Atisbos Analíticos No 223, Santiago de Cali, 1 marzo de 2015, órgano de ECOPAIS, Fundación Estado*Comunidad*País, “Un nuevo Estado para una nueva Colombia”; presidente, Humberto Vélez r, humbertovelezr@gmail.com, Secretario Ejecutivo, Jorge Eduardo Salomón, templario006@yahoo.es.

(Este Atisbos se puede reproducir total o parcialmente con tal de citar la fuente)

Atisbos analíticos no 223

1 de marzo de 2015

Hacia la colombianización De la aplicación

de la justicia transicional en nuestra sociedad

A José “Pepe” Mujica,

al finalizar una presidencia

con la que la que puso a meditar

al mundo entero.

Abstract.

1. Posible invitación a José “Pepe” Mujica a dialogar acerca de qué podría ser eso de aplicar en Colombia la Justicia Transicional ojalá con la participación de un representante del Eln;

2. De acuerdo con nota enviada por la Presidencia a Los Atisbos Analíticos, la posibilidad de esa invitación está ahora en manos de los Negociadores;

3. “Carta Abierta de los Atisbos Analíticos al Presidente Santos y a los Negociadores de la Habana sobre el expresidente José “Pepe” Mujica”, 1 de enero de 2015;

4. Sin embarcarnos en una interminable discusión teórica, ¿qué es eso de negociar “con cierta dosis de impunidad” para todos?;

5. Ojalá “La Comisión Histórica de los orígenes del conflicto y de las Victimas” haya proporcionado en su valioso y juicioso documento político-académico algunos soportes analíticos objetivos- los subjetivos se los dejamos a cada quien- que permitan la colombianización o historicización de la aplicación de la Justicia Transicional en nuestra sociedad;

6. “Nuestra” Interpretación de los orígenes del Conflicto Interno Armado ;

7.

*******1*******

Al finalizar este 1 de marzo su período presidencial, colmado de merecida fama y de elevada legitimidad en lo interno y en lo externo, parece llegado el momento de que el expresidente Mujica sea invitado a dialogar con los dos equipos negociadores de la Habana acerca de qué podría ser eso de aplicar en Colombia la Justicia Transicional. Dos son las razones nodales de esta demanda que, al mismo tiempo, constituye una imperiosa necesidad y un inmenso deseo:

1. Avanzados en muchos aspectos los diálogos de la Habana (sobre todo en voluntad política; en la aplicación de una pertinente metodología de negociación enhebrada alrededor del juego dialéctico de las posiciones, necesidades e intereses de las partes; en la construcción de varios importantes acuerdos informales; y en

el logro de sólidos apoyos internacionales), aquellos tendrán en la estrategia de colombianización de la aplicación de la Justicia Transicional que se logre pactar en este 2015, su más importante prueba de fuego en sus ya bien trajinados y complejos 30 meses de existencia aunque, casi con seguridad, requerirán de unos tiempos un poco más largos de lo esperado por el gobierno; esto, lo destacamos, no debería preocupar demasiado pues, como lo ha destacado Vicenc Fisas, en el caso colombiano las expectativas de un final negociado no son tan largas como ha venido ocurriendo en otros países del mundo donde se está negociando una pacificación1 ;

2. En la época de los Movimientos de Liberación Nacional, Uruguay, país muy diferente a Colombia en clave de historia nacional y de cultura política, constituyó un buen ejemplo de una adecuada uruguayización de la aplicación de la Justicia Transicional para el caso de los Tupamaros, situación en la que el “guerrillero Mujica” estuvo en los puestos de avanzada.

*******2*******

Fue por eso por lo que en los Atisbos Analíticos No 219 del 1 de enero de este 2015, enviamos Una Carta Abierta al Presidente Santos y a los Negociadores de la Habana presentando y sustentando la propuesta de una invitación a Mujica. Nos cuidamos de que la propuesta llegara a la Habana y de la Presidencia de la República esto fue los que se nos contestó con fecha de 10 de febrero,

“En atención a la comunicación del asunto, mediante el cual envía una propuesta para el Proceso de Paz, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz agradece sus valiosos aportes para lograr el desarrollo de la Agenda de Acuerdo para la terminación del conflicto vía la construcción de una paz estable y duradera. Sin embargo, dada la naturaleza de su propuesta y a que que usted, de manera expresa, solicita que su comunicación sea conocida por la

