Año 7 - Nº 21 – INVIERNO 2014 | ISSN 1851-4650 | Registro de la Propiedad Intelectual Nº 703296 Propietario Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata - CUIT 30-54666670-7 Editor responsable Darío AndrinoloAutoRIdAdES decano: Prof. Dr. Carlos María NAÓN, Vicedecano: Prof. Dr. Patricio José DE URRAZA, Secretaria de Extensión universitaria: Prof. Dra. Graciela De ANTONI.Materia Pendiente es una publicación cuatrimestral de la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata. Los artículos y las opiniones citados no expresan necesariamente la postura institucional | Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido, citando la fuente y notificando a la revista.

director Darío Andrinolo | Edición Josefina Oliva | Redacción Daiana Melón, Florencia Yanniello, Josefina Oliva | Consejo asesor Daniel Badagnani, Leonardo Cano, Patricio De Urraza, Manuel Gonzalez Díaz, Ana Lacunza, Andrés Mc Carthy, Julián Prieto, Alan Talevi | diseño Pablo Noriega| Publicidad y distribución Gastón Barreiro | Agradecimientos Periódico MU - lavaca. Maías Adhemar, Diario Diagonales. Helen Zout, Archivo CPM.Impresión La Stampa impresores | E–Mail revistamateriapendiente@gmail.com / materiapendiente@exactas.unlp.edu.ar | Web http://www.revistamateriapendiente.blogspot.com | Correo Postal Calle 115 y 47 (1900) La Plata, Provincia de Buenos Aires | teléfono (0221) 422-6977 / 79 – interno 104.

EDITORIAL

íNDICE

4. AMBIENTEPROYECTOS Y LEYES Un análisis del paquete de medidas que presentó el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto y un estado de situación del ordenamiento territorial que establece la Ley de Bosques Nacional presentado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.

8. SALUDUN BUEN DIAGNÓSTICOCompartimos distintas iniciativas de la Facultad de Ciencias Exactas que colaboran con las salas de atención primaria y los hospitales.

12. ENCUENTROSLO QUE VIENE EN EXACTAS

Conversamos con Carlos Naón y Patricio De Urraza, decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, recientemente electos para el período 2014-2018, acercade los desafíos y propuestas para los próximos cuatro años.

16. informe centralEL REPARTO DE LA TORTA EN EL SISTEMA DE CIENCIA Y TECONOLOGÍA

Analizamos cómo se distribuye el presupuesto nacional para políticas públicas e investigación en estas áreas y cuáles son las líneas estratégicas que se priorizan. Especialistas opinan sobre las fortalezas y debilidades del modelo actual, el rol de las universidades, y debaten sobre cómo alcanzar una ciencia comprometida con la sociedad.

Democratizar el conocimiento

Nos encontramos en los comienzos de una nueva gestión de la UNLP y de nuestra Facultad, en la que seguramente se profundizarán algunos caminos recorridos y se revisarán otros. Desde Materia Pendiente consideramos que los artículos que fuimos publicando a lo largo de siete años sirven para tomar nota de los avances y retrocesos que se han manifestado con respecto a la universidad, y sobre todo en las áreas de la salud y el ambiente, a través del conocimiento científico. Una mirada al pasado debe servir siempre para impulsar, promover, insistir, peticionar y exigir derechos a futuro.

Por eso, en este número, ponemos el foco en la legislación ambiental de la provincia de Buenos Aires, analizando algunos de los proyectos que se aproximan, esperando que, para pasar a ser leyes, cuenten con la participación de la comunidad y sean construidos en conjunto. Se necesita esfuerzo e inteligencia para desandar viejos caminos y pensar nuevas formas de vivir en el planeta.

Al mismo tiempo, son claros y contundentes los progresos en Ciencia y Tecnología que se dieron en nuestro país en los últimos años, si los medimos en cantidad de nuevos institutos, universidades y presupuesto destinado a la actividad científica. Pero es necesario discutir y profundizar qué se está financiando, hacia dónde se dirigen esos avances. Es ineludible preguntarnos si los paradigmas de desarrollo que sustentan nuestra práctica científica son correctos, si están en línea con nuestras necesidades sociales y productivas. Por eso en el informe investigamos sobre la distribución del presupuesto que se destina al campo científico-tecnológico.

Gran responsabilidad tiene la comunidad científica que debe ser crítica con su objeto de estudio y comprometerse con los destinos de nuestro pueblo más que con el propio. Preguntarse menos cuántos papers escribir y más acerca de qué contribuciones reales a las necesidades y a las problemáticas de la sociedad se realizan con sus investigaciones.

Por todo esto, nos parece relevante destacar la figura de Andrés Carrasco como el científico que valoró el hecho de hacer públicas sus investigaciones a toda la sociedad acerca de los efectos nocivos del glifosato, antes que para una revista definida sólo para expertos. Entendemos que recordar su lucha contra los avances de una ciencia ligada al mercado y en contra de los intereses de los pueblos es una forma de hablar de todo el recorrido que falta para alcanzar una verdadera democratización del conocimiento, que reivindique los distintos saberes: desde los que se impulsan en los laboratorios, pero sobre todo, de los que sufren en carne propia las consecuencias de un sistema neoextractivista que produce el saqueo de los recursos naturales y humanos, y por lo tanto, de nuestra soberanía.

24. INSTITUCIONALESRECORDAMOS AL DOCTOR ANDRÉS CARRASCOEl investigador y ex presidente del CONICET, fallecido en mayo de este año, quedará en la memoria colectiva como un científico comprometido con la comunidad, quese puso a disposición de los pueblos fumigados con responsabilidad y ética, en búsqueda de una ciencia digna.

26. POLÍTICA ACADÉMICAPUNTOS DE VISTA MÚLTIPLESConocemos las experiencias de tres proyectos de la UNLP que trabajan desde la interdisciplina. La importancia de una fórmula que sirve para abordar de una manera diferente las problemáticas sociales.

30. MIRADAS AL PASADOTESTIGO DE CONTEXTO

La actual vicepresidenta académica de la UNLP, Ana Barletta, declaró en el juicio que se lleva a cabo en nuestra ciudad por las víctimas del ex Centro Clandestino de Detención “La Cacha”. Su testimonio es clave para dar cuenta de la represión y la vigilancia sufrida por quienes integraban la Universidad local.

34. JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOSTARDE, PERO LLEGALa campaña Desmonumentar a Roca busca develar algunas de las mentiras en torno a la figura de Julio Argentino Roca, presente en monumentos, billetes y calles. Viajamos a distintas localidades donde el hecho de desmonumentar marca el comienzo de otra historia..

37. PUNTOS DE ENCUENTROPASEN Y LEANInauguramos una nueva sección para difundir y conocer productos editoriales y audiovisuales que nos sirven para comprender mejor los temas de los que hablamos en Materia

Pendiente. Esta vez: Descolonizando la palabra, La patria sojera y Agua en la cabeza.

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Por Daiana MelónTras la realización de tres Plenarios de Políticas Públicas llevados adelante en diferentes puntos de la provincia de

Buenos Aires, el pasado 5 de septiembre el vicegobernador Gabriel Mariotto presentó en la Legislatura provincial un

paquete de 19 anteproyectos de leyes ambientales, los cuales se inscribieron en lo que se denominó Plataforma de

Soberanía Ambiental, construidos teniendo en cuenta las principales preocupaciones y problemáticas que plantearon

quienes participaron de los diversos encuentros. Todos los anteproyectos presentados tienen estado parlamentario en

la actualidad, y se encuentran siendo tratados en diversas comisiones, según la temática.

El Plan de Soberanía Ambiental consiste en 19 leyes presentadas por Gabriel Mariotto

que apuntan a legislar las problemáticas ambientales existentes en el territorio

bonaerense. Aquí, un detalle de las diferentes normativas, la opinión de ambientalistas y

diversos actores especialistas en la cuestión. A su vez, un repaso por la situación del

ordenamiento territorial de bosques nativos, que avanza sin consenso social y con

numerosas irregularidades.

LEGISLACIÓN AMBIENTALEN BUENOS AIRES

Una de las medidas presentadas por Mariotto determina la Emergencia Ambiental en la provincia de Buenos Aires por el plazo de 180 días, “fundada en las inundaciones, desastres

y fenómenos climatológicos que afectaron al mismo, con el fin de realizar los estudios y análisis necesarios para contribuir a la implementación de acciones y/o realización de obras u

otras medidas pertinentes que tiendan al logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y

protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable vinculados al ordenamiento territorial y/o urbano de la Provincia”. Además, esta normativa crea una

Comisión Bicameral que tendrá por finalidad el análisis y la revisión de toda la legislación vigente en torno a la materia.

Por otro lado, se plantea la prohibición del uso de agrotóxicos en reservas naturales, paisajes protegidos

o espacios verdes de interés provincial, con el objeto de proteger la biodiversidad existente en estas áreas, a la vez

que, otro de los proyectos, reglamenta el uso de tóxicos aplicados en los campos. “Hay que analizar cuáles son las

barreras agropecuarias, hasta qué lugar se acepta el avance de zona cultivable y cómo es la manipulación y uso de esos

agroquímicos. Eso requiere que se fijen pautas en el caso de los dos proyectos: el de las reservas fija como límite de fumigación una distancia de 3 mil metros, y en el caso de los lugares donde existe población, el límite es de 2 mil metros”, resalta la asesora

del vicegobernador Gabriel Mariotto, Stella Maris Allo, quien agrega: “incorporan un seguimiento del agrotóxico, el cual

debe tener una receta firmada por un ingeniero agrónomo, y debe que quedar documentado qué tipo y qué cantidad de producto se utilizó, cómo se fumigó y en qué horarios. Esto es para preservar a las escuelas rurales y también al fuelle

periurbano que rodea los pueblos”.

Otro de los proyectos que se incluyen en el paquete apunta a los campos electromagnéticos (ver Materia PendienteNº20), estableciendo que las estaciones y

subestaciones eléctricas deben situarse por fuera del ejido urbano y, en caso de que no existan otras alternativas, deben

respetar una distancia mínima de 200 metros. A su vez, fija como valor máximo de emisión 0,3 microteslas y determina

que en el caso de plantas previamente instaladas deberán adecuar su tecnología para lograr alcanzar el mínimo de

inducción electromagnética. “Hay que realizar mediciones, fijar estándares y hacer monitoreos constantes. Está claro que el

sistema de energía ha quedado inserto dentro del casco urbano de las ciudades, necesitamos volver a diseñar la traza de

transmisión. El planteo es empezar a adecuar los sistemas de transformación y transporte de energía en lugares adecuados,

porque está comprobado que generan una alteración de la salud”, subraya Allo.

Una de las preocupaciones que se planteó durante los Plenarios de Políticas Públicas fue la relacionada con la gestión

de los Residuos Sólidos Urbanos (rsu). Con el objeto de resolver esta problemática, se presentaron dos anteproyectos:

la Ley de Envases y la de Recicladores de rsu. En ellas se plantea, por un lado, la responsabilidad que debe adoptar la

empresa que genera el envase y, por el otro, que la separación de residuos es un servicio público. En este sentido, Stella

Maris Allo subraya: “Estas legislaciones apuntan a un cambio de la matriz cultural, apostamos a recuperar lo reciclable,

a la recolección diferenciada, a separar cada producto para incorporarse nuevamente a los circuitos de producción, y a

que el residuo que quede sea lo más orgánico posible para ser dispuesto en un relleno sanitario”. Con respecto a este tema,

el licenciado en Gestión Ambiental y miembro de la Asamblea Yaku-Mama de Florencio Varela, Carlos Mora, sostiene:

“En la cuestión de los envases descartables debe haber un acuerdo bajo un concepto de transversalidad de todos los

actores involucrados, desde el origen hasta el consumidor, pues si operamos dentro de un sistema que alienta la

generación potencial de envases y en el otro extremo actúa la compulsividad del consumo, de poco valdrá lo que apliquemos

para solucionar esta cuestión”.

Por otra parte, el anteproyecto denominado “Pueblos que laten”, determina la creación del Régimen de Promoción de

Pequeñas Poblaciones Bonaerenses, cuyo objetivo es, como su nombre lo indica, promocionar el desarrollo de las pequeñas

localidades, de las que el último censo establezca que cuentan con menos de 2 mil habitantes. En este sentido, Allo afirma “hemos comenzado a acompañar a cada uno de los pueblos

del interior con posibilidad de desarrollo, interactuando con la población y con los organismos provinciales para empezar a diseñar los planes de progreso estratégico territorial, desde

el punto de vista de infraestructura, de acompañamiento a mejoras del ambiente, de cómo se tiene que radicar cada

una de las instituciones sociales educativas”, y agrega: “uno de los ejes que plantea el proyecto es crear un consejo de

los pueblos donde los distintos grupos sociales van a tener una participación. Los habitantes tienen que poder decidir y

pensar qué tipo de ciudad quieren y qué tipo de región”.Asimismo, para ejecutar las medidas comprendidas en

el Plan de Soberanía Ambiental Bonaerense, mediante la financiación de los requerimientos que puedan desprenderse de

las leyes, se planea la creación de un Fondo Fiduciario. “El mismo va a poder sostener las pautas que están

incorporadas en los proyectos con una mirada de lo que entendemos que debe ser el desarrollo estratégico en la

provincia, desde el punto de vista de la planificación de sus territorios y uso del suelo, del acceso al hábitat, y ordenar todas

las actividades que genera el hombre en lo productivo, en lo habitacional, en la ocupación para la recreación”, afirma Allo.

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Con respecto a los plazos de reglamentación de los anteproyectos, la asesora del vicegobernador afirma: “todos

tienen estado parlamentario y se encuentran en distintas comisiones. Algunas están en la Comisión de Consumidor, como el tema de la trazabilidad; en Educación, el tema de la Genoteca; y once proyectos se hallan en la comisión de

Ambiente y Desarrollo Sustentable”.

CONTROVERSIASA pesar de que las leyes presentadas fueron construidas

a partir de lo planteado por los habitantes de la provincia de Buenos Aires que participaron de los Plenarios de Políticas

Públicas, han comenzado a surgir controversias en torno a la reglamentación de las mismas y a las problemáticas

que no se abordan.“Creo que un paquete de medidas puede aportar más

confusión que soluciones si antes no se brinda un marco de acuerdos multipartidarios de que se cumplirán dichas normas en un proyecto de país consensuado, porque, por ejemplo, no

es ético promover un marco legal para la soberanía alimentaria mientras se está intentando aprobar una ley nacional de

semillas que beneficie al monopolio transnacional (ver Materia Pendiente Nº 20)”, subraya Carlos Mora, y agrega:

“un tema tan complejo merecería un tratamiento mucho más integral, pues, una vez aprobadas, si construimos leyes

endebles, éstas pueden quedar supeditadas a un manejo arbitrario por parte de intereses egoístas”.

