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APUNTES SOBRE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA.

Omar Ahumada Mora

Facultad de Derecho

Universidad Central de Chile.

La tica en la gestin municipal est ciertamente inserta en

el marco de los conceptos, doctrina y normas jurdicas que regulan la funcin

pblica, que incluye a todas las entidades de la Administracin Central y

Descentralizada, con algunas especificidades de acuerdo a sus caractersticas

propias derivadas de su tradicional naturaleza participativa y autnoma, desde sus

ms remotos orgenes.

El marco tico alude a la existencia de un sistema normativo

de orden moral, como un conjunto de intereses de la vida en comunidad y de la

paz social, a travs de principios y valores que orientan la necesidad de un actuar

correcto y deseable en la administracin de los asuntos pblicos. Precisamente,

por estimarse socialmente deseable para la convivencia y paz social, se elevan a

la categora de obligatorias y coercibles, es decir, alcanzan el rango de normas

jurdicas.

As, el imperativo tico interno y autnomo, se impone bajo la

forma de una obligacin exteriorizada, derecho, deber o consecuencia jurdica

exigibles, expresado a travs de los procedimientos y mecanismos

constitucionales.

Los gobiernos republicanos y democrticos, a partir de una

Constitucin Poltica, han desarrollado la proteccin de las garantas individuales,

los derechos polticos, el concepto de inters pblico o general; los principios de

responsabilidad del Estado; la divisin del poder y la pluralidad poltica; la

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independencia de los sistemas de control; la rendicin de cuentas; el control

ciudadano y la transparencia de la funcin pblica.

Varias son las figuras que el derecho ha tipificado como

infractoras de la tica pblica, no solo desde el punto de vista administrativo sino

tambin de ndole penal, y creemos que hay an modalidades que requieren

atencin por la influencia que malas prcticas en el uso del poder de mando,

influyen en la distorsin que se logra a travs de la intimidacin y la falta de

respeto a la dignidad de la funcin, que en algunos casos despersonaliza o anula

el correcto ejercicio del cargo, para obtener resultados a toda costa, sin eficiencia

en los medios y sin ajustarse a los mecanismos que velan por el inters pblico.

En ello tiene por cierto una gran importancia el

fortalecimiento de las unidades de control interno, y el agravamiento de las

responsabilidades por el mal uso de las facultades discrecionales y de los

mrgenes de flexibilidad que entrega la ley, que paradjicamente, bien usadas son

tan importantes para una gestin ms moderna, proactiva e innovadora.

La esencia de la conducta infractora est en la violacin de

un deber jurdico, y es ms que una irregularidad legal, sino que adems rompe el

vnculo jurdico que se le asigna a una persona a travs de una investidura, para

tomar decisiones que afectan al conjunto de la comunidad, Por lo tanto se

sobrepasa el marco de la legalidad y se involucra adems el campo de la

legitimidad.

La legislacin administrativa ha avanzado decididamente en

los ltimos aos para transparentar la gestin pblica, para facilitar la participacin

y control ciudadano, para regular procedimientos en que la discrecionalidad resulta

un riesgo. Dos estrategias legislativas opuestas utiliza el legislador para orientar la

gestin a mejores resultados orientados al bien comn:

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a) Criterio de mayor flexibilidad y discrecionalidad para entregar opciones de

decisin, que permitan una gestin adecuada a las caractersticas del

entorno interno y externo de la organizacin municipal; mecanismos de

incentivos al mejoramiento de la gestin.

b) Criterio restrictivo de carcter racional-prescriptivo: Regulacin ms

acotada de conductas infractoras; de procedimientos en que la falta de

claridad permita generar situaciones de riesgos; exigencias de rendicin de

cuentas, agravamientos de responsabilidad; mejoramiento de mecanismos

de control y publicidad de actos administrativos.

