bloque de constitucionalidad

CURSO DE DERECHO CONSTITUCIONAL III

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

SEPTIEMBRE DE 2013

Bloque de Constitucionalidad

Definición doctrinaria extranjera

“El bloque puede entenderse como un conjunto normativo que contiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, fuera del texto de la Constitución documental, y tiene como fin ser parámetro para el control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales” – Germán BIDART CAMPOS

Definición doctrinaria - nacional

“Instituto jurídico que integra los valores, principios y reglas del sistema jurídico, que no se encuentran en el articulado de la Constitución, los cuales se desprenden por medio de cláusulas de remisión establecidas en el cuerpo constitucional; como resultado, nuevos valores y principios se entienden anexados al texto constitucional con igual fuerza normativa, en un sentido sustancial en aplicación inmediata y directa del principio pro-ser humano” – Danilo CAICEDO TAPIA

Definición jurisprudencial

“Todas aquellas manifestaciones que sin estar formalmente en el articulado de la Carta, hacen parte de ella por la remisión que el mismo Constituyente hizo a ellas para que tuviesen el mismo grado de coercibilidad y obligatoriedad de uno de sus mandatos” - Sentencia D-5807 de la Corte Constitucional de Colombia

Origen histórico

La expresión bloque de constitucionalidad surgió en Francia, a raíz de la decisión del Consejo Constitucional de 16 de julio de 1971, que incorpora a la Constitución Nacional de 1958: la Declaración de Derechos del Hombre de 1879, el preámbulo de la Carta de 1946 y determinadas leyes de la República.

Finalidad: establecer de forma diáfana la naturaleza y fuerza constitucional de los derechos fundamentales no incluidos de manera expresa en la Constitución francesa vigente.

Evolución

Posteriormente, en 1981, este instituto es adoptado por España, mediante los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

Esfuerzo de naturaleza jurisprudencial que otorga valor constitucional a determinadas normas que distribuyen competencias entre el Estado y las comunidades autonómicas.

Finalidad: únicamente como parámetro para determinar la constitucionalidad de normas de inferior jerarquía sin establecerse una naturaleza uniforme y continua

Evolución

Con inmediatez, otros países europeos como Austria, Italia y Alemania siguieron el ejemplo activista francés y español, llevándolo un paso más allá, integrando al bloque de constitucionalidad no solo normas nacionales, sino otras de naturaleza supranacional, como por ejemplo, convenciones de derechos humanos, tratados de límites y normas de integración.

Evolución: Latinoamérica

El bloque de constitucionalidad llega al continente americano en la década de los noventa, siendo Colombia su primer y principal precursor mediante aportes jurisprudenciales y doctrinarios, implantando en su bloque de constitucionalidad, además de las fuentes ya mencionadas: Normas de novedosa naturaleza como el preámbulo de su

Constitución vigente; Tratados de derecho humanitario; Tratados ratificados que reconozcan derechos intangibles;

y, Doctrina de ciertos tribunales especializados en relación

con instrumentos internacionales ratificados

El caso colombiano

El sistema colombiano considera determinante la jurisprudencia de otros sistemas de protección de derechos que contengan un estándar de protección mayor al nacional (incluso se ha recurrido a las normas del Tribunal Penal Internacional de Núremberg).

Se realiza la diferencia, sin embargo, entre un bloque en sentido estricto y uno en sentido lato (Sentencia C-191 de la Corte Constitucional de Colombia).

Distinción: BDC en sentido estricto/lato

Bloque de constitucionalidad en stricto sensu.- Conformado por principios y normas de valor constitucional, establecidos de forma expresa en la Constitución y en ciertos tratados internacionales.

Bloque de constitucionalidad en lato sensu.- Conformado por normas de diversa jerarquía, que sirven de parámetro para ejercer el control de constitucionalidad.

Otros países latinoamericanos

Esta influencia alcanzaría a otros países de la región:Panamá: en donde se incluyen, además de otras

fuentes ya señaladas, la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia constitucional, la costumbre constitucional y el Estatuto de retorno al orden constitucional.