Por su parte, el integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeA), Juan Ignacio Spinetto,

plantea que “ninguna ley habla de fracking, cuando hay un rumor muy fuerte de que se intentaría llevar adelante una

explotación de estas características en la Cuenca de Claromecó. Probablemente, como se habla de soberanía ambiental,

también se va a hablar de soberanía energética y no tenemos necesidad de gastar miles de litros de agua, contaminarlas

con químicos para extraer petróleo”. Y agrega: “desde AAdeA habíamos empezado a estudiar las medidas y ver qué

evoluciones hay, pero hasta el momento no hay ningún avance. Si bien la provincia se destaca porque tiene buenas leyes

ambientales, el problema es su aplicación”.Por otro lado, se cuestiona la falta de planes de instrucción

para que estas legislaciones sean aprehendidas por los habitantes de la provincia. “Creo que el tema de la educación

es fundamental para un cambio epistemológico que apunte a cambios de paradigma. No se podrá enseñar algo que no

esté internalizado en los formadores, que a la vez provengan del convencimiento general amalgamado desde políticas

públicas de consenso. No veo ningún indicio de construcción de una cultura ambiental, por lo que será imposible lograr algo

revolucionario como la situación lo demanda”, sostiene Carlos Mora, de la Asamblea Yaku-Mama de Florencio Varela.

LOS BOSQUES EN PELIGROPor otra parte, la Ley de Presupuestos Mínimos de

Protección Ambiental de los Bosque Nativos, promulgada en diciembre de 2007, tiene por objeto “el enriquecimiento,

la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”. Para ello, plantea la

necesidad de que cada provincia realice un ordenamiento territorial en el plazo de un año. A pesar de ello, en la provincia

de Buenos Aires aún no se ha reglamentado un mapeo de los diferentes hábitats.

Biodiversidad, climay alimentación en el paqueteDentro del Plan de Soberanía ambiental existen varios anteproyectos que apuntan a la protección de la biodiversidad nativa de la provincia de Buenos Aires. Dos de ellos tienen como finalidad la protección del Parque Pereyra Iraola (ubicado entre Berazategui, Ensenada, Florencio Varela y La Plata), y el Reservorio Santa Catalina (emplazado en Lomas de Zamora), por poseer un importante cúmulo de flora y fauna nativa, y funcionar como pulmones verdes de la región. Otro anteproyecto es el que apunta a la preservación y el monitoreo de los humedales, entendidos como “extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. La iniciativa determina, además, que aquellos humedales que la actividad antrópica haya eliminado o destruido deben ser remediados.En la misma línea, los proyectos de Reservas Naturales Urbanas, de Reservas de Equilibrio Natural Periurbano y Conectitud Biológica, y de Reservas Naturales de Entorno Rural y Servidumbre de Paso Hidrológica, tienen como objetivo la preservación de aquellos lugares naturales que cumplen una importante función biológica para su entorno. “Se trata de preservar los espacios naturales, como reservorios de agua o escurrimiento, que se ubican dentro de la trama urbana y así equilibrar el avance inmobiliario desmedido; y las reservas naturales rurales y servidumbres de paso, para poder nivelar los escurrimientos naturales de las aguas”, resalta la asesora del vicegobernador, Stella Maris Allo.A su vez, la Plataforma Ambiental plantea la creación de la Administración Provincial de Reservas, Espacios y Paisajes Provinciales, y del Cuerpo Provincial de Guardaparques, para garantizar la preservación y el cuidado de estos espacios; y la constitución de una Genoteca (banco de genes de diversas especies animales y vegetales) garante de la Biodiversidad Regional, con el objetivo de tener un registro de la flora y fauna nativa, para ser utilizado en caso de devastación o contaminación extrema. Además, establece que la instalación de la Genoteca “deberá contar con un espacio físico mínimo de 30 hectáreas, a modo de anfitrión de especies en estado natural, el cual podría ubicarse en el Instituto Fito-técnico de Santa Catalina, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata”.Con respecto a las problemáticas relacionadas con los factores climáticos, uno de los proyectos diseña la creación de una Red Integrada de Estaciones Meteorológicas Locales de Información Redundante y Alerta Temprana, que tendrá por objeto prevenir posibles catástrofes o fenómenos ambientales, determinando rápidamente su posible aparición para poder mitigar el impacto social que los mismos pueden tener. Estas estaciones se emplazarán en las reservas naturales, paisajes protegidos y espacios verdes, y se capacitará a los guardaparques para su correcta utilización.En cuanto a la cuestión alimenticia se planteó el proyecto de Trazabilidad de Alimentos, que en su artículo Nº 1 establece que esta legislación “proporciona la adecuada plataforma para garantizar un nivel elevado de protección de la salud de las personas y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos, teniendo en cuenta, en particular, la diversidad del origen, procedencia y suministro de los mismos, incluidos los productos tradicionales, al tiempo que se garantiza el funcionamiento eficaz del mercado interior. Establece principios y responsabilidades comunes, los medios para proporcionar una base científica sólida y disposiciones y procedimientos organizativos eficientes en los que basar la toma de decisiones en cuestiones referentes a la seguridad de los alimentos y de los piensos, sean estos a granel o fraccionados”.

Para realizar este ordenamiento, la legislación determina tres categorías que deben aplicarse: la I o roja, constituida

por aquellos sectores de muy alto valor de conservación por su valor biológico, por lo cual no deben ser transformados;

la II o amarilla, entre las que se encuentran los territorios de mediano valor de conservación y pueden ser utilizados para

turismo, recolección e investigación científica; y, por último, la III o verde, integrada por las tierras de bajo valor.A partir del 2011, el Organismo Provincial para el

Desarrollo Sostenible (opds) comenzó a realizar talleres abiertos a la comunidad con el objetivo de constituir en

conjunto un mapeo de las diversas áreas existentes en territorio bonaerense. A pesar de los acuerdos que se realizaron durante estos encuentros, el pasado 14 de

febrero, el opds presentó en una audiencia pública un ordenamiento territorial que no coincidía con los planteos realizados previamente. “En algunas regiones se hizo una

categorización de bosques nativos sobre la base de los planes que los municipios informaban que tenían en los territorios, entonces si el municipio decía que en determinado lugar iba

a realizar un emprendimiento urbanístico, lo ponían como categoría verde, no lo categorizaban según su alto, mediano

o bajo valor de conservación que es lo que debería medirse”, afirma Leandro Giannini, abogado de los vecinos que integran

la “Asociación para la protección ambiental 18 de Octubre”, -quienes llevan adelante la causa contra una empresa del

grupo Techint, que intenta construir sobre el bosque ribereño, ubicado en Quilmes y Avellaneda, un emprendimiento

inmobiliario que arrasaría con esta área de inmenso valor biológico (ver Materia Pendiente Nº 17).

Dicha audiencia pública fue impugnada por diversos grupos por considerar que se habían violado numerosas

exigencias que deben cumplir. “La audiencia se realizó con poco aviso, por lo cual no cumplió con el requisito de

participación amplia. La información no fue entregada con anticipación y, si alguien quería informarse, le decían que

fuera a la Dirección Provincial de Recursos Naturales a mirar los veinte cuerpos del expediente. Eso no es brindar acceso a la información plena”, subraya Juan Ignacio Spinetto, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeA).

Sin embargo, el opds, hasta este momento, no ha respondido al pedido de impugnación.

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LA IMpORTANCIA DE LA ExTENSIÓN EN EL áREA DE SALUD DIAGNÓSTICO

Los proyectos de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP vinculados a la salud cubren un importante vacío existente en los hospitales y salitas de la región. Conocemos cuatro experiencias que se realizan hace años y que ayudan a contener la demanda de los centros de salud, potenciando su capacidad y formando a la vez profesionales comprometidos con la comunidad.

Todos los años se acreditan en la Facultad de Ciencias Exactas de la Uni-versidad Nacional de La Plata (UNLP) numerosos proyectos de extensión dentro del área de salud; muchos de los cuales tienen una gran relevancia, ya que trabajan sobre la detección de en-fermedades poco conocidas o se dedi-can a complementar diagnósticos que resultan muy costosos para los hospi-tales. Con sus diferencias y similitudes, todos apuntan a colaborar con la mejora de los servicios públicos de salud y de alguna manera llenan espacios que, en muchos casos, el sistema estatal no llega a cubrir. De esta manera, se convierten en actores fundamentales a la hora de pensar en el diagnóstico y tratamiento de pacientes de los hospitales y salas de atención primaria de la zona.

La mayoría de estos proyectos se piensan como unidades de extensión capaces, además, de transferir técnicas a los hospitales públicos, y al mismo tiempo colaborar con tareas de diagnós-tico y epidemiología. También realizan seguimientos, generan bases de datos y tienden a concientizar a la comunidad respecto de ciertas patologías y enfer-medades; y llevan adelante importantes tareas de educación, ya que a al mismo tiempo se forman profesionales al ser-vicio de las necesidades de la población, integrando su práctica pre profesional obligatoria a la atención.

ENfERMEDADES POCO fRECUENTES Y CONTROLES PARA EMBARAzADAS

Uno de los proyectos que se destaca por su particular labor es el de “Diag-nóstico enzimático y genético de enfer-medades de almacenamiento lisosomal”,

dirigido por la doctora Paula Rozenfeld, el cual está orientado a diagnosticar las enfermedades de almacenamiento liso-somal como Fabry, Gaucher y Mucopoli-sacaridosis (MPS II y MPS VI).

“El proyecto empezó como una de-manda de la sociedad, porque no había diagnóstico de este grupo de enferme-dades genéticas, hereditarias, -que en-tran dentro de la Ley de enfermedades poco frecuentes-, para las que se nece-sitan laboratorios de referencia espe-cialmente entrenados, porque no son análisis que puedan hacerse en labora-torios de rutina. Cuando empezamos con el proyecto en el país había sólo dos lugares que hacían estos estudios y eran privados”, explica Rozenfeld.

Además, plantea que la baja inciden-cia de estas enfermedades determina que sean poco conocidas o poco tenidas en cuenta por la comunidad médica. Por eso, desde el proyecto apuntan a mejo-rar la difusión de estas enfermedades entre los médicos para lograr diagnos-ticar en conjunto un mayor número de pacientes y dar a conocer la existencia del tratamiento.

Con respecto a la articulación que tienen con el sistema público de salud, Rozenfeld señala que el intercambio no se da bajo un marco institucional oficial con ninguna institución pública, sino di-rectamente con los profesionales “A tra-vés de la difusión nos contactamos con médicos de todo el país, y les ofrecemos un servicio de transporte gratuito para las muestras. Entonces cuando hay una sospecha clínica, se ponen en contacto y les decimos qué muestras necesitamos y cómo tienen que mandarlas”, agrega.

La directora destaca que el proyecto cuenta con los recursos para poder cos-tear los gastos de envío de las muestras

mediante el financiamiento de la Facul-tad, a través del proyecto de extensión, y de convenios que tienen con distintas empresas privadas. “Son estudios muy caros y nuestra principal idea es que ni al paciente ni al médico les cueste nada. Intentamos que la accesibilidad al diag-nóstico sea lo más fácil posible. Nosotros nos encargamos de conseguir el dinero para financiar el proyecto”, subraya.

Rozenfeld hace hincapié en el inter-cambio con los hospitales, ya que consi-deran muy importante que la Facultad se vincule con la sociedad. “Si estamos en el laboratorio no logramos nada. Es importante hacer esa difusión, salir a la comunidad y a través de los médicos lle-gar a los pacientes”, concluye.

Otro de los destacados proyectos en el área salud diagnóstico de la Fa-cultad, es el de “Estudio de Vaginosis bacteriana, bacteriuria asintomática y colonización por Streptococcus agalac-tiae (beta hemolítico grupo B) (SB) en embarazadas”, ya que trabaja con una población vulnerable y su meta princi-pal es brindar un servicio de bajo costo y de gran importancia para la salud de la madre y el hijo, con la oportunidad de formar alumnos y docentes a través de prácticas activas, tanto en lo asistencial como en subprogramas de investigación aplicada que puedan realizarse con los datos recogidos.

El director del proyecto, el doctor Horacio Lopardo, explica que se orien-tan básicamente al control de las mu-jeres embarazadas que asisten a las salas de atención primaria en el parti-do de La Plata y que articulan directa-mente con la Secretaría de Salud de la Municipalidad.

“Para la salud pública esto represen-ta un gran beneficio, porque hay garan-

tía de que estas mujeres embarazadas tengan los mejores controles microbio-lógicos que se les puede dar en cualquier ámbito. Y por otro lado, está el aspecto docente, porque están involucradas diez estudiantes coordinadas por una alum-na avanzada que está hace muchos años en el proyecto, y por cuatro docentes de la cátedra”, destaca Lopardo.

Los controles que realizan son de infección urinaria asintomática -que se hace a través de urocultivos trimestral-mente-, la vaginosis bacteriana, -discu-tida como un elemento de generación de partos prematuros o niños de bajo peso-, y la portación de estreptococo grupo b.

“Nosotros vamos al sitio, la muestra la toma el obstetra y las procesamos en el laboratorio clínico. Los alumnos no sólo adquieren destrezas técnicas, de tomas de muestras y procesamiento de materiales, sino que también obtienen un panorama de conocimiento de la rea-lidad socioeconómica de nuestra área”, concluye el director.

CELÍAQUÍA Y ALERGIAS ALIMENTARIAS

En la misma línea que los anteriores, el proyecto de “Detección de IgE especí-fica sérica en pacientes pediátricos con intolerancias alimentarias en Hospita-les Públicos”, se desarrolla hace más de diez años en la Facultad. El doctor Gui-llermo Docena, su director, expresa que el objetivo es el diagnóstico diferencial de alergia alimentaria y el seguimiento durante el tratamiento sustitutivo.

“Lo que hacemos es complementar el diagnóstico de alergia alimentaria que se da principalmente en chicos, de has-ta los 4 ó 5 años de edad. El diagnóstico lo hace el médico, pero nosotros hace-

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mos determinaciones en el suero de los pacientes, en los casos en los que éste necesita elementos para completarlo”, manifiesta Docena, quien además es profesor de Inmunología de la Facultad e investigador del CONICET.

La alergia alimentaria es una pato-logía en la que el sistema inmune reac-ciona ante determinados alimentos en ciertos pacientes. Docena destaca que el porcentaje de estas alergias en la po-blación es alto: de un 6 a un 8 %, mayor-mente en casos pediátricos. “Las prin-cipales alergias son a la leche y ahora también trabajamos con la soja, porque hemos descubierto que hay una reactivi-dad cruzada entre ambas y hay pacien-tes que reaccionan de la misma manera ante los dos”, señala el director.

“Lo que hacemos es la determinación de IgE, es decir de anticuerpos especí-ficos en el suero de los pacientes, anali-zamos la sangre y determinamos estos anticuerpos con métodos que hemos desarrollado en el laboratorio”, explica.

El proyecto comenzó tras la crisis del 2001, ya que la determinación se hace con equipos que provienen del exterior y debido a la suspensión de la importa-ción durante esos años, los hospitales dejaron de hacerla. Actualmente traba-jan con el Hospital San Juan de Dios y el Hospital de Niños Sor María Ludovica, de La Plata, con el Hospital de Niños Ri-cardo Gutiérrez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el Hospital Muni-cipal de Olavarría.

“Al sistema público le resolvemos un problema, porque le estamos cubriendo una vacante. Siempre hemos trabajado con una pregunta desde el hospital, en general las inquietudes surgen a través de médicos alergistas o gastroenteró-logos, con los cuales tenemos muy bue-na relación desde hace muchos años”,

manifiesta Docena y agrega que “un marcador que indica que es una colabo-ración o vinculación positiva es que se ha sostenido en el tiempo. Cada vez hay más hospitales que nos piden participar, empezamos con uno y llegamos a seis, y tenemos una interacción muy fluida”.

