APUNTES MEZA - LA CONCIENCIA POLITICA CHILENA DURANTE LA MONARQUIA.

CAPITULO IX

La convicción de que el pueblo era fin del poder se potencia desde el siglo XVII cuando las relaciones

del reino con el poder se plantean en términos JUSNATURALISTAS. Las relaciones entre vasallos y

autoridad se fundaban en las virtudes del monarca: piedad, justicia y paternal amor. Francisco Núñez de

Pindea y Bascuñán escribe en su "Cautiverio Feliz" sobre el exceso de leyes que permiten el abuso de las

autoridades en las colonias. Para el, basta con el "derecho natural". Durante el XVIII se comienza a

utilizar más este recurso. Cuando el gobernador Amat prohíbe la venta de vino a los indígenas fronterizos,

los milicianos de Arauco reclaman a través del derecho natural.

La difusión del planteamiento iusnaturalista eleva al pueblo en las relaciones con la autoridad. Durante el

XVII, la significación política del pueblo deriva de la obligación divina que tiene el rey de servirle a este

y, por lo tanto, su beneficio deriva de la dependencia trascendente y ultraterrena del poder. Ahora, los

actos del poder se concebían predominantemente determinados por el interés del pueblo. Unifican la

dualidad de INTERES DEL REINO y REAL SERVICIO: el rey debe ser el intérprete de ese interés y su

realizador. Con este planteamiento se reduce la libertad del rey frente al reino. Ya no es piedad ni amor

paternal, sino más bien OBLIGACION, RESPONSABILIDAD, TAREA. Las solicitudes para permitir el

ingreso de esclavos negros y otras mercancías desde Buenos Aires al rey del año 1705 solicitan haciendo

hincapié en el "real servicio" que el rey debe para sus posesiones, por lo que todo alivio debería ser

facilitado por Su Majestad. En 1726 se realiza una petición para que se hunda una universidad real para

educación de sus patricios, siempre bajo la figura de la "vindicta pública".

Es más, para algunos sectores el bien del pueblo está en que la autoridad respete algunas normas precisas

de orden racional. Así, por ejemplo, en materia tributaria y comercial, al rey ahora se le atribuye una

aptitud y responsabilidad nueva: la RAZON, la que limitaba los límites en que debía ejercerse el poder.

Existe con ello más argumentación que ruego. La difusión de la política iusnaturalista de bases

universales y objetivas a las relaciones entre pueblo y poder, disminuyendo la eficacia de los MERITOS

HEREDADOS desplazándolo en la defensa de intereses populares.

Junto a esta perspectiva convive la teoría tradicional de poder real, basada en el PATRIMONIO REAL.

Se alude a las antiguas virtudes políticas del rey: justiciero, piadoso, clemente y liberal. El rey nos

mantiene en paz y justicia. Cuando en 1707 se aprueba la orden de traslado de indios aprisionados en

guerra a encomiendas, se argumenta que dicho movimiento se da para poner a los naturales bajo las

órdenes de un rey lleno de piedad. Aun durante el XVIII las peticiones del Cabildo al rey son realizadas

en un lenguaje sumamente enaltecedor, acudiendo a la piedad y magnanimidad del regente. Se señala en

algunos momentos que la buena voluntad del príncipe es menoscabada por la autoridad local, que en sus

puestos desatienden las peticiones reales y populares buscando siempre el beneficio propio: el despotismo

es un fenómeno que cada vez más se repite en los puestos administrativos. Para los criollos, la mejor

forma de aumentar el erario era estimular a los súbditos, y la constante alza de impuestos por parte de la

corona y las autoridades locales iba en directo perjuicio de ello. Es propio oficio del rey hacer justicia del

abuso de los jueces locales hacia el "pueblo oprimido". Los vasallos, se cree, rinden mejor a un rey que es

magnánimo, pues, como vicario de Cristo, es el que mejor puede mantener en felicidad y justicia a estos.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII llegan una serie de funcionarios y resoluciones reales que

vienen a potenciar la presencia monárquica en las colonias, sobre todo sobre los cabildos de las ciudades.

