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Comentarios de jurisprudencia

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De los bienes y De su Dominio, posesin, uso y goceJulio 2014Revista Chilena de Derecho Privado, N 22, pp. 285-297 [julio 2014]

i. El SanEamiEntodE la pEquEa propiEdad raz

A continuacin, se har un breve an - lisis de algunos de los fallos ms rele-vantes pronunciados por la Excma. Corte Suprema sobre el saneamiento de la pequea propiedad raz en el ltimo semestre. El estudio de estas sentencias se debe a que, a pesar de que la jurisprudencia de tribunales est bastante asentada semestralmente, la mayora de los fallos que se pronun-cian sobre bienes por las Cortes tienen relacin con este tema, lo que nos invita a detenernos un poco ms en l.

1. La regulacin sobre saneamientode la pequea propiedad raz

El DFL N 6, de 17 de enero de 1968, sobre Saneamiento del Dominio de las Propiedades Rsticas y Rurales y del Dominio de la Pequea Propie-dad Urbana se ocup de regular el saneamiento de la pequea propiedad inmobiliaria1. Dicho cuerpo normativo fue modificado por el DL N 2695, de fecha 21 de junio de 1979 sobre Regu-

1 Este DL exige para el saneamiento de los ttulos la intervencin del departamento de Ttulos de la Direccin de Tierras y Bie nes Nacio - nales del Ministerio de Tierras y Colo ni zacin.

larizacin de la Posesin de la Pequea Propiedad Raz, cuerpo normativo que nos rige en la actualidad. Finalmente, la ley N 18.148, de 28 de julio de 1982, modific los artculos 5, 14, 40 y 42 del DL N 2695.

2. Problemas de constitucionalidaden la regulacin del DL N 2695?

Tanto la Corte Suprema, en su momen-to, como el Tribunal Constitucional, en la actualidad, han considerado que la normativa sobre saneamiento de la pequea propiedad no es inconstitu-cional. El DL N 2695 dio lugar a fuertes reparos de constitucionalidad, despus de la entrada en vigencia de la CPE. En un comienzo, cierta juris-prudencia de la Corte Suprema acogi varios recursos de inconstitucionali-dad, estimando que el saneamiento de la pequea propiedad raz atenta-ba contra el derecho de propiedad consagrado en el artculo 19.1, N 24 de la CPE2. Sin embargo, dicha lnea

2 Sin embargo, previo a la discusin en torno a la constitucionalidad del DL N 2695 se analiz si proceda aplicar la CPE de 1980, a un DL que era anterior a su entrada en vigencia. Conforme a Jessica Fuentes en una primera etapa se sostuvo que la inaplicabilidad por in-constitucionalidad no proceda por cuanto el

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Rodrigo Barcia LehmannProfesor Derecho Civil e investigadorUniversidad Finis Terrae

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jurisprudencial enmend el rumbo, inclinndose por la constitucionalidad del referido DL3.

Sin perjuicio de lo anterior, desde entonces la Corte Suprema ha acogi do acciones entabladas contra la ins cripcin de saneamiento, basadas en irregularida-des en el proceso de saneamiento, que afectan al derecho de pro piedad como, por ejemplo, la falta de notificacin o publicacin de los avisos4. sta es la

DL N 2695 era anterior a la CPE de 1980. En - tonces, no proceda la inaplicabilidad, sino que simplemente los tribunales de fondo deban determinar si el DL es aplicable o ha sido derogado por la CPE. A favor de esta especie de ultra actividad de la ley tambin se pronuncia una sentencia de la CS, de 5 de diciembre de 1986, desechando esta vez un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Fallos del mes, N 337, Santiago, 1986, p. 867, N 379, p. 285. A su vez, a partir de 1992, la CS adopt un criterio ms pragmtico conforme al cual se analiza la admisibilidad de fondo y forma del recurso de inaplicabilidad. Entre los criterios de admisibilidad de forma estuvieron el no sealar los preceptos de la ley impugnada, que se estiman inconstitucionales, los fundamentos de hecho y derecho de la inconstitucionalidad, etctera. La ineptitud de fondo se presentaba cuando la propiedad ya ha sido saneada y adquirida, conforme al DL N 2695 y la cues tin de inconstitucionalidad se presentaba en un juicio posterior a dicho saneamiento. En este caso, la inconstitucionalidad era con siderada como extempornea. FuEntES olmoS (1998), pp. 25-40.

3 El fundamento de esta posicin es que la CPE exige que la ley regule la adquisicin de la propiedad y el DL, para estos efectos, es una ley. Adems, aunque la adquisicin se hace contraviniendo las normas del Cdigo Civil, la figura que regula el DL es la prescripcin adquisitiva, que es un mecanismo establecido en el m bito constitucional y legal para adqu irir la propiedad. Por otra parte, el DL N 2695 pue de alterar las normas que regulan la pres cripcin del Cdigo Civil, porque ambos cuerpos normativos tienen igual jerarqua. FuEntES olmoS (1998), p. 36.