Costa Rica: donde se agregan, además los principios constitucionales, los reglamentos internos de su órgano legislativo y, como un elemento adicional, la Constitución derogada de 1871 para determinar la constitucionalidad de las normas dictadas en esa época.

Otros países latinoamericanos

De igual manera, en Argentina, Chile, Venezuela y recientemente en Ecuador, donde fue desarrollado jurisprudencialmente en algunos fallos de diversos órganos con la entonces vigente codificación del año 1998 y fallos de la Corte Constitucional, ya con la Constitución del año 2008.

Bloque de Constitucionalidad en EC

Algunas resoluciones y sentencias, en conjunto y bajo un tratamiento irregular, en primer orden otorgan preponderancia a los instrumentos internacionales de derechos humanos que prevén un tratamiento más favorable a la persona humana. Sin embargo, no mencionan de forma expresa al bloque de constitucionalidad como institución jurídica.

(Resolución 0002-2005-TC -Tribunal Constitucional, R.O. 382-S, 23-X-2006.)

Bloque de Constitucionalidad en EC

En un segundo orden más sistemático, mencionan expresamente esta institución :

“En esencia significa que los Estados no están obligados solamente al cumplimiento del contenido de sus constituciones, sino también al de los tratados internacionales que han suscrito y ratificado, puesto que existen disposiciones concretas de respetar sus preceptos, y por lo tanto pasan a insertarse dentro de la normativa con máxima jerarquía” (Resolución 001-2004-DI, Tribunal Constitucional, R.O. 374, 9-VII-2004)

Bloque de Constitucionalidad con la CRE-2008

Esta visión adquiere mayor claridad y amplitud con la Constitución vigente.

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

Art. 11.3.- Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.


Art. 11.7.- El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.

Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.


Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: (…)

Art. 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.


Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:

Núm. 7.- Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos.


Art. 426, segundo inciso: Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.


Art. 428.- Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma.

Fundamentación del BDC

Ruptura de la idea de validez formal de las normas y advenimiento del paradigma de la validez material o sustantiva: la validez de una norma no solo dependerá de los procedimientos para su creación, sino de la observancia y correspondencia de sus contenidos y de la armonía que guarde con los valores, principios y reglas manifestados en la Constitución (Luigi FERRAJOLI).


En consecuencia: si bien la Constitución es suprema como resultado primigenio de la voluntad ciudadana, dicha supremacía no puede violentar o transgredir el contenido esencial de los derechos fundamentales de su propio titular.

Art. 11.4, CRE: Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.


Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.

“Coto vedado”

Capítulo terceroReforma de la Constitución

Art. 441.- La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará: (…)


Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

“Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”.


Entender esta concepción significa dar un papel preeminente y preponderante a los derechos humanos por encima del Estado y de cualquiera de sus producciones jurídico normativas.

Esta es la tesis que encierra un Estado constitucional.

De conformidad con estos postulados, el principio pro homine se erige como un elemento transversal a lo largo de todo el sistema jurídico.

Principio pro homine

Conformado en su integridad tanto por normas nacionales como internacionales, dotadas sin distingo de idéntica obligatoriedad, que exigen a los operadores jurídicos aplicar en todos los casos, la disposición más favorable a la vigencia de los derechos humanos, incluyendo otro tipo de ordenamientos, estableciendo para cada caso una jerarquía móvil y otorgando al derecho una dimensión dúctil.

Pacta sunt servanda

El reconocimiento del bloque de constitucionalidad implica la obligatoriedad de la normativa supranacional ratificada o suscrita por los Estados; reconocimiento que no es excusable por el establecimiento de normativa interna en sentido contrario, en sometimiento al principio pacta sunt servanda.

Pacta sunt servanda: principio por el cual los Estados no pueden esgrimir normas de derecho interno –ni aún en la propia Constitución– para desconocer compromisos internacionales, que aunque positivizados no dejan de ser tal.