El gobernador Domingo Ortiz de Rozas comienza a revisar las finanzas del Cabildo de Santiago,

reduciendo salarios y eliminando funcionarios. Para Meza, el Cabildo le entrega importancia política al

pueblo, ello siempre en base al carácter privado que por mucho tiempo tuvo la conquista. A pesar de que

no era un carácter que se remarcara, siempre estuvo relacionado a esa idea. Atentar contra la estructura

del Cabildo era reducir el campo de acción de la nobleza en cuando a la disposición de los recursos. Estas

prácticas de regulación por parte de la monarquía eran vistas como ATENTATORIA DE SUS

PRIVILEGIOS. A pesar de que la Real Audiencia siempre tuvo una facultad fiscalizadora, el Cabildo de

Santiago, por la nobleza de sus vecinos y por ser la capital el reino, siempre gozo de cierta libertad. El

Cabildo, obviamente, anula las medidas tomadas por estos nuevos administradores, señalando que la Real

Audiencia no tiene jurisdicción en temas del Cabildo y que además el mismo Pedro de Valdivia había

entregado los beneficios como representante del rey.

El fiscal señala que, por ejemplo, el Oidor es una personero encargado fiscalizar las finanzas del Cabildo

en nombre del rey, por lo que si tiene jurisdicción para ordenar el presupuesto. Además, señala que los

alegatos del cabildo son frívolos, pues desconocen la autoridad del Gobernador. El Cabildo, derrotado,

acude al rey pidiendo piedad pero al mismo tiempo instándolo a respetar su compromiso de gratificar a

las ciudades y cabildos, como lo había dicho en 1748. Lo mismo sucede con el Cabildo de Chillan.

Poco después de restringir ciertos privilegios del Cabildo, en 1753 el Gobernador instaura el ESTANCO

DEL TABACO. Ello calo hondo en los nobles productores y miembros del Cabildo, quienes acuden al

Virrey de Perú pero sin frutos. Posteriormente instan al Gobernador y a los delegados del estanco que les

entreguen copias oficiales de dichos documentos, solicitudes que fueron denegadas. Así, el Cabildo apelo

a la violación del derecho natural de "apelación al soberano" y "violación a la protección del rey a sus

vasallos". Ahora, no siempre fueron favorables los supuestos de suplicación, por lo que tampoco siempre

fue alta la idea de dignidad del pueblo.

Meza señala que a diferencia de la nobleza, la PLEBE resistía las resoluciones y las iniciativas de los

gobernadores que le perjudicaban violenta y tumultuariamente. A fines del gobierno de Domingo Ortiz de

Rozas, la plebe se amotino contra el estanco del tabaco. La plebe asalto la casa del Gobernador y apedreo

a los oidores, por lo que Amat pidió formar un ejército profesional para terminar con los amotinados, que

fue compuesto con lo MÁS NOBLE DEL PUEBLO. La situación se fue agravando cada vez más hacia

1766, donde se amenazaba con el fin del estanco asaltando la casa de sus administradores y hurtando el

dinero que en ella se encontrara. La Real Audiencia se encontraba inundada de afiches y carteles en

contra del estanco.

La expulsión de los Jesuitas y de su doctrina de soberanía popular no termino para nada con estas ideas.

El estado organiza una represión a dichas ideas, planteando ante ello las doctrinas del concilio de

Constanza de 1415 y que condenaba el tiranicidio y regicidio. Cuando el gobernador Gull comienza a

centralizar el cobro de impuestos en la Contaduría Mayor de Cuentas, su director se da cuenta de que el

cobro de almojarifazgo y alcabala era negativo para el erario fiscal si se hace por arrendamiento, pues

autoridades, arrendatarios y contribuyentes estaban vinculados para beneficio propio. Así, ordeno una

aumento en el pago de dichos impuestos y un cobreo centralizado, que se aprobó en 1772. Los vecinos

estimaron que esta norma vulneraba el régimen consagrado por la costumbre y que afectaba a la forma

personalista de servicio al monarca que ellos concebían. Las riquezas acumuladas por los vecinos eran un

soporte del erario y una expresión de servicio al rey, por lo que nada había de malo en esta liberalización

de los impuestos. Además, esta medida iba en contra de las cedulas entregadas por los "piadosísimos"

antecesores.

