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Poder Judicial de la NaciónTRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 4

FSM/99702/2017/TO1

///Martín, 16 de julio de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Se reúnen los integrantes del Tribunal Oral

en lo Criminal Federal Nro. 4 de San Martín, doctores

Estaban Carlos Rodríguez Eggers -presidente-, Matías

Alejandro Mancini y Nada Flores Vega -vocales-, con la

asistencia del secretario, Pablo Santiago Villar, con

el objeto de redactar los fundamentos de la sentencia

dictada en la causa FSM/99702/2017/TO1 (número interno

3587) de este registro, respecto de JOSÉ LUIS VARGAS

(de nacionalidad argentina, titular del DNI nro.

32.946.041, nacido el día 28 de noviembre del año 1986

en la localidad de General Rodríguez, partido homónimo,

provincia de Buenos Aires, hijo de Ángel Luis y Silvia

Patricia Lucero, de estado civil soltero, con último

domicilio real en la calle Lugones nro. 2314 de la

localidad de La Reja, partido de Moreno, provincia de

Buenos Aires, actualmente detenido en la Alcaidía

Penitenciaria Junín -U49- del Servicio Penitenciario

Bonaerense).

Intervinieron en el debate el doctor Carlos

Cearras en representación del Ministerio Público Fiscal

y los doctores Lisandro Sevillano Moncunill y Hernán

Miguel Silva González en representación de José Luis

Vargas.

RESULTA:

I. REQUSITORIA FISCAL DE ELEVACIÓN A JUICIO.

Que a fs. 765/778 el señor fiscal federal,

doctor Santiago Marquevich, formuló requerimiento de

elevación a juicio en las presentes actuaciones y le

imputó a José Luis Vargas, en carácter de coautor, los

Fecha de firma: 16/07/2020Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARAFirmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARAFirmado por: PABLO SANTIAGO VILLAR, SECRETARIO DE JUZGADOFirmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

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delitos de homicidio criminis causae en concurso real

con el delito de robo agravado por el uso de arma de

fuego apta para el disparo (cfme. arts. 45, 55, 80

-inc. 7°- y 166 -inc. 2° y párrafo 2- del Código

Penal).

II. AUDIENCIA DE DEBATE.

Los días 23 de junio y 03 y 07 de julio del

año 2020 tuvo lugar tuvo lugar la audiencia de debate

oral, de acuerdo con las directivas establecidas en el

capítulo II, título I, libro III del Código Procesal

Penal de la Nación y de cuyas circunstancias ilustra el

acta de fs. 1107/1116.

III. ACUSACIÓN.

Al formular su alegato el doctor Carlos

Cearras rememoró que este expediente tuvo su inicio el

día 02 de octubre del año 2017, aproximadamente a las

10:00 horas, en un comercio denominado “Chupito”,

ubicado en la calle Altolaguirre nro. 805, esquina

Salguero, de la localidad de Merlo, cuando un camión se

encontraba descargando bebidas y dos hombres jóvenes

llegaron en una motocicleta, uno de ellos ingresó de

manera rápida al interior del comercio, lugar donde se

encontraba su encargada -María Elena Salinas-

conversando Jaqueline Martínez - empleada de una

distribuidor-.

En ese contexto, recordó, que este individuo

mediante intimidación de arma de fuego obligó a la

nombrada Salinas a que buscara dinero, debido a que se

trataba de un robo del comercio. Así, mientras Salinas

buscaba el dinero se le sustrajo al cliente Juan Carlos

Maidana del bolsillo de su pantalón una serie de


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efectos, entre ellos, una licencia de conducir,

anotaciones y la suma de $200 que este llevaba en la

mano; tras ello, el aquí imputado egresó del comercio y

se dirigió hacia la calle, donde observó en la caja del

camión de bebidas a una persona que estaba entablando

una suerte de diálogo con su compinche, es decir, quien

lo había aguardado en el exterior del negocio.

Destacó que la persona que estaba sobre el

camión era una especie de custodia de la mercadería y

esta le dijo que no pasaba nada que se quedase

tranquilo pero, sin mediar palabra alguna, este sujeto

-a la postre identificado como Vargas- le disparó con

su arma de fuego a quien luego se identificó como

Heriberto Mengual, produciéndole la muerte casi de

manera inmediata. Enfatizó que este persona no ofreció

ninguna resistencia ni generó ninguna clase agresión o

defensa para motivar el ataque que le ocasionó la

muerte.

Adunó que momentos después se hizo presente

personal de la comisaría del lugar y mediante el examen

practicado por la doctora Ragaglia se informó que la

víctima presentaba heridas de arma de fuego en axila

derecha, hemitórax derecho y flanco izquierdo. Sumó que

la víctima fue desapoderada de una pistola, modelo 92

FS, marca Beretta, calibre 9mm., nro. 04GC00063,

propiedad de la Gendarmería Nacional Argentina, fuerza

de seguridad a la que pertenecía y en esa ocasión se

encontraba efectuando una suerte de servicio de policía

adicional en la custodia del camión.

Explicó que el hecho relatado integraba la

materialidad infraccionaría del juicio y se acreditaba,


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en primer lugar, con los dichos del sargento Domínguez

que concurrió al lugar con el oficial Matías Díaz,

quienes cercaron la zona y realizaron las primeras

diligencias tendientes a preservar la escena del

crimen.

Luego, justipreció los dichos de María Elena

Salinas, quien prestó declaración en la prevención y en

sede judicial, quien hizo saber que la persona que

ingresó al negocio le había robado dinero mediante

intimidación con un arma y, también, conversado con

ella sobre la existencia de dinero en el comercio.

Añadió que este testimonio se respaldaba con las

declaraciones de Juan Carlos Maidana, quien expresó

haber sido desapoderado de dinero y cuando se

encontraba en el comercio sintió una especie de fierro

en la espalda dándole la impresión de que se trataba de

una arma.

Sumado a ello, ponderó las declaraciones de

Santiago Alberto Gómez, Nicolás Martín Soluch, Mariano

Ezequiel Ledesma, Mariano Ezequiel Ledesma y Carlos

Javier Tissera. Igualmente, mencionó los dichos de la

testigo Jaqueline Martínez, empleada de una

distribuidora de lácteos, quien se encontraba en el

local comercial conversando con la encargada cuando

acontecieron los hechos.

Valoró la deposición del testigo José Raúl

Collado, quien oportunamente recibió una llamado de una

tal “Solange” que le expresó que el autor del robo

había sido José Luis Vargas. Aquí realizó una salvedad

y precisó que el testigo declaró en esta audiencia pero

no pudo recordar la recepción de ese llamado.


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Tuvo en cuenta, también, el acta de

procedimiento de fs. 1/2 y la autopsia de fs. 387/390,

rememorando las conclusiones de esta última y que la

muerte de Heriberto Mengual se debió a un paro

cardiorrespiratorio traumático consecuente con heridas

de armas de fuego.

Mencionó el acta de levantamiento de rastro

de fs. 80/81 e informe pericial de fs. 82/89, en los

que se documentó el secuestro de los casquillos que

salieron de los disparos de arma de fuego que efectuó

el imputado.

Finalmente, analizó los informes de

prevención, los dictados de rostro, las constancias de

secuestro del teléfono celular y fotografías, junto a

los restantes elementos que, en definitiva, los

condujeron indiscutiblemente a acreditar la efectiva

materialidad del suceso relatado.

En lo concerniente a la responsabilidad

penal del imputado tomó en cuenta lo actuado por la

Unidad Fiscal Nro. 9 del departamento judicial de

Moreno que remitió copia de las partes pertinentes de

la IPP 19-01-004685-17/00 caratulada “Vargas, José Luis

s/homicidio criminis causae en grado de tentativa”.