4 Muchas de estas acciones se han llevado a cabo a travs de recursos de proteccin, que

tendencia que ha mantenido hasta el momento nuestra Corte Suprema. A su vez, el Tribunal Constitucional, en una serie de fallos, ha desechado los recursos de inaplicabilidad por incons-titucionalidad del referido decreto y en otros he declarado su inadmisibilidad. Por ltimo, se ha presentado un recur-so de inaplicabilidad por inconstitu-cionalidad contra los artculos 15 y 16 del DL N 2695, que no ha seguido la suerte de los anteriores, al admitirse a tramitacin, y que est pendiente5.

A continuacin, se analizan algu-nos fallos pronunciados por la Corte Suprema, en torno al DL N 2695, que sin dar lugar a un cambio de criterio, dejan abiertas algunas dudas en torno a su aplicacin. A este respecto divi-diremos las acciones que entablan los terceros afectados por el procedimiento de saneamiento, conforme a lo que es-tablece el propio DL N 2695, a saber:

a) La oposicin del tercero con-templada en el artculo 11.3 del DL, que debe producirse dentro de los treinta das h-

se basan en las siguientes causas: (a) la causa por la que se recurre es objeto de un juicio de lato conocimiento y (b) la extemporaneidad del recurso. El plazo, desde el cual comienza a correr la prescripcin, se cuenta desde la notificacin de la resolucin que provee la solicitud de saneamiento al poseedor inscrito o desde que ste ha tomado conocimiento de la resolucin recurrida.

5 El recurso fue presentado por Carlos Reyes Gonzlez respecto de los artculos 15 y 16 del DL N 2.695, en los autos caratulados Forestal Mininco S.A. con Reyes Gonzlez, Carlos y otros, rol C 18.454-2006, del Juzgado de Letras de Traigun, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Temuco, por recurso de apelacin, bajo el rol N 606-2013. Va se www.tribunalconstitucional.cl/wp/expedien tes?rol=2647. [Fecha de consulta: 14 de abril de 2014].



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biles contados desde la pu bli-cacin del ltimo aviso. Esta oposicin del tercero, dentro del procedimiento de sanea-miento, se rige por lo estable-cido en el prrafo 1 del ttulo iv (arts. 19 a 25) del DL.

b) La oposicin del tercero a tra vs de la accin reivindica-toria, una vez efectuada la ins - cripcin de saneamiento, y den - tro del plazo de un ao con-tado desde la referida inscrip-cin. Esta accin se rige por el prrafo 2 del ttulo iv (arts. 26 y 27) del DL.

3. Acciones contra la inscripcinde saneamiento

En algunas ocasiones la Corte Supre-ma ha revisado el procedimiento, a travs del cual se obtuvo la declaracin de saneamiento, aun despus del plazo para entablar la respectiva accin rei-vindicatoria. As, una sentencia de la Corte Suprema, de fecha 22 de enero de 2014, autos caratulados Forestal Tierra Chilena Ltda. con Aguilar Vidal Mara Lugardina y otros, rol ingreso de la Corte N 6553-2013, confirma un fallo de segunda instancia que declara la nulidad absoluta de la inscripcin por objeto ilcito. La nulidad se funda en la falta de posesin material del predio y la presentacin de un ttulo en causa la rol N 20.593, sobre reivindi-cacin, en la que las demandadas eran demandantes, y en el cual se desech su libelo6. As, la Corte Suprema acoge

6 La Corte Suprema en esta causa desecha un recurso de casacin en la forma y en el fon-do, interpuesto por la demandada, contra la

la nulidad del procedimiento de sanea-miento por cuanto el solicitante jams haba sido poseedor material, es decir, revisa que los requisitos que exige la ley para sacar un bien del patrimonio de una persona, e incorporarlo al de otra a travs de la prescripcin adqui-sitiva cumpla efectivamente con las condiciones que exige el DL N 2695. Tambin este fallo se podra haber sustentado en el fraude a la ley.

4. Accin reivindicatoria contra la inscripcin de saneamiento

Corresponde analizar algunos fallos por los que se recurre de reivindicacin contra la inscripcin de saneamiento, que se sustentan en los artculos 26 y 27 del referido decreto7.

sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepcin por la que, a pesar que desecha el fallo de primera instancia, desecha la apelacin interpuesta contra el 2 Juzgado Civil autos rol N 6553-2013. El fallo de segunda instancia revoca la sentencia impugnada por apelacin, que acoga la demanda declarando una nulidad de derecho pblico. Sin embargo, acoge los planteamientos subsidiarios de la demanda, los que tambin son acogidos por la Corte Suprema.

7 En este sentido las referidas normas son del siguiente tenor:

Artculo 26 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 19 los terceros podrn, dentro del plazo de un ao, contado desde la fecha de la inscripcin del inmueble practicada por resolucin administrativa o judicial, deducir ante el tribunal sealado en el artculo 20 las acciones de dominio que estimen asistirles.

El procedimiento se ajustar a las reglas del juicio sumario establecido en el ttulo xi del libro iii, del Cdigo de Procedimiento Civil.

Artculo 27 Si el Tribunal acogiere la accin a que se refiere el artculo anterior, or de-nar la cancelacin de la inscripcin prac ticada con arreglo a esta ley conservando su plena vigencia las inscripciones que existan sobre el inmueble con anterioridad a ella.