1. Fisas, Vicenc. NOVENA EDICIÓN (2014) DE PROCESOS DE PAZ; ver además, Barómetro No 35, Tercer Semestre del 2014, http://escolapau.uab.cat

Delegación de Conversaciones, a través del servicio de correo 472 se ha remitido copia del escrito a la Mesa con tal fin”. 2

Por lo tanto, con la propuesta ya en las manos de los Negociadores y con el presidente Mujica ahora con la agenda más descargada a partir del 1 de marzo y en un contexto de progresivas tensiones entre los dos Equipos de Negociadores asociadas a los alcances de la aplicación de la Justicia Transicional al caso colombiano, es bueno que ahora en la Habana se hable de la posibilidad de invitarlo a un dialogo abierto y amplio sobre el tema con los dos Equipos de Negociados y ojalá con la participación de un representante del Eln

*******3*******

Esto fue lo que planteamos hace precisamente dos meses en el Atisbos 219 del 1 de enero del 2015, (nota: si ya leyó este Atisbos, pase al punto 4)

“CARTA ABIERTA DE LOS ATISBOS ANALÍTICOS AL PRESIDENTE SANTOS Y A LOS NEGOCIADORES DE LA HABANA SOBRE EL EXPRESIDENTE JOSÉ “PEPE” MUJICA.

Ciudadano Presidente Juan Manuel Santos

Ciudadanos Negociadores en la Habana

Reciban un cálido saludo.

Al llegar a un punto clave el vuelo del Globo de la Pacificación por los aires de la Habana, con más posibilidades de continuar inflándose que de desinflarse, urge tomar con imaginación, aunque, por cierto, con prudencia, algunas medidas que enriquezcan el proceso para que éste no desemboque en una simple dejación de las armas sin mayor impacto sobre las estructuras sociales del país y sobre la subjetividad de los colombianos. Cincuenta años de impactante confrontación armada no pueden desembocar en otro medio siglo de desgaste y derroche irresponsable de la naturaleza y de las esperanzas de los colombianos; de relativo crecimiento técnico-económico pero a costa de la consolidación de los dispositivos generadores de una sociedad con los indicadores más altos en el mundo de inequidad social; de fracaso en la construcción de una cultura política democrática capaz de absorber los odios y venganzas progresivamente acumulados que el país viene arrastrando desde los inicios de la fundación de la nación con la participación activa no sólo de mestizos sino también de indígenas y de negros; y finalmente , entre otras cosas, a costa de un nuevo partidicidio, que precisamente ésta ha sido la historia: en Colombia nunca se ha podido consolidar una izquierda desarmada no sólo por las marcas simbólicas negativas que en la subjetividad de la ciudadanía han dejado cincuenta años de confrontación armada sin que nunca llegase la prometida revolución social sino también, ante todo y sobre todo, porque a esa posibilidad han contribuido en elevado grado las derechas dominantes armadas, así como el propio Estado al convertir el monopolio de la legitimidad de las armas en represión y coerción. A este respecto, como para recordar las viejas y nuevas formas de paramilitarismo que ha habido en la historia de Colombia. Esto lleva a pensar que la pacificación en Colombia- obsérvese que estamos hablando de pacificación a secas, pues de construcción de paz positiva es más bien poco lo que

2 . Nota Enviada por la Presidencia de la república a Humberto Vélez r el 10 de febrero de 2015, AsuntoEXT 15-00001668.

esperamos de la Habana- si se la quiere sostenible y relativamente perdurable es no sólo un asunto de negociación con las Farc y el Eln sino también con muchas de las organizaciones políticas del establecimiento. Es decir, casi del Estado consigo mismo, así como con el bloque de poder que lo sostiene. Es esta la razón por la que la propuesta del expresidente Gaviria sobre la aplicación actual de La Justicia Transicional haciéndola extensiva a militares, paramilitares y aún civiles comprometidos, aunque huela a ley de punto final, no es tan descabellada, sino más bien, muy aterrizada aunque alrededor de ella habría que hacer mucho debate, aplicarle una buena pedagogía y darle forma técnica hasta tornarla viable pero con un masivo apoyo nacional. Y que conste que con esa extensión de la aplicación de la Justicia Transicional no estamos colocando en condiciones de igualdad a soldados, que por Constitución y ley NO DEBEN DELINQUIR mientras guerrean, con guerrilleros que, por análisis y convicción política, asumieron las armas para luchar por otra Constitución y otra Sociedad, pero que con el solo hecho de sentarse a negociar, después de que durante medio siglo no han podido ser derrotados, están reconociendo que algunas de las condiciones políticas del país han cambiado, aunque sólo sean aquellas propicias para luchar por construir democracia.