Cinco son a nuestro juicio los factores ms relevantes en las

malas prcticas que afectan gravemente la dimensin tica en la gestin pblica y

municipal:

1.- El abuso o desviacin de poder y el monopolio de la decisin;

2.- La cultura de una tica permisiva, respaldada por la impunidad;

3.- El mal uso de la discrecionalidad de la decisin, sin un sistema de control

adecuado tanto en la fundamentacin de los actos administrativos como respecto

de sus resultados.

4.- La falta de responsabilidad por la decisin pblica, sin que se agraven

proporcionalmente las consecuencias negativas para los infractores, con motivo

de las irregularidades; y

5.- Controles sociales dbiles o inexistentes; apata de la comunidad en la lgica

de una cultura permisiva. Falta de ejercicio de la participacin ciudadana y de

apoyo institucional para que sta se conduzca dentro de procedimientos

conducentes.

El Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo Humano

en Chile, deca hace algunos aos lo siguiente: En las ltimas dcadas del siglo

XX ya se observa una ruptura con la construccin poltico-estatal de un imaginario

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pblico, desplazado por un imaginario privado. Tal privatizacin obedece,

asimismo, a una construccin poltica. Si antes haca pi en la intervencin estatal

para ampliar el mbito pblico, ahora consagra la experiencia del mercado,

haciendo del individuo la figura central del nuevo imaginario. Proceso paradjico,

en realidad, pues despoja a la poltica del universo imaginario que sustenta su

accin. Lo pblico no desaparece por cierto; toma otras formas. Y agrega

adems, esa transformacin de lo pblico incide sobre la experiencia que puedan

tener las personas de la convivencia social. Queda instituida una especie de

imaginario de mercado que brinda poderosas motivaciones a la libertad individual,

a la toma de decisiones y a las responsabilidades individuales.

Sin embargo, aunque este impulso a la individualizacin

genera una rica diversidad de la vida social, el imaginario dominante entrega

pocas claves para vislumbrar y vivenciar lo social. De afianzarse tales tendencias,

podra haber consecuencias desfavorables para el Desarrollo Humano. Los

individuos privados no slo careceran de aquel espacio pblico que les permite

conversas sus diferencias y articular la nueva diversidad, sino que tambin

dispondran de escasas capacidades para elegir y realizar el tipo de vida que

quieren llevar.

Enfrentamos as nuevos paradigmas sociales, que inciden en

la relacin de las personas con el Estado, y en algunos casos, en el

comportamiento de estas cuando se incorporan a las administraciones privadas y

pblicas.

Como se enunciaba con anterioridad, en el caso de la

legislacin municipal chilena, adems de las normas legales de general aplicacin

en la Administracin Pblica, se han dictado normas en las siguientes reas con el

mismo propsito de fortalecer la probidad de la gestin, la publicidad y

transparencia; y control:

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- Mecanismo de remocin de alcaldes por notable abandono de deberes,

ante los Tribunales Electorales Regionales; y por graves falta a la

Probidad, incluyendo en este caso tambin a los concejales.

- Refuerzo de las facultades fiscalizadoras del Concejo Municipal y

mayores posibilidades de acceder a informacin de la gestin, mediante

la obligatoriedad de recibir peridicamente informes sobre materias

presupuestas, financieras y de personal;

- Normas ms restrictivas para fundamentar contrataciones a honorarios;

- Posibilidad de auditorias externas;

- Cuenta Pblica del Alcalde.

- Mejoras en la proteccin de la labor de control interno, a travs de

mayor ingerencia del Concejo en la seleccin del Jefe de la unidad y de

la estabilidad del personal de la unidad.

Algunas de estas medidas son an insuficientes en las

mismas materias, ya que en algunos casos no existen mecanismos para hacer

efectivas ciertas responsabilidades administrativas, como es el caso del alcalde.

Por cierto, la normativa general dictada en el ltimo tiempo

en materia de suministros, contrataciones administrativas, publicidad y acceso a la

informacin, procedimientos administrativos, declaraciones de patrimonio y de

intereses, inhabilidades, y otras, contribuyen en el mbito municipal para disminuir

los riesgos de actos ilegales, desviados o arbitrarios.