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a. Fallo de la Corte Supremade 20 de noviembre del 2013,rol ingreso Corte N 7.528-12

El Banco de Chile, en autos rol N 40.655-2009, seguido ante el Juzgado de Letras de Bulnes, dedujo una de-manda de reivindicacin en contra de Juan Villanueva Seplveda que haba obtenido una inscripcin de sanea-miento, alegando que ello vulneraba su derecho de propiedad. El Banco de Chile seal que haba adquirido el bien raz, denominado San Jos de la Higuera, mediante una adjudicacin en juicio ejecutivo contra el anterior propietario Renn Prez Mundana. Lo curioso de este caso, aspecto sobre el que no se discute por las partes, ni fue abordado por la sentencia en comento, son las fechas de las respectivas ins-cripciones. La primera inscripcin que corresponde al demandado, es la de saneamiento de la pequea propiedad raz (22 de junio de 2007); en cambio, la segunda, que es del demandante, es de 29 de octubre de 2007. La ins-cripcin del demandante emanaba de una anterior, por cuanto corresponda a la adjudicacin de la propiedad del ejecutado, Ren Prez por parte del Banco de Chile y aqul haba adquirido mediante un ttulo inscrito de 18 de abril de 1991. Esto es bastante extrao por cuanto lo que suele suceder nor-malmente es lo inverso, es decir, que la inscripcin de saneamiento afecta las inscripciones anteriores. Como ve-remos, esto tiene incidencia en el caso.

Los fallos de primera y segunda instancia fueron contradictorios. La sentencia de primera instancia desech la demanda. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Chilln acogi el

libelo en todas sus partes, resolviendo una apelacin y una casacin en la forma interpuesta por la demandante. A su vez, la Primera Sala de la Corte Suprema, conociendo de un recurso de casacin en el fondo, interpuesto por la demandada anul el fallo de al - zada. As, la Corte Suprema, una vez resuelto el fallo anulatorio, de fecha 20 de noviembre de 2013, dicta inme-diatamente y de forma separada la res-pectiva sentencia de reemplazo. En el considerando quinto de la sentencia de reemplazo la Corte Suprema resuelve:

que como se ha visto, el de-mandado adquiri la calidad de poseedor regular del bien raz sublite el da 22 de julio de 2007 [conforme a los antecedentes del fallo anulatorio la fecha es junio y no julio] y la demanda reivin-dicatoria de lo principal de fojas 7, le fue notificada legalmente el 22 de septiembre de 2009. En consecuencia, se debe concluir que la accin de dominio inten-tada en autos, no tuvo la virtud de interrumpir civilmente el tr-mino que la ley establece para ejercerla y, por lo mismo, se extingui por la prescripcin (lo agregado entre corchetes y en cursiva es mo).

De este modo, la Corte Suprema resuelve que la accin reivindicatoria se haba interpuesto despus del ao y, por tanto, estaba prescrita. A su vez, el sustento normativo del fallo de la Cor-te est en el considerando segundo por el cual el alto tribunal considera que el quid del asunto est en la aplicacin



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del artculo 16.1 y 2 del DL N 2695, por el cual se dispone:

como consecuencia de lo dis - puesto en el artculo preceden-te, expirado el plazo de un ao a que esa disposicin se refiere, prescribirn las acciones ema-nadas de los derechos reales de dominio, usufructo, uso o habi-tacin, servidumbres activas y el de hipotecas relativos al in - mueble inscrito de acuerdo con la presente ley.

Las anteriores inscripcio nes de dominio sobre el inmueble, as como la de los otros dere-chos reales mencionados, las de los gravmenes y prohibiciones que lo afectaban, una vez trans-currido el citado plazo de un ao, se entendern canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que por ello recobren su vi-gencia las inscripciones que an-tecedan a las que se cancelan8.

La pregunta evidente, que no abor- da la Corte, es: a qu acciones se re-fiere el inciso primero de la norma pre-cedentemente citada, cuando seala:

8 As el referido considerando establece: ...segn lo previene el artculo 16 del referido decreto ley, una vez que ha expirado el indicado plazo prescriben las acciones que emanan de los derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitacin, servidumbres activas y de hipotecas relativos al inmueble que se inscribi de acuerdo a las disposiciones del Decreto Ley N 2695. Esta norma no es sino la aplicacin de la regla de carcter general que se contiene en el artculo 2517 del Cdigo Civil, en cuanto dispone que toda accin por la cual se reclama un derecho, se extingue por la prescripcin adquisitiva del mismo derecho.

...prescribirn las acciones ema- nadas de los derechos reales de dominio, usufructo, uso o ha-bitacin, servidumbres activas y el de hipotecas relativos al in - mueble inscrito de acuerdo con la presente ley?.