La política de García en nombre del monarca significo una movilización "popular" que a final redujo la

aplicación de la cedula solo en Santiago. Sin embargo, García continuo con su política, señalando que la

entrega de puestos a los locales había generado alianzas entre las instituciones y los locales y desvirtuado

el bueno gobierno y administración en nombre del rey, lo que género que gran parte de los funcionarios

fueran delegados a otras audiencias. Estas medidas terminan en una petición del año 1776 de que se

aplicaran nuevos impuestos a posesiones y transacciones en todo el país, lo que genero sorpresa en la

población (vecinos) que se vio afectada con el cobro de nuevos impuestos. Comerciantes y propietarios

vieron con malos ojos estas políticas. La situación se hizo más compleja cuando paso a los sectores

rurales, donde incluso se señala que se asesina a un administrador. Así, en la ciudad se esperaba que

aumentara la efervescencia con la llegada de los propietarios rurales.

El Cabildo, como buena nobleza, comienza a negociar. Manuel de Salas, procurador del Cabildo e hijo

del fiscal José Perfecto de Salas, dirige las peticiones al gobernador. Se solicitó Cabildo Abierto. En sus

justificaciones, señalan que no hay animo de rechazar las cedulas, pero es necesario que estas no alteren

el orden económico y la costumbre de los vecinos. Se nombran diputados de entre los vecinos para buscar

soluciones, pero la excitación popular era sumamente alta aun, incluso amenazando la vida del fiscal. Y

administrador. Algunas de las conclusiones de los diputados y el cabildo era que las acciones de los

administradores transformaban al rey en tirano, pues las leyes naturales obligaban al rey a consultar las

medidas que se tomaran para con sus vasallos. La violación de las leyes era el principal argumento, pues

si las prácticas tradicionales no se reestablecían, el reino quedaría indefenso ante las arbitrariedades de los

funcionarios. El contador/administrador, al actuar sin consultar al Cabildo, actuó de una manera insólita.

Tanto el Cabildo como el contador acuden al rey para defender sus posturas. El contador señala que la

ayuda enviada para la guerra española de 1770, si bien fue suficiente, no era nada en comparación con los

beneficios que los vecinos dejaban para así. Además, el argumento de la pobreza era falso, pues en sus 36

años en el reino el vio aumentar considerablemente la fortuna. Señala que es el fiscal José Perfecto de

Salas y sus hijos miembros activos del Cabildo, son los responsables de los tumultos. Sin la actividad

sediciosa de Salas el pueblo habría acogido las reformas. El fiscal Salas es castigado, lo que provoca la

indignación de los vecinos. Su hijo acude a la metrópoli para defenderlo ante las acusaciones de sedición.

Sin embargo, y a pesar de la defensa hecha por los vecinos, las ordenes y resoluciones obtenidas en la

metrópoli apoyaban las medidas impositivas, por lo que se aumentó la oposición a las revueltas y se

capturo a sus caudillos, responsabilizando a los diputados y miembros del cabildo de calentar las aguas.

El Cabildo continúa recurriendo a la corte metropolitana. Apelando a la pobreza en la que se encontraban

por los desastres naturales y la política impositiva, pedían reducir los impuestos para aliviar el problema.

En 1777 el rey decide enviar la ayuda, pero de todas formas autoriza una investigación contra Salas padre

y mantiene la política impositiva, conminando a los vasallos a pagar los derechos que estos le debían.

Promulgadas estas medidas, los vecinos acuden al gobernador y al oidor, pero estos no pueden hacer

muchos. Sin embargo, el nuevo contador Echevers no cumplió lo prometido en cuanto a la ayuda al

pueblo, lo que significa el rechazo por parte de los vecinos quienes se quejaron de despotismo.

Para evitar nuevos roces entre la administración y los locales, se reiteró en los reinos el derecho de

suplicación. Ello le permitía al Cabildo presentar sus quejar a la Audiencia de forma más efectiva. De

hecho, en 1789, el Gobernador O’Higgins potencio esta política, llamando incluso a representantes de

indios infieles a la capital para charlar sobre la asunción de Carlos IV, para lo que pidió aportes a los

hacendados más ricos mientras la caravana de indios y sus protectores circulaban a Santiago. A ello se

opone Mateo Toro y Zambrano, quien por su título pedía no se le cobrara. O’Higgins no escucha la

petición y cobra a todos los hacendados ricos por igual, pues el pacto iría en ayuda de ellos y porque eran

sus obligaciones. El conde de la conquista acusa a la real audiencia, pero el gobernador desestima los

cargos.