Precisamente estando en Uruguay en la segunda semana diciembre con la intención de hacerle una entrevista al presidente Mujica, tuvimos la oportunidad de dialogar con dirigentes del Frente Amplio sobre la negociación de los Tupamaros con el gobierno. Entre otra muchas cosas , los presos fueron liberados en marzo de 1985, en el marco de una ley de amnistía , la 15.737 de marzo de 1985 , que en su artículo 1 decretó “LA AMNISTÍA DE TODOS LOS DELITOS POLÍTICOS, COMUNES Y MILITARES CONEXOS CON ÉSTOS , COMETIDOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1962”; como nota especial este ley incluyó una fórmula en función de la cual tantos los guerrilleros como los militares que hubieren cometido delitos podían quedar exonerados de culpas y de cargos. “El texto buscaba empezar a cerrar un capítulo de la historia y sentar las bases de un esquema sin condenas para los militares que habían cometido actos inhumanos. Se completó con la aprobación en 1986 de otra ley, conocida como ‘De caducidad de la pretensión punitiva del Estado’…Este ley fue sometida a plebiscito dos veces para anularla y ambas consultas populares se saldaron en fracaso para sus promotores”. O sea que en esa oportunidad los uruguayos sí estuvieron de acuerdo con una especie de ley de punto final.

Claro que sabemos de las dificultades para sacar avante una ley de amnistía en Colombia dado el peso que hoy en día han alcanzado los Tribunales Internacionales de Justicia.

Si en esta Carta hemos resaltado la unidimensionalidad de la presencia en la Habana de actores “delincuentes políticos”, para usar un término duro, ha sido para resaltar una de las debilidades del proceso: si de la Habana no saldrá la paz, tampoco saldrá una pacificación integral; se hará entonces necesario avanzar en conversaciones y diálogos con los otros poderes del establecimiento que con cinismo practican el voto democrático y republicano y al mismo tiempo lo ensucian e envilecen al aunar la política con la apelación permanente a las armas. La situación es entonces tan compleja, dificultosa y hasta dramática que al presidente Santos no le bastarán los tres años y medio que le faltan para asentar una pacificación posiblemente más estable y duradera, y decimos posiblemente porque si el proceso de pacificación no va acompañado de procesos simultáneos de osada y acelerada construcción de paz positiva, no se necesitará ser adivino para augurar la problematización inmanejable de las violencias políticas en el país. Es por esto por lo que en esta Carta estamos hablando, pero para ahora y no para mañana, de la posibilidad de impulsar en Colombia una especie de ley de punto final, que para que sea exitosa tendría que ser enhebrada alrededor de las necesidades objetivas y simbólicas de los seis millones y medio de víctimas del conflicto interno armado. Valgan estas consideraciones para fundar una propuesta: la de invitar al expresidente José Pepe Mujica como asesor, ojalá permanente, de los Diálogos de la Habana. No se trataría de una mediación, ni de una asesoría por separado, ora al gobierno ora a las guerrillas, sino de que las dos Comisiones trabajen con él conjuntamente y en privado los asuntos más acuciantes y problemáticos y confrontantes que en este momento tienen sobre Mesa o en los congeladores de “palabras y problemas”. No se trata tampoco de que con él se tomen decisiones sino más bien, de que cada parte se abra, oxigene sus puntos de vista, refine los dispositivos de construcción de consensos y en su intimidad se abra a POSICIONES menos cerradas, que consulten las NECESIDADES de las partes, pero,

sobre todo, los INTERESES, primero los del país y después, los de cada grupo de negociadores en particular.

Señor Presidente y estimados Negociadores: las razones del por qué Mujica y no otro expresidente, sobran. Primero, se trata del presidente con mejor imagen internacional entre los actuales presidentes que hay actualmente en el mundo. Segundo: no se trata de una figura simplemente mediática: a Mujica no lo crearon Los MEDIOS sino que él mismo con su historia biográfica y sus prácticas concretas creó los Medios, que se volcaron sobre su pequeño país lo que le permitió internacionalizarlo. Tercero: durante todas las etapas de su rica y vívida existencia, donde quiera ha actuado aún como guerrillero y prisionero político, ha sido un excelente negociador. Y cuarta: pocos presidentes de América Latina como Mujica, el Presidente Santos lo sabe, han tenido un deseo tan íntimo y vigoroso y permanente de contribuir a la paz de Colombia.