Y la respuesta natural es que dicha disposicin slo puede estarse refirien-do a los derechos que emanan de las inscripciones anteriores a la solicitud de que se trata, es decir, anteriores al 22 de junio [o julio] del mismo ao, y no a las posteriores. Por lo que se puede entender que al estar de buena fe el segundo poseedor habra adqui-rido por prescripcin ordinaria de cinco aos, poniendo fin al dominio a que dio lugar el saneamiento. Ello se debe a que la inscripcin de adjudi-cacin del demandante, es decir, del Banco de Chile, es de 29 de octubre de 2007, y la inscripcin del decreto de saneamiento es de 22 de junio [o julio] del mismo ao. Por tanto, la dis-cusin que ac se generaba es entre un dominio adquirido, conforme a las re - glas del saneamiento de la pequea propiedad, y una inscripcin posterior, obtenida por el demandante que la llevara a adquirir por prescripcin adquisitiva, y poner fin a la inscripcin anterior. Ahora bien, el que se trate de una adjudicacin no cambia mucho las cosas por cuanto se ha considera-do que esta figura es asimilable a una enajenacin y no produce los efectos declarativos del artculo 1344.1 del Cdigo Civil chileno. As, se ha entendi-do que el embargo se consolida sobre el bien adjudicado, como sucede en el artculo 2417 del Cdigo Civil chile-


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no con relacin a la hipoteca. A esta conclusin, por lo dems, se llega una vez analizada la ratio legis del artculo 1344.1 del Cdigo Civil chileno9.

En resumen, en esta causa, caba haber analizado dos aspectos. El pri-mero es si la prescripcin adquisitiva para el demandante, es decir, el Banco de Chile, es extraordinaria en caso que haga valer la inscripcin del eje-cutado, sumndola a la suya. No nos olvidemos que en nuestro Derecho la posesin es un hecho y la posesin viciosa no se transfiere, salvo que se le hiciera valer para efectos de la pres-cripcin adquisitiva10. Dicha posesin podra considerarse viciosa por no haberse adquirido de buena fe en la medida que haya sido una inscripcin de papel. La prescripcin adquisitiva tambin puede ser ordinaria en caso que no se haga valer la posesin ante-rior por parte del Banco de Chile, en cuyo caso la posesin se debe contar desde la segunda inscripcin conserva-toria. El segundo aspecto de inters es determinar si la inscripcin del Banco de Chile, es decir, la que corresponde al demandante, es una inscripcin de papel, por lo que debe ceder ante la inscripcin del saneamiento que co-rresponde a una realidad posesoria, lo que nos lleva al anlisis de la posesin de papel.

9 alESSandri R. (1999), p. 167.10 El artculo 717 del Cdigo Civil chileno

establece: sea que se suceda a ttulo universal o singular, la posesin del sucesor, principia en l; a menos que quiera aadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios.

Podr agregarse en los mismos trminos a la posesin propia la de una serie no inte rrum-pida de antecesores.

b. Fallo de la Corte Supremade 30 de enero del 2014, en autos caratulados: Lozano Rudnick Andrs con Quezada Alastuey Jeanette y otra, rol ingreso de Corte N 11.246-2013

En esta causa la demandante interpone una accin reivindicatoria contra el de-mandado, basado en que era dueo de la cosa sobre la que la demandada ob-tuvo una declaracin de saneamien to, y posterior inscripcin. Dicha de cla- racin para la demandante se habra obtenido de forma fraudulenta por cuanto la demandada careca de la posesin material. La demandante sali gananciosa tanto en primera (ante el 2 Juzgado de Letras en lo Civil de Curic), como en segunda instancia (Corte de Apelaciones de Talca). Interpuestos los respectivos recursos de casacin contra la ltima sentencia, la Corte Suprema confirma el fallo recurrido, rechazndolos en la forma y el fondo, interpuesto por la demandada. En cuanto a lo que nos interesa la sentencia, en su conside-rando sptimo, desecha el recurso de casacin en el fondo, debido a que la recurrente:

omiti extender la infraccin legal a las normas que tienen el carcter de decisorias de la litis, en el caso de autos, las relativas a la reivindicacin o accin de dominio, no obstante que en sus planteamientos ha insistido en que se debe modificar el fallo por cuanto se encuentra acreditado que el actor no es el dueo de los terrenos que actualmente se encuentran en



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posesin de la parte demanda-da por haberse extinguido el derecho de ste por prescrip-cin, situacin fctica, que lleva a concluir que necesariamente procede rechazar la demanda interpuesta en estos autos.

El rechazo se funda, entonces, en la transgresin de las normas que regu-lan las reglas de la casacin en el fondo. Por ello en realidad la Corte Suprema no analiza lo que la recu-rrente alega que es que la sentencia recurrida no prefiri las normas del DL N 2695 sobre las comunes, al no declarar la prescripcin adquisitiva de sus derechos, y la extincin de los derechos de la demandante, confor-me al artculo 16 del referido cuerpo legal. La defensa de la demandada consisti en la clsica defensa del que ha adquirido por los mecanismos del saneamiento de la pequea propiedad raz11.