En estos momentos, y después del alzamiento de los comuneros en Nueva Granada y en Perú por Túpac

Amaru, se potencio la idea de vasallos más fieles, pues cualquier insurrección era una afrenta al rey y a

Dios. O’Higgins, temiendo la aparición de ideas libertarias, oficializo la teoría de origen del poder divino

del rey y persiguió a las doctrinas contrarias que seguían siendo impartidas en la universidad.

La dignidad de vasallos que defienden el orden jurídico existente, el orden en el que nacieron y que

habían contribuido a acrecentar con sus peticiones y su oposición al despotismo, se demostró con claridad

en el conflicto con Inglaterra por el ataque a Buenos Aires en 1807. Lo mismo sucedió con el conflicto al

interior de la Universidad de San Felipe por la reelección de su rector, la que fue impedida por Francisco

Antonio García Carrasco. El claustro de la universidad se opuso a esa medida apelando a la obligación del

gobernador de hacer cumplir la ley. Además, las leyes de Castilla llamaban a desestimar las leyes que

fueran en contra del bienestar local, por lo que el claustro apelo a ello.

En un contexto altamente conflictivo con las guerras napoleónicas, el gobernador y la nobleza debían

permanecer unidos como nunca antes. Ello se evidencio en el segundo intento de invasión inglesa de

1807. La presencia de Napoleón en España hizo temer a la nobleza local, por lo que tiempo antes

Martínez de Rozas ya hablaba de la independencia o del gobierno directo del gobernador sin hacer caso a

las instituciones formadas en España, como la Junta de Sevilla. En 1808, y ante la captura de Fernando

VII, el cabildo se apresura en adherir al gobernador y al rey. Esto es un signo de fidelidad de los vasallos

ante un invasor que quería desprenderlo de la mejor esperanza de justicia. Ello motivo a rechazar

cualquier intento de gobierno extranjero, pues el apoyo a la monarquía es el mejor signo de libertad y el

único medio de mantener independencia y los dominios heredados por sus padres. Ahora, esta defensa

realizada por el pueblo es rechazada por los burócratas de la administración, pues piensan que ellos deben

asumir dicha función. Son estas las autoridades que se hacen cago de la correspondencia de Carlota

Joaquina, mientras el cabildo es dejado de lado. Esto es leído por la nobleza como u n intento de dar la

espalda al reino y a su juramento para disponer de él. Se envía al procurador a la corte para confirmar la

lealtad al rey.

Los vecinos temían que si Carlota Joaquina heredaba los reinos, los ingleses se harían del control, por lo

que las colonias quisieron siempre mantener ellas el control. La inactividad del gobierno preocupaba a los

nobles locales. Las ayudas enviadas por el gobernador a España podrían dejar indefensos a los reinos ante

un ataque extranjero. Sin embargo, y aunque recelosos, el pueblo y el gobierno se mantenían unidos. El

cabildo busca mantener esta buena relación haciendo notar su fervor por la causa de Fernando VII. En

cuanto al conflicto con José Antonio Rojas y Bernardo Vera y Pintado, quienes fueron exiliados a Perú

por supuesta sedición, el cabildo pide clemencia a la audiencia y al gobernador. Al no ser oídos, piensan

que el imperio de las leyes se ha terminado. El cabildo queda en mal pie: debe defender a los vecinos,

pero no puede romper con la tradición de la autoridad constituida. Más que in deber a la autoridad, era

también por conveniencia política que se debían mantener las lealtades.

CAPITULO X - PATRIA Y MONARQUIA EN EL SIGLO XVIII

Desde la primera mitad del siglo XVIII surge un sentimiento patrio en el que se engrandece la función de

los reinos, sobre todo creyendo en que todos estos son tan importantes como los de las penínsulas. Sin

embargo, esta motivación se torna conflictiva, sobre todo en materia económica, entre las distintas

colonias y entre las mismas y la península. Es así como en 1723 el virrey del Perú exhorta a sus habitantes

a producir trigo en sus propios terrenos para así disminuir la compra de trigo chileno. De hecho, se

prohíbe la compra de trigo chileno, lo que no les parece a los representantes del consejo de Indias.