Compromisos

La existencia de compromisos internacionales impone la obligatoriedad en la aplicación de los instrumentos supranacionales, incluso de aquellos que, por su propia naturaleza, no gozan de mecanismos de exigibilidad.

Esto incluye a las declaraciones, informes, recomendaciones, interpretaciones y otras normas de similar naturaleza, provenientes de organismos internacionales.

Compromisos

La aplicabilidad de los estándares internacionales se origina en la Constitución y en los instrumentos internacionales aplicables al Estado.

Así, la Constitución obliga a todos los jueces a la aplicación directa de las normas “previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos” (Art. 426).

CADH

Por su parte, la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 (Ecuador es uno de los doce primeros países suscriptores de dicho instrumento), así como su ratificación el 12 de agosto de 1977 y la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de julio de 1984, son los instrumentos internacionales adoptados por el Estado ecuatoriano que lo obligan a cumplir con las disposiciones de la Convención Americana y las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Control de Convencionalidad

La obligación de aplicar los estándares del sistema interamericano en el análisis jurídico de los jueces ecuatorianos implica que estos deben ejercer un “control de convencionalidad” entre las normas de sus países y la Convención Americana “en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes” y tomando en consideración no sólo el Pacto de San José (como también es conocida la Convención Americana) “sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana” (Párrafo 93 del fallo Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 29 de noviembre de 2011).

Control de convencionalidad

En este contexto, los Estados no solo se encuentran obligados a respetar y obedecer los instrumentos internacionales, sino también a adoptar medidas para evitar su incumplimiento.

Este es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que expresamente dispone el deber de adoptar disposiciones legislativas o de cualquier otro carácter para hacer efectivos los derechos y libertades contenidos en el instrumento mencionado.

Control de Convencionalidad (CdC)

Tal es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de su función consultiva, ha determinado que: “[…] la expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una violación de ésta y, en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto a individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal Estado”. Opinión Consultiva No. 14 (OC-14/94).

Jurisprudencia nacional sobre CdC

“Al suscribir un país un tratado sobre derechos humanos, se compromete a respetar y a garantizar su ejercicio. Esta obligación supone que, en primer término, las disposiciones del derecho interno de un país no pueden contrariar a lo dispuesto en los tratados y, además, que los Estados no pueden argumentar que ese derecho no está reconocido expresamente en sus ordenamientos jurídicos; […]. La suscripción implica el compromiso de los Estados de cumplir con todas estas disposiciones y que los jueces, en un caso concreto, deban fallar interpretando obligatoriamente estas normas y dándolas además una eficacia vinculante”(Resolución 0035-2006-TC, Tribunal Constitucional, R.O. 114-S, 27-VI-2007)

Contenido del Bloque de Constitucionalidad

El contenido del bloque de constitucionalidad varía dependiendo de la remisión que la propia Constitución realice.

Respecto al contenido del bloque de constitucionalidad en el derecho ecuatoriano, su determinación es aún difícil de establecer debido al escaso o casi inexistente desarrollo jurisprudencial y doctrinario al respecto.

Contenido del Bloque de Constitucionalidad

Sin embargo, del análisis de la propia Constitución, podemos vislumbrar que su contenido es bastante amplio, tanto en su alcance conceptual como en el tipo de normas que lo conforman.

Por esta razón, con el objeto de ahondar en esta temática, es imperioso estudiar la naturaleza de los tratados y las cláusulas de remisión internas y externas que constan en nuestra Constitución.

Cláusulas de remisión o reenvío

Normas que, de manera expresa o tácita, redireccionan sus disposiciones a otros cuerpos normativos nacionales o internacionales (“tratados”), especificando, completando o ampliando sus contenidos.

En este sentido, es necesario aclarar que el término “tratados” es únicamente una de las muchas fuentes del derecho o la normativa internacional. Sin embargo, suele entendérselo como un término genérico.