11 La Corte Suprema en otras ocasiones, como el 4 de marzo de 2014, en autos caratulados Morgado Saldivia, Mara Vernica con Vergara Gonzlez, Claudia, rol ingreso Corte N 15.896-2013 desech un recurso de casacin interpuesto contra la Corte de Apelaciones de Talca. El fallo desechada un recurso de casacin en el fondo interpuesto por la parte que se opone al saneamiento por aspectos que tienen relacin ms con el recurso de casacin, que con aspectos sustantivos. As, en el considerando 3 del fallo de la Corte Suprema, se resuelve desechar lo alegado por la recurrente en cuanto a que: los sentenciadores desestiman la prueba aportada por la comunidad demandante puesto que los documentos aportados son posteriores a la poca en que se present la solicitud de regularizacin ante el Ministerio de Bienes Nacionales por la demandada. Por todo lo anterior, es que rechazan la oposicin que se ha formulado por cuanto la solicitante logr

5. Conclusiones

Una vez reconocida la constitucionali-dad de la regulacin del saneamiento de la pequea propiedad raz los fallos de la Corte Suprema se ocupan de aco - ger las impugnaciones, contra la reso-lucin de saneamiento, la respecti va ins cripcin conservatoria o ambas, en los casos en que manifiestamente se ha-yan vulnerado los requisitos que exige el DL N 2695. De forma excepcional, la Corte Suprema ha acogido deman-das contra el saneamiento de la pe-quea propiedad raz, aun fuera de los parmetros que el DL establece (arts. 19 a 25 y 26 y 27, respectivamente), como sucedi en el primer fallo ana-lizado (en que se declara la nulidad absoluta por objeto ilcito de la ins-cripcin). Por otra parte, las Cortes de Apelaciones en muchos casos han comenzado, por diferentes motivos, a acoger las demandas contra el sa-neamiento de la pequea propiedad raz, aun fuera de los parmetros que el DL establece, y la Corte Suprema ha anulado dichos casos slo en la medida que los recursos de casacin ha sido fundamentado de forma correcta. Finalmente, la lectura que ha sosteni-do nuestro alto tribunal respecto del artculo 16.1 del DL N 2695 debera revisarse.

acreditar los presupuestos fcticos exigidos por los artculos 2, 3 y 4 del Decreto Ley N 2695, y ello se debe a que la recurrente no denunci, de modo eficiente, la vulneracin de las normas reguladoras de la prueba, lo que habra permitido, una vez constatada tal infraccin, analizar las probanzas de autos y, en su caso, modificar los hechos establecidos por los sentenciadores (considerando 4 del fallo).


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ii. alcancES dE laS inScripcionES dEl artculo 688

dEl cdigO civil chilEno: inoponibilidad rESpEcto

dEl vErdadEro duEo:Fallo dE la cortE SuprEma

dE 31 dE marzo dEl 2014,rol ingrESo cortE n 7.79713

En los autos rol N 55.843-2009, se-guidos ante el Juzgado de Letras de Angol, sobre reivindicacin, en procedi-miento ordinario caratulado Ande re ya Latorre, Patricio Fernando con Elgueta Ros, Mara Teresa y otros, por senten-cia de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce se resolvi acoger una demanda de reivindicacin, declaran-do al demandado como poseedor de mala fe. La parte demandada interpuso recurso de apelacin en contra de di-cho fallo y la Corte de Apelaciones de Temuco, por resolucin de treinta de julio de dos mil trece, lo confirm. Esta sentencia fue objeto de casacin en el fondo por la parte demandada, que se analiza a continuacin.

1. Los antecedentes del recurso

La sentencia de casacin da por senta-dos los siguientes antecedentes:

La demanda de reivindicacin so-li cita que se declare que:

a) el inmueble que individualiza es de dominio exclusivo de su parte;

b) los demandados deben resti-tuir dicho inmueble dentro de tercero da desde que quede ejecutoriada la sentencia defi-nitiva, bajo apercibimiento de lanzamiento, incluyendo todos los dems ocupantes;

c) que los demandados deben restituir todos los frutos natura-les y civiles de la cosa, y todos los que el actor habra podido tener con mediana inteligencia y actividad si hubiera tenido el bien raz en su poder, desde el da en que entr en posesin de la propiedad, debiendo se le considera poseedor de mala fe para todos los efectos legales;

d) que el demandado debe indem - nizarle por todos los deterioros que, por su hecho culpa, sufri la cosa, reservndose el dere-cho de pedir la determinacin de los frutos, deterioros e in-demnizaciones indicadas en la poca del cumplimiento del fallo y

e) que los demandados quedan condenados al pago de las cos - tas de la causa.

La demanda se tuvo por contes-tada en rebelda de los demandados. Sin embargo, al evacuar el trmite de la dplica, los demandados Medin a Elgueta solicitan el rechazo de la demanda, sosteniendo que el deman-dante no es titular del dominio sobre el inmueble objeto del litigio. Exponen que aqul slo pudo comprar mediante la escritura que invoca los derechos he-reditarios que pudieran corresponder a la cnyuge sobreviviente del causante, si los hubiera y, por consiguiente, tam-poco pudo adquirir el dominio sino sobre dichos derechos hereditarios. Fundamenta lo anterior en que quien comparece por los cedentes slo tena facultades para representar a la cn-yuge del causante, pero no a sus hijos, demandados de autos. Aseveran que



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la inscripcin de la posesin efectiva y la especial de herencia de su padre se han obtenido en forma irregular, ilcita y en desmedro de sus derechos como herederos legtimos en la suce-sin. As, afirman se ha incurrido en un vicio que desnaturaliza absolutamente la inscripcin especial de herencia que invoca el actor para enderezar su accin reivindicatoria. Los recurrentes hacen presente que las inscripciones, previstas en el artculo 688 del Cdigo Civil, no son una forma de tradicin, sino solemnidades toda vez que el dominio se transmite en estos autos slo por sucesin por causa de muerte.