Además, se cortaron las rutas marítimas entre Chile y Perú para reprimir el contrabando de productos

ingleses que se estaba llevando desde 1715 después de la factoría y asiento de negros que consiguieron

los ingleses en Buenos Aires. Se impidió, en ese mismo sentido, el transporte de oro desde Chile a Perú y

viceversa, lo que genero un retraso en el pago del almojarifazgo y la alcabala por parte de los

comerciantes y productores. En 1724 el Cabildo de Santiago se queja ante el virreinato, que autoriza el

transporte de dinero pero que inmediato se expresa en el precio de los cereales. Los productores peruanos

quieren de vuelta la imposición. Ello impidió la adquisición de esclavos por parte de los chilenos en

Bueno Aires, pues no retornaba el dinero. Así, los comerciantes chilenos decidieron subir el precio del

trigo a los intermediarios peruanos en El Callao, lo que meloso a estos. Después de un largo trámite, en

1727 el rey revoca la medida chilena en favor del mercado peruano.

Todo ello se complicó con el terremoto de 1730 y con el descenso del precio del trigo por acción de los

intermediarios peruanos. Los chilenos se quejan ante el rey, quien les escucha y llama a avaluar

nuevamente los productos. En 1732 el Cabildo de Santiago llama al rey a crear una Casa de Moneda en la

capitanía para así atenuar las pérdidas que traía la política del virrey. A la larga, los comerciantes chilenos

pugnaron largamente por independizarse del consulado de Lima. José Perfecto Salas en 1751 señala que

al principio no se había pensado en las consecuencias del viaje del cónsul peruano a Santiago, pero luego

se vieron las consecuencias. En 1764 el Cabildo de Santiago el expresa al rey la necesidad de separarse de

la diputación peruana. Se señala que la distancia es un punto que juega malas pasadas, pues las

apelaciones solo se deben hacer en el consulado peruano, por lo que los chilenos deben costear caros

viajes al Perú. Además, al tener el consulado en su patria, los peruanos cuentan con mayor acceso a la

información financiera, anticipándose constantemente a los chilenos al momento de invertir

productivamente. Por último, se considera una tiranía el hecho de que se les prohíba a los chilenos

retornar el dinero de la venta de sus productos en Perú. Señalan que el tener un consulado en Chile

optimizaría la rica producción con la que contaban y estimularía a su laboriosa mano de obra. El rey

accede, permitiendo que las apelaciones económicas sean resueltas por un oidor en Santiago y que se

autorizara el comercio de cabotaje sin tocar El Callao, lo que beneficio a los comerciantes chilenos. El

Cabildo enfrento esta polémica siempre desde la "ley natural".

Desde la iniciación del comercio de trigo con Perú a inicios del XVIII, Chile quedo en desventaja, pues

los navieros peruanos regulaban el precio. Así, en 1755 se propone enviar intendentes para regular el

comercio entre los bodegueros y los navieros, que la mayoría de las veces perjudicaba a los productores.

Los intendentes regularían la cantidad de trigo que llega a los puertos, pues cuando llega mucho el precio

de venta cae dramáticamente. Además, este poco trigo que llega ahora sería comerciado por los

productores y los navieros directamente. Estas medidas aumentaron el precio del trigo, lo que causo

malestar en los navieros peruanos. El virrey Manso de Velasco rechas estas medidas y pide al gobernador

anularlas para reestablecer la libertad de comercio. El gobernador se opone pues es una violación a sus

atribuciones, pero de todas formas debe eliminar a los intendentes. Con ello, además de una exigencia de

trigo que superaba a la producción, bajo el precio del trigo y este escaseo en Santiago.