NOTA A POSTERIORI ( 8 de enero) :

Como nota central de la posición esbozada en esta Carta, a posteriori me habría gustado que en ella, de modo explícito, hubiera quedado consignada una observación sugerida por uno sus críticos: de imponerse un abordaje de los conflictos armados como especie de “punto final” de los delitos políticos cometidos por todos los actores, como condición sine qua non habría que plantear, como mínimo y básico, la restitución de tierras, pues en Colombia hubo un despojo masivo de la propiedad rural con asistencia del Estado, lo que no aconteció, por ejemplo, en Uruguay; aún más, es allí en donde se encuentra el fondo de la oposición del uribato al proceso de paz.”3

*******4*******

No se trata ahora de quedarnos en una interminable discusión sobre qué entender por Justicia Transicional 4 pues, como elementos teóricos y aún analíticos básicos, sabemos,

1. Que se trata de un sistema excepcional de Administración de Justicia que, en materia de los alcances de su aplicación, muy difícilmente logrará desprenderse de la concepción general que cada quien tenga, o aparente tener, sobre el Estado, sus fines y funciones;

2. Que ese sistema tiene cuatro “patas- la judicial, la del establecimiento de la verdad, la de la reparación y la de garantías de no repetición-; si se lo unidimensiona, recargando la judicial como ahora ha sucedido en Colombia, se lo sesga y distorsiona;

3. Que su carácter excepcional, ante todo y sobre todo, resulta de que “lo principal” será siempre la reparación de las víctimas o de conflictos internos armados o de sistemas políticos opresivos siendo

“lo derivado” una “suavización de las penas” a los victimarios que se muevan en esa dirección;

3. Atisbos Analíticos No 219, Santiago de Cali, 1 de enero de 2015. 4. Al respecto se recomienda un artículo de Hernando Valencia Villa, “INTRODUCCIÓN A LA JUSTICIA TRANSICIONAL”, Conferencia dictada en la Universidad de Guadalajara, México, 26 de octubre de 2007.

4. Que sobre esas materias no hay mucho de donde aprender, pues las experiencias al respecto no son abundantes y mucho menos en Colombia;

5. Que la Justicia transicional no puede aplicarse de igual modo en todos los países y con iguales criterios a todos los victimarios; habrá que examinar en cada caso la naturaleza del problema, sus orígenes, historia y alcances, su impacto sobre la sociedad en la que circunstancialmente va a entrar en vigencia, el papel concreto de los distintos actores, siendo todo esto lo que puede entenderse por historicización o nacionalización de la aplicación de la Justicia transicional en cada sociedad;

6. Aún más, por muchas bases objetivas que tenga en un país dado la aplicación de la Justicia Transicional, siempre aparecerá una zona gris subjetiva entre las lógicas de la necesidad de la paz y las lógicas de las exigencias de la justicia; por lo tanto, utópico es pretender buscar un punto crítico de equilibrio entre lo uno y lo otro, pues finalmente una vez precisada la base objetiva para su aplicación, el que prime uno u otro valor siempre dependerá más de criterios culturales-ideológicos que de razones objetivas;

7. Que contra la naturaleza misma de una negociación atentará siempre el sentarse a dialogar sin pensar, al mismo tiempo, en las concesiones que una y otra parte deberán hacer; lo mismo podrá decirse de la aplicación de la justicia Transicional: engañoso o hipócrita será destacar que se la acepta cuando, en su aplicación efectiva, se niega la necesidad de cierto grado de impunidad para todos;

8. En muchas partes del mundo, entre ellas en Colombia, en su derecho penal positivo con minúscula ha funcionado, sin mencionar la figura, una forma sencilla de Justicia transicional: a aquellos que, de entrada, reconocen un delito, se les rebaja las penas, vale decir, se les brinda una dosis dada de impunidad, y una vez producida la sentencia condenatoria, pueden gozar de ciertos beneficios adicionales si realizan determinadas acciones orientadas a reparar a las víctimas; y

9. En lo más íntimo duele que en Colombia el Procurador, el expresidente Uribe y su llamado “Centro Democrático” y otros enemigos “agazapados” de la pacificación se rasguen las vestiduras “por la dosis de impunidad” que necesariamente habrá en las negociaciones de la Habana, cuando ellos mismos saben que ello se traducirá en muchas medidas de reparación de las víctimas, así como en un avance en el logro del “valor pacificación”; pero también duele que se queden callados contra la impunidad en que quedarán miles y

miles de acciones ilícitas de guerra, que a todo momento se producen y se seguirán produciendo si la negociación fracasa; y duele mucho más que casi nunca hablen de la impunidad estructural que caracteriza al sistema formal de justicia en Colombia en el que quedan impunes un muy elevadísimo porcentaje de las conductas judicializadas.

