01 de marzo del 2004 Fuente: www.justiciaviva.org.pe

CÓMO VENCER LA BARRERA LINGÜÍSTICA

Wilfredo Ardito Vega Consorcio Justicia Viva

Todos los días, en muchos tribunales del Perú se dictan sentencias nulas, por una simple razón: el procesado, las víctimas o los litigantes estaban imposibilitados para ejercer sus derechos, dado que los procesos se llevaron a cabo en un idioma que no comprendían. A diferencia de España, Suiza o Canadá, el Estado peruano ha preferido hasta el momento negar que vivimos en un país plurilingüe, asumiendo la ficción de que todos los habitantes manejan adecuadamente el castellano y las consecuencias de esta ficción son trágicas a nivel de la administración de justicia. Un asháninka procesado en Satipo o un campesino juzgado en Cangallo pueden terminar condenados sin poder siquiera haber comprendido cuál era la acusación en su contra. La premisa fundamental para la gobernabilidad de un país es que los ciudadanos puedan conocer las leyes, pero en el Perú, ninguna ley se traduce a los 9 millones de personas que hablan las distintas variedades de quechua, al medio millón de hablantes de aymara, a los cincuenta mil aguarunas o asháninkas y a los cien mil hablantes de otras lenguas amazónicas. Ni siquiera se traducen las normas más importantes para el mundo rural, como la Ley de Violencia Familiar o la legislación sobre comunidades campesinas. Entretanto, continúa repitiéndose el aforismo de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Esta situación genera que el Estado sea profundamente ajeno a los ciudadanos de distritos judiciales como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno, donde el porcentaje de quienes no hablan castellano es abrumador. En otros lugares, el uso del castellano por la población urbana genera que los sectores que no lo hablan se encuentren aún más aislados, como sucede en Huanuco-Pasco o Junín. En todo caso, sean los relaves de una empresa minera, la venta de alcohol metílico o la violación de una niña, la impunidad acompaña a la mayor parte de delitos de los cuales son víctimas los campesinos. Hasta el momento, no existe un solo intérprete oficial en las sedes del Ministerio Público, las Cortes Superiores o las comisarías. Lo más frecuente es que los magistrados o la policía asuman que el testigo, acusado o litigante sabe castellano, simplemente porque puede contestar algunas preguntas básicas. La paradoja en el Perú, además, es que muchas personas niegan que se expresen mejor en quechua, por el temor, nada inverosímil, a que las autoridades los traten con menosprecio. En algunos casos, se improvisa una solución, llamando como traductor a otro litigante, o a algún trabajador del Poder Judicial, pero estas personas tienen serias dificultades en trasladar a los idiomas indígenas distinciones tan complejas como dolo, premeditación o negligencia, de la cual muchas veces depende la condena de una persona.

01 de marzo del 2004 Fuente: www.justiciaviva.org.pe

Además, la traducción se limita a que el magistrado conozca lo que declara el procesado, no a que éste comprenda el desarrollo del proceso. Ni las declaraciones de los testigos, las intervenciones del Fiscal o el Defensor son traducidas y esto deja al procesado o la víctima totalmente inermes. Muchos acusados ni siquiera pueden comunicarse con su defensor de oficio, porque para éstos tampoco es un requisito dominar el idioma predominante en la zona. Sin embargo, esta barrera lingüística de ninguna manera es infranqueable. El Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional pueden tomar en cuenta el idioma que habla uno de sus integrantes para asignarlo a determinado destino. Se trata simplemente de garantizar la comunicación de la institución con la población. En Puno, por ejemplo, lo más lógico es que quien habla aymara sea destacado a Juli o Ilave, y quien habla quechua a Ayaviri o Sandia. A pesar de los esfuerzos de algunos Presidentes de Cortes Superiores en este sentido, no hay aún una política institucional al respecto. En otros casos, será necesario contar con traductores, especialmente en lo referente a los grupos minoritarios o de población migrante. Sin embargo, es fundamental procurar que se trate de traductores con conocimientos jurídicos. En realidad, el cargo de traductor legal debería ser una opción profesional, a la cual no debería postular cualquier hablante bilingüe, sino aquellos con un conocimiento especial de la legislación, de preferencia abogados o bachilleres. Estos mismos traductores legales podrían participar en la difusión de la normatividad estatal en lenguas nativas. La experiencia de la ONPE y la Comisión de la Verdad demuestran que esta es una tarea factible. En cuanto a cargos como defensor de oficio, en distritos judiciales como Cusco, Ayacucho o Huancavelica, debería ser obligatorio que fuera ejercido por personas que hablasen ambos idiomas. Actualmente, acreditar el manejo de un idioma nativo incrementa el puntaje de los postulantes a jueces y fiscales, pero debería ser un requisito obligatorio para quienes postulen a un distrito judicial donde dicho idioma es predominante. A largo plazo, este mismo requisito deberían cumplir todos los policías, fiscales, jueces y el personal administrativo que están actualmente en ejercicio. La principal forma de vencer la barrera lingüística que aisla a la administración de justicia de millones de ciudadanos es enfrentar la barrera mental, por la cual muchos profesionales (aún en los mencionados distritos judiciales) están convencidos de que hablar aymara o quechua es vergonzoso y aprenderlo es imposible. Los Gobiernos Regionales, las Cortes Superiores y las Universidades podrían hacer mucho por motivar que esta barrera pueda ser enfrentada. En el Cusco, por ejemplo, son varios los magistrados que están aprendiendo quechua. ¿Se seguirá este ejemplo en otros distritos judiciales?