

Núm. caja



51 82 Escuela de Derecho. Reforma de estudios 1850-1851

“Periódico Ofi cial. Del

Supremo Gobierno”. T. II, sábado 19 de enero de

1850, núm. 61, pp. 1-4.

83 Escuela de Derecho. Solicita pasar examen 1864 Impreso y

manuscrito

84 Escuela de Derecho. Ingreso de alumnos 1866

85 Escuela de Derecho. Exención de pago 1866 Incompleto


87 Escuela de Derecho. Compra de estantes 1866 Incompleto


89 Escuela de Derecho. Ingreso 1866

90 Escuela de Derecho. Nuevas cátedras 1866

91 Escuela de Derecho. Nombramiento 1866-1867

92 Escuela de Derecho. Horas de clase 1867 Incompleto

93 Escuela de Derecho. Pago 1867 Incompleto

94 Escuela de Derecho. Negativa de tiempo 1867 Incompleto

95 Escuela de Derecho. Licencia 1867 Incompleto, roto

96 Escuela de Derecho. Profesor interino 1866 Incompleto

97Escuela Especial de Comercio. Local ex convento del Espíritu Santo

1861 Incompleto

98 Escuela Especial de Comercio. Pago de profesores 1861 Roto

99 Escuela Especial de Comercio. Nómina 1866

100 Escuela Especial de Comercio. Cuentas 1866

Núm. caja



51 101 Escuela Especial de Comercio. Nómina 1866

Roto, maltratado, incompleto

102 Escuela Especial de Comercio. Salario 1866

103 Escuela Especial de Comercio. Solicita ingreso 1867

104 Escuela Especial de Comercio. Solicita ingreso 1867 Incompleto,

roto

105 Escuela Especial de Filosofía. Emperatriz 1866

106 Escuela Especial de Filosofía. Solicita ingreso 1866

107 Escuela Especial de Filosofía. Nombramiento 1866

108 Escuela Especial de Filosofía. Filarmónica 1867

109 Escuela Especial de Filosofía. Adeudo 1867

110 Escuela Especial de Filosofía. Falta profesor 1867

111 Edifi cio de La Merced. Sueldo 1867 Maltratado

52 1 Escuela Especial del Espíritu Santo. Adeudo 1866

2 Escuela Especial de Filosofía. Licencia 1867

3 Escuela de Filosofía. Cátedra de religión 1867

4 Escuela Imperial de Minas. Continuar estudios 1860-1865

5 Escuela Imperial de Minas. Beca 1865 Incompleto6 Escuela Imperial de Minas. Beca 1865 Incompleto7 Escuela Imperial de Minas. Beca 1865 Incompleto8 Escuela Imperial de Minas. Beca 1865