Por ello, estimamos necesario en esta dimensin, impulsar

los siguientes temas:

- Agilizar el trmite legislativo del proyecto de Defensor Ciudadano.

- Mayor difusin sobre los derechos de los ciudadanos y fomentar su

participacin en el control de la gestin pblica.

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- Fortalecer la autonoma del control interno de los servicios pblicos, y

una mayor vinculacin con la Contralora General de la Repblica.

- Agravamiento de las responsabilidades por faltas a la probidad,

haciendo aplicable en toda su extensin la amplitud y complejidad de

este concepto, en directa relacin con la definicin legal del inters

general en la Ley Orgnica Constitucional de Bases de la Administracin

del Estado.

Concepto de corrupcin:

Se entiende por corrupcin como una prctica o fenmenos

que supone el uso o abuso de poderes o funciones pblicas para generar

indebidamente riquezas o beneficios privados. De este modo, esta actividad puede

ser meramente espordica o un fenmeno endmico focalizado en cierta rea u

rgano de la Administracin. De esta manera, puede convertirse en un problema

de carcter estructural, institucionalizada y tambin enraizada y tolerada en la

sociedad, con grados de tolerancia.1

Por lo general, la corrupcin involucra a agentes pblicos y

tambin a sujetos del mbito privado, que en ciertos casos tambin desarrollan

prcticas negativas en materia de responsabilidad y tica empresarial, afectando a

otros sujetos del mismo orden, obteniendo ventajas extraordinarias fuera de una

limpia competencia.

e. Puede situar el cuadro de texto en cualquier lugar del documento. Utilice la ficha Herramientas de cuadro de texto para cambiar el formato del cuadro de texto

de la cita.]

1 Informe de Reunin Regional Transparencia Internacional. 2004.

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El fenmeno de la corrupcin puede tener niveles territoriales

desde lo local hasta caractersticas internacionales, y la lucha anti corrupcin

sigue distintas estrategias en cada caso. Es necesario destacar la situacin de

algunos pases que tienen un alto nivel instalado de corrupcin, y la actitud de las

empresas internacionales ante esta situacin. En efecto, las entidades privadas

tienden a adecuarse a las caractersticas de la corrupcin existente en el lugar en

que se instalan a ejercer sus actividades.

Qu es la tica Pblica?

La tica es una rama de la filosofa que estudia la vida moral

del hombre. Se centra en el comportamiento de la persona y, por ende, en su

conducta responsable. 2 Estudia la verdad ltima acerca del sentido de la vida

humana, reflexionan sobre el significado ltimo y profundo de la vida moral y se

pregunta por el fin que persigue el hombre en su vivir, para determinar, a partir de

esa meta, aquellos comportamientos por los cuales podr alcanzar su felicidad. El

mbito de la realidad estudiado por la tica est constituido por la persona

humana, considerada en el ser y en la configuracin virtuosa o viciosa que se da a

s misma.

La tica es una disciplina normativa que no se limita a

contemplar y valorar los actos humanos sino que diferencia lo que es de lo que

debe ser. De este modo, los parmetros que impone estn en relacin con lo que

es bueno o lo que es malo. De este modo, tiene el propsito de formar normas y

criterios que puedan constituir una orientacin para el ejercicio responsable de la

libertad personal.

De este modo, es tambin un saber prctico porque no solo

se refiere a las acciones, sino porque es un conocimiento que acompaa y dirige

la accin.

2 Diccionario Wikipedia.

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De esta manera, la tica est presente tanto en el mbito

privado del sujeto, como en su actuacin como agente del Estado, cuyo objetivo

fundamental es el bien comn y el resguardo de los intereses generales. As, sus

imperativos morales trascienden su propia persona e incorporan obligadamente en

sus propsitos, deberes que emergen de su posicin funcionaria orientando su

comportamiento al cumplimiento del fin que sustenta y legitima la estructura

poltica administrativa, en la obtencin del bienestar de la comunidad, que

entonces ya es propia y tambin su objeto fundamental de su comportamiento en

el ejercicio de sus actividades pblicas.