Precisó que dicho episodio había acontecido un par de

días antes y fue perpetrado en el ámbito de un

supermercado cuyo dueño resultaba ser de nacionalidad

china, en el cual el modus operandi fue similar, es

decir, habían llegado al lugar dos personas en una

motocicleta, de la cual descendieron y uno de estos

individuos le disparó con un arma de fuego al

propietario del negocio.


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Subrayó que si bien esta situación podía

resultar frecuente en la provincia de Buenos Aires y

Capital Federal, en este expediente sonó una voz de

alerta por ser ambos hechos llevados a cabo en zonas

aledañas y, además, debido a que en el marco de una

conversación telefónica que no fue ratificada pero

permitió la investigación que aquí se llevó a cabo se

manifestaba que en el episodio de la muerte del

gendarme había intervenido José Luis Vargas y un tal NN

Jorgito alias “limado”.

Sostuvo que como resultado de dichas

actuaciones se pudo determinar en los levantamientos de

rastros respecto a las municiones que existía

coincidencia tanto en la munición y el tipo de arma

utilizada en el hecho aquí investigados en los que

resultó muerto Heriberto Mengual y el hecho que

victimizó al propietario de nacionalidad china del

supermercado.

Relató que luego de diversas medidas de

investigación se ordenó el allanamiento del domicilio

donde residía Vargas y allí se secuestraron diversos

elementos, entre ellos, un casco, una motocicleta y

fundamentalmente un teléfono celular marca Samsung al

que le correspondía el abonado 51038801, con número de

IMEI 353878070904836, que pertenecía a la pareja del

señor Vargas.

Puntualizó que esta situación permitió luego

la revisión de los distintos elementos del aparato

telefónico, tarea realizada por Amílcar Raguso,

identificándose una serie de fotografías de pantallas y

otros elementos que a su juicio resultaban


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fundamentales y gravitantes a los fines de determinar

la responsabilidad penal del acusado.

Concretamente, refirió que debían valorarse

los chats y los diálogos entre las señoras Daiana y

Débora que hacían exclusiva referencia y alusión al

hecho que tuvo como víctima a Heriberto Mengual, lo

cual no era un dato menor ya que no sólo se conversaba

sobre este hecho sino que se realizó una atribución al

imputado Vargas.

Precisamente, se exhibía un video emitido en

el canal de noticias TN en que se cubría el hecho de

Mengual, circunstancia que enfatizó le permitía tener

por acreditado sin lugar a dudas, a la luz de la sana

crítica, la responsabilidad e intervención del acusado.

Consideró que este elemento se tenía que analizar a

pesar de la negativa del reconocimiento que efectuaron

ambas víctimas del hecho que se realizó casi dos años

después de su ocurrencia, por ende, podía existir una

pérdida en lo atinente a los recuerdos y la

identificación de una persona.

Retomó el análisis del chat e hizo hincapié

en que la conversación que tuvieron estas dos personas

llevaba a la responsabilidad de Vargas debido a que

mencionan el ilícito investigado y resultaba imposible

que tuvieran el video en el que se cubría la noticia si

no se tuviera un interés o una relación el hecho.

Remarcó que a la presencia del video debía

adunarse el contenido de la conversación y realizó una

lectura textual de algunos de los mensajes que lucen en

el chat al que hizo referencia. Expresó que estos

mensajes no hacían más que identificar y poner de


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manifiesto la participación de Vargas, más allá de que

las explicaciones que luego dieron las participantes de

la conversación al testimoniar en sede judicial.

Entendió que no teníamos una prueba directa

pero si un cuadro indiciario que le posibilita sostener

la responsabilidad de Vargas, principalmente, por la

coincidencia del modus operandi entre los hechos antes

mencionados y el que victimizó unos días antes a Gimena

Soledad Casechia en un negocio llamado “Pipicucu” en el

que también ingresó una motocicleta sin lograr a

concretarse el robo, no obstante ello, cuando se

secuestraron elementos en el domicilio de Vargas la

nombrada reconoció el casco y un buzo que pertenecían

al imputado.

En definitiva, concluyó que todos los

elementos probatorios resultaban más que suficientes

para mantener y sostener la responsabilidad de Vargas

en el hecho acreditado.

En lo atinente a la calificación legal

entendió que la conducta enrostrada era constitutiva

del delito de homicidio criminis causae en concurso

real con robo agravado por el uso de arma de fuego apta

para el disparo, por la debía responder como coautor,

conforme lo dispuesto en los arts. 54, 80 -inc. 7°- y

166 -inc. 2° y párrafo 2- del Código Penal.

Reveló que no tenía dudas sobre la

calificación escogida y que Vargas al momento de

dispararle a Mengual tuvo la intención de garantizar su

vida y que el robo sea llevado a cabo sin ninguna

dificultad y, así, concretar lo que ya había ejecutado

en el interior del negocio, es decir, el


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desapoderamiento de dinero. Indicó que la única manera

de concretar el ilícito era disparándole a Mengual a

pesar de que la víctima no había atinado ni a

dispararle ni a defenderse.

En cuanto a la pretensión punitiva solicitó

que, por la calificación escogida, se lo condenara a la

pena de prisión perpetua, accesorias legales y el pago

de las costas del proceso.

IV. DEFENSA.

Al momento de formular su alegato el doctor

Hernán Miguel Silva González, en primer término,

postuló la libre absolución de su asistido.

Previo a introducirse en la defensa de fondo

referenció que el señor fiscal general mencionó

elementos de prueba que no fueron aceptados en el auto

de admisibilidad, circunstancia que destruía la cadena

de conocimiento y, por ende, su valoración resultaría

absolutamente nula.

Tras ello, enfatizó que no existían en esta

causa elementos que permitieran la construcción de la

autoría de su asistido sino, más bien, contra pruebas

que descartaban la imputación formulada forzosamente

por el fiscal basada en la captura de pantallas del

teléfono celular de la concubina del causante.

Recordó que antes de la sindicación del

acusado en el expediente se llevaron a cabo tareas de

investigación inmediatamente posteriores a la

ocurrencia del hecho que conducían a la participación

de otra personas. Precisó que ello se colegía con

meridiana claridad de las declaraciones de Carlos

Javier Tisera de fs. 48/49, 104, 135 y 194/196


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-incorporadas regularmente al debate- de las que se

desprende que desde el día 02 de octubre de 2017 se

tomó conocimiento por relevamientos en el lugar del

hecho y por comentarios de vecinos de Merlo, quienes

por temor a represarías no quisieron brindar sus datos,

que las personas que participaron en el hecho

resultaban ser NN Negro Cacho y NN Denis, identificados

en la primera declaración del preventor por sus nombres

completos, Alfredo Oscar Cardozo y Denis Fernández,

incluso, también, se aportaron sus respectivos

domicilios.

Adunó que este miembro de la fuerza depuso

que uno de estos sospechosos tenía antecedentes por un

hecho similar al aquí investigado, donde resultó

victima Marcelo Villordo y el expediente tramitaba ante

el Juzgado de Garantías Nro. 3 de Morón.

Remarcó que con posterioridad Tisera añadió

los abonados telefónicos de estos sospechosos y reveló

que recababa datos de un informante anónimo que no

aportaba su nombre por temor a la violencia que podrían

ejercer Cardozo y Fernández. Señaló que este informante

le transmitió al preventor que uno de estos sospechosos

el día 03 de octubre del año 2017 estaba ofreciendo a

la venta un arma de fuego por $5000 en cercanía de la

intersección de las calles Pavón y Zapala de la

localidad bonaerense de Merlo, a la vuelta de un

supermercado chino y en el puente denominado

“Puentecito Salguero”.