9 Escuela Imperial de Minas. Faltas 1867

10 Escuela de Medicina. México. Certifi cación 1822

11 Escuela de Medicina. México. Índice de expedientes 1822-1837

Núm. caja



52 12 Escuela de Medicina. México. Censos 1834 Mutilado,

manchado

13 Escuela de Medicina. México. Expedientes 1831-1837

14 Escuela de Medicina. México. Solicitud 1841-1849 Manchado

15 Escuela de Medicina. México. Remodelación del Espíritu Santo 1841-1850

Impreso, relación,

cuadro, sello de cera

16 Escuela de Medicina. México. Certifi cación 1843 Incompleto


18 Escuela de Medicina. México. Varios asuntos 1846

19 Escuela de Medicina. México. Memoria de gastos 1846-1848

Impreso, recibos, cuadros,

relaciones, sello de cera

20 Escuela de Medicina. México. Cuentas 1848-1849

21 Escuela de Medicina. México. Recibo 1848

Maltratado, incompleto, sello de cera

22 Escuela de Medicina. México. Cuentas data 1848-1849

Impresos, relaciones,

recibos

23 Escuela de Medicina. México. Justifi cantes 1848-1850 Recibos

24 Escuela de Medicina. México. Tesorero 1848-1851


26 Escuela de Medicina. México. Recibos 1849 Recibos

27 Escuela de Medicina. México. Justifi cantes 1849

Impresos, recibos,

relaciones

28 Escuela de Medicina. México. Plazas 1850

29 Escuela de Medicina. México. Conferencias 1850 Invitaciones

impresas

Núm. caja



52 30 Escuela de Medicina. México. Junta 1850

31 Escuela de Medicina. México. Epidemia 1850


33 Escuela de Medicina. México. Universidad 1851


35 Escuela de Medicina. México. Reporte de alumno 1852

36 Escuela de Medicina. México. Premios 1852 Incompleto

37 Escuela de Medicina. México. Título farmacéutico 1854-1855

53 1 Escuela de Medicina. México. Presupuesto 1855-1856 Relaciones,

recibos

2 Escuela de Medicina. México. Expulsión de alumno 1855

3 Escuela de Medicina. México. Reingreso de alumno 1855

4 Escuela de Medicina. México. Título 1855

5 Escuela de Medicina. México. Médicos 1855

6 Escuela de Medicina. México. Convenio 1855

7 Escuela de Medicina. México. Hipoteca 1855

8 Escuela de Medicina. México. Exención de pago 1855

9 Escuela de Medicina. México. Pensionistas y pobres 1855-1858

10 Escuela de Medicina. México. Pago de sueldos 1855

11 Escuela de Medicina. México. Ingreso 1855

12 Escuela de Medicina. México. Oaxaca 1855

13 Escuela de Medicina.México. Guadalajara 1855

Núm. caja



53 14 Escuela de Medicina. México. Farmacéutico 1855

15 Escuela de Medicina. México. Incendios 1855

16 Escuela de Medicina. México. Mozos 1855

17 Escuela de Medicina. México. Examen 1855

18 Escuela de Medicina. México. Ciencias naturales 1855

19 Escuela de Medicina.México. Pago 1855

20 Escuela de Medicina. México. Beca 1855-1856

21 Escuela de Medicina. México. Farmacología 1855-1857 Impresos

22Escuela de Medicina. México. Hoja de servicios; amputación a Antonio López de Santa Anna

1858 Incompleto

23 Escuela de Medicina. México. Corte de caja 1861-1862

24 Escuela de Medicina. México. Costear carrera 1862

25 Escuela de Medicina. México. Presupuesto 1863

26 Escuela de Medicina. México. Exención de examen 1864

27 Escuela de Medicina. México. Reglamento 1864


29 Escuela de Medicina. México. Honorarios 1864


31 Escuela de Medicina.México. Adjunto 1864

32 Escuela de Medicina. México. Exención de exámenes 1864

33 Escuela de Medicina. México. Inscripción 1864

Núm. caja



53 34 Escuela de Medicina México. Inscripción 1864

35 Escuela de Medicina. Museo. México. Historia natural 1864

36 Escuela de Medicina. México. Continuar estudios 1864

37 Escuela de Medicina. México. Presupuesto 1864 Impresos

38 Escuela de Medicina. México. Total del importe 1864

39 Escuela de Medicina. México. Beca de gracia 1865

40 Escuela de Medicina. México. Ingreso 1865 Impresos y

manuscrito

41Escuela de Medicina. México. Suspensión de clases por cumpleaños del director

1865

42 Escuela de Medicina. México. Práctica 1865

43 Escuela de Medicina. México. Título de profesor 1865


45 Escuela de Medicina. México. Salida 1865


47 Escuela de Medicina. México. Plazas por oposición 1865

48 Escuela de Medicina. México. Pensión 1865

49 Escuela de Medicina. México. Reformas 1865



52 Escuela de Medicina. México. Apoyo económico 1865

53 Escuela de Medicina. México. Alumno 1865

Núm. caja



53 54 Escuela de Medicina. México. Microscopio 1865 Manchado,

incompleto

55 Escuela de Medicina. México. Pago de colegiaturas 1866

56Escuela de Medicina. México. Médicos y farmacéuticos austriacos

1866 Incompleto

57 Escuela de Medicina. México. Pago de pensión 1866 Incompleto

58 Escuela de Medicina. México. Exención de prácticas 1866

59 Escuela de Medicina. México. Cuentas 1866

60 Escuela de Medicina. México. Nombramiento 1866

61 Escuela de Medicina. México. Expedir títulos profesionales 1866

62 Escuela de Medicina México. Nombramiento 1866

63 Escuela de Medicina México. Cancelación de pensión 1866 Incompleto

64 Escuela de Medicina. México. Pagos de sueldos 1866-1867


66 Escuela de Medicina. México. Reinscripción 1867

67 Escuela de Medicina. México. Prórroga del plazo 1867




71 Escuela de Medicina.México. Presupuesto 1867 Relación

72 Escuela de Medicina. México. Matrícula 1867 Impreso y

manuscrito

73 Escuela de Medicina. México. Certifi cado médico 1867 Incompleto

Núm. caja



53 74 Escuela de Medicina. México. Ofi cio 1867

75 Escuela de Medicina. México. Estadística 1869

Cuadros estadísticos,

impresos, roto

76 Escuela de Medicina. México. Reinscripción 1867

77 Escuela de Medicina. México. Excepción de pago 1867 Incompleto,

roto

78 Escuela de Medicina. México. Cuadernillo de enfermedades Sin fecha Incompleto

79 Escuela de Medicina. México. Dibujo de médula Sin fecha

Dibujo a color (mutilado e incompleto)