Definición de “Tratados”

De conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Art. 1), se entiende como tratado a “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.

Todo tratado de cualquier naturaleza debe ser cumplido e interpretado por las partes de buena fe, entendiéndose comprendido dentro del instrumento el preámbulo y sus anexos (Arts. 26 y31, ibídem).

Tratados

En este grupo entenderemos comprendidos a los pactos y convenios, es decir, aquellos instrumentos que gozan de fuerza vinculante, garantizados por organismos colegiados que vigilan su cumplimiento y que, para efectos jurídicos, pasan a formar parte de la legislación de cada Estado que lo ratificó de acuerdo a un procedimiento preestablecido.

CRE 2008: “instrumentos internacionales”

Sin embargo, en el Ecuador, la Constitución vigente no diferencia a las fuentes, refiriéndose más bien y de forma genérica a los “instrumentos internacionales”.

En este sentido, los tratados de derechos humanos ocupan un lugar preferencial y diferenciado, puesto que su objeto no es sino la finalidad última y el deber primordial del Estado.

Tipos de cláusulas de remisión

Cláusulas interpretativas;Cláusulas reconocedoras de derechos no

enumerados;Cláusulas reconocedoras de derechos

implícitos;Cláusulas declarativas; Cláusulas de remisión a textos cerrados; y,Cláusulas de remisión a textos por

desarrollar.

Cláusulas interpretativas

Establecen lineamientos generales, desde los cuales deberán interpretarse las demás normas de la Constitución.

Ejemplo: Art. 427, CRE: “(…) En caso de duda [las normas constitucionales] se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional.

Ej: Principio pro homine

Cláusulas reconocedoras de derechos no enumerados

Determinan de manera expresa que los derechos consagrados en la Constitución no excluyen o niegan otros derechos no enumerados pero previstos en otro tipo de normas (con independencia de su carácter nacional o supranacional). Ejemplo:

Art. 58, CRE: “Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Cláusulas reconocedoras de derechos implícitos

Así como tampoco niegan otros derechos no advertidos en norma escrita pero implícitos, que se deriven de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos o nacionalidades. Ejemplo: Art. 11.7 y Art. 84, CRE:

“…los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.

Cláusulas declarativas

Recurren a enunciados que pueden realizarse en diferente medida, que no están precisamente determinados, sino que aparecen como antecedentes abiertos en alcance e intensidad.

Entre las disposiciones declarativas que podemos encontrar están los preámbulos, las pautas relativas a política exterior del Estado (Art. 416, CRE), las pautas de actuación de los órganos estatales (Arts. 3.2, 11, 147.1 y 428, CRE) y las relativas a procesos de integración (Art. 423, CRE).

Cláusulas de remisión a textos cerrados

Reenvío a normas expresamente determinadas.

Ejemplo: Remisión expresa a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Ej.: Remisión a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo o a los Convenios de Ginebra (caso de la Constitución colombiana).

Cláusulas de remisión a textos x desarrollar

Se refieren a un marco normativo que aún se encuentra en construcción, o que resulta indeterminado.

Ejemplo: Art. 93, CRE: “La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible…”

Reconocimiento interno: ¿necesario?

Existe cierto consenso en la doctrina respecto a que, en principio, el BdC existe sin necesidad de reconocimiento expreso por los órganos jurisdiccionales nacionales, en especial cuando se trate de integrar instrumentos internacionales de derechos humanos.

Así lo determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Sentencias de la CIDH sobre el BdC

Caso Baena Ricardo y Otros vs. Panamá, Sentencia de 18 de noviembre de 2009:“La Constitución Política establece, en su artículo cuarto, que Panamá acata las normas del derecho internacional. La Corte Suprema de Justicia ha establecido en jurisprudencia reiterada, que el artículo octavo de la Convención Americana es parte del bloque de constitucionalidad, […] sin embargo de lo cual existe desde mucho antes que la Corte Suprema de Justicia panameña lo reconociera”.


Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y Otros) vs. Chile, Sentencia de 5-Feb-2001:

“Los derechos esenciales de la persona humana constituyen, dentro del sistema jurídico chileno, un sistema de doble fuente: una de carácter interno […] y otra de carácter internacional que incorpora al ordenamiento jurídico chileno, al menos, los derechos contenidos en los tratados que el Estado libre, voluntaria y espontáneamente ha ratificado. Esto implica que el bloque de constitucionalidad está integrado por los derechos contenidos en los tratados y por los derechos consagrados en la propia Constitución Política”


Caso las Masacres de Mapiripán vs. Colombia, Sentencia de 7 de marzo de 2005:“Esas normas estaban vigentes para Colombia al momento de los hechos, como normativa internacional de la que el Estado es parte y como derecho interno, y han sido declaradas por la Corte Constitucional de Colombia como normas de jus cogens, que forman parte del ‘bloque de constitucionalidad’ colombiano y que son obligatorias para los Estados y para todos los actores armados […].

Reconocimiento de las cláusulas de remisión en EC

La Resolución 001-2004-DI del Tribunal Constitucional, marcó el punto de partida del bloque de constitucionalidad en el Ecuador.

Se refiere a la petición de inconstitucionalidad del 2do inc. del Art. 255 del CPC (libertad de expresión de los jueces respecto de las causas que juzgan).

Se acudió a varias fuentes del ordenamiento nacional e internacional.


Los magistrados citan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el caso Olmedo Bustos y otros versus Chile, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Concluyen que “en cada causa no es suficiente con defender solamente la Constitución, sino también los instrumentos internacionales que la integran, lo que constituye el Bloque de Constitucionalidad”.


La siguiente ocasión que el Tribunal Constitucional trató el bloque de constitucionalidad fue en la Resolución 0002-2005-DI (inconstitucionalidad de varios artículos del Código de Procedimiento Penal vigente a la fecha, sobre la detención en firme).

Del texto se desprende que aunque no se menciona el bloque de constitucionalidad de manera expresa, se reconoce la obligatoriedad de las normas internacionales y la vigencia del principio internacional en favor del ser humano.


La Resolución 0035-2006-DI del Tribunal Constitucional se refiere a la obligatoriedad del servicio militar y su conflicto con el derecho a la objeción de conciencia.

El Tribunal declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, con fundamento en varios instrumentos internacionales entre los que consta la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos del 5 de marzo de 1987, sobre la objeción de conciencia. De manera complementaria fundamenta su fallo en las recomendaciones de Naciones Unidas de los años 1989, 1991 y 1993.


Resolución 0043-07-TC, Suplemento del Registro Oficial 286, 3-III-2008:

“En ese sentido, las disposiciones tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 y particularmente las estipulaciones de la Convención Americana de los Derechos Humanos hacen parte del orden constitucional vigente en el Ecuador con una jerarquía normativa superior al resto del ordenamiento”.


Sentencia 0001-009-SIS de la Corte Constitucional: es la primera sentencia que menciona al bloque de constitucionalidad en el contexto de la Constitución de 2008, bajo la competencia de la Corte respecto de una acción por incumplimiento.

“Una Constitución puede ser normativamente algo más que el propio texto constitucional, esto es, que las normas constitucionales, o al menos las supralegales, pueden ser más numerosas que aquellas que pueden encontrarse en el articulado de la constitución escrita”.


Sentencia 001-10-SIN-CC (Suplemento del Registro Oficial Nº 176, 21-abril-2010)

“Dentro de la jerarquización normativa, las normas constitucionales se encuentran en primer lugar; sin embargo, asumiendo un rol garantista, se ha colocado a la par de las normas constitucionales también a aquellas que se encuentren dentro de los Tratados e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos de los cuales nuestro país es suscriptor”.