Añadió que en el mismo sentido que se

expresó Tisera lo hizo el preventor Darío Andrés Farías

a fs. 54, quien, además, aportó fotografías de las red


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social Facebook de Denis Fernández en la cuales se

observa una motocicleta de color azul metalizado tipo

rutera y un casco blanco similar al utilizado en el

hecho.

Hizo hincapié que en función del resultado

de las actuaciones referidas la prevención requirió los

allanamientos de los domicilios de estos sujetos pero

debido a la declaración de incompetencia del juzgado

provincial todo quedó en una suerte de nebulosa.

Resaltó que las conclusiones de Tisera y

Farías fueron refrendadas en el informe obrante a fs.

136/165 suscripto por el comisario Martin De Cristóbal,

jefe de la División Homicidios de la PFA.

En el informe en cuestión se reseñó que

estas personas fueron las que cometieron el hecho que

victimizó a Heriberto Mengual y a idéntica conclusión

arribó el inspector Sebastián Alberto Peduzzi, quien

declaró a fs. 198/200 y 237/238.

Completó su idea sosteniendo que en autos

tenemos elementos que descartan la participación de

Vargas en el hecho objeto del proceso y sindican a

otras personas del mismo barrio donde el evento tuvo

lugar que, incluso, poseen una motocicleta y casco

similares a los empleados para perpetrar el ilícito.

Puntualizó sobre esta cuestión que se trata

de una motocicleta marca Yamaha color azul metalizado,

que por sus características, a primera vista podría ser

identificada como rutera, sin perjuicio de su

cilindrada.

Por otra parte, expresó que si se realizaba

un análisis de los testigos presenciales del evento se


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arribaba a la conclusión de la absoluta ajenidad de su

asistido. A tal fin, rememoró que los empleados de la

distribuidora y compañeros de la víctima Heriberto

Mengual que se encontraban en el lugar -Santiago

Alberto Gómez, Mariano Ezequiel Ledesma y Nicolás

Martín Soluch- no pudieron dar precisiones sobre las

características e identidades de los autores porque

desde sus perspectivas vieron a los atacantes con sus

casco puestos.

En cambio, el testigo Ledesma si pudo

describir a la motocicleta utilizada por los autores

como azul tipo rutera, es decir, coincidente con la

fotografiada por Farías en sus tareas.

Indicó que los vecinos de la zona no

aportaron datos relevantes para el esclarecimiento del

hecho, cuya materialidad, aclaró, no discutiría.

Respecto a la víctima Juan Carlos Maidana

remarcó que declaró que no pudo observar a los

atacantes debido a que se encontraba de espaldas.

Entonces, enfatizó que sólo contábamos con dos personas

que observaron con claridad al agresor que ingresó al

comercio y ellas indicaron en sus declaraciones

testificales, incorporadas al debate por lectura, que

podrían reconocerlo.

Subrayó que a pesar de lo dicho por estas

testigos presenciales durante la instrucción del

expediente no se articularon medios para llevar a cabo

una diligencia de reconocimiento en rueda de personas,

desde su punto de vista, ello se debió a la endeble

imputación que existía contra Vargas y la carencia de

elementos probatorios que lo sindicaban en esta causa.


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Consideró que la testigo María Elena Salinas

fue quien vio con mayor claridad al atacante, ya que lo

observó cuando ingresó al comercio, le exigió el dinero

y egresó del lugar, es más, seguramente cruzó miradas

con este sujeto. A su modo de ver dicha circunstancia

hacía que su recuerdo fuera el más fiable.

Explicó que como defensor participó de los

dos reconocimientos en rueda practicados en esta causa

y el resultado de dichas diligencias resultaba

trascendentes para imposibilitar la acreditación de la

responsabilidad de Vargas en los hechos.

Indicó que del acta de fs. 1053/1054,

incorporado al debate por lectura, surgía que María

Elena Salinas, el día primero de noviembre del año

próximo pasado, declaró que luego de observar

detenidamente a los integrantes de la rueda ninguna de

las personas que la integran se asemejaba a la que

participó del hecho que oportunamente describió,

aseveración que entendió contundente y devastadora.

Por otro lado, dijo que la testigo Jaqueline

Martínez, quien no realizó dictado de rostro como sí lo

hizo Salinas, en la diligencia de reconocimiento en

rueda declaró que en una primera vista de la rueda que

podría ser la persona identificada con el número tres

pero en una segunda observación afirmó que no reconocía

a ninguna de las personas que conforman la rueda como

la que participó en el hecho investigado.

Insistió en que la contundencia de estas

pruebas objetivas y subjetivas desvirtuaban

definitivamente la imputación contra Vargas debido que

no existían elementos probatorios de que haya sido el


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autor, es más, resultaban contrapruebas de ese frágil y

endeble indicio al que se refirió el señor fiscal

general.

Adunó a esta carencia de pruebas que bajo la

esfera de custodia mediata e inmediata de su asistido

no se les secuestraron elementos relacionados a las

víctimas.

Respecto al casco que efectivamente se

secuestró y que el fiscal mencionó debía recordarse que

la testigo Criado declaró que pertenecía a su cuñado

que lo había olvidado en su domicilio y, además, la

testigo dijo que Vargas se movilizaba en un automóvil

Volkswagen Gol de color blanco, el cual efectivamente

estaba estacionado en la vía pública frente al

domicilio que fue registrado.

A todo esto sumó que a su asistido tampoco

se le secuestró el arma homicida y la pistola sustraída

a Mengual; igualmente, destacó que tampoco se

obtuvieron video filmaciones del hecho, más allá de los

esfuerzos de la prevención por obtenerlas.

Puntualizó que de las filmaciones del robo

del supermercado chino que como bien señaló el tribunal

no resulta objeto de este proceso tampoco se

identificaba a Vargas.

Finalmente, refirió que no se le escapaba

que el imputado negó su participación en ambos hechos,

el aquí juzgado y el ventilado en la justicia local.

Por otro lado, recordó que de la nota

obrante a fs. 758 surge que del análisis de los

abonados telefónicos asignados a Vargas no se

observaron elementos de interés para la investigación.


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En lo atinente al levantamiento de evidencia

dactiloscópica señaló que no se extrajeron elementos

que vinculen al imputado con el hecho, lo cual

coadyuvaba para exonerarlo. En base a la valoración

probatorio realizada postuló nuevamente la ajenidad en

los hechos de Vargas y su libre absolución.

En cuanto a los mensajes analizados por el

Ministerio Público rememoró que fueron extraídos del

teléfono secuestrado en una de las causas provinciales,

sobre este punto señaló que la orden de allanamiento

librada en dicho proceso no contenía expresa indicación

de secuestro del teléfono de la concubina de mi

asistido, además, del acta labrado surgía que no se

halló ninguno de los elementos indicados en la orden.

No obstante ello, si se secuestró un

teléfono perteneciente a la concubina de Vargas, Daiana

Estefanía Criado, superándose los límites de la medida

dispuesta, en violación a los arts. 224 y 231 del CPPN

y el art. 219 y concordantes del Código de

Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires,

que tornaba nulo de nulidad absoluta la incautación y

si bien el fiscal ordenó su secuestro, contravino la

orden de allanamiento. Por ende, debía declararse la

nulidad del secuestro del aparato telefónico y

descartarse la valoración de los mensajes en el dictado

de la sentencia.

Ulteriormente, para el supuesto de que la

orden de secuestro del fiscal resultara legítima y la

apertura del teléfono documentada en el acta de fs. 146

de la IPP también fuera válida, ya que si bien

presenció el acto un integrante de la defensa –no era


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el defensor- no se especificó el modo o forma en que

ingresaron al contenido del aparato, bajo qué sistema

de datos y/o red se conectó, qué software fue utilizado

y si el aparato tenía código patrón de seguridad o

equivalente.