*******5*******

Somos muchos los que estamos esperando que los 10 Informes y las 2 relatorías, es decir las 804 páginas académico-ideológico-políticas de “La Comisión Histórica del Conflicto y de las Víctimas” suministren elementos nuevos que faciliten la nacionalización de la aplicación de la Justicia Transicional en Colombia; no es que el futuro de los diálogos dependan de esos por sí mismos valiosos documentos, pero en un país donde todos los ciudadanos, por poseer un imaginario sobre él, nos creemos sabios en materia de conflicto interno armado, es importante que “las verdades académicas” señalen los límites y las limitaciones, 1.de su “propia verdad” y 2.de la respetable “verdad subjetiva de cada quien”, de la “verdad judicial”, de “las verdades oficiales”, “de la verdad de los Mass Media” y de “las verdades testimoniales”. Es decir, que “la verdad académica, al iluminarlas e ilustradas de modo crítico, debe ayudar y cooperar a superar las limitaciones de todos esas otras “verdades”. Por eso es que esa juiciosa y sistemática contribución académica al entendimiento del conflicto interno armado no puede quedarse en esas 804 páginas, sino que debe salir de ellas y traducirse, de modo pedagógico, en muchas conferencias y artículos, que lleguen al conjunto de la ciudadanía.

Por lo que hasta ahora hemos podido percibir, en una primera aproximación, es que allí hay interpretaciones analíticas para todos los gustos y sabores; aún más, la dos relatorías, aunque, a veces, retoman planteamientos y análisis de uno u otro de los articulistas, terminan siendo dos interpretaciones más evidenciándose como altamente analítico- académica la del profesor Víctor Manuel Moncayo. Esta conducta por sí misma no es criticable, pues era legítimo que los relatores, de modo condensado, explicitasen su propia interpretación para desde ellas leer a los 10 Ensayistas; sin embargo, al ser relatores, deberían haberse centrado más en la precisión de las convergencias y diferencias entre los miembros del grupo de estudiosos.

Dada esta situación, nos vemos obligados a hacer lo que estamos criticando: esbozar nuestra propia interpretación para poder leer a los 12, de modo crítico, pero poniendo especial énfasis en las convergencias que, de todos modos, a primera vista se evidencian como más temáticas y fenoménicas que interpretativas.

*******6*******

Siendo siempre fundamental el enfoque histórico, sin embargo, en la actualidad como nunca sabemos que debemos evitar caer en la obsesión por los orígenes pues, en su evolución, un fenómeno puede cambiar de naturaleza teniendo muchas causas, lo que es muy difícil de aprehender bajo una sola mirada. Es esto lo que ha sucedido en Colombia con los investigadores en relación con el asunto de las violencias. Como lo ha destacado ya Medófilo Medina en una primera aproximación crítica al trabajo de la Comisión, no puede pensarse que por “estiramiento cronológico”, es decir, “por acudir a las fechas más remotas” se le está brindando ya un mejor contexto de historia al estudio de los orígenes del conflicto interno armado. 5

En Colombia hasta hace unos pocos años, a partir de un sector de los llamados violentólogos, se levantó la hipótesis abstracta según la cual en nuestra historia había habido una constante de violencias de todo tipo y en todos los espacios de la vida social generando así entre sus lectores el imaginario colectivo de que los colombianos habíamos sido y éramos casi “naturalmente violentos”, peligrosa tesis ahistórica que, por ejemplo, ocultaba que en asuntos de fenómenos humano-sociales nada era “natural”, pues todo era construido y aprendido. El ejercicio de la violencia, por ejemplo, se aprendía y se desaprendía. Por otra parte, esa tesis sobre la regularidad de las violencias en la historia colombiana, así como de los imaginarios colectivos a ella ligados, también ocultaban el hecho de que , como con reiteración lo ha examinado el historiador Alonso valencia, en nuestra historia muchos conflictos se han manejado mediante negociaciones, arreglos, conciliaciones, acuerdos y pactos.6

