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ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
San José, Costa Rica, Casa Sindical “Lic. Mario Alberto Blanco Vado” Calle 20 (Norte), 300 N. Hospital Nacional de Niños, frente a Coopeservidores, R. L.
Teléfonos 257 82 33 - 257 99 24 - 257 99 32 - 257 99 51 - 257 99 59 - 257 83 43 - Fax 257 88 59 Apartado Postal 5152-1000 San José- Corre electrónico: [email protected]
San José, 17 de agosto de 2010.
S.G.09-11-0957-10
¡URGENTE! Licenciada
Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
Casa Presidencial
Su despacho
Estimada señora Presidenta de la República:
Con base en la representación que orgullosamente ostentamos, la Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante a su vez de la Central Social Juanito Mora
Porras (CSJMP); le hace llegar su respuesta a la “Invitación para la elaboración de una
Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social en Costa
Rica: POLSEPAZ 2010: San José, 27 de mayo de 2010". (Presidencia de la República,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Invitación para la elaboración de una
Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social en Costa
Rica: POLSEPAZ. San José, Costa Rica: PNUD, 27 de mayo de 2010). En adelante citaremos
este documento simplemente como POLSEPAZ 2010.
Con gran respeto,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
Copias: Honorables señoras y señoras, Comité Consultivo, Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y
Promoción de la Paz Social en Costa Rica: POLSEPAZ 2010
Honorables diputados y diputadas, Asamblea Legislativa de la República.
Honorables señores y señoras, magistrados y magistradas, Poder Judicial.
Señores y señoras, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), oficina en Costa Rica.
Defensoría de los Habitantes de la República.
Contraloría General de la República.
Procuraduría General de la República.
Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
Señores obispos, Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).
Iglesia Luterana Costarricense (ILCO).
Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.
Gremios empresariales UCCAEP, CADEXCO y Cámara de Empresarios Pro-Costa Rica.
Presidencias de los particos políticos de Costa Rica.
Junta Directiva Nacional de la ANEP.
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
Movimiento Sindical Costarricense.
Sectores sociales del Movimiento Popular Costarricense
Medios de comunicación colectiva.
Ciudadanos y ciudadanas con interés en el tema.
Archivo.
PRESENTACIÓN GENERAL: ¡SÍ, PERO SEAMOS SERIOS!
Consultas que se repiten, soluciones que nunca llegan
“¿Esto es otro diagnostiquito? Ya estamos cansados. Sólo preguntas y nada
de respuestas”.
Un ciudadano (2005) 1
“La construcción de una política sobre seguridad ciudadana debe
incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como
límite infranqueable para las intervenciones del Estado.”
Comisión Interamericana de Derechos Humanos2
La Presidencia de la República y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
hacen la invitación abierta y pública, lo que agradecemos y reconocemos, para participar en la
elaboración de una “Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz
Social en Costa Rica”. Invitación que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
(ANEP), dada la importancia y significado que para el mejoramiento de la calidad de vida de los y
las costarricenses podría eventualmente tener esta iniciativa, se apresura a acoger.3
Pero nuestra aceptación no es sin condiciones: no solo tenemos muchas dudas respecto a la
metodología planteada, tiempos de ejecución, y participación real que la ciudadanía en general
pueda tener sino que, además, encontramos que esta propuesta y actividad no es nueva: no solo el
PNUD viene al menos desde 2004 trabajando en el país directamente sobre este tema sino que,
además, durante estos seis años pasados los consultores contratados y las autoridades
1 Intervención de un joven en los trabajos grupales para los diagnósticos cantonales puestos en marcha en el año 2005
dentro del proyecto “Creación de entornos seguros”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los
cantones cuentan: Principales hallazgos sobre seguridad ciudadana en diez cantones de Costa Rica. San José, Costa
Rica: PNUD; 2008. Página 30. Trabajo realizado conjuntamente con el Ministerio de Seguridad Pública, siendo
Fernando Berrocal Ministro, con el Ministerio de Justicia y Gracia, siendo Laura Chinchilla Miranda Ministra, y Lara
Blanco Rothe como Coordinadora de Programas del PNUD.
2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos.
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre 2009. Original: Español. Página 21.
3 De hecho la ANEP aborda el trabajo sobre este tema conjuntamente con otro grupos de trabajadoras y trabajadores la
Unidad sindical por los derechos laborales y la seguridad ciudadana, organización que desde el año 2007, agrupa a
sindicatos y colectivos de la Policía de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública, los agentes de seguridad
del Sistema Penitenciario del Ministerio de Justicia y Paz; la Policía de Investigación Criminalística del Organismo de
Investigación Judicial del Poder Judicial; la Policía de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; la
Policía de Migración del Ministerio de Gobernación y Policía; la policía Fiscal del Ministerio de Hacienda y la Policía
Municipal de la Municipalidad de San José. Como también se trabaja a la par de los funcionarios y funcionarias de la
Dirección General de Adaptación Social. De ahí que se tomó la decisión que cada colectivo, si así lo quisiera, tomara los
textos producto de esta labor de reflexión conjunta y los utilizara libremente para lo que requieran (incluyendo su propia
y particular respuesta a la invitación pública que ahora se hace).
gubernamentales participantes son básicamente las mismas personas, encabezando la lista la propia
Presidenta de la República doña Laura Chinchilla Miranda. De ahí que reproduzcamos la expresión
de un ciudadano que el mismo PNUD recupera en uno de sus informes anteriores: “¿Esto es otro
diagnostiquito? Ya estamos cansados. Sólo preguntas y nada de respuestas.”
Así, pues, el propio documento POLSEPAZ 2010 desvela que la consulta a la que ahora invitan las
autoridades gubernamentales para diagnosticar y buscar soluciones mediante una política pública a
la inseguridad en el país, no es novedad. Como tampoco es nuevo el vínculo con las consultorías y
la cooperación internacional a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):
por ejemplo la “Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana” de 2004, el “Informe Nacional de
Desarrollo Humano para Costa Rica” de 2005, la “Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana,
Costa Rica 2006” de 2006, el proyecto “Creación de entornos seguros” que arrancó en el 2005, entre
otros. Por eso no es accidental la sospecha e incertidumbre que nos hace preguntarnos: ¿estaremos
de nuevo frente al mismo escenario, la misma obra, los mismos actores, el mismo o peor desenlace?
¿No sería lógico, productivo y transparente, antes de decir o pensar a futuro que se explicitara, que
se rindiera cuenta sobre qué es lo que ha pasado con todos esos esfuerzos anteriores y por qué
todavía la política nacional que se pretende no se ha concretado:
“(…) como está ocurriendo en los últimos años, la criminalidad y la inseguridad constituyen
en Costa Rica el principal problema social, se invoca una vez más la necesidad de dotar al
país de una política integral y sostenible de seguridad ciudadana, actualmente inexistente”.
(Resaltado nuestro).4
Se reconoce ahora (directa o indirectamente, explicita o implícitamente) que, más allá de la
publicidad de la Administración Arias 2006 – 2010, en general, y de la propaganda electoral de doña
Laura Chinchilla Miranda como candidata presidencial, en particular, no se ha contado y no cuenta
el Poder Ejecutivo con una política integral en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué ha pasado,
entonces, con los anteriores esfuerzos? ¿Qué dice que este nuevo llamado, que hacen las mismas
instituciones y las mismas personas, no tenga el mismo destino que los anteriores?
La historia es reciente: hace seis años, en junio del 2004, siendo Presidente de la República Abel
Pacheco De La Espriella, Ministro de Seguridad Pública Rogelio Ramos Martínez y Diputada
Laura Chinchilla Miranda, se aplicó por primera vez la “Encuesta Nacional de Seguridad
Ciudadana” en respuesta a una situación de inseguridad que se mostraba inmanejable desde la
4 POLSEPAZ 2010. Página 3.
Administración anterior Figueres Olsen (1994 – 1998)5. Se supone, entonces, que contamos a partir
del 2004 con el primer documento diagnóstico para establecer una política integral y sostenible que
hoy, seis años después, se vuelve a reclamar6. ¿Qué pasó con ese esfuerzo?
Tenemos, pues, a partir del propio documento POLSEPAZ 2010, que el año 2004 se debiese
considerar punto de partida ineludible para saber si los problemas de inseguridad identificados,
cuantificados, cualificados y analizados abundantemente en aquella y como veremos luego en
sucesivas oportunidades, han variado sustancialmente y si las acciones gubernamentales
emprendidas han dado resultado. Pero esto no se hace. El documento base de POLSEPAZ 2010 no
lo aborda y con ello esquiva conocer y acreditar si lo que se propuso como respuesta estatal o
soluciones en el 2004 y el 2006 a los problemas encontrados se hizo o no, si se hizo cuáles fueron
los resultados, si fueron evaluados y si no se hizo cuáles fueron las razones, motivos o
circunstancias que lo impidieron. Creemos que rendir cuentas de lo hecho o dejado de hacer es una
condición indispensable para proyectarse con seriedad para pensar el futuro.
La ANEP, reiteramos, encuentra sumamente importante y necesaria esta iniciativa del Poder
Ejecutivo y tenemos la mejor voluntad de participar abierta y transparentemente en ella, siempre con
el propósito y horizonte de colaborar en lo que podamos para mejorar la calidad de vida de los y las
costarricenses. Ello pasa por un aporte crítico y creativo. Sin embargo abrigamos muchas dudas y
críticas a lo hecho y dejado de hacer por parte de los responsables institucionales en el pasado
reciente, pero, también, esperamos que podamos aportar en algo y positivamente a esta iniciativa.
Con esta perspectiva, en estas páginas presentamos una primera respuesta a la invitación que se nos
hace. Sí, deseamos participar, pero esperamos estar frente a una invitación de buena fe, donde el
5 Antes de ocupar el cargo de diputada, Laura Chinchilla Miranda fue Viceministra de Seguridad Pública (1994 - 1996)
y Ministra de Seguridad Pública (1996 - 1998), Presidenta del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, Presidenta
del Consejo Nacional de Migración, miembro del Consejo Nacional de Drogas, del Consejo Nacional de Seguridad y del
Consejo Académico de la Escuela Nacional de Policía. En la Asamblea Legislativa, sus áreas de interés fueron: reforma
judicial, seguridad pública (policía, narcotráfico, crimen organizado, etc.), reforma político-institucional (reforma del
Estado y reforma electoral), comercio exterior, tecnología, y niñez y juventud.
6 “Venciendo el temor. (In) seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica”. En, Informe Nacional de
Desarrollo Humano, 2005. – 1a. ed. – San José, C.R: PNUD, 2006. Documento que contó con un Comité Asesor
integrado por Mayi Antillón, Ana Elena Badilla, Jorge Cabrera, Juan José Echeverría, Juan Carlos Feoli, Clotilde
Fonseca, Leonardo Garnier, Erick Lonnis, Álvaro Montero, Jorge Nowalski, Jorge Polinaris, Rodolfo Piza, Doris
Osterloff, Montserrat Sagot, Marco Antonio Segura y Eduardo Ulibarri y como Referees a Ana Carcedo, Douglas
Durán, Edgar Gutiérrez y José María Rico. Especial mención se hace a Jorge Polinaris, Ministro de Planificación, por su
amplio y decidido apoyo al proyecto desde su etapa inicial. Así como a los funcionarios y funcionarias municipales de
todos los cantones del país que participaron en las actividades de la Red Nacional de Desarrollo Humano y en las
jornadas de reflexión sobre entornos seguros. En el marco de ese amplio proceso de reflexión y discusión participaron
más de quinientas personas.
Ejecutivo de doña Laura Chinchilla Miranda, en una conducta seria y responsable, esté dispuesto a
poner crítica y autocríticamente todas las cartas sobre la mesa.
Ahora bien, nuestra participación tiene una condición de partida política y de referencia ideológica
que resumimos con la expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “la
construcción de una política sobre seguridad ciudadana debe incorporar los estándares de derechos
humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado.”
¡CUANDO NO HAY POLÍTICAS DEFINIDAS, SE IMPLEMENTAN OCURRENCIAS!
“La comparecencia del Ministro de Seguridad a la Asamblea, más que útil
para esclarecer el enredo legal de fondo y forma sobre el Convenio de
Colaboración entre Costa Rica y los EE. UU., sirvió para dar a conocer el
cuadro surrealista sobre la inseguridad ciudadana (vea La Nación del 8 de
julio).
Dijo: “Tenemos capacidad apenas de poner en la calle simultáneamente
menos de 4.000 policías”. “El país tiene más de 13.000 policías, pero
menos de 12.000 se dedican de verdad a funciones policiales, de los cuales
unos 1.000 están incapacitados y nunca, por tanto, hay más de 3.900
funcionarios protegiendo a la gente en cada uno de los turnos de ocho
horas. Al ser más de cuatro millones de pobladores del país, la proporción
queda en más de mil personas por cada agente policial”.
Más adelante: “Para peores, es muy probable que ese funcionario esté mal
capacitado, que su delegación esté en ruinas y que carezca de un buen
carro para perseguir delincuentes”. A lo cual se suma “la preocupación
por la falta de disciplina en la Policía, en parte porque muchos superiores
se abstienen de aplicarla para no meterse en entuertos legales. Y olvidaba
algo: un arsenal nacional albergado en una situación altamente peligrosa...
que podría causar una tragedia”. Su conclusión: “No se si estamos
perdiendo la batalla”.
Es imposible no preguntarse: ¿y qué pasó con el paraíso televisivo de la
anterior Ministra? ¿No era que se le estaba ganando al narco y a la
delincuencia, gracias a planes como el de las Mil y una Noches, digo: los
cien días del Plan Limón? ¿Y no era que la Escuela de Policía era una
maravilla? ¿Qué pasó en estos tres meses en que caímos del cielo al
infierno? O no se dijo la verdad antes, o no se nos dice ahora. Pero en
cualquier caso los ministros, pueden decir, como aquel chusco, “estamos
jodidos todos ustedes”.
La otra cuestión es gravísima: con esas condiciones comatosas de nuestra
Policía, ¿quién podrá garantizarle a la ciudadanía una defensa eficaz, ya
no de valores como la libertad, la tranquilidad y la paz, sino de derechos
vitales y básicos como el de no ser asaltada, vapuleada, asesinada o
violada en sus hogares o sitios de trabajo? ¿Cómo puede un ciudadano
confiarse en la seguridad pública, si sabe que el Estado no podrá
ampararlo? Porque las prohibiciones establecidas solo alcanzan a los
ciudadanos dentro de la ley, no al delincuente que adquiere sus armas en el
mercado negro, no le conviene inscribirlas y menos sacar permiso de
portación.
De allí que no extrañe que los miles de costarricenses que tienen armas
inscritas legalmente y se ven obligados a portarlas, estén dispuestos a
decir, parodiando a aquel campesino de Aquileo J. Echeverría: “a mí
pídanme la vida, pero mi arma... ¡mirala!”.
Rodolfo Cerdas. Ojo Crítico. La Nación, 10 de julio de 2010.