54 1 Escuela de Medicina, Puebla. Testamentaría 1855

2 Escuela de Minas. México. Beca 1864-1865 Impreso y manuscrito

3 Escuela de Minas. México. Corte de caja 1862-1863 Cuadros

4 Escuela de Minas. México. D. Antonio García Cubas 1865

5 Escuela de Minas. México. Pago de cesantía 1865

6 Escuela de Minas. México. Planos 1865

7 Escuela de Minas. México. Memoria de gastos 1865

Impresos, relaciones,

recibos

8 Escuela de Minas. México. Beca de gracia 1865


10 Escuela de Minas. México. Plaza de dotación 1865

11 Escuela de Minas. México. Lugar de dotación 1865 Incompleto



14 Escuela de Minas. México. Beca de gracia 1865 Impreso,

manuscrito

Núm. caja



54 15 Escuela de Minas. México. Beca de gracia 1865 Impreso,

manuscrito

16 Escuela de Minas. México. Beca de gracia 1865 Impreso,

manuscrito


18 Escuela de Minas. México. Beca de gracia 1865-1866

19 Escuela de Minas. México. Solicita protocolo del escribano 1865-1866

20 Escuela de Minas. México. Beca de gracia 1865-1866

21 Escuela de Minas. México. Rendición cuentas 1866

22 Escuela de Minas. México. Nombramiento 1866

23 Escuela de Minas. México. Informe 1866

24 Escuela de Minas. México. Acreditación 1866 Incompleto

25 Escuela de Minas. México. Nombramiento 1866 Incompleto

26 Escuela de Minas.México. Licencia 1866

27 Escuela de Minas. México. Retirar beca 1866

28 Escuela de Minas. México. Beca-sueldo 1866

29 Escuela de Minas. México. Pide local 1866

30 Escuela de Minas. México. Mozos 1866

31 Escuela de Minas. México. Geometría 1866 Cuaderno

32 Escuela de Minas. México. Permiso para ejercer profesión 1866 Incompleto

33 Escuela de Minas. México. Inicio de clases 1866-1867

34 Escuela de Minas. México. Becas de gracia 1866-1867

35 Escuela de Minas. México. Profesor sustituto 1867

Núm. caja



54 36 Escuela de Minas. México. Junta Facultativa 1867

37 Escuela de Minas. México. Renuncia 1867

38 Escuela de Minas. México. Comisión científi ca 1867

39 Escuela de Minas. México. Instrumentos científi cos 1867

40 Escuela de Minas. México. Excepción de clases 1867 Incompleto

41 Escuela de Minas. México. Presupuesto de sueldos 1867

42 Escuela de Minas. México. Obra de agrimensura 1867 Incompleto

43 Escuela de Minas. México. Faltas de jóvenes 1867

44 Escuela de Minas. México. Ingreso 1867 Incompleto,

manchado45 Escuela de Minas. México. Beca 1866-1867

46 Escuela de Minas. México. Examen 1867

47 Escuela de Minas. México. Excepción de edad 1867

48 Escuela de Minas. México. Examen 1867

49 Escuela de Minas. México. Certifi cación 1867

50 Escuela de Minas. México. Excepción de edad 1866-1867

51 Escuela de Minas. México. Texto de matemáticas 1866-1867

52 Escuela de Minas. México. Ingreso 1867

53 Escuela de Minas. México. D. Antonio García Cubas 1867


55 Escuela de Minas. México. Excepción de edad 1867 Sello de cera

56 Escuela de Minas. México. Ayuda económica 1867 Incompleto

Núm. caja



54 57 Escuela de Minas. México. Licencia 1867 Sello de cera

58 Escuela de Minas. México. Lecciones matemáticas 1867

59 Escuela de Minas. México. Ingreso 1867

60 Escuela de Minas. México. Excepción de edad 1867

61 Escuela de Minas. México. Correspondencia 1867

Manchado, mutilado,

incompleto

55 1 Escuela Nacional de Comercio. Adeudo 1865 Incompleto

2 Escuela Nacional de Comercio. Recomendación 1865

3 Escuela Nacional de Comercio y Administración. Circular 1881 Impresos

4 Escuela Normal de México. Banda y ejército 1887 Incompleto

5 Escuela Normal de México. Clase de ejercicios militares 1889

6 Escuela Normal de México. Banda de música 1890 Incompleto

7 Escuela de San Francisco. Aumento 1859

8 Escuelas. Comprobantes. Enero, núm. 7 1836-1837 Recibos,

cuadros

9 Escuelas. Comprobantes. Enero, núms. 50-61 1837 Recibos

10 Escuelas. Comprobantes. Febrero, núms. 62-71 1837

Recibos, manchado, maltratado

11 Escuelas. Comprobantes. Febrero, núm. 8 1837 Recibos,

cuadros

12 Escuelas. Comprobantes. Marzo, núm. 9 1837 Recibos,

cuadros

13 Escuelas. Comprobantes. Marzo, núms. 72-80 1837 Recibos