5. Medina Medófilo. “Las diferentes formas de entender el Conflicto armado”. En, RAZON PÚBLICA, 23 de febrero de 2015. 6 . Valencia Llano Alonso. DENTRO DE LA LEY Y FUERA DE LA LEY: RESISTENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS EN EL VALLE DEL RÍO CAUCA 1830-1855. En, www.alonsovalenciallano.co/indezphp/es/obras-y-escritos/libros

Sin embargo, desde hace 200 años, desde las guerras de ruptura política con España, ha habido un ámbito de la vida social en el que sí se ha configurado una constante de violencias; nos estamos refiriendo a las luchas libradas alrededor del manejo, control y direccionamiento del Estado. En esta área, las violencias políticas sí han sido una constante histórica entre 1818 y el 2015, lo que no significa que este campo problemático y conflictivo periódicamente no haya habido también acuerdos y arreglos parciales y limitados. En este largo plazo, se pueden distinguir, por lo menos, cinco etapas de sobreimposición de determinadas formas de violencia política teniendo todas en común el problema de la referencia al Estado. Pero, en este caso, tampoco se puede ser ahistórico, pues en cada una de ellas las violencias políticas se han encontrado con “otro Estado”- algún cambio deberá haber tenido entre etapa y etapa- siendo protagonizadas por otros actores movidos por otros motivos y razones.

Apenas señaladas y medio esbozadas, ésta han sido esas cinco etapas7:

1. 1818-1903: El Estado en Construcción: 9 guerras civiles de cobertura casi nacional y tras ellas 8 nuevas Constituciones, producto de la violencia política, consagrando ya el Centralismo político -“centralistas”- ya el Federalismo- “federalistas”- como forma de organización territorial del Estado;

2. 1946-1957: EL Estado Disputado: El bipartidismo conservador y liberal disputándose en una guerra a muerte el control exclusivo y excluyente del aparato de Estado, que ya era un botín apetitoso por el volumen del presupuesto manejado y por su capacidad para generar empleos públicos, con el resultado de 300.000 conservadores y liberales, entrañables hijos del pueblo, asesinados por su afecto e identidad o con un significante “color azul” o por otro también significante “color rojo” mientras la alta dirigencia de uno y otro partido, casi en su conjunto, de distintos modos permanecía blindada por el bloque en poder;

3. 1964-1970: EL Estado Cuestionado: En una década y media de auge de las luchas antisubversivas contra los Estados burgueses y de los Movimientos de Liberación Nacional en los países internacionalmente periféricos, en Colombia surgieron casi todas las variantes de guerrillas revolucionarias buscando subvertir el Estado para instaurar una u otra versión de socialismo; aunque algunas de esas guerrillas

7 . Vélez R, Humberto. “CONSTITUCIÓN, ESTADO Y CULTURA”,IEP- Estudios Políticos-Universidad del Valle, primer semestre del 2008

han llegado relativamente fuertes hasta este 2015, sobre todo las Farc y el Eln, a partir de la década de 1980 entró al escenario de guerra un nuevo actor, que le imprimió al Estado, sobre todo en los niveles regionales y locales, un nuevo carácter, así:

4. 1980-2002: El protectorado del Estado Cuestionado: A partir de la década de 1980, sobre todo, apremiados por las exigencias para-tributarias de las guerrillas y frente a un Estado incapaz de enfrentarlas, fracciones importantes de los terratenientes y de los hacendados, coadyuvados, sobre todo, por Militares de Alta graduación, financiaron e impulsaron la creación de “grupos privados” para que viniesen en su ayuda; pasado un tiempo, cuando estos grupos ya tenían una presencia más nacional, un sector de ellos, liderado por Carlos Castaño, asumió un rol político anti-insurreccional decidido a apalancar al Estado en su lucha militar contra las guerrillas; en el año 2002, al llegar Uribe Vélez a la presidencia con una Estrategia, la de “La Seguridad democrática”, por primera vez en 50 años claramente orientada a derrotar militarmente a las guerrillas, los paramilitares abandonaron el horizonte anti-insurreccional incrustándose, de modo progresivo, 1. en el proyecto económico-político del narcotráfico asociado a acumular capital para invertir en proyectos macro de infraestructura, y 2. en la contratación con las gobernaciones y las alcaldías para ejecutar obras o prestar servicios ; y en esa dirección arrastraron a numerosos congresistas poderosos en sus regiones, así como a un amplio sector de agentes del Estado en los niveles local y regional del Estado;