2. La cuestin discutida

La recurrente fundamenta su recurso de casacin en el fondo en varias con-sideraciones, pero de ellas nos interesa la primera por la cual seala que el fallo impugnado ha sido dictado con infraccin de ley por cuanto el acto de enajenacin que se hizo del bien raz por el supuesto mandatario, Ri-cardo Andrs Ibez Contreras, le es inoponible, es decir, se trata de una inoponibilidad de fondo por falta de concurrencia. Ello se debe a que el mandato por el que operaba Mara Teresa Elgueta Ros no afectaba sus derechos hereditarios, por cuanto ellos no habran concurrido a otorgar el referido poder. La Corte Suprema razona, en los considerandos cuatro a duodcimo, acogiendo el recurso de casacin. Los fallos impugnados se basan en que la demandante habra obtenido la posesin efectiva y las inscripciones especiales de herencia, quedada al fallecimiento de Jorge

Eduardo Medina Pasqual, sobre el inmueble objeto del juicio. La resolu-cin del Juzgado de Letras de Angol concedi la referida posesin efectiva al cesionario de los derechos here-ditarios de la cnyuge sobreviviente Mara Teresa Elgueta Ros, de su hija Carolina del Pilar Medina y de su hijo Francisco Javier Medina Elgueta. Las sentencias recurridas sealan que el demandante prob el dominio del inmueble, toda vez que en el sistema registral nacional, el dominio de los inmuebles se prueba con la concurren-cia de un ttulo y un modo. Agregan que, en el caso especial de los bienes races, se requiere la correspondiente inscripcin en el Registro de Propie-dad del CBR. La Corte Suprema, en su considerando segundo, seala respecto de los fallos impugnados, que ellos se sustentan en que:

...las alegaciones de los deman-dados deben ser desestimadas por cuanto son materia de un juicio en que precisamente se ventile la eficacia y validez del mentado contrato, sea por va de la declaracin de inoponibi-lidad en el primer caso o, sea por va de la nulidad relativa por falta de formalidades habi-litantes en el segundo, para que una vez ello resuelto y acogido favorablemente a sus intereses, se prive de valor a los efec-tos propios de dicho vncu lo contractual. En el mismo sen - tido, razonan, una eventual ino - ponibilidad que no se alega por la va que confiere la ley, y una eventual nulidad que no se alega por los mismos medios en


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orden a obtener precisamente su declaracin judicial, no priva a la referida cesin de producir todos sus efectos ya que lleva en s una presuncin de validez que slo puede ser destruida por una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada que lo declare.

3. Aspectos relevantes del fallo de casacin

de la excelentsima Corte Suprema

El fallo de la Corte Suprema acoge los alegatos de la recurrente en torno a la inoponibilidad de las inscripciones por falta de concurrencia, y anula, por ende, la resolucin de alzada. La sentencia comienza refirindose a los antecedentes dogmticos conforme a los cuales se ha aceptado la inoponi-bilidad en Chile. As, el fallo, en su considerando cuarto precisa:

en torno a la figura sealada esta Corte ha tenido oportu-nidad de precisar en sentencia Rol N 6846-12, que aquella ...es una figura independiente de la validez, instituida con la mira de proteger a determina-dos terceros de los efectos de un acto o contrato en que no han tenido intervencin, por lo que podr ser alegada por quien se vea perjudicado por ese acto o contrato....

Agregando, en el mismo conside-rando:

...el desarrollo de esta ins-titucin ha sido netamente

doctrinario y jurisprudencial, pues nuestro Cdigo Civil no la trata sistemticamente e incluso ignora la terminologa que le es propia, al punto que ms que una teora general de la inoponibilidad, cuyos efectos se aprecian en las defi-niciones antes indicadas, lo que se puede intentar es agrupar los principales motivos que la generan (...) que ha sido tradicional en nuestra doctrina, pese a que, como ya apuntba-mos, nuestro Cdigo Civil no ha tratado sistemticamente la institucin, diferenciar en-tre inoponibilidad de forma, vinculada a la falta de formali-dades de publicidad, de la ino-ponibilidad de fondo, dentro de cuyas hiptesis se encuentra la de la venta de cosa ajena y los actos del mandatario que se excede de los lmites de las facultades que se le han con-ferido....

La Corte Suprema, especficamente respecto del caso en cuestin, seala que las sentencias recurridas desaten-dieron la inoponibilidad opuesta por la demandada, como excepcin en su dplica. El alto tribunal resuelve que los demandados al formular sus descargos han explicitado:

que no obstante ser herederos legtimos del causante Jorge Medina Pascual, el demandado ha obtenido en forma impropia y en perjuicio de los derechos que a ellos corresponda la



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posesin efectiva de su padre y la posterior inscripcin del inmueble hereditario. Refieren que el actor invoc un contrato de cesin de derechos al cual ellos no concurrieron con su voluntad, haciendo presente que quien suscribi tal docu-mento, en calidad de cedente, careca de facultades para re-presentarlos.