Entendió que la diligencia fue ordenada por

el juzgado de garantía pero se practicó por legos que

no asentaron como la llevaron a cabo, en consecuencia,

encontrándonos frente a un acto definitivo e

irreproducible de conformidad con los arts. 200 y 213

del CPPN y no pudiendo adquirirse certeza acerca de su

correspondencia y legitimidad, correspondía que se

descartara su contenido.

Para el supuesto de que se admitiera este

elemento probatorio remarcó que las conversaciones

valoradas en forma cargosa y casi como prueba única por

el fiscal descartaban desde el inicio la primaria

suposición de sus interlocutores. A tal fin, analizó e

interpretó pormenorizadamente el contenido y la

secuencia de los mensajes del chat junto con su

relación el archivo de video enviado por una de las

interlocutoras.

Luego, en lo concerniente a la declaración

testifical de Daiana Criado, concubina de su asistido,

consideró que se vulneró el art. 234 del Código de

Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires y

242 del Código Procesal Penal de la Nación ya que

existía una prohibición absoluta de declarar contra el

justiciable, lo que tornaría nula cualquier indicación

cargosa que pudiera desprenderse del testimonio.


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Sin embargo, explicó que de dicha

declaración surgía que los presupuesto del diálogo eran

únicamente suposiciones.

En lo que hacía a la pericia balística

comparativa de fs. 457/463 efectuó un racconto de sus

antecedentes y remarcó que, desde su óptica, en la

realización de la diligencia se incurrió un error que

permitía su desestimación como prueba certera.

Seguidamente, explicó detalladamente la equivocación y

leyó los fragmentos del documento que apoyaban su

postura.

Concluyó que los dos indicios en los que se

apoyó la incriminación de Vargas fueron descartados y,

como lógica consecuencia, correspondía que se ordenara

su absolución por ausencia de pruebas.

De modo subsidiario postuló la absolución de

ahijado procesal, por duda, conforme lo normado por el

art. 3 del CPPN, como respaldo a su pretensión citó y

leyó un fragmento del precedente “RECURSO DE HECHO:

Carrera, Fernando Ariel” de fecha 25 de octubre de 2016

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Seguidamente, también de modo secundario,

para el hipotético caso de que los indicios

anfibológicos valorados por el fiscal alcanzaran para

el dictado de una sentencia condenatoria, solicitó un

cambio de calificación legal de la conducta imputada a

la figura prevista en el art. 165 del Código Penal,

debido a que el elemento normativo del tipo penal

escogido por el acusador requería un elemento subjetivo

distinto del dolo que iba mucho más allá de las


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circunstancias que alegó y se encontraban acreditadas

en la causa.

Sostuvo que el homicidio se produjo como una

consecuencia ocasional de la violencia ejercida en

ocasión del robo, en apoyo a su hipótesis citó el fallo

dictado en la causa nro. 18493/2014 caratulada “P.E. s/

recurso de casación”, en el año 2015, por la Cámara

Nacional de Casación Penal.

Por último, como planteo subsidiario, para

el caso de que la conducta sea calificada como

homicidio agravado, peticionó se declare la

inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua

debido a que era una pena sin pena, inhumana y

degradante, que transgredía el principio nulla poena

sine lege consagrado en el art. 18 de la Constitución

Nacional. En consecuencia, requirió que se realizará

una aplicación de la ley penal más benigna, en este

caso la ley 26.200 que incorpora normativamente el

Estatuto de Roma y se retornará al máximo legal de pena

de prisión de veinticinco años, ya que por aplicación

el principio de proporcionalidad si para un delito de

lesa humanidad ese es el monto máximo no podía

aplicarse una pena superior a un delito común.

Remató su alocución remitiéndose

íntegramente al voto en disidencia del ministro Eugenio

Zaffaroni en el precedente “Estévez” de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación.

V. RÉPLICAS.

En la oportunidad contemplada en el art.

393, cuarto y quinto párrafo, del CPPN las partes

recíprocamente replicaron sus argumentos.


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VI. DE LA ÚLTIMA PALABRAS.

En la ocasión prevista en el art. 393,

último párrafo, del CPPN se le concedió al imputado la

posibilidad de manifestar al tribunal sus últimas

palabras antes de dictar sentencia y este hizo uso de

este derecho.

Y CONSIDERANDO:

El doctor Esteban Carlos Rodríguez Eggers

dijo:

I. NULIDADES.

Que en forma preliminar, corresponde indicar

que el ordenamiento procesal vigente, establece un

sistema legalista o de sancionabilidad expresa en

materia de nulidades, fijando en qué casos la

irregularidad de los actos debe acarrear tal sanción,

la posibilidad de eliminarla, la oportunidad para

oponerla y los efectos que ha de producir. La regla

general es la estabilidad de los actos

jurisdiccionales, en la medida que ello no conlleve la

violación de normas constitucionales.

Existen dos principios fundamentales que

operan como límites en materia de nulidades: i) el de

especificidad, también conocido como “pas de nulite

sans texte”, que establece como regla, que no pueden

ser declarados nulos los actos cuando tal sanción no

esté determinada en la ley; ii) y el de trascendencia,

o “pas de nulité sans grief”, que exige que el que

alega la nulidad es quien deberá probar que el vicio

invocado le ocasionó un perjuicio tal, como para no

admitir otra reparación que no sea la solicitada.


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En el caso traído a estudio no se verifica

el segundo de los axiomas señalados debido a que el

letrado no ha establecido el perjuicio concreto que los

actos cuestionados le han ocasionado, sino que, por el

contrario, se ha limitado a afirmar que se han

vulnerado normas procesales.

En tal sentido, resulta oportuno recordar lo

sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación

en numerosas oportunidades, en cuanto a que “…en

materia de nulidades procesales prima un criterio de

interpretación restrictiva (Fallos: 325:1404 y

328:1874) y sólo cabe anular las actuaciones cuando el

vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un

perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe

una finalidad práctica, que es razón ineludible de su

procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales

carece de existencia autónoma dado el carácter

accesorio e instrumental del derecho procesal; exige,

como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga

trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio

o se traduzca en la restricción de algún otro derecho.

De otro modo, la sanción de nulidad aparecería

respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la

idea de justicia y de la pronta solución de las causas,

en lo que también está interesado el orden público

(conf. Fallos: 306:149; 311:2337)” (CSJN, L. XXXIV,

"Bianchi, Guillermo Oscar s/defraudación", sentencia

del 27 de junio de 2002).

No obstante el rechazo formal de los

planteos articulados considero que deben realizarse


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unas breves menciones sobre las cuestiones de fondo

introducidas por la defensa.

Como punto de partida adelanto que la

validez de las diligencias impugnadas será analizada de

acuerdo a las reglas del Código de Procedimiento Penal

de la Provincia de Buenos Aires que regían al momento

de llevarse a cabo, en función que de que fueron

ordenadas y cumplidas en el marco de la IPP nro. 19-01-

004685-17/00 y su agregada 19-01-004459-17/00 cuando

tramitaban ante la Unidad Funcional de Instrucción Nro.

9 y el Juzgado de Garantías Nro. 2 del departamento

judicial de Moreno-General Rodríguez (cfme. arts. 7 de

la CN y 50 del CPPN; CSJN “Klosowsky, Víctor Ladislao y

otros”, Fallos 298:312).