Se reproduce este comentario del politólogo Rodolfo Cerdas Cruz en el periódico La Nación para
señalar y resaltar las serias dudas, recelos y desconfianzas que nos asaltan frente a la invitación que
se nos hace: “¿Qué pasó en estos tres meses en que caímos del cielo al infierno? O no se dijo la
verdad antes, o no se nos dice ahora. Pero en cualquier caso los ministros, pueden decir, como aquel
chusco, “estamos jodidos todos ustedes”.” Serios cuestionamientos sobre cuál es la verdadera
situación, gestión y actuar de los responsables gubernamentales en el ámbito de la seguridad
ciudadana. ¿El Ejecutivo de doña Laura Chinchilla Miranda realmente va a poner todas las cartas
sobre la mesa, va a ser transparente, en esta invitación a una participación ciudadana para la
elaboración de una política integral y sostenible de seguridad ciudadana?
“¡Cuando no hay políticas definidas, se implementan ocurrencias!”7, es la opinión de un grupo de
miembros de la policía participantes en uno de los talleres organizados en el pasado inmediato por el
PNUD. La cita en extenso es la siguiente:
“Además, los y las informantes de cuerpos de policía consultados, coincidieron en la
necesidad de crear, en cada cantón, una instancia de coordinación específica en materia de
seguridad (recuperación de instancias intersectoriales que han existido en años anteriores),
que construya una visión de seguridad sostenible: esto implica toma de decisiones de largo
plazo, acordes con las necesidades y estudios de los problemas, no por decisión política de
turno ni “por una cuestión de conveniencia con el electorado”. Ante ello los participantes
dijeron que: “Cuando no hay políticas definidas, se implementan ocurrencias.”
Ahora sabemos que la Administración de doña Laura Chinchilla Miranda no tiene ni hereda una
política seria (“integral y sostenible”) en materia de seguridad ciudadana ¿No es precisamente por
esta carencia que pareciera ser hasta ahora la actuación de la nueva Administración en materia de
seguridad, en general, y la del Ministro de Seguridad Pública, don José María Tijerino, en particular,
sencillamente un cúmulo de ocurrencias? Simplemente a manera de ilustración pensemos en el
contenido y significado de los titulares de algunas noticias publicadas en el periódico La Nación a
7 PNUD. Los cantones cuentan: Principales hallazgos sobre seguridad ciudadana en diez cantones de Costa Rica. Op.
Cit. Página 34.
partir de mayo pasado: “Policías incumplen orden de salir a patrullar las calles”, “Gobierno lanzará
en 100 días su plan contra inseguridad”, “Tijerino dice que hay grupos para generar crisis”,
“Ministerio de Seguridad intervendrá en 20 colegios”, “Tijerino: „Voy a cambiar esa situación en 24
horas‟”, “Se avecinan nuevos horarios y más policías”, “Gobierno busca norte para política de
seguridad”, “Gobierno pedirá dinero a China para carreteras y seguridad, “Puesto policial más
exitoso del país funciona en un rancho”, “Gobierno asigna a DIS lucha contra el crimen
organizado”, “Error pone en duda vigencia de patrullaje conjunto con EE.UU., “Seguridad
ciudadana es una prioridad olvidada en el Congreso”, “Chinchilla abogará por planes libertarios
sobre seguridad”, “Gobierno reforzará seguridad en centro de San José y cuatro comunidades”,
……
Ahora conocemos, pues, que la actual Administración no tenía ni tiene una política definida en
materia de seguridad ciudadana. ¿Pero cuál es la verdadera situación que vive en materia de
seguridad ciudadana? ¿Cuál es la situación institucional específicamente en el Poder Ejecutivo?
Indudablemente la iniciativa para elaborar una política integral y sostenible de seguridad ciudadana
no solo es necesaria sino que urgente. Pero solo se puede construir una política viable, eficaz,
sustentable sobre la base de conocer y partir de la realidad institucional actual. Pero “lo actual” no es
estático, solo lo conocemos al evaluar y valorar los procesos en su devenir, y esto la presente
propuesta de POLSEPAZ 2010 lo deja por fuera. Pero sobre esto último volveremos adelante.
DERECHOS HUMANOS: NUESTRO MARCO DE IDENTIFICACIÓN SOCIAL Y
REFERENCIA DE LUCHA POLÍTICA
“2. La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad
humana y por lo tanto del desarrollo humano e involucra la interrelación
de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la
historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas
de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales,
culturales; y el escenario regional e internacional. La seguridad ciudadana
se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar
protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la
relación básica entre gobernantes y gobernados.
(…)
4. La CIDH señala en su informe que la seguridad ciudadana debe ser
concebida como una política pública, entendiendo por ésta los lineamientos
o cursos de acción que definen las autoridades de los Estados para
alcanzar un objetivo determinado, y que contribuyen a crear o a
transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades de los
individuos o grupos que integran la sociedad. Una política pública no
puede comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a los derechos
humanos. Las políticas públicas tienen como objetivo hacer que estos
derechos se concreten en los planos normativo y operativo, así como en las
prácticas de las instituciones y los agentes estatales. Asimismo deben
abordar las causas de la criminalidad y la violencia.”
Comisión Interamericana de Derechos Humanos8
8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. Op. Cit.
Páginas IX y X.
Dada su importancia bien vale reproducir aquí algunos párrafos del Resumen Ejecutivo de este documento:
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha abordado la problemática de la seguridad ciudadana y
su relación con los derechos humanos a través del estudio de peticiones, casos y medidas cautelares, la adopción de
informes sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), la preparación de informes temáticos, y en el marco de audiencias públicas convocadas durante sus
períodos de sesiones. Con base a la información recibida, la Comisión adoptó la decisión de preparar un informe
temático con el objetivo de analizar la problemática y formular recomendaciones a los Estados Miembros orientadas a
fortalecer las instituciones, las leyes, las políticas, los programas y las prácticas para la prevención y el control de la
criminalidad y la violencia en el marco de la seguridad ciudadana y los derechos humanos.
2. La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano e
involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la historia y la
estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos,
sociales, culturales; y el escenario regional e internacional. La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado
no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica
entre gobernantes y gobernados.
3. Los países de la región hoy presentan algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo resultando los
jóvenes el grupo más afectado como víctimas y victimarios. Por primera vez en décadas, en los países de América
Latina, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población. En estos países el
Poder Judicial, el ministerio público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado las
capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del
crimen y la violencia.
4. La CIDH señala en su informe que la seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública, entendiendo
por ésta los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades de los Estados para alcanzar un objetivo
determinado, y que contribuyen a crear o a transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades de los
individuos o grupos que integran la sociedad. Una política pública no puede comprenderse cabalmente sin una referencia
concreta a los derechos humanos. Las políticas públicas tienen como objetivo hacer que estos derechos se concreten en
los planos normativo y operativo, así como en las prácticas de las instituciones y los agentes estatales. Asimismo deben
abordar las causas de la criminalidad y la violencia.
5. La perspectiva de los derechos humanos permite abordar la problemática de la criminalidad y la violencia y su
impacto en la seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de
políticas centradas en la protección de la persona humana, en lugar de aquellas que primordialmente buscan afianzar la
seguridad del Estado o de determinado orden político. Si bien el derecho internacional de los derechos humanos no
define en forma expresa el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social, cuya prevención
y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana, los Estados se encuentran obligados por un plexo
normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas: el derecho a
la vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad personal; el derecho a las garantías procesales y el
derecho al uso pacífico de los bienes. Las obligaciones de los Estados miembros respecto a la seguridad ciudadana
también comprometen el derecho a las garantías procesales y a la protección judicial; el derecho a la privacidad y a la
protección de la honra y la dignidad; el derecho a la libertad de expresión; el derecho a la libertad de reunión y
asociación; y el derecho a la participación en los asuntos de interés público. En un sentido amplio, la seguridad
ciudadana también puede incorporar medidas de garantía de los derechos a la educación, la salud, la seguridad social y
al trabajo, entre otros.
6. El informe adoptado por la CIDH identifica los estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la
seguridad ciudadana con especial referencia a los instrumentos que integran al Sistema Interamericano. Particularmente,
el informe hace referencia a las obligaciones negativas y positivas de los Estados con respecto a los derechos humanos
vinculados con la seguridad ciudadana de todas las personas bajo su jurisdicción, en especial los derechos de las
víctimas de delitos frente a acciones violentas de actores estatales y no estatales. También examina las obligaciones
internacionales de los Estados Miembros en materia de prevención y combate de la violencia y el delito, y de diseño,
Indicamos arriba que nuestra participación tiene una condición de partida política y de referencia
ideológica que resumimos con la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que “la construcción de una política sobre seguridad ciudadana debe incorporar los estándares de
derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del
Estado.” Así los estándares de derechos humanos los asumimos como valores, principios y objetivos
en nuestra reflexión sobre la seguridad ciudadana en nuestro país y sobre lo que debiera ser el papel
del Estado en este ámbito de la convivencia nacional.
Ahora bien, en la propuesta de base que nos hace POLSEPAZ 2010 hay un apartado sobre “los
valores, principios y objetivos que deben regir la reacción estatal oficial contra el crimen”, los
valores, principios y objetivos “que deben regir una política integral y sostenible de seguridad
ciudadana” 9
:
“(…) que deben servir de guía a (sic) para la aplicación de una política integral en cada uno
de los campos del sistema de justicia penal; solo a partir de los principios fundamentales de
una política global de seguridad ciudadana se podría tener un mínimo de coherencia entre los
componentes del sistema penal, condición necesaria para su eficiencia, y evitar su
distanciamiento de la ciudadanía, su principal destinatario.”10
implementación y evaluación de políticas sobre seguridad ciudadana a la luz del derecho internacional de los derechos
humanos y de los principios de participación, rendición de cuentas, y de no‐ discriminación.
7. Las obligaciones positivas asumidas por los Estados miembros exigen políticas públicas sobre seguridad ciudadana
que contemplen prioritariamente el funcionamiento de una estructura institucional eficiente que garantice a la población
el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito. En
este sentido, la CIDH señala su preocupación por las debilidades históricas en la creación de una institucionalidad en la
región conducente a una adecuada gestión estatal en esta materia. Estas dificultades se verifican, especialmente, en las
siguientes áreas temáticas: (1) la atención a las víctimas de la violencia y el delito; (2) la privatización de los servicios de
seguridad; (3) la gobernabilidad de la seguridad ciudadana; (4) la profesionalización y modernización de las fuerzas
policiales; y (5) la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana.
8. En su informe, la CIDH formula una serie de recomendaciones entre las que se destaca el llamado a los Estados
miembros a asumir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos
humanos en su relación con la seguridad ciudadana a partir del diseño e implementación de políticas públicas integrales,
que desarrollen, en forma simultánea, acciones específicas y planes estratégicos en el plano operativo, normativo y
preventivo. La CIDH recomienda generar la capacidad institucional en el sector público para el diseño y la ejecución de
las acciones comprendidas en los planes y programas que componen la política pública sobre seguridad ciudadana,
disponiendo los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados. Estas políticas deben asegurar la gobernabilidad
democrática de la seguridad ciudadana; deben ser sustentables con base a consensos políticos y sociales; y deben ser
sometidas a evaluación y rendición de cuentas permanentes mediante mecanismos de control internos y externos que
favorezcan la transparencia en el ejercicio de la función pública y combatan la impunidad y la corrupción.”
9 POLSEPAZ 2010. Apartado “C. Principales lineamientos”, páginas 19 a 22.
10
Idem. Página 20.
Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de un marco general de valores, principios y
objetivos (dejamos lo de “estrategias” por el momento fuera de estas consideraciones). Pero no
estamos necesariamente de acuerdo con la propuesta que a este respecto nos hace POLSEPAZ 2010.
Ahora bien, y para no entrar en una discusión que podría no ser lo propositiva y constructiva que
quisiéramos, así como ágil y efectiva que se requeriría en estos momentos, nosotros en la ANEP
adoptamos y proponemos la lucha por la vigencia de derechos humanos como marco de
identificación y referencia de cara a la construcción de una “política integral y sostenible de
seguridad ciudadana y promoción de la paz social en Costa Rica”. Proponemos que se adopte como
marco general de referencia en este esfuerzo de participación ciudadana precisamente el Informe
sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, que elaboró la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Creemos que todas y todos estaremos de acuerdo que Derechos Humanos, y
todo el desarrollo hecho para su plena vigencia por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, es un lugar de convergencia y punto de partida compartido.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace una enorme (y afirmaríamos, vinculante)
contribución con su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, abarcando y
pronunciándose sobre, nos aparece a nosotros, todos los aspectos y elementos esenciales que debe
tener la eventual política pública en seguridad ciudadana objeto de la invitación de POLSEPAZ
2010. Así, a manera de solo ejemplo resalta la Comisión debilidades o falencias que de inmediato
podemos asociar con la situación que se vive en Costa Rica:
“En este sentido, la CIDH señala su preocupación por las debilidades históricas en la
creación de una institucionalidad en la región conducente a una adecuada gestión estatal en
esta materia. Estas dificultades se verifican, especialmente, en las siguientes áreas temáticas:
(1) la atención a las víctimas de la violencia y el delito; (2) la privatización de los servicios de
seguridad; (3) la gobernabilidad de la seguridad ciudadana; (4) la profesionalización y
modernización de las fuerzas policiales; y (5) la intervención de las fuerzas armadas en tareas
de seguridad ciudadana.”
Debilidades que para la ANEP sin duda son centro de gran preocupación y que pensamos debieran
ser (ahora sí) elementos para la estrategia de operacionalización y ejecución de una política pública
de seguridad ciudadana. Resaltemos, a manera de ilustración, lo referido con lo que ha pasado o
dejado de pasar con la “la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales”
costarricenses. Preguntamos ¿qué ha pasado en los últimos años respecto a elementos puntuales
como lo es el mismo número de efectivos con que realmente cuenta el Ministerio de Seguridad
Pública? Arriba el politólogo Rodolfo Cerdas Cruz se refería a las controvertibles, polémicas,
declaraciones del Ministro de Seguridad, don José María Tijerino Pacheco, en relación al número
real de efectivos con que cuenta. Pero que pasó cuando el mismo PNUD nos decía de lo que se
estaba haciendo desde el inicio de la Administración Arias 2006 – 2010:
“Se considera que la presente encuesta marca la línea de base para evaluar los cambios que
está desarrollando actualmente el Ministerio de Seguridad Pública. El nuevo Plan Nacional
de Desarrollo 2006 – 2010 establece el gran desafío en términos de seguridad ciudadana es
que la población costarricense vuelva a estar y sentirse segura en el disfrute de su integridad
personal y patrimonial. Para alcanzar esta meta propone actuar sobre los fenómenos
asociados al delito y la violencia, y aumentar los niveles de eficacia de las fuerzas policiales y
la intensidad de su interacción con las comunidades. El incremento de la fuerza policial en
800 efectivos por año, el fortalecimiento y consolidación de las redes de seguridad
comunitaria y comercial, los programas de prevención de la violencia dirigidos a jóvenes en
riesgo social y la prevención y represión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, son solo
unos ejemplos de los compromisos adquiridos.”11
(El resaltado es nuestro).
¿Qué pasó con los compromisos adquiridos? ¿Qué pasó, en particular, con el incremento de la
fuerza policial en 800 efectivos por año? Este es solo un ejemplo de la gran falta de información que
la ciudadanía no tiene como para pedirle una participación seria en esta invitación que hace la
Presidencia de la República y el PNUD.