Sin embargo, la tica importa a la persona, ya sea que acte

en el mbito privado o pblico, diferencindose solo en cuanto a su posicin frente

a otros, como un integrante de una sociedad o como un servidor pblico que

gestiona intereses de otros sujetos individuales, o que constituyen una comunidad

o colectivo.

De esta manera, la tica pblica tiene una mayor

especificidad en el concepto de Probidad Administrativa, ya que en este caso se

alude al conjunto de rganos que integran la estructura de la Administracin del

Estado, es decir el Poder Ejecutivo. Por cierto, la tica pblica tendr sus propias

modalidades en relacin al comportamiento de los integrantes de los otros

Poderes del Estado.

La Probidad Administrativa en el Derecho Chileno.

El artculo 8 de la Constitucin Poltica establece que el

ejercicio de las funciones pblicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento

al principio de probidad en todas sus actuaciones. Y en su inciso segundo, indica

que son pblicos los actos y resoluciones de los rganos del Estado, as como sus

fundamentos y los procedimientos que utilicen.

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Por su parte, el artculo 13 de la Ley 18,575 Orgnica

Constitucional de Bases de la Administracin del Estado, dispone lo siguiente:

Los funcionarios de la Administracin del Estado

debern observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las

normas legales generales y especiales que lo regulan.

La funcin pblica se ejercer con transparencia, de

manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos,

contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de

ella.

Pues bien, la pregunta es en qu consiste este principio y

para tal efecto nos atenemos en primer lugar a lo que seala el Diccionario de la

Real Academia Espaola, que identifica este trmino con honradez, es decir

rectitud de nimo, integridad en el obrar.

Nuestra legislacin tiene un acercamiento similar al referirse

a este principio en el artculo 52 inciso segundo de la referida Ley de Bases de la

Administracin del Estado, cuando expresa :

El principio de probidad administrativa consiste en observar

una conducta funcionaria intachable y un desempeo honesto y leal de la funcin

o cargo, con preeminencia del inters general sobre el particular.

Similar definicin hacen los artculos 61 letra g) del Estatuto

Administrativo para Funcionarios Pblicos; y 58 letra g), del Estatuto

Administrativo para Funcionarios Municipales.3

Esta definicin tiene los siguientes elementos:

3 Ley 18.834 y Ley 18.883, respectivamente.

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a) Prescripcin normativa sobre el comportamiento que

debe tener el servidor pblico, de cumplimiento irrestricto de los deberes y

obligaciones que le impone su condicin. Para ello, debe ajustarse a la ley

en las tareas que le corresponde y al ejercicio recto de sus atribuciones.

Este comportamiento no debe ser objeto de reproches en la correccin,

oportunidad y mrito de sus actos, los que deben estar orientados a las

finalidades del rgano pblico.

b) El funcionario se vincula directamente con el objetivo

ltimo que justifica la existencia del Estado, que es la obtencin del bien

comn. Por lo tanto, es un agente de ese propsito general y lo hace propio

al ejercer la funcin pblica, de manera que hacindose parte de esa

finalidad, debe actuar en forma recta y comprometida. Su actuacin debe

ser honesta, con respeto a la ley y a los derechos de las personas,

desprovista de intenciones desviadas, y con un slido propsito de cumplir

adecuadamente, de manera eficiente y eficaz.

c) La preeminencia del inters general sobre el particular

tiene que ver con la satisfaccin de la causa de la vida en sociedad,

creando un sentido de comunidad que releva los intereses compartidos

para dar a ellos un significado predominante, representando valricamente

un nivel jerrquico superior en tanto afecta a un grupo de personas superior

en nmero al individuo.