Específicamente en lo que hace al secuestro

del teléfono móvil que tuvo lugar en el procedimiento

documentado en el acta obrante a fs. 71/73 de la IPP

nro. 19-01-004685-17/00, no debe escaparse que en dicho

instrumento público se asentó que el aparato telefónico

resultaba propiedad tanto de José Luis Vargas y Daiana

Estefanía Criado, circunstancia fue retransmitida a la

agente fiscal interviniente, quien, de acuerdo a las

facultades previstas en el art. 59 del código

provincial y ante la existencia de peligro en la demora

por la posible desaparición de elementos probatorios,

ya que la incautación de ese objeto no estaba

contemplada en la orden que dispuso la diligencia,

ordenó directamente el secuestro de un objeto que

pertenecía a uno de los imputados.

De esta forma queda esclarecido que el

secuestro de este elemento en particular no superó los


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límites de la orden del juez de garantía sino que la

complementó y, tampoco, la contradijo, ya que el

magistrado no se pronunció en contrario dentro de las

48 horas de recibida la orden del agente fiscal (art.

59 -inc. 1º, tercer párrafo- del Código de

Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires).

En función de lo expuesto, la nulidad

articulada contra el secuestro del teléfono móvil marca

Samsung, modelo SMJ700M, IMEI 353878070904836, debe

rechazarse no sólo por cuestiones razones de forma sino

también de fondo, debido a que no se ha transgredido el

art. 219 del código provincial, como aludió la defensa

de oficio.

Respecto a la nulidad articulada contra

cualquier indicación cargosa que pudiera desprenderse

del testimonio de Daiana Estefanía Criado corresponde

poner de resalto que el art. 234 del Código de

Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires,

que resulta equivalente al art. 242 del CPPN, excluye

de la obligación de prestar testimonio al "cónyuge,

ascendientes, descendientes o hermanos" del imputado,

por ende, en función de la taxatividad que impone la

norma, no se encuentra abarcada la concubina, relación

que poseía la testigo con José Luis Vargas (cfme. C.N.

Crim. y Correc., Sala IV, c. 21.736 “Villaverde,

Nicolás”, 7/07/03). En consecuencia, también, por

motivos de fondo, correspondería desechar la nulidad

impetrada por la defensa.

Finalmente, en lo atinente al

cuestionamiento a la diligencia de apertura del

teléfono móvil utilizado por Daiana Estefanía Criado


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documentada en el acta de fs. 146 de la IPP nro. 19-01-

004685-17/00 debe resaltarse que no se trata de un acto

irreproducible y definitivo, en los términos del art.

236 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia

de Buenos Aires, ya que se cuenta con el elemento

examinado y, precisamente, durante la instrucción de

este expediente el magistrado instructor, con

posterioridad, ordenó una pericia tecnológica sobre el

aparato telefónico a la División Tecnologías Aplicadas

de la Policía Federal Argentina (fs. 365).

Entonces, sobre este punto, también, por

motivos de fondo, se desestimará la impugnación

efectuada por el doctor Silva González.

II. VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

En primer lugar, a modo de preámbulo, debo

recordar que todo sentencia debe sustentarse únicamente

en las pruebas recibidas en el debate directamente o

por lectura (arts. 383, 391 y 392, CPPN) y sólo ellas

podrán ser apreciadas por libre convicción, dentro de

las facultades de selección y valoración de probanzas

que son privativas del juzgador (cfr. D'Albora,

Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación", p.

408, 1ª reimpresión, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires,

1994).

En efecto, por estricta aplicación del

principio de exclusividad de la prueba el tribunal sólo

puede basar su decisión en las evidencias que se hayan

incorporado regularmente en el debate, ya sea en el

propio auto de admisibilidad o durante el desarrollo de

la audiencia de juicio, debido a que en base a este


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plexo probatorio cerrado las partes alegan y formulan

sus acusaciones y defensas.

Precisamente, para que se pueda considerar

respetada la garantía de la defensa, es necesario que

en el transcurso del proceso se hayan observado ciertas

formas sustanciales relativas a la acusación, defensa,

prueba y sentencia.

En consecuencia, sin hesitación alguna,

mediaría un defecto de fundamentación el echar mano de

prueba ajena al debate para certificar los hechos

imputados y la atribución de responsabilidad al

imputado, debido a que dichas probanzas no fueron

legítimamente incorporadas al proceso (cfme. CFCP, Sala

IV, 30/10/1998, “Wowe, Carlos s/rec. de casación”, Cita

Online: AR/JUR/2986/1998).

Hechas estas consideraciones, en estricto

cumplimiento de la regla de exclusividad de la prueba y

con el objeto de emitir un fundamento válido, adelanto

que no serán justipreciados en los capítulos atinentes

a la materialidad infraccionaría y autoría responsable

los elementos probatorios mencionados y valorados por

el representante del Ministerio Público Fiscal no

incorporados al debate, además, idéntica decisión se

adoptará respecto de las probanzas introducidas, en

igual sentido, por el doctor Silva González en su

alegato de defensa.

No obstante ello y siendo sabedor del

temperamento amplio en cuanto a la aceptación de prueba

que podrían tener mis colegas, debo enfatizar que las

partes no peticionaron, al menos en forma genérica, la

incorporación por lectura de las constancias en


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cuestión, es decir, las correspondientes a la IPP nro.

19-01-004685-17/00 y su agregada 19-01-004459-17/00

(número interno 6159) del registro del Tribunal en lo

Criminal Nro. 3 del departamento judicial de Mercedes.

De la detenida lectura del expediente surge

que el doctor Cearras en su primer ofrecimiento de

prueba -fs. 954/955- solicitó la remisión “ad effectum

videndi et probandi” del referido expediente de la

justicia local e hizo reserva de ofrecer las pruebas

que creyera pertinentes.

Luego de recibirse en esta sede las copias

autenticadas del expediente de mención notifiqué a las

partes y les concedí el término de cinco días hábiles

para otorgarle la posibilidad de ampliar sus

ofrecimientos de prueba, plazo que fue prorrogado por

otros cinco días a pedido del representante del ente

acusador (fs. 1010 y 1016).

Finalmente, en su escrito de fs. 1017 el

doctor Cearras, en virtud de haber accedido a la causa

cuya remisión oportunamente solicitara, amplió su

ofrecimiento probatorio y propuso la convocatoria de

testigos y la incorporación de constancias que entendió

pertinentes.

En el auto obrante a fs. 1024/1026 este

tribunal, con su anterior conformación, resolvió la

admisibilidad de la prueba ofrecida y rechazó la

convocatoria de testigos e incorporación por lectura de

prueba documental propuesta por el Ministerio Público

Fiscal, relacionados a la IPP nro. 19-01-004685-17/00 y

su agregada 19-01-004459-17/00, en el entendimiento de


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que resultaban impertinentes y no guardaban relación el

objeto del presente proceso.

Contra dicha decisión el doctor Cearras no

interpuso remedio procesal alguno y tampoco durante la

celebración del debate consideró útil la recepción de

prueba ya conocida, en los términos del art. 388 del

CPPN, a pesar de que tuvo la posibilidad de hacerlo,

debido a que las copias de la IPP nro. 19-01-004685-

17/00 y su agregada 19-01-004459-17/00 fueron

incorporadas digitalmente en el sistema de gestión

judicial lex100.

Así las cosas, como adelantara, no se

valorarán las probanzas ajenas al debate, en forma

específica esta decisión se aplica respecto del

contenido de la declaración testifical de Gimena

Soledad Casechia valorada por el fiscal, que no fue

incorporada por lectura, debiendo destacar, además, que

su citación a declarar como testigo en esta causa fue

rechazada por impertinente.

Por último, tampoco se evaluará el contenido

de la declaración de instrucción del testigo José Raúl

Collado obrante a fs. 25 de la IPP 19- 01-004685-

17/00, debido a que su introducción por lectura al

debate se realizó con la finalidad de refrescar la

memoria del deponente, conforme lo autoriza el art.