En la misma línea que Docena, el doctor Fernando Chirdo, también pro-fesor de Inmunología de la Facultad e investigador del CONICET, decidió lue-go de casi 10 años de trabajo en un pro-yecto orientado a las certificaciones de alimentos para celíacos, comenzar con un nuevo proyecto de extensión titula-do: “Tipificación de HLA en el diagnós-tico de enfermedades celíacas”. Se trata de generar un protocolo consensuado de diagnóstico entre todos los hospi-tales públicos con el foco puesto en el Hospital de Niños de La Plata. Apuntan a potenciar la capacidad de trabajo que tiene el Hospital en una técnica com-plementaria que consiste en estudiar un marcador asociado a la enfermedad celíaca: un conjunto de proteínas, HLA, que tiene un rol en la inmunología muy importante y del que los pacientes ce-líacos presentan sólo ciertos tipos de estas moléculas. “Si tenemos un proto-colo de diagnóstico en donde empieza a haber falta de correlación o el informe de la biopsia es anormal, o no es tan de-finitivo, o incluso no se puede hacer una biopsia, es necesario tener información complementaria, como la determina-ción de HLA”, explica Chirdo.

La enfermedad celíaca es de muy alta prevalencia y se caracteriza por una serie de signos gastrointestinales, que requieren un diagnóstico para que la persona empiece su tratamiento: una dieta estricta libre de trigo, avena, ce-bada y centeno. “El principal problema que tenemos hoy, es que si bien existe

un protocolo de diagnóstico muy claro y que en general se puede seguir con faci-lidad, empiezan a aparecer casos en los que no es tan fácil llegar al diagnóstico. Y estamos hablando de una enfermedad que tiene muy alta prevalencia, pero que está muy sub-diagnosticada. Estimamos que se está detectando diez veces menos de lo que es real”, manifiesta el director.

La intención del proyecto es que la Facultad funcione como una unidad de investigación básica, pero que además pueda potenciar el trabajo y tratar de generar un vínculo más directo con los hospitales desde el punto de vista téc-nico. La idea a futuro es poder generar un protocolo consensuado para la detec-ción de HLA extendida a todos los hospi-tales del Gran La Plata.

“Los profesionales que están en el Hospital de Niños tienen una enorme vocación pero están limitados a su con-texto institucional. Desde la Facultad tenemos otra movilidad, podemos lle-gar de otra manera a distintos lugares. Eso ha dado resultado, por ejemplo, en

la búsqueda de financiamiento”, desta-ca Chirdo y agrega: “Nosotros tenemos una visión diferente a la del Hospital, esa confluencia mejora la capacidad de interpretación y toma de decisiones, poniendo en común ambas experien-cias, desde cuestiones técnicas hasta operativas”.

El director del proyecto plantea que se puede trabajar muy bien con los hos-pitales de la región y los profesionales de esas instituciones están muy intere-sados en hacerlo articuladamente. “A la Facultad le aporta mucho, nuestro gru-po de investigación se dedica a la pato-genia, entonces de alguna manera todos sus integrantes están relacionados con HLA, diagnóstico y búsqueda de otros biomarcadores adicionales. Lo impor-tante es que es una técnica aplicable localmente y eso es lo interesante; hay muchas cosas que desde el grupo de tra-bajo se van haciendo que tienen una im-plicancia directa en la atención pública local”, concluye Chirdo.

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FotoS Proyecto de Extensión “Estudio de Vaginosis Bacteriana...”

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ENTREvISTA CON LAS NUEvAS AUTORIDADES

DE LA FACULTADDE CIENCIAS ExACTAS

DE LA UNLp

Materia Pendiente conversó con Carlos Naón y Patricio De Urraza, flamantes decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, quienes, representando a distintos sectores y formando parte de un cogobierno, se plantean el desafío de trabajar en conjunto en este nuevo período y orientar el destino de la Facultad en los próximos cuatro años.

En junio, y luego de un largo proceso de negociación, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas de la

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) aprobó un acuerdo de cogestión para el período 2014-2018, encabezada por

el doctor Carlos Naón como decano y el doctor Patricio De Urraza como vicedecano. El compromiso es que el 31 de mayo

de 2016, Naón renunciará y dará lugar como decano a De Urraza -pasando el primero a ser vicedecano-, generando así la posibilidad de un mandato compartido entre dos sectores, que

intentará representar los intereses de todos los actores de la unidad académica.

Si bien ambos se dedican a la investigación y a la docencia, tienen disciplinas y recorridos distintos: Naón es doctor en

Ciencias Físicas y dirige el Instituto de Física de La Plata (IFLP), mientras que De Urraza es doctor en Bioquímica y terminó recientemente su gestión como secretario de

Extensión durante el período de la anterior decana, Graciela De Antoni. Los dos hicieron manifiesta su voluntad de

construir una gestión que “mire para adelante”, en la cual las diferencias no representen un problema, sino una riqueza para

complementarse.

¿Cuáles son los principales desafíos para esta próxima etapa?

Carlos Naón (CN): Me parece sumamente interesante y estimulante la posibilidad de lograr una síntesis de muchas

cosas en este período. Quizás es un poco ambicioso, pero espero que logremos hacer un buen complemento que nos

permita avanzar, aprovechando visiones que si bien en muchas cosas son comunes, es cierto que también tenemos algunas

facetas que son distintas. De todas formas, lejos de verlo como un problema yo lo veo como una fuente de riqueza, como algo positivo. Las diferencias sirven más para fortalecer y

completar, que para generar divisiones. Venimos discutiendo ciertas cuestiones generales, que son importantes y tendrán

relación con lo que acordemos de manera más específica.

Patricio De Urraza (PDU): Coincido, porque desde el primer momento que fuimos electos estamos conversando

sobre cómo va a ser la Facultad de ahora en más, más allá de la historia previa de cada uno. Entendemos que representamos

a sectores distintos de la Facultad y tenemos el desafío de ensamblarlos. Es importante poder articular esas diferentes

representaciones que tiene cada uno. En cuanto a políticas, todavía no hemos tenido reuniones

con el gabinete, con lo cual no tenemos el panorama completo de cuál es el proyecto, de hecho tenemos idea de hacer como

se hizo en gestiones anteriores, un proyecto de gestión en donde se puedan plasmar concretamente las políticas, y

probablemente haya muchos puntos de coincidencia. Tenemos el desafío de poder gestionar la Facultad de manera integral.

EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

¿Cómo piensan la extensión, la investigación y la docencia para esta nueva etapa? ¿Se van a mantener algunas líneas de la gestión anterior?

PDU: En términos generales podemos plantearnos que todo lo que se haya hecho hasta ahora, en cada una de esas áreas, que haya resultado positivo, se intentará mantener y continuar, y en todo caso, corregiremos aquellas cuestiones en las que no haya acuerdo. De todas formas, estamos aún en una etapa previa, falta avanzar en ese sentido.

CN: Tenemos muchos puntos en común; hay varias cosas de las gestiones anteriores que son muy importantes y debemos rescatarlas y reformularlas, si es que lo necesitan, pero el contenido de muchas de esas cuestiones es valioso, por ejemplo en el área de Extensión. Yo provengo de una vertiente diferente, más vinculada a la ciencia básica, pero me interesa dejar claro que por estar más cercano a la actividad de investigación, no me dejan de parecer muy importantes esos temas.

¿Cómo se imaginan el futuro de los programas de Extensión ya consolidados en la Facultad?

PDU: La idea es poder profundizar el recorrido de estos programas, que tuvieron una etapa de inicio y ahora tenemos que pensar en la etapa de consolidación, en términos de validación, es decir, generar los mecanismos para que la comunidad los reconozca como válidos. Por ejemplo, los cargos de los programas fueron por designación transitoria, que es comúnmente lo que sucede cuando se inicia algo, sea un programa, una cátedra o un área nueva. Luego pasa a un concurso ordinario y así se valida ese espacio. Acá la idea sería poder llegar a hacer ese recorrido con los programas, y en el caso de los proyectos, hubo un cambio. Aunque es más complejo el tema de seguir los concursos, porque muchos proyectos duran un año, quizás se puede pensar en un formato de concurso interno. Yo dejé la Secretaría de Extensión planteándole eso a la Comisión de Extensión y pensaba transmitírselo además a la Secretaria electa. En este marco, los programas empezaron a articular fuertemente con la docencia, y eso habría que profundizarlo, ya que, de alguna manera, se convirtieron en unidades de docencia, por eso sería bueno poder consolidarlo formalmente. Tenemos una deuda pendiente con generar un programa de educación, que es el área que nos falta.

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LA fACULTAD EN LA COMUNIDAD

¿Cuál les parece que debe ser el rol de la Facultad con relación a la comunidad?

PDU: Hay muchas ideas potenciales de continuar lo que la Facultad ya venía trabajando y planteando desde distintos lugares como los Y-TEC (YPF Tecnoogía Sociedad Anónima) en donde la Universidad es socia con CONICET. Ahí hay una

demanda de políticas estratégicas en ciencia y técnica por parte del Estado y una de recursos humanos de la Facultad.

Existe también una vinculación directa y creo que en la medida que eso avance, tenemos que articular y acompañar.

Por otro lado, hace años que la Facultad viene acercándose a las ventanillas o a las ofertas que vinieron desde el Ministerio

de Ciencia y Tecnología como las plataformas tecnológicas, se generaron varias y se siguen generando otras nuevas; eso a la Facultad le sirve, porque surgen espacios de confluencia de diferentes grupos, a veces de sectores multidisciplinarios

en torno a equipamientos que, de otra forma, no podría obtenerlos. Hay que ver cómo se profundizan las distintas

alternativas de esas plataformas.Hace poco firmamos un proyecto del Fondo Argentino

Sectorial (FONARSEC), que es el de Producción Pública de Medicamentos, que tiene una significación particular por una

cuestión histórica de la inserción de la temática como tal en términos políticos y estratégicos de la Facultad. Allí se sumó un grupo de investigación de otro instituto CONICET a trabajar en el proyecto, con lo cual se amplió el horizonte. Los FONARSEC

implican una vía de financiamiento del Estado que es la central en cuanto a herramientas de desarrollo. Hay otros grupos de

investigación participando de estos proyectos, vinculados a energías alternativas y al tema arsénico.

La otra cuestión que tenemos que definir es cuál va a ser la participación de la Facultad en el recientemente creado

Instituto Nacional del Agua, anunciado por Presidencia de la Nación. Además están los Proyectos de Investigación

Orientada (PIO), de Universidad y CONICET, en donde la Facultad participa, junto a otras diez facultades, del proyecto

de emergencia hídrica, a partir del cual se orientaron recursos para la problemática de la inundación.

CN: Tenemos que apostar a mostrar que somos una unidad, auque al principio cueste, pero creo que la madurez de nuestro

sistema científico en general, no sólo de nuestra Facultad, tiene que empezar a reflejarse como parte de un sólo proyecto,

que en definitiva está relacionado de lleno con toda nuestra sociedad. La ciencia básica, que sería de donde yo vengo,

es fundamental porque es la base de todo eso y no hay que estar en contra de ella, pero tampoco la ciencia básica debe

encerrarse en sí misma.

¿Cómo se imaginan el curso de ingreso y la relación de la Facultad con los colegios secundarios?

PDU: El tema del curso de ingreso siempre ha sido motivo de debate en la Facultad; entiendo que se han ensayado muchas variantes, pero no estoy conforme con ninguna de esas alternativas. Desde que fui alumno vengo debatiendo este tema, porque creo que el curso de ingreso no define el recorrido de un estudiante. La forma en que eso ocurre y la inserción en el recorrido posterior, es lo que todavía no resolvimos. Si bien no soy partidario del estilo Ciclo Básico Común (CBC), como existe en la Universidad de Buenos Aires (UBA), reconozco que la adaptación no se resuelve ni en uno ni en dos meses; seguimos en una instancia exploratoria.

Por otro lado, la tan mentada relación con los colegios secundarios es muy compleja. Una vez un director de enseñanza media de la Provincia me dijo que sólo alrededor del 10 % de los alumnos que terminan el secundario ingresan a la universidad, entonces, para él, más que cómo resolver el ingreso a la academia, su preocupación era cómo mejorar la enseñanza media hacia adentro.

Creo que es desde el costado de la extensión en donde la Facultad articuló más, si bien fue en forma desordenada, todavía estamos a tiempo de generar un programa en donde se dé ordenadamente y no caer en la actitud de la queja eterna de que recibimos alumnos “mal formados”. Lo que tenemos que discutir es cómo incidir en el nivel medio articuladamente, para que mejore la formación integral del estudiante secundario y dejar de pensar al curso de ingreso separado de la carrera.

CN: Ahí hay un campo muy interesante para la extensión, porque creo que tenemos que tender a ir nosotros hacia el nivel medio. Sería muy positivo que podamos impulsar algunos proyectos específicos que apunten a todo esto, que vayamos a las escuelas; después tenemos que ver cómo ejecutarlo, porque los recursos que tenemos son limitados y hay que hacer a lo mejor un proyecto piloto con algunas escuelas, para buscar después una continuidad. Tenemos que pensar en hacer intentos de encontrar soluciones, comenzando por la pequeña escala, sin creernos que vamos a resolver todo, porque sería soberbio, pero sí generando herramientas.

PDU: Hay un proyecto que interactúa con la educación primaria, que comenzó con la idea de colaborar en la implementación y el uso de una serie de equipamientos que habían recibido algunas escuelas hacia fines de la década del ‘90, y luego continuó intentando darle herramientas sencillas y básicas a los docentes para la enseñanza de la ciencia. Hace poco la responsable del proyecto me comentó que tenían demanda de setenta colegios, lo cual los desbordó obviamente, porque venían trabajando con pocas escuelas. En este sentido, sería interesante generar el programa de educación, para encausar todos los proyectos sueltos y para que no se dispersen las energías, así como articular con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ya que son quienes trabajan en el área y forman docentes. Lo importante es que la demanda está, antes no estaba.

Florencia Yanniello

FotoS: Daiana Melón.

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Ministerio lo explica: “un concepto que tiende a explicitar esta asociación estrecha que debe existir entre el sistema científico y las necesidades locales”.

En el Plan, se destaca que desde el año 2003 se dio un giro en las políticas de ciencia y tecnología, que implicó la diversificación del esquema centrado en el apoyo del Estado al desarrollo de la ciencia básica, la formación de recursos humanos y la intervención directa en algunos sectores con-siderados de tecnología de punta o estratégica, cuyo legado más importante fue un conjunto de instituciones como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Na-cional de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET).

El mismo informe señala que desde el 2007 al presente se planteó una política en ciencia y tecnología para la inno-vación productiva e inclusiva, es decir, que se puso énfasis en políticas de más largo plazo, de carácter más sistémico y con una más clara orientación estratégica.

Dentro de las políticas de los últimos años, se lleva-ron a cabo grandes obras de infraestructura como el Polo Científico-Tecnológico; el Instituto de Biología Molecular y Celular en Rosario; el Plan Federal de Infraestructura; el laboratorio de referencia del SENASA; la remodelación y creación de varios institutos del CONICET, la fundación de universidades nacionales en diferentes regiones del país y la creación de empresas estatales.

Otras de las importantes líneas de crecimiento de los últimos años fue la puesta en marcha del Fondo Argenti-no Sectorial (FONARSEC), creado para la implementación de herramientas destinadas a impulsar la asociatividad público-privada y la innovación en sectores estratégicos y en tecnologías de propósito general.