Información real y completa, transparencia, rendición de cuentas, evaluación objetiva, etc., son
condiciones y requisitos para la elaboración de una política pública que trascienda el interés político
– partidario de corto plazo. Se nos pide participar en la construcción de una política integral y
sostenible de seguridad ciudadana, pero para ello debe cumplirse con el carácter sustentable que
trascienda el interés político – partidario tal como lo indica la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos:
“Por otra parte, necesariamente las políticas públicas deben ser sustentables, debido a que,
por su naturaleza, requieren tiempos de ejecución en el mediano y largo plazo. Esta
característica significa que la implementación de una política pública no puede medirse de
acuerdo a la duración de un período de gobierno. En consecuencia, cualquier clase de
política pública sobre seguridad ciudadana requiere, para ser verdaderamente eficaz,
sostenerse en fuertes consensos políticos y amplios acuerdos sociales, aspecto que es también
central para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en la región. La
construcción de una política sustentable sobre seguridad ciudadana enfrenta obstáculos a
partir de la manipulación de la inseguridad subjetiva con objetivos exclusivamente político -
partidarios, escenario que se advierte claramente en algunos países de la región durante los
11
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (José Retana Ureña, compilador). Resultados de la Encuesta
Nacional de Seguridad Ciudadana 2006. San José, Costa Rica: PNUD, 2007. Página 9.
períodos electorales. Esto no significa que pueda existir algún tema vedado para el amplio
debate público. Por el contrario, el intercambio de ideas, las presentación de propuestas
alternativas para solucionar los grandes temas que concitan la preocupación de las personas
que viven en una sociedad, y la demanda ciudadana orientada a la rendición de cuentas de las
autoridades públicas, son elementos constitutivos de una sociedad democrática. Sin embargo,
la Comisión anota que en el hemisferio, en los últimos años, y a partir de la alta sensibilidad
de la población frente al impacto de los actos de violencia o el crecimiento de determinados
delitos, puede verificarse un manejo del tema de la inseguridad ciudadana se relaciona más
con el desarrollo de debates electorales con interés en el corto plazo, que en el objetivo de
informar adecuadamente a la sociedad y de convocar a las instituciones públicas, las
organizaciones sociales, medios masivos de comunicación y a la comunidad en general, a
reflexionar sobre los factores que inciden sobre esta problemática, y sobre las medidas
realmente eficaces para mejorar las condiciones de vida de la población frente a la amenaza
de la violencia y el delito.”12
Reiteramos, ¿qué ha pasado con lo prometido y comprometido por la Administración Arias 2006 –
2010 en relación con “la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales”? Pero las
mismas inquietudes nos surgen con cada uno de los cinco elementos señalados por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos:
“(1) la atención a las víctimas de la violencia y el delito; (2) la privatización de los servicios
de seguridad; (3) la gobernabilidad de la seguridad ciudadana; (4) la profesionalización y
modernización de las fuerzas policiales; y (5) la intervención de las fuerzas armadas en tareas
de seguridad ciudadana.”
Se nos pide una participación ciudadana, pero la misma solo es posible sobre la base de que se le
brinde toda la información del caso para que la misma sea conciente, crítica e inteligente. De otra
manera la posibilidad de una manipulación de la buena fe de los y las costarricenses estaría a la
vuelta de la esquina. Por otra parte, reafirmamos, Derechos Humanos son, pues, nuestro horizonte
de referencia y compromiso en la construcción de una política de seguridad ciudadana y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos brinda en este informe citado un documento
esencial que lo colocamos como punto de partida y llegada en este esfuerzo.
PNUD: UN ESFUERZO TRUNCADO (¿Y FRUSTRADO?)
“183. La política pública sobre seguridad ciudadana caracterizada en
este informe requiere, tanto en sus fases de diseño, como de
implementación y, en especial, de evaluación, de la producción,
sistematización y difusión de información calificada por parte de las
autoridades estatales. Sin un adecuado acceso a la información por
parte de las personas, las organizaciones sociales, la academia y los
medios de comunicación, es imposible sentar las bases para la
construcción de un nuevo modelo de política de seguridad ciudadana, 12
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit. Página 26.
básicamente democrático y desarrollado fundamentalmente con el
objetivo de proteger y garantizar los derechos humanos de toda a
población. La ausencia de indicadores confiables, construidos a
partir de elementos técnicos, ampliamente difundidos y de fácil
comprensión para los diferentes sectores de la sociedad, genera las
condiciones para la manipulación de la opinión pública. Esto puede
verificarse tanto por parte de sectores de gobierno, que ocultan o
distorsionan información esencial sobre aspectos relevantes
relacionados con la seguridad ciudadana, como por parte de grupos
de interés político o corrientes de opinión, que aprovechan los
vacíos de información objetiva para incrementar la sensación de
inseguridad de la población, y así promueven modelos represivos que
solamente favorecen la intolerancia, la estigmatización y, con ellas,
el aumento de la exclusión y la desintegración de las sociedades de
la región. La producción y difusión de información confiable sobre
asuntos relativos a la política de seguridad ciudadana constituye una
obligación positiva del Estado para la protección y garantía de los
derechos humanos comprometidos especialmente en esta materia
184. La Comisión destaca especialmente que sin acceso a información
de calidad, no es posible favorecer espacios para la participación
ciudadana, y con ello, avanzar en la consolidación de la democracia.
Esta afirmación, si bien es de total aplicación a la totalidad de los
temas que tienen que ver con la calidad de vida de las personas
que viven en la región y con la permanente construcción de niveles
más desarrollados de ciudadanía democrática, tiene especial
significación respecto a los problemas vinculados con la violencia y
el delito, debido a su creciente incidencia en la agenda pública de
los países del hemisferio. Como ya ha expresado la Comisión, esto
obliga a los Estados Partes a “(...) garantizar el derecho efectivo de
acceso a la información en poder del Estado con el fin de promover
la transparencia de la gestión pública y afianzar la democracia”.
Entre otros temas que requieren especial atención en cuanto a la
producción y difusión de información oportuna y confiable se
encuentran los procedimientos de elaboración de los presupuestos
nacionales relativos a la política pública sobre seguridad
ciudadana.”
Comisión Interamericana de Derechos Humanos13
Indudablemente “la producción y difusión de información confiable sobre asuntos relativos a
la política de seguridad ciudadana constituye una obligación positiva del Estado para la
protección y garantía de los derechos humanos comprometidos especialmente en esta
materia”. Información que posibilite, entre otras cosas pero siempre de primera importancia, la
evaluación del trabajo gubernamental, la evaluación de la efectividad y eficacia de las políticas
13
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit. Páginas 84 y 85.
públicas. Y con este horizonte adquiere una especial relevancia la “Encuesta Nacional de Seguridad
Ciudadana 2006”14
(teniendo como antecedentes inmediatos la “Encuesta Nacional de Seguridad
Ciudadana 2004” y el “Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005”). Una labor de enorme
significación para el país como el mismo PNUD resalta:
“Todos estos esfuerzos, dirigidos a mantener actualizada la información sobre el tema, son
resultado de la firme convicción de que, para resolver los problemas de inseguridad
ciudadana en Costa Rica, es imprescindible contar con la mejor y más actualizada
información sobre la evolución del problema de la inseguridad. Con ello, el PNUD contribuye
a alcanzar la que fuera una de las recomendaciones más importantes del estudio del 2005:
disminuir el temor a partir de una mejor comprensión del fenómeno entre los tomadores de
decisión y desplegar campañas de información y desmitificación del fenómeno.”15
Sin embargo, y muy lamentablemente, creemos que estos esfuerzos del PNUD no solo se ven
truncados, sino posiblemente frustrados para el 2010, con la “Consulta nacional para la elaboración
de un Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social en Costa
Rica”, que se presenta como aporte de información básico para la “Elaboración de una Política
Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social en Costa Rica:
POLSEPAZ 2010”. Ciertamente esta “Consulta Nacional” puede ser una importante fuente de
información, pero tenemos la impresión que en cuanto recuperación de información cualitativa, de la
opinión de amplios sectores de la población nacional, no aportará nada nuevo con respecto a
esfuerzos anteriores: la “Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana” de 2004, el “Informe Nacional
de Desarrollo Humano para Costa Rica” de 2005, la “Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana,
Costa Rica 2006” de 2006, el proyecto “Creación de entornos seguros” que arrancó en el 2005. En
otras palabras, lo que hace ahora el PNUD, en nuestra opinión (y por supuesto esperaríamos
equivocarnos) no brindará ninguna nueva información relevante a la hora de pensar en la
elaboración de una política de seguridad ciudadana, Creemos que lo que se recuperará con esta
consulta será una reiteración de los que ya la ciudadanía ha expresado en las consultas anteriores.
Si se habla de una “línea de base” como elemento básico para la elaboración de la política de
seguridad ciudadana, entonces no podemos ver más que un esfuerzo del PNUD truncado. Si se habla
de una “línea de base, no podemos, pues, más que reiterar e insistir en las preguntas: ¿cómo
sabemos si los problemas de inseguridad identificados, cuantificados, cualificados y analizados ya
desde el 2004 han variado sustancialmente y si las acciones gubernamentales emprendidas han dado
14
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (José Retana Ureña, compilador). Op. Cit.
15
Idem. Página 7.
resultado? ¿Estaremos de nuevo frente al mismo escenario, la misma obra, los mismos actores, el
mismo o peor desenlace? Lamentable y cuestionablemente para 2010 no se tienen respuestas.
Reiteramos, somos de la opinión que la “Consulta nacional para la elaboración de un Política
Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social en Costa Rica”
actualmente en marcha en 2010 no brindará información significativa, información cualitativa
nueva y relevante, para la elaboración de la política en seguridad ciudadana que se busca. Creemos
que los aportes que se puedan lograr de información cualitativa, de recuperar la opinión de distintos
grupos de ciudadanos por medio de encuentros o talleres, será una redundancia de lo ya recuperado
por el mismo PNUD en años anteriores. Somos de la opinión que la Consulta que lleva adelante en
PNUD en 2010 no aportará nada nuevo a lo ya recuperado por ese mismo organismo a partir de
2004.
Pero lo más importante y relevante no es lo que ahora hace el PNUD, sino lo que dejó de hacer. El
PNUD deja de hacer lo que debiera ser la “Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, Costa
Rica 2010”. Una encuesta que si hubiera permitido, creemos o pretenderíamos nosotros, conocer
palpablemente si algo cambió y cómo cambió entre el 2006 y el 2010, que hubiera permitido evaluar
si lo hecho durante la Administración Arias 2006 - 2010 fue efectivo o no en materia de mejorar la
seguridad ciudadana. Si el 2004 o el 2006 eran una línea de base para el PNUD, sin una “Encuesta
Nacional de Seguridad Ciudadana, Costa Rica 2010” este organismo internacional no cuenta con
la principal y básica herramienta para identificar, medir y evaluar los cambios (si es que se han dado
cambios) producidos para el 2010.
Sin duda la información que permita identificar, medir y evaluar los cambios es imprescindible.
Como lo señala la Comisión Interamericana, “la política pública sobre seguridad ciudadana
caracterizada en este informe requiere, tanto en sus fases de diseño, como de implementación
y, en especial, de evaluación, de la producción, sistematización y difusión de información
calificada por parte de las autoridades estatales.” Pero ahora para el 2010 lo que menos tenemos
o contamos es precisamente con la información calificada que nos permita evaluar la actuación
gubernamental y situación social respecto a la seguridad ciudadana. En lo particular, la ausencia de
esa evaluación facilita caer en la trampa de las generalizaciones que impiden atender las
manifestaciones particulares y los ámbitos de responsabilidad concretos que se rehúsan garantizar la
seguridad de los habitantes.
Precisemos nuestra crítica a lo que ha dejado de hacer el PNUD. Tengamos presente que la segunda
encuesta del PNUD, que también menciona tangencialmente POLSEPAZ 2010, se produce dos años
después en el año 2006 y fue considerada nuevamente una línea de base a partir de la cual se
fijaría la política estatal de seguridad ciudadana.16
¿Pero qué se supone que es una “línea de base? Como se puede encontrar en textos básicos de
metodología, formulación o evaluación proyectos, en lo esencial la línea de base permite:17
- Determinar la situación inicial u original del escenario en que se va a implementar un
proyecto, programa o política.
- Servir como un punto de comparación para que en futuras evaluaciones se pueda determinar
qué tanto se ha logrado alcanzar los objetivos.
- Corroborar los datos obtenidos en el diagnóstico y los estudios de factibilidad previos que
dieron origen a la formulación del proyecto, programa o política.
- Caracterizar en forma más precisa a la población objetivo del proyecto o intervención, y con
ello incluso se podría reformular los objetivos con miras a ganar mayor pertinencia, eficacia,
eficiencia y sostenibilidad potencial.
- Realizar una planificación bien concebida para la ejecución del proyecto programa o
política.
Volvamos a reproducir lo que el PNUD nos decía al respecto en la “Encuesta Nacional de Seguridad
Ciudadana 2006”:
“Se considera que la presente encuesta marca la línea de base para evaluar los cambios que
está desarrollando actualmente el Ministerio de Seguridad Pública. El nuevo Plan Nacional
de Desarrollo 2006 – 2010 establece el gran desafío en términos de seguridad ciudadana es
que la población costarricense vuelva a estar y sentirse segura en el disfrute de su integridad
personal y patrimonial. Para alcanzar esta meta propone actuar sobre los fenómenos
asociados al delito y la violencia, y aumentar los niveles de eficacia de las fuerzas policiales y
la intensidad de su interacción con las comunidades. El incremento de la fuerza policial en
16
Cabe advertir que los informes de ambas encuestas del 2004 y 2006 no se limitan en su análisis únicamente a los
resultados de la encuesta misma sino que se acompañan de otras informaciones y de consultas ciudadanas, opiniones
expertas, testimoniales entre otras. Información que en el 2005 se reconoce proporcionada de manera oportuna y afable
por un número importante de instituciones públicas. Entre ellas las siguientes: Poder Judicial (Departamento de
Planificación, Sección de Estadística), Organismo de Investigación Judicial (Oficina de Planes y Operaciones),
Ministerio de Seguridad Pública (Departamento de Planes y Operaciones), Caja Costarricense de Seguro Social
(Departamento de Estadística de los Servicios de Salud, Departamento de Presupuesto y Dirección Actuarial y de
Planificación Económica), Instituto Costarricense sobre Drogas, Instituto Nacional sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Ministerio de Justicia y Gracia (DINAPREVI,
Departamento de Investigación, Dirección General de Adaptación Social, Departamento de Estadística y Programa de
Atención a la Población Penal Juvenil), Ministerio de Educación Pública (Departamento de Estadística y División de
Control de Calidad), Biblioteca Nacional, Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Salud (Sistema de
Información de Apoyo a la Vigilancia de la Salud y Dirección de Desarrollo de la Salud) Instituto Nacional de
Estadística y Censos, Instituto Costarricense de Turismo (Departamento de Quejas y Área de Estadísticas), Consejo de la
Persona Adulta Mayor, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (Ministerio de Hacienda), Universidad de
Costa Rica (IICE, IIS y ODD) y Universidad Estatal a Distancia (Maestría en Criminología y Maestría en Violencia
Social).