14 Escuelas. Comprobantes. Abril, núm. 10 1837 Recibos,

cuadros

15 Escuelas. Comprobantes. Abril, núms. 81-90 1837 Recibos

Núm. caja



55 16 Escuelas. Comprobantes. Mayo, núm. 11 1837 Recibos,

cuadros

17 Escuelas. Comprobantes. Mayo, núms. 91-99 1837 Recibos

18 Escuelas. Comprobantes. Junio, núm. 12 1837 Recibos,

cuadros

19 Escuelas. Comprobantes. Junio, núms. 100-109 1837 Recibos

20 Escuelas. Comprobantes. Julio, núm. 1 1837 Recibos,

cuadros

21 Escuelas. Comprobantes. Agosto, núm. 2 1837 Recibos,

cuadros

22 Escuelas. Comprobantes. Septiembre, núm. 3 1837 Recibos,

cuadros

23 Escuelas. Comprobantes. Septiembre, núms. 10-21 1837 Recibos

24 Escuelas. Comprobantes. Octubre, núm. 4 1837 Recibos,

cuadros

25 Escuelas. Comprobantes. Octubre, núms. 22-30 1837 Recibos

26 Escuelas. Comprobantes. Noviembre, núm. 5 1837

Recibos, relación, cuadros

27 Escuelas. Comprobantes. Noviembre, núms. 31-35 1837 Recibos,

cuadros

28 Escuelas. Comprobantes. Diciembre, núm. 6 1837

Recibos, relación, cuadros

29 Escuelas. Comprobantes. Diciembre núms. 36-40 1837 Recibos,

relación

30 Escuelas. Comprobantes. Agosto, núms. 1-9 1837 Carátula

31 Escuelas. Testamentarías 1846 Impreso32 Escuelas. Nombramiento 1850-1851 Incompleto

33 Escuelas. Curso de legislación comparada 1852-1854

34 Escuelas. Tratado elemental de geografía 1852-1854

35 Escuelas. Carta a Gobernación 1856

36 Escuelas. Organización de escuelas 1864 Incompleto

Núm. caja



55 37 Escuelas. Presupuesto 1866

38 Escuelas. Asistencia de niños 1867 Cuadro, relación

39 Escuelas. Decreto. Premios 1879 Impresos

40 Escuelas. “Silabario” 1888 Cuadernillo impreso

41 Escuelas. Clases de mínimos Sin fechaManuscrito

(tinta negra y lápiz)

Serie: Hospitales GENERALIDADES

42 Hospital. Gastos 1837 Mutilado, incompleto

43 Hospital Matamoros. Médicos y cirujanos 1865

Serie: Institutos

44 Instituto Civil de Durango. Transferir capital 1866

45 Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Validez de cursos 1866

46 Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Excepción de faltas 1866

47 Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Validez de cursos 1866

48 Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Cuentas 1866

49 Instituto Literario. Toluca. Adeudo 1853 Maltratado

50 Instituto Literario. Toluca. Suspensión de pensión 1855

51 Instituto Literario. Toluca. Financiamiento 1855

52 Instituto Literario. Toluca. Difi cultades para tomar clase 1855

53 Instituto Literario. Toluca. Adeudo 1859

54 Instituto Literario. Toluca. Cuentas 1864-1866 Libreta

55 Instituto Literario. Toluca. Libro. Caja 1864-1865 Libreta

Núm. caja



55 56 Instituto Literario. Toluca. Licencia 1864-1865

57 Instituto Literario. Toluca. Presupuesto 1864-1866

Decreto, impreso, cuadro

58 Instituto Literario. Toluca. Nombramiento 1865

59 Instituto Literario. Cobro 1865 60 Instituto Literario. Cobro 1865

61 Instituto Literario. Zacatecas. Tratado de psicología 1850

62 Instituto Literario. Zacatecas. Continúa en funciones 1855

63 Instituto Médico Nacional. Palo Amarillo Sin fecha Litografía,

incompleto

64 Instituto Nacional. Chihuahua. Incumplimiento de catedrático 1855

65 Instituto Nacional. Guanajuato. Renuncia 1855

66 Instituto Nacional. Toluca. Plan de estudios 1855

56 1 Instituto Nacional. Veracruz. Nómina 1855

Serie: Juntas

2Junta Directiva General de Estudios. México. Nombramiento

1843-1853

3 Junta Directiva General de Estudios. México. Inasistencia 1844-1845 Maltratado,

Manchado

4 Junta General de Estudios de México. Actas 1851-1852

5 Junta General de Estudios de México. Actas 1852-1853

Serie: Liceos

6 Liceo y Colegio Literario. Escuela Especial de Derecho 1866

7 Liceo y Colegio Literario. Escuela Especial de Derecho 1866-1867

8 Liceo y Colegio Literario. Escuela Especial de Derecho 1866-1867

Núm. caja



Serie: Museos

56 9 Museo de Historia Natural. Exploración Científi ca Yucatán 1865

10 Museo Imperial. Contrato 1865 11 Museo Imperial. Cónsul a Viena 1865-1866 12 Museo Imperial. Presupuesto 1866 Incompleto