Si bien el incremento del presupuesto en la última dé-cada es innegable, desde distintos sectores cuestionan las formas en que se dio ese crecimiento, apuntando a ciertas debilidades, en un escenario en el cual emergieron otras necesidades y quedaron asignaturas pendientes.

LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

Algunas de las principales críticas a cómo se reparte actualmente el presupuesto del sistema científico y tecno-lógico nacional están orientadas a la conducción política y la planificación; apuntan a que hay una fragmentación ins-titucional, organismos presupuestariamente desbalancea-dos y una imposibilidad de absorber los recursos humanos formados en el país, teniendo en cuenta el incremento de los investigadores y profesionales calificados.

En ese sentido, el doctor Martín Isturiz, investigador de CONICET y coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, sostiene que “desde el 2003 en adelante hubo una voluntad política en impulsar ciencia y tecnología, hecho que se evidencia en el aumento en los números de becas, ampliación de institutos, el mon-to de los subsidios e infraestructura”. Sin embargo plantea que hay dos aspectos que demuestran la debilidad de las propuestas: la cuestión económica y la orientación.

Isturiz considera que si bien hubo mayor inversión, ésta fue hecha sobre la base de un crecimiento económico que hubo en la última década, un promedio del 7 % del PBI. “Se ha movido poco el amperímetro en términos porcentuales de PBI, que eso es lo que define que una política sea estra-tégica para un país, porque el aumento depende de una coyuntura económica favorable o desfavorable”, destaca y agrega: “si la coyuntura hubiera sido desfavorable hubiéra-mos tenido muy poca inversión, ahora, como fue favorable,

DISTRIBUCIÓN DEL pRESUpUESTO NACIONAL

EN CIENCIA y TECNOLOGíA

Las políticas científicas y tecnológicas en Argentina configuran hoy un sistema en desarrollo que crece y se fortalece, aunque existe una gran diversidad de opiniones sobre su orientación, aplicación y líneas prioritarias. Materia Pendiente abre el debate en el que participan el presidente de CONICET, Roberto Salvarezza, el secretario de Ciencia y Técnica de la UNLP, Marcelo Caballé, el ex presidente del INTI Enrique Martínez, e integrantes del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología y de Ciencia entre Todxs. Algunos apuntes para pensar qué ciencia queremos, para

quién y para qué.

Por Florencia Yanniello En los últimos años, y especialmente a partir de la crea-

ción del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Pro-ductiva (MINCYT) en diciembre de 2007, y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Argentina viene desarrollando importantes políticas públicas de pro-moción en investigación, desarrollo e innovación en cien-cia y tecnología, y aumentando los presupuestos corres-pondientes. Esto se observa en todos los organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y para muchos científicos y especialistas en el tema, se trata de las polí-ticas de mayor envergadura de las últimas décadas. Así se ha expresado tanto desde hechos concretos, como desde lo simbólico; instalando al sector en un lugar destacado de la escena nacional y pensándolo como una herramienta fun-damental para el desarrollo.

En el Plan Argentina Innovadora 2020, elaborado por el MINCYT y presentado públicamente en 2013, se plan-tearon los lineamientos en ciencia y tecnología para los próximos años. A diferencia de otros planes, éste está dividido en Núcleos Socio Productivos, según el propio

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lo que pasó fue que creció el PBI, pero uno de los planteos originales de la entonces Secretaría de Ciencia y Tecnolo-gía, en el 2004, era llegar al 2010 con el 1% de inversión y hoy es el 0.65% del PBI versus el 0.48%, aproximadamente, que tenía en el 2002. Los países desarrollados oscilan entre un 2% y un 3.5 por ciento”.

Tal como señala el coordinador del Grupo de Gestión, en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Bicentenario” (2006-2010), ya se habían es-tablecido esas prioridades para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como para la formación de investigadores, científicos y tecnológicos. En el Plan, elabo-rado en el año del 2006, se planteó el compromiso asumido por el gobierno nacional de elevar la inversión en ciencia y tecnología hasta llegar, en el año 2010, a un equivalente al 1% del PBI, por medio del incremento articulado de la cantidad de becarios e investigadores, la mejora de sus re-muneraciones y la promoción del desarrollo tecnológico y la innovación. Pero ese porcentaje no se alcanzó.

Isturiz, sostiene que además existe una mala distribu-ción de los presupuestos: “de los fondos destinados para los trece principales organismos de ciencia y técnica na-cionales, el 35% se lo lleva el CONICET, el 24% el INTA, el 5.5 % el INTI -que tiene mucha presencia federal, es mul-tidisciplinario y abarca muchas áreas de conocimiento- y el 1.1 % el Instituto Nacional de Investigación y Desarro-llo Pesquero (IGIDEP) -que tiene un presupuesto treinta veces menor que el CONICET, cuando tenemos 3.000 ki-lómetros de litoral marítimo y 1 millón de kilómetros2 de aguas territoriales”.

En la misma línea, la doctora Alicia Massarini, investiga-dora del CONICET e integrante de Ciencia Entre Todxs, -un grupo de investigación que promueve la reflexión y el de-bate sobre la democratización del conocimiento científico y tecnológico-, plantea que “el hecho de que en los últimos años se haya incrementado el financiamiento, y también la cantidad de puestos de trabajo en el sistema científico de investigación y becas, aparece como algo necesariamen-te positivo y creo que también hay que problematizarlo”. Massarini señala que se trata de una inversión que se hace con fondos públicos y tomando préstamos internacionales, generando un endeudamiento sobre el cual no se debate ni el destino, ni cuáles son los problemas que se van a resol-ver. “No necesariamente es virtuoso más de lo mismo, aun-que la comunidad científica celebre esto, por una cuestión muy corporativa. Si uno lo mira en el contexto social y en un debate más amplio, la pregunta es para quién es esa inver-sión y qué va a resolver”.

Desde la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Marcelo Caballé, secretario de Ciencia y Técnica, también reconoce que el aumento en el presupuesto es notable, aunque coincide en que “las inversiones deberían ser ma-yores y alcanzar, al menos, el 1% del PBI”. Caballé manifies-ta que las universidades públicas, como parte importante del sistema nacional, “también han incrementado sus presupuestos, aunque debe señalarse que los fondos espe-cíficos para actividades de ciencia y tecnología destinados a las universidades nacionales no han acompañado los au-mentos presupuestarios generales, sino que han quedado muy rezagados respecto a éstos”.

El secretario de Ciencia y Técnica de la UNLP, agrega que varias universidades, entre ellas la de La Plata, resuelven sus inversiones en ciencia y tecnología mediante transfe-rencias de otras partidas presupuestarias. “En aquellas universidades en las cuales no se han adoptado estas medi-das, las postergaciones en la función de ciencia y tecnología vienen impactando negativamente en sus instrumentos de

Becas e investigaciónEn los últimos años el CONICET puso un énfasis creciente en el diseño e implementación de una nueva forma de organización de institutos y centros de servicios vinculados: los Centros Científicos Tecnológicos (CCT). A la par de buscar integrar a la mayor cantidad de sus miembros en estas estructuras, fueron concebidos con el criterio de un modelo territorial descentralizador, para la generación de acciones regionales. “El presupuesto del que dispone CONICET en 2014 es trece veces superior al que presentaba en 2003. La cifra de este año, 3800 millones de pesos, le permite al organismo cumplir con los objetivos de promocionar la ciencia y tecnología en el país. En particular, la formación de recursos humanos a través del Programa de Becas Doctorales y del ingreso a la Carrera del Investigador y también atender los requerimientos de infraestructura que se necesita renovar. Se han finalizado 70.000 m2 y se están construyendo otros 30.000 m2 en distintos puntos del país”, destaca el doctor Roberto Salvarezza, Presidente de CONICET.En este sentido, señala que este presupuesto es adecuado para mantener la actividad de sus 8.100 investigadores, 3.200 profesionales y técnicos de apoyo, 1.100 administrativos y 9.000 estudiantes de doctorado y postdoctorado distribuidos en 200 centros e institutos; además de contar con presencia en departamentos universitarios, la CNEA, el INTA, el INTI, entre otros.

financiamiento en investigación y desarrollo. Por lo tanto, para que puedan desarrollar sus políticas científico-tecno-lógicas más libremente y con menores dificultades resul-ta imperioso que aumente progresiva y sostenidamente la función de ciencia y tecnología en el presupuesto de cada una de ellas”, destaca.

LÍNEAS PRIORITARIAS

Tanto en la página web del MINCYT, como en los infor-mes elaborados por el Ministerio, se destaca que las po-líticas, en los últimos años, se han caracterizado princi-palmente por priorizar el desarrollo de proyectos en los campos disciplinares de biotecnología, nanotecnología y tecnologías relacionadas con la informática y las comunica-ciones (TICs). Actualmente, prevalecen los de base tecnoló-gica en empresas privadas (mayormente pymes), así como la vinculación con organismos públicos. Se plantea además, que estas áreas son fundamentales para el desarrollo na-cional y local, y que pueden aportar tanto a la solución de problemas productivos y sociales como al aprovechamien-to de oportunidades.

Según el ingeniero Enrique Martínez, ex presidente del INTI, los criterios actuales de distribución del presupues-to nacional para políticas públicas en ciencia y tecnología tienen un problema de base: “El presupuesto resulta por acumulación de demandas de recursos originados en dife-rentes ámbitos, con dependencia de distintos ministerios. Por lo tanto, el resultado final no emerge de una planifica-ción, sino de la capacidad y compromiso de arrimar fondos por parte de los diversos ministros”. Además, Martínez, que presidió durante once años el organismo nacional más im-portante de tecnología industrial, destaca que “en la me-dida que no exista una convergencia de propuestas no se puede estar ni siquiera de acuerdo o en desacuerdo con respecto a la orientación de las políticas en ciencia y técni-ca, aunque numerosas líneas del CONICET o del INTA, por ejemplo, las calificaría de prescindibles, menores o mal en-focadas. Del mismo modo, apoyaría con muchas más fuer-zas otras líneas de los mismos ámbitos”.

En relación al direccionamiento de las políticas en esta área, Martín Isturiz tampoco coincide totalmente con los ejes que se proponen desde el MINCYT. “Desde el 2003 en adelante la prioridad es la articulación entre el sector pú-blico y el privado, con el objetivo de que esa articulación sea para generar desarrollos, sobre la base de proyectos generados en el sector privado, y financiados o subsidiados por el sector público. Es decir, el eje de las políticas públi-cas se basó en la empresa privada”, manifiesta y agrega que “la estrategia fue equivocada, porque se apoyaron en un sector que no les dio respuesta”.

Desde Ciencia Entre Todxs, Alicia Massarini opina que las líneas políticas que define el Ministerio de Ciencia y Tecnología “reflejan tendencias internacionales muy li-gadas a cuestiones de mercado que tienen que ver con la ciencia hegemónica y con la producción de las grandes empresas, es decir, la tecnociencia, y en ese esquema, las cuestiones que tienen que ver con las necesidades socia-les prioritarias de nuestro contexto local y regional, des-aparecen completamente”. Massarini agrega que “si bien se mencionan de manera decorativa algunas cuestiones, los ejes están marcados y se reflejan, tanto en la política del Ministerio, como en la de CONICET”. Con respecto a las universidades, la integrante de Ciencia entre Todxs plan-tea que cada vez más adoptan los mismos criterios que el MINCYT y es por eso que los temas alternativos ocupan lu-gares muy marginales.

Fuente: PNCTI. 2012-2015, Hacia una Argentina innovadora. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

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LAS VAQUITAS SON AjENAS

Sin lugar a dudas, el contexto internacional tam-bién ejerce cierta influencia en las líneas de orienta-ción y en las políticas públicas del país. En este sentido, Enrique Martínez, sostiene que “la coyuntura global influ-ye y mucho, en cuanto al peso de las corporaciones mul-tinacionales”. El ex presidente del INTI manifiesta que “Argentina no tiene, y nunca tuvo, programas estratégi-cos de tecnología industrial que permitieran apropiarse progresivamente del conocimiento necesario para pro-ducir integralmente en el país los bienes de tecnología que podríamos llamar intermedia”. Además, plantea que por dispersarse acompañando las modas internaciona-les sobre tecnología “de punta”, el país hoy “no produce motos ni bicicletas eléctricas; compresores de helade-ras; televisores; surtidores para combustible o bienes similares, que están perfectamente al alcance de nuestro conocimiento industrial promedio”.

Por su parte, Marcelo Caballé, opina que “la Argentina posee numerosos ejemplos de desarrollo tecnológico de alta significación, como son los realizados por INVAP-SE, CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) y otros, pero está en condiciones de dar un salto cualitativo y cuantitativo en sus actividades de desarrollo tecnoló-gico e innovación productiva”. El Secretario de Ciencia y Técnica de la de la UNLP expresa que el país posee una fuerte base científica y ha comenzado a generar interesan-tes políticas nacionales, aunque esto “debería impactar en la tecnificación del sector industrial, especialmente en las pymes, y en la generación de valor agregado en las cade-nas de comercialización, ya que esto ayudaría a cambiar el perfil exportador, de proveedor de materias primas a la exportación de productos elaborados”. Con respecto al rol de las universidades públicas en ese desafío, Caballé sostiene que “al igual que otras instituciones del sistema científico, deberían aportar a este cambio a través de sus propias políticas en investigación y desarrollo”.

Asimismo, Alicia Massarini, del Grupo Ciencia En-tre Todxs señala que “existe un modelo de ciencia que se ha ido instalando desde los años ‘80 y ‘ 90 y que si-gue siendo el modelo hegemónico, que implicó asumir aquellos temas que los países centrales van definiendo como prioritarios, y no son temas precisamente de cien-cia básica, sino de tecnociencia”. En la misma línea, desde su experiencia al haber pasado por el INTI, el Ingeniero Martínez expresa que “el concepto de competitividad es definitivamente malsano expresado desde el Estado y como meta para mejorar la calidad de vida. Los países periféricos tienen un serio problema de subordinación a las corporaciones multinacionales, que controlan bue-na parte de las actividades clave para el desarrollo”. Sin embargo, destaca que “hablar de competitividad en un escenario donde las decisiones sobre los eslabones in-dustriales que se implementan en el país se toman en otro lado, es simplemente disfrazar un aval para reducir los salarios reales, que es el modo en que las corpora-ciones amplían sus actividades en un país periférico”. El ex presidente del INTI sostiene que se debería aspirar, en cambio, a aumentar la productividad física global de la economía, es decir “que el trabajo de los argentinos aumente su eficiencia al transformar los recursos na-turales o al interior de las organizaciones productivas. Si las multinacionales no cooperan en ese sentido, por-que buscan sólo minimizar sus costos, será cuestión de encontrar las soluciones tecnológicas que permitan su reemplazo progresivo”.