El inters general es un valor que representa una voluntad y

un sentir colectivo vinculado con el bien comn, que se canaliza

institucionalmente, de manera legtima, formalizada y aceptada, a travs de los

procedimientos de expresin de quienes ejercen la soberana en una

Repblica, y que de esa manera se regula el comportamiento de sus

integrantes en sus diversas relaciones.

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Esta modalidad poltica institucional permite la creacin de

espacios de construccin de la dimensin pblica, que tiene que ver con lo que

nos interesa a todos, o a una gran mayora, porque ello mantiene la cohesin

como conglomerado. Ello se obtiene, desde luego, no solo con la conciencia

del deber ser, sino que a travs de un ordenamiento jurdico.

Normas de probidad para el ingreso a la administracin

pblica.

El ordenamiento jurdico contiene diversas disposiciones

para evitar el ingreso a la Administracin de personas que se encuentran en una

condicin que contradice o pone en riesgo el principio de probidad. De este modo,

configura una serie de inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades, de

manera que los agentes pblicos tengan la idoneidad moral y cvica suficiente

para mantener un comportamiento recto en el ejercicio de sus funciones, adems

El inters general exige el empleo de medios idneos de diagnstico, decisin y control, para concretar, dentro del orden jurdico, una gestin eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder pblico por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecucin de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad tica y profesional de la administracin de los recursos pblicos que se gestionan; en la expedicin en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la informacin administrativa, en conformidad a la ley. Art. 53. Ley 18.575 Orgnica Constitucional de Bases de la Administracin del Estado

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de otros requisitos vinculados con las aptitudes educacionales y de formacin

profesional, con la salud, y con el cumplimiento de deberes cvicos.

- Haber cesado en un cargo pblico por mala calificacin o por destitucin.

Estas personas no pueden ingresar a la Administracin

sino cuando hayan transcurrido cinco aos desde que se produjo la expiracin de

funciones por calificacin deficiente, quedando sin efecto la inhabilidad. En el caso

de la destitucin, adems de haber transcurrido cinco aos, se requiere de un acto

administrativo de rehabilitacin, mediante la dictacin de un decreto supremo

suscrito por el Presidente de la Repblica y el Ministro de la cartera de la que

dependa o con la que se relacionaba la entidad en que prestaba servicios el

interesado.

La rehabilitacin no es un derecho, sino una facultad del

Presidente de la Repblica, por lo cual no es un mero trmite, ya que requiere una

ponderacin de los antecedentes para estimar procedente la solicitud del

interesado, quin debe solicitar este beneficio. No opera de oficio. Por cierto, para

postular a un nuevo cargo, debe cumplir cabalmente todos los requisitos generales

y especiales para ejercer la funcin correspondiente.

De este modo, la destitucin es una pena o sancin que

no solo involucra la desvinculacin del funcionario infractor de las funciones que

ejerce como servidor de la Administracin, sino que adems se agrava la

responsabilidad administrativa con una inhabilidad para reingresar a tal relacin

con el Estado, de manera que esta pena cumple, en el ejercicio de la potestad

punitiva de la Administracin, su rol retributivo, inhibidor, ejemplarizador y

educativo, de manera que ella sea la consecuencia negativa y el reproche que

debe sufrir el infractor con un justo merecimiento, que se extiende a su posicin

social y econmica; para que lo inhiba de incurrir en situaciones similares en el

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futuro; para que sirva de ejemplo para asumir un nuevo comportamiento personal

en los mbitos en que se desempee; y sirva de testimonio reprobatorio ante otros

funcionarios, a fin de reafirmar el imperativo de los deberes que deben cumplir.

- Haber sido condenado por crimen o simple delito o inhabilitacin para

ejercer funciones o cargos pblicos.

Al incurrir una persona en alguna de estas situaciones,

pierde la calidad de funcionario pblico y no le est permitido el ingreso a la

Administracin (Art. 54 letra c) de la Ley 18.575). En todo caso, si por aplicacin

de los dispuesto en el artculo 1 del Decreto Ley N 409 del ao 1932, el afectado

puede solicitar la eliminacin de sus antecedentes penales, en tanto hayan

transcurrido entre dos y cinco aos del cumplimiento de la pena y se presenten

antecedentes de buena conducta.