13 Museo Nacional. Cuentas 1865 Impresos, relaciones

14 Museo Nacional. Reunión 1865

15 Museo Nacional. Contrato 1865 Impresos, sello cera, relaciones

16 Museo Nacional. Depto. Arqueología 1865

17 Museo Nacional. Pago 1865

18 Museo Nacional. Servicio al público 1865

19 Museo Nacional. Pago de la Tesorería 1865

20 Museo Nacional. Nombramiento 1865

21 Museo Nacional. Nuevas órdenes 1865

22 Museo Nacional. Don Manuel Orozco y Berra 1866 Incompleto

23 Museo Nacional. Aumento al presupuesto 1866 Incompleto

24 Museo Nacional. Casa de Moneda 1866 Incompleto

25 Museo Nacional. Histórica y arqueológica 1866 Incompleto

26 Museo Nacional. Objetos 1866

27 Museo Nacional. Tribunal Correccional 1866

28 Museo Nacional. Libramiento 1866

29 Museo Nacional. Entrega de objetos 1866 Relaciones

Serie: Universidad

57 1 Universidad. Extinta Universidad 1833-1834

Recibos, cuadros,

relaciones

Núm. caja



57 2 Contaduría de la Nacional y Pontifi cia Universidad. Repartos 1840 Recibos,

relaciones

3 Contaduría de la Nacional y Pontifi cia Universidad. Repartos 1841-1842 Recibos,

relaciones

4 Contaduría de la Nacional y Pontifi cia Universidad. Repartos 1843 Recibos,

cuadros

5Contaduría de la Nacional y Pontifi cia Universidad. Contaduría General

1850 Relaciones

6 Universidad Guadalajara. Compañía de Jesús 1865 Incompleto

7 Universidad, Mérida, Yucatán 1839-1855 Impreso, sello cera

8 Universidad de México. Art. 3º del Plan de Ayutla 1857 Roto,

Incompleto

9 Universidad de México. Reglamento sobre cátedras 1855 Impresos

10 Universidad de México. Presupuesto 1855 Mutilado

11 Universidad de México. Reglamento 1858 Impreso

incompleto

12 Universidad de México. Cuentas 1864-1865

Recibos, certifi caciones,

relaciones, formato impreso

13 Universidad de México. Copia certifi cada 1861 Manchado

14 Universidad de México. Cuentas 1866 Impresos, relación

15 Universidad de México. Crédito 1866 Incompleto 16 Universidad. Jubilación 1866 Incompleto

17 Universidad Nacional México. Otilio González “Incensario” 1919 Mecanuscrito

incompleto

18Universidad Nacional México.Lic. Luis González Obregón. Archivo General de la Nación. Donativo

1936 Copia (impreso y manuscrito)

19 Universidad Pontifi cia. Derecho Patrio. Francisco Pérez 1837 Incompleto

20 Universidad Pontifi cia. Derecho Patrio. Gaspar Cortazar 1837 Incompleto

Núm. caja



57 21 Universidad Pontifi cia. Derecho Patrio. Bachiller Mariano Olaes 1837 Incompleto

22 Universidad Pontifi cia. Constancia. Luis Ma. Aguilar 1837 Incompleto

23 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Patrio. Juan Méndez

1837 Incompleto

24 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Patrio. Manuel Ramos

1837 Incompleto

25 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho. Bachiller Manuel Aguilar y Sánchez

1837 Incompleto

26 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Patrio. Simón Guzmán Montes de Oca

1837 Incompleto

27 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Patrio. Manuel Morales

1837 Incompleto

28 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Patrio. Bachiller Miguel Ignacio Grande

1837 Incompleto

29 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Patrio. Bachiller Ruperto [Lenande]

1837 Incompleto

30 Universidad Pontifi cia. Constancia. Felipe Nájera 1837 Incompleto

31 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Patrio. José Miguel del Callejo

1837 Incompleto

32 Universidad Pontifi cia. Constancia. Feliciano Sierra 1837 Incompleto

33 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Patrio. Bachiller Manuel Buenrrostro

1837 Incompleto

34 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Patrio. Carlos Sánchez Navarro

1837 Incompleto

35 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Patrio. Bachiller Antonio Ochoa

1837 Incompleto

Núm. caja



57 36 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Patrio. Bachiller Lucio Padilla

1837 Incompleto

37 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Patrio. Agustín Jáuregui

1837 Incompleto

38 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Patrio. Bachiller Manuel Farías Ferrer

1837 Incompleto

39 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Patrio. Francisco Sánchez Uvalles

1837 Incompleto

40 Universidad Pontifi cia. Constancia. Hipólito Acosta 1837 Incompleto

41 Universidad Pontifi cia. Constancia. Evaristo Rojas 1837 Incompleto

42 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Público. Miguel Flores Heras

1837 Incompleto

43 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Público Bachiller José María Álvarez Bonilla