La impugnación de estas medidas en España se basaba en el impacto que tenía la política del virrey, que

además estaba escapando de sus atribuciones y que al parecer quería hacer crecer su influencia política

sobre la capitanía chilena, lo que no era correcto. El rey, en base al derecho natural, les permite

independencia a la capitanía en esta materia el año 1755. Ortiz de Rozas tenía esperanza de un buen

acuerdo para Chile, y el gobernador Amat continua la defensa del reino, pero no defiende la política de

intendencias. En ese momento el virrey señala que el trigo chileno no sería vendido hasta que se

consumiera el trigo peruano, por lo que hasta el momento seria almacenado en bodegas de El Callao. Ello

genera malestar, pues ello alentaría el cambio de cultivo en Chile, lo que sería peligroso ante la inestable

producción de trigo peruano. Ello generaría escases en ambos reinos. El rey favorece a Chile permitiendo

el establecimiento de intendencias, pero Amat no las aplica en su periodo como gobernador ni meno en su

periodo como virrey, al parecer por darle favor a Manso de Velasco. En 1777 el Cabildo llama al rey a

hacer aplicar sus resoluciones.

En el curso del siglo XVIII el patriotismo se había acrecentado. Amat había realizado avances en ese

sentido, pues ofreció remunerar a los profesores de la universidad por su aporte a la consecución del ideal

de los nobles de la época. Desde que el virreinato había intensificado su política económica proteccionista

y dada la estable relación entre los nobles y el gobierno que hacía casi innecesaria la mediación peruana

en la solución de conflictos, es que los criollos chilenos sintieron que se debía equiparar

administrativamente a la capitanía chilena y el virreinato peruano.

El patriotismo hispanoamericano y sus aspiraciones políticas molestaban a Pedro Rodríguez Campomanes

y José Moñito, ambos consejeros de Castilla.

CAPITULO XII - LA CONCEPCION ILUSTRADA DE LA FUNCION DEL PODER REAL.

En la segunda mitad del XVIII, José Perfecto de Salas señala que la función del estado es promover

racionalmente el engrandecimiento del reino. Para la "buena política", existen 2 principios: la buena

constitución natural del terreno y la acción de un moderador cuyo genio animador de todo el cuerpo

político imprima en cada uno el movimiento que corresponda. Esta visión penetro profundamente en los

políticos de finales del XVIII. O’Higgins gobernó bajo la línea de la "monarquía ilustrada". Manuel de

Salas, continuador de la política ilustrada de su padre, cree en la diferencia entre la riqueza potencial del

territorio y la riqueza real de la población. Para el caso de Chile, señala que es una población muy baja y

que además SE ENCUENTRA CORROMPIDA POR LOS VICIOS Y LA MISERIA. Ello sería la

consecuencia de la preferencia por parte del Estado y los habitantes por tres siglos de la minería en vez de

la industria y la agricultura. Salvar a la población de la miseria era una de las principales propuestas de

Salas, pensando que esta era la tarea del político. Este debía utilizar el resorte que el Siglo de las Luces le

ofrecía para sacar a la población de la miseria.

El discurso de Luis Campino que aparece en la obra de Meza habla de cómo en España el siglo de las

luces llevo al máximo el entendimiento de la técnica. Relatando a una serie de autores y sus

descubrimientos, señala que nada de eso sería posible si no hubiesen existido condiciones imposibles de

prever que estimularan su dedicación. Cuando las autoridades son sabias y protegen las letras, las luces se

ciernen sobre la población de forma completa. Es por eso que el rey, su majestad borbónica, que mira a su

pueblo como un padre y no como un dueño, despliegas las luces para su bien. Ello se traduce en una

profunda reflexión y en un aumento de la fidelidad del pueblo a su monarca. Las matemáticas, la historia

natural, la astronomía, etc., toman un nuevo sentido desde esta perspectiva. Todo ello debe ser aprendido

para su posterior aplicación, pues es esa la base de la sabiduría.

Además de esta potenciación de la educación, el estado debía realizar una política de fomento a las

industrias y de mejoramiento técnico y creación de mercados. Manuel de Salas fue activo en este sentido,

pero las condiciones en el reino de España ponían en perspectiva toda su carrera. Si bien se esmeró en

hacer una defensa del monarca en América, queda satisfecho de los hecho por Chile en torno a 1810, pues

se enorgullece de los gobernantes que con lucidez permitieron que Chile no cayera en el pozo en el que

cayo España. Juan Egaña comparte estas perspectivas, pues valora la riqueza de su país y su "pueblo", por

lo que fomentar la educación y la industria es fundamental.