17
. Para facilidad puede simplemente consultarse en Internet a WILKIPEDIA.
800 efectivos por año, el fortalecimiento y consolidación de las redes de seguridad
comunitaria y comercial, los programas de prevención de la violencia dirigidos a jóvenes en
riesgo social y la prevención y represión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, son solo
unos ejemplos de los compromisos adquiridos.”18
(El resaltado es nuestro).
Se trataba de una “línea de base” que, es importante reiterar, debió haber permitido ahora en el 2010
poder:
- Determinar la situación inicial u original del escenario en que se va a implementar un
proyecto, programa o política.
- Servir como un punto de comparación para que en futuras evaluaciones se pueda determinar
qué tanto se ha logrado alcanzar los objetivos.
- Corroborar los datos obtenidos en el diagnóstico y los estudios de factibilidad previos que
dieron origen a la formulación del proyecto, programa o política.
- Caracterizar en forma más precisa a la población objetivo del proyecto o intervención, y con
ello incluso se podría reformular los objetivos con miras a ganar mayor pertinencia, eficacia,
eficiencia y sostenibilidad potencial.
- Realizar una planificación bien concebida para la ejecución del proyecto programa o
política.
Pero esto no se hace. No es lo que está logrando el PNUD para el 2010. Y esto no es lo que puede
lograr el PNUD con la “Consulta nacional para la elaboración de un Política Integral y Sostenible de
Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social en Costa Rica”, actualmente en ejecución.
Para que la “Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, Costa Rica 2006” pudiese servir de línea
de base, habría tenido que contarse, insistimos, con una “Encuesta Nacional de Seguridad
Ciudadana, Costa Rica 2010”. Instrumento que posibilitaría precisamente la comparación entre 2006
y 2010 y la evaluación en el futuro de lo nuevo que se empiece a ejecutar en el 2010. Se necesitaría,
pues, contar con la nueva información que posibilitaría precisamente la comparación y evaluación
entre la “situación original” y la “la nueva situación o situación actual”, así como posteriormente,
con una situación futura. Insistimos, la “Consulta nacional para la elaboración de un Política Integral
y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social en Costa Rica”, actualmente en
ejecución, no permite obtener la información pertinente para que la línea de base 2006 sea
precisamente eso, una línea de base que nos permita conocer y evaluar lo cambios dados para el
2010.
La “Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, Costa Rica 2006” tuvo los siguientes objetivos:
18
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (José Retana Ureña, compilador). Op. Cit. Página 9.
"Como línea de base para la evaluación de los esfuerzos que actualmente el Ministerio de
Seguridad Pública, la ENSCR-06 tuvo básicamente cuatro objetivos:
- Medir los niveles de percepción de inseguridad que siente la población
- Medir los niveles de victimización reciente que experimenta la población
- Medir la asociación de algunos factores con la inseguridad ciudadana
- Medir el impacto de la inseguridad ciudadana en algunos ámbitos de interés."19
Con logro de estos objetivos, nos dice el PNUD, "lo más positivo de la experiencia es que se posee
una mediación actualizada, mejorada y confiable del fenómeno de la inseguridad ciudadana en el
país, y con ella se ofrece a la sociedad costarricense una nueva panorámica de la realidad en un tema
de interés nacional."20
Y ciertamente, reconocemos y valoramos nosotros, este esfuerzo del PNUD
fue un gran avance en el abordaje del tema, posibilitando mucha de la información que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos considera imprescindible en la formulación y evaluación de
una política de seguridad ciudadana:
"La política pública sobre seguridad ciudadana caracterizada en este informe requiere,
tanto en sus fases de diseño, como de implementación y, en especial, de evaluación,
de la producción, sistematización y difusión de información calificada por parte de las
autoridades estatales."21
Pero el esfuerzo del PNUD se queda ahora corto por dos razones esenciales que podemos formular
como preguntas: ¿cuál fue la política pública en seguridad ciudadana de la Administración Arias
2006 - 2010?, y ¿cuáles fueron los logros de esta política después de cuatro años? Si podemos
responder estas preguntas entonces si tendremos en el trabajo del PNUD de 2006 una línea de base.
Sí, los resultados que brindó la encuesta del 2006 fue descrita en aquella oportunidad como “una
línea de base para evaluar los cambios” que estaba desarrollando el Ministerio de Seguridad a partir
de ese año y se apresuraba a señalar que “es justo mencionar que, a seis meses del inicio de la
nueva administración (momento en que se efectuó la evaluación), es poco o nulo el impacto que
puedan tener las medias adoptadas que en materia de seguridad ciudadana, ya se están
ejecutando”22
19
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (José Retana Ureña, compilador). Op. Cit. Página 21.
20
Idem. Página 25.
21
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit. Página 83.
22
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (José Retana Ureña, compilador). Op. Cit. Página 7
Pero llegamos a 2010 y se nos invita a participar en la elaboración de una “Política Integral y
Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social en Costa Rica”. Sin embargo
pareciera que hay que partir de cero. Lo hecho o dejado de hacer y lo sucedido entre 2006 y 2010
desaparece. Ofrece ahora el PNUD, como insumo para esta elaboración, una “Consulta nacional
para la elaboración de un Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la
Paz Social en Costa Rica”. Pero esta consulta ni brindará nada nuevo, por una parte, a lo que ya el
mismo PNUD ha recuperado desde 2004, como información cualitativa a partir de la opinión de
grupos de ciudadanos. Ni tampoco, por otro lado, posibilitará comparar los sucedido entre el 2006 y
el 2010 respecto a:
- Medir los niveles de percepción de inseguridad que siente la población
- Medir los niveles de victimización reciente que experimenta la población
- Medir la asociación de algunos factores con la inseguridad ciudadana
- Medir el impacto de la inseguridad ciudadana en algunos ámbitos de interés."23
Simplemente no podremos saber si estos indicadores han cambiado o no. Se podría conceder que la
línea de base seguirá siendo 2006, pero la política de seguridad ciudadana que ahora la
Administración Chinchilla pretende elaborar partirá en el 2010 de cero, sin conocer cuál es ahora los
niveles de percepción de inseguridad que siente la población, ni los niveles de victimización reciente
que experimenta, como tampoco la asociación de algunos factores con la inseguridad ciudadana o el
impacto de la inseguridad ciudadana en algunos ámbitos de interés. Y téngase presente que tampoco
se podrá evaluar la efectividad o no de los esfuerzos que en materia de seguridad ciudadana
emprenderá la Administración Chinchilla.
Es por lo anterior que consideramos que el gran esfuerzo que ha hecho el PNUD desde 2004 se ve
ahora truncado, y si se quiere frustrado, por la razón que esta nueva empresa a la que ahora se invita
a participar a la ciudadanía no contará con la línea de base que el PNUD pretendió construir cuatro
años antes.
Pero hay otra razón que nos hace cuestionarnos el aporte del PNUD para este esfuerzo de 2010,
dudas referidas a la utilidad real de la “Consulta nacional para la elaboración de un Política Integral
23
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (José Retana Ureña, compilador). Resultados de la Encuesta
Nacional de Seguridad Ciudadana 2006. Op. Cit Página 21
y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social en Costa Rica”. Se supone que
el Poder Ejecutivo ha anunciado que en agosto de 2010 anunciará la nueva "Política Integral y
Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social en Costa Rica.", pero no vemos
viable que los resultados de la consulta del PNUD, por razones ahora de tiempo, vayan a ser
utilizadas en la nueva política. Lo anterior porque prácticamente se traslapa la posibilidad de
elaborar cuidadosamente los resultados de la consulta del PNUD con la fecha en que el Gobierno
señala que dará a conocer la nueva política de seguridad ciudadana.
Para su consulta. El PNUD indican los siguientes pasos que arrancan en junio de 2010:
- Consulta. Envío de documentos de invitación y discusión con sectores, grupos de interés y
comunidades.
- Sistematización. En una siguiente etapa, se sistematizarán los resultados para identificar
y organizar las opiniones y sugerencias pertinentes recibidas; y se organizará un
seminario de alto nivel destinado a discutir estos insumos.
- Tercera etapa. En esta tercera fase tendrá lugar tal seminario de un día de duración,
cuyas modalidades organizativas serán anunciadas oportunamente. Su principal objetivo
será la determinación de los lineamientos esenciales de una política integral y sostenible
de seguridad ciudadana en Costa Rica.
- Cuarta etapa. Este último período estará centrado en la redacción y amplia publicación
de un informe final que recoja lo aprobado en el seminario, así como en la organización y
aplicación de un programa de información y sensibilización (seminarios, talleres, foros
públicos y campañas publicitarias) de lo acordado en la política. 24
Pero el hecho que nos preocupa e interesa resaltar es que la “sistematización”, “tercera etapa” y
“cuarta etapa” tienden a concentrarse en agosto de 2010, en el mismo período que la Administración
Chinchilla ofrece dar a conocer la nueva política. No pareciera, entonces, que los resultados de la
consulta del PNUD puedan ser un aporte significativo, previo y base para la elaboración de la nueva
política: para cuando el PNUD sistematice los datos, realice el seminario, redacte y publique “lo
aprobado en el seminario”, ya la Administración Chinchilla habría dado a conocer la nueva política.
Pareciera, entonces, que la consulta del PNUD va por un lado y la elaboración por el Gobierno de la
nueva política por otro. Son dudas que nos asaltan.
24
Véase el Sitio Web del PNUD,
http://www.pnud.or.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=722:lanzamiento-
polsepaz&catid=60:polsepaz&Itemid=83. Miércoles 28 de julio de 2010 y el Artículo 6 del Decreto de convocatoria a
la consulta DECRETO Nº 36021 – MSP del 8 de mayo del 2010: Todos estos procesos tendrán lugar durante los
primeros 100 días de la presente administración, y sus resultados se presentarán en actos organizados para tal propósito a
más tardar en el mes de agosto del presente año.
Más aún en esta línea. El nuevo enfoque deberá apostar por el rigor, la sensatez, la eficacia, la
concertación y la continuidad. Recién en un artículo de opinión se señala el contenido y alcance de
esos términos de manera general.25
Desearíamos que fuera cierto por el bien del país y de cada una
de las personas que habitan en él. Sin embargo, es imprudente aceptar un “borrón y cuenta nueva”
dentro de una obra reeditada constantemente. ¿Cómo confiar o guardar esperanzas si el documento
base de la consulta en ninguna parte señala el mencionado “nuevo enfoque”, tampoco analiza por
qué hasta el momento lo que se ha hecho ha andado mal, ni señala algún atisbo de cambio o
establece alguna representatividad de los variados actores, sectores, regiones que se convocan? Se
nombra un “Comité Consultivo” pero no se dice cómo va a trabajar. ¿Cuáles son las funciones de
ese Comité Consultivo, cómo se seleccionó, están explicitadas en algún lado sus tareas, funciones y
modalidad y cronograma de trabajo? ¿Qué grado de representatividad tienen las diversas personas
consultadas en este nuevo proceso? ¿No son las mismas que una y otra vez han sido convocadas y
han señalado lo que hay que hacer sin que al momento hayan sido escuchadas?26
25
Rico Cueto, José María. “La seguridad ciudadana: nuevos enfoques (II)” 20 de julio del
http://www.nacion.com/2010-07-20/Opinion/PaginaQuince/Opinion2453754.aspx. “una nueva manera de abordar el
tema de la seguridad ciudadana consiste en centrar las acciones a emprender en los principios de rigor: sensatez,
concertación, transparencia y continuidad (visión de futuro). Así lo hace el Plan de Gobierno 2010-2014.
26
El proyecto “Creación de entornos seguros” se puso en marcha en el año 2005 y en su primera etapa permitió elaborar
diagnósticos de seguridad ciudadana en los cantones de Belén, Aguirre, Montes de Oca. En una segunda etapa se
realizaron diagnósticos en los cantones centrales de San José, Heredia, Limón, nuevamente Montes de Oca, Goicoechea,
Alajuelita, Escazú, nuevamente Aguirre, Garabito y Pococí. Cantones seleccionados con base en una perspectiva
regional y de acuerdo con el Índice de Seguridad Cantonal, el Índice de Desarrollo Humano y las prioridades del
Gobierno de Costa Rica en el 2006. Para el 2010 se hacen diagnósticos regionales y sectoriales de nuevo en el marco de
POLSEPAZ 2010:
Región Huetar Atlántica
Fecha Lugar Sede del Taller Hora
22 de julio Limón INA 2:00p.m. –
5:00p.m.
23 de julio Talamanca Salón Municipal 10:00a.m. –
1.00p.m.
Región Huetar Norte
Fecha Lugar Sede del Taller Hora
15 de julio San Carlos INA 9:00a.m. –
12:00p.m.
Región Chorotega
Fecha Lugar Sede del Taller Hora
14 de julio Puntarenas Estación de
Bomberos
1:30p.m. – 4:30p.m.
15 de julio Liberia Salón Multiuso
UCR
9:30a.m. –
12:30p.m.
16 de julio Santa Cruz Universidad Latina 9:30a.m. –
12:30p.m.
A manera de conclusión de este apartado, debemos tener muy presentes, y somos del criterio que
POLSEPAZ 2010 no solamente soslaya nuevamente la evaluación de lo hecho anteriormente sino
que, además, como parte de la consulta que se hace en el 2010 se trunca el esfuerzo que posibilitaría
una nueva evaluación en el futuro del desempeño de la Administración Chinchilla. Desconociendo
que
“… necesariamente las políticas públicas deben ser sustentables debido a que, por su
naturaleza, requieren tiempos de ejecución en el mediano y largo plazo. Esta característica
significa que la implementación de una política pública no puede medirse de acuerdo a la
duración de un período de gobierno. En consecuencia, cualquier clase de política pública
sobre seguridad ciudadana requiere, para ser verdaderamente eficaz, sostenerse en fuertes
consensos políticos y amplios acuerdos sociales, aspecto que es también central para el
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en la región”27
Las respuestas, pues, pareciera que o nunca llegan, o llegan tarde o se hacen mal. Lo reconoce con
meridiana claridad un Informe de la Contraloría General de la República del 2007 y así lo recupera
POLSEPAZ 2010:
Región Pacífico Central
Fecha Lugar Sede del Taller Hora
19 de julio Aguirre Salón Parroquial 3:00p.m. – 6:00p.m.
Región Brunca
Fecha Lugar Sede del Taller Hora
20 de julio Palmar Sur CENECOOP 8:30a.m. –
11:30a.m.
20 de julio Pérez Zeledón Hotel del Sur 5:30p.m. – 8:30p.m.
Región Central
Fecha Lugar Sede del Taller Hora
12 de julio San José Hotel Corobicí 2:00p.m. –
5:00p.m.
14 de julio Desamparados Hotel Casa Conde 9:30a.m. –
11:30a.m.
15 de julio Montes de Oca Universidad Latina 8:30a.m. – 11:30
a.m.
21 de julio Tibás
(exclusivamente para
los estudiantes)
Colegio Julio
Fonseca
11:00a.m. –
12:30p.m.
22 de julio Cartago Por definir Por definir
23 de julio Heredia Por definir Por definir
20 de julio Guararí de Heredia Por definir 6:00p.m. –
8:30p.m.
En amarillo los cantones diagnosticados en más de una ocasión
27
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit. Página 22.