1837 Incompleto

44 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Público. Julio Romero

1837 Incompleto

45 Universidad Pontifi cia. Constancia. Derecho Público. Bachiller José María Roa

1837 Incompleto

46 Universidad Pontifi cia. Capellanía de Antonio Zuleta 1841 Incompleto

47 Universidad Pontifi cia. Bibliotecario. Honorarios 1843-1844 Recibos

48 Universidad Pontifi cia. Recibos 1843-1846 Recibos49 Universidad Pontifi cia. Cuentas 1846 Recibos

50 Universidad Pontifi cia. Honorarios 1846-1847 Recibos

51 Universidad Pontifi cia. Honorarios 1847 Recibos,

incompleto


incompleto


incompleto

Núm. caja



57 54 Universidad Pontifi cia. Catedráticos 1848-1850 Recibos

55 Universidad Pontifi cia. Nombramiento 1850

56 Universidad Pontifi cia. Invitación del general Juan N. Almonte. Acto de Lógica

1851 Impreso

57 Universidad Pontifi cia. Invitación del general Juan N. Almonte. Acto de ética y matemáticas

1852 Impreso

58 Universidad Pontifi cia. Invitación de Ignacio Cortina. Acto de derecho civil

1852 Impreso

59 Universidad Pontifi cia. Invitación al acto menor de la sagrada teología y apología

1853 Impreso mutilado

60 Universidad Pontifi cia. Constancia de literatura a favor del Br. Manuel Herrera

1855 Incompleto

61 Universidad Pontifi cia. Constancia a favor del Br. Manuel Herrera

1855 Mutilado, incompleto

62 Universidad Pontifi cia. Presupuesto 1859

63 Universidad Pontifi cia. Título de fi losofía del Sr. Hierónimo Yáñez

1863Impreso en

latín, sello de papel

64 Universidades. República Mexicana y Chile 1841-1846

65 Universidades. Jóvenes 1855 SECCIÓN: 5 ARTES Y OFICIOSSerie: Colegios

58 1 Colegio de Artes. Colegio de San Nicolás 1854-1855

Serie : Escuelas

2 Diccionario Tecnológico de Artes y Ofi cios. London 1832 Laminas

3 Escuela de Artes. Adeudo al salario 1865

4 Escuela de Artes. Mantenimiento 1867

Núm. caja



58 5 Escuela Artes y Ofi cios. México. Embargo 1862 Manchado

6 Escuela Artes y Ofi cios. México. Embargo 1862 Manchado

7 Escuela Artes y Ofi cios. México. Presupuesto 1862 Manchado

8 Escuela Artes y Ofi cios. México. Requerimiento 1862

9 Escuela Artes y Ofi cios. México. Adeudo 1864 Polilla

10 Escuela Artes y Ofi cios. México. Presupuesto 1866 Incompleto

11 Escuela Artes y Ofi cios. México. Adeudo 1865-1866

12 Escuela Artes y Ofi cios. México. Puebla. Escuela Industrial de Artes y Ofi cios

1858-1864 Impreso, polilla

13 Escuela de Artes y Ofi cios. Escuela de Agricultura 1861

14 Escuela Industrial de Artes y Ofi cios. México. Adeudo 1862

15 Escuela Pirotécnica 1866 FormatoSerie: Leyes-Decretos

16 Decreto. Escuela Industrial de Huérfanos 1880 Impresos

SECCIÓN: 6 BELLAS ARTESSerie: Academias GENERALIDADES

17 Honorarios. Lecciones de guitarra 1823 Incompleto

18 Academia de Bellas Artes. Puebla. Lotería 1855

19 Academia de San Carlos. Libros de texto 1867

Serie: Escuelas

20 Escuela de Bellas Artes 1865 Documento en francés

21 Escuela Nacional de Música y Arte Teatral. Nombramiento 1916 Mecanuscrito

Serie: Institutos

Núm. caja



58 22Instituto de Ciencias y Artes. Oaxaca. Catedrático de Gimnasia

1866

23 Instituto de Ciencias y Artes. Oaxaca. Cuentas mensuales 1866 Cuadros

24 Instituto de Ciencias y Artes. Oaxaca. Temblor 1866 Cuadros

25 Instituto de Ciencias y Artes. Oaxaca. Licencia 1866

26 Instituto de Ciencias y Artes. Oaxaca. Mantenimiento 1866 Incompleto

27 Instituto Literario. Linares. Acto de Filosofía 1854 Invitación

impresa

28 Instituto Literario. Zacatecas. Pago 1854-1855

Serie: Ministerios

29Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Propiedad Literaria

1865 Maltratado

Serie: Sociedades

30 Sociedad Filarmónica Mexicana. Programa de exámenes 1873 Folleto impreso

SECCIÓN: 7 COLONIASerie: Administración

59 1 Jesuitas. Administración General. Bienes Confi scados. Puebla

1772 Impreso, manuscrito

Serie: ColegiosGENERALIDADES

2 Tablas de multiplicar. México. 1783 Incompleto

3 Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe. 1775

4 Colegio de Celaya. Cuentas 1770-1773Maltratado, manchado, delación

5 Colegio de Chihuahua. Hacienda nombrada “La Ciénega” 1772 Incompleto

6 Colegio de Valladolid. Guadalajara 1763 Polilla,

manchado, roto

Núm. caja



59 7 Colegio Compañía de Jesús 1738 Polilla, manchado, roto

8 Colegio del Espíritu Santo. Confl icto 1718

9 Colegio del Espíritu Santo. Enfermedad 1769

10 Colegio del Espíritu Santo. Puebla. Inventario 1768 Cuadro

11 Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús. Puebla. Escritura de fundación

1776

12 Colegio Nobles de Madrid. Correspondencia 1766

13 Colegio Nobles de Madrid. Cajas Reales 1775

14 Colegio de la Purísima Concepción. Cuentas 1777-1778

Mutilado, maltratado, manchado

15 Colegio de San Andrés. Correspondencia 1780 Maltratado,

incompleto16 Colegio de San Andrés. Venta 1772 17 Colegio de San Andrés. Trigo 1781