La Corte Suprema, adems, niega que la inoponibilidad deba oponerse nece-sariamente como accin, y, siguiendo con su raciocinio, se pregunta s la inoponibilidad es aplicable al caso sub lite. As, el fallo resuelve, en el consi-derando sptimo:

para dilucidar aquello resulta necesario examinar, primera-mente, el contrato de cesin de derechos (...), fechado 29 de octubre de 1999... Como co - rolario de esa observacin es posible realizar las siguientes afirmaciones: a) que a su sus-cripcin concurrieron don Pa tri- cio Andereya Latorre y don Ricardo Ibez Contreras, el primero en calidad de cesio-nario y el segundo en repre-sentacin de la cedente, doa Mara Teresa Elgueta Rojas; b) en la clusula primera de la escritura se consigna que esta ltima, junto a sus hijos me nores: Francisco y Carolina Medina Elgueta, es heredera de la sucesin intestada quedada al fallecimiento de su marido don Jorge Eduardo Medina

Pascual. La posesin efectiva de herencia del causante no se ha concedido ni tramitado; c) en la estipulacin segunda los comparecientes acuerdan que por ese acto la mencionada Elgueta Rojas vende, cede y transfiere al seor Andereya, los derechos hereditarios que le corresponden, o pueden co-rresponderle, a ella y a sus hijos menores, por cualquier causa, motivo o ttulo en la herencia intestada que se singulariza en la clusula anterior.

Seguidamente, al observar los trminos del contrato de mandato con el que actu el mencionado Ibez Contreras, fechado 19 de octubre de 1999 (...) es posible afirmar que de tal documento no aparece que al mandatario se le ha-yan otorgado facultades para comparecer en representacin de los recurrentes, hijos de la mandante Elgueta. Por consi-guiente, lo actuado por Ibez no ha podido obligar a quienes no le han entregado potestades suficientes para ello, por s, ni a travs de su representante legal, particularmente, para ceder los derechos hereditarios que a stos le corresponden.

Contina el razonamiento del sen-tenciador, en el considerando octavo, resolviendo que lo que ha operado respecto de los hijos es una venta de cosa ajena, que naturalmente no puede transferir ms derechos que los que tiene el cedente a travs de la cesin


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del derecho real de herencia. Lo que genera que se produzca una comuni-dad no deseada entre el cesionario, Patricio Fernando Andereya Latorre, y los hijos del causante, Francisco Javier y Carolina del Pilar, ambos de apellidos Medina Elqueta. Los dere-chos del cesionario provendran de la adquisicin que hiciera de los derechos que pudiera tener en la sucesin, la cnyuge del difunto, Mara Teresa Elgueta Ros. Finalmente, llegamos a lo que nos interesa por cuanto las ins-cripciones de la posesin efectiva y las especiales de herencia, consignadas en el artculo 688 del Cdigo Civil chileno, nos recuerda la Corte, no tienen una funcin de tradicin, ni menos consti-tutiva del dominio, sino simplemente una funcin de publicidad12. Concor-

12 En este sentido el fallo resuelve en su considerando dcimo: que si bien el de man-dante ha invocado como ttulo para jus tificar su dominio la inscripcin especial de herencia que rola a su nombre en el Conservador de Bienes Races, y que recae sobre el inmueble de autos, lo cierto es que aqul no es suficiente, toda vez que de lo hasta aqu razonado aparece que el actor carece del dominio absoluto so bre el inmueble que pretende reivindicar, com - partiendo, en cambio tal derecho, con los re cu-rrentes de autos.

Con todo, no puede olvidarse que las inscripciones del artculo 688 del Cdigo Civil no se requieren para que los herederos adquie-ran el dominio de los inmuebles here di tarios, desde que aqul lo consiguen por sucesin por causa de muerte, sin que sea necesario para que este modo opere sus efec tos, inscripcin alguna, aun cuando entre los bienes hereditarios existan inmuebles. As como tampoco son necesarias las inscripciones mencionadas para que los herederos adquieran la posesin de los bienes races hereditarios desde que aquella se obtiene por el slo ministerio de la ley, al decir del citado precepto, corroborado por el artculo 722 del Cdigo de Bello. El nico sentido de tales inscripciones radica en la necesidad de

damos con lo antes dicho por la Corte por cuanto el cesionario adquiere por sucesin por causa de muerte, slo los derechos que le transfiere el tradente, y naturalmente el tradente no puede traspasar ms derechos que los que tie-ne. En concreto, el cesionario slo ha adquirido los derechos sucesorios de la cnyuge suprstite y no de los hijos por cuanto la madre tiene limitaciones en torno a la representacin legal13, 14. Por todas estas razones la Corte Supre-ma desech la accin reivindicatoria, resolviendo, en el considerando und-cimo de la sentencia:

el actor no ha acreditado ser el dueo absoluto del inmue-ble que pretende reivindicar, la demanda intentada contra los dems copropietarios del mis-

mantener la historia registral de la propiedad raz.

13 En realidad esto ltimo se desprende del fallo, por cuanto, aun si la madre tuviese la patria potestad la enajenacin y gravamen de los derechos hereditarios del hijo requieren de autorizacin judicial con conocimiento de causa (arts. 254 y 400 del CC Ch). A este respecto, es especialmente relevante el artculo 254 del Cdigo Civil, que dispone: no se podrn enajenar ni gravar en caso alguno los bienes races del hijo, aun pertenecientes a su peculio profesional o industrial, ni sus derechos hereditarios, sin autorizacin del juez con conocimiento de causa.