5. 2003-2015: El Estado Esquizofrénico: Este ha sido el Estado que comenzó a configurarse sobre todo a partir de la llegada de Uribe Vélez a la presidencia en el 2002: un Estado escindido: de un lado, a nivel central, un Estado aparentemente moderno y apegado a la democracia electoral y orientado a crear una institucionalidad operativa, orientada a impulsar el desarrollo económico y tecnológico de una Colombia que, desde la mirada internacional, habría alcanzado la condición de una sociedad de renta media alta; y del otro, un Estado pre-moderno, sobre todo en sus niveles regionales y locales, apegado a la “democracia” de la apelación a todas las formas de lucha, legales e ilegales, desarmadas y armadas, lícitas e ilícitas, bondadosas y perversas.

En nuestra opinión, para ubicar los orígenes del conflicto interno armado, que actualmente se está negociando en la Habana, no es necesario alargar la cronología hasta el siglo XIX; ni siquiera hasta la segunda etapa

del que hemos llamado “Estado Disputado”. Sin embargo, en relación con esta segunda etapa de las violencias políticas, 1946-1957, sí importa destacar algunos procesos y dinámicas y fenómenos , que tuvieron especial significación en los desenlaces definitivos que tuvo, siendo algunos de ellos muy importantes para ubicar los orígenes del conflicto interno armado.

Entre los años 1934 - primer gobierno progresista de “La revolución en Marcha ” de Alfonso López PumareJO y 1953 - inicios del gobierno ultraderechista y profalangista de Laureano Gómez- las expresiones políticas de las clases y fracciones de clase que conformaban el bloque en el poder en Colombia, pasaron por dos décadas de agudas crisis, conflictos y contradicciones. Entre 1934 y 1938, el liberal reformista López Pumarejo impulsó al país hacia la modernización capitalista gestando una nueva institucionalidad de inspiración demoliberal; a partir de esta situación, su amigo personal pero enemigo político Laureano Gómez, líder de la fracción más radicalmente reaccionaria del partido conservador, lanzó una violenta contraofensiva orientada a, 1. desmontar la institucionalidad liberal creada en la década del 30; 2. “conservatizar” a la fuerza a las poblaciones de mayoría liberal que había a lo ancho y largo del país; y 3. salirle al paso al liberal de izquierda, Jorge Eliecer Gaitán quien, al aspirar a llegar a la presidencia, pensaba que el pueblo- no en su acepción liberal de sujeto electoral sino como subalterno, gobernado y clase trabajadora- debía ocupar por vez primera un rol protagónico en la dirección del país. En ese contexto de la contraofensiva laureanista, Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948 viniéndose sobre el movimiento postgaitanista y las organizaciones de la emergente clase obrera una etapa de arrasamiento “a sangre y fuego”. En los inicios de la década del 50, Laureano Gómez, antiliberal y anti-pueblo por convicción ideológica, llegó a la presidencia con una apuesta orientada a instaurar en Colombia un estado de tipo corporativista-falangista. En esas condiciones, las expresiones políticas demoliberales del bloque en el poder presionaron al General Rojas Pinillas para que produjese un golpe de Estado. Fue así como en Colombia, el único golpe de Estado que hubo en el siglo XX no fue iniciativa de los militares sino de un sector de la dirigencia civil.

Mientras tanto, en el anterior contexto de exacerbación de las luchas entre las expresiones políticas de las clases en el bloque de poder, continuaron los enfrentamientos entre conservadores y liberales en procura de quedarse con el control exclusivo y excluyente del aparato de

Estado. Finalmente, esta segunda etapa de violencia política que hemos denominado como “Estado Disputado”, en la década de 1950 tuvo un desenlace polarizado en lo que a sus actores centrales se refería: mientras un sector desembocó en el bandidaje abierto – bandidos que mataban por razones casi exclusivamente económicas- otro importante sector adquirió, de modo progresivo, una notoria conciencia política, levantando una serie de reivindicaciones, entre ellas, la de la necesidad imperiosa de una Reforma agraria.