18 Colegio de San Gregorio. Informe 1732

19 Colegio de San Gregorio. Contaduría 1782 Impresos

20 Real Colegio de San Ildefonso. Testimonio 1673 Incompleto,

manchado

21 Colegio de San Juan. Guadalajara. Cuentas 1779-1780 Roto, cuadros

22 Colegio de San Juan de Letrán. Destitución 1658-1659

23 Colegio de San Juan de Letrán. Presupuesto 1659 Maltratado

24 Colegio de San Juan de Letrán. Cuentas 1739 Roto

25 Colegios. Relación de colegios 1668-1669 Sello de cera

26 Colegio Seminario. Zacatecas. Testamento 1766

27 Colegio Seminario Nobles de Madrid. Decreto 1775

Núm. caja



59 28 Colegio Zacatecas. Comprobante 1769 29 Colegios. Expulsión de jesuitas 1760 30 Colegios. Certifi cado médico 1755 31 Colegio. Título de Idioma 1757 32 Colegios. Licencia 1771 33 Colegios. Correspondencia 1737

34 Real y Pontifi cio Colegio Seminario. Leer y explicar la sagrada escritura

1764-1766

Serie: Hospitales

35 Hospital de San Juan de Montes Claros. Veracruz. Informe 1767-1768

Serie: Iglesia

36

Iglesia de Santa María la Real de Covadonga del Principado de Asturias. Real Orden de colectación de limosnas del 20 de diciembre

1778 Impreso, manuscrito

Serie Seminarios

37 Seminario. Nobles de Madrid. Apoderado 1775-1777

Serie: Universidades

38 Real y Pontifi cia Universidad. Certifi cado médico 1738 Maltratado,

roto

39Real Universidad y Escuelas de la ciudad de México. Certifi cado de fe y verdad

1705

40 Real Universidad y Escuelas de la ciudad de México. Certifi cado de fe y verdad

1727

41 Universidad. Abogacía 1730 Manchado

Núm. caja



En el marco de los festejos por el centenario del inicio de la Revolución mexicana, el Archivo General de la Nación presentó de noviembre de 2010 a enero de 2011 el mural Black Palace / Palacio Negro del artista urbano WK Interact en el enrejado que está sobre la avenida Eduardo Molina.

WK Interact nació en 1969 en Caen, Francia. Actualmente vive y trabaja en Nueva York. Desde edad temprana desarrolló una fascinación por el cuerpo humano en movimiento, un sentimiento que se ve claramente refl ejado en su obra, donde comúnmente captura fi guras congeladas en pleno movimiento. Este artista determina sus proyectos de trabajo decidiendo primero la localización, sólo entonces elige las imágenes específi cas a plasmar, pensando sobre todo en lograr encuentros dentro de un ambiente urbano. A lo largo de su carrera de más de 20 años WK ha realizado más de mil intervenciones en las calles de las principales ciudades del mundo.

En el mural exhibido en el AGN el artista llama la atención sobre la importancia del caballo en la historia y cultura mexicana y alude también a la historia del inmueble que ahora es sede del AGN, pero que en 1900 se inauguró como Penitenciaría de la ciudad de México, por ello lo tituló Black Palace / Palacio Negro, que nos recuerda el nombre con el que popularmente se conocía el edifi cio: “El Palacio Negro de Lecumberri”; así, también alude al encierro de los presos mediante imágenes de cartas con remitentes y timbres, el único medio de contacto que los reos tenían con el exterior.

El artista se propuso rendir homenaje a la gran tradición muralista mexicana que va desde la decoración de las ciudades prehispánicas hasta las obras majestuosas de los grandes muralistas mexicanos del siglo XX.

Al mostrar esta pieza el AGN buscó formas distintas de dar a conocer su acervo a los ciudadanos. Las fotografías y documentos históricos utilizados como referencia para la creación del mural pertenecen a los fondos documentales que resguarda la institución para preservar la memoria de México.

BLACK PALACE

Exposiciones

VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES EN

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Declarando IndependenciasHasta el 8 de abrilSala de Banderas

Homenaje al Escuadrón 201Inauguración 30 de abril, 11:00 hrs.Sala Siqueiros

Archivo General de la NaciónNuestro pasado, presente y futuroInauguración 30 de abril, 12:30 hrs.Cúpula

La cosmovisión indígena en los mapas colonialesInauguración 28 de mayo, 12:00 hrsSala de Banderas

www.agn.gob.mx

Eduardo Molina 113, esquina con Albañiles (entrada por Héroe de NAcozari), Col. Penitenciaría Ampliación,

Deleg. Venustiano Carranza, C.P. 15350, México, D.F. Tel 51339900.



DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

Abril Los niños de la guerraMayo Imágenes del pasadoJunio El maravilloso viaje de Colón

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

Abril Marcas y patentes Plantel 3 “Justo Sierra”

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

Abril Felipe Teixidor. El coleccionistaEstación División del Norte

Mayo Personajes (Exiliados españoles)Estación Pino Suárez

Junio La música en el AGNEstación Copilco



Congresos y reuniones

ENCUENTRO DE ARCHIVISTAS DE LOS PODERES DE LA UNIÓN

“El gobierno a través de sus archivos: avances y desafíos”31 de mayo y 1 de junioAuditorio “Aurora Jiménez” de la Cámara de DiputadosAv. Congreso de la Unión núm. 76, Col. El parque, C.P. 15969Entidades organizadoras: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Archivo General de la Nación, Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores

XI JORNADAS ARCHIVÍSTICAS DE LA RED NACIONAL DE ARCHIVOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: DE LAS IES A ONCE AÑOS DE LA RENAIES

15, 16 y 17 de junioCd. de ZacatecasEntidades organizadoras: La Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, La Universidad Autónoma de Zacatecas

V ENCUENTRO DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL “LOS ARCHIVOS: MEMORIA DE LOS PUEBLOS, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”

24, 25 y 26 de agosto de 2011Auditorio Simón Bolívar, Antiguo Colegio de San IldefonsoEntidades organizadoras: Archivo General de la Nación, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de México, Archivo Histórico del Distrito Federal “Carlos de Sigüenza y Góngora”

TRANSPARENCIA EN LOS ARCHIVOS PÚBLICOS

22 y 23 de septiembreArchivo General de la NaciónEntidades organizadoras: Archivo General de la Nación, Comisión Nacional de Derechos Humanos

EUROPEAN SOCIETY FOR THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

From colonial empires to globalization: history of economic thought approachesFacultad de Economía, UNAM, Ciudad de México. 9-11 de noviembre de 2011Está abierta la convocatoria para proponer sesiones y ponencias. La fecha límite para el envío es el 1º de junio de 2011. Para mayor información consultar el portal [email protected]

XVI WORLD ECONOMIC HISTORY CONGRESS

The roots of developmentStellenbosch, Sudáfrica, 8-13 de julio de 2012Está abierta la segunda convocatoria para proponer sesiones. La fecha límite para el envío es el 31 de julio de 2011. Para mayor información consultar el portal www.wehc2012.org

54 CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS

Construyendo diálogos en las AméricasViena, Austria, 15-20 de julio de 2012La convocatoria para proponer ponencias estará abierta del 15 de abril al 31 de agosto de 2011. Para mayor información consultar el portal https://ica2012.univie.ac.at/call-for-papers


NORMAS PARA LA ENTREGA DE ORIGINALES

1. Sólo se recibirán materiales inéditos

2. El envío de colaboraciones deberá hacerse cumpliendo debidamente cada uno de los siguientes puntos:

a. Los trabajos deberán presentarse a doble espacio, con fuente ARIAL de 12 puntos, en versión word para windows, sin sobrepasar las 30 cuartillas incluyendo notas, cuadros, gráfi cos, mapas, apéndices y bibliografía.

b. Sólo se aceptarán trabajos escritos en español.c. Las ilustraciones, gráfi cas, cuadros y tablas se numerarán de modo

consecutivo. Se indicará su lugar de ubicación en el texto. Deberán incluirse en archivo por separado en formato “imagen” (tiff o jpg a 300 dpi).

d. El manuscrito irá precedido de una página con los datos del autor(es), fi liación académica, dirección profesional, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.

e. Deberá incluirse un resumen no mayor a 150 palabras.f. Deberá enviarse en forma electrónica a la dirección: [email protected]

3. Notas al pie de página

a. Las referencias aparecerán de manera resumida.b. Para libros deberá seguirse el siguiente modelo: Apellidos seguidos por una coma, título resumido en itálica seguido

por una coma, p. o pp. seguido por el número(s) de página(s). Ejemplo: Sierra, Evolución política, p. 34.c. Para artículos o capítulos de libros deberá seguirse el siguiente

modelo: Apellidos seguidos por una coma, título resumido entre comillas

seguido por una coma, p. o pp. seguido por el número(s) de página(s).

Ejemplo: John Tutino, “Soberanía quebrada”, p. 34.d. Las referencias de diferentes autores se separarán con un punto y

coma.


4. Siglas y bibliografía

a. Se incluirán sólo los libros o artículos citados en el texto, así como las siglas a los archivos a los que se hace referencia.

b. Las referencias bibliográfi cas se presentarán después de las siglas, en orden alfabético.

c. Deberá seguirse el siguiente modelo:

Libros Apellidos, nombre(s), título en itálica, lugar de edición, editorial, año

de edición. Capítulo en libro Apellidos, “título”, en autor(es) compilación o edición nombre y

apellido, título resumido en itálica, páginas del capítulo. Artículo Apellido, nombre(s), “título artículo”, en nombre de revista en itálica,

vol., número, año, páginas.

5. Citas

Las transcripciones de más de seis líneas de texto se incluirán en párrafo aparte, con un margen igual al de la sangría izquierda, sin comillas, a espacio sencillo.

6. No se aceptarán contribuciones que no cumplan con los requisitos.

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8. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores y no re fl ejan en modo alguno el punto de vista de Legajos o del Archivo General de la Nación.

Legajos Boletín del Archivo General de la Nación, 7a época, núm. 8,se terminó de imprimir en mayo de 2011

en Editores Buena Onda, S.A. de C.V.Se tiraron 1000 ejemplares.

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