De este modo, al eliminarse tales antecedentes en sus

certificados, puede optar nuevamente a un empleo o cargo pblico.

Respecto de aquellas personas que reciban el beneficio de

medidas alternativas de remisin condicional de la pena, reclusin nocturna y

libertad vigilada, y no hubiesen sido condenadas anteriormente por crimen o

simple delito, esta inhabilidad no se aplica.

La jurisprudencia de la Contralora General seala que la

persona que ha sido condenada por crimen o simple delito de accin pblica y

luego es indultada no puede ingresar a un empleo pblico, dado que al mantener

la calidad de condenado no cumple con el requisito de idoneidad moral

contemplado en el artculo 12 letra f) del Estatuto Administrativo. (Dictamen 25.082

de 2001.). Es necesario tambin hacer el alcance que la inhabilidad no alcanza a

situaciones de cuasidelitos o infracciones que no sean calificados por la ley como

crimen o simple delito.

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Personas que se ven afectadas por conflictos de inters.

La Ley Orgnica Constitucional de Bases de la

Administracin del Estado contempla adems, tres situaciones de impedimento o

inhabilidad para incorporarse a la Administracin:

- Personas que tengan vigente o suscriban, por s o por

terceros, contratos o cauciones ascendentes a 200 UTM o ms, con el respectivo

organismo de la Administracin del Estado, y los directores, administradores,

representantes y socios titulares del 10% o ms de los derechos de cualquier

clase de sociedad que est en la misma situacin. (Art. 54 letra a) Ley 18.575)

- Personas que tengan litigios pendientes contra la

institucin de que se trata, a menos que se refieran al ejercicio de derechos

propios, de su cnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Estas prohibiciones rigen tambin

para los directores, administradores, representantes y socios titulares del 10% o

ms de los derechos de cualquier clase de sociedad que tengan litigios pendientes

contra el organismo al que se postula. (Art. 54 inciso 2 de la letra a) Ley 18.575)

- Personas que sean familiares de las autoridades y de

los funcionarios directivos del organismo de la Administracin al que postulan,

hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive. Concretamente,

las personas que tengan la calidad de cnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta

el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive. No se aplica

tratndose de familiares de Ministros de Estado. (art. 54 letra b Ley 18.575)

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Situacin de personas con drogo dependencia.

Las personas que tuviesen dependencia de sustancias o

drogas estupefacientes o sicotrpicas ilegales, no pueden asumir funciones de

Subsecretario, Jefe Superior de Servicio o directivo superior de un rgano u

organismo de la Administracin del Estado, hasta el grado de jefe de divisin o su

equivalente.

La declaracin de intereses y de patrimonio.

En resguardo del principio de probidad y de manera de tener

antecedentes objetivos sobre la situacin del funcionario al ingresar a la

Administracin del Estado, que permita establecer eventuales enriquecimientos

ilcitos que se reflejen posteriormente en su patrimonio, y que pudieren tener como

origen la instrumentalizacin de sus funciones, influencias, atribuciones o

informaciones reservadas, para beneficio personal, la ley exige la declaracin de

intereses y de patrimonio. De esta manera, transparenta as la forma en que el

funcionario obtiene recursos econmicos y establece la coherencia con su

patrimonio, previniendo tambin conflictos de intereses.

1.- La declaracin de intereses.

Esta declaracin deben realizarla de manera formal y

personal las autoridades y funcionarios que indica la ley, suscribiendo un

documento en el cual individualizan las actividades profesionales y econmicas en

que participe.