El fetichismo del paperCon respecto a la investigación en ciencia y técnica, si bien CONICET es el organismo que otorga becas y forma profesionales más grande y con más recursos, no es el único. Sin embargo, estas entidades a nivel nacional y regional, mantienen ciertos criterios similares en relación a la incorporación de los aspirantes, la evaluación de los proyectos y la permanencia dentro del sistema.En este sentido, Enrique Martínez opina que “El CONICET, de algún modo, es una escuela permanente de agregación de conocimiento. Es razonable que los investigadores más jóvenes trabajen para dominar a ultranza los fundamentos de la ciencia y por lo tanto se involucren con fuerza en la ciencia básica. Lo que no es lógico es que lo sigan haciendo en exclusividad quince o más años después de egresados de la universidad. La ciencia aplicada es una posibilidad que se fundamenta en la ciencia básica, pero además debe ser un compromiso para los investigadores formados. O sea: El dilema no es institucional sino generacional”. Desde el Grupo Ciencia Entre Todxs, tienen una visión crítica sobre los criterios de evaluación del sistema de investigación en ciencia y tecnología. “Al estar tan definidas esas líneas prioritarias y tan instalada la idea de que lo virtuoso es la aplicación a la producción, quedan afuera una serie de temas, que ni siquiera tienen entidad en lo que es el sistema de evaluación de CONICET, porque la mayoría de los problemas socialmente relevantes son interdisciplinarios y allí no hay lugar para este tipo de investigaciones; entonces a veces se cuela alguna, pero en general no son favorablemente evaluadas, porque no cuadran en los parámetros que se estiman de excelencia”, sostiene Alicia Massarini (Ver en este número “Todas las manos, todas”, pp 25-28). Paralelamente, su compañera del Grupo, la bióloga y magíster en Historia de la Ciencia, Adriana Schnek, plantea: “la tendencia de los investigadores viene de una educación previa; hay toda una plataforma que va formando a esa persona y hay una tendencia a formar científicos acríticos, o críticos moldeados en cierto direccionamiento, pero sin la posibilidad de estar abiertos a un debate y a dar todas las perspectivas que se requieren para poder optar. Hay muchos temas que se silencian, y los silencios están pesando mucho”.Martín Isturiz, también cuestiona el sistema de evaluación, ya que señala que es preocupante el impacto de la publicación científica. “Se ha transformado en un fetiche, casi como un objetivo; cuando el paper es un instrumento. Históricamente y con todo lo que ha pasado en Argentina, tenemos un sector de ciencia y técnica que es realmente muy bueno, en distintos campos disciplinares, desde sociales hasta exactas, pero lo que falta es la articulación”, manifiesta, y agrega que se deben generar proyectos que fomenten ese vínculo, porque las necesidades públicas, son interdisciplinarias. “Hay mucha fragmentación institucional, presiones e incapacidades, pero si hay decisión política es posible cambiarlo”, concluye.

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CIENCIA Y PROBLEMáTICAS SOCIALES

El debate sobre el modelo de ciencia y tecnología, in-cluye también la discusión sobre la necesidad de que éste atienda las necesidades públicas nacionales, provinciales y regionales, sean éstas de carácter estratégico, social o económico. “Una planificación estratégica, es decir, poner ejes centrales en política de ciencia y tecnología, tiene que ver con ideología. Si la ideología predominante ha sido el favorecimiento de la empresa como dinamizador social, caemos en la lógica empresarial, cuyo principal objetivo siempre es la ganancia. Una política nacional no puede tener como objetivo la ganancia”, plantea Martín Isturiz y agrega que “para aplicar realmente políticas en ciencia y tecnología, es imprescindible que haya apoyos convergen-tes de movimientos sociales que sostengan esas políticas”.

El presidente de CONICET, Roberto Salvarezza, plantea que el organismo “ha impulsado la transferencia del cono-cimiento como uno de los ejes de las políticas que ejecuta. Para ello se fortaleció el área de vinculación tecnológica, y se mejoraron todos los aspectos concernientes a la pro-piedad intelectual de los conocimientos, impulsando la creación de empresas de base tecnológica como es el caso de Y-TEC -conformada por YPF, con el 51%, y el CONICET, con el 49%-, y participando activamente en consorcios pú-blicos privados para el desarrollo de distintos productos”. Salvarezza señala que el organismo ha implementado una nueva forma de evaluación en el marco de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) para aquellos investigadores que participan en todas las iniciativas de transferencia. “Hay que destacar que no sólo se piensa en transferencia tecnológica, sino también en la transferencia de conocimiento en el área de la salud pública y del Estado, a través de las ciencias sociales”, agrega.

Por su parte, Marcelo Caballé, desde la UNLP, resalta que “nuestro país tiene una larga tradición científica y numero-sas instituciones e investigadores destacados a nivel interna-cional. Sin embargo esta afirmación es válida para las cien-cias básicas y no tanto así para la investigación orientada a la resolución de necesidades de la sociedad”. Además sostiene que “la historia de desconexión entre demandas sociales e investigación científica es extensa y puede deberse a varios factores. Entre ellos influye una suerte de desconocimiento y hasta de desconfianza acerca de que los demandantes o potenciales beneficiarios externos, instituciones públicas o privadas, tengan la eficacia de los equipos de investigación para plantear soluciones concretas, logradas en tiempo y en forma, a los problemas que se presentan”.

El secretario de Ciencia y Técnica de la UNLP subraya que se fomenta la participación de los investigadores en proyectos de investigación orientada, “pero al mismo tiem-po se los sanciona por no publicar sus resultados en revis-tas científicas de alto impacto”. En ese sentido plantea que “debe tenerse en cuenta que en los proyectos destinados a la resolución de problemas concretos difícilmente se ob-tengan resultados publicables en medios de esas caracte-rísticas y, más aun, en ocasiones estos trabajos se realizan mediante acuerdos de confidencialidad. Por lo tanto, para lograr que la ciencia se vincule más estrechamente a la re-solución de problemas sociales resulta imperioso que se revisen los criterios y pautas de evaluación que se aplican al personal dedicado a investigación y desarrollo”.

Con respecto a las líneas prioritarias de financiamiento de CONICET, Salvarezza plantea que “además de apoyarse los proyectos de investigación básica indispensables en toda institución de ciencia y técnica del mundo, se han implemen-tado distintas líneas como son los Proyectos de Investigación

Orientados (PIO) que se suscriben con universidades, orga-nismos y fundaciones. Los temas son definidos por estos últi-mos para atender a necesidades específicas y de impacto en la sociedad y se trabajan con las universidades nacionales”. El presidente del organismo de ciencia y técnica manifies-ta que se están coordinando proyectos con la Universidad Nacional de La Plata para promover soluciones concretas en distintas problemáticas derivadas de la emergencia hídrica que atraviesa la región, en relación a problemas tecnoló-gicos, ambientales y sociales asociados a la explotación de recursos energéticos con la Fundación YPF. “Desde los PIO se busca fortalecer la investigación en temas de interés re-gional, con proyectos donde la pregunta es formulada por la sociedad. Se espera incrementar el número de proyectos sin dejar, por supuesto, de apoyar la investigación básica y de excelencia que lleva adelante el CONICET”, agrega.

Con relación a la evaluación de las becas de investigación en las universidades, Caballé explica que la distribución de las becas de la UNLP no reconoce líneas ni disciplinas prio-ritarias, sino que “tiende a ser lo más amplia posible en tér-minos disciplinarios, buscando impactar equitativamente en las 17 unidades académicas”. “La política de apoyo a lí-neas prioritarias sí está claramente definida a través de los Proyectos de Investigación y Transferencia en Temas Prio-ritarios (PITAP), que en su última convocatoria, realizada bajo la forma de Proyectos de Investigación Orientada (PIO) con financiamiento compartido entre la UNLP y el CONICET, fue restringida a proyectos destinados a la búsqueda de so-luciones a la problemática hídrica de la región La Plata, a partir de la inundación sufrida en abril del año pasado”, ma-nifiesta (Ver materia pendiente Nº 20).

Por su parte, Enrique Martínez, evaluando la vincula-ción entre la ciencia y la posibilidad de resolver problemas de la sociedad, plantea que “la solidaridad tecnológica es un concepto que se debe definir en términos regionales, más que nacionales. Simplemente se expresa en la transfe-rencia de conocimiento entre grupos de la comunidad para conseguir que quienes reciben esos saberes sean más auto-suficientes a futuro. Vale, por lo tanto, para incorporar los sectores excluidos a la producción o para ayudar a Bolivia o Ecuador a que produzcan sus propios alimentos”.

Reflexionando sobre la posibilidad de que se generen cambios en el sistema científico y tecnológico, Martín Isturiz concluye señalando que es necesario y fundamental “utilizar todo el aparato de ciencia y tecnología que tiene el país para generar la resolución a las demandas de la sociedad, aunque lo primordial es definir un proyecto, que haya un gerencia-miento y encontrar a los actores de esas demandas”.

democratizar el saberCiencia Entre Todxs plantea un interesante debate en torno a la necesidad de una democratización del conocimiento científico, es decir problematizar cómo se generan los procesos de construcción de la ciencia y ponerlos en relación con problemáticas sociocientíficas actuales. “Buscamos que tanto docentes como alumnos puedan ver de qué manera se construyen estos saberes científicos, cuáles son las cuestiones epistemológicas, éticas, morales, las dimensiones que entran en juego y los actores; las escalas, las distintas voces y los silencios. Intentamos aproximarnos a una idea más cabal de ciencia con todas sus tensiones y no a una idea acabada, y para eso, trabajamos en el terreno educativo en distintos niveles”, explica Adriana Schnek.Por su parte, Alicia Massarini agrega que “el docente tiene un rol protagónico en este proceso de democratización del conocimiento, en donde es central entender al saber científico como un saber más en diálogo con otros saberes”. Apuntan a un trabajo de deconstrucción de la representación social existente sobre el lugar de la ciencia como legitimadora de modelos hegemónicos. “También queremos mostrar los propios conflictos de la ciencia, porque aparecen esquemas en donde ésta tiene un tipo de verdad que dialoga con otras verdades, pero en realidad queremos mostrar que al seno de la ciencia hay debates y que para muchas cuestiones hay más de una explicación. Es importante transparentar estos conflictos intracientíficos”, agrega Massarini.

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EL LEGADO DEL DOCTOR ANDRéS CARRASCO

En mayo falleció el investigador principal y ex presidente del CONICET, Andrés Carrasco, reconocido por sus reveladoras investigaciones en embriología molecular y por poner en evidencia los riesgos en la salud humana del uso de plaguicidas como el glifosato. Desde Materia

Pendiente recordamos al científico, que con su ética y compromiso con los pueblos fumigados, supo salir del paper y llegar a la sociedad.

“Carrasco puso por delante la cuestión humana, algo que no es tan común en los científicos. Su sensibilidad y su trabajo significaron una puerta que se abrió en la investigación, un nuevo camino”. De esta manera Damián Marino -investigador del CONICET y docente de las Licenciaturas en Química y en Química y Tecnología Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP-, inmortaliza al reconocido científico fallecido el 10 de mayo de este año. Andrés Carrasco se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se especializó en embriología molecular; fue Presidente del CONICET en los años 2000 y 2001 y luego Subsecretario de Innovación Científica y Tecnológica del Ministerio de Defensa de la Nación, cargo al cual renunció en 2009, cuando fue obligado a limitar sus investigaciones sobre los efectos nocivos del glifosato, el cuestionado herbicida cuya marca más conocida es el Roundup, de la multinacional semillera Monsanto.Se desempeñó hasta el momento de su fallecimiento como director del Laboratorio de Embriología de la UBA, desde donde realizó los estudios que demostraron el mecanismo por el cual el glifosato genera alteraciones en el desarrollo embrionario.

En el año 2009, puso a disposición de las comunidades afectadas por las fumigaciones los resultados de esta investigación, con la cual se confirmó que este herbicida produce múltiples malformaciones. A pesar de que los resultados fueron publicados posteriormente en la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology, Carrasco fue víctima de una gran campaña de desprestigio. Sufrió amenazas, desacreditaciones públicas por parte de colegas y funcionarios y un sinfín de difamaciones, muchas de ellas motivadas por corporaciones vinculadas al agro. Sin embargo, su relación y compromiso con los movimientos que desde hace años denuncian los impactos de los agroquímicos le valió un gran apoyo por fuera de la academia.Tras su muerte, fueron numerosos los homenajes y conmemoraciones; no obstante, Damián Marino señala que “en el ámbito científico no tuvo el suficiente reconocimiento ya que aún ‘le pasan factura’ por no haber respetado los ‘códigos de lo científico’, de esa elite que históricamente controlaba la ciencia. Andrés sacó a la luz datos de su investigación antes de publicarlos en una revista internacional. Esa es la transgresión, eso fue lo que le mereció el ataque de sus colegas”.

CONTRA EL MONSTRUO GRANDEPara muchos el gran mérito de Carrasco es que supo hacer de sus investigaciones una herramienta útil para la comunidad, es decir, que puso a la ciencia al servicio del pueblo. Desde la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, de la localidad cordobesa Malvinas Argentinas -en donde desde septiembre de 2013 se mantiene un bloqueo para evitar la construcción de una planta de procesamiento de maíz transgénico de Monsanto-, Eduardo Quispe, uno de sus integrantes, recordó al doctor Carrasco de esta manera: “Nosotros hacemos un reconocimiento porque fue uno de los científicos militantes que no se ha dejado comprar, uno de los intelectuales que se acercó al territorio. Estuvo muchas veces en Malvinas Argentinas y llevó nuestra problemática a muchos lugares, que gracias a él se hizo creíble, porque muchos otros científicos que viven del mercado han querido deconstruir nuestro discurso”.Carrasco mantuvo un fuerte vínculo con la asamblea cordobesa, así como con las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, un colectivo de la misma provincia que se transformó en un emblema de la lucha contra las fumigaciones con pesticidas. “Gracias a personas como él, que se legitiman en universidades, podemos

demostrar científicamente que Monsanto mata y contamina. Los colectivos académicos y universidades que se hermanan en América Latina, luchando contra el modelo del extractivsimo y se paran frente a las multinacionales, son los que hoy sostienen y acompañan nuestra lucha por la tierra y por nuestros hijos”, agrega Quispe.

LA ÉTICA Y EL EGO“Andrés logró instalar la idea de que es posible que la gente proponga la pregunta científica a partir de denunciar qué tipo de prácticas agropecuarias están bien o qué tipo de cultivos transgénicos pueden tener consecuencias en la salud. Esa pregunta que estaba dando vueltas en las comunidades, él la tomó como bandera, se puso a trabajar y así rompió con la idea de que los investigadores son los dueños del conocimiento”, señala Damián Marino, quien investiga desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP los efectos de los plaguicidas en la pampa ondulada.Sus compañeros de “Ciencia Entre Todxs”, un grupo de investigación que promueve la reflexión y el debate sobre la democratización del conocimiento científico y tecnológico, lo recordaron con una emotiva carta publicada en el diario Página 12. Adriana Schnek, integrante de ese grupo, lo recuerda de esta manera: “Referente, colega, compañero, fue dueño de un estilo confrontativo, perspicaz e inclaudicable, completamente comprometido con sus ideales. Construyó senderos alternativos a los del estilo de la ciencia hegemónica a través de un trabajo horizontal con las bases sociales. Este es el gran mensaje que debería tomar la comunidad científica”. Schnek resalta que Carrasco “eligió desafiar los mandatos de la academia participando y apoyando las luchas de movimientos y pueblos afectados por las consecuencias de un modelo de desarrollo neoextractivista profundamente desigual y devastador del territorio y de sus poblaciones”.En la misma línea, Lucas Alonso, estudiante avanzado de la Licenciatura en Química y Tecnología Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas (UNLP), manifiesta que lo más importante del legado de Carrasco, es “cómo pudo hacer de nexo entre el reclamo social y el trabajo de laboratorio puro”. En ese sentido, Lucrecia Orofino, también alumna de la Licenciatura, expresa que su trabajo “generó un punto de unión entre dos polos que estaban separados. Carrasco abrió una puerta y gracias a él hay un sector que está escuchando los reclamos sociales, para que la ciencia

esté en función de las problemáticas ambientales cotidianas”.Alonso agrega que “si bien hoy en el sistema científico puede haber un camino distinto que marcó Carrasco, desde la ciencia pura, todavía domina una generación que no sé si está dispuesta a abrirse a ese tipo de cuestiones y, si bien de a poco se van dando pasos, falta un gran cambio en la mentalidad de muchos científicos, para que puedan entender que las herramientas que ellos manejan pueden llegar a tener una relevancia en ciertos reclamos que no se están atendiendo”. Los futuros profesionales plantean la necesidad de que los investigadores tomen el ejemplo del compromiso del doctor Carrasco y puedan continuar con las investigaciones que él inició. “Hay que salir del paper -del artículo meramente científico-y llegar a la gente. No dejar relegado uno de los pilares fundamentales de la ciencia por el ego”, concluye Alonso.