Fue entonces cuando la dirigencia liberal y conservadora, para enfrentar el bandidaje y, sobre todo, para ponerle final a sus pugnas por el control exclusivo y excluyente del aparato de Estado pactaron la constitucionalización del bipartidismo, que excluía del acceso al aparato de Estado a todas las fuerzas que no fuesen las oficiales de los partidos liberal y conservador. Algunos estudiosos han querido encontrar en este cierre del régimen político, la explicación de la creación de las Farc. Sin embargo, desde nuestra mirada analítica, el Frente Nacional no tuvo mayor importancia en la fundación de las Farc, pues con él o sin él, las Farc, en esos años precisos de 1963 y 1964, no habrían surgido como movimiento armado insurreccional inspirado en la táctica de la guerra de guerrillas de no haberse producido el otro desenlace ya destacado de esa etapa de violencia política que hemos denominado “El Estado Disputado”: La del surgimiento de unos sectores de campesinos haciendo exigencias de una reforma agraria, sobre todo. Quizá un años después, bajo la influencia de la revolución cubana habrían dado ese paso, pero otros fueron los factores que lo adelantaron.

En el año de 1963, estando ya en la presidencia el segundo gobierno del Frente Nacional en la persona de Guillermo León Valencia, al Ministerio de Gobierno llegó una carta8 enviada desde una lejana y boscosa y poco poblada vereda del Sur de Tolima en la que un grupo de 16 campesino le decían a Valencia que se atuviese a las consecuencias si el gobierno no impulsaba en esa región la realización de una reforma agraria lo más completa posible. Entre los firmantes de la carta estaba Manuel Marulanda Vélez, futuro “Tirofijo”. Por esa mismas fechas, el congresista conservador Alvaro Gómez Hurtado, hijo de nuestro ya conocido Laureano Gómez, propiciaba en el Congreso un agitado debate en el que decía que por allá en unas tierras del sur de Tolima, desde donde había procedido la carta ya citada, unas masas de campesinos estaban creando unas 8 . CARTA ENVIADA POR 16 CAMPESINOS DE MARQUETALIA AL PRESIDENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA el 20 de mayo de 1964, radicada en EL ARCHIVO GENERAL DE A NACIÓN, FONDO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

“Repúblicas Independientes”, que el país estaba ad portas de su fracturación territorial. Entonces, ni corto ni perezoso, el gobierno de Valencia, con la asesoría de la Embajada norteamericana, organizó la Operación Marquetalia, y más específicamente El Plan Lazo, orientada a neutralizar la acción separatista denunciada por Gómez Hurtado. Fue así como semanas después, 16.000 soldados convergieron en esa alejada región mientras los 16 firmantes se salieron de la zona y, tras mucho trajinar, al año siguiente, en 1964, se crearon las Farc aglutinando mucho gente proveniente de las guerrillas liberales de los Llanos y de las autodefensas campesinas. Alfredo Molano con lujo de detalles nos ha hecho la cartografía de esos procesos y dinámicas, que condujeron a la fundación de las Farc.9

Entonces, en plata blanca fue el Estado el que inició el conflicto interno armado en Colombia en un contexto contradictorio y conflictivo de negativa a realizar una Reforma Agraria; y partir de 1964, constituidas ya las Farc en incipiente movimiento guerrillero, asumieron el polo insurgente del proceso dejándole al Estado el manejo del polo contrainsurgente.

***************8***************

En nuestra interpretación de los orígenes del conflicto interno armado, éste aparece muy ligado al problema de la tierra, y más en concreto, a la negativa del Estado a hacer una reforma agraria integral; por otra parte, este asunto no es más que una dimensión específica de una singularidad de la sociedad colombiana: La histórica incapacidad del Estado para abordar la inequitativa distribución existente en Colombia en materia de redistribución de la tierra, de la riqueza y de los ingresos. Aparecen así tres notas- el problema de la tierra, la precariedad del Estado y la inequitativa redistribución de la riqueza- entre las seis que Medófilo Medina aprehende como convergencias entre los 1o estudiosos,

que de acuerdo con la mirada de Medófilo Medina serían dos de las tres convergencias que él ha encontrado entre los miembros de la Comisión Histórica del Conflicto y de las Víctimas,

9 .Molano Alfredo. 12 TEXTOS DE ALFREDO MOLANO SOBRE EL ORIGEN DELCONFLICTO ARMADO. El Espectador , 1 de marzo de 2015.

“