“(…) las administraciones que han gobernado el país desde hace aproximadamente 15 años
ni han logrado un impacto significativo sobre la delincuencia, ni han podido garantizar la
integralidad del enfoque y la continuidad de los programas elaborados aplicados.”28
“(…) pese a la inclusión en sus respectivos planes nacionales de desarrollo, con carácter
prioritario, del tema de la seguridad ciudadana, los cuatro últimos gobiernos no han logrado
satisfacer en forma apropiada las demandas de la población. La principal causa de esta
situación es que “tales planteamientos se ha realizado en ausencia de una política integral,
coherente y evaluable” en este sector.”29
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala:
“La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su
función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe
la relación básica entre gobernantes y gobernados.”30
“ La Comisión anota que en el hemisferio, en los últimos años , y a partir de una sensibilidad
de la población frente al impacto de los actos de violencia o el crecimiento de determinados
delitos, puede verificarse un manejo del tema de la inseguridad se relaciona más con el
desarrollo de debates electorales con interés en el corto plazo, que en el objetivo de informar
adecuadamente a la sociedad y de convocar a las instituciones públicas , las organizaciones
de la sociedad civil , medios masivos de comunicación y a la comunidad en general , a
reflexionar sobre los factores que inciden sobre esta problemática y sobre las medidas
realmente eficaces para mejorar las condiciones de vida de la población frente a la amenaza
de la violencia y el delito.”31
“La construcción de una política sobre seguridad ciudadana enfrenta obstáculos a partir de
la manipulación de la inseguridad subjetiva con objetivos exclusivamente político-partidistas,
escenario que se advierte claramente en algunos países de la región durante los períodos
electorales.”32
EL ORIGEN DE LA NUEVA CONSULTA: O ACERCA DE LA REALIDAD DEL
NÚMERO Y SITUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA
“Ya no se está seguro en ninguna parte” (2004) 33
28
POLSEPAZ 2010. Página 3.
29
Idem. Página 23. 30
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit. Página IX.
31
Idem. Página 23.
32
Idem. Página 22.
33
Expresión de uno de los participantes en los grupos focales realizados en el marco de la elaboración del informe del
2005.
La invitación que ahora hace POLSEPAZ 2010 tiene su fundamento legal en el Decreto Ejecutivo
Nº 36021 – MSP suscrito por la Presidenta Laura Chinchilla Miranda y el Ministro de Seguridad
Pública José María Tijerino Pacheco, que fue firmado en el Parque Metropolitano La Sabana el
mismo día del Traspaso de Poder (a los ocho días del mes de mayo del dos mil diez) al advertir que
“la inseguridad ciudadana es considerada como uno de los problemas sociales más preocupantes del
país”.
El decreto señala “que la principal causa de esta situación reside en la complejidad de un tema en
cuya resolución intervienen numerosos actores, entre ellos instituciones públicas de policía, del
sistema judicial, de autoridades políticas nacionales y locales, de la administración central y
descentralizada, del sector académico, iglesias, empresa privada, organismos comunitarios, y medios
de comunicación entre otros.” (El resaltado es nuestro). El mismo decreto exterioriza que “una de
las metas prioritarias de este Gobierno es dotar al país, desde los primeros meses de su mandato,
de una política integral y sostenible de seguridad ciudadana; cuya elaboración y adopción se hará, en
forma consensuada y socialmente aceptada, mediante la participación de los representantes de las
principales instituciones estatales y de la sociedad civil”. (El resaltado es nuestro).
¿Pero de qué política integral y sustentable hablan los hechos de la nueva Administración de doña
Laura Chichilla Miranda? ¿Esa política pública integral y sostenible de los primeros meses la
debemos derivar acaso de las medidas imprecisas, ocurrencias hemos dicho, adoptadas por el
Ministro de Seguridad quien primero mandó a los policías a garrotear manifestantes ese mismo día,
luego a la calle a patrullar y denunció que no le hicieron caso, más adelante se quejó de que los
jueces penales tampoco le atendían, después dijo que en 24 horas resolvía el problema de la
inmigración ilegal en un tramo de la frontera norte?
Pero también, ya nos hemos referido a ello, al mismo tiempo señaló que necesitaba 7.000 policías
más sin reparar que, para el período 2006 -2010 la ahora Presidenta de la República hablaba de la
incorporación de 800 efectivos por año. Sin embargo resulta que entre el 2006 y el 2008 sólo se
nombraron 1.31534
¿Y cómo pensar en 7.000 más si la mayoría de los 11.114 no están equipados,
34
Número total de personal de seguridad pública y de seguridad privada 2001-2008:
Número /año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Seguridad privada 1.171 1.550 2.246 10.446 9.525 9.926 9.077 18.952
Seguridad pública 9.791 9.785 9.719 9.825 9.799 9.795 10.592 11.114
seleccionados, capacitados, ni cuentan con las mínimas condiciones laborales para realizar sus
tareas? ¿Cuál es modelo proactivo de trabajo policial que impulsa el nuevo Ministro y que requiere
“X” número de policías? ¿Para el nuevo Ministro sólo son policías los de la Fuerza Pública? ¿Qué
pasa entonces con la Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de drogas no
autorizadas y de actividades conexas; la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería,
la Policía del Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía
Penitenciaria, el Organismo de Investigación Judicial?35
¿Cómo explica en esa política integral y
sostenible de sus primeros meses el trámite de un permiso para que, por primera vez en la historia
del país, se autorizara a un ejército extranjero a combatir la inseguridad nacional, cuya rectoría
pública y civil le compete?36
La realidad es que desconocemos no solo cuál es el número real de policías con que cuentan el
aparato institucional del Estado, sino también cuál es el equipamiento que disponen, así cómo la
formación, capacitación y experiencia de cada uno de sus miembros. No es lo mismo, un ejemplo,
hablar de policías cuya formación conlleva una año en la Escuela Nacional de Policía, que solo seis
meses o dos fines de semana. La realidad es que la ciudadanía carece de información mínima para
participar seriamente en esta invitación de POLSEPAZ 2010. Creemos y reconocemos que es una
iniciativa necesaria y urgente que ahora asume la Presidenta Laura Chinchilla Miranda, pero antes
que nada es indispensable evaluar muy críticamente la situación real de las policías del Estado y la
explicación de esa situación en función de lo hecho o dejado de hacer en los últimos años.
Indudablemente la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales costarricenses es un
elemento básico más, esencial, de una política de seguridad ciudadana como la que se buscaría con
Fuente: Compendio de Estadísticas del Programa Estado de la Nación. Datos primarios. Personal de seguridad pública:
Plazas de policías o personal de seguridad pública incluidas en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública.
Licencias otorgadas a oficiales de seguridad privada: En diciembre del año 2003 entró en vigencia la Ley 8395, de
Servicios de Seguridad Privada, la cual establece como requisito para el desempeño de esta labor el sexto grado
aprobado en la educación primaria, hecho que explica el aumento del 2004. Antes de esta fecha la actividad se regía por
la Ley 7410, Ley General de Policía, la cual establecía como requisito el tercer año de secundaria aprobado. Cabe
advertir que entre el 2001 y el 2006 el número de personal de seguridad pública se incrementó en apenas 4 personas.
35
LEY # 7410 DEL 20 DE MAYO DE 1994.LEY GENERAL DE POLICÍA Reformada por la Ley de Fortalecimiento
de la Policía Civilista número 8096 del 15 de marzo del 2001, publicada en el Alcance número 24 de La Gaceta número
59 del 23 de marzo del 2001.
36
Constitución Política ARTÍCULO 12 - Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y
conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias. Sólo por convenio continental o para la defensa
nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil; no podrán
deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva.
POLSEPAZ 2010, pero simplemente pareciera que no se cuenta con la información necesaria para,
de un lado, evaluar lo que se tiene y, por otra parte, proyectar y planificar su futuro en término de
número de policías, condiciones y estabilidad laboral, formación y capacitación de sus miembros,
equipamiento e infraestructura, entre otros.
LA SEGURIDAD CIUDADANA DEFINIDA COMO UN TODO, RESULTA UNA NADA
“El caso de Nueva Orleáns se me antoja muy similar al de los grandes y
pequeños estados latinoamericanos, en los que la estridencia demagógica
de los políticos se centra en el tema de la seguridad ciudadana en términos
de militarización y penalización, al tiempo que se debilita la capacidad de
respuesta social del Estado. Se deterioran, si no es que se inutilizan, la
educación pública, la salubridad y las garantías sociales, de la misma
forma en que diques, compuertas y drenajes se debilitaron en Nueva
Orleáns. De este modo, en América Latina, el Estado y sus políticos son
enemigos de la seguridad ciudadana, peores que los criminales callejeros.
Y en cuanto a los saqueos, lo que ocurre en las ciudades latinoamericanas
es un milagro: en cualquiera de ellas hay, sino millones, cientos de miles de
personas que han vivido por decenios en condiciones similares a las que
padecieron, durante un corto período, los pobres abandonados de Nueva
Orleáns, sin que los saqueos se hayan iniciado. ¿Cuánto tiempo durará ese
milagro?”
Fernando Durán Ayanegui (2006)37
“En fin, tenemos que enfrentar las crecientes formas de exclusión que han
ido minando el “nosotros”, diluyendo nuestra identidad común,
desdibujando y segmentando los derechos, fomentando el extrañamiento, el
menosprecio, el desprecio al otro... y el resentimiento del otro. Es obvio que
ninguna de estas transformaciones, por sí misma, reduciría rápidamente la
violencia y la inseguridad que, hoy, nos tienen atemorizados. Siempre hará
falta la policía y la justicia penal. Pero es igualmente obvio que, sin estas
medidas, no habrá policía, no habrá cárcel, no habrá alarmas ni rejas ni
tapias ni armas suficientes para que podamos vivir tranquilos, seguros, sin
miedo. ¿No es hora ya de ir desmontando el miedo o vamos a dejar que nos
consuma?”
Leonardo Ganier Rímolo (2006) 38
37
“Seguridad ciudadana: ¿dónde comienza?” Fernando Durán Ayanegui. Doctor en Química, escritor, ex-rector de
Universidad de Costa Rica. En, Venciendo el temor. (In) seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica.
Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2005. – 1a. ed. – San José, C.R. : PNUD, 2006. Página 439.
38
“Desmontar el miedo.” Leonardo Garnier Economista, catedrático de la Universidad de Costa Rica, ex-Ministro de
Planificación, Ministro de Educación desde 2006, consultor internacional. En, Venciendo el temor. (In) seguridad
ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica. Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2005. – 1a. ed. – San José,
C.R. : PNUD, 2006. página 27
La seguridad ciudadana que todos clamamos, la define desde 1949 la Constitución Política así
como un conjunto numeroso de leyes que, vistas jerarquizadamente y como sistema, la
instrumentan y, además, permiten una conducción gubernativa eficaz e integral si se quisiera y
estuviésemos hablando en serio. Por su parte los tratados internacionales, particularmente en
materia de Derechos Humanos, así como la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos conforman también el marco socio/político/jurídico de obligado cumplimiento. Establece
todo ese cuerpo normativo la responsabilidad estatal-gubernamental ineludible de desarrollar las
capacidades necesarias que permitan a la sociedad y la institucionalidad costarricense responder
eficazmente a esos mandatos establecidos mediante acciones de prevención y de represión legítima
y efectiva frente al crimen y la violencia galopante que nos agobia:
“(…) Los Estados Miembros son responsables ante la ciudadanía por la implementación de
planes y programas eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una
estrategia que involucre diferentes campos de la institucionalidad estatal: desde el sistema de
control judicial - policial, hasta las medidas de prevención social, comunitaria o situacional
que deben ejecutar las entidades del sector educación, salud o trabajo, entre otros,
comprometiendo, además, a los gobiernos nacionales y locales. Cuando, a pesar de esta
actividad preventiva, se producen víctimas de delitos o hechos violentos, al Estado tiene la
obligación de brindar a éstas la debida atención, conforme a los estándares internacionales.
En especial, el Estado debe contar con una institucionalidad adecuada para aplicar
protocolos de intervención eficaces, en los términos establecidos por la ya mencionada
“Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y
del Abuso de Poder” de Naciones Unidas, que establece orientaciones precisas respecto al
acceso a la justicia y el trato digno y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario;
indemnización supletoria por parte del Estado; y asistencia material, médica, psicológica y
social para las víctimas del delito o la violencia. En forma complementaria, los Estados
Miembros deben tener presente, en lo que sea procedente a esta materia, lo establecido en los
“Principios Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las
Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho
Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones”, también
aprobados en el ámbito de Naciones Unidas.”39
Luego, sólo es atribuible a la incapacidad de los sucesivos Gobiernos40
, el incumplimiento de sus
obligaciones indelegables de protección y garantía de nuestros derechos humanos y de deshonrar su
39
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. Op. Cit.
Página 28.
40
Constitución Política, ARTÍCULO 9.- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo,
alternativo y responsable .Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. Un Tribunal Supremo de Elecciones,
con el rango e independencia de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la
organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta
obligación directa de poner en práctica políticas públicas integrales, que desarrollen, en forma
simultánea, acciones específicas y planes estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo.
Responsabilidad que se asume tan pronto se arriba al cargo, no seis meses después o nunca como
pareciera ya haberse hecho costumbre. Como lo señala con toda claridad la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos:
“La Comisión entiende por gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana la
capacidad institucional por parte de las autoridades legítimas de diseñar, implementar y
evaluar políticas de prevención y control de la violencia y el delito.”41
En ese marco de responsabilidad las fuerzas de oposición política tampoco pueden evadir la
obligación de exigirlo y a la sociedad civil de estar vigilante. Así lo instituye meridianamente
también el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de Humanos.
A pesar de señalarse en el Decreto de Convocatoria como la principal causa de la consulta la
carencia de una política y la desarticulación institucional gubernamental así como su relación con
las instancias e instituciones de la sociedad civil el documento POLSEPAZ 2010, parte de una
amplia definición de seguridad y con ello no ofrece la posibilidad de una caracterización precisa y
particular de cada actor sea institucional estatal o de la sociedad civil. Se requiere un tratamiento
particularizado de los distintos elementos institucionales y sociales que convergen al hablar de una
“política integral y sostenible”. Por tanto, no se puede derivar del documento ningún papel asignado
a cada uno de los actores dentro de esa global definición de seguridad ciudadana.42
¿Cómo entonces
particularizar las responsabilidades y aportes de cada uno en función del conjunto de la sociedad?
Constitución y las leyes e INFORME No. DFOE-SAF-21-2007 21 de diciembre, 2007. Contraloría General de la
República.
41
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit. Página 31.
42
Seguridad ciudadana: “Condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de
violencia o despojo intencional por parte de otros” . POLSEPAZ 2010. Página 10
¿no facilita de nuevo tal generalidad la reedición de la trampa generalizadora que se remonta al
menos al 2004?
Somos de la opinión que la forma de entender y abordar una “política integral y sostenible” por
parte de la Administración Chinchilla no conduce a los resultados esperados. Veamos. La
introducción del documento POLPAZ 2010 es clara en su abordaje cuando afirma que:
A. No contamos en el país con una política integral o sostenible de seguridad ciudadana
porque las administraciones que han gobernado el país desde hace aproximadamente
15 años no han cumplido.