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La ciencia dignaEl más significativo de los reconocimientos tras la muerte del doctor Andrés Carrasco fue el de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), cuyo Consejo Directivo aprobó por unanimidad un proyecto presentado por consejeros estudiantiles, docentes y graduados, para establecer el 16 de junio –día de su nacimiento- como Día de la Ciencia Digna.El reconocimiento a Carrasco, que además fue docente de la materia Salud Socioambiental de dicha Facultad, pretende extenderse a otras unidades académicas y universidades. “Su actitud, científica y militante, fue, es y seguirá siendo un ejemplo para las jóvenes generaciones, ávidas de referentes y ejemplos para poder verse reflejadas y estimuladas a no claudicar en la construcción de sociedades saludables, desde una ética de la vida”, señala el documento.

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Abordar los problemas que emergen en la sociedad desde diversas aristas brinda un potencial importante. Conocemos tres experiencias de la UNLP que, aunque con muchos desafíos y preguntas, trabajan asumiendo diferentes lenguajes, técnicas y procesos. Los resultados, aseguran, son enriquecedores.

tando hace tiempo este problema. Cada uno tiene un recorrido profundo hecho desde su perspectiva”, subraya la inte-grante del proyecto y trabajadora social, Adriana Cuenca. Por su parte la doctora en Geofísica Nora Sabbione, afirma: “Al comenzar nos dimos cuenta que tenía-mos cada uno un lenguaje técnico y fue importante conocernos para tener la libertad de decirle al otro “¿qué querés decir con eso?’. Así fue como empeza-mos a construir, conociéndonos, a saber cuáles eran los intereses y qué podía aportar cada grupo. No hablábamos de un proyecto, pensábamos que podíamos sumar a algo común y ahora nos encon-tramos con el gran desafío de ver cómo hacemos para llevarlo adelante”.

Así, desde la UNLP y los institutos de investigación, surgen proyectos que in-cluyen a profesionales de diversas disci-plinas, con el objetivo de desarrollar in-vestigaciones en las que cada uno pueda brindar su propio aporte.

Otro de los proyectos que desarrolla la unlp, es el denominado Dinámica Neu-ronal y transmisión de la información, que trabaja la aplicación de la física al análi-sis de cómo se codifica la información

en el cerebro. “Trabajar desde la neuro-física es romper con muchos prejuicios. Primero, en el sentido de que uno inten-ta utilizar muchas herramientas com-putacionales, matemáticas y de física para intentar resolver un problema que tiene fuertes hipótesis biológicas, por lo que se necesita un contraste directo con datos experimentales neurofisiológicos. Pero eso mismo requiere romper barre-ras importantes”, resalta el director del proyecto, el doctor en Física Fernando Montani, quien agrega: “No hay una tra-dición de trabajo ni de laboratorios cien-tíficos interdisciplinarios y su desarro-llo es algo que va a llevar tiempo. Una visión global requiere que haya muchas áreas científicas involucradas”.

CONjUGAR DIfERENTES LENjUAGES

“Existe un desafío teórico, porque te-nemos que llegar a acuerdos de qué en-

tendemos por ciertas categorías; y uno metodológico, en tanto se trata de poder construir cierta unidad con un criterio para poder llegar a un producto que complete las distintas aristas”, subraya Adriana Cuenca. Además, la trabajadora social agrega que otra cuestión a resol-ver es “la forma de poder comunicarnos y ensamblar un trabajo desde la con-fianza y los acuerdos, creando canales que faciliten realizar las tareas de ma-nera conjunta”.

“Una gran dificultad, al generar un proyecto con personas de distinta for-mación, es que todos los procesos se alargan: definir el problema, las herra-mientas, analizar los resultados, escri-bir el trabajo y publicarlo”, subraya la doctora en Física, Paula Bergero, inte-grante del proyecto Modelado y simula-ción de la transmisión de enfermedades infecciosas, -que se desarrolla en el Ins-tituto de Investigaciones Fisicoquími-cas Teóricas y Aplicadas (inifta)- en el que se analiza e indaga la propagación y el comportamiento de la tos convulsa en Argentina, a partir del trabajo man-comunado de físicos, bioquímicos y mé-dicos. “Hay que invertir tiempo en desa-

La interdisciplinariedad es el traba-jo interrelacionado de varias disciplinas científicas que se unen para analizar e indagar sobre alguna problemática con el objetivo de estudiarla de manera in-tegrada y holística, constituyendo un objeto de estudio a partir de las miradas que puedan aportarse desde más de una orientación académica.

Si bien en la Argentina no existe una tradición en el trabajo interdisciplinar -como sí se ha desarrollado y profun-dizado en otros lugares del mundo, en donde se constituyen laboratorios y cen-tros de investigación integrados-, en los últimos años ha comenzado a promover-se la investigación conjunta, sobre todo en lo vinculado a la resolución de diver-sas problemáticas sociales que emergen en el país.

Un caso de este tipo de abordaje, es el proyecto que, luego de las inundacio-nes que sufrieron las ciudades de La Pla-ta, Berisso y Ensenada el 2 de abril del 2013, presentaron once facultades de la Universidad Nacional de La Plata (unlp) -entre las que se encuentra la Facultad de Ciencias Exactas- ante el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet), para desarrollar un observatorio ambiental en la región y elaborar planes de contingencia que puedan aplicarse en el caso de producir-se otro fenómeno similar (Ver Materia Pendiente Nº 20). Este proyecto, -de-nominado Las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada: análisis de riesgos y estrategias de intervención. Hacia la construcción de un observatorio ambien-tal-, es novedoso en la unlp por tratarse de un estudio que reúne a carreras muy disímiles que van desde las ciencias du-ras hasta las sociales.

“Estamos en un período de construc-ción, que es complejo porque hay once facultades, cada una trabaja desde una perspectiva distinta, y hay muchos gru-pos o representantes de facultades o de centros de investigación que vienen tra-

Foto Cecilia Mercado

Foto Daiana Melón

Foto Sabrina Carnéz

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rrollar un lenguaje común, ponernos de acuerdo en qué significa cada concepto, porque muchas veces las palabras se utilizan con diferentes sentidos. Ade-más, los métodos para investigar son diferentes”, analiza Bergero.

Los tiempos que conlleva el trabajo interdisciplinar son más prolongados a causa de los acuerdos a los que es ne-cesario llegar para poder constituir el producto desde un aporte de todas las profesiones. “A la hora de escribir un trabajo los estilos, las filosofías y la manera de organizar la información son distintos en cada disciplina, por lo que hay una negociación permanente, se necesita diálogo, mucha confianza y paciencia”, resalta Paula Bergero. En la misma dirección, plantea que otra difi-cultad que puede aparecer con respec-to a este tipo de trabajo es a la hora de publicarlos: “No existen revistas inter-disciplinares, y muchas veces contestan que la investigación no es del target de la revista, o que toma problemáticas muy locales. Además es muy difícil que lo evalúe alguien que tenga una formación interdisciplinar, entonces solemos estar en desventaja con respecto a otros que trabajan desde una sola área temática”.

De esta forma, la evaluación insti-tucional se presenta también como un

momento clave, tal como lo subraya Ber-gero: “Al trabajar con temáticas locales que pueden tener un impacto, se trata de difundir en esos propios lugares y esto, a la hora de la evaluación, hay que defen-derlo, decir qué es lo que se busca con la publicación, qué publico se quiere alcan-zar y por qué. Es necesario, a su vez, jus-tificar por qué se elige una revista na-cional. La idea que subyace es que si no se envió a una revista internacional que publica en inglés es porque el trabajo no es suficientemente bueno”. (Ver, en este número “Actores de reparto”, pp 16-23).

Una de las metas a alcanzar es que el resultado en sí mismo sea interdis-ciplinario, que puedan apreciarse los aportes de cada una de las especialida-des que hayan participado del proceso de investigación. “El principal desafío es la comunicación y poder construir con-fianzas, acuerdos y tareas. En este pro-yecto hay muchos saberes trabajando en una problemática, a los que hay que au-nar y encauzarlos para dar un producto que sea viable, interesante y resultado de conocimiento científico”, sostiene Adriana Cuenca.

Al mismo tiempo, al abocarse, en mu-chos casos, a la resolución de una pro-blemática social, es necesario analizar y buscar vías para que el producto sea uti-

lizado por los diversos actores y que sea aplicable a la realidad. “Es importante que la sociedad, los gobiernos y los esta-dos puedan apropiarse del producto, que el mismo pueda dar cuenta de patrones de ocupación del territorio y proponer un plan de contingencia que pueda ser utilizado”, sostiene Cuenca. Con relación a este tema, Bergero resalta: “Un gran reto es cómo hacemos para que el pro-ducto se utilice a nivel ejecutivo y que la población lo conozca, que se aproveche. Esto está vinculado a cómo está inserta-da la Universidad en la región”.

LA RIQUEzA DE ESTE ABORDAjE

Más allá de los retos y las dificulta-des que plantea el trabajar un tema a partir de la confluencia de profesiona-les de diferentes áreas académicas, la interdisciplinariedad tiene una gran potencialidad. Abordar de esta forma problemáticas que emergen en la socie-dad permite profundizarlas de manera integrada, entendiendo las causas que llevaron al desarrollo de las mismas y las consecuencias que se pueden des-encadenar. A su vez, aporta una mirada más compleja para acercar una solución.

“Cuando se trabaja en un tema de modo disciplinar, las preguntas están creadas desde el mismo campo profe-sional, en cambio en la interdisciplina los problemas son reales, emergen en la sociedad y el trabajo interdisciplinar es la manera de abordarlo”, subraya Paula Bergero, y agrega: “Es muy motivador aprehender cosas que están más allá de la disciplina de cada uno, lleva a lugares que antes no imaginamos. Es enrique-cedor desde lo académico pero también muy formador desde lo humano”.

Desde diversas unidades académi-cas e institutos de investigación se han comenzado a promover los estudios in-tegrados. Es necesario continuar pro-fundizando el abordaje de las investi-gaciones desde esta visión, que permite generar avances científicos más comple-jos. “Se toma noción de cuántos aspectos podemos aportar a una problemática. Saber que nuestra universidad puede colaborar desde tantas aristas a un mis-mo problema realmente es algo fantás-tico, entonces uno se pone a pensar por qué no hemos hecho este ejercicio an-tes”, resalta Nora Sabbione.

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El pasado 18 de diciembre de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata Nº 1, integrado por los jueces Carlos Alberto Rozanski (presidente), Pablo Jantus y Pablo Vega, comenzó a juzgar a 21 detenidos que fueron imputados por los delitos de desaparición, tortura, asesinato y sustracción de menores en el ex Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “La Cacha”. El mismo estaba ubicado en las instalaciones de la que había sido la planta transmisora de Radio Provincia de Buenos Aires, entre las calles 197, avenida 53, ruta provincial 36 y calle 47 de la localidad de Lisandro Olmos, detrás de las unidades penitenciarias N° 1 y 8, y se estima que funcionó entre los años 1976 y 1979.

“La Cacha” formaba parte del “Circuito Camps”, denominación que se dio a los CCD que funcionaban en dependencias de la Policía Bonaerense, la cual en el

momento se encontraba al mando del general Ramón Camps. En la causa iniciada por este centro, se contabilizan 135 víctimas que estuvieron detenidas allí durante el año 77´, entre las cuales había siete embarazadas. Más de la mitad de estas personas fueron docentes, alumnos, no docentes o autoridades de la Universidad Nacional de La Plata (unlp).

“La política universitaria del gobierno militar fue tremenda en La Plata, muy devastadora y destructiva de sus vínculos, violenta, arrasadora. Existen cerca de 800 víctimas vinculadas a la universidad en un período histórico que arranca en 1974 y que a partir de marzo del 76´ fue realmente muy global, generalizada y sistemática”, subraya la doctora en Historia y actual vicepresidenta académica de la unlp, Ana María Barletta, quien fue llamada a declarar en el juicio como testigo contextual a causa de su investigación en el tema. Para hacerlo se basó, principalmente, en la documentación encontrada en el Archivo Histórico de la UNLP y en el Archivo de ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

Barletta sostiene que este período sangriento de la historia argentina se inicia en la Universidad de La Plata en octubre del año 74’, cuando dos militantes y funcionarios de la unlp, Rodolfo Achem y Carlos Miguel, fueron secuestrados y asesinados. “Aparecieron en una zona cercana a Sarandí (ciudad que pertenece al partido de Avellaneda, ubicado en la zona sur del Gran Buenos Aires), en un lugar donde eran encontrados otros cadáveres, relacionados con un modus operandi de la Concentración Nacional Universitaria (cnu), un grupo de choque de la derecha peronista que se convirtió en un engranaje muy importante de la

retracción del gobierno de entonces hacia una perspectiva muy restauradora y represiva”, explica Barletta, y agrega: “La cnu tenía vínculos con la derecha peronista y luego de la renuncia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Raúl Bidegain, quedó muy asociada a la gobernación. A partir de allí se convierten en una banda que secuestra y asesina a militantes estudiantiles y gremiales, participan en operativos con las fuerzas militares, y se integran totalmente al aparato represivo”.

Ante el asesinato de autoridades de la UNLP, se produce una renuncia masiva de profesores y otros integrantes. Muchas de estas personas son posteriormente detenidas e incluso algunas continúan desaparecidas. Es el caso de Ignacio Cisneros, secretario académico de la Facultad de Ciencias Agrarias; el arquitecto Guillermo Sobral; Irma Zucchi, directora del Bachillerato de Bellas Artes; y Mario Villani, secretario de asuntos académicos de la Facultad de Ciencias Exactas, quien finalmente sobrevivió. “La forma de secuestrarlos y asesinarlos tenía un claro signo aleccionador, y provocó una enorme ola de indignación. Las propias autoridades nacionales cerraron la universidad y ese año terminó el ciclo lectivo inconcluso, en el marco de la indignación, temores y una inmensa movilización que era invisibilizada por los medios de comunicación”, resalta el historiador y ex detenido en “La Cacha”, Alberto Bozza, quien militaba en aquel momento en la Juventud Socialista.

En septiembre del 74’, un atentado había destruido el espacio en el que se ubicaba el comedor universitario, en donde hoy funciona la Facultad de Odontología. “Era un ámbito de

intercambio, de circulación de ideas, de debate político, fue un tremendo ataque, una punción de carácter represivo que afectó a un corazón de la sociabilidad del movimiento estudiantil”, afirma Bozza.