391, inc. 2, del CPPN, disposición que no implica

suplir o reemplazar la versión aportada por el testigo

en la audiencia, en la que expresamente no recordó lo

que le fue leído, impidiendo, así, la reconstrucción de

la llamada telefónica de quien dijo ser “Solange”.


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Debe remarcarse que aquí nos encontramos

frente a un caso de lectura legítima pero la

información proveniente de la lectura no constituye

prueba, es decir, la prueba sigue siendo el testimonio

en juicio del testigo, cuya memoria ha sido “apoyada”

por el documento que se le acaba de leer o bien

confrontada con una declaración previa inconsistente.

Pues, la declaración previa sólo puede ser considerada

por el juez para evaluar la credibilidad actual del

testigo y en ningún caso como fundamento de su decisión

en la sentencia (cfme. CFCP, Sala III, 02/03/10, Causa

nro. 11430 “Tolosa, Rodrigo Andrés s/recurso de

casación”, Registro nro. 171.10.3).

III. MATERIALIDAD INFRACCIONARIA.

Considero que a partir de la prueba obrante

en autos, valorada conforme las reglas de la sana

crítica, art. 398 -2º párrafo- del CPPN, tengo por

acreditado con la certeza necesaria para esta etapa

procesal que el día 02 de octubre del año 2017,

aproximadamente a las 10:00 horas, dos personas a bordo

de una motocicleta arribaron al local comercial

denominado “Chupito”, ubicado en la calle Altolaguirre

nro. 805, esquina Salguero, de la localidad bonaerense

de Merlo.

Luego, uno de estos individuos descendió del

motovehículo e ingresó al citado negocio comercial,

donde se encontraba la empleada María Elena Salinas, a

quien mediante intimidación de arma de fuego, le

sustrajo la suma de $1.500.

En dicho contexto y mientras la mencionada

Salinas buscaba la suma de dinero indicada, también,


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bajo la misma modalidad, al cliente del local, Juan

Carlos Maidana, se le sustrajo del bolsillo posterior

del pantalón, su licencia de conducir, algunas

anotaciones y la suma de $200, que llevaba en su mano.

Tras cumplir su cometido el maleante egresó

del comercio en cuestión y se dirigió hacia un camión

repartidor de bebidas que se encontraba estacionado

frente a la puerta del local, donde lo esperaba la

persona que arribó al lugar junto a él, quien empleando

un arma de fuego se hallaba intimidando a Heriberto

Mengual, que se encontraba en la caja posterior del

rodado.

Posteriormente, el individuo que egresó del

local comercial se aproximó a la caja posterior del

camión repartidor, apuntó con su arma de fuego a

Heriberto Mengual y le propinó dos disparos, causándole

la muerte.

Finalmente, momentos antes de que estos dos

sujetos huyeran de la escena del crimen a bordo de la

motocicleta con la que habían arribado, se apoderaron

del arma tipo pistola, modelo 92 FS, marca Beretta,

calibre 9mm., nro. 04GC00063, propiedad de la

Gendarmería Nacional Argentina, que portaba la víctima

Heriberto Mengual.

Ahora bien, el aserto antes relatado se

verificó por intermedio de los elementos probatorios

que continuación referiré y valoraré:

1) el acta de procedimiento de fs. 1/2,

incorporada al debate por lectura, confeccionada el día

02 de octubre del año 2017, a las 10:15 horas, por el

sargento Roberto Domínguez y el oficial Matías Díaz,


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numerarios del Comando de Prevención Comunitaria,

quienes acudieron al lugar del ilícito en comisionados

por el sistema de emergencia.

En el instrumento público se asentaron las

diligencias efectuadas en la escena del crimen y para

mayor ilustración destaco que textualmente se dejó

constancia de lo siguiente: “...siendo las 10:28hs,

arribamos al lugar donde podemos observar a simple

vista una vez descendiendo el móvil un tumulto de

personas y un masculino tendido en la vía publica el

cual se encontraba ensangrentado la parte superior del

pecho y los hombros, razón por la cual procedemos a

solicitar vía radial al sistema 911 base Merlo,

ambulancia al lugar. Del tumulto de gente

espontáneamente una femenina la cual posteriormente se

identificó como SALINAS MARIA ELENA, argentina,

instruida, casada, de 44 años, fecha de nacimiento

06/11/1973 en Moreno, D.N.I: 23.656.189, domiciliada en

la calle Reconquista nº 2728 de este medio, Tel: 11-

25422458, empleada del comercio rubro `ALMACEN`, sito

en la calle ALTOLAGUIRRE N° 805, quien refiere que

momentos antes habían cometido ilícito dos masculinos

en el comercio y le efectuaron disparos de arma de

fuego al masculino el cual se encontraba en el suelo,

el cual se identifica a víctima como MENGUAL HERIBERTO,

argentino, instruido, nacido el 24/02/1963 en Pcia de

Formosa, D.N.I: 16.334.418, domiciliado en la calle

Melgar n 1768 Marcos Paz, personal de Gendarmería

Nacional, (identificado mediante documentación), quien

se encontraba custodiando camión de reparto de bebidas

varias. Que siendo las 10:33hs se hace presente


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ambulancia N° 58 A/C de la Dra: Miranda quien al examen

de víctima constata ÓBITO extendiendo precario medico

el cual reza `Masculino de 50 años de edad, encontrado

en la vía publica en el Móvil Policial con herida de

arma de fuego establecido por el servicio de

emergencias constatándose óbito se encuentra de cubito

dorsal sin signos vitales, pupilas, sin reflejo, con

tres impactos de arma de fuego`. Siendo las 10:45hs, se

hace presente el 2do Jefe Subcomisario Cristian Ocampo,

Oficial de Servicio, Oficial Inspector Paola Rothar,

ambos numerarios de Comisaria Merlo Seccional 1ra.

Asimismo se logra identificar a los ocupantes del

camión mercedes benz, dominio RMS-135 de color azul,

con caja de la cual lleva diferentes bebidas,

CONDUCTOR: GOMEZ SANTIAGO ALBERTO, argentino,

instruido, soltero, nacido el 19/14/1985 en Pcia de

Corrientes, D.N.I: N° 31.594.006, domiciliado en la

calle Batalla de Ayohuma nº 2756 de Libertad,

ACOMPAÑANTE: SOLUCH NICOLAS MARTÍN, argentino,

instruido, soltero, nacido el 12/10/1993, D.N.I:

23.238.385, domiciliado en la calle Sargento Cabral n°

958 de Ramos Mejía La Matanza, y LEDESMA MARIANO

EZEQUIEL, argentino, instruido, soltero, nacido el

03/11/1992 en Bs. As, domiciliado en la calle Remigio

López n° 1582 de San Miguel, D.N.I: 37.241.684 todos

empleados de empresa Refresco Oeste de Lomas del

Mirador, sito en la calle Mansilla N° 1028, de

Matanza... Así mismo dentro del comercio donde se había

cometido el ilícito se encontraba una persona del sexo

masculino quien se encontraba realizando compras a

quien se logra establecer por dichos de la empleada


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SALINAS MARÍA, que se trata de un vecino del lugar a

quien conoce como CARLOS MAIDANA, domiciliado en la

calle Salguero 2535 de este medio, y corredora de

Docatar una marca de leche la femenina JAQUELINE de la

cual desconoce apellido y no posee medio de

comunicación, quien se encontraba en el momento del

hecho junto a la comerciante tomando mate. Siendo

11:50hs, se hace presente Policía Científica en Móvil:

17228, a/c del Teniente Al varado, perito en rastro y

OSA adm. Elison Melo Micaela perito en balística, y

Comisario Leveratto Juan, Médica de Policía Dra:

Ragaglia Karina Andrea. TESIGO DB ACTUACIONES: GARCÍA

MIGUEL ÁNGEL, argentino, instruido, de 34 años,

soltero, domiciliado en la calle Altolaguirre N° 921,

D.N.I: 30.276.912, F.N. 01/05/1983, hijo de Horacio

Rudesildo (f) y de Hermelinda Sanzana (v), Tel: (0220)

4827465. AL EXAMEN DEL CADÁVER Dra: Ragaglia Karina

informa, que presenta herida de arma de fuego en axila

derecha, hemitórax derecho y flanco izquierdo, alianza

de oro en anular izquierdo, en flanco izquierdo por 2

entreada y salida de dos disparos...”.