B. Existe una generalizada insatisfacción sobre la intervención gubernamental en el
tema.
Pero y frente a tan calamitosa realidad se proponen cinco umbrales orientadores por parte de quienes
son responsables de perfilar una política integral o sostenible de seguridad ciudadana para remedir el
incumplimiento persistente en el 201043
a saber:
43
Comité Consultivo
Nombre Institución Cargo
Alfaro Zamora, Óscar Asamblea Legislativa Diputado, Presidente de la
Comisión de Asuntos Jurídicos
Asamblea Legislativa
Arroyo Gutiérrez, José Manuel Corte Suprema de Justicia Presidente de la Sala III de la Corte
Suprema de Justicia
Boraschi Hernández, Mauricio Ministerio de la Presidencia Viceministro de la Presidencia
Dall‟Anese Ruiz, Francisco Fiscalía General de la República Fiscal General
Fonseca Corrales, Elizabeth Partido Acción Ciudadana
Presidenta del PAC
Góngora Fuentes, Carlos Asamblea Legislativa Diputado, Presidente de la
Comisión de Asuntos Seguridad
Ciudadana
Muñoz Cascante, Marta Iris Defensa Pública Jefa de la Defensa Pública
Osborne Escalante, Jorge Arturo. Unión de Costarricense de Cámaras y
Asociaciones de la Empresa Privada
–UCCAEP-
Miembro del Consejo Directivo de
la UCCAEP
Paris Rodríguez, Hernando Ministerio de Justicia y Paz Ministro de Justicia
Rojas Sánchez, Xiomara Sindicato Independiente de
Trabajadores Estatales Costarricenses
–SITECO.
Secretaria General de SITECO
Rojas Vargas, Jorge Organismo de Investigación Judicial
–OIJ-
Director del OIJ
Tijerino Pacheco, José María Ministerio de Seguridad Pública Ministro de Seguridad
Equipo coordinador
Nombre Institución Cargo
Rico Cueto, José María Presidencia de la República Asesor ad honorem
Blanco Rothe, Lara PNUD Coordinadora técnica POLSEPAZ
Brenes Suárez, Randall PNUD Consultor
a) Rechazar categóricamente las propuestas de solución de “mano dura” y “limpieza social”
aplicadas en El Salvador, Guatemala y Honduras como no podría ser de otra manera porque
violan las garantías y derechos fundamentales previstos en la constitución y tratados
internacionales sobre el tema ratificados el país.
b) Rechazar la participación conjunta policía- ejército porque no consiguen disminuir los
índices de criminalidad violenta y pueden generar resultados negativos tales como el recorte
de garantías y derechos fundamentales. (Resaltado nuestro).
c) No aceptar incondicionalmente la manera tradicional de abordar la cuestión que “suele ser
el recurso a los mecanismos tradicionales de reforma, por ejemplo, la adopción de una
legislación específica sobre el tema o la mejora de los servicios policiales, judiciales y
penitenciarios. Estas medidas tienen al menos en factor común esencial: situarse en el marco
de un Estado de derecho”.
d) Adoptar un enfoque distinto que consiste en adaptar experiencias diversas sobre todo de
América del Norte- México, USA, Canadá- Europa y algunas ciudades de América
Latina)El nuevo enfoque deberá apostar por el rigor, la sensatez, la eficacia, la concertación
y la continuidad. 44
.
Sin embargo estos “cinco umbrales orientadores” no aportan nada novedoso.
Rechazar categóricamente las propuestas de solución de “mano dura”, “limpieza social”
aplicadas en El Salvador, Guatemala y Honduras. Ninguna novedad y sí mucho olvido interesado.
Como se señaló, el marco normativo socio-jurídico y político que orienta la acción gubernamental
en materia de seguridad ciudadana nos rige desde 1949 y no deja duda alguna sobre su naturaleza
civilista y democrática. Por tanto, respetuosa de los Derechos Humanos y a mayor abundamiento
también de obligado acatamiento de los Tratados Internacionales y la Jurisprudencia que vaya
emitiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobra el rechazo “categórico”. Ya eso
Elizondo Breedy, Gonzalo PNUD, Programa Conjunto “Redes
para la convivencia, comunidades sin
miedo”
Coordinador
44
POLSEPAZ 2010. Páginas 3 y 4.
está meridianamente establecido. En materia de seguridad ciudadana de lo que se trata y se parte es
de proteger los derechos de los habitantes, de todos los habitantes.
Como bien establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“Si bien el derecho internacional de los derechos humanos no define en forma expresa el
derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social, cuya prevención
y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana, los Estados se encuentran
obligados por un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente
afectados por conductas violentas o delictivas: el derecho a la vida; el derecho a la integridad
física; el derecho a la libertad personal; el derecho a las garantías procesales y el derecho al
uso pacífico de los bienes. Las obligaciones de los Estados miembros respecto a la seguridad
ciudadana también comprometen el derecho a las garantías procesales y a la protección
judicial; el derecho a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad; el derecho a
la libertad de expresión; el derecho a la libertad de reunión y asociación; y el derecho a la
participación en los asuntos de interés público. En un sentido amplio, la seguridad ciudadana
también puede incorporar medidas de garantía de los derechos a la educación, la salud, la
seguridad social y al trabajo, entre otros”45
Rechazar la participación conjunta policía- ejército porque no consiguen disminuir los índices de
criminalidad violenta y pueden generar resultados negativos tales como el “recorte” de garantías
y derechos fundamentales. Además de una ficción de mal gusto visto el contexto en que se produce
la autorización para el ingreso al territorio nacional de naves de guerra y miles de soldados, para
baldón imborrable en la historia patria46
, la afirmación vuelve a hacer ostentación de ignorancia
sobre el marco constitucional que nos rige. Repasemos la Constitución: “Constitución Política
ARTÍCULO 12 - Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y
conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias. Sólo por convenio
continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán
siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones
en forma individual o colectiva”.
Pero muy grave de parte de los autores de POLSEPAZ 2010: ¿Qué significa recortar un derecho?
Simplemente, pongámonos de acuerdo, los derechos no se puede “recortar”, los Estados
democráticos están obligados a protegerlos y los pueden violar pero no “recortar”, y ciertamente de
hecho situaciones de violación de derechos acompañan, lamentable y condenablemente, la historia
del accionar estatal en nuestra región. Las garantías pueden sufrir, pero solo en casos absolutamente
45
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit Páginas IX y X. 46
Cerdas Cruz, Rodolfo Ojo Crítico Domingo 18 de julio del 2010 http://www.nacion.com/2010-07-
04/Opinion/PaginaQuince/Opinion2433876.aspx
excepcionales, limitaciones o restricciones, pero tampoco “recortes”. De ninguna manera podemos
aceptar la violación de derechos como “piso” para hablar de mejoras o bondades de una política
estatal o su formulación.
POLSEPAZ 2010 también ignora en su formulación la clara distinción entre fuerzas armadas y
policía y su relación con la seguridad ciudadana:
“La Comisión desea insistir en una de sus preocupaciones centrales en relación con las
acciones implementadas por los Estados Miembros en el marco de su política de seguridad
ciudadana: la participación de las fuerzas armadas en tareas que, por su naturaleza,
corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales. En reiteradas ocasiones, la Comisión
ha señalado que, dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el
control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y
respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en
el ámbito interno.” (El resaltado es nuestro)47
Agrega la Comisión:
“Una política pública sobre seguridad ciudadana, que se constituya en una herramienta
eficiente para que los Estados Miembros cumplan adecuadamente sus obligaciones de
respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio,
debe contar con la institucionalidad y una estructura operativa profesional adecuadas a estos
fines. La distinción entre funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a las
defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, como
responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta en un punto de partida esencial
que no se puede obviar en el diseño e implementación de esta política pública.”48
No aceptar incondicionalmente la manera tradicional de abordar la cuestión. ¿Cuál es la manera
tradicional de abordar la cuestión? ¿Se refiere acaso a seguir haciendo lo mismo esperando
resultados diferentes? ¿Se trata acaso de convocar en el marco constitucional a una revisión de todo
el andamiaje jurídico/político? ¿Se considera quizás que lo que define desde 1949 la Constitución
Política, así como un conjunto numeroso de leyes que, vistas jerarquizadamente y como sistema, la
instrumentan y, además, permiten una conducción gubernativa eficaz e integral no se respeta o no
se cumple? ¿Qué es lo que se propone no aceptar incondicionalmente?
Adoptar un enfoque distinto que consiste en adaptar experiencias diversas sobre todo de América
del Norte- México, USA, Canadá- Europa y algunas ciudades de América Latina. En las 29 páginas
47
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit. Página 42.
48
Ídem. Página 43.
de POLSEPAZ 2010 no aparece una sola referencia a algún modelo de actuación de algún país de
las regiones mencionadas que permita a la ciudadanía consultada siquiera vislumbrar de cuáles
experiencias diversas se pretende nutrir el nuevo enfoque y poder opinar. ¿Se trata acaso de
elaborar otra colcha de retazos inoperantes?
Enlistar supuestas “lecciones aprendidas” cajoneras no resuelve la ausencia de propuestas concretas
de modelos de actuación que se proponen adoptar en general. Tampoco las adecuaciones que se
estudian para que operen en el ámbito nacional.
El nuevo enfoque deberá apostar por el rigor, la sensatez, la eficacia, la concertación y la
continuidad. Ya mencionamos arriba que recién en un artículo de opinión, de don José María Rico
Cueto, se señala el contenido y alcance de esos términos de manera general.49
Repetimos,
desearíamos que fuera cierto por el bien del país y de cada una de las personas que habitan en él.
Pero muchas son las dudas que se nos generan al respecto.
La seguridad ciudadana definida como un todo, resulta una nada. Más que “cinco umbrales
orientadores” que no aportan nada novedoso, la elaboración de la nueva política pública en materia
de seguridad ciudadana debe partir por la evaluación y valoración de los distintos ámbitos del
aparato institucional del Estado directamente involucrados en el respeto y garantía de lo derechos
humanos de todos y todas quienes habitamos este país. Se trata de ver que ha pasado y pasa
fundamentalmente con los distintos cuerpos de policía, con el sentido y funcionamiento de
Adaptación Social, con las leyes penales y funcionamiento de los tribunales de justicia, con la
violencia y la desigualdad.
En ANEP estamos claros que las causas estructurales de la inseguridad ciudadana, en sus formas
inmediatas de violencia física y de despojo patrimonial, subyacen en la discriminación, exclusión y
explotación que viven las grandes mayorías de la población. Una inseguridad que crece en el
tiempo y el espacio conforme se profundiza la desigualdad entre los y las costarricenses. Una
inseguridad que se profundiza a la par que el Estado abandona en beneficio del mercado sus
obligaciones de garantizar los derechos humanos de todas y todos los que habitamos este país. Una
inseguridad que aumenta en tanto dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en “consumidores”.
En ANEP somos plenamente consciente que la mejor forma de superar la inseguridad ciudadana es
49
Rico Cueto, José María “La seguridad ciudadana: nuevos enfoques (II)” 20 de julio del
http://www.nacion.com/2010-07-20/Opinion/PaginaQuince/Opinion2453754.aspx. “una nueva manera de abordar el
tema de la seguridad ciudadana consiste en centrar las acciones a emprender en los principios de rigor: sensatez,
concertación, transparencia y continuidad (visión de futuro). Así lo hace el Plan de Gobierno 2010-2014.
nuestra lucha por construir una Costa Rica solidaria en lo social, inclusiva en lo político y
sustentable en lo ecológico. Pero estas consideraciones no son obstáculo para aceptar la invitación
de POLSEPAZ 2010. Son un horizonte de lucha social y compromiso político que no
necesariamente entran en contradicción con un esfuerzo serio y honesto como esperamos sea el de la
Presidenta Laura Chinchilla Miranda.
Pero sin dejarnos perder en generalidades abstractas que por ello mismo se indeterminan y
“umbrales orientadores” que se indefinen en su carencia de operacionalización, creemos que en este
esfuerzo se debe partir de conocer la realidad institucional involucrada y empezar la reflexión seria
sobre lo cambios que demanda un aparato estatal que simple y sencillamente se muestra incapaz de
cumplir con las obligaciones que en materia de derechos humanos tiene el Estado costarricense.
EL PROBLEMA PERSISTE Y NOS AFECTA A TODOS Y TODAS
“Si una manera de definir la democracia como régimen institucional de
convivencia política, consiste en destacar el ejercicio constante del diálogo
en busca de consensos entre la ciudadanía y la autoridad pública; otra
perspectiva de este mismo principio apunta a entender la convivencia
democrática como un ejercicio permanente y serio de critica a las
instituciones, su necesaria actualización y transformación en búsqueda del
fortalecimiento de esa institucionalidad para beneficio de todos.”
Magistrado José Manuel Arroyo. Presentación del Libro “Los derechos
fundamentales tras los muros de la prisión”50
En este proceso de consulta, ANEP es consciente que una sociedad con instituciones sanas procura
seguridad, facilita los intercambios sociales y económicos, disminuye los costos de transacción,
incentiva la economía, fomenta la participación política y la integración social. Un cambio
institucional implica no sólo cambios en el discurso, legislativos o normativos sino y
principalmente en el capital social y la cultura organizacional en los sectores involucrados que
supere los modelos mentales y operativos subyacentes de exclusión, clientelismo e
irresponsabilidad. La ANEP es de conformidad con el ordenamiento jurídico costarricense una
organización sindical de primer grado. En tal condición, la ANEP tiene sustento en tres vertientes de
legislación: los artículos números 25 (libertad de asociación) –artículo que cobija también a las
organizaciones de la empresa privada - y 60 (libertad de organización sindical), de la Constitución
Política de Costa Rica; el Código de Trabajo, en su Título V De Las Organizaciones Sociales, con
sus artículos del 332 al 370; la legislación internacional en dos ámbitos: los tratados universales y
americanos en materia de Derechos Humanos; y la normativa establecida por la Organización 50
Chan Mora, Gustavo y García Aguilar, Rosaura, Los Derechos fundamentales tras los muros de la prisión. 1era ed.
CONAMAJ, San José, Costa Rica, 2003 .Página 15.
Internacional del Trabajo (OIT). ANEP además posee una articulación importante, en la
combinación necesaria de su natural actividad gremial, con su responsabilidad cívica con el
desarrollo nacional.
Entre sus colectivos de agremiados, cuenta con funcionarios públicos destacados en el sistema de
administración de justicia penal: Fuerza Pública, Sistema Penitenciario, Policía de Investigación
Criminalística, Policía de Tránsito, Policía de Migración, Policía Fiscal y Policía Municipal.