Este período previo al golpe de Estado se caracterizó por la violencia institucional ejercida por grupos paramilitares tales como la Triple A. “Fueron años de debates y disputas, se dio un proceso de acelerado angostamiento en la atmósfera cultural de la universidad, comenzaron las intimidaciones, algunos profesores fueron amenazados y el clima de debate interno empezó a estar determinado por los cambios políticos nacionales hacia posiciones cada vez más de derecha. El gobierno intervino las unidades académicas y colocó en las principales universidades a tendencias fascistas”, indica Bozza. En este sentido, sostiene: “Hubo una continuidad en los métodos represivos del gobierno de Isabel y López Rega, atacando a la militancia con mecanismos de represión extralegal; incluso después la cnu, localmente, fue reciclada en la Triple A. Hay un encadenamiento entre ese tipo de políticas y la anexión de estas bandas, la subordinación al aparato del terrorismo de Estado planificado desde arriba”.

Al instaurarse el llamado Proceso de Reorganización Nacional el 24 de marzo de 1976, el gobierno de facto interviene todas las universidades nacionales de Argentina. La unlp queda en manos del capitán de navío Eduardo Saccone, quien luego de un corto período designa como rector al médico veterinario Guillermo Gallo, que estuvo a cargo hasta el año 1983.

Al asumir la conducción de la unlp, Gallo ratifica lo realizado por Saccone. No acepta los pedidos de reincorporación de las personas que habían sido cesanteadas,

mantiene la presencia militar en los claustros y el control de entradas y salidas en cada una de las dependencias de la Universidad. Además, determina el cierre de carreras tales como Cine, Psicología y la orientación en Antropología Social. “Gallo pensaba que había que redimensionar la Universidad, una palabra eufemística para consumar una reducción notable de la actividad académica, científica y cultural. Se cerraron carreras, se establecieron los cupos, se redujo el número de estudiantes, se pusieron obstáculos en las trayectorias estudiantiles. Se dieron modificaciones en los planes de estudio, en los regímenes de correlatividades, el ingreso, el arancelamiento, medidas que fueron muy destructivas”, resalta Barletta.

Durante los años de la dictadura la universidad se redujo notablemente. Mientras que en el año 75’ ingresaron 14 mil alumnos, para el año 83’ el ingreso se había reducido a 4500. “Entre fines del 74’ y el 77’ más de 1200 personas fueron cesanteadas, además de aquellas que debieron abandonar sus cargos voluntariamente por la peligrosidad en la que se encontraban. Hubo un éxodo de cuadros universitarios, por cesantías, por abandono, algunos que se fueron al exilio. Hubo una supervisión sobre el conjunto de la comunidad universitaria que generó ruptura de lazos comunitarios”, afirma la actual vicepresidenta académica de la unlp.

VIVIR PARA CONTARLOEn los años previos al golpe, a pesar

de la creciente ola de violencia, la militancia estudiantil no sólo era muy ferviente, sino que excedía las fronteras universitarias para vincularse con el movimiento obrero y para realizar trabajos de base en barrios de la periferia.

El pasado 25 de junio fue citada a declarar la actual vicepresidenta académica de la unlp, Ana Barletta, como testigo contextual. Su testimonio ha servido para enmarcar los oscuros hechos que vivieron estudiantes, profesores, y no docentes de la casa de altos estudios local. En esta nota, las claves de sus aportes a la causa. Además, las palabras del sobreviviente de “La Cacha”, Alberto Bozza, y el rol cumplido por los médicos de la Morgue Policial en aquel periodo, a través de la investigación de la madre de Plaza de Mayo, Adelina Dematti de Alaye.

HISTORIAS DE LA UNLp EN EL jUICIO pOR EL Ex CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN “LA CACHA”

Foto Gentileza de Matías Adhemar- Diario Diagonales. Foto Helen Zout-Archivo CPM.

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La vicepresidenta académica de la UNLP, Ana Barletta, declarando en el juicio por el ex CCD “La Cacha”.

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En esos momentos, Alberto Bozza era estudiante de la Licenciatura en Historia y militaba en la Juventud Socialista. En marzo del 76’ ingresó al Batallón 601 de City Bell para cumplir con el servicio militar obligatorio. Un año después, faltándole sólo un mes para finalizar la conscripción, fue secuestrado en la puerta del Regimiento con la complicidad de las autoridades.

“Nuestra actividad era en una agru-pación que participaba de los centros de estudiantes, pero además teníamos tareas de apoyo a los conflictos obreros, vinculados con las experiencias de movi-lización social de la zona, sobre todo de la Planta Propulsora Siderúrgica que es-taba en la localidad de Ensenada y otros ámbitos de petroquímica sudamericana”, recuerda Bozza, quien agrega: “Esa eu-foria, esa excitación, ese compromiso de la militancia se volvió tempranamente una actividad riesgosa, cuando durante el peronismo comenzó todo un proceso de derechización que tuvo connotaciones represivas muy peligrosas, sobre todo cuando las distintas vertientes de la de-recha peronista realizaron una verdade-ra contraofensiva hacia el movimiento estudiantil y los grupos políticos”.

Bozza estuvo detenido de forma ilegal durante setenta días en el centro clandestino “La Cacha”, lugar del que desaparecieron numerosos profesores y compañeros. Cuando fue liberado debió cumplir un castigo por haberse retirado del servicio militar antes de tiempo (cuando en realidad lo habían secuestrado), teniendo que convivir

con aquellas personas que habían sido cómplices de su detención.

“Cuando volví a la Facultad en el año 79’ existía un clima político represivo, de despolitización absoluta, era una Facultad diametralmente diferente a la otra, sepulcral, vaciada de alumnos, con pocos espacios de acción colectiva”, resume el profesor. Las Fuerzas Armadas ejercieron un control muy profundo sobre las temáticas y las bibliografías que se trabajaban en las unidades académicas, así como una vigilancia sobre las clases que se dictaban. Numerosos profesores fueron removidos de sus cargos y en su lugar colocaron a otros que comulgaban con las ideas del régimen. “La enseñanza fue considerada por la dictadura como un camino de subversión educativa, sostenían que la educación debía ser depurada. Así como había una subversión guerrillera, había una fabril, educativa y universitaria, porque era un foco de militancia y un ámbito de perturbación del orden”, sostiene Bozza.

“La Doctrina de Seguridad Nacional (la política implementada por Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, hacia los países de América Latina con el objetivo de erradicar el comunismo) alu-día a que las circunstancias habilitaban un nuevo tipo de guerra, la guerra revolu-cionaria, y en ella el enemigo era interno. Tenía distintas formas y pulsiones, podía ser un delegado fabril, un militante uni-versitario, una persona que participara en huelgas, un docente”, explica Bozza. De esta forma, la universidad se convirtió en un espacio hostil: la ciudad de La Plata

Medicina y derechos humanos

El 21 de febrero, durante su declaración en el juicio por “La Cacha”, la integrante de la organización Madres de Plaza de Mayo, Adelina Dematti de Alaye, realizó un pedido para que se indague acerca del papel cumplido por los médicos de la Morgue Policial de La Plata, presentando una investigación en la que se denunciaba la complicidad de los profesionales de la salud, teniendo en cuenta las firmas de los certificados de defunción durante el período que abarca desde el 76’ al 83’. “Sin la colaboración de algunos médicos quizás hubieran asesinado menos personas, porque no tenían la posibilidad de sepultar tantos cuerpos sin hacerlo a través de ese engaño legal, en el cual tenía una función esencial el médico de la morgue, que colocaba en la documentación siempre la misma causa de muerte -destrucción de masa encefálica-, sin detallar si había, por ejemplo, rastros de pólvora, lo que hubiera dado cuenta que se trataba de un homicidio”, denunció Adelina.Este hecho ha sido denunciado durante muchos años, pero no ha avanzado la investigación en torno al organismo estatal y quienes allí trabajaban durante los oscuros años de la dictadura. “Las denuncias que salieron de los Juicios por la Verdad hacia los Juzgados Penales Federales, fueron derivados, en su mayoría, al Juzgado Nº 1. Allí se encuentra, desde hace diez años, la causa del cementerio y de los médicos, pero aún no ha avanzado el trámite”, sostuvo la madre de Plaza de Mayo.Uno de los profesionales de la salud apuntado por Adelina fue el ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la unlp, Enrique Pérez Albizu, quien tras las numerosas manifestaciones y movilizaciones realizadas por organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y alumnos de la universidad, renunció a su cargo el pasado 27 de febrero, sólo seis días después de ser denunciado por Dematti de Alaye.

Los nombres

Entre los imputados del juicio que se sigue por el ex CCD conocido como La Cacha se encuentran los ex miembros de Inteligencia del Ejército 101: Héctor Acuña, Roberto Balmaceda, Rufino Batalla, Gustavo Cacivio, Jorge Di Pasquale, Raúl Espinoza, Ricardo Fernández, Claudio Grande, Emilio Herrero Anzorena, Juan Carlos Herzberg, Carlos Hidalgo Garzón, Isaac Miranda, Anselmo Palavezzati, Carlos Romero Pavón, Miguel Amigo, Miguel Etchecolatz, Julio Garachico, Eduardo Gargano, Horacio Luján y Orlando Perea. Y un civil, el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart.La causa que finalmente llegó a instancia de juicio es el resultado de la unificación de tres investigaciones penales sobre homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y sustitución, ocultamiento y retención de menores.

dejó de ser receptora de estudiantes del interior. El comedor universitario, que había sufrido un atentado en 1974, no había sido reabierto. Los ámbitos de so-ciabilidad de la comunidad universitaria estaban destruidos.

Tras la vuelta a la democracia, la dirección de la UNLP quedó en manos del Ingeniero Raúl Pessacq. Antes de finalizar su mandato Guillermo Gallo escribió unas memorias de lo que había sido la conducción de la Universidad bajo su mandato. Allí reivindicaba todo lo hecho durante ese período, resaltaba la reducción de la matrícula universitaria como algo positivo y defendía el “redimensionamiento de la universidad” que había pregonado durante sus años como rector.

Esta nueva etapa que se abría con la vuelta a la democracia, requirió de un trabajo de reconstrucción de una universidad que se hallaba diezmada. Numerosos profesores habían desapa-recido, otros se hallaban en el exilio y era necesario responder a una matrícula que había crecido de un año a otro no-tablemente. Sobre este nuevo periodo reflexiona Bozza: “La apertura demo-crática trajo expectativas que alenta-ron nuevas vocaciones y proyectos de vida: el deseo de estudiar carreras que intentaran analizar los últimos años, la voluntad de someter ese pasado recien-te a una inspección crítica, motorizar es-fuerzos que impliquen la recuperación de orientaciones, traer nuevos profeso-res, recuperar a los expulsados, y dar nuevos contenidos a las materias”.

Daiana Melón

Foto Helen Zout-Archivo CPM.

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Vista desde el ingreso al predio donde funcionó el ex CCD “La Cacha”.

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UNA CAMpAñA CONTRA EL GENOCIDIO

INvISIBILIzADO

La campaña Desmonumentar a

Roca es una iniciativa que tiene por objetivo desentrañar la trama

oculta tras la mal llamada “Conquista al

desierto” y quitar los honores a aquellos

personajes que llevaron adelante políticas de

exterminio contra los indígenas que habitaban

estos territorios.

La historia argentina, la que contaban en los actos escolares, la que enseñaban en las instituciones educativas a lo largo y a lo ancho del país, estuvo plagada de falacias, de ocultamientos, de héroes que no lo eran. Y en lo más alto de esta pirámide, en numerosas calles, monumentos, localidades, plazas e incluso en el billete de mayor valor económico, se encuentra el ex presidente Julio Argentino Roca, a quien se lo recuerda, entre otras cosas, por llevar adelante la mal llamada “Campaña al desierto” entre los años 1878 y 1885, la cual tuvo como objetivo apropiarse de los territorios que ocupaban las comunidades originarias emplazadas en la Pampa y la Patagonia. Esta Campaña dejó un saldo de cientos de indígenas asesinados, miles de prisioneros y esclavos, y sus tierras en manos de los miembros de la élite nacional dominante.

Con el objetivo de visibilizar esa historia oculta tras tantos honores, el historiador Osvaldo Bayer y el psicólogo Marcelo Valko impulsaron una iniciativa, denominada Desmonumentar a Roca, que promueve la presentación ciudadana de proyectos de ley para cambiar las denominaciones de aquellos espacios públicos que lleven el nombre del General Roca. Hasta hoy, la campaña ha llegado a 35 localidades del país y existen numerosos proyectos que están siendo tratados en los concejos deliberantes de diversas ciudades.

“Una estatua es algo muy peligroso, porque está inmóvil y parece que no dice nada, pero no deja de decir el orden de los amos y los esclavos, quiénes están arriba y quiénes la miramos desde abajo. Esa es la violencia de la historia oficial, la que hizo a este país mezquino, miserable, enquistado en el Puerto de Buenos Aires, dándole la espalda a Latinoamérica”, afirma Marcelo Valko, el autor del libro Desmonumentar a Roca, quien además subraya: “La historia oficial lavó, edulcoró, tergiversó, nos mintió, por eso tenemos a estos individuos en altos pedestales. En la Campaña nosotros hacemos hincapié en Roca, pero no es él solamente, él es como la punta del iceberg, hay muchos más, por eso lo defienden, porque si él cae, el país cambia de rumbo”.

En la ciudad de La Plata, la concejal del Frente para la Victoria (fpv), María Lorena Riesgo, presentó, en el año 2012, dos proyectos de ordenanza que fueron aprobados por el Concejo Deliberante platense. Por un lado, para que en la localidad no existan nombres de calles ni de plazas con nombre de genocidas; y, por otro, un proyecto de resolución para recomendar al Ministerio del Interior y Transporte que revea el nombre del ramal del ferrocarril Roca que une La Plata con la estación de trenes Constitución, sugiriendo la adopción del nombre de Pueblos Originarios.

“Como pueblo, que en los últimos años hemos comenzado a juzgar a quienes han cometido tremendos crímenes, no solamente tenemos que remitirnos a la década del 70’, sino también mirar más atrás y ver quiénes fueron los que contribuyeron a construir una nación integrada, una patria de iguales y también mostrar quiénes ayudaron a erigir un país basado en el privilegio de los intereses de los sectores más poderosos”, subraya Riesgo, y agrega: “Es necesario dar un debate, ya que determinados hechos no han sido discutidos en toda su dimensión. Es indispensable que quede claro quién fue cada personaje, sobre todo cuando estamos hablando de hombres que han realizado tareas atroces a lo largo de la historia”.

En los últimos años se ha comenzado a visibilizar y reconocer la atrocidad de las políticas que llevó adelante el General Roca y la necesidad de difundir la verdad oculta tras la historia escrita por aquellos que sostuvieron y apoyaron la “Campaña al desierto”. “Nadie que defienda a Roca es nuestro enemigo, ya que esa persona aprendió lo que la señorita le enseñó y después leyó en Billiken -la tradicional revista argentina destinada a los niños, que se edita desde 1919-, vio en la lámina de Anteojito -otro clásico para chicos que salió hasta el 2001-, y vivió al caminar por la calle Roca, o al pasar junto a la estatua y la plaza que llevan ese nombre. Julio Argentino tiene mayor cantidad de estatuas, calles, bulevares, monumentos, canteros que San Martín y Belgrano juntos”, sostiene Valko. “Como esta gente ya murió, la Justicia no los puede alcanzar, pero podemos castigarlos en la memoria, desmonumentar a quienes no merecen pedestales sino prontuarios”.