14 Sin perjuicio de ello habra sido relevante poder determinar si la madre tena la patria potestad por cuanto en dicho evento la repre-sen ta cin que ejerci adolecera de nulidad ab soluta, lo que hace atendible el fallo de se gun da instancia que entiende que se debi soli citar la nulidad de la cesin. Si esta hubiese sido la situacin a considerar el caso analizado no sera un supuesto de inoponibilidad, sino necesariamente de nulidad.



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mo bien raz, no ha podido pros - perar,

y acto seguido dict la sentencia de reemplazo15.

15 La referida sentencia en sus partes con-si derativas es del siguiente tenor: 1.- Que se ha justificado en autos que los apelantes no han concurrido con su voluntad al acto de cesin de derechos hereditarios que consta en el documento de 29 de octubre de 1999, desde que la persona que lo suscribi por la parte cedente careca de facultades para representar a Francisco y Carolina, ambos de apellidos Medina Elqueta. De esta aseveracin se deviene que aqul carece de validez respecto de los recurrentes, resultndoles, en con-se cuencia, inoponible dicha cesin; 2.- Que, por consiguiente, es dable concluir que los dere chos hereditarios que corresponden a los demandados Medina Elgueta, y que por el contrato en co-mento aparecan cedidos, han permanecido en el patrimonio de estos ltimos, sin que hayan perdido el dominio sobre los mismos; 3.- Que, la sucesin quedada al falle cimiento de Jorge Medina Pascual se con forma por los apelantes, Francisco Javier y Carolina del Pilar, ambos de apellidos Medina Elqueta, en sus calidades de hijos le gtimos del causante, y por el actor Patricio Fernando Andereya Latorre, en su carcter de cesionario de los derechos que le pudieren corres - ponder a doa Mara Teresa Elgueta Ros, cnyuge sobreviviente del mencionado Medina Pascual; 4.- Que el inmueble que se pretende reivindicar corresponde a un bien que forma parte de la masa hereditaria quedada al fallecimiento del causante mencionado; 5.- Que, seguidamente, el ttulo invocado por el demandante para justificar la accin de reivindicacin enderezada en estos autos sobre el inmueble hereditario indicado, no tiene la virtud de otorgarle el dominio del bien raz objeto del litigio en exclusividad, correspondindole eventualmente, en cambio, solo una cuota en el mismo, aun sin identificar. La constatacin precedente es suficiente para desestimar la pretensin del actor desde que no se renen en el caso sub judice los presupuestos de la accin impetrada previstos en el artculo 889 del Cdigo Civil, particularmente, el dominio absoluto que reclama, como exigencia indispensable para obtener la restitucin que aspira.

bibliograFa citada

alESSandri R., Fernando (1999). Par-ticin de Bienes. Santiago: Editorial Jurdica Conosur Ltda.

FuEntES olmoS, Jessica (1998). El De-recho de Propiedad en la Constitucin y la Jurisprudencia, Santiago de Chile. Santiago: Editorial Jurdica ConoSur Ltda.

15 La referida sentencia en sus partes con-si derativas es del siguiente tenor: 1.- Que se ha justificado en autos que los apelantes no han concurrido con su voluntad al acto de cesin de derechos hereditarios que consta en el documento de 29 de octubre de 1999, desde que la persona que lo suscribi por la parte cedente careca de facultades para representar a Francisco y Carolina, ambos de apellidos Medina Elqueta. De esta aseveracin se deviene que aqul carece de validez respecto de los recurrentes, resultndoles, en con-se cuencia, inoponible dicha cesin; 2.- Que, por consiguiente, es dable concluir que los dere chos hereditarios que corresponden a los demandados Medina Elgueta, y que por el contrato en co-mento aparecan cedidos, han permanecido en el patrimonio de estos ltimos, sin que hayan perdido el dominio sobre los mismos; 3.- Que, la sucesin quedada al falle cimiento de Jorge Medina Pascual se con forma por los apelantes, Francisco Javier y Carolina del Pilar, ambos de apellidos Medina Elqueta, en sus calidades de hijos le gtimos del causante, y por el actor Patricio

Fernando Andereya Latorre, en su carcter de cesionario de los derechos que le pudieren corres - ponder a doa Mara Teresa Elgueta Ros, cnyuge sobreviviente del mencionado Medina Pascual; 4.- Que el inmueble que se pretende reivindicar corresponde a un bien que forma parte de la masa hereditaria quedada al fallecimiento del causante mencionado; 5.- Que, seguidamente, el ttulo invocado por el demandante para justificar la accin de reivindicacin enderezada en estos autos sobre el inmueble hereditario indicado, no tiene la virtud de otorgarle el dominio del bien raz objeto del litigio en exclusividad, correspondindole eventualmente, en cambio, solo una cuota en el mismo, aun sin identificar. La constatacin precedente es suficiente para desestimar la pretensin del actor desde que no se renen en el caso sub judice los presupuestos de la accin impetrada previstos en el artculo 889 del Cdigo Civil, particularmente, el dominio absoluto que reclama, como exigencia indispensable para obtener la restitucin que aspira.


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