Asimismo en sectores socio laborales que atienden los problemas de violencia y otras áreas
preventivas del gobierno central y gobiernos locales en cooperación con organizaciones de la
sociedad civil , empresa privada y medios de comunicación que intervienen en lo que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos denomina: “… medidas de prevención social, comunitaria y
situacional que tiene como objetivo intervenir sobre los factores posibilitadores o factores de riesgo
sociales, culturales, económicos, ambientales o urbanísticos, entre otros, que inciden negativamente
sobre los niveles de violencia y criminalidad.”51
Ambas vertientes de la seguridad ciudadana: la represiva y la preventiva de la criminalidad y la
violencia cuentan en ANEP con amplia representación gremial si atendemos las definiciones dadas
en el marco del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, y tal
como señala la Comisión, ANEP considera que “… una política pública de seguridad ciudadana
debe ocuparse de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la
violencia y por tanto, es necesario que sus intervenciones conduzcan a su abordaje integral (…). Los
Estados Miembros de OEA (...) deben otorgarle una especial centralidad a las medidas de
prevención.”52
ANEP considera que se deben dar condiciones mínimas a sus agremiados para la participación en
este nuevo diálogo con el fin de impedir o cohonestar la reedición de las debilidades crónicas en la
creación de una institucionalidad en el país conducente a una adecuada gestión pública de la
seguridad ciudadana.
El diseño de la política pública sobre seguridad ciudadana requiere tanto en sus fases de diseño,
puesta en práctica y sobre todo de evaluación de la producción, sistematización, difusión y acceso de
información calificada por parte de las autoridades estatales. Sin ello no es posible sentar las bases
51
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit. Página 25.
52
Ídem. Página 25.
para la construcción de un nuevo modelo de política pública de seguridad ciudadana. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos enfatiza:
“La ausencia de indicadores confiables, construidos a partir de elementos técnicos
ampliamente difundidos y de fácil comprensión para los diferentes sectores de la sociedad
genera las condiciones para la manipulación de la opinión pública. Esto puede verificarse
tanto por parte de sectores de gobierno, que ocultan o distorsionan información esencial
sobre aspectos relevantes relacionados con la seguridad ciudadana, como por parte de
grupos de interés político o corrientes de opinión , que aprovechan los vacíos de información
objetiva para incrementar la sensación de inseguridad de la población …”53
El documento POLSEPAZ 2010 lo reconoce:
“Además de la delincuencia “común”, existen otras modalidades delictivas que en los últimos
años están causando gran preocupación en la ciudadanía. Las más destacadas son las
actividades de las pandillas juveniles y del llamado “crimen organizado” (narcotráfico,
secuestros extorsivos, sicariato). Sin embargo, además de serias deficiencias de carácter
teórico en su planteamiento, la información disponible al respecto es escasa, fragmentaria,
incongruente y, en general, de baja calidad.” (El resaltado es nuestro)”54
Es por ello que cabe la exigencia por parte de las personas, las organizaciones sociales y de la
empresa privada, la academia y los medios de comunicación convocados a la consulta de demandar
el cumplimiento por parte de las altas autoridades concernidas del sistema de administración de
justicia penal y los ámbitos de atención de la violencia de que presenten esos indicadores
confiables, construidos a partir de elementos técnicos y de acuerdo con su propuesta de seguridad,
de fácil comprensión para evitar una eventual manipulación.
¿Dónde están los datos y el enfoque, los indicadores confiables, construidos a partir de elementos
técnicos y presentados para el nuevo enfoque por el Ministerio de Seguridad (v. g. Fuerza Pública y
Programas), el Ministerio de Gobernación (v. g. Guardia de Asistencia Rural, Migración y
Extranjería), el Ministerio de la Presidencia (v. g. DIS), del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (v. g. Policía de Tránsito), el Poder Judicial (v. g. Jueces Penales, Ministerio Público,
Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública), el Ministerio de Justicia y Paz. Sólo
contamos con las encuestas de opinión para el 2004 y 2006 y las definiciones del PNUD. Estamos
en el 2010, han pasado seis años.
¿Cuál es la inversión directa y la asignación de recursos, la relación con indicadores de gestión que
permita conocer si el gasto y la inversión en seguridad ciudadana se realiza de acuerdo a los
objetivos establecidos de protección de los ciudadanos? 53
Ídem. Página 84.
54
POLSEPAZ 2010. Página 6
¿Cuáles son los mecanismos parlamentarios y de fiscalización superior que se han implementado o
se piensan poner en práctica para controlar la gestión de los rubros presupuestales que se destinan a
la seguridad ciudadana?
¿Dónde están las orientaciones, los programas e informes de gestión de la capacitación para la
policía, del equipamiento y las condiciones de trabajo55
?
¿Dónde están los informes de aquellos sectores públicos encargados de atender a poblaciones
vulnerables a la violencia y la criminalidad entre ellos mujeres, niños y niñas, adolescentes, adultos
mayores, población afrodescendiente, indígenas, personas con discapacidad, migrantes, entre otros?
¿Con base en cuál información se planifican los diferentes operativos de las fuerzas policiales y en
general de operación del sistema de administración de justicia penal de forma tal de favorecer las
acciones de tipo preventivo frente a las de tipo represivo que vayan generando el aprovechamiento
más racional y equilibrado de los recursos humanos y materiales para prevenir la delincuencia
común, la organizada, la violencia en todas sus manifestaciones?56
Como bien señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vale citar en extenso porque
este es el planteamiento con el que nos identificamos:
“51. El diseño, implementación y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana en la
región tienen que estar definidas además por el encuadre que proporcionan los principios 55
En relación con la incorporación de una visión de Derechos Humanos en el Curso Básico Policial, en el año 2009, la
Defensoría de los Habitantes analizó los contenidos de la currícula del Curso Básico Policial, en cuanto a su duración y
en lo referente a la formación que en materia de Derechos Humanos se brinda a las y los estudiantes. Producto de esta
investigación se logró determinar la existencia, no sólo de una disminución en la duración del Curso Básico Policial,
sino también de un desequilibrio en sus contenidos, dando énfasis a la formación en técnicas policiales en detrimento de
una formación que refuerce el respeto a los Derechos Humanos, como límite natural del poder estatal, cual es su función
en un Estado Social de Derecho. De esta manera, desde la formación inicial de los nuevos funcionarios policiales, se
fortalece una concepción represiva de la actuación policial. En este sentido, se señala en el informe precitado:
“Del análisis de las materias que componían la propuesta curricular aplicada desde el año 2006, se denota un énfasis
claro por la enseñanza de las técnicas policiales, todas esencialmente represivas, en detrimento de una formación integral
de los miembros de la Fuerza Pública. De esta forma, la formación propuesta implicaba la reproducción de una visión
reducida de la Seguridad Ciudadana y de la función policial, enfatizando la posición de poder del funcionario policial
frente a los y las habitantes y su función centrada en la represión de la delincuencia y la conservación del orden público,
desvinculada ésta de las necesidades y aspiraciones de la población. Este tipo de formación implicará irremediablemente
un obstáculo para cualquier política que intente ejecutar el Estado que tienda a un abordaje integral del tema de la
Seguridad”. Informe Final del Expediente No. 10431-2007-SI, notificado mediante oficio No. 11567-2009-DHR, del 29
de octubre del 2009.
56
“Al respecto, la Defensoría de los Habitantes en forma conteste ha señalado que la efectividad del accionar
policial no depende únicamente de la cantidad de agentes de policía disponibles, sino que es indispensable la evaluación
y corrección de los criterios empleados, tanto para la distribución de los recursos y del personal en las diversas
comunidades del país, como para la definición de la naturaleza de las acciones policiales, realizadas por la Fuerza
Pública y los criterios técnicos empleados para determinar cuáles son sus prioridades de acción”. Informe Anual de la
Defensoría de los Habitantes 2009-2010
internacionales de derechos humanos, especialmente los principios de participación,
rendición de cuentas y no discriminación. Según las definiciones más aceptadas en el plano
internacional: (1) el principio de participación implica que “toda persona y todos los pueblos
tienen derecho a participar activa, libre y significativamente en el desarrollo, como así
también a contribuir y disfrutar del desarrollo civil, económico, social, y político, donde
pueden ser realizados los derechos humanos y libertades fundamentales”; (2) el principio de
rendición de cuentas o de “responsabilidad e imperio de la ley” establece que “los Estados
deben responder por el cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido tienen que
cumplir con las normas legales y estándares contenidos en los instrumentos de derechos
humanos. En caso de no cumplir con sus deberes, los titulares de derechos agraviados están
facultados para iniciar procesos judiciales para la reparación apropiada de daños ante un
tribunal o juzgado competente según las reglas y procedimientos legales”; y (3) el principio
de no discriminación alude a que “todos los individuos son iguales como seres humanos en
virtud de la dignidad inherente de toda persona. Todos los seres humanos tienen derechos sin
discriminación de ninguna clase en base a la raza, color, sexo, etnia, edad, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, propiedad,
nacimiento u otra condición, según ha sido explicado por los órganos de vigilancia de los
tratados de derechos humanos”.
52. A juicio de la Comisión, de los aspectos desarrollados en los párrafos anteriores se deriva
que la seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública, entendiendo por
ésta los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades de los Estados para
alcanzar un objetivo determinado, y que contribuyen a crear o a transformar las condiciones
en que se desarrollan las actividades de los individuos o grupos que integran la sociedad. Una
política pública es, por tanto, un instrumento de planificación, que permite la racionalización
de los recursos disponibles, en un marco de permanente participación de los actores sociales
involucrados. Según las definiciones más aceptadas, las políticas públicas se caracterizan por
ser: (1) integrales (por abarcar sistemáticamente los derechos humanos en su conjunto); (2)
intersectoriales (por comprometer acciones, planes y presupuestos de diferentes actores
estatales); (3) participativas (por la intervención permanente de la población involucrada y
por favorecer la democratización de la sociedad); (4) universales (por su cobertura sin
exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo); y (5) intergubernamentales (por comprometer
entidades de los gobiernos centrales y locales).
53. Por otra parte, necesariamente las políticas públicas deben ser sustentables, debido a que,
por su naturaleza, requieren tiempos de ejecución en el mediano y largo plazo. Esta
característica significa que la implementación de una política pública no puede medirse de
acuerdo a la duración de un período de gobierno. En consecuencia, cualquier clase de
política pública sobre seguridad ciudadana requiere, para ser verdaderamente eficaz,
sostenerse en fuertes consensos políticos y amplios acuerdos sociales, aspecto que es también
central para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en la región. La
construcción de una política sustentable sobre seguridad ciudadana enfrenta obstáculos a
partir de la manipulación de la inseguridad subjetiva con objetivos exclusivamente político -
partidarios, escenario que se advierte claramente en algunos países de la región durante los
períodos electorales. Esto no significa que pueda existir algún tema vedado para el amplio
debate público. Por el contrario, el intercambio de ideas, las presentación de propuestas
alternativas para solucionar los grandes temas que concitan la preocupación de las personas
que viven en una sociedad, y la demanda ciudadana orientada a la rendición de cuentas de las
autoridades públicas, son elementos constitutivos de una sociedad democrática. Sin embargo,
la Comisión anota que en el hemisferio, en los últimos años, y a partir de la alta sensibilidad
de la población frente al impacto de los actos de violencia o el crecimiento de determinados
delitos, puede verificarse un manejo del tema de la inseguridad ciudadana se relaciona más
con el desarrollo de debates electorales con interés en el corto plazo, que en el objetivo de
informar adecuadamente a la sociedad y de convocar a las instituciones públicas, las
organizaciones sociales, medios masivos de comunicación y a la comunidad en general, a
reflexionar sobre los factores que inciden sobre esta problemática, y sobre las medidas
realmente eficaces para mejorar las condiciones de vida de la población frente a la amenaza
de la violencia y el delito.
54. Este concepto de política pública no puede comprenderse cabalmente sin una referencia
concreta a los derechos humanos. Las políticas públicas tienen como objetivo hacer que estos
derechos se concreten en los planos normativo y operativo, así como en las prácticas de las
instituciones y los agentes estatales, a los efectos que los Estados Miembros puedan cumplir
cabalmente sus obligaciones internacionales de protección y garantía. En este sentido, la
referencia al enfoque de derechos en las políticas públicas debe ser entendido en dos
dimensiones, diferentes pero complementarias: por una parte, los estándares y principios de
derechos humanos aportan una guía u hoja de ruta para el diseño, implementación y
evaluación de las políticas públicas; y, por otra parte, y a la vez, los Estados deben
desarrollar políticas públicas que tengan como objetivo la realización de estos derechos.
55. Los Estados miembros deben diseñar e implementar políticas públicas con enfoque de
derechos humanos como instrumento para cumplir rigurosamente con las obligaciones, de
tipo negativo y de tipo positivo, asumidas, en especial, en el marco del Sistema
Interamericano respecto a los derechos comprometidos con la seguridad ciudadana. Al
respecto, la Comisión ya ha manifestado anteriormente que “considera que existe una
impostergable necesidad de que los Estados reflexionen sobre el tema y adopten medidas y
políticas públicas eficaces que garanticen la seguridad de la población y el respeto a los
derechos humanos. En definitiva, y a partir de los desarrollos precedentes, para la Comisión,
una política pública sobre seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos es aquella
que incorpora el desarrollo de acciones simultáneas en tres áreas estratégicas: el área
institucional, el área normativa y el área preventiva. De esta forma se da satisfacción a dos de
los requisitos esenciales de una política pública, como son la integralidad y la
multilateralidad.”57
Desde este horizonte, para la ANEP, la dignificación y el reconocimiento de la importancia del
trabajo policial en el Estado costarricense son imperativos. Especial importancia y relevancia
adquiere la dignificación de los trabajadores y trabajadoras de los cuerpos de la policía estatal, de los
y las funcionarias de Adaptación Social, de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Así,
por ejemplo, el Manifiesto Policial como guía de actuación de la Unidad sindical por los derechos
laborales y la seguridad ciudadana emanado el 7 de abril del 2010 configuró la orientación
doctrinal de la plataforma para responder de manera integral a resolver una disyuntiva estratégica
en el país cual es conciliar la seguridad ciudadana con el Estado Social de Derecho costarricense y
las demandas creciente e insatisfechas de la sociedad costarricense.58
La Unidad sindical por los
57
. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit. Páginas 21, 22 y 23.
58
Unidad que agrupa a la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), la organización que
aglutina a la policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) así como a la Policía de Fuerza Pública (Ministerio
de Seguridad Pública), Policía de Migración y Extranjería (Ministerio de Gobernación); Policía de Tránsito (Ministerio
derechos laborales y la seguridad ciudadana ha señalado reiteradamente a las autoridades respectivas
su preocupación por las debilidades crónicas en la creación de una institucionalidad en el país
conducente a una adecuada gestión policial estatal. Estas dificultades se constatan, por el gremio
policial, en al menos, las siguientes áreas:
la limitada atención a las víctimas de la violencia y el delito;
el abandono y la fragmentación de la responsabilidad estatal - en tanto depositarios
del monopolio de la fuerza legítima- de la función policial pública
la apertura a una privatización creciente , desordenada y descontrolada de
servicios de seguridad ;
la gobernabilidad de la seguridad que se refleja en la ausencia de respuestas eficaces
para atender las demandas y necesidades de la sociedad y por la incapacidad
institucional y de las autoridades legítimas de diseñar, implementar y evaluar
políticas de prevención y control de la violencia y el delito
la falta de profesionalización y modernización de las fuerzas policiales públicas
conducente a superar el enquistado clientelismo político, la improvisación, la mala
copia o adaptación de modelos policiales extranjeros, la corrupción, la carencia de
medios, infraestructura, formación y equipamiento así como de modelos de atención
acordes con la realidad e idiosincrasia nacional.