DESMONUMENTAR EN PRESENTE CONTINUOA finales del 2012, en la localidad de Santo Tomé, provincia

de Corrientes, fue aprobada la Ordenanza, -presentada conjuntamente por la Casa de la Cultura, la Biblioteca Popular, la Asociación Ñande Ivyra, diversos grupos ambientalistas locales, el Museo Pablo Argilaga, la Municipalidad y algunos particulares-, en la que se establecía el cambio de la calle Julio Argentino Roca por Comandante Andrés Guacurarí, guaraní nacido en Santo Tomé que luchó contra los extranjeros que invadieron Misiones.

“Andrés es el orgullo de nuestro pueblo, el máximo exponente de la reivindicación del respeto a los derechos de los habitantes guaraníes, de su autodeterminación. Es por eso que el cambio de nombre es un simbolismo que reivindica la lucha de los pueblos sometidos y explotados por los poderosos intereses económicos”, afirma el actual secretario de gobierno municipal y ex intendente de Santo Tomé, Mariano Garay, quien agrega: “Hasta ese momento solo había un monumento y una plazoleta con el nombre de Andrés y cuando surgió la propuesta de colocarlo en una calle, desde la Municipalidad le dimos un fuerte respaldo, aunque hubo algunos concejales que no estaban totalmente de acuerdo con que se sacara a Roca, incluso algunos vecinos salieron a juntar firmas, pero no encontraron el apoyo suficiente”.

Además de la calle Roca, en Santo Tomé se sancionaron otros dos cambios de denominación, la Avenida Patagonia se transformó en Gervasio Artigas, y la Avenida Alvear pasó a llamarse Presidente Arturo Frondizi. Sin embargo el cambio que más resaltan es el que distingue a un héroe local oculto por la historia oficial como lo fue Andrés Guacurarí. “Este cambio representa un despertar de la conciencia nacional de querer buscar la verdad sobre lo que ha ocurrido y hacer justicia con aquellos que lucharon por la construcción de nuestra patria frente a quienes han matado indígenas para apoderarse de sus tierras”, resalta Garay.

En cambio, en el caso de la localidad de General Roca, en la provincia de Río Negro, lo que se exige no es un cambio de denominación, sino la restitución de su nombre original. Antes de la llegada de las tropas comandadas por Roca, este sitio era un paraje conocido como Fiske Menuko. Con el arribo de la “Campaña al desierto”, el nombre con el que hasta entonces se conocía fue cambiado en honor a la persona que comandó la muerte de tantos indígenas que habitaban estos territorios.

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De esta forma, desde hace algunos años diversos grupos realizan numerosas presentaciones ante el Concejo Deliberante exigiendo la restitución del nombre original. Sin embargo, los legisladores continúan negando la historia local. “Hoy por hoy somos muchísimos los actores sociales que vivimos en Fiske Menuko que lo denominamos de esta manera, aunque en las esferas administrativas continúe figurando con el nombre de General Roca”, sostiene Anahí Meli, integrante del Círculo de Docentes Mapuche de la ciudad. “Cuando se empiezan a realizar acciones concretas de visibilización de la historia local, inmediatamente se conforma un núcleo opositor bastante reaccionario cuestionando esta posibilidad, y en las esferas del municipio, el Concejo Deliberante y el intendente siempre han sido muy reacios a tratar el tema y siquiera considerarlo como posibilidad”.

A pesar de la resistencia que oponen algunos sectores de la sociedad y de las esferas administrativas, el nombre de Fiske Menuko se ha consolidado no sólo en la ciudad, sino también en la región. “Es un paso muy difícil de lograr, porque no implica solamente cambiarle el nombre a alguna localidad o calle, sino que conlleva una revisión del lugar que el Pueblo Mapuche tiene en este espacio, reconocer la apropiación y la expropiación de las tierras, los desalojos actuales a pesar de las leyes que existen”, expone Meli.

Desde que la Campaña Desmonumentar a Roca fue presentada, numerosas calles y espacios públicos han cambiado su denominación,

El reconocimiento a la mujer indígena

Hace algunos años, Osvaldo Bayer y el artista plástico Andrés Zerneri, con la coordinación del Movimiento Memoria y Organización, iniciaron una campaña para realizar un monumento a la Mujer Originaria, con el objetivo de revalorizar la historia indígena existente en esta tierra y promover el respeto de los derechos de los Pueblos Originarios.

Para llevar adelante esta tarea, se propuso la colaboración ciudadana a partir de la donación de llaves de bronce que se fundirán para realizar este monumento de diez metros de altura. Al día de hoy ya se han recolectado 10 toneladas. “Es una tarea de hormiga, llave a llave, persona por persona, llaves que abrieron y cerraron tantas puertas, y de pronto todas se funden y hacen el monumento a una mujer que fue invisibilizada, violada y que hizo al mestizo, al criollo argentino. Entonces es un reconocimiento, es una estatua que va a hacer la gente y no una élite para halagarse entre amigos”, afirma el autor del libro Desmonumentar a Roca.

Además, Zerneri se encuentra realizando el monumento a Juana Azurduy, luchadora por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata, que reemplazará la estatua de Cristóbal Colón que se emplazaba en el Parque Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la realización de esta obra, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, donó poco más de un millón de dólares.

reconociendo de esta forma el genocidio invisibilizado por la historia oficial que Julio Argentino Roca llevó adelante con la colaboración de siniestros personajes. Hoy en día, numerosos proyectos están siendo construidos y otros tantos esperan ser tratados en los diversos concejos deliberantes. Y, a pesar de que en algunos sitios hayan sido rechazados, Marcelo Valko reconoce la importancia de que hayan llegado a ser debatidos y que continúen a la espera de momentos más propicios para el cambio.

A su vez, quienes impulsan la iniciativa, además de quitar los honores al nombre de Roca, buscan esclarecer quiénes fueron los cómplices y beneficiaros de las políticas de exterminio llevadas a cabo durante la “Conquista al desierto”. “Roca trajo 19 mil prisioneros indígenas que tomó de Pampa-Patagonia y los hacinó en los ‘depósitos de indios’, -así los llamaban-, donde se daban violaciones masivas a mujeres, el reparto de niños. Todo se hizo con la colaboración de la Iglesia, de la ciencia, del ejército y del capital -representado por la Sociedad Rural- que necesitaba tierra”, manifiesta Valko. Por ello, agrega: “La Campaña apunta a bajar de los pedestales a esa gente que encumbraron, sin mérito alguno, los escribas de la historia oficial, y que todavía hoy continúan escribiendo”.

A causa del trabajo que durante toda su vida realizó el historiador Osvaldo Bayer por reconocer a aquellas personas que la historia negó, por restituir la memoria originaria y por luchar contra la impunidad que gozaron estos personajes, cuatro calles de la Patagonia Argentina que antes se denominaban Roca, hoy llevan su nombre: Puerto Deseado, Gobernador Gregores y El Calafate de la provincia de Santa Cruz; y Puerto Pirámides, de Chubut.

“Desmonumentar... no es cambiar la chapa, sino que es lo que cambia con el cambio, por eso siempre queremos que haya un acto, no que una municipalidad cambie la chapa a la noche para no enojar a alguien, queremos que haya un acto para que los que estén a favor y los que estén en contra comprendan lo significativo de ese cambio, porque es empezar a tener otro país, otra patria”, resalta Marcelo Valko.

Daiana Melón

Agua en la cabeza. Cuentos, crónicas, poemas, ilustraciones sobre la inundación en La PlataPrólogo de Federico LorenzClub Hem Editorxs y PIXEL Editora2014

La desesperación por no saber lo que pasará en los próximos instantes, el miedo por cómo estarán los seres queridos, y esa sensación de estar viviendo en una película que muchas veces pudimos imaginar pero que no pensamos que íbamos a vivir, aparecen en Agua en la cabeza, el libro que reúne cuentos, cró-nicas e ilustraciones de la inundación que La Plata sufrió el 2 de abril de 2013, publicado por Club Hem Editorxs y Pixel Editora.Recuerdos, fotografías, bibliotecas, muebles que quedaron bajo el agua. Autos que fueron arrastrados con la fuerza de un arro-yo, agua en los tobillos, más arriba, agua en todo el cuerpo. Agua afuera y dentro de la casa, agua subiendo las ruedas, agua ta-pando los números del colectivo, agua hasta muy arriba, agua hasta las cabezas.Algunos relatos nos hablan de los muertos, esos que son nega-dos. Nos hablan de la falta de ayuda, de la irresponsabilidad que dejó a una ciudad a la deriva. Otros nos hablan de los lazos que si no existían se crearon, de anécdotas de un día feriado, de pa-redes que claman en un barrio, que gritan.Hay un sentir personal en el libro, un silencio introspectivo, un llanto, una descarga de aquellos que fueron víctimas del desas-tre. Y hay al mismo tiempo una palabra colectiva que sale a flote y se levanta. El libro nos sorprende con una gran cantidad de historias, es-critas por diversas voces de la ciudad -vecinos, ilustradores, grabadores, escritores, periodistas, abogados y más-. Están las de aquellos que sufrieron la inundación en sus propias casas, las de quienes brindaron refugio porque tenían el privilegio de vi-vir en un piso más arriba. Las de los que estaban en la calle y de-bieron pedir auxilio; las de los que ayudaron, de los que pensa-ron por algunos momentos que no habría mañana. Nos hablan de cuando vieron el agua subir, pero también bajar. Del antes y el después, de lo que dejó el agua más allá de una marca negra, del “olor a desgracia” y de cómo todo eso se va transformando en otras cosas, como en las letras y las imágenes de este libro.Agua en la cabeza se consigue en Malisia: Diagonal 78 nº 506; City Bell li-bros; y en Ciudad de Buenos Aires: Librerías De la mancha y 80 mundos.E-mail: clubhem@gmail.com / pixeleditora@gmail.comFacebook: Club Hem Editores / Pixel Editora

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LA PATRIA SOjERA. EL MODELO AGROSOjERO EN EL CONO SURCoord.: Daiana Melón. Prologado por Raúl ZibechiEditorial El colectivo. 2014

A través de diversos artículos La patria sojera viene a advertir-nos acerca de las consecuencias que en nuestro territorio trae aparejado el salvaje modelo agroindustrial, desde la denomina-da Revolución Verde hasta la revolución biotecnológica que se profundiza en los ‘90 con la libre entrada de transgénicos y el uso de agrotóxicos a nuestra región.Esta publicación aborda cómo se fue desarrollando ese proceso en nuestro país, explicando los riesgos que esto conlleva para el ambiente y la salud. Y todo esto, a pesar de los marcos regulato-rios existentes, que son, lamentablemente, traspasados por fun-cionarios y grandes empresas, derivando a otras responsabili-dades las enfermedades y la gran cantidad de efectos nocivos que se producen en los seres humanos, a causa de, por ejemplo, la exposición al glifosato. Paralelamente, el libro cubre también los aspectos sociales de un proceso que nos lleva hacia la pérdida de nuestra sobera-nía alimentaria. Y es que, el crecimiento del monocultivo sojero en la Argentina, no ha traído más que un gran enriquecimiento para algunos y una pobreza para otros, expulsando a trabajado-res y campesinos de sus tierras, despojando a los suelos de sus riquezas naturales, y acabando con la variedad de especies que hacen a nuestra soberanía alimentaria. Y, en ese marco, apare-cen las voces de los que cada día abordan la lucha contra los agronegocios, las corporaciones transnacionales y los gobier-nos que acuerdan con esas empresas.Con exhaustivos análisis e investigaciones, este libro abre una nueva vía para reflexionar sobre una problemática a partir de diversas aristas: la sojización no implica solamente un cambio en la salud, sino también en el ambiente, en la producción de nuestros alimentos, y por lo tanto de nuestra soberanía; en el manejo de la tierra y de nuestros territorios, en la distribución de la riqueza y por lo tanto, de los derechos de todos. La patria sojera es, como describe el periodista uruguayo Raúl Zibechi, en el prólogo del libro, a cada pequeña lucha, a cada denuncia que se levanta desde algún rincón, una piedra que se suma y sedi-menta a la gran barricada que da la pelea.Para ver los puntos de venta: http://www.editorialelcolectivo.org/ed/

DESCOLONIzANDO LA PALABRA. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PUEBLO MAPUChE EN PUELMAPUFlorencia Yanniello - Prologado por Osvaldo BayerEdiciones La Caracola. 2014

Descolonizando la palabra es una puerta de entrada para cono-cer la importancia que representan los medios de comunicación para los diferentes pueblos. En este caso, para el Mapuche, que protagoniza la lucha para conseguir estar en el aire, contando su historia a través de su propia voz. “Me crié en la ´la Suiza argentina’ en ese lugar maravilloso y cruento a la vez, con compañeros de escuela de apellidos ma-puche que, durante años de discriminación, se avergonzaron de decir que pertenecían a un pueblo originario”, expresa la autora, Florencia Yanniello, en las palabras iniciales del libro. Se refiere a San Carlos de Bariloche, esa ciudad en donde, a pesar del paso del tiempo, nietos y bisnietos de los que fueron víctimas de la denominada “Campaña del desierto” tienen que seguir encon-trándose con el homenaje al genocidio indígena a través de una estatua de Julio Argentino Roca en pleno Centro Cívico.Con prólogo de Osvaldo Bayer y una cuidada edición, el libro relata los procesos de creación, formación y crecimiento de los medios de comunicación del Pueblo Mapuche en Puelmapu –actual territorio argentino–, a través de seis casos de experiencias radiales y web de lo que hoy son las provincias argentinas de Río Negro, Chubut y Neuquén. “Visibilizar las luchas que libran día a día, generar mi-radas críticas y movilización frente a los sentidos comunes o los estereotipos que se construyeron sobre la identidad mapuche, promover el diálogo y debate, profundizar la participación de las comunidades y los jóvenes mapuches en el acceso a los medios, e incidir en las agendas públicas, son algunos de los propósitos que los medios mapuche han asumido”, plantea la autora.A través de diversas entrevistas con aquellos que forjaron esos medios, se aborda el surgimiento, los objetivos, los obstáculos, las diversas formas de gestión y organización, hasta las trabas legales y las nuevas oportunidades surgidas a partir de la Ley de Comunicación Audiovisual, y una posición acerca de lo que los medios masivos construyen de ellos, la relación con diversas instituciones y el Estado. De esta forma, el libro permite acercarse a la noción que el Pue-blo Mapuche tiene acerca de la comunicación: una mirada don-de prima la circularidad de la palabra, donde desde el más chi-quito hasta el más grande tiene el mismo poder para usarla. La comunicación como un espacio de construcción de identidad, en contacto con la naturaleza, con el territorio, con la vida, que sirva para el intercambio permanente, para lograr, después de tantos años de silenciamiento, “descolonizar los conceptos im-puestos y reconstruir los propios”.El libro se imprimió mediante un sistema de financiamiento colectivo, y lo que se recaude a partir de sus ventas va a ser destinado a poder seguir autogestionando los medios de comunicación mapuches. En agosto será presentado en La Plata. Para conseguirlo se puede solicitar por facebook: Descolonizando la palabra, o al e-mail: edicionesdelacaracola@hotmail.com