2) los testimonios de María Elena Salinas de

fs. 9/10 y 169/171, incorporados al debate por lectura,

quien se encontraba en el lugar de los hechos,

precisamente, en el interior del local comercial

“Chupito” y mediante la intimidación de arma de fuego

se le sustrajo la suma de $1.500.

En su primer declaración prestada en sede

policial, en fecha 02 de octubre de 2017, en lo que

aquí interesa, exactamente dijo: “...resulta ser

empleada del comercio rubro autoservicio denominación


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comercial `CHUPITO` sito en calle Altolaguirre y

Salguero de Merlo, propiedad del señor CARLOS ANTONIO

ESPÓSITO quien no se encontraba en el lugar.- Que en el

día de la fecha, siendo aproximadamente las 10:00

horas, momentos se encontraba trabajando en el interior

del dicho comercio, atendiendo al público, dejando

constancia que junto a ella se encontraba una persona

de sexo femenino de nombre JAQUELINE la cual levanta

pedidos y un cliente de nombre CARLOS MAIDANA que vive

cerca del comercio; es que ingresa un chico que trabaja

para una empresa que la dicente conoce como

Distribuidora Uvita, a dejar mercadería, aclarando que

en la vereda quedó el camión con otros empleados de la

misma empresa.- Que mientras se encontraban todos en el

interior del comercio, la dicente va hacia el fondo a

buscar algo y cuando regresa observa en el interior del

lugar un sujeto de sexo masculino el cual le estaba

apuntando con un arma a los presentes y gritando `denme

todo lo que tengan`. Que en ese momento la dicente se

sorprendió porque no sabía lo que pasaba y luego de

ello el sujeto, siempre gritando y muy exaltado, le

manifestó `DAME LA PLATA CON LA QUE IBAS A PAGAR`. Que

allí la dicente fue nuevamente hacia el fondo,

regresando al salón de venta del comercio y le entregó

a este sujeto la suma de aproximadamente $1500.-

Asimismo aclara que vio cuando este sujeto también le

robo dinero al cliente CARLOS MAIDANA.- Que luego de

ello observa que el delincuente salió del negocio con

el arma en la mano y empezó a apuntar hacia afuera,

profiriendo gritos, y casi instantáneamente observa que

efectúa disparos con el arma los cuales impartan en una


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de las personas que estaba con el camión, más

precisamente sentado en la caja.- Que rápidamente dio

aviso a la Policía de lo que había sucedido y cuando

salió observó que a la persona masculina tendida en el

piso herida, la cual pasado unos minutos falleció. Que

luego de ello y hablando con los empleados de la

distribuidora tomó conocimiento que el fallecido se

trataba de un miembro de la Gendarmería Nacional que

acompañaba a los empleados de la distribuidora...”.

En su segunda declaración testimonial,

efectuada en sede judicial el día 06 de octubre del año

2017, conteste con su precedente deposición, en forma

textual refirió: “...el día lunes pasado, en horas de

la mañana se encontraba en el local juntamente con una

mujer de nombre Jaqueline que es empleada de una

distribuidora de leches (que ese día estaba levantando

pedidos y normalmente se queda un tiempo conversando y

tomando mates con la deponente), como así también con

un cliente de nombre Carlos Maidana, que es vecino y va

a comprar todas las mañanas. Indicó que nunca tiene la

puerta abierta, que únicamente queda de ese modo si es

que está el dueño, de lo contrario tiene un timbre y

abre cuando se acercan los clientes. Que ese día llegó

el camión y bajó uno de los muchachos, y para poder

bajar la mercadería abrió la puerta. Que llegaron a

bajar algunas cosas y mientras estaban haciendo eso, el

cliente Carlos le pidió algo que la deponente tuvo que

ir a buscar en el depósito, es decir pasando la caja y

el mostrador... Que cuando regresó al salón, vio que

había otra persona que en un primer golpe de vista le

pareció que era el repartidor de esa misma empresa,


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pero en realidad era otro hombre que le estaba

apuntando con un arma para robarle. Dice que se

confundió porque son muy parecidos, especialmente en la

nariz y en la contextura física, pero cuando miró bien,

se dio cuenta que era otra persona. Que únicamente

recuerda que estaba vestido con ropa oscura de manga

larga, con un chaleco o una campera de color oscuro,

con un casco de moto cree que negro, enganchado en uno

de los brazos (cree que el derecho), un morral cruzado

de color verde oscuro o similar, y le parece que una

gorra puesta, aunque no puede precisar si tenía visera

o no, y si estaba colocada de frente o hacia atrás. Que

esa persona tenía 1,70 metros de altura aproximadamente

(lo calcula porque quien depone mide 1.60 y era más

alto que ella), de tez muy oscura, de 25 a 30 años

aproximadamente, sin lentes, aros ni anillos, ni señas

particulares visibles. Refirió que esa persona le pedía

plata, a lo que la declarante le dijo `tengo la caja

vacía` por lo que abrió la caja registradora y le

mostró que no tenía dinero, dado que antes había pasado

un repartidor de papelería y le había pagado. Empero

ese sujeto le dijo “dale, tenés plata para pagar esto”,

en referencia al repartidor que estaba bajando la

bebida. Entonces le dijo que la plata la tenía que

buscar al fondo, es decir en el depósito, ante lo cual

la apuró para que le diera el dinero, razón por la cual

le dio la espalda y salió hacia el depósito, tomó mil

quinientos pesos ($1500) del lugar donde normalmente

reservan dinero y que era lo único que tenía en todo el

local, y pensó que por suerte era casi todo en cambió

así parecía que era más, que no había más plata porque


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ese día no tenía que llegar otro repartidor. Que cuando

volvió le dio la plata en la mano diciéndole que no

tenía más plata, que era todo lo que tenía. Mencionó

que si bien la apuraba para que le diera el dinero, no

estuvo nervioso en ningún momento, que esa

característica le llamó la atención y le dio temor que

disparara en cualquier momento, que se manejaba muy

fríamente. Tras haberle entregado la plata, les dijo

que se quedaran dónde estaban, que no se movieran.

Automáticamente este sujeto se giró hacia la puerta y

comenzó a rodear el camión por el lado de la vereda y

se fue a la parte trasera del camión, donde empezó a

decirle al señor que estaba sentado en la caja que le

diera algo, no puede recordar si le decía dame la plata

o dame el arma, pero que instantes después le efectuó

dos disparos, tras lo cual el señor que estaba sentado,

se desplomó y se cayó hacia adelante dentro de la misma

caja. Que ese hombre, a quien nunca antes había visto,

en ningún momento se resistió ni vio que hiciera ademán

alguno para sacar un arma, al menos desde su punto de

visión. Que todo lo descripto lo pudo observar porque

todo el comercio tiene vidrios y quien declara se quedó

en la caja del comercio. Después no vio más nada, toda

vez que cuando escuchó los disparos empezó a gritar y

del miedo a que ingresara al comercio y siguiera

disparando, se fue hasta el depósito juntamente con

Jaqueline y con Carlos. Que no vio ni la moto ni a la

otra persona que después se enteró que estaba afuera,

como así tampoco en qué sentido salieron. Más tarde se

enteró que a Jaqueline no le robó nada y que a Carlos


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le sacó la billetera con algo de dinero, el documento y

el registro de conducir...”.