Para la Unidad sindical por los derechos laborales y la seguridad ciudadana, específica y
esencialmente, es de primera importancia conocer frente a estos problemas concretos cuáles son las
propuestas del Gobierno para garantizar una policía honesta, profesional, preparada y eficiente,
base para comenzar a recuperar y desarrollar la confianza de los ciudadanos. Para ANEP es claro
que si las fuerzas sociales, políticas y la opinión pública no nos acompañan y reconocen la necesidad
y el valor social de la función policial pública será muy difícil esperar resultados diferentes sobre la
base de seguir haciendo lo mismo en cada vez más precarias condiciones. Para que la fuerza
policial aspire a ser respetuosa de los derechos humanos no sólo requiere de una buena formación
teórica, técnica y práctica sino que debe organizarse, seleccionar su personal, capacitarse
permanentemente y realizar sus operaciones profesionales de forma tal de hacer efectivos los
derechos humanos de la población a la que sirve dejando a un lado la preeminencia del
modelo reactivo y la improvisación y por el contrario potenciando el funcionamiento de un modelo
proactivo de trabajo policial, dirigido especialmente a la prevención y la disuasión de la violencia y
el delito.
de Obras Públicas y Transportes); Policía Fiscal (Ministerio de Hacienda) y Policía Municipal (Municipalidad de San
José).
La dotación y distribución de los recursos humanos, materiales, equipamiento, formación y garantías
laborales de la policía debe responder a las necesidades reales de la población de seguridad
ciudadana, restringiendo al mínimo las tareas administrativas, incrementando el uso de nuevas
tecnologías, elevando el perfil e idoneidad y creando los sistemas y estatutos de servidores públicos
para los policías que rompa con esquemas abusivos en la aplicación del régimen de excepción. Se
hace necesario también una revisión profunda del apoyo policial a otras instituciones públicas o
entidades que poco tienen que ver, directa o indirectamente, con la seguridad ciudadana centradas en
la protección efectiva de la persona, en lugar de aquellas que primordialmente buscan afianzar la
seguridad del aparato estatal o de determinados grupos de interés político - económico. Mucho
menos se trata de ocultar, mediante recurrentes operaciones cosméticas, de imagen, de exclusión o
de instauración de miedo o amenazas, la ausencia de una política, de planes o programas
ampliamente reconocida.
Si bien son recurrentes los reclamos de amplios sectores de la sociedad por incrementar el número
de efectivos de las fuerzas policiales como eventual respuesta al incremento de la violencia y el
delito, este tema demanda claridad conceptual sobre el modelo policial y la adecuada distribución
de recursos en él para el cumplimiento de las tareas de seguridad. No basta con señalar cifras
antojadizas o que se acercan a estándares internacionales sin no van aparejadas a la relación con la
capacidad instalada, la formación profesional, la infraestructura, el equipamiento y las condiciones
para efectuar las labores que se demandan. Tampoco obviar su relación con lo que sucede o se
espera de los otros componentes del aparato de justicia penal o de la institucionalidad que atiende
las causas de la criminalidad.
Como bien lo señala el último Informe Anual de la Defensoría de los Habitantes:
“Tanto la delincuencia como la violencia en general, son fenómenos sociales multicausales,
cuyo abordaje no puede restringirse al ámbito de lo jurídico penal y policial. Por el contrario,
de conformidad con su naturaleza, éste debe ser interdisciplinario e interinstitucional. La
desvinculación de la criminalidad de sus causas, deriva en la conceptualización del delito
como si fuera únicamente una elección individual del delincuente y por consiguiente, reflejo
claro de una maldad intrínseca y un carácter asocial. Por ende, desde este enfoque, el
delincuente debe ser reprimido desde las primeras manifestaciones de su naturaleza perversa
–políticas de tolerancia cero o mano dura que se sustentan en un criterio de peligrosidad- y el
Estado debe abandonar toda medida preventiva de la delictividad, así como la pretensión de
reinserción social del delincuente, su obligación se limita a separarlo del resto de la sociedad,
encarcelándolo.”59
59
Defensoría de los habitantes. Informe Anual de la Defensoría de los Habitantes 2009 – 2010. Página 37.
Baste el ejemplo de la largamente postergada, por intereses mezquinos e inoperancia de las altas
jerarquías, de la puesta en operación de la Plataforma de Información Policial. Es inaudito que
continué cada cuerpo policial manteniendo con limitados recursos y medios sus propios centros de
información y no se puedan coordinar entre ellos. Las funciones de prevención, disuasión y
represión del delito, en especial aquél vinculado a la criminalidad organizada, la trata y tráfico de
personas , sicariato, secuestro extorsivo, tráfico , venta y almacenamiento de drogas, legitimación
de capitales (lavado) y otros delitos conexos, entre otros, requieren de efectivos policiales altamente
capacitados en tareas de investigación e inteligencia policial60
, quienes deben tener, además, a su
disposición los equipos y medios materiales adecuados para cumplir con eficacia su tarea.
A esos problemas concretos de los cuerpos de policía son los que esperamos respuestas y propuestas
concretas como parte de la elaboración de una política integral y sostenible de seguridad ciudadana.
Igual pasa con el Sistema Penitenciario. Recordemos del poeta que
“el preso sueña
algo que siempre tiene
forma de llave”
Mario Benedetti
¿Qué sentido, función y efectividad tiene la pena de prisión? ¿No debemos buscar otras vías de
superación del conflicto social como el énfasis en la reparación del daño producido? ¿No
deberíamos estar procurando otras formas y herramientas tecnológicas de disuasión? ¿En vez de
criminalizar cada vez más conductas sociales, no deberíamos centrarnos en erradicación de sus
causas?
Un reciente diagnóstico situacional gremial de ANEP evidenció que los principales problemas
detectados en el sistema penitenciario apuntan en general a tres dimensiones de la gestión pública
penitenciaria a saber:
El marco conceptual ,filosófico y jurídico - normativo, político y programático del
quehacer penitenciario
60
Respecto a los servicios de inteligencia policial hay que tener en cuenta y garantizar lo que ha señalado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que “estos organismos (de inteligencia) deben: a) ser respetuosos, en todo
momento, de los derechos fundamentales de la personas, y b) estar sujetos al control de las autoridades civiles,
incluyendo no solo las de la rama ejecutiva, sino también las de los otros poderes públicos, en lo pertinente. Las medidas
tendientes a controlar las labores de inteligencia deben ser especialmente rigurosas, puesto que, dadas las condiciones de
reserva bajo las que se realizan esas actividades, pueden derivar hacia la comisión de violaciones de los derechos
humanos y de ilícitos penales.” Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Myrna Mack Chang Vs.
Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, párrafo 284.
La organización del trabajo, las condiciones laborales y la planificación operativa así
como el funcionamiento de redes de cooperación o articulación al exterior del
sistema
La gestión de gobierno y la gobernabilidad de la gestión unida a la visión estratégica
del presupuesto.
Siendo que algunos de los problemas se relacionan directamente con:
Ausencia de políticas integrales penitenciarias e inoperancias gerenciales públicas
Hacinamiento carcelario e infraestructura deficiente o insuficiente61
Deficiente calidad de vida y oferta de servicios en las prisiones62
Insuficiencia del personal penitenciario, inadecuada capacitación y procesos de
inducción
Limitado equipamiento , materiales e instrumentos de trabajo para el personal y la
población privada de libertad
Excesiva centralización, ausencia de planificación, inflexibilidad e inadecuadas
prácticas de gestión administrativa, presupuestaria, de personal, de infraestructura
física y equipo
Ausencia de redes de coordinación externas institucionales estatales, empresa
privada, ONGs y otras.
A partir de los problemas y dimensiones se trabajaron propuestas de solución iniciales que se
presentaron a la consideración del Ministro de Justicia y Paz, quien al responder nos señaló que la
Presidencia había convocado a la consulta ese mismo día de junio del 2010 y nos invitaba a
tramitarlas por los canales establecidos por el PNUD.
Ese abandono y aplazamiento de responsabilidades trae como consecuencia inmediata que el
sistema penitenciario nacional en los últimos decenios se vea rebasado por el aumento en el número
de personas y las tasas de encierro; limitaciones crónicas en el financiamiento y la dotación de
infraestructura, recursos materiales y equipo humano; ausencia de contrapesos y salvaguardas que
garanticen que la acción institucional ocurra dentro del marco y los objetivos que la sociedad le ha
61
“durante el año 2009, el Sistema Penitenciario Nacional fue testigo de un importante aumento en la población que se
encuentra privada de libertad. Esta situación ha sido corroborada tanto por las Áreas de Defensa de la Defensoría de los
Habitantes, como por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el cual incluso ha considerado el tema de la
sobrepoblación como crítico, requiriéndose necesariamente una atención prioritaria en este momento.”Informe Anual de
la Defensoría de los Habitantes 2009-2010
62
“Es incuestionable la necesidad de que el Gobierno busque respuestas inmediatas a esta problemática, pues las
condiciones de salud, alimentación, higiene, visitas, seguridad personal, entre otras, se han visto notablemente
deterioradas; y los porcentajes de sobrepoblación van alcanzando niveles cada vez más alarmantes, contraviniendo
abiertamente las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.” Dirección de Protección
Especial, 2010” Informe Anual de la Defensoría de los Habitantes. 2009-2010.
fijado; el deterioro de la capacidad interna de la organización para cumplir sus fines y alcanzar
metas así como de los incentivos sociales y organizativos que permitan y provoquen el cambio que
imponen los nuevos desafíos criminológicos y garantizar la seguridad de todas las personas y la
convivencia democrática. 63
Responsablemente, las y los funcionarios de Adaptación Social, con el propósito de asegurar que la
organización penitenciaria trabaje dentro de un marco socialmente deseable de seguridad ciudadana,
así como evitar situaciones latentes de alto riesgo social y escalada del ciclo de violencia se le
propuso al Ministro de Justicia y Paz la realización de un . Espacio de reflexión y acción que
permita debatir el contenido real de los compromisos penitenciarios que hasta el momento poco han
trascendido su carácter retórico, así como, asegurar que la gestión pública penitenciaria pueda
mejorar la coordinación entre organizaciones formalmente independientes pero funcionalmente
interdependientes en el tema de la seguridad y adaptar sus propuestas de atención a la escala y
complejidad de los problemas y situación actuales y demandas de la sociedad costarricense.
Entre los temas que serían objeto de análisis se le señalaron los siguientes:
Del sistema progresivo al programa de atención institucional. Situación actual. Los
nuevos paradigmas. Retos y desafíos que plantea el Siglo XXI.
Gestión penitenciaria. Estado y función de ejecución de la pena, función indelegable
y participación de la empresa privada. Visión estratégica de funciones y presupuesto.
Renovación de propuestas de atención en programas, áreas, centros, regiones y
atención de personas en condición de vulnerabilidad. Capacitación especializada.
Condiciones laborales y planificación del trabajo en la función penitenciaria. Hacia
una mayor descentralización, desconcentración, regionalización y flexibilidad.
Calidad de vida de las personas privadas de libertad o adscritas al sistema
penitenciario.
Infraestructura física y equipamiento penitenciarios. Concepción, planeamiento,
ejecución y mantenimiento.
Construcción de consensos para generar capital social. Confianza mutua y cultura
cívica respecto del sistema penitenciario. Reconocimiento y dignificación del
trabajo penitenciario. Creación de redes de cooperación para la información, la
comunicación, el control y participación ciudadana.
63
Ver capítulo Repercusiones de la penalización exacerbada en el Sistema Penitenciario. Informe Anual de la
Defensoría de los Habitantes. 2009-2010.
Nuevas formas de delincuencia: organizada, empresarial, transnacional, cifra negra,
cuello blanco, delito informático y corrupción pública. Balance situacional y
respuesta del sistema penitenciario.
Simultáneamente que considerara un redescubrimiento y racionalización de las actividades de los
y las funcionarios (as) penitenciarias que se ubican en el marco de un sector que conforma el núcleo
estratégico del Estado costarricense al ser centro responsable de la fase culminante de la justicia
penal: la ejecución de la pena. Lo que implica el ejercicio de poder y autoridad para garantizar el
cumplimento de las leyes, las políticas y la provisión de servicios públicos puros.
Asimismo, la necesidad urgente de tomar en cuenta que la cultura organizacional, las deficiencias
directivas y el clima laboral se alían en el debilitamiento de los servicios públicos penitenciarios,
que se revelan incapaces de romper las inercias y avanzar. Por eso, paralelo al esfuerzo por realizar
el Congreso Penitenciario Nacional que permita conciliar posiciones alrededor de un marco
conceptual - programático a futuro; la concertación de una Convención Colectiva de Trabajo
tendiente a fortalecer el progreso de los principios rectores de la institución y promover en el
personal la realización eficiente y responsable de sus labores, el compromiso y excelencia técnica en
materia de derechos humanos de las personas privadas de libertad y de la protección de la sociedad
civil, se propusieron acciones concretas en el corto plazo tendientes a racionalizar recursos
financieros y equipamiento así como de capacitación.
Frente a estas iniciativas constructivas de los y las trabajadoras estatales, el Ejecutivo a través del
Ministro de Justicia y Paz en nota DMJP-1227-06-10 del 16 de junio del 2010, se rehusó a hablar
y a buscar solución conjunta. ¿Es ese el marco adecuado para establecer confianza entre
gobernantes y gobernados en cumplimiento de la meta prioritaria de dotar “desde los primeros
meses de su mandato, de una política integral y sostenible de seguridad ciudadana “64
? ¿No arrastra
el Ministro de Justicia y Paz ya más de seis meses de la Administración Arias Sánchez como titular
en ese mismo despacho ministerial? ¿El Viceministro Fernando Ferraro no ocupa ese puesto desde
la Administración anterior Arias Sánchez? ¿Por qué hay que esperar para hacer lo que se debe hacer
y evitar daños mayores a la población privada de libertad, los y las funcionarios(as) penitenciarios y
la sociedad costarricense?
ANEP considera de enorme importancia y urgencia la iniciativa POLSEPAZ 2010. Invitación que
entendemos pública y abierta y que dada la importancia y significado que para el mejoramiento de la
64
Decreto Ejecutivo Nº 36021 – MSP suscrito por la Presidenta Laura Chinchilla y el Ministro de Seguridad Pública
José María Tijerino. Op Cit.
calidad de vida de los y las costarricenses podría eventualmente tener esta iniciativa, nos
apresuramos, pues, a aceptar. Pero nuestra aceptación, hemos manifestado, no es sin condiciones y
pasa por un aporte crítico y creativo. Estamos en la mejor disposición de contribuir positiva y de
manera propositiva en lo que podamos. En estas páginas de una primera respuesta a esta invitación
hemos querido y hemos necesitado explicitarle a la señora Presidenta doñas Laura Chinchilla
Miranda, a nuestros afiliados y afiliadas, a los y las trabajadoras estatales directamente afectadas, así
como a la opinión pública en general, algunos de nuestros temores e inquietudes. Creemos que
debemos mostrar nuestras dudas con claridad, dialogar con honestidad y transparencia. Ciertamente
no creemos ser poseedores de “la verdad”, pero por mínimo respecto hacia la señora Presidenta, aquí
le exponemos de la manera más transparente que podemos esta primera reacción.
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