Sentencia 001-10-SIN-CC

“Los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, forman parte del bloque de constitucionalidad del Ecuador, una vez que hayan sido ratificados por nuestro país estableciéndose en el art. 424 que cuando dichos instrumentos reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Entonces, los Derechos Humanos, positivizados, se convierten en derechos fundamentales, consagrados en varios instrumentos internacionales y esencialmente en las Constituciones de los respectivos países”.


“En la doctrina se entiende por “bloque de constitucionalidad” el conjunto de normas que no constando en la Constitución formal, o sea en el texto preparado por la Asamblea Constituyente y aprobado por el pueblo en el referéndum, forman parte de ésta porque la misma Constitución les reconoce ese rango y papel y, por lo que se relaciona con los derechos humanos, las listas que contengan estas normas hay que sumar a la lista constitucional (Arts. 11.3 y 84) y, en caso de conflicto, se ha de aplicar la que de mejor manera y más efectivamente garantice la dignidad de la persona o de la colectividad (Arts. 11.5 y 417)”


La Sentencia considera relevante para la decisión:

“El Art. 5 (y el art. 19) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas…”

“…el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT que forma parte del Bloque de Constitucionalidad establecido en el Art. 424 de la Constitución”


El Ecuador ha ratificado la Convención de Viena que, en su artículo 26 contempla el principio pacta sunt servanda, esto es, el Estado no puede alegar falta de legislación para eludir sus obligaciones, en el derecho internacional y con mayor razón si la norma constitucional dispone que “Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento…” (Art. 11, numeral 3 inciso final).

Ventajas del Bloque de Constitucionalidad

Logra una visión ampliada de la Constitución, determinando un alcance más potente de su fuerza normativa.

Permite concebir integralmente todo el sistema jurídico, como un conjunto integrado por normas nacionales y supranacionales que se relacionan y colaboran para dar unidad y validez a todo el sistema, encaminadas todas por el principio pro homine.

Inserta a la Constitución en toda clase de controversias, haciéndola vivir como norma de aplicación directa.

Ventajas del Bloque de Constitucionalidad

Obliga a todos los operadores jurídicos a conocer, entender y aplicar el ordenamiento jurídico nacional y supranacional, hecho que influiría notablemente en sus actuaciones y, por tanto, en la producción jurídica, tanto a nivel de legislación como de doctrina y jurisprudencia.

Fuerza al rediseño de todos los principios e instituciones jurídicas que se encuentren dogmatizadas.

Contribuye a la estabilidad constitucional; no impidiendo las reformas, sino volviéndolas innecesarias ante la colaboración de todas las normas para cubrir un vacío o facilitar una interpretación conforme.

Riesgos del Bloque de Constitucionalidad

Su errónea implementación atentaría de manera injustificada contra la seguridad jurídica, creando incertidumbre entre los operadores que no conocen de manera cierta qué normas ostentan valor constitucional.

Relativismo de cada ordenamiento en la configuración de su propio bloque de constitucionalidad.

Excesivo rigor o total flexibilidad de los órganos máximos de constitucionalidad en la delimitación del bloque de constitucionalidad.

Conclusiones

La implementación del BdC permite incorporar dentro de la justicia ecuatoriana instrumentos internacionales de derechos humanos que prevén estándares más altos y amplios en términos de contenido y efectividad de los derechos humanos, lo cual es una obligación constitucional ineludible derivada del reconocimiento del principio pro homine.

Es también un mecanismo jurisprudencial idóneo para superar una cultura jurídica formalista que desplazó históricamente el papel fundamental de la persona y su dignidad humana.

Conclusiones

Reconocer la necesidad de aplicar la figura del bloque de constitucionalidad en el sistema jurídico ecuatoriano involucra un proceso sistémico propio que deberá mostrar conformidad con el contexto nacional particular, lo cual implica, esencialmente, mostrar conformidad con el nuevo modelo de Estado constitucional.

El equilibrio entre las bondades y los riesgos del BdC dependerá en gran medida de las dosis de sensatez y criterio jurídico de la Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema.

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