Estn obligados a efectuar esta declaracin el Presidente de

la Repblica, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Intendentes y

Gobernadores, los Secretarios Regionales Ministeriales, los Jefes Superiores de

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Servicio, los Embajadores, los Consejeros del Consejo de Defensa del Estado, el

Contralor General de la Repblica, los oficiales generales y oficiales superiores de

las Fuerzas Armadas y niveles jerrquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y

Seguridad Pblica, los Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales.

Esta declaracin debe presentarse dentro del plazo de treinta

das contado desde la fecha de asuncin del cargo.

La obligacin tambin recae sobre las dems autoridades y

funcionarios directivos, profesionales, tcnicos y fiscalizadores de la

Administracin del Estado que se desempeen hasta el nivel de jefe de

departamento o su equivalente.

La presentacin de esta declaracin no exime de la

obligacin de presentar independientemente la declaracin de patrimonio.

Formalidades de la declaracin:

a) La declaracin ser pblica;

b) Debe actualizarse cada cuatro aos, y cada vez que ocurra un hecho

relevante que la modifique.

c) Se presenta en tres ejemplares autentificados al momento de su

recepcin, por el ministro de fe del rgano u organismo a que pertenezca

el declarante, o, en su defecto, ante notario pblico.

d) Uno de los ejemplares debe enviarse a la Contralora General de la

Repblica o a la Contralora Regional, segn corresponda, para su

custodia, archivo y consulta.

e) Otro ejemplar se depositar en la oficina de personal del rgano u

organismo que los reciba.

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f) El tercer ejemplar se devolver al interesado. Este ltimo ejemplar que se

entrega al interesado tendr constancia de su recepcin y fecha.

2.- Declaracin de patrimonio.

Sin perjuicio de la declaracin de intereses a que nos

referimos precedentemente, las mismas personas sealadas a su respecto,

debern adems hacer una declaracin de patrimonio.

Adems de las autoridades y funcionarios aludidos, tambin

debern hacer esta declaracin todos los directores que representen al Estado en

las empresas a que se refiere la Ley 18.046 sobre Sociedades Annimas, en su

artculo 37 incisos tercero y quinto.

Esta declaracin debe comprender adems los bienes del

cnyuge de las personas a que se refiere el prrafo anterior, siempre que estn

casados bajo el rgimen de sociedad conyugal. No obstante, si el cnyuge es

mujer, no se considerarn los bienes que sta administre de acuerdo a los

artculos 150, 166 y 167 del Cdigo Civil.

Infracciones al Principio de Probidad:

De esta manera, despus de estas definiciones ya aludidas

anteriormente, la Ley 18.575, sobre Bases Generales de la Administracin del

Estado, en su artculo 62, tipifica de manera clara las conductas que estima graves

contravenciones al principio comentado:

1. Usar en beneficio propio o de terceros la informacin reservada o privilegiada a

que se tuviere acceso en razn de la funcin pblica que se desempea;

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2. Hacer valer indebidamente la posicin funcionaria para influir sobre una persona

con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para s o para un

tercero;

3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institucin, en provecho

propio o de terceros;

4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o

recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los

institucionales;

5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razn del cargo o funcin, para s o

para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.

Exceptanse de esta prohibicin los donativos oficiales y protocolares, y aquellos

que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesa y buena educacin.

El millaje u otro beneficio similar que otorguen las lneas areas por vuelos

nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y

que sean financiados con recursos pblicos, no podrn ser utilizados en

actividades o viajes particulares;

6. Intervenir, en razn de las funciones, en asuntos en que se tenga inters

personal o en que lo tengan el cnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo,

participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste

imparcialidad.

Las autoridades y funcionarios debern abstenerse de participar en estos asuntos,

debiendo poner en conocimiento de su superior jerrquico la implicancia que les

afecta;

7. Omitir o eludir la propuesta pblica en los casos que la ley la disponga;

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8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el

desempeo de los cargos pblicos, con grave entorpecimiento del servicio o del

ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administracin, y

9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las

que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se

constatare su falsedad o el nimo deliberado de perjudicar al denunciado.

------Nov. 2010.