3) el testimonio de Santiago Alberto Gómez,

de fs. 11/12, incorporado al debate por lectura, quien

prestó declaración el día 02 de octubre del año 2017 y

respecto al ilícito aquí acreditado, textualmente,

expresó lo siguiente: “...resulta ser empleado de la

empresa `REFRESCOS OESTE S.R.L.` con domicilio en la

localidad de Lomas del Mirador partido de La Matanza la

cual se dedica a la distribución mayormente de todo

tipo de bebidas.- Que en el día de la fecha salió de la

empresa en un camión marca Mercedes Benz l5l7 color

azul ptte. RMS 135 propiedad de la empresa. Que quiere

dejar constancia que solamente realizan repartos en el

partido de Merlo. Que siempre viajan con custodios de

Gendarmería los cuales van de civil, pero en la mayoría

de las oportunidades los levantan en la localidad de

Merlo, por lo que hoy levantaron al custodio en calle

Larrea entre Garay y Güemes de Merlo, siendo el señor

Mengual Heriberto, dejando constancia que por lo que

tiene entendido hoy no tenía que venir él, sino otro

custodio que no pudo ir. - Que por ello Mengual se sumó

al camión cuando ya habían empezado el reparto. Que

además de Mengual, en el camión iban dos compañeros del

dicente, también empleado de la empresa, de nombre

Nicolás Soruch y Mariano Ledesma. Que realizaron reparto

en cinco clientes cree y luego arribaron a un

autoservicio ubicado en calle Altolaguierre y Salguero

de Merlo Norte. - Que allí su compañero NICOLAS bajo al

negocio mientas que el dicente junto a Mariano se

quedaron a la espera de bajar la mercadería y Mengual


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estaba sentado en la caja del camión.- Que pasado unos

instantes NICOLAS le hace seña para que empiecen a

bajar la mercadería y mientras lo estaban haciendo

observan que detrás del camión para una motocicleta, la

cual no pudo ver, ya que estaba de espalda a la moto y

de ella baja un masculino corriendo hacia el interior

del autoservicio, mientras que otro sujeto manifestó

`quédense quietos tengo cargada el arma están robados`,

por lo que el dicente quedó de espalda a este sujeto en

la posición que estaba y quieto, mientras que escuchó

que Mengual le manifestaba a este sujeto `quédate

tranquilo que no pasa nada`.- Que mientras Mengual

hablaba con el delincuente, el dicente se iba corriendo

hacia el costado del camión y en un momento sale

corriendo junto a su compañero Mariano y se quedan

detrás de un auto que estaba estacionado en la vereda

del frente.- Que mientras estaban detrás del auto

observa que el sujeto que ingresó al negocio,

esgrimiendo un arma y apuntándolo comienza a

intercambiar palabras con Mengual y es en ese momento

que efectúa dos disparos, por lo que el dicente se

asustó y junto a Mariano se fueron corriendo hacia la

esquina con calle Brasil, recordando sí que este sujeto

todavía tenía el casco colocado. Que desde allí

llamaron a la Policía y regresó hacia el autoservicio

donde vio que Mengual estaba herido y pasado unos

minutos falleció...”.

4) el testimonio de Mariano Ezequiel Ledesma

de fs. 13/14, incorporado al debate por lectura, quien


respecto al injusto aquí acreditado, exactamente,


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refirió: “...resulta ser empleado de la empresa

`REFRESCOS OESTE S.R.L.` con domicilio en la localidad

de Lomas del Mirador partido de La Matanza, la cual se

dedica a la distribución mayormente de todo tipo de

bebidas.- Que en el día de la fecha salió de la empresa

en un camión conducido por SANTIAGO GOMEZ y otro

empleado más de nombre NICOLAS SORUCH con dirección a

Merlo.- Que salieron sin custodia pero en la localidad

de Merlo iba a subir un custodio antes de empezar el

reparto, pero como venía ellos comenzaron el reparto de

la mercadería y habiendo realizado dos clientes es que

llegó el custodio, el cual se sumó en el mismo camión,

siendo un gendarme a quien conoce como de apellido

Mengual.- Que realizaron reparto en tres clientes y

luego arribaron a un autoservicio ubicado en calle

Altolaguierre y Salguero de Merlo Norte.- Que allí su

compañero NICOLAS bajo al negocio mientras que el

dicente junto a SANTIAGO se quedaron en apresto para

bajar la mercadería y Mengual estaba sentado en la caja

del camión.- Que pasado unos instantes NICOLAS le hace

seña como para que empiecen a bajar la mercadería y

mientras lo estaban haciendo observan que detrás del

camión para una motocicleta tipo 125 o 150 cilindrada

tipo rutera de color azul la cual era ocupada por dos

masculinos, y el que iba de acompañante se bajó

corriendo e ingresó en el autoservicio, mientras que

el otro se bajó de la moto y se quedó junto al dicente

y sus compañero, manifestando `quédense quietos, están

robados` SIC, a la vez que sacaba un arma de entre sus

ropas y la coloco debajo de su brazo pudiendo ver que

era un revolver de color oscuro.- Que en ese momento


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Mengual hizo una maniobra entre sus ropas como para

sacar el arma, lo cual fue visto por el dicente como

así por el delincuente, el cual le dijo `Viejo quédate

quieto no hagas nada`, respondiendo Mengual `quédate

tranquilo que está todo bien`.- Que rápidamente al ver

esto, el dicente junto a su compañero SANTIAGO salieron

corriendo hacia la esquina y a mitad de camino se

escondieron detrás de un auto Fiat que estaba

estacionado y estando allí escucharon dos disparos de

arma de fuego, por lo que salieron corriendo para la

esquina de calle Brasil.- Que pasado unos instantes

regresaron y vieron a Mengual herido en el suelo,

mientras gente que estaba en el autoservicio y su

compañero Nicolas trataban de ayudarlo, pero falleció

en el lugar...”.

5) el testimonio de Nicolás Martín Soluch de

fs. 15/16, incorporado al debate por lectura, quien


respecto al hecho objeto del proceso, textualmente,

precisó: “...resulta ser empleado de la empresa

`REFRESCOS OESTE S.R.L.` con domicilio en la localidad

de Lomas del Mirador partido de La Matanza, la cual se

dedica a la distribución mayormente de todo tipo de

bebidas.- Que en el día de la fecha de la empresa con

un camión marca Mercedes Benz l5l7 color azul ptte. RMS

135 propiedad de la empresa conducido por SANTIAGO

GOMEZ y además iba otro empleado de la empresa de

nombre MARTANO LEDESMA. Que quiere dejar constancia que

solamente realizan repartos en el partido de Merlo,

todas las semanas de Lunes a Sábados. Que siempre

viajan con custodios de Gendarmería los cuales van de


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civil, pero en la mayoría de las oportunidades los

levantan en la localidad de Merlo, por lo que hoy

levantaron al custodio en calle Larrea entre Garay y

Güemes de Merlo, en el Kiosco `Elsa`, siendo el señor

Heriberto Mengual, dejando constancia que por lo que

supo hoy no tenía que venir Mengual, sino otro custodio

que no pudo ir, por eso lo hizo él.- Que por esta

situación, es que Mengual se sumó al camión cuando ya

habían empezado el reparto, más precisamente hicieron 2

repartos antes. Que realizaron ubicado en calle

Altolaguierre y Salguero de Merlo Norte, donde el

propietario es de apellido Esposito, ya que el dicente

es el que

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